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| Imagen: Google Imágenes / Fotograma de la película 'Ander' |
EFE | Deia, 2016-03-11
http://www.deia.com/2016/03/11/politica/euskadi/condenado-a-4-anos-y-medio-excargo-el-exdelegado-de-vivienda-de-bizkaia-jose-maria-gonzalo
La Audiencia de Bizkaia ha condenado a cuatro años y seis meses de prisión al exdelegado de Vivienda de Bizkaia José María Gonzalo, nombrado cuando Javier Madrazo (IU-EB) dirigía el departamento vasco de Vivienda, por dos delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación.
En la sentencia, fechada el 26 de febrero pasado y difundida hoy, la Sección Segunda de la Audiencia vizcaína condena a Gonzalo por las irregularidades detectadas en el proceso de liquidación del patrimonio de la Cámara de la Propiedad Urbana de Bizkaia entre 2006 y 2009.
Además de la pena de prisión citada, la Audiencia de Bizkaia ha condenado al exdelegado de Vivienda a una inhabilitación absoluta durante ocho años y a una inhabilitación especial para empleo o cargo público durante ocho años y seis meses, así como al pago de una indemnización a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco de 393.714 euros.
Sin embargo, ha absuelto como cooperador necesario a la otra persona juzgada en este caso, Jon Alonso, que fue contratada por Gonzalo como contable.
En la sentencia, contra la que cabe recurso, se indica que en este caso "nos hallamos ante una sucesión de actos arbitrarios, en tanto contrarios a Derecho y sin fundamentación jurídica alguna salvo la voluntad del encausado, que favoreció a personas o asociaciones de su entorno, aprovechando que tuvo en sus manos la liquidación de un patrimonio no escaso, que debía revertir al erario público".
El fallo insiste en que Gonzalo actuó de manera "arbitraria" y "al margen del ordenamiento jurídico" cuando contrató personal ajeno a la labor encomendada de liquidar la Cámara.
Procedió de igual manera cuando contrató ejecución de obras para rehabilitar el edificio de la sede de la Cámara situada en el centro de Bilbao, por valor 1,8 millones de euros (incluyendo la adquisición de mobiliario), que "rebasaban ampliamente las de conservación o mantenimiento de un edificio", cuyo destino final "se desconocía" y "sin seguir los cauces legales".
El tribunal también señala que el condenado suscribió un contrato con la asociación Aukeratu, de la que él mismo era administrador, "con fines absolutamente ajenos a los servicios que todavía prestaba la Cámara y a su función de liquidador".
En el fallo, se da por probado que el acusado transfirió a dicha asociación 420.000 euros para la financiación de un largometraje, entre otras cuantías, así como que hizo otros gastos como el desplazamiento a Montevideo para dos personas, una agencia de detectives y facturas de agua de una vivienda cuyo titular era el presidente de Aukeratu, entre otros.
La Audiencia de Bizkaia evidencia que el acusado "no fuera precisamente un advenedizo en la función pública ni en el ámbito político" e indica que "conocía que existían mecanismos específicos de contratación de personal y ejecución de obras en el ámbito administrativo que orilló deliberadamente".
Según indica, llevó a cabo actos con los que en muchos casos "benefició o favoreció a personas conocidas o a asociaciones con la que tenía una vinculación directa".
El tribunal señala que "no se sostiene" que el argumento de que los fondos que gestionaba eran privados ya que su función era liquidar un patrimonio que iba a revertir en la Administración pública, "luego a cualquiera se le representaba que ese patrimonio era también público", sostiene la sentencia.
Además de la pena de prisión citada, la Audiencia de Bizkaia ha condenado al exdelegado de Vivienda a una inhabilitación absoluta durante ocho años y a una inhabilitación especial para empleo o cargo público durante ocho años y seis meses, así como al pago de una indemnización a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco de 393.714 euros.
Sin embargo, ha absuelto como cooperador necesario a la otra persona juzgada en este caso, Jon Alonso, que fue contratada por Gonzalo como contable.
En la sentencia, contra la que cabe recurso, se indica que en este caso "nos hallamos ante una sucesión de actos arbitrarios, en tanto contrarios a Derecho y sin fundamentación jurídica alguna salvo la voluntad del encausado, que favoreció a personas o asociaciones de su entorno, aprovechando que tuvo en sus manos la liquidación de un patrimonio no escaso, que debía revertir al erario público".
El fallo insiste en que Gonzalo actuó de manera "arbitraria" y "al margen del ordenamiento jurídico" cuando contrató personal ajeno a la labor encomendada de liquidar la Cámara.
Procedió de igual manera cuando contrató ejecución de obras para rehabilitar el edificio de la sede de la Cámara situada en el centro de Bilbao, por valor 1,8 millones de euros (incluyendo la adquisición de mobiliario), que "rebasaban ampliamente las de conservación o mantenimiento de un edificio", cuyo destino final "se desconocía" y "sin seguir los cauces legales".
El tribunal también señala que el condenado suscribió un contrato con la asociación Aukeratu, de la que él mismo era administrador, "con fines absolutamente ajenos a los servicios que todavía prestaba la Cámara y a su función de liquidador".
En el fallo, se da por probado que el acusado transfirió a dicha asociación 420.000 euros para la financiación de un largometraje, entre otras cuantías, así como que hizo otros gastos como el desplazamiento a Montevideo para dos personas, una agencia de detectives y facturas de agua de una vivienda cuyo titular era el presidente de Aukeratu, entre otros.
La Audiencia de Bizkaia evidencia que el acusado "no fuera precisamente un advenedizo en la función pública ni en el ámbito político" e indica que "conocía que existían mecanismos específicos de contratación de personal y ejecución de obras en el ámbito administrativo que orilló deliberadamente".
Según indica, llevó a cabo actos con los que en muchos casos "benefició o favoreció a personas conocidas o a asociaciones con la que tenía una vinculación directa".
El tribunal señala que "no se sostiene" que el argumento de que los fondos que gestionaba eran privados ya que su función era liquidar un patrimonio que iba a revertir en la Administración pública, "luego a cualquiera se le representaba que ese patrimonio era también público", sostiene la sentencia.
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