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| Imagen: El País |
El proyecto de ley del Gobierno de Bachelet tendrá que ser revisado por el Tribunal Constitucional tras los reclamos de la derecha.
Rocío Montes | El País, 2017-08-03
https://elpais.com/internacional/2017/08/03/america/1501732590_533051.html
El Congreso chileno aprobó este miércoles uno de los proyectos de ley de mayor simbolismo de la segunda Administración de Michelle Bachelet (2014-2018): la despenalización del aborto en caso de riesgo de vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación. Pese a que la resolución del Parlamento ha sido catalogada de histórica, porque Chile pertenece al grupo de siete países del mundo que persiguen las interrupciones del embarazo en todas las circunstancias, la decisión final la tendrá el Tribunal Constitucional. Tras dos requerimientos de la derecha, que se opone al proyecto, el organismo autónomo deberá estudiar si admite los reclamos. Posteriormente, tendrá un plazo de 10 días para dictar el fallo inapelable.
“Hoy las mujeres recuperamos un derecho básico que nunca debimos perder: decidir cuándo vivimos momentos de dolor. #YoApoyo3Causales”, escribió en Twitter la presidenta Michelle Bachelet luego del triunfo en el Congreso.
La derecha, en tanto, considera que el proyecto de despenalización del aborto en tres causas contradice la Constitución, que consagra el derecho a la vida. “La Constitución protege la vida del que está por nacer. Por lo tanto, este proyecto atenta contra el ordenamiento constitucional y queremos y esperamos que la discusión que se dé en el Tribunal Constitucional sea jurídica”, indicó este miércoles la senadora y presidenta del partido UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, después de entregar oficialmente el requerimiento respaldado por 11 congresistas de su sector.
Pese a las nuevas trabas que deberá enfrentar el proyecto de ley, su aprobación en el Congreso representó una victoria para el Gobierno, luego de dos años de discusión. “Queremos agradecerles a todos los parlamentarios y parlamentarias por habernos permitido legislar”, indicó la ministra de la Mujer, Claudia Pascual.
En Chile existía el derecho al aborto terapéutico desde 1931, pero seis meses antes de que terminara la dictadura de Augusto Pinochet, en septiembre de 1989, el régimen dictaminó: “No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”. La ley lo prohíbe y también lo persigue: entre 2010 y 2014, hubo 497 imputados por aborto consentido, de acuerdo a la información de la ONG Miles Chile. Del total, un 86% eran mujeres y 14%, hombres.
La iniciativa aprobada pretende despenalizar un pequeño porcentaje de los cerca de 70.000 abortos que se realizan anualmente en Chile, pese a su ilegalidad.
El proyecto fue discutido durante dos años, pero desde llegada la democracia, en 1990, los gobiernos de centroizquierda no tuvieron ni la fuerza ni contaron con las condiciones políticas para despenalizar al aborto en los casos de mayor complejidad. En mayo de 2014, a dos meses de iniciar su segunda Administración y como había prometido en la época de campaña y en su programa, Bachelet anunció su proyecto de ley en la primera cuenta pública ante el Congreso. En febrero de 2015, la socialista despachó la iniciativa legal al Parlamento. En marzo de 2016, en un primer trámite legislativo, la Cámara aprobó la despenalización en tres casos. Hace dos semanas estuvo a un paso de aprobarse, pero la votación de un parlamentario democristiano retrasó la discusión en el Parlamento.
Fue un proceso cargado de complejidades, que tuvo entre sus opositores a la Iglesia católica y a grupos conservadores tanto de la derecha como del centroizquierda, pese a que la despenalización del aborto en tres casos es respaldada al menos por un 70% de la población.
“Hoy las mujeres recuperamos un derecho básico que nunca debimos perder: decidir cuándo vivimos momentos de dolor. #YoApoyo3Causales”, escribió en Twitter la presidenta Michelle Bachelet luego del triunfo en el Congreso.
La derecha, en tanto, considera que el proyecto de despenalización del aborto en tres causas contradice la Constitución, que consagra el derecho a la vida. “La Constitución protege la vida del que está por nacer. Por lo tanto, este proyecto atenta contra el ordenamiento constitucional y queremos y esperamos que la discusión que se dé en el Tribunal Constitucional sea jurídica”, indicó este miércoles la senadora y presidenta del partido UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, después de entregar oficialmente el requerimiento respaldado por 11 congresistas de su sector.
Pese a las nuevas trabas que deberá enfrentar el proyecto de ley, su aprobación en el Congreso representó una victoria para el Gobierno, luego de dos años de discusión. “Queremos agradecerles a todos los parlamentarios y parlamentarias por habernos permitido legislar”, indicó la ministra de la Mujer, Claudia Pascual.
En Chile existía el derecho al aborto terapéutico desde 1931, pero seis meses antes de que terminara la dictadura de Augusto Pinochet, en septiembre de 1989, el régimen dictaminó: “No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”. La ley lo prohíbe y también lo persigue: entre 2010 y 2014, hubo 497 imputados por aborto consentido, de acuerdo a la información de la ONG Miles Chile. Del total, un 86% eran mujeres y 14%, hombres.
La iniciativa aprobada pretende despenalizar un pequeño porcentaje de los cerca de 70.000 abortos que se realizan anualmente en Chile, pese a su ilegalidad.
El proyecto fue discutido durante dos años, pero desde llegada la democracia, en 1990, los gobiernos de centroizquierda no tuvieron ni la fuerza ni contaron con las condiciones políticas para despenalizar al aborto en los casos de mayor complejidad. En mayo de 2014, a dos meses de iniciar su segunda Administración y como había prometido en la época de campaña y en su programa, Bachelet anunció su proyecto de ley en la primera cuenta pública ante el Congreso. En febrero de 2015, la socialista despachó la iniciativa legal al Parlamento. En marzo de 2016, en un primer trámite legislativo, la Cámara aprobó la despenalización en tres casos. Hace dos semanas estuvo a un paso de aprobarse, pero la votación de un parlamentario democristiano retrasó la discusión en el Parlamento.
Fue un proceso cargado de complejidades, que tuvo entre sus opositores a la Iglesia católica y a grupos conservadores tanto de la derecha como del centroizquierda, pese a que la despenalización del aborto en tres casos es respaldada al menos por un 70% de la población.
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