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| Imagen: The Guardian |
La nueva medida de Dinamarca abre el debate sobre si el gobierno debería intervenir en asuntos privados.
SModa, El País, 2019-07-22
https://smoda.elpais.com/belleza/bienestar/tres-meses-de-convivencia-y-terapia-de-pareja-esto-es-lo-que-tienen-que-hacer-los-daneses-antes-de-divorciarse/
Aunque tomar la decisión de terminar un matrimonio no suela ser una tarea sencilla, los daneses lo van a tener a partir más complicado que otros vecinos europeos. Tal y como informa el diario The Guardian, desde el pasado mes de abril, las parejas que deseen divorciarse en Dinamarca tendrán que esperar tres meses y acudir a terapia de pareja antes de que el matrimonio se pueda disolver. Las altas tasas de divorcio en el país han llevado al gobierno a imponer una medida para que el trámite de divorcio sea lo más amable posible para los ciudadanos.
Aunque la medida pueda parecer en otros países un mecanismo de intrusión del gobierno en la vida privada de los ciudadanos, lo cierto es que, tal y como informa The Guardian, la medida ha tenido buena acogida entre los daneses.
Cómo aprender a divorciarse
En Dinamarca, las autoridades locales ya estaban ofreciendo terapia de pareja a matrimonios con dificultades, considerándolo un servicio al ciudadano puesto que las familias suponen un ahorro en vivienda pública y otros servicios. Sin embargo, la nueva medida de carácter obligatorio para parejas con hijos es un paso más allá en un país que siempre ha estado pendiente de las familias –entre otras medidas, el país ofrece un año de baja por paternidad y maternidad y guarderías públicas– y que, pese a todo, en 2018 recibió 15.000 solicitudes de divorcio, el equivalente a la mitad de matrimonios de ese mismo año.
El periodo de tres meses y el curso de cooperación, que se puede tomar online o a través de una app, pretende guiar a los ciudadanos con hijos durante el proceso de divorcio y favorecer la comunicación para evitar enfrentamientos y rencores. El curso incluye soluciones concretas a potenciales focos de conflicto durante un divorcio, como por ejemplo cómo gestionar el cumpleaños de los hijos en común o cómo hablar con la expareja si está enfadada. Gert Martin Hald, psicólogo y asesor en el diseño del curso para la Universidad de Copenhague, ha comunicado a The Guardian que la intención del curso es “la de entenderse a uno mismo, tus reacciones y las reacciones de tus hijos, es para aprender a conciliar y compartir la crianza después de un divorcio”.
¿Un problema nacional?
Los políticos daneses lo tienen claro: los gobiernos locales deben tomar medidas para ayudar a las familias a prosperar y a mantenerse unidas cuando las tasas de divorcio van del 25% al 50% en los países europeos. El coste económico de un divorcio, tanto para las familias de manera individual hasta para el Estado en términos de nuevas viviendas, escuelas, salud y bienestar, es demasiado alto para no considerar una intervención.
Buena o mala iniciativa
Los expertos tienen opiniones enfrentadas: algunas voces aseguran que el proceso gubernamental puede favorecer a llevar el divorcio de una manera más amable y terapéutica y, en última instancia, incluso evitarlo para ahorrar al gobierno dinero a largo plazo.
Otras voces afirman que la obligación de tres meses puede ser un ‘handicap’ para aquellas personas que quieran dar un paso hacia delante y, por ejemplo, buscar una nueva vivienda en la que rehacer su vida, además de apuntar que no es autoridad del gobierno inmiscuirse en las relaciones familiares y en las decisiones que tomen.
Aunque la medida pueda parecer en otros países un mecanismo de intrusión del gobierno en la vida privada de los ciudadanos, lo cierto es que, tal y como informa The Guardian, la medida ha tenido buena acogida entre los daneses.
Cómo aprender a divorciarse
En Dinamarca, las autoridades locales ya estaban ofreciendo terapia de pareja a matrimonios con dificultades, considerándolo un servicio al ciudadano puesto que las familias suponen un ahorro en vivienda pública y otros servicios. Sin embargo, la nueva medida de carácter obligatorio para parejas con hijos es un paso más allá en un país que siempre ha estado pendiente de las familias –entre otras medidas, el país ofrece un año de baja por paternidad y maternidad y guarderías públicas– y que, pese a todo, en 2018 recibió 15.000 solicitudes de divorcio, el equivalente a la mitad de matrimonios de ese mismo año.
El periodo de tres meses y el curso de cooperación, que se puede tomar online o a través de una app, pretende guiar a los ciudadanos con hijos durante el proceso de divorcio y favorecer la comunicación para evitar enfrentamientos y rencores. El curso incluye soluciones concretas a potenciales focos de conflicto durante un divorcio, como por ejemplo cómo gestionar el cumpleaños de los hijos en común o cómo hablar con la expareja si está enfadada. Gert Martin Hald, psicólogo y asesor en el diseño del curso para la Universidad de Copenhague, ha comunicado a The Guardian que la intención del curso es “la de entenderse a uno mismo, tus reacciones y las reacciones de tus hijos, es para aprender a conciliar y compartir la crianza después de un divorcio”.
¿Un problema nacional?
Los políticos daneses lo tienen claro: los gobiernos locales deben tomar medidas para ayudar a las familias a prosperar y a mantenerse unidas cuando las tasas de divorcio van del 25% al 50% en los países europeos. El coste económico de un divorcio, tanto para las familias de manera individual hasta para el Estado en términos de nuevas viviendas, escuelas, salud y bienestar, es demasiado alto para no considerar una intervención.
Buena o mala iniciativa
Los expertos tienen opiniones enfrentadas: algunas voces aseguran que el proceso gubernamental puede favorecer a llevar el divorcio de una manera más amable y terapéutica y, en última instancia, incluso evitarlo para ahorrar al gobierno dinero a largo plazo.
Otras voces afirman que la obligación de tres meses puede ser un ‘handicap’ para aquellas personas que quieran dar un paso hacia delante y, por ejemplo, buscar una nueva vivienda en la que rehacer su vida, además de apuntar que no es autoridad del gobierno inmiscuirse en las relaciones familiares y en las decisiones que tomen.
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