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| Imagen: El País / Deskaheh en la Sociedad de Naciones, Ginebra |
Hoy se celebra el décimo aniversario de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Muchos son los avances, pero también los retos.
Pamela Leiva Jacquelín (IWGIA) | El País, 2017-08-09
https://elpais.com/elpais/2017/08/07/planeta_futuro/1502124131_537260.html
En 1923, Deskaheh (nombre nativo de Levi General), líder cayuga de Canadá, se convirtió en el primer hombre del mundo en llevar su demanda por el reconocimiento de los derechos indígenas a la organización antecesora de las Naciones Unidas, la Sociedad de Naciones, con sede en Ginebra. Su petición era simple y clara: poder vivir bajo leyes indígenas en su territorio y profesar su propia fe. Aunque pasó más de un año en Europa, no fue atendido oficialmente y sus reclamos no fueron escuchados. Deskaheh murió en 1925 en Estados Unidos, después de que Canadá le negara su reingreso en el país.
Si bien ha pasado cerca de un siglo de estos acontecimientos, las respuestas nacionales que aún reciben los pueblos indígenas no difieren en gran medida del trato que recibió Deskaheh.
Algunos analistas apuntan que estamos siendo testigos de un siglo indígena. Este ‘momentum’ parece no ser solo una aspiración de aquellos que trabajamos por los derechos indígenas o una mera casualidad, sino que las estadísticas muestran a estos pueblos al frente de luchas globales clave para nuestro planeta.
De acuerdo con un informe de Global Witness, más de 100 defensores del medio ambiente han sido asesinados en lo que va de 2017 y las comunidades indígenas encabezan la lista, principalmente por su oposición a la expansión de las industrias extractivas. Solo en 2015, un tercio de los asesinatos relacionados con la defensa del territorio fueron líderes indígenas de América Latina. Esta escalada de violencia no es casual, ya que las áreas donde residen son las más ricas en biodiversidad.
Justamente, uno de los artículos más importantes de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que cumple hoy diez años, es el derecho colectivo e inalienable "a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma". Aquí se encuentra la batalla más grande. Sin importar las diferencias regionales, los pueblos indígenas son hoy amenazados por el avance incesante de megaproyectos de infraestructura, industrias extractivas y agricultura a gran escala. Todas estas actividades prometen un próspero futuro, pero generalmente acaban en desalojos forzados, criminalización de líderes y graves violaciones de derechos humanos. En nombre de la conservación y el desarrollo, los menos responsables son los más golpeados.
Un esfuerzo que forjó una declaración para más de 370 millones de personas
Resulta paradójico que una demanda con casi 100 años de antigüedad se haya convertido en el último corpus legislativo del derecho internacional. La Declaración necesitó de 20 años de discusión en la antigua Comisión de Derechos Humanos hasta convertirse en una realidad.
Sin lugar a dudas, este instrumento marcó un antes y un después en la vida de los pueblos indígenas. No les bastó con consagrarse como sujetos de derecho internacional, sino que por primera vez en la historia de las Naciones Unidas, los propios beneficiarios fueron los que negociaron y construyeron uno de los instrumentos de derechos humanos con más consenso internacional.
Hoy, la Declaración es la fuente de referencia legítima para demandar la obligación de los Estados. En este largo proceso, la tenacidad de las comunidades ha sido la clave para demandar lo que siempre se les ha negado: su derecho a participar en todas las decisiones que les conciernen.
A paso lento pero firme: una historia de participación y reconocimiento
Suele decirse que el cambio es impulsado desde los márgenes. La historia de cómo los pueblos indígenas han conquistado espacios dentro del sistema de las Naciones Unidas da cuenta de ello.
Fue con la efervescencia de la década de los 70 el siglo pasado cuando el movimiento indígena tomó un nuevo impulso y dejó en claro que su lucha no podía estar solo en manos de los Gobiernos nacionales. Gracias al apoyo de varias organizaciones internacionales como IWGIA (International Work Group for Indigenous Affairs), el sistema internacional de derechos humanos dio un salto trascendental: dejó atrás un enfoque integracionista y reconoció finalmente el paradigma de libre determinación colectiva.
En lo más básico, esto significó que los pueblos indígenas pudieran hablar, preparar documentos y hacer propuestas en la ONU. Desde ese momento, más organizaciones y líderes comunitarios comenzaron a participar en reuniones y estudios sobre sus derechos. El sentido de las discusiones cambió totalmente y dejo una huella a seguir para los defensores de los derechos humanos.
Pero la Declaración no ha sido la única victoria. El movimiento indígena consiguió su propio Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas (2000), su Relator Especial (2001), el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y su Conferencia Mundial (2014).
Este avance firme ha hecho posible que, en la última década, la condición jurídica de estos pueblos sea mejor entendida y aceptada por los Estados miembros y otros actores clave. Es también esperanzador ver que los países que votaron en contra de la Declaración –Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos–, han ido revisado sus posiciones y han declarado públicamente su apoyo. Otras tendencias positivas nos hacen pensar que estamos por el buen camino. El ascenso de Gobiernos indígenas autónomos en América Latina, disculpas oficiales y planes de reconciliación en Canadá, una general mayor participación política y una más amplia cobertura periodística dan aliento.
La ONU como trampolín para la batalla territorial
Forjar una declaración internacional ha sido más que una prueba de que los pueblos indígenas son capaces de unir esfuerzos globales para impulsar cambios democráticos. Esfuerzos que guían los pasos para una verdadera descolonización. Pero las batallas ganadas sobre el papel no garantizan cambios automáticos. La realidad cotidiana de las comunidades muestra que todavía se encuentran bajo grandes presiones. La reducción del espacio del activismo y la criminalización de sus protestas amenazan directamente sus modos de vida. El asesinato de Berta Cáceres ha sido, sin duda, una llamada de atención urgente sobre esta cruda realidad.
El requisito previo fundamental para que los pueblos indígenas puedan conservar su identidad y desarrollar su autonomía es el derecho a poder definir el alcance y dirección de las actividades de desarrollo dentro de sus territorios. ¿Qué hace falta entonces? Una Declaración es una responsabilidad universal que nos incluye a todos: Estados, organizaciones indígenas, instituciones financieras, el sector privado, entidades de conservación, academia, los medios y las ONG.
Mientras que la exploración y explotación de los recursos naturales continúe su expansión, los pueblos indígenas seguirán siendo los más afectados. La única acción para salvaguardar sus derechos es que los Estados entren en un verdadero diálogo multicultural para alcanzar negociaciones justas. Esto requiere de voluntad política, capacidad técnica y compromiso financiero para acometer reformas legales. Sin olvidar el objetivo con el que la declaración fue diseñada: la necesidad urgente de superar y reparar la negación histórica de derechos fundamentales.
Esta lucha no llama a hacer reales derechos especiales, sino derechos humanos inalienables como lo es ser dueños de nuestro propio destino. Hoy celebramos tener la Declaración como remedio y brújula que guía todos nuestros esfuerzos.
Pamela Leiva Jacquelín trabaja en la International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA).
Si bien ha pasado cerca de un siglo de estos acontecimientos, las respuestas nacionales que aún reciben los pueblos indígenas no difieren en gran medida del trato que recibió Deskaheh.
Algunos analistas apuntan que estamos siendo testigos de un siglo indígena. Este ‘momentum’ parece no ser solo una aspiración de aquellos que trabajamos por los derechos indígenas o una mera casualidad, sino que las estadísticas muestran a estos pueblos al frente de luchas globales clave para nuestro planeta.
De acuerdo con un informe de Global Witness, más de 100 defensores del medio ambiente han sido asesinados en lo que va de 2017 y las comunidades indígenas encabezan la lista, principalmente por su oposición a la expansión de las industrias extractivas. Solo en 2015, un tercio de los asesinatos relacionados con la defensa del territorio fueron líderes indígenas de América Latina. Esta escalada de violencia no es casual, ya que las áreas donde residen son las más ricas en biodiversidad.
Justamente, uno de los artículos más importantes de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que cumple hoy diez años, es el derecho colectivo e inalienable "a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma". Aquí se encuentra la batalla más grande. Sin importar las diferencias regionales, los pueblos indígenas son hoy amenazados por el avance incesante de megaproyectos de infraestructura, industrias extractivas y agricultura a gran escala. Todas estas actividades prometen un próspero futuro, pero generalmente acaban en desalojos forzados, criminalización de líderes y graves violaciones de derechos humanos. En nombre de la conservación y el desarrollo, los menos responsables son los más golpeados.
Un esfuerzo que forjó una declaración para más de 370 millones de personas
Resulta paradójico que una demanda con casi 100 años de antigüedad se haya convertido en el último corpus legislativo del derecho internacional. La Declaración necesitó de 20 años de discusión en la antigua Comisión de Derechos Humanos hasta convertirse en una realidad.
Sin lugar a dudas, este instrumento marcó un antes y un después en la vida de los pueblos indígenas. No les bastó con consagrarse como sujetos de derecho internacional, sino que por primera vez en la historia de las Naciones Unidas, los propios beneficiarios fueron los que negociaron y construyeron uno de los instrumentos de derechos humanos con más consenso internacional.
Hoy, la Declaración es la fuente de referencia legítima para demandar la obligación de los Estados. En este largo proceso, la tenacidad de las comunidades ha sido la clave para demandar lo que siempre se les ha negado: su derecho a participar en todas las decisiones que les conciernen.
A paso lento pero firme: una historia de participación y reconocimiento
Suele decirse que el cambio es impulsado desde los márgenes. La historia de cómo los pueblos indígenas han conquistado espacios dentro del sistema de las Naciones Unidas da cuenta de ello.
Fue con la efervescencia de la década de los 70 el siglo pasado cuando el movimiento indígena tomó un nuevo impulso y dejó en claro que su lucha no podía estar solo en manos de los Gobiernos nacionales. Gracias al apoyo de varias organizaciones internacionales como IWGIA (International Work Group for Indigenous Affairs), el sistema internacional de derechos humanos dio un salto trascendental: dejó atrás un enfoque integracionista y reconoció finalmente el paradigma de libre determinación colectiva.
En lo más básico, esto significó que los pueblos indígenas pudieran hablar, preparar documentos y hacer propuestas en la ONU. Desde ese momento, más organizaciones y líderes comunitarios comenzaron a participar en reuniones y estudios sobre sus derechos. El sentido de las discusiones cambió totalmente y dejo una huella a seguir para los defensores de los derechos humanos.
Pero la Declaración no ha sido la única victoria. El movimiento indígena consiguió su propio Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas (2000), su Relator Especial (2001), el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y su Conferencia Mundial (2014).
Este avance firme ha hecho posible que, en la última década, la condición jurídica de estos pueblos sea mejor entendida y aceptada por los Estados miembros y otros actores clave. Es también esperanzador ver que los países que votaron en contra de la Declaración –Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos–, han ido revisado sus posiciones y han declarado públicamente su apoyo. Otras tendencias positivas nos hacen pensar que estamos por el buen camino. El ascenso de Gobiernos indígenas autónomos en América Latina, disculpas oficiales y planes de reconciliación en Canadá, una general mayor participación política y una más amplia cobertura periodística dan aliento.
La ONU como trampolín para la batalla territorial
Forjar una declaración internacional ha sido más que una prueba de que los pueblos indígenas son capaces de unir esfuerzos globales para impulsar cambios democráticos. Esfuerzos que guían los pasos para una verdadera descolonización. Pero las batallas ganadas sobre el papel no garantizan cambios automáticos. La realidad cotidiana de las comunidades muestra que todavía se encuentran bajo grandes presiones. La reducción del espacio del activismo y la criminalización de sus protestas amenazan directamente sus modos de vida. El asesinato de Berta Cáceres ha sido, sin duda, una llamada de atención urgente sobre esta cruda realidad.
El requisito previo fundamental para que los pueblos indígenas puedan conservar su identidad y desarrollar su autonomía es el derecho a poder definir el alcance y dirección de las actividades de desarrollo dentro de sus territorios. ¿Qué hace falta entonces? Una Declaración es una responsabilidad universal que nos incluye a todos: Estados, organizaciones indígenas, instituciones financieras, el sector privado, entidades de conservación, academia, los medios y las ONG.
Mientras que la exploración y explotación de los recursos naturales continúe su expansión, los pueblos indígenas seguirán siendo los más afectados. La única acción para salvaguardar sus derechos es que los Estados entren en un verdadero diálogo multicultural para alcanzar negociaciones justas. Esto requiere de voluntad política, capacidad técnica y compromiso financiero para acometer reformas legales. Sin olvidar el objetivo con el que la declaración fue diseñada: la necesidad urgente de superar y reparar la negación histórica de derechos fundamentales.
Esta lucha no llama a hacer reales derechos especiales, sino derechos humanos inalienables como lo es ser dueños de nuestro propio destino. Hoy celebramos tener la Declaración como remedio y brújula que guía todos nuestros esfuerzos.
Pamela Leiva Jacquelín trabaja en la International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA).
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