Hasta hace dos meses, la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral en la República de Guinea Ecuatorial solo se relacionaba con las personas migrantes (I) de otros países africanos, América Latina y Asia. Somos parte del Mundo (II), sin embargo, publicó en mayo de este año un
informe, el primero que visibiliza esta problemática en el país, certificando que la trata de personas, al contrario de lo que sostiene el discurso oficial, constituye un mal universal. Los datos del informe coinciden con el contenido del Protocolo de Parlemo (III) y las especificidades de Guinea Ecuatorial como país que, desde la independencia, ha delegado en los poderes públicos el rol de romantizar las tradiciones étnicas, relacionando los derechos humanos con la raza blanca de manera exclusiva.
Un total de 305 personas, todas LGTBIQ+, constituyen la muestra de la encuesta, un trabajo de campo titulado
Homofobia de Estado. Encuesta sobre trata de Personas con fines de Explotación Sexual y Laboral en la República de Guinea Ecuatorial: el caso de las Minorías Sexuales. Los objetivos de la encuesta, enfocados en la implicación de los poderes públicos en las redes de trata de personas, y las consecuencias —en la salud de las minorías sexuales— de las terapias de conversión, impuestas por las familias gracias al desconocimiento de la resolución de la OMS que eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades en el año 1990, entre otros, se relatan en un artículo publicado el 17 de mayo de este año, Día Internacional de Lucha contra la LGTBIQ+ fobia.
Este artículo representa la continuación del informe anterior y su contenido se centra en el análisis de las fases de captación, traslado y transporte de las víctimas de trata interna: la que se produce dentro del país. Al menos la mitad de las personas encuestadas son transgénero y por esta razón, en el texto, se contrasta que las niñas y mujeres transgénero, uno de los grupos más vulnerables de la comunidad LGTBIQ+, carecen del disfrute de los derechos humanos más básicos, y tanto la sociedad como los poderes públicos, reservan el trabajo sexual para su integración en el mercado laboral. No obstante, gracias a las redes sociales han sabido reinventarse: un porcentaje muy bajo pero significativo, es autónomo.
Las familias, principales tratantes El informe sostiene que las primeras y principales personas tratantes son familiares, por una causa principal: la romantización de las tradiciones étnicas ancestrales que definen la homosexualidad como una práctica brujeril, mala educación, virus contagioso y enfermedad curable (IV). Las costumbres primitivas, además, están amparadas por los poderes públicos, encargados de penalizar la homosexualidad con el apoyo de la ley número 8/1980 de fecha 9 junio, Reguladora del Orden Público; la Ley de Vagos y Maleantes de 1954; y el Código de Justicia Militar. Por lo tanto, las tradiciones étnicas y las leyes del Estado, marginan y estigmatizan a las minorías sexuales, transformando su condición de individuos con personalidad jurídica adquirida al nacer en ciudadanos y ciudadanas de segunda clase.
El informe sostiene, así mismo, que el repudio constituye la tercera terapia de conversión que utilizan las familias para transformar a sus descendientes LGTBIQ+ en personas heterosexuales mediante tratamientos. El primer y segundo procedimiento de curación son el encierro en el hogar o casas de curación, y las violencias, especialmente la sexual. Así lo reconoce al menos la mitad de las personas encuestadas.
La directiva de Somos parte del Mundo revela, además, que el
acceso a la escuela entre la adolescencia precoz y tardía es escaso en las niñas y mujeres transgénero: “Entre los diez y los veintidós años duran las terapias de conversión. En este periodo, las familias priorizan la normalización de sus descendientes y dejan a un lado los derechos de infancia que garantiza la Convención de los Derechos del Niño y la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, ambos convenios ratificados por Guinea Ecuatorial”.
A partir del repudio familiar o la huida de las víctimas de los encierros, entra en escena el primer estamento de captación. La mayoría de las niñas y mujeres transgénero encuestadas reconoce haber caído, a cambio de promesas de salvación, en manos de familiares de segunda línea, cuyo perfil es único. Son personas guineoecuatorianas que viven a caballo entre Occidente y Guinea Ecuatorial. Describen a sus verdugos como individuos de clase media o media alta, o en su caso, familiares de origen humilde y visionarias que, durante largos años, han observado y descubierto en las víctimas a personas trabajadoras, principalmente en labores atribuidas tradicionalmente al género femenino.
En el nuevo hogar y en las primeras semanas, se sienten salvadas de las terapias de conversión, del repudio y el encierro, hasta que poco a poco, se imponen normas nuevas. La nueva familia delega en la persona acogida todas las labores del hogar, la atención a la clientela en algún negocio sin horarios ni salario, la prohibición de identificarse con la familia en el caso de ser descubierta como LGTBIQ+, la prohibición de travestirse de día —solo tienen permiso en las noches—, la prohibición de salir a la calle sin permiso, etc. Y, es más, el derecho a la educación es decisión de la nueva familia y cuando se ejecuta, solo se costea la matrícula. La deuda adquirida y que corresponde pagar es el nuevo hogar. Poco a poco, sostienen, la familia de acogida se convierte en la de nacimiento en la manifestación de la homofobia. En la mayoría de ocasiones las comisarías de policía se convierten en espacios de trifulca familiar. Papá y mamá echan de menos la mano de obra de la niña o mujer transgénero en casa y denuncian el robo de esta ante las autoridades, alegando “mi hermana/o ha robado a mi descendiente, le esconde en casa y le permite ser maricón saltándose las tradiciones africanas”. En estos casos, la policía apenas se pronuncia. La solución, obligatoria, consiste en imponer una multa a ambas partes y mandarlos a casa alegando que “las autoridades no participan en la solución de estos temas. Vayan a resolverlo a nivel familiar.”
La salvación en nombre del amor El 57% de las personas encuestadas reconoce vivir en pareja. A la pregunta de cómo conocieron a su cónyuge, cerca del 90% señaló a las mujeres heterosexuales de clase media y clase media alta como canalizadoras en materia de captación de las víctimas más demandadas en el mercado de la prostitución masculina: las niñas y niños transgénero, cuyas edades oscilan entre los doce y los diecinueve años. El segundo estamento de captación se produce cuando las víctimas huyen del hogar de sus padres o de familiares de segunda línea. Se marchan sin documentos, sin ropa de cambio, sin formación, sin dinero.
Y, a pesar de que más de la mitad de las personas encuestadas reconocen tener pareja, también admiten que no conviven con ellas: se alojan en viviendas de personas de la comunidad LGTBIQ+. Cerca del 50% sostiene que los encuentros con sus parejas se producen en viviendas de amistades y personas conocidas; el 18% de la muestra se ve con las parejas en las residencias y hoteles; el 6% solo se encuentra en los vehículos personales de la pareja que está en el armario para hablar y mantener relaciones sexuales; y el 10% reside en viviendas particulares cuyo alquiler costea la pareja que está en el armario.
El proceso de captación se produce en espacios como las entradas, permanencia y salidas de los colegios, las curanderías e iglesias y los hogares familiares o de acogida. Además, en las tiendas de ropa, cosmética y de alimentación propiedad de familiares y amistades de personas homosexuales; los restaurantes, pubs discotecas y cualquier espacio relacionado con el ocio. La vida en pareja es muy difícil, sostienen. A la pregunta de “si tienen libertad de entrar y salir de la casa de residencia”, financiada o no por la pareja, solo el 7% reconoce disfrutar de la libertad de circulación, de movimiento, y de elegir amistades. El 38% indicó que tiene prohibidas todo tipo de amistades. Más del 50% de la muestra reconoce que la búsqueda de recursos económicos para sobrevivir sin importar el medio, constituye una recomendación y a largo plazo una imposición por parte de las parejas para traer dinero a casa.
Las mujeres heterosexuales de clase media y clase media alta, además de canalizar la captación y el traslado —esta última función también la ejercen personas de la comunidad LGTBIQ+ y adolescentes heterosexuales—, también disponen de viviendas privadas para acoger a las niñas y mujeres transgénero. En estos casos, las víctimas disfrutan en un primer momento del acceso a bienes básicos —comida, ropa, medicinas, matrícula y material escolar, teléfonos móviles, etc.—, pero el coste de la vivienda, la manutención a las víctimas de la trata y la paga a la tratante, le corresponden al varón o varones que consumen la prostitución.
Las mujeres heterosexuales ejercen el papel de tapadera para los consumidores de la prostitución y de cara a la comunidad, son sus amistades, amantes o parientes. En estas viviendas —en las que se alojan también adolescentes heterosexuales que son trabajadoras sexuales—, las víctimas apenas salen a la calle de día. Las viviendas adaptadas para este fin se rigen por otras normas fundamentales. Tienen prohibido dialogar con el cliente al que solo ven mientras mantienen relaciones sexuales y en habitaciones de muy poca visibilidad. Tienen prohibido tomar el contacto telefónico y redes sociales del cliente. Tienen prohibido saludar en la calle al cliente y hablar de él. La comunicación con el cliente es nula incluso cuando mantienen relaciones sexuales.
La deuda adquirida es infinita. Las parejas y las mujeres heterosexuales la contabilizan a partir de la alimentación comprada desde que residieran con las familias de nacimiento, se amplía desde que empezaran a convivir en los espacios controlados por las tratantes, y finaliza en el momento que pretendieran romper la relación y huir. La deuda se extiende y se contabiliza en la ropa comprada, la peluquería, la manicura, el pelo postizo, el uso de los electrodomésticos, la matrícula y el material escolar si hubiese, etc. En el caso de que las víctimas huyeran de la casa familiar con documentación personal —la partida de bautismo, el documento de identidad personal, el pasaporte, el carnet del censo—, o que la documentación se hiciera en pareja con los fondos de tratante, también se confiscan.
La familia siempre vuelve en nombre del amor La familia siempre vuelve para salvar a las niñas y mujeres transgénero en nombre del amor. El 9% de las personas LGTBIQ+ encuestadas recuerda que la familia pidió perdón después de mucho tiempo, reconociendo que fue un error el uso de las terapias de conversión, pero cerca del 80% carece de residencia fija por los desalojos y huidas constantes. La persecución familiar, explican, constituye la base de la inestabilidad en sus vidas. Los desalojos se producen de forma abrupta, con ayuda de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del Estado pagados por las familias.
Las familias justifican la persecución en nombre de la salvación. Tienen la misión de salvar a sus descendientes de la homosexualidad. Y a cambio de recuperar el status de hijo/a, las niñas y mujeres transgénero reciben la orden de someterse de nuevo a las terapias de conversión centradas en la maternidad forzada y violencia sexual. El resultado promueve la trata de personas porque las familias, además de sus documentos personales, retienen también a sus descendientes reproducidos mediante maternidad forzada para protegerlos de la enfermedad de la homosexualidad de sus madres. De hecho, el 40% de las personas encuestadas reconoce que la relación familiar mejora notablemente a cambio del dinero mensual que les ofrecen a sus parientes en nombre de la manutención a la descendencia que tuvieron como resultado de las terapias de conversión. Apenas pueden pasar tiempo con los y las bebés y solo en el hogar familiar con la presencia de una persona mayor conocedora de mecanismos de prevención del contagio de la homosexualidad de madres a la prole.
Empleo y traslado La principal fuente de ingresos de las niñas y mujeres transgénero es el trabajo sexual, reconoce cerca de la totalidad de las encuestadas. Practican la prostitución ajena —facilitando el acceso de los clientes a las niñas y mujeres heterosexuales— y propia —algunas personas de la comunidad LGTBIQ+ los acogen cuando las familias los repudian y en nombre de la salvación, canalizan la clientela que demanda servicios sexuales—.
En el caso de las que han huido de diferentes captoras y captores, la búsqueda de la clientela se concentra en espacios nocturnos de ocio, frecuentado por la clase alta y media alta. El 74% de las personas encuestadas reconocen haber viajado o trasladado a trabajadoras/es sexuales—adolescentes heterosexuales y LGTBIQ preferentemente— alguna vez, por lo que las personas de la comunidad son víctimas de la trata y tratantes, con un pagador principal: el cliente. Los viajes se han realizado en el país entre Bata, Malabo y lugares de ocio ubicados en zonas turísticas de la periferia como la ciudad de Oyala y ciudad de Mbini.
El 10% de la muestra especificó los lugares de empleo, todos relacionados con el ocio y la noche. Al ser preguntadas por el origen de los recursos económicos que disponen para vivir, más de la mitad de las niñas y mujeres transgénero indicó el trabajo sexual, que compaginan con profesiones como la peluquería, la moda, el maquillaje y la estética.
La muestra de la encuesta indica que los recursos adquiridos en el mercado de trabajo tienen varios destinos. El 30% de los beneficios son para miembros de la comunidad LGTBIQ+ a cambio de alojamiento y protección, el 34% se lo llevan las parejas y mujeres o amigas heterosexuales, y cerca del 40% apunta a la familia. El trabajo, formal e informal, se adquiere de muchas maneras. El 41% consiguió empleo a través de las redes sociales, el 31% mediante amigas heterosexuales, el resto de la muestra mediante la comunidad LGTBIQ+.
Sostiene la mayoría de la muestra que existen empresas que solo requieren de personal LGTBIQ+ por varias razones. Primera razón, nunca se acercarían a las instituciones jurídicas para demandar a la entidad por despido improcedente. Segundo, no exigen un contrato de trabajo y aunque lo exigieran, no lo conseguirían. De la muestra seleccionada, ninguna persona está contratada. Tercero, pueden ser expulsadas del trabajo sin necesidad de ser liquidadas, los salarios que cobran son muy pobres en comparación con las personas heterosexuales, etc.
El 10% de las niñas y mujeres transgénero se identifica como autónomo, especialmente en el campo de la estética y el maquillaje. Son lideresas en estas profesiones. Su formación se ha desarrollado a través de las redes sociales. Las escuelas, por el acoso homofóbico, no constituyen un entorno favorable para su escolarización. Trabajan de esteticistas y maquilladoras para las personas más glamurosas del país y en los eventos de moda selectivos.
Al menos la mitad de las niñas y mujeres transgénero entrevistadas indica que las direcciones de las instituciones que cuentan con su mano de obra, al cabo de unas semanas, amplía el abanico de servicios para los que han sido contratadas.
En los establecimientos de trabajo —pubs, restaurantes, discotecas, especialmente en la noche—se reproducen las estrategias de captación que se dan en los colegios. Reciben la orden de “atraer a niñas heterosexuales adolescentes para que los hombres heterosexuales encuentren atractivos los locales de ocio”, reconoce la mayoría de las encuestadas.
Las directivas de las empresas para las que trabajan pactan además citas de encuentros sexuales entre ellas y los clientes como condición para mantenerse en el empleo. Y, es más, aparte del trabajo objeto de contrato, se amplían otras funciones como la realización de labores del hogar sin salario, en las viviendas de la dirección de la empresa. El horario de trabajo y los turnos son inestables, reconoce el 10% y a lo largo del día, cuando son restaurantes y bares, las personas disidentes sexuales solo trabajan en espacios invisibles como la cocina, y casi nunca en atención a la clientela.
Los trabajos que se van agregando a los pactados en el contrato verbal —servicios sexuales a la clientela, tareas de hogar en las viviendas personales de la clientela, captación de adolescentes transgénero, etc.—, según el 38% de las mujeres y niñas transgénero, no se pagan. No obstante, un 3% reconoce haber recibido un porcentaje decidido por la directiva de la entidad empleadora a cambio de servicios prestados extraordinarios.
