#hemeroteca #abolicionismo | Entidades avisan de acciones contra Igualdad si mantiene los requisitos “ideológicos” en sus subvenciones

Fachada del Instituto de las Mujeres //

Entidades avisan de acciones contra Igualdad si mantiene los requisitos “ideológicos” en sus subvenciones
El Ministerio de Igualdad quiere modificar dos órdenes ministeriales que regulan subvenciones públicas. Las organizaciones alertan de que la introducción del reconocimiento expreso de la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres vulnera principios fundamentales.
Patricia Reguero Ríos | El Salto, 2026-02-14
https://www.elsaltodiario.com/feminismos/entidades-tomaran-acciones-legales-igualdad-mantiene-requisitos-ideologicos-subvenciones

Un total de 35 entidades del tercer sector han señalado al Ministerio de Igualdad por su pretensión de introducir modificaciones en las bases reguladoras de determinadas subvenciones públicas que, consideran, son de corte “ideológico”.  

Se refieren, en concreto, a dos órdenes ministeriales: la Orden IGD/239/2022, sobre programas de concienciación, prevención e investigación de las distintas formas de violencia contra las mujeres, y la Orden IGD/183/2024, destinada a proyectos de apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual y a sus hijos e hijas. La intención de Igualdad es cambiar los requisitos para que las entidades incluyan el reconocimiento de la prostitución como una forma de violencia de género de forma explícita en sus estatutos. El plazo de consulta pública finalizó el pasado 9 de febrero.

La asociación Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) presentó el pasado lunes 9 de febrero un escrito de alegaciones que fue respaldado por 35 entidades, asociaciones, partidos políticos, sindicatos y grupos de investigación, además de por 142 personas a título individual. Acciónenred Andalucía, AFEMTRAS, Almena Cooperativa Feminista, la Asamblea Feminista de Madrid, la APDHA, el Sindicato OTRAS y el Partit dels Comuns son algunas de las entidades que apoyaron las alegaciones.

Según estas entidades, las propuestas de modificación “introducen un condicionamiento ideológico al exigir a las entidades solicitantes que acrediten en sus estatutos, o mediante experiencia previa, el reconocimiento expreso de la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres”. Esta exigencia, argumentan, “supone imponer una posición ideológica concreta (de carácter abolicionista) como requisito para acceder a fondos públicos, lo que vulnera principios básicos que deben regir cualquier política pública en un Estado social y democrático de derecho”.

Además, advierten, si la orden ministerial finalmente sigue adelante en los términos planteados y se mantienen aquellos aspectos considerados contrarios a los principios de igualdad recogidos en la Constitución y en el ordenamiento jurídico vigente, tomarán “las acciones legales que correspondan para la defensa de los derechos fundamentales y del interés público”.

“El Estado no puede utilizar el régimen de subvenciones como un mecanismo indirecto para imponer una visión doctrinal concreta ni para redefinir conceptos jurídicos que no han sido establecidos por el legislador”, lamentan en un comunicado con el que recaban firmas de apoyo.

Prostitución y Pacto de Estado
Estas entidades alegan que la prostitución no está legalmente definida como violencia en España ni está tipificada como delito. Tampoco las principales leyes estatales en materia de igualdad y libertad sexual califican la prostitución como violencia en sí misma, ni obligan a las entidades sociales a asumir esa interpretación como condición para colaborar con las administraciones públicas. Instrumentos internacionales de derechos humanos como el Convenio de Estambul no califican la prostitución en sí misma como una forma de violencia, sino que instan a combatir la violencia, la explotación y la trata desde un enfoque basado en derechos humanos, sin discriminación ni estigmatización.

Para el Ministerio de Igualdad, las modificaciones de la Orden IGD/239/2022 responde a “la necesidad de adaptar las bases reguladoras de las subvenciones al nuevo marco estratégico definido por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género renovado en 2025”. Así lo explica el documento de impacto consultable en su página web. En ese sentido, se propone “ampliar el alcance a todas las formas de violencia contra las mujeres, incluyendo manifestaciones como la violencia vicaria, digital, económica y en colectivos especialmente vulnerables”.

La modificación consiste en añadir la obligación de que “las entidades acrediten, bien sea a través de sus Estatutos o bien a través del trabajo realizado, entre sus fines y objetivos el reconocimiento expreso de la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva como formas de violencia contras las mujeres, lo que permite alinear la presente convocatoria con el ámbito de actuación del renovado Pacto de Estado”.

En el caso de la Orden IGD/183/2024 el motivo de la modificación es “fomentar una mayor especialización de las entidades solicitantes en relación con el objeto de la subvención” y “mejorar la calidad de los proyectos y facilitar la programación del trabajo de las entidades”. La propuesta es que el apartado relativo a los requisitos de las entidades beneficiarias incorpore el requisito “de que las entidades beneficiarias incluyan, entre los fines y objetivos recogidos en sus estatutos o a través de la acreditación de experiencia en el desarrollo de proyectos específicos, la prevención y erradicación de la violencia de género u otras formas de violencia hacia las mujeres, incluidas la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva”.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género fue aprobado en septiembre de 2017 con casi 300 medidas. En febrero de 2025, el pleno del Congreso de los Diputados aprobó de manera casi unánime su renovación y actualización. Este segundo pacto contiene 461 medidas y hace nueve menciones al término “prostitución”. En su renovación, el pacto incluyó como formas de violencia machista la económica, psicológica y vicaria. Aunque contiene varias medidas que aluden a la prostitución, el pacto no la reconoce de forma explícita como una forma de violencia machista.

Sumar pregunta al Gobierno
Precisamente sobre de qué forma el Pacto de Estado contra la Violencia de Género establece que un determinado marco conceptual deba operar como requisito excluyente para el acceso a subvenciones ha preguntado Sumar al Gobierno.

En una pregunta escrita registrada el 6 de febrero, el señala su preocupación por la modificación de la orden de 2022 que propone una adhesión obligatoria a un “marco conceptual” para acceder a financiación pública. También muestra preocupación por la base legal y el impacto asociativo que podría tener la modificación que plantea el Ministerio de Igualdad, al dejar fuera a asociaciones de larga trayectoria que no compartan esta idea.

Por eso, Sumar pregunta en qué fundamentos se basa el Gobierno para exigir el reconocimiento expreso de la prostitución como forma de violencia, qué ampara que una interpretación específica sobre la prostitución sea una condición normativa obligatoria cuando dicho Convenio no la califica en sí misma como forma de violencia o si el Gobierno considera esta modificación compatible con los principios de neutralidad ideológica y objetividad.

El grupo cree que no resulta compatible el requisito con los principios de igualdad y libre concurrencia que deben regir en las subvenciones públicas. El Pacto de Estado, dice Sumar, aborda la prostitución, la trata y la explotación sexual como fenómenos diferenciados, “sin convertir y determinado enfoque en condición habilitante”.

#hemeroteca #punitivismo | Análisis del caso de los empresarios de Murcia

La Opinión de Murcia / Protesta 'feminista' en Murcia, 2024-10-06 //

Análisis del caso de los empresarios de Murcia
Hoja de ruta de un feminismo carcelario, conservador y abolicionista de la prostitución
Lucía Barbudo | Zona de Estrategia, 2024-11-04
https://zonaestrategia.net/caso_empresarios_murcia/

Samuel, las menores de Murcia, la chica de Totana, la chica de Bilbao, la mujer de Francia. Peligro y terror sexual; abusos, violaciones: Alcàsser en bucle. Viene bien tener a mano la ‘Microfísica sexista del poder’, de Nerea Barjola, para recordar cómo se enciende el ruido mediático con la postproducción de este tipo de noticias, qué mensajes se están mandando, cómo la sociedad los está encajando y qué estamos haciendo las feministas con eso políticamente, tanto en la calle como en nuestros canales de pedagogía y difusión.

“Todas las niñas de Murcia están en peligro de que les pase lo mismo que a la mía”, decía una de las madres de las adolescentes implicadas en la red de trata de menores en una entrevista. El mensaje, de inconfundible pánico y alerta social, se reenvió a muchos de nuestros móviles, curiosamente, dentro de grupos organizados como feministas. ¿No resulta llamativo que sean precisamente las mujeres, vinculadas, además, a movimientos feministas, las que estén hilando los mensajes siguiendo la secuencia: miedo-Estado/Aparato Judicial/Penal-cárcel? ¿No nos rechina?

Frente a estos relatos de pavor, desamparo y desvalimiento que acompañan la violencia sexual (“La hundió para toda su vida”, “Le rompieron toda su vida”, seguía la misma madre en la entrevista) se han articulado afortunadamente otras contranarrativas menos fatalistas, más empoderantes, generadoras de respuestas emocionales más allá del trauma, que nos argumentan por qué hay vida después de una violación. Quizás el mejor ejemplo sea el desarrollado en la ‘Teoría King Kong’ de Virginie Despentes, donde se resignifica la experiencia de violación para desactivarla como trauma insuperable para las mujeres. Frases como: “Hablo por todas las niñas y madres de Murcia”, hacen eco de un sujeto-víctima único, inamovible, solidificado y generalizado hasta tal extremo que parece que no deja hueco a sobrevivir estas experiencias de otra manera. Generalizar es, en el mejor de los casos, poco honesto, y en el peor, peligroso. “El poder necesita consensos”, escribía Mithu M. Sanyal en su desafiante obra ‘Violación’, en la que se responden interrogantes que muchas veces, si no estamos intelectualmente alerta, ‘feministamente’ alerta, caemos en el peligro de plantearlos como clichés: ideas estereotipadas que repiten un mantra que se nos enquista y no nos deja seguir hacia delante. El guión que el patriarcado ha escrito para nosotras sobre la violación es realmente terrorífico.

La infantilización de las víctimas es también algo que se repite. Las mismas lógicas que se aplicaron con “las ‘niñas’ de Alcàsser” son ahora las que se hacen eco de “las ‘niñas’ prostituidas de Murcia”; indudablemente hay más indefensión en la infancia, más carnaza mediática también, pero es que no eran niñas (la infancia se considera desde los 6 hasta los 12 años), eran adolescentes, menores (entre los 14 y los 17 años), eso sí, pero adolescentes. Y esto no tiene por qué restarle gravedad al asunto. La edad resulta asimismo relevante porque tampoco podemos hablar de pederastia (que se considera una relación sexual no consentida entre una persona adulta y une niñe), al igual que no podemos hablar de empresarios puteros ni de proxenetas (como les encanta decir a las abolicionistas) pues las adolescentes no eran putas. De esta última afirmación se desprende que tampoco es acertado hablar de prostitución, sino de trata de menores con fines de explotación sexual.

El feminismo putófobo saca tajada
Decía Silvia Federici en el prólogo de ‘Microfísica’: “No podemos depender de los medios para que representen nuestra lucha (...) Los medios no son espectadores pasivos”. Solo basta echar un vistazo a cómo la prensa ha abordado el caso de los empresarios violadores de Murcia para darse cuenta de que el frente abolicionista de la prostitución está sacando músculo. Este pasado viernes 25 de octubre, de hecho, la Coordinadora Feminista de València sacaba un cartel con una convocatoria frente a la Ciutat de la Justicia en el que podía leerse: “En solidaridad con las abolicionistas de Murcia”. ¿Por qué en solidaridad con las abolicionistas? ¿No deberían realizarse actos reivindicativos en la calle en solidaridad con las menores y en su apoyo?

Quisiera incidir en el uso malintencionado que se está haciendo de la palabra ‘prostitución’ en este contexto donde lo apropiado es hablar de trata de menores con fines de explotación sexual. Los medios locales de Murcia, los periódicos de La Opinión y La Verdad así como la rama local de eldiario.es, están difundiendo información hablando de ‘prostitución de menores’ en un ejercicio que considero de grave irresponsabilidad periodística. Las feministas llevamos décadas apuntando a la importancia que el lenguaje tiene para la transformación de nuestra realidad política y social. Señores y señoras periodistas, las palabras importan. (in)Fórmense antes de hacer un uso equivocado de ellas, no utilicen sus altavoces mediáticos y la posición de poder que ostentan como formadores de la opinión pública para tergiversar la realidad y estigmatizar aún más a un colectivo que ya está históricamente estigmatizado y criminalizado: el de las trabajadoras sexuales.

La prostitución o el trabajo sexual implica una relación consentida entre adultes y con las menores no hay consentimiento puesto que no hay horizontalidad al no ser una relación entre iguales. Con las menores no podemos hablar de prostitución porque incurrimos en una contradicción de términos. Con las menores debemos hablar de abuso, violación, extorsión y coacción. El movimiento abolicionista del trabajo sexual está utilizando perversamente el caso de la red de trata de menores en Murcia para manipular conceptos.

La cárcel es justicia patriarcal
Muchas tenemos ya desactivado que la policía sea una herramienta útil para la seguridad de las mujeres y las disidencias o para la lucha contra las violencias que sufrimos. Esta desactivación se la debemos a los procesos de politización y al activismo de calle, ya que éste la mayoría de las veces acaba enmarcado en un cordón policial. Ya tenemos hecho el análisis desde nuestros colectivos críticos y disidentes de que ‘A mí me cuidan mis amigas, no la policía’ y que ésta sólo existe para proteger los intereses del gobierno (la Ley Mordaza aún vigente es buena prueba de ello) y que es una forma de ejercer discriminación y violencia institucional contra las personas más vulnerables y desprotegidas. Consecuentemente, la policía ha trabajado históricamente a favor de la represión de minorías marginales tales como las personas migrantes, con un sesgo racista y colonial bastante tocho. Sin embargo, cuando eres blanca o militas entre las filas del feminismo blanco, no es tan fácil llegar a la conclusión de que el sistema penal y el sistema carcelario forman parte de lógicas no sólo heterosexistas y patriarcales, sino también racistas y coloniales. ¿Quiénes conforman la población carcelaria?

Por si esto no está lo suficientemente claro, volvamos al caso de Murcia: ¿quiénes han entrado ya en prisión? Las mujeres acusadas de ser las que captaban adolescentes en las puertas de los institutos y discotecas, así como el hombre que hacía de chofer transportado a las menores, todas estas personas de origen latino.

Decían desde el Movimiento Feminista de Murcia en su nota de prensa: “Desde el Movimiento Feminista no compartimos que la solución a las violencias que soportamos pase por la entrada a ninguna cárcel. Las cárceles no son parte de la solución nunca sino parte del problema. Nos declaramos antipunitivistas y exigimos como alternativa una justicia restaurativa que escuche a las víctimas y las atienda en sus necesidades para reparar el daño.” En esta misma línea, Laura Macaya, referenta del activismo antipunitivista en el estado español, en ‘Conflicto no es lo mismo que abuso’”, afirma: “para pensar otras formas de administrar justicia (...) es imprescindible pensar en procesos que involucren a la persona afectada, pero también a quien comete el daño y a la comunidad.” A este respecto, cinco de las entonces adolescentes declararon que no querían que los empresarios entraran en prisión y que ellas se daban por satisfechas si ellos admitían que estuvo mal lo que hicieron y se comprometieran a no volver a hacerlo nunca más. Sin embargo, tres de las víctimas sí expresaron que querían cárcel para los empresarios, movidas, según la magistrada Concepción Roig, por el pulso que se estaban echando en la calle los movimientos feministas pidiendo el encarcelamiento de los empresarios violadores.

Qué fracaso que, como movimiento regenerativo y pretendidamente transformador, a las personas que nos nombramos disidentes y feministas sólo se nos ocurra hablar con el sistema penal en la boca y mirar hacia las cárceles como solución a nuestras violencias. ¿No es es el mismo perro con distinto collar? ¿De qué manera entonces pensamos, construimos, existimos, somos diferentes y disidentes? ¿Qué estamos proponiendo?

Para las que militamos entre las filas del feminismo antipunitivista y anticarcelario es triste y preocupante que cada vez que sale un caso que implica violencia sexual contra las mujeres se aproveche el ruido mediático para apuntalar la idea de que las cárceles van a acabar con las violencias perpetradas contra las mujeres y otros cuerpos minorizados y/o disidentes. Ni la cultura del castigo, ni el refuerzo vía penal, ni las lógicas carcelarias (está ya más que demostrado que no existe una correlación entre el aumento del número de cárceles y la disminución del número de delitos) deberían estar en nuestro horizonte como un modelo político-social deseable con el que avanzar para transformar la sociedad.

Cualquier discurso que prometa “proteger a las víctimas” –ya sea desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del propio Estado a través de todo su aparataje judicial-penal, sus instituciones y partidos políticos– alimenta la ficción de nuestra vulnerabilidad, acentuando la victimización de las mujeres. Por otro lado, también justifica que se necesiten leyes más duras, más penas, más condenas, más años, más cárcel, más castigo para luchar contra esas violencias.

Me gusta pensar que con cada caso de violencia sexual contra las mujeres y otras disidencias tenemos la oportunidad de empezar a pensar, o mejor dicho, seguir pensando, qué tipo de marcos queremos para convivir con las violencias: si no es cárcel, si no es justicia con forma de juzgado de lo penal, con forma de barrotes, con forma de tortura, entonces, ¿qué hacemos? Con cada “Pocos años me parecen”, retrocedemos a las lógicas dictatoriales de las que creíamos haber salido, a las estructuras del castigo, del punitivismo, a las lógicas ultraconservadoras y autoritarias en la que crece, se desarrolla y nunca muere la represión contra la que tanto luchamos. Con cada “Que se pudran en la cárcel” se nos pudre a nosotras algo por dentro. Se nos pudre la posibilidad de cambiar. Y el no-cambio es, paradójicamente, nuestra cárcel. La cárcel es, desde todos los ángulos que queramos abordarla, justicia patriarcal.

La rabia, la frustración, el enfado, el miedo, el cabreo... ¿legitimar las emociones es realmente equiparable a esgrimirlas ‘per se’ como herramientas útiles para nuestro propio proyecto político-feminista? ¿Es muy descabellado pensar que se están instrumentalizando nuestras emociones para reforzar (desde los medios, desde el Estado) un sistema carcelario-penal que asegura existir para “cuidar” nuestras heridas, para “protegernos”? ¿Nos empoderamos las mujeres y otros sujetos concebidos sociopatriarcalmente como vulnerables pidiendo cárcel, cadena perpetua, castración química? ¿No estaremos delegando en papá-Estado, marido-Estado, confiando nuestra seguridad de nuevo a esas lógicas heterosexistas del Estado-que-castiga-es-el-Estado-que-nos-protege? ¿Acaso no había ya cárceles, sistema penal, leyes, tribunales y jueces cuando los empresarios violaron a las menores hace diez años? ¿Sirvió la existencia de todo ese engranaje punitivo para que se lo pensaran dos veces?

Otros modelos de justicia
En “¿Se puede terminar con la prisión?”, Paz Francés y Diana Restrepo nos invitan a hacer un recorrido crítico de nuestro sistema de justicia penal al tiempo que nos proponen alternativas. Los modelos de ofrecen la posibilidad de aproximarnos a los conflictos desde una perspectiva menos punitiva, centrándonos en las necesidades de la víctima y haciendo uso de esquemas de mediación y diálogo; la asunción de responsabilidad por parte de quien comete el delito es imprescindible para reparar el daño.

Este modelo de justicia incluye procesos de análisis y reflexión, así como la implicación de la comunidad. Si bien la justicia restaurativa resulta menos problemática que la justicia penal por su carácter menos punitivo, para estas autoras la propuesta más radical sería la denominada justicia consensual. Esta fija su potencial transformador en el diálogo y, como su propio nombre indica, en la construcción y consecución de consensos. Este modelo entra en confrontación directa con la cultura del castigo (tan asumida en nuestras sociedades) ya que deja de equiparar justicia con castigo en cualquiera de sus formas. Supone una renuncia a cualquier medida impositiva como son los castigos de cualquier tipo, puesto que el principio fundamental en el que se basa es que el castigo (la cosa punitiva en cualquiera de sus múltiples formatos) alimenta la espiral de la violencia, formando siempre parte del problema y no de la solución. “Las condiciones que permiten que ocurra la violencia deben ser transformadas. Las respuestas estatales y sistémicas a la violencia, incluido el sistema legal penal, no solo no logran promover la justicia individual y colectiva, sino que también toleran y perpetúan los ciclos de violencia”, afirman Francés y Restrepo.

Decía Nina Simone que para ella la libertad era no tener miedo. A ese miedo por las agresiones y las violencias a las que como sujetos configurados vulnerables estamos expuestas, yo le añadiría el miedo a reproducir las estructuras de las que se alimentan en el imaginario colectivo todas esas violencias, el miedo a ser una herramienta más del amo. Desaprender las violencias que tenemos interiorizadas y normalizadas, como es el caso de la defensa del sistema penal-penitenciario, y trabajar colectivamente en otros modelos de aplicación de justicia es nuestra tarea pendiente como movimiento social.

#hemeroteca #justicia #prostitucion | Los seis empresarios condenados por prostitución de menores en Murcia no ingresarán en prisión

Concentración ante el Palacio de Justicia de Murcia //

Los seis empresarios condenados por prostitución de menores en Murcia no ingresarán en prisión
Los proxenetas aceptan las condiciones de no volver a delinquir en los próximos años, guardar un alejamiento de 500 metros de las víctimas y seguir un curso de reeducación sexual.
EFE | Público, 2024-10-09
https://www.publico.es/sociedad/seis-empresarios-condenados-prostitucion-menores-murcia-no-ingresaran-prision.html

Los seis empresarios que fueron condenados por la Audiencia Provincial de Murcia a diversas penas de prisión y multa tras reconocer que prostituyeron a varias menores no ingresarán, al menos de momento, en la cárcel al haber sido suspendida su condena. Doce de los trece condenados, entre los que se encuentran las acusadas de prostituir a las chicas, han comparecido entre ayer y hoy en la Audiencia para decidir sobre su situación personal.

La Fiscalía no se ha opuesto a la suspensión del cumplimiento efectivo de las penas de prisión cuando las mismas no superan los dos años de cárcel, pero ha adelantado que recurrirá aquellas, como es el caso de varios de los empresarios, que sí los rebasan. El tribunal ha acordado la suspensión en varios casos porque considera que, según la legislación vigente, procede esa medida al valorar la pena impuesta por cada delito, individualmente, mientras que la Fiscalía opina que para considerar si se rebasan esos dos años se ha de tener en cuenta la suma de todas ellas.

En esta segunda vista se ha analizado si procede acordar la suspensión de una de las condenadas en el juicio de conformidad a dos años por cada uno de los tres delitos de prostitución de menores que reconoció. Esta mujer ha mostrado su arrepentimiento y ha dicho que tiene un hijo que depende de ella y que nunca antes de estos hechos había tenido problema alguno con la justicia. El fiscal se ha opuesto a la suspensión, y el tribunal se ha reservado su decisión para darla a conocer en los próximos días con el fin de poder analizar todas sus circunstancias personales.

La misma situación se ha producido con respecto a otra de estas mujeres, que fue condenada por seis delitos a dos años de cárcel por cada uno y que ha alegado en su defensa que tiene arraigo en España y que desde hace unos años posee permiso de residencia y está totalmente reinsertada en la sociedad. Además, ha comparecido un empresario que ha visto aceptada su solicitud de suspensión, con la conformidad del fiscal de doce meses de cárcel por dos delitos de prostitución y que también ha mostrado remordimiento por los hechos. Otro de ellos, aunque no ha declarado por razones de salud, tampoco ingresará en prisión al ser su condena de seis meses por un solo delito.

En todos los casos en los que el tribunal ha adelantado su decisión de dejar en suspenso el cumplimiento de las penas, los beneficiados han aceptado las condiciones de no volver a delinquir en los próximos años, guardar un alejamiento de 500 metros de las víctimas y seguir un curso de reeducación sexual. Con las comparecencias de este martes solo falta el testimonio de uno de los condenados, encargado de llevar a las chicas a los lugares de contacto, que se encuentra de viaje de trabajo y que ha sido citado para el próximo lunes.

#hemeroteca #justicia #prostitucion | Los empresarios acusados de abuso sexual a menores en Murcia se libran de la cárcel por el retraso del proceso judicial

El proceso en la Audiencia provincial de Murcia //

Los empresarios acusados de abuso sexual a menores en Murcia se libran de la cárcel por el retraso del proceso judicial
Los acusados han llegado a un acuerdo para rebajar la pena de prisión y evitar el juicio, pero han reconocido los hechos: entre los argumentos para reducir la condena está la demora del proceso, que ha tardado 10 años en celebrarse
Elisa M. Almagro | El Diario, 2024-09-11
https://www.eldiario.es/murcia/sociedad/empresarios-acusados-abuso-sexual-menores-murcia-esquivan-carcel-retraso-proceso_1_11644300.html

Los empresarios acusados de estar implicados en una red de prostitución con menores de edad no irán a la cárcel. De los 24 a 56 años de pena máxima a los que se enfrentaban finalmente serán condenados a entre cinco meses y dos años por cada uno de los delitos. Respecto a las indemnizaciones, los acusados deberán pagar por víctima de 500 a 2.000 euros. A esto se añaden las multas, que oscilan entre los 450 y 720 euros.

Los acusados han llegado a un acuerdo de conformidad con el fin de rebajar las penas de prisión y eludir la celebración del juicio, a cambio han reconocido los hechos. Entre los argumentos para reducir la condena está el atenuante de dilaciones indebidas: en otras palabras, la demora del proceso judicial, que ha tardado 10 años en celebrarse.

Aquellos con penas de 5 meses de prisión para cada una de las víctimas tienen garantizado no entrar a prisión. Queda por confirmar la situación de los investigados con penas de 2 años: “Es lo que pretendemos [la suspensión de penas], pero es algo que tiene que considerar la Sala”, ha explicado Paola Marcela Suarez, una de las letradas de la defensa.

Todos los investigados eran conscientes de que las víctimas, que por aquel entonces tenían entre 14 y 17 años, no habían alcanzado la mayoría de edad, según el escrito de acusación. La trama se destapó en 2014, y las víctimas han tenido que esperar una década para que comience el juicio.

Entre los clientes procesados por hacer uso de esta red de menores se encuentran empresarios de renombre en la Región, como J. C., promotor de viviendas y exvicepresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena, que abandonó el cargo en 2014 cuando se destapó la trama. También están implicados los miembros de un bufete de abogados, que pedían que les trajeran niñas al despacho.

Los acusados eran conscientes de que estaban contratando a niñas, pidiéndolas a propósito. La Fiscalía menciona cómo uno de los acusados, apodado 'El Petrolero', pedía siempre “chicas jóvenes y nuevas para tener relaciones sexuales con ellas”. El Ministerio Fiscal relata como a una de las víctimas se le obligaba a mentir con su edad: “Decir que era menor aún de lo que era, es decir, manifestar que tenía 15 ó 16 años, ya que a los clientes esto le daba más morbo”.

Las captaban en discotecas y colegios
Los proxenetas crearon toda una red de explotación donde exigían a las menores imágenes suyas en ciertas poses, que luego incluían en un catálogo. En total, llegó a haber fotos de más de 400 personas, entre las que se encontraban las imágenes de las doce niñas liberadas. “Captaban a chicas en las puertas de discotecas de menores e incluso de colegios, procedentes de familias desestructuradas algunas y otras en situación de necesidad y vulnerabilidad”, detalla el escrito de acusación de la Fiscalía.

El documento explica cómo los organizadores de esta red engañaban a las jóvenes prometiéndoles “mucho dinero” a cambio de trabajos de masajista, siempre con ánimo de introducirlas en su negocio de ofrecimiento sexual a personas mayores. De la cantidad que recibían los proxenetas, las víctimas solo percibían poco más de la tercera parte.

“La había conocido en una discoteca donde había muchas chicas menores, en horario vespertino de cinco a diez de la noche, a fin de embaucarla para que ejerciera la prostitución para ella, sin que esta antes se hubiera en ningún momento planteado esa posibilidad”, relata el Ministerio Fiscal sobre una de las captaciones.

Además de los implicados que captaban a las niñas, la red también contaba con un hostal que cedía las habitaciones donde se ejercía esta explotación infantil a cambio de parte de la recaudación. Cuatro taxistas furtivos, que también fueron detenidos, las movían por la capital del Segura entre pisos particulares y pensiones.

#hemeroteca #trabajosexual | El Congreso deja caer la ley del PSOE para regular la prostitución

Ana Redondo, ministra de Igualdad, asiste a la sesión plenaria en soledad //

El Congreso deja caer la ley del PSOE para regular la prostitución
Asier Martiarena | La Vanguardia, 2024-05-21
https://www.lavanguardia.com/politica/20240521/9664094/congreso-rechazo-tumba-ley-proxenetismo-prostitucion-psoe.html

“Nos hemos quedado solas”. Eran las 18 horas y aún faltaban cerca de tres horas para su votación. Pero, viendo los rechazos que se iban acumulando, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tiraba la toalla antes, incluso, de finalizar el pleno en el que ayer se votaba la proposición de ley presentada por el PSOE “para prohibir el proxenetismo en todas sus formas”.

El descalabro socialista fue total. No contó con el apoyo de ninguno de sus socios –Sumar, Junts, ERC, PNV o EH Bildu–. Y concitó críticas por sus formas –“no se ha consensuado con ningún socio ni de coalición ni de investidura”; “es puramente electoralista”; “busca un gran titular”–. Pero también por su fondo –“pone en peligro a las mujeres”; “no dota de seguridad, sino que va a añadir más riesgos”; “ahonda en el racismo estructural”–.

El varapalo final, en forma de votación, quedó grabado en el diario de sesiones con 122 votos a favor, 184 en contra y 36 abstenciones. Destacando la fractura del Gobierno de coalición. La primera de la legislatura en una ley con sello del partido del puño y la rosa si bien la vicepresidenta segunda y coordinadora general de Sumar, Yolanda Díaz, ha desvelado a posteriori que pactó con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el rechazo a esta ley porque “no estaba en el acuerdo de Gobierno” que firmaron los dos líderes políticos. “La norma del PSOE es prohibicionista” y no se arreglan los problemas sociales “prohibiendo", declaró en una entrevista en el canal 24 horas de RTVE.

Tras decaer después de ser presentada en la legislatura anterior, y con la única presencia de Redondo en los sillones azules reservados para los miembros del Gobierno –algo que ya invitaba a adivinar la posterior derrota–, la diputada socialista Andrea Fernández presentó desde la tribuna de oradores una iniciativa de la que destacó su carácter “profundamente punitivista”.

“Con esta ley, lo que pretendemos es castigar el lucro de la prostitución y la tercería locativa, es decir, la cesión de inmuebles para ejercer la prostitución”, defendió Fernández sumando ese castigo al ya contemplado tanto para los clientes como para los proxenetas. Una suerte de adaptación del modelo vigente en otros países como Noruega, Francia o el Reino Unido, en el que se “equipara a la persona prostituida con la víctima de un delito”.

Pero sus argumentos fueron rechazados uno por uno por el conjunto de grupos parlamentarios. Incluido el PP, que en junio del 2022 apoyó la tramitación de un texto casi idéntico. El rechazo actual de los populares fue expuesto por la diputada Ana Isabel Alós, quien incluso llegó a plantear a Redondo la retirada de la proposición de ley para, a cambio, trabajar desde la subcomisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en la confección de una ley integral de consenso. Sugerencia, por cierto, suscrita por buena parte del arco parlamentario.

Una propuesta más punitiva
El caos que ha ocasionado la iniciativa que el PSOE llevó al pleno sin consensuar previamente con ningún otro grupo quedó plasmado en la votación. Porque la propuesta socialista que empezó dividiendo al feminismo entre abolicionistas y regulacionistas ha terminado uniendo a fuerzas de ideologías antagónicas. Basta repasar el sentido del voto de unos y otros. Al PSOE solamente le apoyó Coalición Canaria, el BNG, UPN y José Luis Ábalos; en la abstención coincidieron Podemos y Vox, mientras que Sumar y PP, junto a las fuerzas nacionalistas, se alinearon en su rechazo a la norma.

Un mosaico ante el que el PSOE simplemente señaló haber sido “un orgullo intentarlo”. “Somos las únicas que nos hemos mantenido firmes en la defensa de los derechos de las mujeres, mientras que muchos grupos parlamentarios han optado por hablar haciendo campaña”, se lamentó Redondo como justificación.

Segundo intento del PSOE
El PSOE ha vuelto a someter esta tarde a debate la reforma del Código Penal para castigar el proxenetismo en todas sus formas. Ya lo hizo la pasada legislatura, cuando se aceptó su toma en consideración gracias a los votos del Partido Popular, pero no se culminó su tramitación.
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​La iniciativa que llegaba ahora al Congreso amplía el artículo 187 del Código Penal para castigar con cárcel a todo aquel que “promueva, favorezca o facilite” la prostitución de otra persona “con ánimo de lucro”: con penas de 3 a 6 años de cárcel y multas de 18 a 24 meses si se emplea violencia, intimidación o engaño y penas de dos a cuatro años y multas de 12 a 24 meses si el proxenetismo no implica violencia, aun con el consentimiento de la persona prostituida.

También se incluye en ese artículo el castigo de la tercería locativa, es decir, ganar dinero por destinar un inmueble o cualquier otro espacio de manera habitual para que otra persona ejerza la prostitución, aun con su consentimiento. Aquí la pena sería de dos a cuatro años de prisión y multa de 18 a 24 meses.

Se quiere añadir asimismo un tercer punto al artículo 187 para que quienes pagan por sexo tengan un reproche penal: se castiga con multa de 12 a 24 meses a quien convenga “la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico”.

Si la persona prostituida fuera menor de edad o se encontrase en situación de vulnerabilidad, quien pague por acceder a su cuerpo se enfrentará a una pena de prisión de uno a tres años y multa de 24 a 48 meses.

En el artículo se precisa que “en ningún caso será sancionada la persona que esté en situación de prostitución”.

Y TAMBIÉN…
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La ley contra el proxenetismo divide al Gobierno y Sumar rechaza la propuesta del PSOE
El grupo confederal denuncia que la iniciativa “ahonda en la división” y divide al feminismo
Asier Martiarena | La Vanguardia, 2024-05-21
https://www.lavanguardia.com/politica/20240521/9661610/ley-prostitucion-proxenetismo-divide-gobierno-sumar-voto-contra-psoe.html

#hemeroteca #trabajosexual | Multas a puteros y cárcel para quien alquile pisos para prostitución: claves de la ley abolicionista

Manifestación abolicionista en Madrid //

Multas a puteros y cárcel para quien alquile pisos para prostitución: claves de la ley abolicionista
La normativa prevé castigar con cárcel a todo aquel que "promueva, favorezca o facilite" la prostitución de otra persona "con ánimo de lucro"
EFE | Deia, 2024-05-21
https://www.deia.eus/actualidad/sociedad/2024/05/21/multas-puteros-carcel-alquile-pisos-8263133.html

El Congreso de los Diputados ha rechazado tramitar la proposición de ley contra el proxenetismo. El PSOE se ha quedado solo este martes y su iniciativa abolicionista no ha cosechado los apoyos ni de su socio de Gobierno ni de sus aliados parlamentarios ni del Partido Popular.

El PSOE volvía a someter a debate la reforma del Código Penal para castigar el proxenetismo en todas sus formas. Ya lo hizo la pasada legislatura, cuando se aceptó su toma en consideración gracias a los votos del Partido Popular, pero no se culminó su tramitación.

Legislar sobre prostitución es complejo debido a las muy diversas sensibilidades de los grupos parlamentarios que cohabitan en el Congreso (tampoco existe consenso en el seno del movimiento feminista).

Ya se comprobó la pasada legislatura (cuando ERC y los comunes votaron en contra y PNV y Bildu se abstuvieron) y todo parece indicar que volverá a suceder este martes.

Fuentes de ERC han avanzado a EFE que mantendrán su voto en contra, mientras que Sumar aún no ha consensuado ni el sentido del voto ni si votarán en bloque.

Por su parte, ni PNV, ni Junts ni Podemos quieren aclarar el sentido de su voto, algo que tampoco ha hecho el PP, pese a que comparte con el PSOE una postura abolicionista y resultará clave para el futuro de la iniciativa.

Mientras tanto, fuentes de Bildu han explicado a EFE que son "críticos" con la propuesta y que aún no han decidido el sentido del voto, que se abstuvieron en la pasada legislatura "en aras de favorecer un debate" que consideran necesario, pero han lamentado que en todo este tiempo ese debate haya "quedado en el olvido": "Parece más un intento de aparecer en la campaña de las europeas como abanderados del abolicionismo", han enfatizado.

Castigar todo tipo de proxenetismo
La intención del Partido Socialista con esta proposición de ley es castigar todo tipo de proxenetismo, esto es, el lucro de la prostitución ajena. Actualmente sólo está penado aquel que se ejerce con intimidación y violencia, pero el grupo socialista considera que la redacción actual del Código Penal ha llevado a una "impunidad total del proxenetismo".

Su iniciativa amplía el artículo 187 del Código Penal para castigar con cárcel a todo aquel que "promueva, favorezca o facilite" la prostitución de otra persona "con ánimo de lucro": con penas de 3 a 6 años de cárcel y multas de 18 a 24 meses si se emplea violencia, intimidación o engaño y penas de dos a cuatro años y multas de 12 a 24 meses si el proxenetismo no implica violencia, aun con el consentimiento de la persona prostituida.

También se incluye en ese artículo el castigo de la tercería locativa, es decir, ganar dinero por destinar un inmueble o cualquier otro espacio de manera habitual para que otra persona ejerza la prostitución, aun con su consentimiento. Aquí la pena sería de dos a cuatro años de prisión y multa de 18 a 24 meses.

Se quiere añadir asimismo un tercer punto al artículo 187 para que quienes pagan por sexo tengan un reproche penal: se castiga con multa de 12 a 24 meses a quien convenga "la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico".

Si la persona prostituida fuera menor de edad o se encontrase en situación de vulnerabilidad, quien pague por acceder a su cuerpo se enfrentará a una pena de prisión de uno a tres años y multa de 24 a 48 meses.

En el artículo se precisa que "en ningún caso será sancionada la persona que esté en situación de prostitución".

En la exposición de motivos, el PSOE indica que "las personas que recurren a las mujeres en situación de prostitución participan directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración de los derechos humanos" y "representan la condición de posibilidad para que se produzca la prostitución".

Por último, la iniciativa otorga a las personas prostituidas los derechos recogido por el Estatuto de la víctima del delito y garantiza que puedan acceder a la atención que presta la ley del sólo sí es sí.

#hemeroteca #trabajosexual | Un grupo de prostitutas denuncia ante el Congreso la ley del PSOE contra el proxenetismo: "Es criminalizadora"

El colectivo de trabajadores sexuales contra el abolicionismo //

Un grupo de prostitutas denuncia ante el Congreso la ley del PSOE contra el proxenetismo: "Es criminalizadora"
Aseguran que la proposición de ley llevará a su colectivo a la invisibilidad, la precariedad y la clandestinidad
EFE | Deia, 2024-05-21
https://www.deia.eus/actualidad/sociedad/2024/05/21/grupo-prostitutas-denuncia-congreso-ley-8262745.html

Alrededor de una treintena de mujeres en situación de prostitución se han concentrado este martes frente al Congreso de los Diputados para denunciar que la proposición de ley del PSOE contra el proxenetismo es "criminalizadora" y llevará a este colectivo a la invisibilidad, la precariedad y la clandestinidad.

Organizada por la Plataforma Stop Abolición, la concentración tenía como objetivo "reivindicar la no abolición" porque ésta "no va a ser beneficiosa" para las autodenominadas "trabajadoras sexuales", ha indicado a los medios de comunicación la portavoz Susana Pastor.

Pastor ha asegurado que la abolición ha sido un "fracaso" y una "desgracia" en países como Suecia y Francia y que no supone una solución a la prostitución porque "lo único que hace es penalizar": "Estas personas necesitan unos derechos", ha aseverado.

"Lo único a lo que va a llevar es a la desgracia"
Esta plataforma considera que la proposición de ley para castigar todo tipo de proxenetismo, la tercería locativa y el pago por sexo es "absolutamente descuidada, desproporcionada y criminalizadora": "Lo único a lo que va a llevar es a la desgracia", ha destacado Pastor, que ha pedido al Partido Popular que vote en contra de la iniciativa.

"El progresismo es libertad y esto es prohibicionismo. (...) Pido a Ana Redondo que piense lo que está haciendo, una ministra de Igualdad tiene que mirar por la igualdad y las de la prostitución son mujeres tan dignas como otra mujer, no hay que compararlas con un trozo de carne", ha denunciado.

"Somos trabajadores: ni somos proxenetas, ni nuestros clientes son violadores ni las personas somos trozos de carne: somos trabajadores que decidimos trabajar en trabajos distintos", ha concluido.

#hemeroteka #trans #bollerak | ‘Mari Solasak Bazterrean’ izenarekin LGTBIQ+ kolektiboaren hausnarketak landuko ditu EHGAM kolektiboak

Prostituzioan aritu ziren trans-ei omenaldia egin diete gaur //

‘Mari Solasak Bazterrean’ izenarekin LGTBIQ+ kolektiboaren hausnarketak landuko ditu EHGAM kolektiboak
Maialen Huarte Arano | Euskalerria Irratia, 2023-09-25
https://euskalerriairratia.eus/irunerria/1695643519692-mari-solasak-bazterrrean-izenarekin-lgtbiq-kolektiboaren-hausnarketak-landuko-ditu-ehgam-kolektiboak 

‘Trans’ emakumeei omenaldia egin die gaur kaleko ekitaldi baten bitartez. 80ko hamarkadan prostituzioan ari zirenak izan dituzte gogoan.

LGTBIQ+ jardunaldiak antolatu ditu EHGAM Nafarroako kolektiboak. Hiru mahai inguru osatu dituzte urriaren 7rako. Kondestablearen Jauregian izanen dira goizez eta arratsaldez Laba elkartean. “Hausnarketarako bide eta gure kolektiboaren inguruan solasteko aukera izanen da da”, azaldu du Kepa Yekora EHGAMeko kideak. “LGTBIQ+ pertsonen errealitatea ikusarazteko, euren bizipenak ezagutzeko eta solasean aritzeko espazio bilakatuko ditugu Kondestabelaren Jauregia goizez eta Laba elkartea arratsaldez”, esan du.

Amaia Alvarez eta June Fernandez, Laban
‘Mariokerrak. Nola esan/izan bollera’ liburuaz ariko dira bi feministak urriaren 7an 17:00ean Iruñeko Gazteluko plazako Laba elkartean. Aurkezpena lehenbizi eta gero eztabaida zabalduko dute jendeak ere parte hartu dezan. Amaia Alvarez EHUko irakaslea da eta June Fernandez kazetaria. Biak feministak. Ikuspuntu horretatik abiatuko dute jardunaldia.

#hemeroteca #gais #violenciaintragenero | Daniel Sancho y el maldito 1%

El Mundo / Daniel Sancho en la reconstrucción del crimen //

Daniel Sancho y el maldito 1%
El caso ha abierto una serie de debates sobre cómo abordar esta historia. En algunos medios el tratamiento de "joven, guapo, exitoso" de Sancho se antepone al de criminal.
Alberto Rey | El Mundo, 2023-08-12
https://www.elmundo.es/loc/famosos/2023/08/12/64d66a62e85ecead038b45ab.html 

El 99% del caso se resume en ocho palabras: Daniel Sancho mató y descuartizó a Edwin Arrieta. Ahí está prácticamente todo. Y sin embargo es ese "prácticamente", ese 1%, lo que está enturbiando la percepción del asunto. Porque aunque sea una fracción mínima del caso, ese 1% es un agujero negro: su tamaño es ínfimo, pero su fuerza gravitatoria es inmensa. Dividámoslo pues en cinco citas para analizarlo. Troceemos el maldito 1%.

Primera cita: El mundo lo mueve el dinero y, en menor medida, el sexo. Segunda cita: Todo es sexo excepto el sexo, el sexo es poder. Tercera cita: todos los famosos son ricos y, si tienen hijos, por extensión éstos también lo son.

De estas tres afirmaciones sólo las dos primeras son ciertas. Tanto que casi han dejado de tener autores (la segunda es de Oscar Wilde, pero a mí me funciona mejor como de Frank Underwood, el protagonista de ‘House of Cards’). La tercera, falsa, es uno de los melones que se han abierto en el caso del descuartizamiento de Tailandia: con toda probabilidad Daniel Sancho no podría financiar la vida que exhibía en sus redes sociales. Por mucho que éstas exagerasen la capacidad económica del hijo de Rodolfo Sancho, los números no salen.

Pero los números siempre salen porque las matemáticas son una ciencia exacta. Salen, por ejemplo, los números de ciertas influencers que se retratan periódicamente en Dubai luciendo prendas y accesorios de firmas de lujo. Ellas dan a entender que son esas compañías las que han sufragado su estancia en el emirato y tan costosos obsequios, pero con frecuencia no es así. Alguien ha pagado todo eso y no suele ser el fabricante. ¿Son reales los acuerdos comerciales entre una marca y una persona con muchísimos seguidores en Instagram? Desde luego. Pero ni son ni tantos ni tan grandes. La industria del yachting sí lo es: mucha y grande. Con muy malas armas periodísticas ("periodísticas") se han destapado algunas veces estos casos de "prostitución" (prostitución) internacional de perfiles que, de manera proactiva o no, intermediada o no, clara o no, tras una fachada de chica fashion, chico fitness o ‘hashtag #paradise’ ocultaban otro tipo de negocio. Si el álbum de fotos rutilantes y apetecibles fue siempre un catálogo de servicios o si se convirtió en eso tras una primera oferta golosa, es otro debate. La realidad es que, insisto, los números salen. Los de Daniel Sancho también. Cuarta cita: Pánico homosexual es una expresión pseudocientífica acuñada originalmente por el psiquiatra Edward J. Kempf en 1920, para denominar un tipo de reacción violenta causada al ser destinatario de una conducta homosexual.

Copio esto directamente de Wikipedia. Está bien explicado pero conviene añadir que el famoso ‘gay panic’ es un argumento legal que se ha esgrimido en EEUU en numerosas ocasiones. Considerado como una mezcla de enajenación mental y reacción comprensible, ese grosero concepto ha ayudado enormemente en la defensa de unos cuantos asesinos de homosexuales. Seamos optimistas y pensemos que no será ése el camino que tomen los abogados de Daniel Sancho. Cuando escribo esto, tal maniobra legal repugnante no ha ocurrido, pero cuando usted lea este texto bien podríamos haberlo escuchado ya. Los tiempos de esta historia son tan acelerados que dan auténtico vértigo. También el tratamiento que está recibiendo Sancho en algunos medios, que no tienen ningún problema en anteponer su condición de español joven, guapo y exitoso (no siempre por este orden) antes que la de criminal. Es el momento de volver a recurrir a Wikipedia.

Quinta cita: El efecto halo consiste en inferir destrezas, capacidades o atributos de una persona o de una cierta circunstancia de manera favorable, basándose en una primera impresión. Traducción: ¿Cómo va a ser un asesino un chico como Daniel Sancho, tan joven, tan guapo y tan ‘hashtag #nofilter’? La respuesta es muy sencilla: lo es. En la historia del asesinato de Edwin Arrieta, lo que queremos que Daniel Sancho sea o signifique es absolutamente irrelevante. La víctima es Edwin. Descuartizado y en bolsas de plástico está el 99% de esta historia. El otro 1% está hecho de mentiras que nos contamos a nosotros mismos para no asumir que el mundo nunca es tan bonito como en Instagram.

#hemeroteca #abolicionismo | El Congreso da luz verde a la ley del PSOE para abolir la prostitución con los votos del PP y Podemos dividido

Nius / Adriana Lastra aplaude a la bancada socialista //

El Congreso da luz verde a la ley del PSOE para abolir la prostitución con los votos del PP y Podemos dividido.
Los comunes de Ada Colau votan en contra y denuncian que la ley criminaliza y estigmatiza a las prostitutas. ERC también vota en contra, el PNV y Bildu se abstienen y el PP vota sí con el argumento de que la prostitución es una forma de violencia. Los socialistas proponen modificar el Código Penal para aumentar las penas contra los proxenetas y multas para los clientes.
María Galán Cuello de Oro | Nius, 2022-06-07
https://www.niusdiario.es/nacional/politica/20220607/congreso-luz-verde-ley-psoe-abolir-prostitucion-votos-pp-podemos-dividido_18_06676485.html 

El Congreso ha dado vía libre para abordar el complejo y delicado asunto de la prostitución en España en un debate parlamentario de alto voltaje donde el bloque de la investidura se ha dividido. Es solo el primer paso, pero una mayoría de la Cámara ha aprobado la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE que promulga abolir la prostitución. Los socialistas quieren acabar con el proxenetismo modificando el artículo 187 del Código Penal para castigarlo de forma general "sin exigir relación de explotación".

Todos los grupos, incluso los que han votado a favor como Podemos o los que se han abstenido para favorecer el debate, han mostrado sus reparos y críticas a la redacción que han hecho los socialistas. Los que la han rechazado como ERC o Ciudadanos directamente acusan al PSOE de hacer un texto únicamente punitivo, sin tener en cuenta a las mujeres que ejercen la prostitución y con un aire de censura "lleno de moralina". El PP, en esta ocasión, ha votado a favor de la tramitación y Vox se ha abstenido. El resultado de la votación ha sido 232 a favor, 38 en contra y 69 abstenciones.

45.000 mujeres explotadas sexualmente
Es una iniciativa clave para el Partido Socialista que hace bandera del abolicionismo. La número dos del partido, Adriana Lastra, es la que ha subido a la tribuna de oradores para defender la proposición con los datos del Ministerio del Interior por delante que señalan que hay 45.000 mujeres en España que son explotadas sexualmente. "¿Hasta cuando vamos a tener que seguir esperando?", se ha preguntado la dirigente socialista que ha enfatizado que "en democracia las mujeres ni se compran ni se venden". Para la vicesecretaria del PSOE, la prostitución es el último residuo del sistema esclavista.

"No hay libertad en los prostíbulos", ha afirmado Lastra que defiende que se trata de una "propuesta de país" abierta al pacto con todos los grupos parlamentarios. El PSOE sostiene que el objetivo es perseguir penalmente el proxenetismo y a los que se lucran con la explotación sexual para proteger a las víctimas de la prostitución. "Quien diga que esta ley va contra las mujeres prostituidas miente", ha clamado Lastra.

El PP ha respaldado la proposición con el argumento de que la prostitución es una "forma de violencia contra las mujeres". A partir de ahora comienza la tramitación parlamentaria que habrá que ver como acaba aunque fuentes del PSOE señalan que la intención es que la ley pueda estar aprobada esta legislatura.

Unidas Podemos se divide
La proposición de ley ha generado un importante debate interno en Unidas Podemos que se ha dividido a la hora de la votación. El partido que dirige Ione Belarra ha votado a favor para facilitar la tramitación aunque no comparte el texto del PSOE y muestra su preocupación por la situación de mayor vulnerabilidad en la que podrían quedar las trabajadoras sexuales. Los diputados de En Comú Podem se han desmarcado del grupo y han votado en contra. Solo el diputado de la confluencia catalana Ismael Cortés ha votado a favor.

El grupo había decidido dar libertad de voto ante el rechazo frontal de los comunes que apuestan por la regulación y no por la abolición de la prostitución. Los diputados de la formación de Ada Colau creen que el castigo a los dueños de los locales donde se ejerce la prostitución aboca a las mujeres a la clandestinidad con peores condiciones de trabajo y de salud. Denuncian que la ley criminalizará y estigmatizará a algunas mujeres para las que no se contempla ninguna medida social.

"Pataleta" y "calentón" del PSOE
Esta iniciativa, que los socialistas han querido agilizar al máximo, tiene su origen en una enmienda del PSOE en la llamada ley del sólo sí es sí que generó el rechazo de los principales socios parlamentarios del Gobierno, incluido Podemos. Los socialistas la retiraron para que una de las leyes estrella del Ministerio de Igualdad no peligrase, pero utilizaron el mismo texto para registrar la proposición aprobada este martes.

Los aliados parlamentarios del Gobierno como ERC, PNV o Bildu no han apoyado el texto, aunque los vascos se han abstenido. Todos han coincidido en la necesidad de un debate sosegado sobre la explotación sexual y garantizar los derechos y la calidad de vida de las mujeres que ejercen la prostitución.

No comparten que el PSOE solo haya optado solo por el castigo y no haya contemplado medidas sociales para las trabajadoras sexuales. Varios grupos han reclamado además la reforma de la ley de extranjería para evitar que las mujeres en situación irregular se vean abocadas a ser explotadas.

Denuncian además las prisas de los socialistas. El PNV habla de "calentón" y "pataleta" del PSOE tras ver como la enmienda iba a ser rechazada en la Ley de Libertad Sexual.

Prisión y multas para los clientes
El cambio en el Código Penal que propone el PSOE implicaría un castigo de prisión de entre 3 y 6 años y multas a quien, empleando violencia, intimidación, o abusando de una situación de superioridad, o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona a ejercer o mantenerse en la prostitución. Recupera además la tercería locativa que castiga a los que con ánimo de lucro cedan bienes inmuebles o locales para favorecer el ejercicio de la prostitución.

Se multará a los clientes de la prostitución. Los socialistas consideran que los que acuden a esas mujeres están vulnerando los derechos humanos y son los que posibilitan en último término que se produzca. El reproche penal que propone el PSOE en su texto son multas de 12 a 24 meses que se elevan a prisión si las personas que prestan el acto sexual son menores.

La proposición no incluye medidas para prohibir la pornografía aunque es una de las reivindicaciones de una parte de movimiento feminista en España. Los socialistas sostienen que la ley es para luchar contra la trata, la explotación sexual y el ejercicio de la prostitución, pero para regular la industria del porno. 

 

Y TAMBIÉN…
Manifestación de prostitutas en Madrid contra la nueva ley que avanza hacia la abolición: "Repartimos felicidad".
Decenas de trabajadoras sexuales se han concentrado frente al PSOE, el PP y el Congreso para protestar por la ley que pretende abolir la prostitución. La plataforma convocante asegura que en España 150.000 personas se dedican a este negocio. Reclaman una legislación similar a la que tienen en Países Bajos y otros estados de la Unión Europea.
Nius, 2022-06-22
https://www.niusdiario.es/sociedad/igualdad/20220622/manifestacion-prostitutas-madrid-ferraz-contra-ley-psoe-abolicion-prostitucion-repartimos-felicidad_18_06822389.html
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Las prostitutas se levantan contra el Gobierno.
Más de 2.500 trabajadoras del sexo se manifiestan frente la sede del PSOE para frenar la ley abolicionista que podría aprobarse en octubre.
Ángel Nieto Lorasque | La Razón, 2022-06-23
https://www.larazon.es/sociedad/20220623/2krwmfoblffz7c5rww63zpo43m.html

#hemeroteca #abolicionismo | Unas 7.000 feministas reclaman una ley para la abolición de la prostitución

Público / Manifestación abolicionista en Madrid, 2022-05-28 //

Unas 7.000 feministas reclaman una ley para la abolición de la prostitución.
Carmen Calvo, presente en la manifestación, ha dicho que en España no se puede "seguir hablando de democracia con mujeres prostituidas, traficadas, sin derechos y en la marginación".
EFE | Público, 2022-05-28
https://www.publico.es/mujer/feministas-reclaman-ley-abolicion-prostitucion.html 

Unas 7.000 manifestantes, según la Delegación del Gobierno en Madrid, han marchado este sábado en la capital para demandar una ley específica para la abolición de la prostitución, en una protesta convocada por la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución (PAP) que ha reunido, según las organizadoras, a otras 186 organizaciones feministas.

La movilización ha comenzado este mediodía en la plaza de Cibeles y ha recorrido la Gran Vía hasta llegar a la plaza de España, con una pancarta en la cabecera en la que se pedía la instauración inmediata de la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOASP).

Durante la marcha se han coreado consignas como "Dónde está, no se ve, la ministra de Igualdad", "Irene Montero, dimisión", "Sánchez, escucha, feministas en lucha" o "El feminismo es abolicionista", así como pancartas con lemas como "Señala al putero" o "Sin clientes no hay trata".

Rosario Carracedo, portavoz de la plataforma convocante, ha explicado a Efe que ha llegado el momento de "acabar con una de las prácticas de violencia contra las mujeres más antigua" y ha remarcado que en una sociedad "basada en el principio de igualdad entre hombres y mujeres", la prostitución debe ser abolida.

"Es incompatible con una sociedad igualitaria que siga existiendo una actividad económica que tiene por objeto la explotación de los cuerpos de las mujeres. Vivimos en una sociedad que permite, tolera y acepta que los puteros hagan uso sexual de mujeres por precio, que practiquen violadores remuneradas", ha criticado.

Carracedo considera necesaria una ley específica contra la prostitución que debe girar en torno a tres ejes "fundamentales": el primero, que constituye "una preocupación" para el movimiento abolicionista, es la protección y reparación integral de las víctimas de violencia en la prostitución, sin que esta reparación "pueda estar condicionada a la ayuda o participación en el sistema de justicia penal". La segunda línea general es la "desactivación del proxenetismo", y la tercera, la "desactivación de la demanda".

En ese sentido, la PAP se adscribe a las políticas iniciadas por el Gobierno sueco en 1999 que, según Carracedo, "incorporó la penalización de los puteros", una medida que según la portavoz es "necesaria" para transmitir el mensaje de que una sociedad basada en la igualdad "no puede aceptar que los hombres hagan uso sexual de mujeres por precio", en tanto que ello constituye "una práctica de poder y desigualdad".

Por su parte, la exvicepresidenta del Gobierno y actual diputada del PSOE en el Congreso de los Diputados, Carmen Calvo, ha dicho que en España no se puede "seguir hablando de democracia con mujeres prostituidas, traficadas, sin derechos y en la marginación".

A su juicio, "las derechas" y los "regulacionistas" deberán decir "a dónde van" y tendrán que "dar la cara" el próximo 7 de junio, cuando tenga lugar el debate en el Congreso sobre la proposición de ley del PSOE que busca perseguir el proxenetismo en todas sus formas y sancionar a los hombres que acudan a la prostitución con multas y penas de prisión, dependiendo de la circunstancia.

"No hay argumentos para mantener a las mujeres en la esclavitud. La prostitución es el pasado de nuestra discriminación; el futuro son los derechos de la ciudadanía", ha dicho a ese respecto.

Calvo también ha pedido a Unidas Podemos, socio de gobierno del PSOE, que "entienda" que con "120 escaños" esta formación política tiene que "estar a la realidad de este país", que es, a su juicio, que "las mujeres de este país no quieren apoyar los prostíbulos ni a quienes consumen prostitución".

Por su parte, la abogada laboralista Cristina Almeida ha afirmado a Efe que es necesario "protestar" porque en una sociedad libre el feminismo debe "marcar un papel" que no puede ser determinado por "los puteros y los machistas", y ha lamentado que "mucha gente del Gobierno" no tenga clara su posición sobre la abolición de la prostitución.

"Para mí, como mujer, creo que es un hecho esencial (la abolición). Ninguna mujer nace para puta, la hacen los puteros; por lo tanto, vamos a acabar con una y otra cosa", ha vaticinado.

#hemeroteca #abolicionismo | La prostitución enfrenta a las asociaciones feministas y LGTBI

Diario16 / Manifestación abolicionista en Madrid, 2022-05-28 //

La prostitución enfrenta a las asociaciones feministas y LGTBI.
El Front Abolicionista reclama "coherencia" al Botànic tras la posición de Oltra contra la abolición mientras Lambda apoya "no estigmatizar".
Diego Aitor San José | Levante, 2022-05-26
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2022/05/26/prostitucion-enfrenta-asociaciones-feministas-lgtbi-66533344.html 

El debate sobre cómo legislar la prostitución, bien en busca de su abolición a través de la sanción o bien a través de una regulación que dé derechos a las mujeres prostituidas, va más allá del choque entre las conselleries que dirigen Mónica Oltra y Gabriela Bravo y también alcanza a entidades y colectivos. Y tiene su aterrizaje material en la modificación de la Ley de Espectáculos que plantea la Conselleria de Justicia para multar a clientes y locales donde se produzcan estas actividades.

Uno de ellos es el Front Abolicionista, una plataforma en la que se enmarcan una cincuentena de entidades feministas, y que este miércoles respondió con dureza contra las alegaciones presentadas por el departamento de Oltra hacia las propuestas de sanciones que propone Justicia. Una de sus portavoces, Concha Hurtado, aseguró que están "muy indignadas" con el texto de la Conselleria de Igualdad y exige al Botànic "coherencia con el compromiso abolicionista adquirido tras la aprobación de la PNL contra la explotación sexual" en las Corts en octubre de 2021.

Hurtado coincide con Oltra en que "uno de los pilares fundamentales son las ayudas públicas para que las mujeres vulnerables salgan de la prostitución", pero añade que junto a esto "el principal enemigo de la prostitución son las leyes y normas del Estado que sanciona su consumo". "El feminismo es desde hace 300 años abolicionista. Mientras exista la prostitución, no habrá igualdad posible", expresa al tiempo que aplaude la propuesta sancionadora.

Con quien tiene especial choque el Front Abolicionista es con el sindicato OTRAS de trabajadoras sexuales, a las que acusa de "comprar el discurso de los proxenetas". Esta organización también ha presentado alegaciones a la modificación de la Ley de Espectáculos y aseguran que la penalización de la demanda supone "un claro intento de avance en el sincretismo penalizador, la criminalización de la industria del sexo, la discriminación y el estigma" y consideran que así se les priva "aún más" de los "derechos más fundamentales".

"No podemos más que oponernos íntegramente al texto del anteproyecto de Modificación de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, por su carácter netamente ideológico, la total ausencia de fundamentación que lo sostenga, y sobre todo por profundizar en la estigmatización de todo un colectivo", explican en su texto trabajadoras sexuales que aseguran que "no hay mayor vulnerabilidad que la derivada del ostracismo jurídico y la criminalización que se nos impone". Por ello, piden "leyes que legalicen el trabajo sexual".

"Esto no tiene nada de feminista", responde al colectivo por su parte Carol L., que se presenta a sí misma como "superviviente del sistema prostitucional". "Las mujeres en situaciones de prostitución no llevan casas de citas, son los proxenetas, ponerse del lado de estos discursos me parece aberrante", asegura en un vídeo en el que defiende sancionar los prostíbulos ya que, en su opinión, una ley abolicionista "propone que sea el Estado el que se haga cargo de la vulnerabilidad de las mujeres y no a proxenetas que se lucran sobre nuestros cuerpos".

Una de las alegaciones presentadas por Oltra señala al colectivo trans. "Sufren un desempleo del 85%, y han de recurrir al trabajo sexual como única opción", señala el texto. En este sentido, Lambda, asociación de defensa de los derechos LGTBI, defiende que es "un hecho que las mujeres trans se ven abocadas a ejercer el trabajo sexual por diferentes razones, entre ellas la transfobia", que dificulta sus estudios por el acoso escolar y también su vida laboral, por lo que piden "erradicar la trata sin estigmatizar" a quienes ejerzan la prostitución y defienden que multar a los puteros "termina repercutiendo en las trabajadoras sexuales".

#hemeroteca #lgtbi #trabajosexual | Beatriz Gimeno: “Vuelve a haber mucha homofobia y mucha violencia en la calle. Vamos hacia atrás”

El Diario Cantabria / Beatriz Gimeno //

Beatriz Gimeno: “Vuelve a haber mucha homofobia y mucha violencia en la calle. Vamos hacia atrás”.
Miguel Ángel Hernáez | El Diario Cantabria, 2022-05-08
https://eldiariocantabria.publico.es/articulo/entrevistas/vuelve-haber-mucha-homofobia-mucha-violencia-calle-vamos-atras/20220508130741115602.html 

Beatriz Gimeno (Madrid, 1962) ha dedicado su vida a la lucha por los derechos LGTBI y de las mujeres. Diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, ha sido presidenta de la Federación Española de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y directora del Instituto de la Mujer, y ha vivido de cerca algunos de los momentos más importantes en la lucha por la igualdad de derechos, entre ellos el matrimonio entre personas del mismo sexo. El pasado viernes acudió a Cantabria para protagonizar un debate sobre la prostitución en la sede de Podemos en Santander, y en este mismo espacio atiende a eldiariocantabria.es para analizar la situación de los derechos de la mujer, la igualdad y la creciente crispación que parece vivir la sociedad.

Su intervención en Cantabria aborda la prostitución. Usted sostiene que es un tema que ha dividido al feminismo. ¿En qué sentido?
No solo yo, es uno de los grandes temas divisivos del feminismo desde hace 50 años. Simplificando un poco, hay un sector llamado abolicionista que sostiene que hay que abolir la prostitución, y otro sector, que ha ido cambiando de nombre, que pretende regularla. Y luego hay posturas intermedias con muchos matices.

La sociedad ha avanzado mucho en igualdad, pero en la prostitución parece estancada, sigue habiendo muchos tabúes o una mirada muy machista. ¿Cómo se puede cambiar eso?
Es complicado porque, además, el uso de la prostitución ha experimentado un enorme crecimiento en todo el mundo desde los años 80. Creo que la única manera de cambiarlo es haciendo muchas campañas que hagan comprender que la prostitución es una cuestión de desigualdad, no una cuestión laboral, no solo una cuestión de supervivencia para muchas mujeres, que también lo es. Tiene que vincularse a la igualdad. Hay que explicarlo bien para que llegue un momento en que, al menos, todo el feminismo esté de acuerdo en qué es la prostitución, qué significa para nosotras, aunque luego no coincidamos en cómo solucionarlo. Y también hay que ir hacia un cambio en las masculinidades, que los hombres aprendan a tener relaciones sexuales igualitarias y no necesariamente basadas en el poder y la desigualdad, como en el fondo es la prostitución.

Entiendo que una de las formas de afrontar esto es a través de la educación desde muy pequeños.
En la Asamblea de Madrid, un señor me trajo un álbum con flyers de prostitución. Eran 80 páginas donde él había pegado los flyers como si fueran cromos. Lo trajo para que dijéramos algo sobre cómo los niños en Madrid coleccionan esos flyers, los intercambian. Claro, la educación sexual, afectiva y sobre la igualdad que tendrán esos niños no puede ser la misma que la que tendrían si no tuvieran esos estímulos. La cosificación extrema de las mujeres y presentarlas de manera muy desigual también es educación. Creo que es imprescindible una educación sexual y afectiva que enseñe que la igualdad tiene que incluirse también en las relaciones.

Usted es mujer, lesbiana y feminista. ¿Se ha encontrado con mayor discriminación?
También soy una persona con discapacidad, y siempre digo que esa es la mayor discriminación. Si alguna vez tuviera que hacer un baremo sobre lo que más me ha discriminado, que a veces es difícil, sin duda es la discapacidad, que además es una discriminación invisible. Podía haber venido aquí y haberme encontrado con una escalera de 20 peldaños, y me habría tenido que quedar abajo. Reúno muchos factores de discriminación, pero he tenido una vida fácil por mi familia, mi ambiente social y cultural. No he sentido mucha discriminación, pero en el ámbito del lesbianismo conozco a muchas compañeras que lo han sufrido, y como mujer todas, de alguna manera, estamos discriminadas. De eso no se libra ninguna.

En los últimos meses hemos asistido a un incremento de agresiones homófobas y de agresiones a mujeres. ¿Estamos retrocediendo como sociedad?
Creo que sí, ahora está peor que antes. Cuando yo era joven puede que incluso fuera más fácil que ahora. Vuelve a haber mucha homofobia y mucha violencia en la calle, que creo que no se veía tanto antes. Vamos hacia atrás.

¿Qué peligro representa un partido como Vox para los derechos que se han conseguido hasta ahora?
Es la punta de lanza de un movimiento global que se está produciendo. Lo acabamos de ver en Estados Unidos, donde está irradiando con dinero e ideología a todos los países. Es la extrema derecha populista. Es un peligro muy cierto y muy grande en retrocesos. No sé si lograrán cambiar leyes, pero sí están cambiando el sentido común e instaurar uno nuevo mucho más violento, donde se legitiman actitudes machistas que antes no se atrevían a expresar en voz alta. Niegan la violencia machista, instauran la duda sobre su existencia diciendo barbaridades. Yo sé que la mayoría de la gente de Vox no se las cree. Estoy con ellos en la Asamblea de Madrid. Es alimento para los tontos. Lo dicen para sus votantes, pero luego a ellos y ellas les da igual. Es dar alimento a posturas violentas y tensar la vida cotidiana de la gente. Se trata de eso, y luego ellos seguirán siendo gays y lesbianas, que los hay en Vox, y lo que habrán conseguido es hacer retroceder muchísimo la convivencia, que es lo que más va a sufrir.

El PP se opuso a la ley del matrimonio homosexual. ¿No cree posible entonces que pudiera revertirse si llegaran al poder pactando con Vox?
Espero que no haya cambios gordos, pero podría haberlos. Supongo que es lo que persiguen a la larga. Vox es lo que es, y está claro que arrastra al PP. En Castilla y León teníamos una de las leyes contra la violencia de género más avanzadas, y la consejera, del propio PP, era una feminista convencida. Yo he trabajado con ella. En Madrid exactamente lo mismo. Eso tenía cabida en el PP, era un consenso básico. Firmaron el Pacto de Estado contra la violencia de género, y ahora en cambio retroceden. Y lo hacen porque les da igual, lo apoyaban, pero no todo el mundo le daba la misma importancia. A cambio del apoyo de Vox en materia de impuestos le ofrecen darle eso. Se van a producir retrocesos, pero en el caso concreto del matrimonio no creo que se pueda. Cambiar el estado civil de las personas, una vez que se ha conseguido, solo lo ha hecho el fascismo y Franco, y no parece posible que ocurra en una democracia. Creo que esa ley no corre peligro, pero otras contra la violencia pueden correrlo.

Hablando de Castilla y León, Vox denuncia un “adoctrinamiento” en ideología de género en las escuelas. Como mujer y como homosexual, ¿qué le hace sentir?
El jueves, en la Asamblea de Madrid, hubo dos proposiciones sobre adoctrinamiento en las escuelas, una presentada por la diputada Alicia Rubio (Vox) totalmente estrafalaria y ridícula. Quien adoctrina es la Iglesia católica, que enseña la doctrina en los colegios. Educar en derechos humanos, en igualdad, en valores constitucionales y en derechos asumidos como imprescindibles por todos los organismos no es adoctrinar. Hay una andanada contra eso apoyándose en sectores muy reaccionarios que, además, están muy bien financiados, como la organización Hazte Oír, cuyo dinero viene directamente de Estados Unidos. Todo esto me hace sentir triste. Ante los argumentos de esta señora, en la Asamblea se reían hasta los diputados del PP porque eran completamente inasumibles por una persona demócrata. Pero hay gente que los apoya, los van introduciendo y extienden una legitimidad sobre temas que hace 10 años era inimaginable escuchar en una tribuna pública.

Usted ha vivido algunos de los grandes momentos en la lucha por los derechos de la mujer y del colectivo LGTBI. ¿Sigue viendo la misma movilización?
Creo que hay mucha movilización. Se nos dijo que cuando se consiguiera el matrimonio (homosexual) iba a haber una enorme desmovilización y se vio que no. Los colectivos han seguido trabajando porque hay mucho por hacer. Ahora estamos con las leyes trans, que está habiendo mucho problema, con discursos claramente contrarios. El colectivo está muy movilizado, los orgullos de Madrid y que se hacen en las distintas comunidades siguen siendo grandes. Y sobre todo, hay conciencia de un peligro grande que viene y la gente se está volviendo a movilizar.

Al igual que está habiendo esta movilización, ¿se aprecia un aumento de movimientos en sentido contrario?
Hay mucho menos miedo. Han legitimado el discurso de odio. Antes no se podía decir aunque la gente lo pensara. No es que la gente haya cambiado de manera de pensar, es que han legitimado la expresión de un discurso que antes se callaba por vergüenza porque no estaba bien visto. Y eso es lo terrible, porque cuando los discursos se callan por vergüenza, al final la gente termina por dejar de pensar así. Empieza a haber agresiones y miedo en las calles. Pero esto también está cohesionando a los colectivos, la gente está trabajando más, y en estos años que vienen la labor de los colectivos LGTBI va a ser muy importante.

En Bilbao se han producido varios asesinatos con un posible perfil homófobo. ¿Hay también cierta homofobia en la atención mediática? ¿Habría sido igual si hubieran sido mujeres?
En general, si hubieran sido mujeres creo que habría salido mucho más en los medios, pero también depende. A veces matan prostitutas y no sale. También cuenta la situación de las mujeres asesinadas, o si son inmigrantes. Es complicado, no sabemos si es homofobia, el asesino podría matar por otros motivos. Me gusta ser prudentes. Pero si hubieran sido mujeres, salvo en los casos que mencionaba, creo que sí se hubiera dado más relevancia porque creo que ha habido una concienciación en los medios muy fuerte de visibilizar la violencia machista. Hay cierto automatismo en los medios de llamarlo violencia machista o violencia de género y visibilizarlo. Ese es un trabajo importante que ha hecho el feminismo.

#hemeroteca #menores #explotacionsexual | La impotencia del centro de menores de una víctima de la trama en Madrid: “No podemos hacer nada”

El Diario

La impotencia del centro de menores de una víctima de la trama en Madrid: “No podemos hacer nada”.
El sumario desvela la desesperación de los trabajadores para evitar situaciones como las de las niñas prostituidas en Madrid. Expertos apuntan a las carencias del sistema para proteger a las víctimas en estas situaciones tan extremas.
Patricia Gea / Alberto Pozas | El Diario, 2022-01-23
https://www.eldiario.es/politica/impotencia-centro-menores-victima-trama-madrid-no_1_8674563.html

El sumario del caso de las chicas prostituidas en Madrid revela cómo los centros de menores son uno de los lugares preferidos por los proxenetas para captar a las víctimas más vulnerables. No es el único y Madrid no es la única región en la que ha pasado en los últimos años: Catalunya, Castilla y León, Baleares o la Comunidad Valenciana son algunos lugares donde la Justicia ha tenido que intervenir en casos de menores tuteladas o internas en residencias que han caído en las garras de estas tramas. Los propios trabajadores de los centros, cuyas declaraciones constan en el sumario del caso de Madrid, reconocen que con sus medios no pueden hacer frente de manera efectiva a estas situaciones: "No podemos hacer nada".

Fuentes especializadas en este tipo de criminalidad reconocen que el sistema de los centros de menores no es el idóneo para proteger a las jóvenes que sufren este tipo de delito. "Lo mejor sería el acogimiento familiar", explican, pero es una opción más compleja y con menos implantación. El clamor de la Fiscalía de Córdoba es significativo: "Resulta lamentable que no existan centros para menores con indicadores de víctimas de trata", recoge la última memoria de la Fiscalía General relativa a los datos de 2020. Los datos de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF) revelan que, a nivel nacional, en 2019 había más de 23.000 menores tutelados en centros y más de 19.000 en acogimiento familiar. En ese contexto, estas mismas fuentes explican a elDiario.es que el régimen abierto en que viven estas jóvenes impide coartar su movilidad si no han cometido ninguna infracción, más aún teniendo en cuenta que están siendo víctimas.

El sistema de protección a los menores tutelados por las administraciones tiene carencias desde el primer eslabón. La Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia se modificó en 2015 introduciendo por primera vez, entre otros puntos, la obligación de dar prioridad al acogimiento familiar frente al residencial, pero aún así más de la mitad de los niños y niñas que entran en el sistema van directamente a centros de menores o pisos tutelados. “Hace falta un cambio de modelo al completo como el que se ha hecho en otros países. En España ahora tenemos todo lo necesario: el marco legal, una partida de fondos europeos dedicada a la protección de estos niños y al Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas empujando para desinstitucionalizarles”, explica Adriana de la Osa, que forma parte de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF). Cree que están todos los elementos a favor para que esto se pueda llevar a cabo y que “solo se necesita voluntad política: primero desde el Gobierno central y luego desde las comunidades”.

El reparto de los recursos, destinados hasta ahora mayoritariamente al acogimiento residencial, es clave para que empiece a cumplirse lo establecido en la ley. “Hay un exceso de recursos para el acogimiento residencial y una parte ínfima para el familiar”, añade la presidenta de ASEAF, María Araúz de Robles. Un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía que fiscalizaba el programa de atención a la infancia de la comunidad recogió en 2018 que el gasto mensual en un menor en acogimiento familiar remunerado es de 424 euros, mientras que el gasto medio de un menor que vive en una residencia es de 3.370 euros.

La cuantía que perciben los acogedores varía en función de la comunidad. La horquilla de diferencia es de más de 2.000 euros anuales, según el Análisis Económico del Acogimiento Familiar en España, dirigido por el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid Francesco Sandulli. “Si los recursos se reorientasen podríamos, incluso con menos dinero, posibilitar que todos los niños estuvieran en una familia”. Pero, por el contrario, en los últimos años se ha incrementado el número de centros de menores. Según los datos del Ministerio de Derechos Sociales, en 2019 se sumaron 124 residencias más, hasta alcanzar las 1.228 en toda España. La mayoría de ellas, el 80%, están gestionadas por entidades colaboradoras que acceden por concurso mientras que el 20% son de titularidad pública. Es decir, el peso de agentes privados y subcontratas en los centros de menores es muy grande y pese a que la mayoría de los recursos públicos se destinan a este tipo de acogimiento sigue mostrando debilidades y carencias.

"Las limitaciones de nuestros recursos"
Muchas veces, además, las propias menores no reconocen el delito en el que están atrapadas y se escapan continuamente. Y esa es una foto que se repite en multitud de casos juzgados y sentenciados por tribunales de todo el país. Lo explicaron con impotencia, por ejemplo, trabajadores de los centros donde estaban las chicas sometidas por la trama de Madrid: "Es una niña muy influenciable, que tiende a relacionarse con gente conflictiva, que desde que ha empezado a salir es muy de estar por la calle con gente mayor y que busca el afecto de los mayores, los cuales hacen de ella lo que quieren", dijo ante la Policía Nacional un trabajador de uno de los centros sobre una de las víctimas, de 14 años.

"No podemos hacer nada", añadió este trabajador. Un informe del centro aportado a la causa es más explícito: "La situación es insostenible, claramente tiene un problema de adicción y no podemos saber qué está haciendo para conseguir las sustancias ni a lo que se expone", dice el documento. La irrupción de la pandemia empeoró la situación, su familia no era una opción y el centro solicitó el ingreso en un régimen cerrado como consecuencia de su "situación de desprotección" y las "limitaciones" del centro para tratarla.

Rodrigo Andújar, educador social en un piso tutelado en la Comunidad de Madrid, cuenta cómo es el procedimiento para abrir un nuevo centro y decidir a quién se adjudica su gestión. “En función de las necesidades que la comunidad identifique, decide abrir centros o pisos tutelados nuevos para los que varias asociaciones o fundaciones presentan sus proyectos de gestión. Entonces, mediante un concurso público se les concede a unas u otras y lo que más prima en esa selección es la parte económica. Si lo haces por el menor precio posible, es tuyo”, afirma.

Esto, añade, deja sobre el escenario un sistema con insuficiencias en lo material y lo personal. “Ya lo vimos con el centro de Hortaleza, cientos de menores en un espacio para cuarenta, hacinados y con pocos cuidadores. Hay falta de personal y las condiciones son muy malas, lo que repercute en el bienestar de los trabajadores y, por lo tanto, de los menores, a los que no se puede atender con el trato individualizado que requieren”.

La situación se ha intensificado con la pandemia y ha puesto de manifiesto los problemas estructurales en el funcionamiento de los centros y pisos. Así lo ha denunciado esta semana el sindicato Comisiones Obreras en un comunicado en el que afirma que “las plantillas se han reducido en algunos casos a la mitad por los contagios COVID-19”. Esas bajas (tal y como ya sucedía antes de la pandemia) no se sustituyen y, según los afectados, se están viviendo situaciones insostenibles”, añade la organización sindical.

"Estamos con personal doblando turnos, renunciando a las vacaciones o posponiéndolas... Además, en general, hay mucha inestabilidad porque al estar mal pagado y ser unas condiciones duras y complejas muchos profesionales suelen dejar el puesto de trabajo en un periodo muy breve”, explica Andújar. Algo que juega en contra del vínculo que se establece entre los cuidadores y los residentes, niños y niñas que atraviesan difíciles circunstancias vitales, que han sido alejados de sus familias biológicas y que necesitan la mayor estabilidad posible.

Un modelo residencial deficitario
“Hay varios problemas aquí. Uno de ellos tiene que ver con una visión de conjunto en la que se entiende, tanto por parte de administraciones como de ciudadanos, el gasto social como eso, un gasto. Pero debería verse como una inversión que repercute en el presente y futuro de los menores y del conjunto de la población”, afirma el educador. “El otro hándicap es que, en concreto, las administraciones no ven esta situación como un problema sino como una oportunidad para sacar provecho con las asociaciones y fundaciones que gestionan las residencias”, añade.

Isabel Galvín, secretaria general de la Federación Enseñanza de CCOO Madrid, comparte que “el problema de fondo es que el modelo externaliza la atención de los menores con un modelo deficitario, que no se ajusta a las necesidades a las que debería responder”. Asegura que las empresas acceden a la gestión de los centros con pliegos de condiciones que concurren a la baja y el servicio que se presta es absolutamente de mínimos. Andújar añade que “ni siquiera se cumplen las condiciones que vienen en los pliegos, sobre todo en lo que respecta al personal contratado para atender a los críos”.

Para acabar de perfilar un sistema de protección integral y eficiente para estos menores, el educador cree que se necesita además formación específica para que todos los profesionales puedan identificar las situaciones a las que se ven expuestos dada su vulnerabilidad, como la trata. “Estos chicos y chicas, por sus circunstancias vitales, pueden tener problemas de comportamiento, de adicciones o de salud mental que necesitan una atención específica. Al no haber recursos para darles esa atención total, pasan cosas como lo que hemos visto, hay niñas en situación de trata y nadie repara en ello porque los profesionales no dan abasto. Hay una serie de indicadores psicológicos, físicos y conductuales que no se ajustan a su etapa del desarrollo y que nos alertan de que pueden estar viviendo una situación así, y es fundamental que haya personal suficiente y formado para identificarlo, denunciarlo y abordarlo”, afirma.

Los casos de Baleares y Valencia
En el último año y medio estos casos, que ocurren desde hace una década, se han convertido también en un arma arrojadiza política. En las Islas Baleares, por ejemplo, la Fiscalía llegó a abrir una investigación para dilucidar si existía una trama coordinada dentro del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) para explotar sexualmente a menores tuteladas aunque el caso quedó archivado en octubre de 2020. No se pudo probar la existencia de una organización en el seno del organismo público. Y el fiscal superior Bartomeu Barceló declaró que había habido "casos aislados de prostitución de menores tutelados" pero que se investigaban en cuanto se tenía conocimiento de ello.

El caso estalló cuando una menor tutelada por el IMAS denunció haber sido víctima de una violación grupal, una denuncia que dio pie a investigar si existía una trama dentro del organismo público que habría afectado a más de 15 menores tutelados. Las diligencias de la Fiscalía fueron archivadas al no poder probar que existiera esa red de prostitución, pero desde entonces la Policía, la Fiscalía y los tribunales han destapado, investigado e incluso condenado diversos casos ocurridos en las islas. El Govern reconoció que había despedido a cinco trabajadores por hechos de este tipo. "A mi intentaron prostituirme en los años noventa", relató a este periódico Joana Molinas, que fue una niña tuteada.

En septiembre del año pasado, por ejemplo, la Policía Nacional lanzaba la 'operación Bakana' con 17 detenidos por prostituir a menores fugadas de estos centros. Apenas unos días después, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares confirmaba una condena de ocho años y medio de cárcel a un proxeneta por prostituir a varias menores tuteladas de Calvià en hoteles de la ciudad. A finales de octubre del año pasado el mismo tribunal confirmó que tres hombres habían sido enviados a prisión provisional acusados de abusar de una menor tutelada que se había fugado de uno de estos centros en la misma ciudad.

Otro caso con gran presencia en la vida judicial pero también en la política es la de la menor tutelada que sufrió abusos a manos de Luis Ramírez, educador del centro donde estaba acogida y exmarido de la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra. En septiembre del año pasado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana confirmó una condena de cinco años de cárcel para él. La sentencia no declaró la responsabilidad económica subsidiaria de la Generalitat pero sí criticó con dureza la actitud de la administración regional al elaborar un informe, a través del Servicio de Atención a Menores Víctimas de Abusos Sexuales, "completamente al margen de este procedimiento", algo que para los jueces "no es una actuación muy normal, ni desde luego habitual".

Esa sentencia avaló lo que había dicho previamente la Audiencia Provincial de Valencia sobre ese informe y otro más aportado a la causa: "Podrían estar animados por un interés de exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalitat al haberse producido los abusos en un centro dependiente de la Conselleria por un educador", dijo la primera resolución del caso. Recientemente, la vicepresidenta Mónica Oltra defendió que no existían protocolos concretos sobre cómo informar a Fiscalía cuando estaba al frente de Igualdad.

Casos en todo el país
Como es habitual, los casos más mediáticos o con más presencia en la vida política no son ni los únicos ni los primeros. Y los abusos a menores tuteladas en centros públicos no son una excepción. Las bases de datos de las distintas audiencias provinciales revelan que el carácter especialmente vulnerable de estas menores y la falta de medios de los centros son los ingredientes perfectos para que los proxenetas consigan lo que buscan. Ni el Consejo General del Poder Judicial ni la Fiscalía mantienen una estadística sobre este tipo concreto de casos de abusos y explotación sexual de menores de edad tuteladas o internadas en centros de menores dependientes de las administraciones públicas.

El caso de la menor de Valencia, por ejemplo, no es el único sentenciado por los tribunales. En marzo de 2021 el Tribunal Supremo confirmó una condena de cinco años y medio de presidio para un hombre que prostituyó a dos menores tuteladas en el centro Monteolivete (Valencia), con las que contactó a través de internet. El Supremo dejó claro el impacto que estos crímenes tienen sobre las víctimas, que llegan a normalizar la situación. "Que unas menores perciban esas conductas como algo trivial supone el reflejo del profundo y negativo impacto que actuaciones como ésta dejan en la formación de las menores", dijo el alto tribunal. Los hechos ocurrieron entre 2016 y 2017.

Varios casos ya sentenciados se han dado en distintos centros de Catalunya en los últimos años. En mayo del año pasado, por ejemplo, el Supremo confirmó cuatro años de prisión para un educador de un centro de acogida de Reus por abusar de una niña de 10 años de edad "aprovechando su condición de educador" entre 2012 y 2015. Previamente, en marzo de 2020, el Supremo confirmó otra condena de cuatro años de cárcel para un hombre que prostituyó a dos menores de edad de un centro de menores de Tarragona en 2015. En este caso usaba a las chicas como "compañía con el fin de acompañar a hombres a fiestas, viajes y mantener relaciones sexuales". Sin embargo, los jueces rechazaron que se pudiera aplicar el agravante de aprovecharse de su vulnerabilidad. "El hecho de que estuvieran tuteladas por la Generalitat de Catalunya no las hacía más vulnerables, la tutela administrativa por sí misma no significa mayor vulnerabilidad", dijo la Audiencia de Tarragona.

Otro caso ocurrido en Catalunya fue sentenciado en firme por el Supremo a finales de 2020, cuando un hombre fue condenado a más de 18 años de cárcel por liderar una violación en grupo a una menor tutelada que se había escapado del centro. También hay casos registrados y sentenciados en Castilla y León. En mayo de 2019, por ejemplo, la Audiencia de Burgos impuso más de 14 años de cárcel a un hombre que abusó de una menor tutelada por la Junta y que llegó a prostituir a la víctima en un hostal. La víctima relató que estaba convencida de que el dinero que ganaba iba a ser usado para que ella y el proxeneta, a quien consideraba su pareja, se fueran a vivir juntos.

Los centros de menores de Ceuta y Melilla, donde recalan en primera instancia los menores de edad que llegan solos a nuestro país nadando, en patera o también ocultos en los bajos de vehículos, también son lugares donde habitualmente acuden a 'cazar' los pedófilos. Según explican varias sentencias de los tribunales territoriales y del Supremo, los pederastas aprovechan la situación extremadamente desvalida de estos menores para conseguir que se sometan a sus abusos a cambio de pequeñas cantidades de dinero o de algo de marihuana. Varios han sido condenados por hacerlo con menores de edad no acompañados.

Los casos se reproducen por todos los tribunales territoriales del país. En Albacete, por ejemplo, un hombre fue condenado el año pasado a más de tres años de cárcel por maltratar a una menor de edad tutelada por la Junta de Castilla-La Mancha. En abril del año pasado un joven fue condenado en el País Vasco por maltratar y abusar de una menor tutelada por el Consejo del Menor de Álava que se escapaba del centro en el que estaba interna. El caso destapado hace unas semanas tampoco es el primero de la Comunidad de Madrid. En 2018 un hombre fue condenado a seis años de cárcel por violar a una menor tutelada que estaba interna en un centro de menores. Un caso en el que el Ejecutivo regional se personó como acusación.