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jueves, 16 de noviembre de 2017

#hemeroteca #violencia | Camila Cienfuegos: “Pedimos perdón porque necesitamos sanar las heridas”

Imagen: El País / Camila Cienfuegos
“Pedimos perdón porque necesitamos sanar las heridas”.
La exguerrillera de las FARC Camila Cienfuegos habla de la etapa que se abre en Colombia tras el fin del conflicto armado.
Lula Gómez | El País, 2017-11-16
https://elpais.com/internacional/2017/11/15/colombia/1510757661_055016.html

Con 14 años dejó de su casa y se enmontañó, que es como dicen en Colombia, su país, para agarrar un fusil y meterse en la guerrilla. Tras toda su vida en la guerra, la comandante Camila Cienfuegos (Valle del Cauca, 1977) fue una de las mujeres de la insurgencia que estuvo en La Habana durante la larga negociación de la paz. Formaba parte de la subcomisión de género. Se declara feminista, a pesar de haber formado parte de un grupo fuertemente patriarcal, jerarquizado y acusado de utilizar la violencia sexual (al igual que otros grupos armados legales e ilegales) como un arma de guerra. Cienfuegos lo niega y recuerda los estatutos del grupo insurgente en pro de la igualdad de hombres y mujeres. Molesta ante la afirmación, reitera que jamás existió un mandato para que se dieran esas violaciones, y que si ocurrieron, señala, fueron siempre a modo particular. Terminada la entrevista y apagada la grabadora, pide reiterar ese punto y subraya el papel de la Jurisdicción Espacial para la Paz (JEP), que se encargará durante 15 años de juzgar a exguerrilleros de cualquier delito, violencia sexual incluida.

Pregunta. ¿Está Colombia hoy más cerca de la paz, tras un año de la firma del acuerdo?
Respuesta. Relativamente sí, formalmente la guerra ha terminado, pero mientras no se implementen los cambios que están en el papel, el avance no será real. Si no se ejecuta lo que firmamos, no habrá paz.

P. ¿Cuáles son las principales dificultades para que la paz sea haga efectiva?
R. La extrema derecha no quiere la paz. Nosotros hemos cumplido nuestra palabra y el Gobierno en parte, pero un sector de la sociedad no la quiere. Y uno de los motivos es que la paz tiene una gran desventaja: no genera dividendos, como lo hace la guerra.

P. Dicen que la indiferencia de parte de los colombianos mata más que las balas.
R. Sí, y esa parte de falta de solidaridad e insensibilidad también está en los medios de comunicación. De alguna forma parece que si no hay muertos, no hay titular. En Colombia nos hemos acostumbrado y no contamos con periodistas que sepan visibilizar la paz. Entre todos hicimos que la guerra fuera lo ordinario.

P. Usted nació en un país en guerra, se enroló en las filas de la insurgencia siendo una adolescente y hasta hace un año no supo qué era la dejación de armas. ¿Sabría qué es la paz?
R. La guerra no se vive simplemente por haber militado en las FARC, tiene muchas más dimensiones. La guerra son las bombas, la metralla, sí, pero también la miseria, el abandono del campo colombiano, la falta de atención a los derechos de las mujeres, que no tengan derecho a unas tierras, a una educación, a una vida más allá de la esfera privada…La paz es una reforma rural integral, es acceso a la educación, es que se respete el derecho a la vida, es hacer una política distinta de la del uso de las armas. Paz es respeto a la vida, que haya libertad de pensamiento, de opinión, que no nos asesinemos por decir lo que pensamos, es ejercer de verdad una democracia, también para nosotros [las FARC].

P. Habla de respeto a la vida. ¿Eso lo entenderán también las víctimas de las FARC?
R. Sí, porque nuestra lucha nunca pretendió hacer daño a nuestro pueblo. Siempre tuvo una intencionalidad política y buscó una salida negociada. Y si nos equivocamos alguna vez, hemos pedido perdón a quien hicimos daño. Sí, nos hemos acercado a esa gente a la que pudimos hacer daño y les hemos pedido perdón. Perdón porque necesitamos sanar heridas, reconciliarnos y dejar los rencores y odios. Si los que estábamos frente a frente nos hemos dado la mano y hablado con el adversario, que no enemigo, si hemos podido entender que nos enfrentamos innecesariamente porque ninguno entendía al otro… creo que debemos buscar entendernos. Porque además, a nosotros (exguerrilleros o activistas en defensa de los derechos humanos) nos siguen matando, prácticamente una persona por semana. La violencia sigue su curso en Colombia.

P. ¿Cómo es la vuelta a la sociedad civil, tras toda una vida en la guerra?
R. Nosotros siempre estuvimos en la sociedad, con las comunidades. Nosotros estábamos donde no estaba el Estado con escuelas, puestos de salud, construyendo carreteras… Vivíamos el día a día de esa sociedad históricamente marginada. Y seguimos con ellos, especialmente ahora, tras el acuerdo. Somos hijos e hijas de las comunidades y siempre hemos estado con ellos. Estamos trabajando en proyectos productivos y haciendo capacitaciones y pedagogía de la implementación de los acuerdos y de la importancia de incluir el enfoque de género en una nueva Colombia.

P. Sorprende en sus biografías que una de las primeras cosas que aparecen es su autodefinición como feminista.
R. Soy una firme defensora de las mujeres. Hay que tener en cuenta que a nosotras, un 30% de la organización, siempre nos han tachado de ser “las compañeras” , las asistentes y mujeres de los guerrilleros. Y eso no era cierto, en la guerrilla hombres y mujeres cocinaban, batallaban, aprendían y se formaban sin distinción de géneros. No se ha contado que somos mujeres empoderadas que luchamos por nuestros derechos, por el acceso a la tierra, por la igualdad, por participar en la esfera política, por todos los derechos vulnerados de las mujeres en Colombia y en todas partes.

miércoles, 16 de agosto de 2017

#hemeroteca #lgtbifobia #violencia | El colectivo LGBTI, víctima del conflicto en Colombia, reclama un trato diferencial

El colectivo LGBTI, víctima del conflicto en Colombia, reclama un trato diferencial.
Un informe registra más de 2.000 hechos violentos contra esta población durante medio siglo de guerra.
Sally Palomino | El País, 2017-08-16
https://elpais.com/internacional/2017/08/16/colombia/1502852923_958926.html

Darla Cristina González vivió el conflicto colombiano por dentro y por fuera de la guerrilla. Cuando tenía 13 años fue reclutada por las FARC. Siempre estuvo en riesgo de ir a un consejo de guerra y morir fusilada. Es transexual y se voló del grupo guerrillero por miedo. Ahora tiene 32 años y es la coordinadora de la mesa de víctimas en Nariño (Sur), desde donde reclama un trato diferencial para la población LGBTI que sufrió la guerra que por más de 50 años desangró al país.

“En esto todos tienen responsabilidad. Por el lado de la guerrilla se debería empezar, al menos, porque el secretariado de las FARC permita de su gente salga del closet. Con la entrega de armas los milicianos empiezan un nuevo camino, pero siguen estando bajo una estructura de obediencia de mando, en donde está prohibido ser gay, lesbiana o transexual”, dice Darla Cristina González, una de las más de 1.800 personas que aparecen en el registro de víctimas bajo la categoría LGBTI en más de 2.000 hechos violentos contabilizados durante el enfrentamiento entre la insurgencia y el Estado. La necesidad de que exista un trato diferencial para esta población en la implementación del acuerdo de paz ha sido retratada por la ONG Colombia Diversa en el informe 'Vivir bajo sospecha', que se presenta este miércoles en Bogotá.

En los casos que relata el documento se evidencia que el detonante para ser objeto de la violencia en medio del conflicto era simplemente ser o parecer diferente. Los hechos más denunciados son el desplazamiento forzado (73,3%), las intimidación (14,2%), los homicidios (5,3) y la violencia sexual (2,4%). Los victimarios fueron todos. Los golpes venían de la izquierda y la derecha. Las historias hablan de las FARC, los paramilitares, los agentes estatales.

En 2003, en Sucre, en el norte del país, alias El oso, uno de los líderes del bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (grupo paramilitar de derecha extrema) obligó a varios hombres gais a participar en peleas de boxeo en honor de su comandante. Fue en la plaza pública, delante de todo el pueblo “Este evento constituye un hecho de violencia por prejuicio que se demuestra por un trato discriminatorio donde las personas LGBT estuvieron forzadas al ridículo, la burla en su dignidad y la humillación pública”, señala el informe que pretende llamar la atención sobre la falta de reconocimiento de estas víctimas.

En el año 2000, un líder del frente 27 de la FARC obligó a Verónica (activista transexual) a revelar los nombres de todos los hombres gais y transexuales que conociera. Era una lista negra en donde debía señalar además con quienes había tenido relaciones sexuales. La orden fue seguida por la advertencia de abandonar el pueblo, en el Meta (en pleno centro del país). Verónica y su familia fueron desplazados.

Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, habla de las preocupaciones que persisten. “Para muchos no es claro que la discriminación es una violación a los derechos humanos y se ha naturalizado ese tipo de comportamientos”. Dice que el Estado no ha hecho el esfuerzo suficiente para que la condición de pertenecer a la comunidad LGBTI sea tomada como una clara motivación de homicidios y amenazas. Estos delitos -asegura- deben estar sujetos a otros criterios que no sean los mismos que se aplican a la población en general.

Se denuncia poco y hay un subregistro que está motivado justamente por esa falta de claridad que señala Sánchez, quien reitera las recomendaciones que según la organización que lidera debería tener en cuenta la jurisdicción especial para la paz. Menciona la reparación integral como clave para transformar las condiciones del contexto que permitieron que ocurrieran los hechos violentos y la implementación de medidas para la memoria como forma de garantía de no repetición, que visibilice la violencia por prejuicio hacia esta población.

“Necesitamos una política pública en ese sentido. Llevamos seis años trabajando en su construcción, pero no ha habido voluntad para sacarla adelante. Hay una polarización en el país que utiliza este debate como bandera, los intereses electorales parecen estar por encima de nosotros”, reclama Darla Cristina González, que recuerda que tras los cambios que se le hicieron al acuerdo de paz después de ganar el no en el plebiscito, los LGBTI fueron borrados de varios puntos. "Lo que se acordó quedó sobre todo en términos de hombres y mujeres. Nos quitaron mucho de lo que habíamos logrado", lamenta. Prácticamente quedaron solamente en el punto 5, el de las víctimas.

Reconocer públicamente la orientación sexual y la identidad de género en las zonas de conflicto armado sigue siendo para las personas que sienten diferente una sentencia de muerte, persecución o desplazamiento. Colombia Diversa recuerda que los grupos al margen de la ley arrasaron con poblaciones enteras y por la fuerza impusieron la heterosexualidad como la única forma de orientación sexual posible. “Como consecuencia de esa doctrina todavía muchas personas estar siendo rechazados", dice la exguerrillera que ahora lidera la política publica de diversidad de género en Nariño, en donde se mueve rodeada de escoltas. El país no le ha podido garantizar vivir como quiere. “El acuerdo con las FARC es una oportunidad para demostrar la responsabilidad de la sociedad. La discriminación no puede seguir estando en el juego político”.

sábado, 26 de noviembre de 2016

#hemeroteca #violencia | La Audiencia permite extraditar al ‘Enfermero de las FARC’, acusado de 300 abortos forzados

Imagen: El País / Héctor Albeidis Arboleda
La Audiencia permite extraditar al ‘Enfermero de las FARC’, acusado de 300 abortos forzados.
Héctor Albeidis Arboleda espera en prisión a que el Gobierno confirme su entrega a Colombia.
Fernando J. Pérez | El País, 2016-11-26
http://politica.elpais.com/politica/2016/11/25/actualidad/1480082526_479088.html

Héctor Albeidis Arboleda Buitrago, de 41 años, conductor de microbús y conocido como el ‘Enfermero de las FARC’, espera en prisión a que el Gobierno español confirme o rechace su entrega a Colombia. Las autoridades de ese país le reclaman como supuesto autor de unos 300 abortos forzados y en condiciones infrahumanas a guerrilleras “como medio para no perderlas como instrumento de guerra” entre 1998 y 2004. También le acusan de dejar morir a al menos tres recién nacidos, hijos de combatientes indígenas, a las que se castigaba con trabajos forzados por haberse quedado embarazadas.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional autorizó el pasado 27 de octubre la extradición de Arboleda, ciudadano con doble nacionalidad colombiana y española. El auto –resolución razonada- por el que se da vía libre judicial a la entrega recoge un relato escalofriante de la actuación de este “enfermero empírico”, carente de cualquier preparación formal para realizar las interrupciones de los embarazos.

Según el testimonio de al menos 19 víctimas, Arboleda, conocido con los alias de 'El Enfermero', 'El Médico', 'El Mono', 'El Zarco', 'Arbey' o 'Norbe', supuestamente practicaba los abortos sin anestesia ni instrumental quirúrgico, y en condiciones de absoluta falta de higiene, lo que muchas veces ocasionaba infecciones a sus víctimas. Algunas de sus intervenciones se realizaron en camillas de palo cubiertas con hojas, o en cuartos de hotel sobre camillas improvisadas en las que amarraba a las mujeres con plásticos de llantas. Otras veces, aseguran las mujeres que le reconocieron en fotografías, hacía los abortos en cadena sobre hojas de helecho y hierba seca sin siquiera limpiar la sangre y retirar los restos de los fetos. Varios testimonios hablan de interrupciones de embarazos con más de ocho meses de gestación.

Los hechos ocurrieron en los departamentos de Antioquía, Risaralda, Caldas y Chocó y fueron conocidos en el marco de la Ley 975 de Justicia y Paz aprobada por Colombia en 2005, durante el Gobierno de Álvaro Uribe. Esta norma, que facilitaba la desmovilización total del Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), una guerrilla derivada del Ejército de Liberación Nacional (ELN), establecía el compromiso de los combatientes de contar la verdad para acceder a beneficios penales.

En diciembre de 2012, un exguerrillero del ERG, Lisardo Caro, señaló a Arboleda como autor de los abortos forzados y señaló a algunas de las víctimas del falso enfermero. Entre los testimonios que se recabaron se menciona el nacimiento en el sector de Puerto de Oro (Risaralda) de un niño vivo en 2002 que murió por falta de asistencia. Además, otros dos recién nacidos fueron dejados supuestamente por Arboleda tirados sobre el plástico. “Advertía que no había nada que hacer porque las guerrilleras no podían criarlos y que había que dejarlos que murieran”, señala el auto. Cuando dejaban de respirar, El Médico “decía que los tiraran a un hueco en el que se echaban las necesidades del cuerpo”.

Torturas físicas y psicológicas
En la causa se especifican las torturas físicas y psicológicas a las que fueron sometidas las víctimas como castigo por haberse quedado embarazadas. Estas mujeres en algunos casos sufrían “la presión de ser ajusticiadas si se oponían a la intervención” abortiva. La investigación abierta en Colombia ha puesto de relieve que Arboleda “se concertó con los grupos guerrilleros” para llevar a cabo su actuación.

Estos delitos de torturas, abortos forzados, homicidio en grado de tentativa –en el caso de las mujeres- y asesinato –por las muertes de los recién nacidos- se produjeron en el contexto de un conflicto armado entre la guerrilla y el Estado colombiano. Por esa razón, los hechos relatados se conceptúan como crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. La defensa de Arboleda ha recurrido la decisión de la Sección Segunda ante el Pleno de la Sala de lo Penal, un movimiento jurídico con escasos visos de prosperar.

Para evitar su entrega a Colombia, el investigado alegó, entre otros motivos, que su condición de homosexual le acarrearía “represalias” en prisión. “No existe dato objetivo alguno que respalde dicha genérica invocación de hipotética vulneración en las prisiones del Estado reclamante de sus derechos”, señala la Audiencia Nacional española. Los jueces de la Sección Segunda, en un auto redactado por su presidenta, Concepción Espejel, recuerdan, además, que “las alegaciones genéricas sobre presuntas violaciones de derechos fundamentales” no están acogidas por la jurisprudencia como causa de denegación de la extradición. En todo caso, señala el auto, será el Gobierno español quien tenga la última palabra sobre el futuro de Arboleda.

miércoles, 24 de febrero de 2016

#hemeroteca #transexualidad | Darla

Imagen: El País / Darla Cristina González
Darla.
Sabía que su transexualidad era incompatible con el machismo en las FARC.
Ibsen Martínez | El País, 2016-02-24
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/24/america/1456350152_073498.html

Cuando, a mediados de los años noventa, fue reclutada por las FARC en su natal Sopetrán, una aldea del occidente antioqueño, la hoy activista de la comunidad LGTB colombiana Darla Cristina González, se llamaba Christian Camilo y tenía solo 13 años. En la escuela rural a la que asistía era conocida como “la niña Camila” y él no abrigaba ya dudas sobre sus preferencias sexuales. Pero decir “reclutar” es excesivo: Darla fue objeto, junto con otros tres menores, de un secuestro.

Aquel territorio comenzaba a ser disputado a las FARC, que llevaban ya años allí, por columnas del ELN (Ejército de Liberación Nacional), por los paramilitares del temido Ramón Isaza y por el Ejército.

El español hablado de Darla, quien hoy día cuenta 30 años de edad, destaca por la fuerza expresiva de sus arcaísmos y por la puntillosidad con que se sirve de los tecnicismos que plagan la jerga de las ONG de derechos humanos y de los organismos oficiales a cargo de la Ley de Víctimas. Pero su inusual inteligencia resplandece aún más cuando narra las peripecias que las últimas dos décadas de conflicto armado, que ya dura más de 60 años, impusieron a su vida desde que desertó de las FARC. Con ser extraordinaria, y a menudo inverosímil, la de Darla es apenas una historia personal más entre las de casi ocho millones de víctimas, oficialmente registradas, del prolongado conflicto armado colombiano.

En la ‘escuela de cuadros' de las FARC, Darla Cristina —como ha escogido llamarse desde hace años— descolló rápidamente y ganó la confianza de los comandantes por su disciplina, diligencia y, sobre todo, por su don de mando. Si bien admite no haber sido especialmente refractaria a la prédica ideológica, en su fuero íntimo sabía que su transexualidad era incompatible con el machismo prevaleciente en el grupo armado. Con todo, su paso por la guerrilla se hizo relativamente llevadero al ser asignada como ordenanza de un jefe guerrillero que no fue indiferente a los encantos del imberbe recluta andrógino.

Si bien Darla es enfática al decir que nunca hubo violencia de parte del comandante con quien compartía ‘cambuche’ (refugio improvisado en la selva para pernoctar), sí insiste en que su ilegal cautiverio propició un continuo abuso sexual. Pero solo decidió desertar —infracción que habría pagado con la muerte, de haber sido recapturada— después de que una guerrillera lesbiana fue ajusticiada tras ser sorprendida besándose con una compañera de armas.

A partir de entonces, el relato de Darla es el de una triple víctima: “Pobre, marica y desplazado”, dice. La espigada y guapa Darla adoptó aspecto y atuendo femeninos y se prostituyó durante largo tiempo, saltando de Cali a Buenaventura, de Bucaramanga a Medellín, siempre alternado la calle con la peluquería de señoras. Este último oficio la llevó a Ecuador, pero su ‘mésalliance’ con un proxeneta guayaquileño la forzó a regresar a Colombia y a la prostitución.

Fue en Pasto, conservadora ciudad del sur colombiano, donde decidió plantar cara al acoso policial y comenzó a organizar a sus compañeras trabajadoras del sexo.

El asesinato de su mejor amiga fue el disparador de una denodada nueva carrera que la llevó a dejar la calle para encabezar una ONG de derechos en pro de la comunidad lesbiana, gay y personas transgénero en un departamento que registra 90.000 víctimas de la guerra. Sobreviviente de la violencia política y de género, Darla es hoy candidata a concejal por el partido de los verdes y uno de los 52 integrantes de la Mesa Nacional de Víctimas. En su blusa ostenta un pin que reza ‘+ mujer, + democracia’.