El Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto la reedición de unos Pactos de la Moncloa al estilo de los de 1977 para hacer frente a las gravísimas consecuencias socio-económicas que tendrá el coronavirus. Muchos políticos y observadores han apoyado esa iniciativa, pero las similitudes de la situación actual con la de aquella época son tan escasas que prácticamente sólo tienen en común una grave recesión económica provocada por causas externas: la crisis del petróleo causada por el embargo árabe de crudo tras la guerra del Yom Kippur, en el primero, y la pandemia procedente de China, en el segundo.
La tesis es que una macro-concertación económica, política y social entre todos los partidos presentes en el Congreso, como la que logró Adolfo Suárez tras ganar las elecciones pero quedando lejos de la mayoría absoluta, es la única solución posible ante las secuelas sin precedentes que ya empieza a sufrir nuestra economía, además del cambio de modo de vida que la amenaza del virus impone a toda la sociedad.
No obstante, aquellos Pactos de la Moncloa siguen planteando muchas dudas sin resolver, así como numerosas preguntas sin respuestas inequívocas:
¿Por qué se negociaron los Pactos de la Moncloa?
Tras las primeras elecciones generales de junio de 1977, el vicepresidente para Asuntos Económicos del Gobierno, Enrique Fuentes Quintana, planteó a Suárez la necesidad de pactar con todos los grandes partidos presentes en el Congreso, puesto que la Unión de Centro Democrático (UCD) sólo tenía 165 escaños –frente a los 118 del PSOE de Felipe González y los 20 del PCE de Santiago Carrillo– y necesitaba amplio apoyo parlamentario para impulsar drásticas medidas económicas frente a una recesión desbocada.
La escalada de los precios del petróleo, que habían pasado de 1,63 a 14 dólares/barril en un solo año, y la crisis monetaria internacional –consecuencia de la decisión del presidente Nixon de poner fin a la paridad dólar-oro–, habían conducido a una inflación de más del 30% porque España no había reaccionado a esos desafíos, en los estertores de la dictadura. Acumulando una deuda exterior que triplicaba las reservas de oro y divisas del Banco de España, sin acceso a la Comunidad Económica Europea, con una débil industria basada en los bajos salarios y un elevado desempleo, el Gobierno de Suárez tenía que afrontar además el renacimiento del movimiento sindical reprimido durante el franquismo: en 1976 las huelgas sumaron cien millones de horas laborables.
¿Cómo se llevaron a cabo las negociaciones?
Fuentes Quintana tomó ejemplo de las negociaciones que estaba celebrando en Italia el Gobierno democristiano de Giulio Andreotti con la central sindical comunista CGIL, para un acuerdo de concertación frente a la crisis económica internacional. Así que propuso a Suárez pactar ante todo con Comisiones Obreras (CCOO), sindicato controlado por el Partido Comunista de Carrillo, porque eran claramente mayoritarias en el movimiento sindical. Aunque aquel mes de agosto también negoció con la socialista Unión General de Trabajadores (UGT), que en un principio rechazaba el acuerdo.
Así que Suárez pactó primero con Carrillo, quien accedió a hacer que los trabajadores se apretasen el cinturón a cambio de una Ley de Amnistía que pusiera en libertad a los militantes encarcelados por el franquismo, y después atrajo a la mesa de negociación a González, que en un principio era remiso a consolidar el Gobierno de UCD, puesto que estaba bien situado electoralmente para desbancarlo. Pero el líder del PSOE no podía quedar al margen de un concierto socio-económico de esa magnitud y en septiembre entró también en las negociaciones. La suma de esas tres fuerzas principales (que reunían 303 escaños) obligó a participar a casi todas las demás y a principios de octubre se celebraron las sesiones finales con casi todos los partidos con representación parlamentaria. El 25 de ese mes, los líderes rubricaron el ‘Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía’ y el ‘Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política’, que serían conocidos como Pactos de la Moncloa.
¿Quiénes fueron los protagonistas?
Además de Suárez (con Leopoldo Calvo-Sotelo, por UCD), Carrillo y González (junto a Enrique Tierno Galván, quien lideraba el Partido Socialista Popular, con 6 escaños, que luego se integraría en el PSOE, así como Josep Maria Triginer, de la Federación Catalana del PSOE y Joan Reventós, entonces de la Convergencia Socialista de Catalunya, luego PSC), participaron también en las negociaciones los líderes de los otros partidos más representativos, incluido el exministro de la dictadura Manuel Fraga, quien había obtenido 16 escaños con Alianza Popular. Fraga acabó firmando el acuerdo económico, pero no el político.
Por parte de las formaciones nacionalistas, estuvieron presentes Miquel Roca, por Convergència i Unió (la candidatura de coalición Pacte Democràtic per Catalunya, de Jordi Pujol, había obtenido 11 diputados), y Juan Ajuriaguerra, por el Partido Nacionalista Vasco (con 8 escaños).
Al final, el acuerdo fue también apoyado, aunque no rubricado presencialmente, por CCOO, UGT y la Patronal. La anarcosindicalista Confederación Nacional del Trabajo (CNT) rehusó firmar esos acuerdos.
¿Qué reformas económicas se pactaron?
Fundamentalmente, el peso del ajuste se hizo recaer en los asalariados, ya que se estableció la obligación de incrementar los salarios en base a la inflación prevista y no a la pasada –con el objetivo de que los salarios no aumentasen en 1978, de media, más de la inflación prevista del 22%–, y los sindicatos renunciaron a recuperar el poder adquisitivo perdido por la elevadísima inflación en 1977.
Igualmente, se estableció por vez primera la contratación temporal, y se reconoció el despido libre con un límite del 5% de la plantilla de cada empresa, sentando las bases de un mercado laboral de corte económico liberal, pero sin que la economía española se hubiera desarrollado previamente en el ámbito de los programas sociales y las conquistas sindicales como en el resto de la Europa democrática.
En el campo macroeconómico, se recurrió a la devaluación de la peseta y la contención de la masa monetaria, se emprendió la reforma de la Administración Tributaria y se tomaron medidas de control financiero a través del Banco de España.
¿Qué conquistas sociales, jurídicas y políticas se lograron?
A cambio de aquellos sacrificios de los trabajadores, el segundo acuerdo jurídico y político (que se negó a firmar Fraga y su Alianza Popular, precursora del Partido Popular) estableció unos "objetivos de política legislativa a corto plazo" que incluían la libertad de expresión y de Prensa; el derecho de reunión y de manifestación; el derecho de asociación política, con un rápido registro de los partidos mediante un "proceso judicial sumario";
la despenalización del adulterio y amancebamiento, la legalización de los anticonceptivos y la modificación de las edades de la mujer para el rapto y el estupro; así como el reconocimiento de otras "libertades públicas".
Igualmente, se dispuso la revisión del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, del Código de Justicia Militar y de la Ley de Orden Público. Asimismo, se anunció la "reorganización de los cuerpos y fuerzas de orden público" en base al "mantenimiento de la paz pública, seguridad ciudadana, ejercicio de los derechos y libertades y guarda física de los espacios urbanos y rurales".
¿Que efectos positivos tuvieron?
En términos macroeconómicos, la inflación se contuvo y bajó al 16% a finales de 1978, y se duplicaron las reservas de divisas, al controlarse también la cantidad de dinero en circulación. Igualmente efectivas fueron las medidas de reducción del déficit público, el control de la liquidez y solvencia bancarias, y la reforma fiscal para la universalización del pago de impuestos.
En cuanto a las reformas democráticas, se sentaron las bases de la Constitución del 78, con la redacción de un Estatuto de los Trabajadores que reforzó
el poder negociador de los sindicatos y el establecimiento de plenas libertades de asociación, reunión, expresión y manifestación.
¿Qué consecuencias negativas causaron?
La política económica de la siguiente década se fundamentará a partir de ese momento en limitar el crecimiento salarial por debajo de la inflación prevista, de forma que los aumentos de sueldos aprobados en los convenios colectivos reducirán año tras año el poder adquisitivo de los trabajadores, hasta 1987, como se puede ver en el siguiente gráfico:
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| Evolución de inflación y salarios entre 1978 y 1988 |
Estas políticas de contención salarial, asumidas por los sindicatos, no sólo sentaron las bases de la precarización del mercado de trabajo en España –acompañadas por la instauración de los contratos temporales y el despido libre–, sino que causaron una profunda decepción de los trabajadores, que se desmovilizaron de manera notable:
En 1978 estaba afiliado sindicalmente el 54,37% de los asalariados, porcentaje que se redujo al 22,23% en 1980 y a sólo el 11,35% en 1984, según datos aportados por la doctora en Economía Kertsin Hamann, de la Washington University, en ‘Afiliación, movilización y aliados políticos: las incógnitas del poder sindical español (1970-1988)’.
