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sábado, 22 de enero de 2022

#hemeroteca #racismo | Suecia esterilizó a "indeseables" hasta hace 25 años para depurar la raza y uno de los culpables fue el siniestro Lundborg, antecesor de Vallejo-Nájera

Público / Herman Bernhard Lundborg //

Suecia esterilizó a "indeseables" hasta hace 25 años para depurar la raza y uno de los culpables fue el siniestro Lundborg, antecesor de Vallejo-Nájera.

La espeluznante investigación de higiene racial que realizó el sueco Herman Bernhard Lundborg entre los sami apuntaló intelectualmente la esterilización de "idiotas", indígenas, gitanos y personas vulnerables. El charlatán antisemita anticipó al Mengele español, el franquista Vallejo-Nájera, quien tachó el comunismo de retraso mental.
Ferran Barber | Público, 2022-01-22
https://www.publico.es/internacional/suecia-esterilizo-indeseables-25-anos-depurar-raza-culpables-siniestro-lundborg-antecesor-vallejo-najera.html

El primero de los directores del Instituto sueco para la Biología Racial de Uppsala (Suecia) Herman Bernhard Lundborg (1868-1943) lo tenía muy claro: los nórdicos constituyen la raza superior y cualquier clase de mestizaje con indígenas sami de Laponia, romaníes, judíos, tornedalianos, fineses u otras minorías raciales debilitaría al pueblo escandinavo, al que atribuía el mayor grado de perfección humana incluso mucho antes de que nazis como el doctor Mengele trataran de servirse de la ciencia para apuntalar sus criminales desvaríos racistas. Tal y como firma la escritora Maja Hagerman, autora de un libro y un documental sobre los experimentos de Lundborg con los sami, "colegas investigadores de Alemania, que más tarde se convertirían en influyentes expertos raciales y dictarían sentencias de muerte en el Tercer Reich, miraban con envidia a través del Mar Báltico hacia Suecia, donde se había creado el primer instituto racial del mundo".

El Instituto estatal sueco de Biología Racial de Uppsala, fundado en 1922, contribuyó de forma muy significativa a que esas teorías eugenésicas se extendieran por Alemania, Estados Unidos o el resto de países escandinavos. Para sustentar sus atroces prejuicios, Lundborg viajó a Laponia por primera vez en 1913 y comenzó a tomar medidas craneales de nativos a quienes alentaba a desnudarse. Tomaba fotografías, comparaba fisonomías, analizaba los pelos del pubis y, finalmente, clasificaba a los sujetos de su estudio en "superiores" o "inferiores". Fue solo el primero de los muchos viajes que realizó a Sapmi -denominación nativa de Laponia- con la intención de legitimar el desvarío racista de la superioridad nórdica. Se había obstinado en demostrar que los indígenas son braquicéfalos o de cráneo corto, a diferencia de los escandinavos, que eran dolicocéfalos o de cráneo alargado, lo que a su juicio ejercía también una influencia en la impronta moral de los individuos. No había de pasar mucho tiempo para que los científicos nacionalsocialistas con los que se carteaba le imitaran y crearan el Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología.

Tuvo sexo y procreó con una "raza inferior"
Lo más sorprendente de la historia del pseudocientífico antisemita sueco es que él mismo terminó mezclándose, teniendo sexo y procreando, con una mujer perteneciente a uno de los grupos del tipo equivocado. A la postre, esa fue la razón por la que la periodista Maja Hagerman se decidió a escribir un libro sobre Lundborg. "No tenía la intención de escribir una biografía completa, pero eso cambió cuando descubrí la identidad de su amante María, nativa del norte de Sapmi (Laponia). Al contratarla como limpiadora en su oficina de Uppsala y dejarla embarazada casi de inmediato, arriesgó su reputación como la principal autoridad en temas raciales. Constantemente, advertía a los suecos sobre la amenaza de otras razas. Entonces, ¿en qué estaba pensando?".

A la postre, Lundborg trató a los sami como a insectos a los que categorizaba y estudiaba. Las miles de fotografías que tomó fueron halladas en perfecto estado muchos años después de su muerte, lujosamente encuadernadas en voluminosos libros apilados en las instalaciones del antiguo instituto de biología racial. Ni siquiera sabían que eso estaba allí. Y ello trajo nuevamente a colación el trauma colectivo que causó su investigación. Nunca les explicó lo que se traía entre manos pero cuando la verdad se conoció, se sintieron humillados.

Quieren los huesos de sus ancestros
La percepción social de que pertenecían a una raza inferior no la inventó Lundborg. La designación común de sami -lapón- es un exónimo que significa también idiota y vagabundo, razón por la que ha caído en desuso en la propia Suecia en el nombre de la corrección política. Sin embargo, el charlatán racista brindó magníficas coartadas a las compañías mineras o funcionarios del Gobierno que literalmente despojaron y siguen despojando de sus tierras y de sus recursos a los sami. En última instancia, sus estudios terminaron inspirando campañas de esterilización de "indeseables" que se prolongaron, de diferentes modos, hasta mediados de los noventa, gracias, entre otras cosas, a la simpatía de los injustamente idealizados socialdemócratas suecos. Y el problema extiende sus oscuras sombras hasta hoy de diferentes modos porque las heridas no han sido restañadas todavía.

"El proceso de 'suecificación' de los indígenas fue muy duro", dice el presidente del parlamento sami Stefan Mikaelson. "La discriminación institucional estructural está basada en el racismo. Los nativos eran vistos como menos valiosos en comparación con los pueblos de la sociedad dominante".

Lo que vino a hacer Lundborg es echar algo más de leña al fuego de su marginación histórica. Hace solo una semana, los sami organizaron una protesta finalmente cancelada en Uppsala para reclamar que la universidad devuelva los restos óseos y cráneos que aún conserva. Esta es una de las peticiones más largamente planteadas por los sami. "Todavía hay mucho material allí. Hace unos diez o doce años nuestro parlamento hizo una declaración común para que se repatriaran esos restos, independientemente de la institución en la que estén almacenados", asegura Stefan Mikaelson. "Y mucho más recientemente, una de las organizaciones sami volvió de nuevo a demandarlo".

Se sabe que la universidad alguna vez tuvo 57 cráneos y seis esqueletos de sami, mezclados junto a los de colonos y los de reclusos muertos en prisión cuyos cadáveres eran entregados por el Gobierno sueco a la ciencia hasta el decenio de 1950. En noviembre pasado, el Ejecutivo del país trató de enmendar sus errores del pasado comprometiéndose a crear una comisión de la verdad que examinara el trato que el país ha dado a la minoría sami en el pasado. No hay dudas de que este era antaño pésimo, y según el escritor austriaco Gabriel Kuhn, autor del libro ‘Liberating Sápmi: Indigenous Resistance in Europe's Far North’, tampoco la hay de que lo sigue siendo ahora.

En 2007, la sesión plenaria del parlamento sami exigió a los Gobiernos nórdicos que identificaran todo el material óseo que se encuentra en todas las colecciones nacionales para su posterior repatriación a donde pertenezcan. Esta organización de carácter consultivo desea también saber cómo se consiguió ese material y donde se llevaron a cabo los expolios y profanaciones de cementerios sami. En opinión del órgano presidido por Stefan Mikaelson, "no debe subestimarse la importancia de los restos humanos que se almacenan en un estante en una institución sueca. Un funeral es un evento importante en la comunidad sami donde toda la familia se reúne y honra a los muertos con su presencia". Que sigan todavía almacenados en esas colecciones estatales solo refuerza, en su opinión, las viejas actitudes colonialistas y discriminatorias que todavía sufren.

Devolución de restos óseos
Las primeras devoluciones se produjeron en 1997 en Noruega. Eran los cráneos de Mons Sombys y Aslak Haettas, retornados por el instituto anatómico en Oslo y posteriormente sepultados en la Iglesia Talvik de Alta, en Noruega. Hubo otra repatriación en Suecia have veinte años, la del Soejvengeelle u hombre sombra, cuyos restos habían sido legalmente saqueados en los 50 por el investigador Ernst Manker.

Hace dos meses, el rector de la Universidad de Uppsala solicitó permiso al Gobierno sueco para devolver a la Asociación Sami de Arjeplog un esqueleto encontrado en el Museo de la Universidad Gustavianum. Los restos pertenecen a un condenado que cumplió cadena perpetua en la prisión central de Långholmen y que estaba registrado en la iglesia de la parroquia de Arjeplog.

Tanto el saqueo de sus cementerios, como las mediciones anatómicas u otros tratos humillantes fueron justificados y alentados por Lundborg y su Biología Racial, que junto con las ideas darwinistas de la época condujeron, por ejemplo, a leyes que prohibían el matrimonio a los deficientes mentales (1915) y algo más tarde a decretos (1934 y 1941) que permitían la esterilización o la marginalización de sami, tornedalianos, fineses, gitanos, disminuidos psíquicos o personas con trastornos mentales. Los ingenieros sociales suecos pensaron que podrían mejorar la sociedad para las generaciones mediante campañas de esterilización.

En 2014, el propio Gobierno reconoció que había estado esterilizando, persiguiendo e impidiendo la entrada en el país a los gitanos durante el siglo precedente. Junto al ‘mea culpa’ de Estocolmo, volvieron a resonar los ecos del instituto de Lundborg y todos los esfuerzos para imprimir legitimidad científica a la noción racista de "blanquedad". Durante su retiro en Alemania, su antisemitismo se fortaleció más todavía.

Gracias a una comisión relatora creada para investigar lo sucedido se sabe que Suecia esterilizó a 230.000 personas entre 1935 y 1996 en el contexto de un programa basado en la eugenesia y los conceptos de "higiene social y racial". Las 63.000 esterilizaciones practicadas entre 1934 y 1975 tenían por finalidad garantizar la pureza de la raza nórdica. Esto fue posible, entre otras cosas, a leyes aprobadas con el consenso de todas las formaciones políticas del país. Ni la caída del nazismo marcó un hito en estas "soluciones finales" a la sueca. Ellos siguieron a la suya mientras la prensa internacional divulgaba panegíricos sobre las bondades de las sociedades escandinavas.

El Mengele español

Entre mediados de los setenta y 1996 se esterilizaron a otras 166.000 personas, en la mitad de los casos de un modo consentido. El grueso de las víctimas de los últimos años fueron madres solas con hijos, alcohólicas, personas con patologías psiquiátricas o que vivían en la marginalidad. En las tandas anteriores, fueron los gitanos y los sami quienes se llevaron la peor parte.

Campañas semejantes fueron también implementadas en Francia, Canadá, EEUU, Suiza, Austria, Finlandia y Dinamarca. El máximo exponente de la eugenesia en nuestro país es el psiquiatra franquista Antonio Vallejo-Nájera, quienes estudió en 1939 a presos republicanos con la esperanza de demostrar "la perversión moral" de la izquierda.

Para mayor gloria del caudillo, el palentino creía haber identificado un "gen rojo" que predisponía a la perversión sexual e ideológica. El aprendiz español de eugenista no podía plantear una teoría racial en una sociedad mestiza como la española, pero colaboró y fue fuertemente influido por los nazis que anteriormente habían rendido pleitesía a Lundborg. El palenciano todavía posee un paseo con su nombre en Madrid. En 2010, miembros del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid retiraron la placa de la vía y la reemplazaron por otra con el nombre de Calle contra la Impunidad.

lunes, 19 de noviembre de 2018

#hemeroteca #esterilizacion | La esterilización forzada a mujeres indígenas canadienses: un asunto muy reciente

Imagen: Google Imágenes
La esterilización forzada a mujeres indígenas canadienses: un asunto muy reciente.
Esta práctica terminó oficialmente en 1973, pero investigaciones y testimonios indican casos posteriores. Una senadora pide poner en marcha un estudio para conocer su verdadero alcance a nivel nacional.
Jaime Porras Ferreyra | El País, 2018-11-19
https://elpais.com/sociedad/2018/11/19/actualidad/1542617481_896389.html

Las esterilizaciones forzadas a mujeres indígenas en Canadá cesaron oficialmente en los años setenta, sin embargo, investigaciones y testimonios indican que estos procedimientos se siguieron practicando décadas después y se teme que todavía se den casos. La senadora Yvonne Boyer ha pedido a sus pares legislativos que se lleve a cabo un estudio para conocer el alcance real de esta práctica a nivel nacional. “Me han contactado muchas mujeres de todo el país pidiendo ayuda”, declaró el pasado 11 de noviembre a ‘The Canadian Press’. Boyer mencionó la tragedia de Liz, obligada a abortar y a someterse a una ligadura de trompas en un hospital de Ontario a los 17 años.

En el terreno legal, solo dos provincias canadienses permitieron esta práctica, que se cebó especialmente con las mujeres de los grupos autóctonos. La ley en Alberta estuvo vigente de 1929 a 1972 y la de Columbia Británica de 1933 a 1973, con 2.800 y 400 esterilizaciones respectivamente. No obstante, existen registros de esos años sobre este procedimiento en otras provincias y territorios.

La creencia extendida es que estas esterilizaciones habían acabado en los setenta, hasta que el diario ‘StarPhoenix’ y la cadena ‘CBC’ presentaron una serie de reportajes en 2015 con testimonios de algunas mujeres sometidas a este método, entre 2008 y 2012, en hospitales de Saskatoon (provincia de Saskatchewan). A raíz de los señalamientos mediáticos, las autoridades sanitarias de esa ciudad encargaron una investigación independiente a dos expertas de ascendencia indígena: Judith Bartlett, profesora de medicina en la Universidad de Manitoba, e Yvonne Boyer, abogada especializada en derechos humanos.

Bartlett y Boyer presentaron su informe en julio de 2017. A pesar del clima de miedo y desconfianza, lograron hablar con siete mujeres que fueron forzadas a la esterilización en Saskatoon. Casi todos los casos ocurrieron entre 2005 y 2010. “Me insistieron en que el procedimiento era para no superar el tamaño óptimo de una familia”, “el médico me indicó que era el único método para no quedar otra vez embarazada”, “me hablaron con términos técnicos que no comprendí y me sentí forzada a firmar la autorización”, son algunos de los testimonios que aparecen en el documento. Las expertas concluyeron que las mujeres fueron víctimas de discriminación y prejuicios, dentro de un sistema que refleja la herencia del colonialismo y que provoca recelos en el momento de solicitar otros apoyos sanitarios.

El día en que se hizo público el informe, Jackie Mann, vicepresidenta de los servicios de salud de Saskatoon, presentó disculpas oficiales en una conferencia de prensa. “Siento profundamente que estas mujeres hayan sufrido la ligadura de trompas sin su consentimiento, que no hayan sido tratadas con el respeto y la compasión que se merecían y que no hayan obtenido la ayuda que requerían. Ninguna mujer merece ser tratada de esta forma”, expresó entre sollozos.

Poco tiempo después, Yvonne Boyer comenzó a recibir mensajes de otras mujeres indígenas, tanto de Saskatoon como de otras provincias, afirmando que habían vivido las mismas experiencias. Liz fue una de ellas. Boyer se convirtió en senadora en marzo de 2018 y espera que su petición cuente con el respaldo de la cámara alta canadiense. Jagmeet Singh, líder del Nuevo Partido Democrático, escribió en Twitter el 12 de noviembre que la esterilización de mujeres autóctonas constituye una grave violación a los derechos humanos y pidió al Gobierno de Justin Trudeau que ponga fin a este procedimiento en todo el país. Cabe señalar que, de acuerdo al Estatuto de Roma, esta práctica es un crimen de lesa humanidad. La Asociación de Mujeres Indígenas y Amnistía Internacional Canadá manifestaron también sus críticas.

Como respuesta, la ministra de servicios indígenas, Jane Philpott, declaró que la esterilización forzada de las mujeres indígenas representa una violación muy grave a los derechos humanos. “Sabemos que los pacientes de estos grupos pueden enfrentar barreras sistémicas para acceder a los servicios médicos, incluidos el racismo y la discriminación. Todos tenemos un papel que desempeñar para garantizar que los pueblos autóctonos reciban atención de calidad y sin prejuicios”, señaló.

William Olscamp, portavoz de este ministerio, comenta que tienen la determinación de trabajar con todos los sectores con el fin de mejorar las normas de servicios de salud para los pueblos indígenas. Sin embargo, precisa los distintos niveles de competencias: “En Canadá, toda medida sanitaria debe ser tomada en consenso, ya que los servicios son ofrecidos principalmente por las provincias y territorios, a excepción de las reservas. Dado que solo los médicos en ejercicio pueden exigir que se practique una intervención como la ligadura de trompas, también se debe consultar a los grupos que regulan esta profesión. A su vez, las políticas de consentimiento se administran a nivel local en los hospitales. Es por ello que las gerencias de los hospitales y sus supervisores también deben contribuir para prevenir esta práctica”.

En octubre de 2017, dos mujeres presentaron una demanda contra el Gobierno de Saskatchewan, las autoridades de salud regional, algunos médicos y el Gobierno federal. Argumentan que sufrieron esterilización forzada y piden una indemnización de siete millones de dólares canadienses (unos 4,7 millones de euros) para cada una. De acuerdo a la demanda, el procedimiento médico tuvo un impacto considerable en su salud física, mental y emocional, además de que les quitó la posibilidad de procrear más hijos y afectó a sus relaciones de pareja.

La demanda incluye detalles sobre estas experiencias. “En 2001, la afectada dio a luz por parto natural y fue llevada al quirófano poco tiempo después para ser esterilizada. Ella protestó, pero nadie le hizo caso. No recuerda haber firmado la autorización. El médico exclamó tras haberle realizado el procedimiento de ligadura de trompas: 'Cortadas, atadas y quemadas. Listo. Ya nada pasará por ahí”, señala el documento. Otra descripción, sobre un caso ocurrido en 2008: “Los profesionales de la salud le plantearon el procedimiento cuando se encontraba en situación de vulnerabilidad. Le pidieron su aprobación por escrito momentos antes de que se le realizara una cirugía de emergencia, mientras se le administraban opiáceos y bajo un dolor asociado con el trabajo de parto activo”.

Alisa Lombard pertenece a Maurice Law, despacho que se encargó de elaborar la demanda. Es la primera firma de abogados en Canadá fundada por miembros de pueblos indígenas. “Hasta el momento nos han contactado unas 70 mujeres. La mayoría son originarias de la provincia de Saskatchewan, pero también de Columbia Británica, Manitoba, Alberta y Ontario. El caso más reciente habría ocurrido en 2017”, afirma. La demanda aun no ha sido admitida como recurso colectivo. “Tenemos que esperar la decisión del juez, ya que debe estudiar muchos elementos. También está la posibilidad de llegar a un acuerdo fuera de los tribunales”, añade. En los próximos días, Lombard estará en Ginebra para exponer estas esterilizaciones ante un comité de las Naciones Unidas. Hablará sobre una deplorable práctica que se creía erradicada en Canadá desde hace varias décadas.

viernes, 19 de enero de 2018

#hemeroteca #demografia | Perplejidad en Reino Unido por la propuesta de un ‘torie’ de esterilizar a los desempleados

Imagen: El País / Theresa May (c) y Ben Bradley (d)
Perplejidad en Reino Unido por la propuesta de un ‘torie’ de esterilizar a los desempleados.
Ben Bradley, uno de los vicepresidentes del partido conservador, escribió en su blog en 2012 que Reino Unido se iba a ahogar "en un mar de derrochadores desempleados".
El País, 2018-01-19
https://elpais.com/internacional/2018/01/18/mundo_global/1516287515_636234.html

El diputado conservador británico Ben Bradley, que también es uno de los vicepresidentes del partido liderado por la primera ministra Theresa May, escribió en una entrada de su blog en 2012 que las personas sin trabajo deben optar por realizarse vasectomías gratuitas en lugar de seguir teniendo hijos que no pueden mantener, según ha informado esta semana el diario 'The Guardian'. En su artículo, Bradley afirmaba que el país pronto se "ahogaría en un vasto mar de derrochadores desempleados" si las familias en paro tienen cuatro o cinco hijos mientras que otros se limitan a uno o dos. El ‘torie’ escribió el texto en apoyo a la medida de limitar las ayudas a las personas en edad de trabajar a 26.000 libras anuales (29.500 euros) que quería introducir el Gobierno de David Cameron en 2012. El tope, fijado en 23.000 libras (26.000 euros), fue impuesto finalmente en enero del año pasado por el Ejecutivo de May.

Bradley, de 27 años, entró en el Parlamento en junio de 2017 tras derrotar al laborista Alan Meale en Mansfield, una ciudad del centro de Inglaterra. A una de las vicepresidencias de la formación conservadora llegó este mes de enero después de que May renovase la cúpula del partido conservador para recuperar el pulso político perdido. En el texto, que ya ha sido borrado de su web y por el que ha pedido disculpas, Bradley decía: "Es horroroso que haya familias que puedan ganar mucho más que el salario promedio solo porque tengan diez hijos. Lo siento, pero tener hijos es una elección; si no puedes mantenerlos, ¡no los tengas! Las vasectomías son gratis". La medida del Ejecutivo que Cameron quería introducir para limitar las ayudas a personas en edad de trabajar afectaba al subsidio de empleo, al de vivienda, a las ayudas por hijos y para cuidadores.

"Hay cientos de familias en Reino Unido que ganan más de 60.000 libras en ayudas estatales sin mover un solo dedo porque tienen muchos hijos (¡y para el resto de nosotros ese es un salario de más de 90.000 libras antes de impuestos!)", continuaba la publicación del diputado conservador. Y añadía: "Las personas tienen que ser responsables de sus propias vidas, y si tienen dificultades pero trabajan duro para salir adelante, entonces sí deberían obtener ayudas. Pero si eligen tener diez hijos, deben responsabilizarse de esa elección y cuidar de ellos, ¡no esperar que todos los demás paguen la cuenta!".

Contra el tope de las ayudas a las personas en edad de trabajar fijado por May se levantaron voces críticas de la izquierda y de colectivos sociales. Según estas organizaciones, las familias grandes iban a ser las que más sufrieran este recorte. Además, el diputado laborista Cat Smith, dijo este martes: "Estos comentarios repugnantes exponen la actitud vergonzosa de los 'tories' con las personas desempleadas. Que vengan de un hombre que Theresa May eligió como vicepresidenta de su partido dice mucho".

Bradley, que ha defendido en varias ocasiones que los conservadores cambien su marca para acercarse a los votantes más jóvenes, ha pedido perdón: "Me disculpo por estos mensajes. Mi tiempo en política me ha permitido madurar y ahora me doy cuenta de que este lenguaje no es apropiado".

miércoles, 5 de abril de 2017

#hemeroteca #transfobia | Suecia propone indemnizar a 800 transexuales esterilizados de forma forzosa

Imagen: El País / Aleksa Lundberg (i)
Suecia propone indemnizar a 800 transexuales esterilizados de forma forzosa.
Las víctimas sufrieron cirugías irreversibles para obtener una reasignación de género entre 1972 y 2013.
Sara Rosati | El País, 2017-04-05
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/31/actualidad/1490978809_087425.html

“Mi doctor me miró fijamente a los ojos y me amenazó: ‘Si intentas tener hijos, no podrás ser una mujer nunca”. Aleksa Lundberg, una transexual sueca de 35 años, tuvo que pasar por una esterilización forzosa para poder acceder a un cambio de identidad de género. La actriz empezó el tratamiento hormonal a los 17 años y para los 21 ya estaba castrada. “Quería vivir mi vida y tener un DNI que me representara así que no tuve elección”, dice al otro lado del teléfono. Admite que en aquel entonces no llegó a asimilar del todo que no podría tener hijos jamás.

El Gobierno sueco ha propuesto una ley para garantizar una indemnización de 23.500 euros a las personas que fueron esterilizadas forzosamente para conseguir una reasignación de identidad de género. Hasta 800 transexuales se sometieron a cirugías irreversibles de castración para acceder al cambio entre 1972 y 2013. También se les prohibía congelar óvulos o esperma para que no se reprodujeran tras el cambio de sexo. Era una condición que, si se llegaban a saltar, podía paralizar el proceso. La ley provenía de una antigua ordenanza de 1941, que ya en los setenta el Gobierno consideraba obsoleta. Aun así, tuvieron que pasar 41 años para que fuera reconsiderada. El ministro de Salud, Gabriel Wikstrom, ha afirmado que “la esterilización como condición” para un cambio de sexo “es una concepción que se distancia de la sociedad actual”.

En 2009 el Consejo Europeo pidió a todos los países miembros que abolieran el requisito de someterse a una esterilización para lograr un cambio legal de género. Sin embargo, en Suecia continuaron hasta el 1 de julio de 2013. Ese cambio incluye un nuevo nombre en el registro civil, pasaporte y número de la Seguridad Social. Suecia tiene una oscura historia de esterilizaciones forzadas por motivos de limpieza étnica, que afectaba principalmente a la población gitana, por inestabilidad mental o, simplemente, si la administración consideraba que una mujer tenía demasiados hijos. Cerca de 63.000 personas fueron esterilizadas de forma forzosa entre 1935 y 1975, según un informe del Estado publicado en el 2000 citado por Reuters.

La indemnización no es suficiente para la Federación Sueca para los Derechos del colectivo LGTBQ (RFSL por sus siglas en sueco). Pese a que el daño físico y moral de las víctimas es irreversible, piden al Estado que la indemnización sea de 300.000 coronas (31.400 euros). “Para poder perdonarles en mi corazón, necesitaría una indemnización digna y unas disculpas”, dice Aleksa. Finlandia, Suiza y Grecia todavía exigen a las personas transexuales que se esterilicen para poder realizar el cambio, según Transgender Europe.

Aunque nadie le ha pedido perdón, Aleksa aún espera un gesto que le permita reconciliarse con “un Estado sistemáticamente discriminatorio”. Mientras llega, continúa con su vida. Anoche se metió en la piel del Kung Cristina (El Rey Cristina) en el Strindberg, un céntrico teatro de Estocolmo. El Parlamento debe ahora analizar y debatir la propuesta de ley presentada por el Gobierno, liderado por los socialdemócratas y apoyado por los verdes.

Aleksa fue la primera persona ‘trans’ en Suecia en terminar una formación teatral en la universidad. “Tuve que presentarme mil veces hasta que conseguí que me admitieran”, se lamenta. Cuando salió de la universidad de Gotemburgo le costó conseguir papeles que no la encasillaran. Para sortear los prejuicios de la industria del cine por su condición de transexual, decidió producir sus propios ‘shows’. “Soy actriz, puedo interpretar a una roca”, dice entre risas. Ha tenido pequeños papeles en películas comerciales y, desde otoño de 2016, tiene un espectáculo llamado ‘Seré libre’.

La actriz celebra que Suecia haya progresado en el trato a los transexuales en los últimos años. “Ya no nos consideran enfermos mentales, ni nos castran, pero todavía queda mucho, mucho por hacer”. Hace cinco años la cuestionaban continuamente, ahora Lundberg siente que cada vez más personas la escuchan y la entienden. “Solo estamos en el principio de un gran cambio”.

lunes, 6 de marzo de 2017

#hemeroteca #mujeres #diversidadfuncional | Mujeres con discapacidad: las mismas desigualdades, peores efectos

Imagen: El Diario / 'No estamos locas, sabemos lo que queremos'
Mujeres con discapacidad: las mismas desigualdades, peores efectos.
La múltiple desventaja de sufrir discriminaciones por razón de género y de discapacidad tiene consecuencias negativas de mayor grado. 1,4 millones de mujeres tiene una discapacidad reconocida administrativamente en España, 232.494 de ellas en Andalucía. La carencia formativa, la autopercepción negativa, la sobreprotección familiar o los prejuicios entre los empleadores, factores a tener en cuenta.
Javier Ramajo | El Diario, 2017-03-06
http://www.eldiario.es/andalucia/mujeres-discapacidad-laboral-interseccion-deseigualdades_0_619438123.html

Con 28 años, se echó a llorar. Si casi nadie se había molestado mucho en apenas mirarla, mucho menos en entrevistarla y contratarla, como le ocurrió aquella mañana. Tenía, y tiene, una "alteración maxilofaxial" que la distanciaba del modelo de belleza normativo y una discapacidad física en una pierna. Nunca le habían dado la oportunidad de demostrar su valía como técnico administrativa.

Las dificultades para mujeres con algún tipo de discapacidad son mucho más graves, tanto en la esfera pública como en la privada. Ni es una cuestión menor ni afecta a un número pequeño de mujeres. 232.494 en Andalucía, según la base de datos estatal, tienen un grado de discapacidad igual o mayor al 33% reconocido administrativamente, 1,4 millones en toda España.

Desventaja social, económica, educativa y profesional que tiene reflejo en los datos. En España, frente al 55% de mujeres sin discapacidad que en el entorno europeo trabaja, sólo tiene empleo el 25% de mujeres con discapacidad. La calidad del empleo suele ser menor (menos retribuido, de estatus inferior y con menores ventajas que el de los hombres con discapacidad). Otro ejemplo: un gran número de mujeres con discapacidad es víctima de la violencia machista (80%) y tiene un riesgo cuatro veces mayor –que el resto de mujeres- de sufrir violencia sexual.

Estos últimos datos, procedentes de los escasos estudios existentes en 2004, los ofreció ya en el Parlamento Europeo Ana Pelaez, ciega de nacimiento que viene defendiendo los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad de todo el mundo, pero tienen plena vigencia a día de hoy, según asegura Rosa Díaz, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide, quien trae el ejemplo citado al comienzo del texto y apuesta por realizar un análisis dinámico de la situación de las mujeres con discapacidad. No le gusta hablar de doble o triple discriminación sino que sitúa a la mujer en una intersección de desigualdades a tenor de las cifras y de la información que ofrecen fuentes secundarias en cuestiones como, por ejemplo, la esterilización sobre mujeres con discapacidad. "Esas cuestiones no se aprecian en los datos oficiales pero son una realidad", indica acerca de la "presión social" para que las mujeres con discapacidad no sean madres.

También comenta ese aspecto Isabel Viruet, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, que dice que las niñas con alguna discapacidad intelectual suelen dejar antes de estudiar por el miedo a que se queden embarazadas. "La base está en la educación. Se renuncia a su futuro y se las manda a casa", lamenta. "Son las primeras perjudicadas cuando la cosa no va bien y alguien, por ejemplo, tiene que encargarse del abuelo porque ya no se puede afrontar el pago de una residencia de ancianos. La reincorporación luego es mucho más difícil", explica.

Baja autoestima
Según el último Informe Olivenza sobre la situación y evolución de la discapacidad en España, desde una perspectiva de género las mujeres con discapacidad presentan resultados de mayor exclusión social en prácticamente todos los indicadores, aunque de manera muy relevante en el relacionado con el salario medio, que es casi 2.000 euros anuales inferior al de los varones con discapacidad, y en la situación de pobreza severa, con un punto porcentual por encima de los varones con discapacidad y seis por encima de la población general. La prevalencia de la jornada parcial es más del doble en las mujeres que en los hombres (23,1% frente a 10,1%).

En ese punto, Rosa Díaz detalla que también se observan diferencias salariales importantes en función del sexo, siendo de las mujeres un 16% más bajo que el de los hombres. El salario de las mujeres con discapacidad es un 8% menor que el de aquellas que no tienen una discapacidad. El salario mensual neto de los hombres con discapacidad es más alto que el de las mujeres. Es decir, las mismas desigualdades en el ámbito de la capacidad, pero con efectos más negativos ya que, ante una carencia de formación y cualificación adecuadas, estas mujeres tienen escasas o nulas posibilidades de acceder al mercado de trabajo, percibir ingresos y mejorar su situación.

Díaz se mueve entre el optimismo del "empoderamiento" y la mejora de la autoestima de las mujeres con discapacidad y el pesimismo de advertir "una población invisible" a presente y a futuro. "En momentos de crisis, los problemas de las minorías pasan a un segundo, tercer o cuarto plano, y son la última prioridad para la sociedad y el Estado". Según recogía Peláez en su comparecencia, la tasa de inactividad de las mujeres con discapacidad se enmarcaba en torno a un 75% del total de la población entre 16 y 64 años.

El hecho de que las mujeres con discapacidad, globalmente consideradas, siguen sufriendo discriminaciones por razón de género y de discapacidad perdura en el tiempo como consecuencia de factores personales como la "autopercepción negativa", el desconocimiento de las propias capacidades y potencialidades, el desconocimiento de las características que actualmente definen el mercado laboral, así como las carencias formativas y de habilidades adaptativas, etc.

También, apunta Díaz, están presentes factores como la sobreprotección familiar, la desconfianza en sus capacidades y el desempeño de un trabajo en el seno de la propia familia, así como factores sociales como los prejuicios entre los propios empleadores o las medidas de protección social, que generan "mujeres escondidas en su casa, que no cause problemas". Por ejemplo, respecto a beneficiarios de prestaciones sociales y económicas de la LISMI (Ley de Integración Social del Minusválido), son subsidios principalmente recibidos por mujeres, un 75'8%, sobre todo cuando se trata de los de garantía de ingresos mínimos y de ayuda por tercera persona.

"Se ha retrocedido bastante"
"No podemos pensar de entrada que no van a ser capaces de hacer algo", señala Viruet, por ejemplo a la hora de administrar sus ingresos. "Sí, ella vale para trabajar y ganar dinero pero sus entornos lo manejan", denuncia. Viruet mira en todo caso al fututo "con esperanza" porque "las administraciones públicas están más sensibles que nunca" pese a que "se ha retrocedido bastante". "Cuesta andar hacia adelante y se cae más rápidamente cuando vienen vacas flacas", señala acerca de las consecuencias de la crisis. "Las cuestiones que se estaban visibilizando vuelven a ocultarse", añade Díaz.

"Las etiquetas no sirven", apunta la decana de la UPO, que recuerda la desaparición de un tejido asociativo en torno a esta cuestión que ya no está presente. "El feminismo no ha tenido nunca en su agenda a las mujeres con discapacidad", sentencia, apostando por "fomentar el activismo" y "potenciar la autoestima y la autonomía". "Ahí está el secreto", opina la decana. Viruet coincide en este punto, observando aunque "muy tímidamente" una vuelta a la organización de mujeres con discapacidad. "Hay que salir a la calle, si no no hay manera".

"La mujer con discapacidad no se cree que pueda trabajar", insiste Díaz, que indica que por lo general "se sienten 'feas' y eso lo abarca todo". "Hay que trabajar en la excelencia de las mujeres con discapacidad". Aislamiento, carencia formativa, prejuicios laborales,... "Si las mujeres sin discapacidad tienen problemas, imagínate las que tienen una discapacidad", señala. "Si no tienen un entorno favorable, se 'arrugan'", apunta Díaz, que alude en la conversación al sobresaliente cum laude de la tesis doctoral 'No estamos locas, sabemos lo que queremos', sobre los procesos participativos de las mujeres con diversidad funcional en Andalucía, de Antonia Corona. "El estereotipo social de infravaloración es tremendo", añade.

Peláez, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, ya hace años hizo hincapié en esta cuestión: "La influencia de la discapacidad en la imagen corporal de la mujer, no ajustada a los cánones de belleza femeninos que los medios de comunicación crean y difunden, hace que en muchas circunstancias las mujeres con discapacidad encuentren mermada su autoestima. La propia discapacidad determina negativamente el mantenimiento de relaciones sociales, sobre todo, de índole afectiva. En general, la percepción de la mujer con discapacidad es errónea e insuficiente, se la considera asexuada, limitada intelectualmente, etc.".

El 'Autodiagnóstico de la situación de las mujeres con discapacidad en Andalucía', publicado en 2012, también ofrece datos interesantes. De las 3.343 mujeres entrevistadas, el 78% se encontraba en situación de desempleo. Sólo el 10% había completado estudios de FP de Grado Medio y tenían Bachiller o FP superior un 17%. Solo el 11% eran diplomadas o licenciadas. La accesibilidad de la estadística viene siendo también "un problema", dada la ausencia de datos desagregados de discapacidad y la dispersión de la estabilidad cronológica, apunta la decana, aunque estudios como los citados o los de Fundación CERMI Mujeres ayudan a paliar ese déficit, que se aprecia en "la imposibilidad de realizar los análisis por falta de desagregación por sexo de los datos", lamenta Rosa Díaz.

viernes, 28 de marzo de 2014

#hemeroteca #romanies | Suecia admite que durante 100 años marginó y esterilizó al pueblo gitano

Suecia admite que durante 100 años marginó y esterilizó al pueblo gitano
El Gobierno reconoce 100 años de persecución y robos de niños
Ana Carbajosa / Miguel Mora | El País, 2014-03-28
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/28/actualidad/1396032026_384483.html

A lo largo del último siglo, Suecia esterilizó, persiguió, arrebató niños y prohibió la entrada en el país a los gitanos; y las personas de esa minoría étnica fueron tratadas durante décadas por el Estado como “incapacitados sociales”. Estos anuncios no los ha hecho una ONG militante. Es el relato del Gobierno conservador sueco, que en un gesto inédito en Europa, tanto por su honestidad intelectual como por la amplitud del respeto a la verdad, se ha decidido a mirar atrás y a rebuscar en sus archivos más oscuros.

La idea es saldar cuentas con el pasado para tratar de mejorar el presente: “La situación que viven los gitanos hoy tiene que ver con la discriminación histórica a la que han estado sometidos”, afirma el llamado Libro Blanco, que ha sido presentado esta semana en Estocolmo, y en el que se detallan los abusos cometidos con los gitanos a partir de 1900.

El ministro de Integración, Erik Ullenhag, ha definido esas décadas de impunidad y racismo de Estado como “un periodo oscuro y vergonzoso de la historia sueca”. Sus palabras han coincidido con un episodio que ilustra la situación actual: el miércoles, una de las mujeres gitanas invitadas a dar su testimonio vio cómo el personal del hotel Sheraton le prohibía la entrada al desayuno.

Los abusos históricos, señala el Libro Blanco, siguieron un patrón inventado hace siglos por las monarquías europeas: comenzaron con los censos que elaboraron organismos oficiales como el Instituto para Biología Racial o la Comisión para la Salud y el Bienestar, que identificaron a los gitanos que habitaban en el país. Los primeros documentos oficiales describían a los gitanos como “grupos indeseables para la sociedad” y como “una carga”. Entre 1934 y 1974, el Estado prescribió a las mujeres gitanas la esterilización apelando al “interés de las políticas de población”, como hizo Australia con los aborígenes. No hay cifras de víctimas, pero en el Ministerio de Integración explican que una de cada cuatro familias consultadas conoce algún caso de abortos forzosos y esterilización. Los organismos oficiales se hicieron con la custodia de niños gitanos que arrancaban a sus familias. El estudio tampoco ofrece datos sobre esta costumbre, pero Sophia Metelius, asesora política del ministerio, explica que se trataba de “una práctica sistemática”, sobre todo en invierno.

Estocolmo admite que prohibió entrar a los gitanos en Suecia hasta 1964, pese a que se conocía la suerte que había corrido la minoría bajo la expansión nazi: los expertos calculan que al menos 600.000 romaníes y sintis fueron exterminados en el Porrajmos, La Devoración en calé, a manos del régimen hitleriano y otros afines.

El Libro Blanco detalla los ayuntamientos suecos que prohibieron asentarse de forma permanente a los gitanos, y recuerda que los niños eran segregados en aulas especiales y que se les impedía acceder a los servicios sociales. “La idea era hacerles la vida imposible para que se fueran del país”, resume Metelius.

Algunas de estas prácticas suceden todavía en diversos países europeos, y la gitanofobia cabalga con fuerza en Francia, Gran Bretaña y Alemania. París desalojó en 2013 a más de 20.000 gitanos de sus chabolas. Berlín planea una ley para evitar que los migrantes rumanos y búlgaros —la mayoría, romaníes— sin trabajo se queden más de seis meses en el país.

La próxima semana, la Unión Europea celebrará una cumbre especial para evaluar la marcha de las políticas de integración de la minoría romaní. El panorama general es desolador, con picos de odio racial en Hungría, Eslovaquia y la República Checa.

En Suecia, un país de unos nueve millones y medio de habitantes, viven hoy más de 50.000 gitanos. De momento, las autoridades no contemplan la compensación a los familiares de las víctimas de abusos, aunque el Libro Blanco abre la puerta a las demandas. El Gobierno ha establecido la verdad histórica cruzando entrevistas personales con docenas de gitanos y los archivos oficiales. “No son revelaciones nuevas. Los gitanos llevan años contándonos estas historias, pero no se les hacía caso. Ahora, simplemente, hemos recopilado los documentos oficiales y los hemos cruzado con testimonios”, dice Sophia Metelius.

La coalición de centro-derecha vigila el fuerte ascenso en los sondeos de la extrema derecha (un 10% de intención de voto), y se ha propuesto combatir los mensajes xenófobos con una firme defensa de la tradición progresista sueca.

La aceptación masiva de refugiados sirios es una de las políticas con las que liberales y conservadores quieren demostrar que el catastrofismo populista no debe irremediablemente convertirse en profecía autocumplida. El reconocimiento de las salvajadas cometidas con los gitanos camina en esa misma dirección. La ironía es que el civilizado y tolerante norte no lo era tanto. La esperanza, que cunda ese infrecuente ejercicio de memoria y respeto.