Las democracias de varios países europeos están en riesgo. Y la crisis del coronavirus ha sido la excusa de los gobiernos de algunos de estos Estados para implementar políticas contrarias a los derechos humanos. También el propio cuestionamiento de los derechos humanos —los de las mujeres o los de las personas LGTBI— se ha usado como maniobra de distracción.
En ‘Cómo perder un país’, la escritora turca Ece Temelkuran apuntaba a una estrategia usada habitualmente por Erdogan, presidente de Turquía, consistente en “declarar periódicamente algo escandaloso sobre temas relacionados con la mujer, dejar que la opinión pública se quede estupefacta, y prolongar la controversia hasta que hayas terminado lo que fuera que estabas haciendo tras la cortina de humo”.
Hace tan solo unas semanas, Erdogan anunciaba que Turquía se retiraba del Convenio de Estambul, o Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica.
Durante la crisis del coronavirus, Hungría y Polonia —que forman parte de la Unión Europea, a diferencia de Turquía— también han tomado decisiones contrarias a los derechos humanos. En noviembre de 2020, el Tribunal Constitucional polaco, órgano cuya independencia ha sido cuestionada por el propio Parlamento Europeo, resolvía que abortar por malformación fetal es inconstitucional, restringiendo este derecho aún más en el país. Una sentencia que
entró en vigor el pasado enero.
Hungría, por su parte, “aprobó un proyecto de Ley de Protección frente a la pandemia de COVID-19 que ampliaba las competencias del gobierno para gobernar por decreto al eximirlo del control parlamentario”, tal y como informaba Amnistía Internacional. “En septiembre, la Comisión Europea publicó
su primer informe sobre el Estado de derecho, en el que señalaba graves motivos de preocupación sobre Hungría”, añade Amnistía. La ONG también señala que “en mayo [de 2020], el Parlamento prohibió el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas intersexuales y transgénero”.
Para hablar de todas estas cuestiones, Newtral.es ha entrevistado a Helena Dalli, la comisaria europea de Igualdad desde 2019. Dalli, originaria de Malta, fue, además, ministra de Diálogo Social, Consumo y Libertades Civiles de 2013 a 2017 y ministra de Igualdad de 2017 a 2019.
Turquía y el Convenio de Estambul El Convenio de Estambul es una herramienta jurídica internacional para luchar contra la violencia específica que sufren las mujeres. La ciudad turca de Estambul dio nombre a este convenio aprobado en 2011, que fue ratificado por Turquía en 2012. Al margen de Turquía, que acaba de anunciar su retirada, hasta el momento lo han firmado y ratificado 32 países, tal y como consta en la
monitorización que realiza el Consejo de Europa.
“Se sostiene sobre cuatro pilares básicos: prevención, protección, castigo penal y políticas públicas coordinadas. Es vinculante, por lo que obliga a las partes a llevar a cabo medidas en esta dirección”, apunta a Newtral.es Leila Choukroune, investigadora y profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Portsmouth (Reino Unido).
Choukroune señala que “la decisión de Erdogan de que Turquía abandone el Convenio de Estambul envía una señal terrible a otros países que aún no lo han ratificado o que están pensando en hacer lo mismo”: “Es sintomático de cómo se están socavando los derechos de las mujeres y requiere una reacción urgente por parte de Europa”, añade, ya que sienta un peligroso precedente: “Si aceptamos que simplemente puede salirse de una convención internacional, envía el mensaje de que cualquier ley para proteger a las mujeres se puede derogar”, explica Choukroune.
Para Helena Dalli, “la lucha contra la violencia de género es una prioridad para la UE” y recuerda que la Comisión Europea está trabajando en una iniciativa legislativa “cuyo objetivo es garantizar que todos los Estados miembro dispongan de medidas eficaces para prevenirla y combatirla”.
La decisión adoptada por el Gobierno turco “pone en riesgo a las mujeres”, ya que “una vez desaparecen las obligaciones internacionales, es más probable que no reciban el apoyo y la ayuda que necesitan”, expresa Dalli. La comisaria de Igualdad reconoce que “cualquier declaración sobre abandonar el Convenio de Estambul es preocupante”: “La UE ha pedido a Turquía que reconsidere su decisión. Los países deberían esforzarse en proteger aún más a las víctimas de violencia de género, especialmente ahora que hemos sido testigos de un aumento de dicha violencia”, concluye.
En un comunicado sobre su decisión, el Gobierno turco recordaba que “seis miembros de la Unión Europea (Bulgaria, Hungría, República Checa, Letonia, Lituania y Eslovaquia) no han ratificado el Convenio de Estambul” y que uno de los Estados miembro que sí lo ha ratificado, en 2015, ya ha tomado medidas para retirarse de la Convención. Se trata de Polonia, que, según el comunicado del Gobierno turco, estaría rechazando “un intento de la comunidad LGTBI de imponer sus ideas sobre el género en toda la sociedad”.
Como explican las investigadoras Lori Mann y Carmen Miquel en
este análisis publicado en Agenda Pública, Turquía se suma a la lista de países que considera que “los conceptos de ‘género’ son una promoción de la homosexualidad y la desaparición de la familia tradicional”.
Los derechos LGTBI Los casos de Polonia y Hungría, donde también se han llevado a cabo políticas contrarias a los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBI, serían un “aviso a navegantes”, tal y como expone en conversación con Newtral.es Alba Alonso, politóloga especializada en estudios de género y profesora de la Universidad de Santiago de Compostela: “Reflejan muy bien qué ocurre cuando partidos de derecha radical llegan al poder. Desmantelamiento de políticas de igualdad y LGTBI, hostigamiento del movimiento feminista, y desarrollo de políticas de familia y natalidad”.
Según Alonso, lo que une a Polonia, Hungría y Turquía sería un proceso de “desdemocratización”: “Esos países han evolucionado hacia democracias iliberales, o en el caso de Turquía, hacia un sistema autoritario. Sabemos que democracia e igualdad de género son fenómenos que van de la mano. Si disminuye la calidad democrática, disminuye la igualdad, y viceversa. En el contexto europeo la pérdida de calidad de la democracia es un problema de primer orden para las mujeres”.
Andrea Petö, historiadora especializada en género y política en el contexto europeo y profesora en la Universidad Central Europea (Viena), explica a Newtral.es que “el concepto de ‘ideología de género’ lo han construido quienes consideran que todo lo relativo al género es una amenaza que evidencia el fracaso de la representación democrática”.
Según Petö, la oposición a esta “ideología de género” se habría convertido en un medio para rechazar el orden social y económico actual alegando que “se priorizan las políticas de identidad por encima de cuestiones materiales”. “La demonización de la ‘ideología de género’ es clave en la construcción de una nueva idea de sentido común que moviliza a quienes quieren luchar contra la democracia liberal”, añade la historiadora.
Ante el retroceso en materia de derechos humanos protagonizado por algunos países europeos, el Parlamento Europeo aprobó una resolución el pasado 21 de enero de 2021, en cuyo artículo 113 se expresa “la profunda preocupación por la hostilidad hacia los derechos de las mujeres y la igualdad de género establecidos en algunos Estados miembro y, en particular, por los intentos de criminalizar aún más la asistencia relacionada con el aborto y socavar el acceso de los jóvenes a una educación sexual integral en Polonia y por la reforma adoptada que ataca los derechos de las personas transgénero e intersexuales en Hungría”.
“Mientras la Unión Europea tiene como objetivo avanzar en la igualdad, incluyendo a la comunidad LGTBIQ, es cierto que hay un preocupante aumento de incidentes antiLGTBIQ tales como los ataques a eventos públicos LGTBIQ incluyendo las marchas del Orgullo o las declaraciones de las llamadas ‘zonas libres de ideología LGTB’. Las organizaciones LGTBIQ informan con mayor frecuencia de la hostilidad que sufren. Todo esto ocurre en un contexto de movimientos antigénero y antiLGTBIQ. Es importante que los Estados miembro aborden esta creciente amenaza para las personas de esta comunidad y sus derechos”, analiza Helena Dalli.
La extrema derecha y la xenofobia A veces, sin embargo, la lucha feminista o la LGTBIQ se instrumentalizan para construir un discurso en el que las personas migrantes son una amenaza para los valores fundamentales de una sociedad, una estrategia conocida como feminacionalismo o femonacionalismo y como homonacionalismo.
“Cada vez lo vemos más en España. Por ejemplo, presentar la violencia sexual como un problema que se deriva de la presencia de personas extranjeras, en particular procedentes de países islámicos. El ejemplo de los discursos de Vox sobre los menores extranjeros no acompañados, el peligro que representan para las españolas, y que es necesario frenar la islamización de España es paradigmático”, apunta Alba Alonso, quien señala también que es algo en común con las derechas radicales de otros países como Francia, Alemania, Dinamarca o Finlandia.
El discurso xenófobo se articula en paralelo a una narrativa natalista: “Su obsesión con las políticas de natalidad tiene mucho que ver con la idea de que la sociedad nativa europea va a ser suplantada por personas procedentes de otros países, que tienen otros valores, si los gobiernos no realizan una apuesta activa por las políticas de natalidad, explica la politóloga y profesora en la Universidad de Santiago de Compostela.
Sobre el uso de causas sociales como coartada de la xenofobia, Helena Dalli señala que “la ideología del nacionalismo no encaja bien con los valores europeos de la igualdad y el respeto por los derechos humanos, independientemente de la forma específica que adopte”: “Debe quedar claro que los esfuerzos para proteger los derechos de las personas LGBTIQ y de las mujeres en ningún caso deben obstaculizar los derechos de las personas migrantes”.
La comisaria europea defiende un “enfoque interseccional” como el que tiene la
Estrategia de Igualdad LGTBIQ 2020-2025, que, según Dalli, “tiene en cuenta, por ejemplo, la situación específica de los solicitantes de protección internacional LGTBIQ”: “Independientemente de la afiliación política, todos los Estados miembro deben respetar los valores de igualdad y no discriminación sobre los que se basa la UE y que están consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea”, añade.
Autodeterminación de género en Europa Malta es, precisamente, uno de los
ocho países europeos que tienen una ley trans basada en la autodeterminación, algo que también pretende legislar el Ministerio de Igualdad a través de
una propuesta normativa que todavía no se ha aprobado en el Consejo de Ministros.
En relación a esto,
la Comisión Europea publicó en junio de 2020 un informe sobre el reconocimiento legal del género en la Unión Europea. En él, la Comisión señala que “el procedimiento basado en la autodeterminación de género, defendido en la resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en 2015 y en los Principios de Yogyakarta, es la aproximación más respetuosa con las personas trans y refleja los más altos estándares de derechos humanos, así como la más accesible”.
Sin embargo, este mecanismo legal ha sido cuestionado por la vicepresidenta primera Carmen Calvo, quien considera que
podría generar “inseguridad jurídica”. Dalli señala, sin embargo, que “el principio de autodeterminación es la única forma de que los derechos de las personas trans sean respetados”.
La comisaria europea de Igualdad incide en que eliminar barreras legales para el cambio de sexo registral es un primer paso para reducir la discriminación que sufre esta comunidad: “Esto ya se confirmó con el estudio que la Comisión publicó el año pasado, que concluyó que los procedimientos accesibles y no intrusivos del reconocimiento legal del dénero son cruciales a la hora de mejorar el bienestar de las personas trans”.
Enfatiza, además, que el feminismo y la lucha LGTBI está muy vinculadas:
“Los derechos de las mujeres y los derechos LGTBI tienen mucho en común en tanto que la discriminación que sufren está relacionada con estereotipos y expectativas de roles de género, patriarcado y sexismo”. Dalli, como ministra de Igualdad, fue precisamente una de las impulsoras de la ley de identidad de género aprobada en Malta en 2015: “Me reuní con muchas personas trans y a sus familias antes de presentar una ley de estas características. Muchas de las historias que me contaron eran descorazonadoras, con muchas personas sufriendo discriminación y exclusión. A raíz de la aprobación de la ley, la situación para ellos mejoró drásticamente. Ni una sola persona ha abusado de la ley de autodeterminación de género en Malta en tanto que aquellas personas que no son trans no cambian su género. Los hombres no se convierten simplemente en mujeres legalmente para beneficiarse de las cuotas de género. Un cambio de sexo legal puede implicar un gran estrés personal y nadie quiere pasar por ello si no es absolutamente necesario”.
“Los derechos trans no son una amenaza para el feminismo de ninguna forma, y de hecho van de la mano en el marco internacional de derechos humanos. Hay un número creciente de Estados miembro que regulan el reconocimiento legal del género sobre la base de la autodeterminación”, añade Helena Dalli, quien considera que “no habría que verlo como un retroceso de la igualdad para las mujeres cis”.
Abortar en Malta y Polonia Malta, por otro lado, también es uno de los últimos países de la Unión Europea que no permite la interrupción voluntaria del embarazo en ninguna circunstancia, tal y como informa The Economist. A esta legislación restrictiva se unen territorios como Gibraltar, Andorra, San Marino y recientemente Polonia, donde o bien no se permite abortar bajo ninguna condición o solo en los supuestos de violación, malformación fetal o riesgo para la vida de la gestante.
Estos eran los tres supuestos que regían en Polonia hasta que entró en vigor el pasado enero la sentencia del Tribunal Constitucional que consideraba que abortar en caso de malformación fetal es inconstitucional. Según el Parlamento Europeo, el 96% de las interrupciones del embarazo llevadas a cabo legalmente en Polonia en 2019 (1.074 de 1.110) se practicaron bajo este supuesto.
En conversación con Newtral.es, la politóloga Belén Fernández-García apuntaba que hacer pública la decisión del Tribunal Constitucional polaco en plena pandemia podía verse desde dos puntos de vista: “Por un lado, para evitar grandes movilizaciones por las restricciones sanitarias, cosa que parece no haber frenado a las manifestantes que buscan defender los derechos de las mujeres. Pero, por otro, puede verse precisamente como una forma de desviar la atención sobre la mala gestión sanitaria realizada por el Gobierno, pues no parece casual que el fallo del TC se haya anunciado justo cuando los datos sobre contagios en el país se han disparado”.
En relación a las restricciones de
derechos reproductivos en algunos países de la Unión Europea, la comisaria de Igualdad Helena Dalli señala que “todas las mujeres deberían poder acceder en igualdad de condiciones”.
“Las competencias legislativas sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto, son de los Estados miembro, que son responsables de diseñar sus políticas sanitarias. Sin embargo, la Comisión Europea recuerda a los Estados miembro que deben respetar los derechos fundamentales”, expresa Dalli. En referencia a Polonia, la comisaria insiste en que la decisión adoptada “no disminuirá los abortos”; al contrario, “pueden conllevar un riesgo de que aumenten los abortos clandestinos o practicados en otros países vecinos”. “Esto pone en riesgo la vida de las mujeres y crea más estrés”, añade.
Lara Dimitrijevic, jurista especializada en derechos humanos y en derecho de familia y presidenta de la asociación feminista maltesa Women’s Rights Foundation (WRF), explica a Newtral.es que “el castigo penal por abortar en Malta es de hasta tres años de prisión para las mujeres y de hasta cuatro para el profesional médico que lo practique”.
Desde WFR defienden la despenalización y la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Malta, y junto a otras organizaciones, 11 en total, han creado una coalición: “Nos hacemos llamar Voice for Choice y estamos haciendo campaña a favor de poder decidir. También tratamos de asesorar a las mujeres en materia de salud y derechos reproductivos. Ahora mismo ni siquiera tenemos cifras oficiales, pero hemos calculado que, al año, 70 mujeres viajan al extranjero para poder abortar. Y entre 300 y 500 lo hacen en Malta adquiriendo pastillas online”, apunta Lara Dimitrijevic.
Esta abogada considera que, igual que se han logrado derechos para la comunidad LGTBI, “hay que luchar por los de las mujeres”: “La ley de autodeterminación de género es algo que celebramos porque protege a las personas trans y es un ejemplo de que se pueden hacer cambios legales en el país. Hasta ahora, el movimiento feminista aquí estaba muy dividido respecto al aborto, pero eso está cambiando”.
