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domingo, 12 de abril de 2020

#hemeroteca #iglesia #inmatriculacion #patrimonio | Por qué el patrimonio histórico no debe ser propiedad privada de la Iglesia

Imagen: Público / San Juan de los Panetes, Zaragoza
Por qué el patrimonio histórico no debe ser propiedad privada de la Iglesia.
La inmatriculación por la Iglesia de los bienes del arte prerrománico asturiano, tal como ha revelado 'Público', vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la propiedad del patrimonio histórico español. Tres juristas, dos medievalistas y un ex ministro de Cultura examinan aquí una cuestión trascendental para el enorme tesoro arquitectónico y artístico privatizado de facto por el Vaticano.
A. Moreno | Público, 2020-04-12
https://www.publico.es/sociedad/propiedades-iglesia-patrimonio-historico-no-debe-propiedad-privada-iglesia.html

Todo indica que la práctica totalidad del legado cultural de este país ya no pertenece a sus ciudadanos sino que ha sido "privatizado" de forma masiva en virtud de un subterfugio jurídico que muchos especialistas juzgan "arbitrario" e "inconstitucional". La propia Iglesia católica reconoce en su web que nada menos que 3.111 bienes de incalculable valor histórico, entre ellos los monumentos más emblemáticos, figuran ya a su nombre en el registro de la propiedad privada. Ese volumen podría representar más del 80% del patrimonio cultural de España, lo que supone una descapitalización artística sin precedentes.

La jerarquía católica se atribuye la titularidad de todos esos bienes en razón de su uso religioso inmemorial, pero muchos juristas e historiadores sostienen que el mero culto católico no comporta, en modo alguno, un certificado automático de propiedad. La razón que arguyen parte, en cierto modo, del derecho romano, que conceptuaba los templos como ‘res sacrae’ y, por tanto, bienes fuera del comercio al objeto de preservar su carácter comunitario y de uso general. Público ha consultado a tres juristas, dos medievalistas y un ex ministro de Cultura para conocer su opinión sobre lo que, si nadie lo remedia, es ya de facto la privatización del patrimonio histórico de España.

Julio González es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y director del Instituto de Derecho Europeo entre 2016 y 2018. Su posición al respecto es contundente. "La Iglesia católica no tiene títulos de propiedad que justifiquen el carácter privativo de esos bienes, muchos de los cuales fueron construidos por los pueblos, con aportaciones de la ciudadanía. Deberían ser de dominio público porque afectan a nuestro patrimonio cultural". La suya es una opinión fundamentada en años de estudio sobre el concepto jurídico de dominio público, a cuyo análisis ha dedicado una ingente producción investigadora.

Y añade: "El dominio público es una categoría que surge para los bienes del común. La Iglesia católica lo que hace es una utilización de los templos por razones de culto". Julio González pone como ejemplo a San Miguel de Lillo, una de las joyas del prerrománico fundado por los reyes asturianos en el siglo IX e inmatriculada por el obispo de Oviedo en 1929. "Que este tipo de bienes puedan ser considerados privativos de la Iglesia me parece un insulto a la inteligencia", zanja.

Sobre la condición de bienes de dominio público para los templos católicos históricos existe una viva controversia entre los especialistas. La Iglesia y muchos juristas desestiman esta visión. Entienden que les pertenecen por la posesión en el tiempo o como consecuencia de donaciones del monarca, como aducen en el caso de la Mezquita de Córdoba. Los colectivos patrimonialistas, en cambio, se sitúan en una perspectiva bien diferente. En un país mayoritariamente cristiano desde hace siglos, el culto católico ha sido el oficial del Estado, quien ha asumido secularmente la obligación institucional de edificar los templos, mantenerlos y financiarlos con fondos del tesoro público. Julio González sostiene además que la prescripción inmemorial, a la que apela la Iglesia como prueba de propiedad, "nunca ha existido en el derecho español". Los bienes de dominio público son imprescriptibles y no se pueden adquirir por el paso del tiempo, señala. "Hablar de usucapión es una falacia".

Fernando Martínez, profesor de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, comparte básicamente esa misma doctrina. En su opinión, los templos de culto católico no han accedido históricamente al registro de la propiedad privada porque "se asimilaban al dominio público", en un régimen jurídico similar al de los márgenes de los ríos, el litoral marítimo o los caminos.

El vuelco con Aznar
Fue el expresidente José María Aznar quien dio un vuelco histórico en 1998 cuando permitió por decreto la entrada por primera vez en el registro de la propiedad privada de los templos con la mera autocertificación del obispo y sin aportar títulos de dominio. La decisión permitió la inscripción masiva, indiscriminada y unilateral de monumentos sin contar con el visto bueno del Estado, que es la administración directamente concernida por la propiedad del patrimonio histórico. "La Iglesia puede tener en propiedad edificios", explica el jurista de la UAM, "pero no puede aducir que los bienes son suyos por el mero hecho de que allí se desarrolle el culto católico. Sería tan absurdo como que una universidad habilitara un espacio para el culto católico y la Iglesia pretendiera al cabo del tiempo decir que es suyo por su uso religioso".

Para determinar qué edificios pueden ser calificados como dominio público habría que aclarar cuál ha sido su uso, quién era el propietario del suelo, quién construyó el templo y quien lo ha mantenido a lo largo del tiempo. "No simplemente quién desarrolla el culto", puntualiza Fernando Martínez. En modo alguno, la cesión al culto convierte al concesionario en propietario", matiza. El jurista recuerda que los monarcas cedían esos espacios para un fin público de carácter religioso pero se reservaban el derecho de patronato. Y advierte: "El Estado es hoy el heredero del derecho de patronato real de bienes que pertenecían al fisco regio. Habría que investigar, por tanto, cuáles son del Estado, cuáles de los ayuntamientos, de particulares o de la Iglesia. Hay que hilar fino".

La jerarquía católica alega el argumento de la "notoriedad" para reivindicar su propiedad sobre esos bienes religiosos. Pero, a juicio de Fernando Martínez, ese razonamiento es "falaz". "Lo que era notorio era el uso religioso, pero no la propiedad", precisa. La Iglesia "poseía" esos edificios para desarrollar actividades de interés general durante los siglos en que la religión católica era culto oficial del Estado. "Ahora bien: para certificar el dominio no solo se tiene que certificar la posesión sino la posesión como dueño", añade. Y pone un ejemplo gráfico: "Uno puede ser arrendatario durante décadas o usufructuario de un determinado bien, pero eso no te convierte en dueño". La Iglesia podrá ser titular de algunos bienes, reflexiona Fernando Martínez, pero no de otros muchos, especialmente de las catedrales o aquellos pertenecientes al patrimonio histórico, al tratarse de espacios que el Estado "puso a disposición de la organización católica para desarrollar lo que entonces se entendía como un servicio público". Es oportuno recordar que el propio acuerdo entre el Vaticano y el Estado español de 1979 se refiere literalmente al patrimonio cultural "en posesión" de la Iglesia.

El ex ministro de Cultura José Guirao pisa con cautela en un terreno de evidente complejidad. "Todo tiene matices. Estos juristas llevan razón en el sentido de que una parte importante [de estos bienes de valor histórico] no debieran ser privatizados y deberían estar en manos públicas. Otra parte puede ser que la Iglesia tenga derechos reconocibles". Experto en gestión del patrimonio cultural, José Guirao admite que el cambio legislativo de Aznar que permitió a la Iglesia inmatricular bienes de forma indiscriminada "fue un error claramente". "Ahora habrá que ordenarlo, sin menospreciar lo que cada cual hace para la conservación del patrimonio histórico. Las grandes obras las ejecuta el Estado o las comunidades autónomas", puntualiza, "y la pequeña obra de mantenimiento la hace quien lo usa".

La clave está, al parecer del ex ministro, en el listado de inmatriculaciones que ya consta en poder del Gobierno y ver qué bienes pueden pertenecer a la Iglesia de forma fehaciente. "Hay que ver la envergadura de la lista. Pueden ser muchos", señala, en relación a los monumentos registrados por la jerarquía católica. José Guirao aporta otro punto de vista que considera relevante. "La Iglesia no ha hecho un cálculo a medio plazo sobre los problemas que pueden repercutirle por haber inmatriculado tantos bienes. El propietario tiene la obligación de mantener los edificios del patrimonio histórico y la Iglesia puede encontrarse con un problema de falta de recursos". Hasta ahora ha sido el Estado quien ha sostenido con fondos públicos la conservación del monumental legado arquitectónico, pero puede ser que en el futuro "lo ordene de otra manera", según Guirao, como consecuencia del injustificado cambio de titularidad de los monumentos. Cálculos efectuados por Europa Laica reflejan que la administración pública dedica cada año más de 600 millones de euros de todos los contribuyentes en el mantenimiento del patrimonio histórico.

El debate tiene un componente histórico claro. ¿Cuál es el origen de todos estos bienes culturales? Para el escritor y medievalista José Luis Corral, profesor titular de la Universidad de Zaragoza, no hay la menor duda. "En el caso del arte prerrománico, es evidente que el origen es monárquico, de los reyes de Asturias y León", indica a Público en conversación telefónica. "Lo que ha hecho la Iglesia es utilizar un vacío de ley, con fraude de ley, usando derechos de origen medieval que están obsoletos desde la Constitución de 1978". Corral ha investigado durante años en archivos eclesiásticos la construcción de las catedrales y su financiación. Y sus conclusiones son taxativas. "Muchas han sido financiadas por la monarquía. La Catedral de León, por ejemplo, fue impulsada por Fernando III. O la de Burgos. Y, en otros casos, es la propia ciudad la que financiaba la seo. Las dotes eclesiásticas proceden de privilegios o derechos que les conceden la monarquía. Por sí misma, la Iglesia no tiene propiedades en origen", subraya.

A idénticas conclusiones llega Javier Pérez Embid, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Huelva. "Las catedrales eran fundaciones de la monarquía y se construyeron con los tercios de fábrica [diezmos] básicamente. Era el equivalente al impuesto sobre la renta y el IVA. Lo sustentaban todos los contribuyentes. Naturalmente. La legitimidad histórica era del conjunto del pueblo, lo que justifica que sean patrimonio público". Según los datos disponibles hasta ahora, las 88 catedrales catalogadas en España y 18 monumentos declarados Patrimonio Mundial de la Unesco, habrían sido inscritos por los obispos en el registro de la propiedad privada. "No fue feliz ni oportuno el proceso inmatriculador porque ha sido un paso atrás en la defensa pública del patrimonio histórico", remacha.

La coordinadora estatal Recuperando lleva cinco años trabajando en la denuncia de las inmatriculaciones eclesiásticas y defiende la nulidad de todas ellas por inconstitucionalidad sobrevenida, independientemente de que la Iglesia pueda acreditar posteriormente su titularidad en un proceso transparente y con plenas garantías. Su portavoz, el profesor de Derecho Civil Antonio Manuel Rodríguez, cree que es esencial comprender la naturaleza primigenia de todo este patrimonio inmemorial. "Las cosas sagradas siempre fueron públicas", explica apelando al derecho romano. "A todos los efectos, son bienes inembargables por su condición extracommercium. Posteriormente, pasan a formar parte de la Corona, que ejerce la tutela del patronato y las regalías, y están afectas a un servicio público como fue el culto católico de un país oficialmente confesional durante siglos". ¿Cuándo se rompe la cadena? "En 1978. Con la Constitución se produce la separación de facto entre Iglesia y Estado, esos bienes no se desafectan y se quedan en un limbo jurídico. La reforma de Aznar introduce un cambio histórico, porque es la primera vez en la historia en que se declaran privados todos estos bienes históricos de culto".

El resultado de todo este proceso inmatriculador "arbitrario" y "clandestino", según los colectivos patrimonialistas, es que la práctica totalidad del patrimonio histórico español, hoy por hoy, figura como propiedad privada del Vaticano. ¿Cómo se puede revertir este "expolio cultural" sin precedentes? El Gobierno tiene ya en sus manos el listado de los bienes inmatriculados entre 1998 y 2015.

Conocemos su número, 35.000 inmuebles, pero no su identidad. De momento, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha negado a publicar el inventario, pese a la reclamación formal del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. ¿Qué decisiones tomará después? Esa es una incógnita que se despejará en los próximos meses.

domingo, 8 de diciembre de 2019

#hemeroteca #cofradias #politica | De la Inmaculada Concepción a la inmatriculación

Imagen. El Mundo / Oriol Junqueras con su bastón de mando en Sant Vicenç dels Horts
De la Inmaculada Concepción a la inmatriculación.
En un país aconfesional, no hay que nombrar alcaldesas perpetuas a las vírgenes, ni inscribir propiedades solo con la firma del obispo, ni dejar que las capas magnas cardenalicias deslumbren al poder democrático
Francesc Valls | El País, 2019-12-08
https://elpais.com/ccaa/2019/12/07/catalunya/1575733797_416381.html

La noticia pasó con sigilo: la Virgen de la Soledad fue declarada el pasado mes de noviembre alcaldesa perpetua de Sant Vicenç dels Horts. Los liberales de Ciudadanos propusieron a la venerada Madre de Dios para la alta dignidad civil. Contaron para ello con el concurso entusiasta del Partit dels Socialistes de Catalunya, el más votado en las pasadas elecciones municipales y que ostenta la alcaldía de la población del Baix Llobregat. Según el primer edil, Miguel Comino (PSC), vivir en “un Estado aconfesional no quita para que reconozcamos a entidades religiosas”, como la Cofradía del Santísimo Cristo de la Salud y Nuestra Señora de la Soledad que ha cumplido 20 años y según el alcalde ha ayudado a colocar a Sant Vicenç dels Horts en el mapa por lo menos de la Semana Santa.

El caso es que la cofradía es un ejemplo de sincretismo: sus pasos de Jueves Santo parten después de que suenen Els Segadors y el himno nacional español en perfecta armonía. Oriol Junqueras, bastón en mano, presidió la procesión en sus años de alcalde de la localidad. No sorprende que, con tanto fervor, ni en la Cataluña procesista ni en la España aconfesional haya un centenar largo de Madres de Dios erigidas en alcaldesas perpetuas, eso sin contar con las condecoradas, como esa Virgen del Amor a la que el ministro popular Jorge Fernández Díaz concedió la medalla al mérito policial sellada por los tribunales. La Audiencia Nacional en su sección contencioso-administrativa desestimó por tres votos contra dos el recurso presentado por Europa Laica y luego el Tribunal Constitucional no apreció “trascendencia constitucional” en el asunto.

Que lo sagrado es un campo de minas en España lo sabe bien la ministra Isabel Celáa, a quien le estallaron varias bajo sus pies por atreverse a decir que la libre elección de centro escolar no emana de la Constitución. Claro que tampoco nace de la Ley Suprema que el día de la Inmaculada Concepción sea festivo cada año. Pero gobierne Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy o Pedro Sánchez el 8 de diciembre no desaparece como festivo, a pesar del puente que genera con el día de la Constitución. Ni políticos ni patronal se han atrevido a reducir al estado de día laborable la festividad de la Inmaculada Concepción, so pena de que algún prelado —revestido de Pedro el Ermitaño y sin otra autoridad que ser pura jerarquía eclesial— organice una cruzada para defender que la Virgen nació sin pecado original. Cardenales con capa magna siguen siendo autoridades civiles en esta España berlanguiana de conservadores, liberales, socialistas, podemitas e independentistas salpimentados con tics propios de quienes desconocen profundamente a la Iglesia pero se sienten fascinados por su pompa y boato, por un mal entendido sentido de la espiritualidad o por el peso sociológico de la tradición nacional-católica.

El caso es que a esa izquierda a la que se le calienta la boca hablando de los privilegios eclesiales le falta valor a la hora de acometer políticas que acaben con esa situación de privilegio que supone un agravio no solo para otras confesiones o para los no creyentes sino para muchos fieles que comparten la fe católica. Tal como informó hace unos días este diario, resulta insólito que el Ministerio de Justicia de un Gobierno socialista lleve ante los tribunales una decisión de sentido común del Consejo de la Transparencia. Este organismo ha obligado al Ejecutivo a hacer pública la relación de los 30.000 bienes registrados por la Iglesia católica entre 1998 y 2015 gracias a la Ley Hipotecaria franquista de 1948 rehabilitada por Aznar. Los bienes podían ser inmatriculados —registrados por primera vez— sin necesidad de presentar documentación que acreditara propiedad alguna. Como corresponde a un país machadiano que ora y bosteza, bastaba con la firma del obispo. Ayuntamientos y particulares esperan que esa relación se haga pública para tratar de recuperar propiedades en los tribunales. El Gobierno anunció en 2018 que podía reclamar cerca de 3.000 bienes inscritos por la Iglesia por ser de dominio público. Pero ahora pleitea para que no se haga pública la relación.

No todas las diócesis se han comportado de la misma manera ante esa ventana de oportunidad brindada por el aznarismo. Frente a la prudencia de algunos obispados, ahí está la inscripción de la denominada Mezquita-Catedral de Córdoba como bien eclesiástico. En cualquier caso, una medida arbitraria como la inmatriculación no puede contar con el cómplice encubrimiento de un “Gobierno social-comunista”, en profética y reciente terminología del cardenal Cañizares.

En un país aconfesional, hay que dejar de nombrar alcaldesas perpetuas a las vírgenes, evitar que los obispos puedan inscribir propiedades sin más requisito que su firma y sobre todo que el poder democrático no se deje deslumbrar por la vistosidad de las capas magnas cardenalicias.

Y TAMBIÉN…
Saetas por la independencia.

El líder de ERC promueve las tradiciones de Semana Santa de los emigrantes andaluces . 'Habría procesiones en la Cataluña independiente, claro; más que ahora', explica Oriol Junqueras.
El Mundo, 2014-04-19
https://www.elmundo.es/cataluna/2014/04/18/535103bc268e3e9f2f8b456e.html

jueves, 14 de febrero de 2019

#hemeroteca #iglesia | Valencia cobrará el IBI a los inmuebles lucrativos de la Iglesia

Imagen: El País / Iglesia de los Santos Juanes, Valencia
Valencia cobrará el IBI a los inmuebles lucrativos de la Iglesia.
El Consistorio calcula que la recaudación por este concepto superaría los dos millones de euros.
Cristina Vázquez | El País, 2019-02-14
https://elpais.com/sociedad/2019/02/14/actualidad/1550148412_722449.html

El Ayuntamiento de Valencia empezará a cobrar en marzo a la Iglesia el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por los edificios que el clero emplea con fines lucrativos. El concejal de Hacienda de la capital, el socialista Ramón Vilar, girará los primeros 20 recibos en unos días. "Esto no se hace y acaba en dos días, son muchos años sin pagar", ha reconocido el edil. No es nuevo, sin embargo, la Iglesia tiene la obligación de pagar por estos inmuebles por los que obtiene un lucro directo en toda España y las Administraciones la de cobrarlo con diligencia.

El Consistorio estima en algo más de dos millones de euros la recaudación adicional por el cobro del IBI y otros impuestos municipales a la Iglesia por esas propiedades que tiene un uso lucrativo permanente. La Hacienda municipal dispone de un listado de más de 1.700 propiedades de la capital exentas en la actualidad del pago de impuestos -religiosas y civiles-, y el mayor número pertenecen a la jerarquía católica. Todas están bajo revisión.

Vilar se apoya en una sentencia del Tribunal de la Unión Europea que da la razón al Ayuntamiento de Getafe, en Madrid, que reclamó el pago de ICIO, impuesto de construcciones, a un colegio concertado religioso que amplió sus instalaciones. Valencia ‘peleará’ por el ingreso de estos recibos, si es preciso, ha dicho el concejal de Hacienda, a través de una declaración de lesividad.

El Consistorio valenciano elude hablar de cifras concretas porque los casos de inmuebles susceptibles de pagar estos impuestos se estudian uno a uno. Los primeros recibos que se girarán a partir de marzo serán los casos más claros: la Universidad Católica de Valencia o la clínica de La Salud, entre otros. "Si tienen clínicas similares y una clientela parecida y compiten una con la otra, no puede ser que una pague y otra no por ser de la Iglesia", argumenta el concejal valenciano.

Asunción Villanueva, representante de Europa Laica, asociación que defiende la derogación de los acuerdos entre España y el Vaticano, advierte que el Ayuntamiento emitirá los recibos del impuesto pero la Iglesia está exenta "por los acuerdos económicos que firmó España en 1976 y 1979, que son una prolongación del Concordato que rubricó Franco en 1956". A estos pactos se añade la ley de Mecenazgo, aprobada bajo la presidencia del Gobierno de José María Aznar, que otorga también exenciones.

"Una cosa es que la Iglesia no pague el IBI y otra diferente es que ni siquiera se le giren los recibos porque hay lugares de culto que son un poco trampa. Una residencia de alumnos, por ejemplo, donde por el hecho de que haya una capilla abierta al culto ya no paga impuestos. Y los alumnos abonan el servicio", explica Villanueva.

La portavoz de Europa Laica lamenta que la Iglesia disponga de tantos privilegios, cuando es una organización privada. Villanueva considera que la medida del Ayuntamiento de Valencia está bien. "Es una manera de crear conciencia entre la población", sostiene.

Y TAMBIÉN…
El Gobierno revisará los acuerdos con la Iglesia para que pague el IBI.

La decisión está tomada pero requerirá tiempo por su complejidad. Los obispos responden: “Si no lo hacen también con el resto del sector no lucrativo sería profundamente profundamente injusto”
Carmen Morán Breña / Carlos E. Cué | El País, 2018-11-01
https://elpais.com/sociedad/2018/10/31/actualidad/1541017723_406885.html
Europa Laica culpa al Gobierno del “paraíso fiscal” que vive la Iglesia.
La asociación asegura que la Conferencia Episcopal no justifica adecuadamente en su memoria a qué destina el 0,7% del IRPF de los contribuyentes.
Julio Núñez | El País, 2018-09-12
https://elpais.com/sociedad/2018/09/12/actualidad/1536765230_103428.html

martes, 28 de agosto de 2018

#hemeroteca #iglesia #patrimonio | La Mezquita de Córdoba, La Catedral de Burgos y la Sinagoga Santa María la Blanca son nuestras

Imagen: Google Imágenes / Santa María la Blanca, antigua sinagoga en Toledo
La Mezquita de Córdoba, La Catedral de Burgos y la Sinagoga Santa María la Blanca son nuestras.
Antonio Gómez Movellán · Presidente de Europa Laica | Público, 2018-08-28
https://blogs.publico.es/dominiopublico/26340/la-mezquita-de-cordoba-la-catedral-de-burgos-y-la-sinagoga-santa-maria-la-blanca-son-nuestras/

En España, de acuerdo a la inscripción registral, estos tres edificios religiosos: una mezquita, una sinagoga y una catedral son de titularidad de la Iglesia Católica pero ¿es así en otros países? No; en la mayoría de los países protestantes de nuestro entorno y en aquellos católicos que tienen un estado laico o existe una laicidad institucional estos edificios serían del Estado o de diversos organismos públicos tanto en su propiedad como en su titularidad, pudiendo estos organismos públicos ceder o afectarlo a un uso de culto mediante el correspondiente convenio.

En nuestro país se ha avanzado muchísimo en la protección del patrimonio histórico y también el de raíz religiosa, y la ley del Patrimonio histórico de 1985 significó un avance, ya que durante décadas hubo una desprotección muy importante vendiéndose muchísimos bienes muebles e inmuebles de las iglesia católica a terceros; además, la asunción, por parte de las Comunidades Autónomas, de competencias en materia de protección del patrimonio histórico, ha sido esencial para los avances que hemos observado en la conservación del patrimonio histórico de raíz religiosa.

En la actualidad tenemos ante nosotros la oportunidad de reivindicar la plena propiedad y posesión de los bienes históricos de raíz religiosa, en base a una modificación de la ley de patrimonio. De igual manera que la ley de 1905 de separación de Iglesia Estado, en Francia, realizó una afectación general de estos inmuebles al Estado o las comunas, en España mediante la reforma de la ley de Patrimonio se podría hacer algo parecido a lo que se hizo en Francia en 1905.

Tanto los bienes muebles como inmuebles de valor histórico cultural de raíz religiosa deberían ser de titularidad y propiedad del Estado o las Comunidades Autónomas. Si bien es cierto que la protección de bienes muebles histórico-culturales de la Iglesia Católica tienen un especial protección en la ley de Patrimonio, no lo es tanto para los bienes inmuebles. Es cierto que los bienes muebles de la iglesia católica, de acuerdo al artículo 28 de la ley de Patrimonio, tienen una especial protección contra el expolio, ya que “Los bienes muebles declarados de interés cultural y los incluidos en el Inventario General que estén en posesión de Instituciones eclesiásticas, en cualquiera de sus establecimientos o dependencia, no podrán transmitirse por título oneroso o gratuito, ni cederse a particulares ni a entidades mercantiles. Dichos bienes sólo podrán ser enajenados o cedido al Estado, a Entidades de Derecho Público o a otras Instituciones eclesiásticas”, y sin embargo, a pesar de ello, las ventas clandestinas a terceros se han producido y en el inventario no están todos los bienes muebles que deberían estar, y no digamos lo que sucedió en España en los años 50, 60 y 70, cuando el expolio fue importantísimo. La Iglesia Católica, contrariamente a lo que predica, ha sido una pésima conservadora del patrimonio histórico de raíz religiosa, contribuyendo de mil maneras a su expolio. Si el patrimonio histórico de raíz religiosa ha podido ser conservado con criterios modernos, ha sido por la intervención del Estado, CCAA o Ayuntamientos, que han invertido mucho dinero y medios en la conservación. Es curioso que pese a esas intervenciones, la Iglesia Católica siga recaudando dinero en los templos monumentales, revertiendo esas recaudaciones no a la conservación del templo o del inmueble religioso, sino a actividades diversas de la Iglesia Católica.

Desde la perspectiva de un laicismo institucional y de una concepción moderna del patrimonio histórico, todos los bienes con valor cultural histórico de raíz religiosa deberían ser de titularidad exclusiva, por ley, del Estado o las Comunidades Autónomas -incluyendo el patrimonio documental-, pudiendo el Estado u organismos públicos autorizar un uso controlado litúrgico o de culto de esos lugares o de los bienes muebles. Nadie puede negar que el mejor uso que puede tener un templo sea el litúrgico y cultual, pero en la medida en que la práctica religiosa se extingue los templos quedan vacíos y las liturgias no se practiquen, ese uso es ya imposible. Es inaudito, en nuestro país, que, por ejemplo, templos de otras religiones como la mezquita de Córdoba o la sinagoga Santa María la Blanca en Toledo sean de titularidad de la Iglesia Católica y que su conservación y uso estén determinados por la posición de tal o cual arzobispo y que incluso se haya llegado a prohibir liturgias judías o musulmanas en estos templos.

Después de la barbaridad de las inmatriculaciones de los monumentos nacionales en los registros de la propiedad, no se trataría de batallar, una por una, la titularidad de tal o cual bien del patrimonio histórico cultural, sino de promulgar un instrumento jurídico que sea adecuado y eficaz para la declaración nula de todas esas inscripciones de titularidad ilegítimamente realizadas. Pero se trataría, además, de ir un poco más allá impulsando una reforma de la ley del patrimonio histórico en la cual se exprese con total claridad la titularidad pública del patrimonio histórico de raíz religiosa y la posibilidad de la afectación para uso religioso de tal o cual templo. La idea y concepción actual, de la cual beben todas las leyes de patrimonio de las CCAA y los propios Acuerdos con la Santa Sede de 1979, es justo la contraria, ya que se considera que la propiedad de los bienes históricos culturales de las instituciones eclesiásticas son de la Iglesia Católica y que para su conservación se obliga al Estado a pactar o convenir con ella; es una concepción que bebe del nacionalcatolicismo.

La formación del patrimonio histórico cultural de la Iglesia Católica tiene, en gran medida, su origen en unas propiedades que obedecían a un sistema económico estamental y feudal o tardo medieval, donde la Iglesia era un estamento público que gravaba impuestos a los siervos o aparceros. Un gran parte de ese patrimonio histórico cultural se fue incorporando a la moderna economía, a través de las desamortizaciones, donde una gran parte de esas propiedades, sobre todo las de beneficencia, fueron incorporadas al moderno Estado y otras, a través de la subasta y la compra-venta, a los nuevos circuitos económicos. Que la Iglesia Católica de los siglos XX y XXI haya continuado haciendo negocios con estos bienes refleja el desprecio de ésta por la conservación patrimonial y el afán lucrativo de la institución; solo las leyes civiles han sido las que han frenado el expolio que la Iglesia Católica ha venido realizando sobre el patrimonio eclesiástico-religioso. Ahora, en España, se abre la oportunidad de incorporar definitivamente al dominio público todo el patrimonio histórica de raíz religiosa, incluyendo no solo los bienes inmuebles, sino también los bienes muebles y documentales hoy diseminados y mal conservados, como demostró el extraño caso del secuestro del Códice Calixtino, y evitando cualquier intento de exigencias indemnizatorias, como ya hizo la iglesia en el siglo XIX en el momento de las desamortizaciones; porque quizás haya sido este el afán de la Iglesia Católica al registrar a su nombre hasta la mezquita de Córdoba.

jueves, 22 de febrero de 2018

#hemeroteca #laicismo | El Supremo avala la medalla policial a la Virgen del Amor y zanja un pleito de cuatro años

Imagen: El País / Jorge Martínez Díaz
El Supremo avala la medalla policial a la Virgen del Amor y zanja un pleito de cuatro años.
El tribunal rechaza el recurso de revisión que plantearon la Asociación Europa Laica y Movimiento Hacia un Estado Laico.
Óscar López-Fonseca | El País, 2018-02-22
https://politica.elpais.com/politica/2018/02/22/actualidad/1519312909_549795.html

La polémica concesión en 2014 de la medalla policial a Nuestra Señora Santísima del Amor por parte del Ministerio del Interior ha llegado este jueves a su fin cuatro años después de iniciarse. El Tribunal Supremo ha hecho público este jueves su decisión de desestimar el recurso de revisión interpuesto por la Asociación Europa Laica contra la sentencia de la Audiencia Nacional que en noviembre de 2015 avaló, por tres votos contra dos, la orden del departamento que entonces dirigía Jorge Fernández Díaz de condecorar a la imagen religiosa. En el fallo, el Supremo acusa a los recurrentes de intentar "convertir el proceso de revisión en una nueva o tercera instancia, reiniciando el debate ya concluido mediante una sentencia firme".

La Asociación Europa Laica y el Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL) plantearon en su recurso que, una vez que se había producido el fallo de la Audiencia Nacional, salieron a la luz documentos que, en su opinión, hubieran modificado el sentido de aquel fallo. En concreto, citaban una sentencia del juzgado Central de lo Contencioso-administrativo 10 de la Audiencia Nacional por la que se permitía al Sindicato Unificado de Policía (SUP) acceder a la información contenida en las propuestas para conceder la medallas y una circular interna de mayo 2012 de la Dirección General de la Policía en el que se detallaban los criterios para otorgar las condecoraciones tanto a agentes como a personas ajenas a la institución. En su escrito, las asociaciones destacaban que ninguno de estos documentos se incorporaron en su día a la causa porque los denunciantes desconocían su existencia y porque Interior no los mencionó en sus escritos de defensa ni los aportó a la causa.

Ahora el Supremo rechaza dicho argumento y respalda la posición de la fiscalía, para quien ni la sentencia ni el documento interno de Interior "pueden ser admitidos ni considerados como documentos decisivos recobrados, no aportados por causa de fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se dictó la sentencia, por lo que no pueden conceptuarse como tales documentos a efectos de revisión” de la sentencia. Los seis magistrados de la Sala de lo Contencioso-administrativo recuerdan que el fallo aportada por los recurrentes es posterior al fallo que avaló la concesión de la medalla y, por tanto, consideran que "no a lugar a la revisión solicitada". También condena a las asociaciones laicas a pagar las costas del proceso.

Largo proceso judicial
La decisión del Supremo de rechazar el recurso de revisión pone punto final a un proceso judicial que dura ya casi cuatro años. Iniciado en abril de 2014, la primera magistrada que lo asumió, la titular del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 7, Ana María Jimena, llegó a poner fecha para la vista: el 11 de junio de aquel año. Sin embargo, un escrito de Interior obligó a suspender la misma poco antes de celebrarse al alegar entonces que la Virgen no era "funcionaria" y que, por lo tanto, era obligatorio que la causa fuera tramitada y fallada por una sala compuesta por cinco jueces. Ese escrito obligó a la magistrada a plantear un "incidente de competencia" en el que finalmente acordó remitir la causa a sus compañeros de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.

Estos también tuvieron que demorar su decisión durante varios meses por diversas incidencias procesales planteadas por la Abogacía del Estado en representación del departamento de Fernández Díaz, hasta que finalmente en noviembre de 2015 dictó la sentencia que avaló la concesión de la medalla a la Virgen del Amor por tres votos contra dos. Parecía que entonces el pleito llegaba a su fin. Sin embargo, Europa Lacia y MHUEL decidieron en marzo de 2016 recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional, que en cuatro meses dictaba una providencia para rechazar la admisión del mismo al no apreciar “especial trascendencia constitucional” al caso. Ahora, el Tribunal Supremo ha dicho la última palabra.

lunes, 5 de junio de 2017

#hemeroteca #laicismo | “Al recoger su acta de diputado, se diría que muchos políticos se han fumado un porro de incienso”

Imagen: Público / 'Maremoto de Cádiz', 1755: la Virgen del Rosario como parapeto
“Al recoger su acta de diputado, se diría que muchos políticos se han fumado un porro de incienso”.
Iñaki Berazaluce | Strambotic, Público, 2017-06-05
http://blogs.publico.es/strambotic/2017/06/porros-de-incienso/

Lejos de llamarle al orden por apoyar la condecoración a la Virgen del Rosario, los dirigentes de Podemos han cerrado filas en torno al alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, justificando su decisión con argumentos cada vez más alambicados. Primero fue el ex dirigente Juan Carlos Monedero desde estas mismas páginas. Se sumó al carro Teresa Rodríguez en una entrevista en la cadena SER y la guinda la pone Pablo Iglesias, para quien Kichi está condecorando a la Virgen de una forma “muy laica”. No es una broma, no: lo justifica así en el Diario de Cádiz

“Admito que cuando me enteré no entendía nada y tuve que llamar a Kichi para que me lo explicara. Para alguien de Madrid suena raro y no encajaría en otros ayuntamientos que gobernamos. Pero él me convenció. Me habló del carácter de dignidad popular que significaba esa Virgen y que en una ciudad como Cádiz, con esa tradición anarquista y liberal, esa Virgen, tan vinculada a las cofradías de pescadores, no va unida al conservadurismo que nos podría parecer desde fuera. Yo creo que Kichi lo ha manejado de una manera muy laica en el sentido de que se trata una muestra de respeto a los sentimientos populares demostrando que hay que convivir con distintos pareceres y tradiciones”.

Resumiendo, la Virgen del Rosario es de izquierdas y la Virgen del Amor, la favorita de Fernández Díaz, de derechas.

La asociación Europa Laica, que trata de mantener el espíritu laico del Estado, reconocido en la Constitución, intentará impugnar la decisión del Ayuntamiento de Cádiz aunque, como reconoce su presidente, Francisco Delgado, no las tiene todas consigo, “pues la iniciativa debería provenir de quien ha votado en contra”, en este caso Ganar Cádiz (el pecio de Izquierda Unida en la provincia), a la sazón socio de Gobierno de Podemos en el consistorio.

En conversación telefónica con Strambotic, Delgado desgrana los motivos por los que la concesión de la ya célebre medalla de oro es un dislate: “Es una vulneración del artículo 17 de la Constitución. Las firmas son muy pocas, pero incluso si fueran muchas más tampoco podría hacerse, porque el reglamento del Ayutamiento especifica que sólo pueden condecorarse personas física o jurídicas, jamás estatuas o seres imaginarios”.

Entre los “méritos” acumulados por la Virgen se encuentran una serie de “milagros” desgranados en el anexo del escrito de otorgamiento de la medalla, como las rogativas organizadas para combatir la epidemia de peste de 1646 o la de fiebre amarilla de 1730, o la procesión de la Virgen para calmar las aguas tras el maremoto de 1755. No consta en acta que ninguna de estas intervenciones sirvieran para calmar las aguas o los gérmenes. “El documento que se presenta es patético y es cautivo del confesionalismo religioso”, según Francisco Delgado. Lo que es peor, “hubiéramos esperado algo así del PP, que lleva el confesionalismo en el ADN, pero no de un partido de izquierdas como Podemos. Resulta bochornoso”.

Mientras la Iglesia Católica agoniza en España -misas vacías y servidores de Dios en caída libre- su poder no deja de mermar o al menos “se mantiene estable”, con el agravante de que otras creencias en auge, “como evangelistas y musulmanes son cortejados por los poderes públicos en Cataluña o Murcia por motivos electoralistas”, sostiene el presidente de Europa Laica.

“Desde el punto de vista sociológico, la secularización de la sociedad está muy por encima de muchos países europeos, sigue creciendo el porcentaje de gente que se considera agnósticos y ateos. Lo que no se ha secularizado es la política; sigue habiendo una especie de nacional-catolicismo, desde los actos institucionales hasta la Moncloa. Parece que muchos políticos en el momento de recoger su acta de diputado empezaran a fumar porros de incienso y tomaran por suyos los intereses de las religiones”, concluye Delgado, en clara alusión a Kichi y la formación morada-nazareno.

miércoles, 17 de agosto de 2016

#hemeroteca #iglesia #politica | La virgen, declarada alcaldesa perpetua de un pueblo de Guadalajara

Imagen: El Diario / Virgen del Socorro, alcaldesa perpetua de Illana
La virgen, declarada alcaldesa perpetua de un pueblo de Guadalajara.
Europa Laica denuncia el “insulto a la inteligencia” de este nombramiento en la localidad de Illana, que se suma al realizado en Navalmoral (Cáceres). El alcalde y concejales de la localidad alcarreña y los vicarios de la Diócesis presidieron juntos este acto de homenaje a la patrona de la localidad.
Alicia Avilés Pozo | El Diario, 2016-08-17
http://www.eldiario.es/clm/virgen-declarada-alcaldesa-perpetua-Guadalajara_0_549095301.html

“Esto ataca a la inteligencia”. Con estas palabras resumen desde el colectivo Europa Laica la decisión del Ayuntamiento de Illana (Guadalajara), gobernado por el PP, de presidir un acto por el que se ha declarado a la Virgen del Socorro, patrona de la localidad, como alcaldesa perpetua del pueblo. El nombramiento se aprobó en el pleno municipal de julio con el voto en contra de los tres concejales del PSOE. Este acontecimiento coincide con uno similar en Navalmoral (Cáceres), donde han llegado a recogerse firmas contra esta designación. En el caso de Illana, la celebración contó con la presencia del vicario general de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, párrocos y el alcalde del pueblo, Francisco Javier Pérez.

Los actos comenzaron con el traslado de la imagen de la Virgen desde la iglesia hasta la ermita. Allí, tuvo lugar la celebración de la eucaristía de inauguración de las obras de remodelación de ese edificio y la bendición de las mismas. Fue durante la misa cuando se dio lectura al acuerdo de pleno por el que se nombra a la patrona alcaldesa perpetua de Illana. Se le entregó incluso el bastón de mando de la Villa de forma permanente y se destacó la devoción que durante siglos se ha mantenido a la patrona y el “referente de unidad” que supone para los vecinos.

Las críticas en este caso han llegado desde la asociación Europa Laica. Su portavoz, Juanjo Picó, ha denunciado que se trata de un ejemplo más de la ausencia de normativas que impiden que, después de 40 años, España siga sin ser un Estado aconfesional. Detalla que en este caso, la laicidad se rompe en cuanto al simbolismo, debido a que los alcaldes y cargos públicos no cumplen con la separación de poderes entre la Iglesia y la sociedad civil.

“Esto es un insulto a la inteligencia, como lo es cuando alcaldes y concejales participan en las rogativas a la Virgen para que llueva o para que no haya paro”. Por esto motivo, desde este colectivo piden que se regulen protocolos aconfesionales, “cuando no laicos”, para que las instituciones avancen hacia la libertad de conciencia y “no se mezclen las creencias particulares con lo que es público y de todos”.

"Hay derechos que no son votables"
Además, Juanjo Picó explica que se trata de una cuestión al margen de mayorías y minorías, o de que tenga mayor o menor aceptación social. “Hay derechos que no son votables, y el laicismo debería ser parte esencial de la estructura esencial del Estado. Hay ámbitos, como las creencias, que pertenecen al ámbito de lo privado y no pueden pasar a lo público, y un alcalde es elegido para una función civil, pública”.

De hecho, desde Europa Laica se está impulsando la Red de Municipios por el Estado Laico para la creación de reglamentos municipales que respeten la laicidad en los actos en los que participen cargos públicos y cumplir así con la aconfesionalidad del Estado. Por el momento, se han adherido ayuntamientos como Gijón, Avilés, Sagunto o Rivas-Vaciamadrid, y lo están estudiando otros como el de Santiago de Compostela.

lunes, 23 de noviembre de 2015

#hemeroteca #laicismo | Francisco Delgado: "Los profesores de religión en España nos cuestan más de 600 millones de euros"

Imagen: Nueva Tribuna / Francisco Delgado
Francisco Delgado: "Los profesores de religión en España nos cuestan más de 600 millones de euros".
En su libro "La cruz en las aulas", el presidente de Europa Laica, advierte de que "la enseñanza es el espacio más apetecido por todas las religiones".
Librería Cazabaret | Nueva Tribuna, 2015-11-23
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/cruz-aulas/20151123131633122700.html

A pesar de la creciente secularización de la sociedad española, la Iglesia católica, con la complicidad de una parte importante del poder político, participa activamente en las instituciones del Estado. Los centros educativos no son una excepción. Todo lo contrario; el clero católico, donde más ejerce su influencia, es en el ámbito de la enseñanza. 'La cruz en las aulas', de Francisco Delgado, presidente de Europa Laica, trata de analizar y explicar cómo es esa presencia y cuál es su origen. Salvo en el breve periodo de la II República, el peso católico en las instituciones educativas ha sido una constante. Cuando en el siglo XVIII, Condorcet abogaba por un modelo laico de enseñanza en Francia, en España la Constitución de 1812 institucionalizaba la catolicidad de la instrucción pública. Y hasta hoy. Aunque la Constitución de 1978 proclama la no confesionalidad del Estado en el ámbito de la enseñanza, se dejan –deliberadamente– muchas puertas abiertas para que, tanto en materia simbólica como curricular, la Iglesia católica mantenga, y aun prolongue, una endémica y poderosa presencia.

Francisco, pero ¿todavía existen cruces, presentes físicamente, en las aulas?

El título más que una metáfora algo llamativa para causar cierto impacto, fue sugerida por la editorial y así se me lo encargó el director de la colección Afondo-Akal: Pascual Serrano. La realidad es que en los primeros años de la democracia (formal) se retiraron muchos crucifijos y otros elementos religiosos de las aulas, (finales de los setenta y década de los ochenta del siglo pasado) eso sí, dependiendo del talante de los equipos directivos y del claustro de turno. Y lo hacían cuando retiraban los cuadros de Franco y José Antonio, e instalaban el del rey. Pero sin embargo conforme ha ido pasando el tiempo se han ido incrementando crucifijos y otros elementos ornamentales católicos, en algunos centros, no en exceso pero sí significativamente por presiones fundamentalistas de algunos sectores del profesorado y de las personas designadas por los obispados para impartir religión confesional y hacer proselitismo católico como objetivo básico. Al mismo tiempo que se han ido poniendo de moda actos y folclore católico como belenes, procesiones, advocaciones marianas, etc., sin que la administración educativa haya hecho nada por evitarlo y la mayoría de los equipos directivos y consejos escolares y claustros prefieren no tener “problemas” con la gente más fundamentalista católica, ya sean profesorado o padres y madres. Recordemos que no hace mucho tiempo de forma puntual a denuncias de profesorado o familias en distintos ámbitos se iniciaba lo que algunos medios conservadores y católicos calificaban (nada más y nada menos) que de “guerra de los crucifijos”, de “intolerancia” laicista” que acababa -en algunos casos- en los juzgados. Ahí está, entre otros muchos, el caso más llamativo del CEIP Macías Picavea de Valladolid, con un largo proceso, en donde la judicatura dio una solución algo ”salomónica”, insuficiente para un Estado de derecho y no confesional. Aunque desde hace años (años ochenta) que la administración educativa (MEC y Consejerías) no envían en el pac del mobiliario a los centros ornamentos religiosos, todavía existen en bastantes centros de enseñanza de titularidad pública este tipo de simbología en aulas y espacios comunes. Pero sobre todo que el Estado financia centros dogmáticos católicos, cuya simbología religiosa (de todo tipo) forma parte la decoración principal.

De todas formas digo y pregunto por las cruces presentes físicamente porque subliminalmente sí que creo que, de alguna manera, se educa con esa cruz en las aulas. ¿Cómo y de qué manera?


Claro, los símbolos (himnos, banderas, estandartes, bustos, cuadros de líderes políticos o jefes de Estado, presidentes de república, cruces, imágenes..) significan pertenencia, grupo identitario, poder, comunitarismo...etc. ya sea deportivo, religioso, político, social... Eso lo saben muy bien los nacionalistas (de todo pelaje y color) y, sobre todo, las corporaciones religiosas. Es una forma ideológica de ejercer poder, ya sea de forma expresa o subliminal. Los símbolos que unen a todo un grupo o colectivo mayor o menor, pueden tener un carácter público (de todos) nos guste más o menos, y privado de quienes voluntariamente lo eligen y se identifican con ello. Alguien entendería que un masón o grupo de masones mayoritarios en un centro (sólo como un ejemplo) colocara en el aula y espacios comunes su símbolo (la escuadra y el compás) en lugar preferente, o los seguidores de un partido político el suyo y así sucesivamente. No, son asociaciones privadas y por lo tanto sólo de ese ámbito. Los centros de titularidad pública (e incluso los financiados con fondos públicos) son de todos, existen personas de multitud de ideologías y convicciones, por ello no es adecuado colocar en lugares preferentes símbolos ideológicos que son privados. Las religiones (todas) son entidades privadas, en suma son asociaciones de creyentes de una determinada fe, sólo eso, por muchas personas que estén adscritas a ellos.

Supongo que en materia de laicidad, el Estado Español suspende desde las aulas...

Rotundamente: sí. La Constitución de 1978 expresa: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Sin embargo -en la práctica- podríamos considerar que estamos en un Estado confesional católico, ya que los privilegios simbólicos, económicos, tributarios, políticos y en materia de Enseñanza y servicios sociales de los que disfruta la Iglesia católica son enormes. El Concordato de 1953 y los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, constituyen el cuerpo jurídico que permite esa situación.

Pero supongo que todo esto arranca de la Educación bajo la bota de la religión, de la católica mayoritariamente.

Claro, durante siglos la religión católica fue la religión del Estado y eso genera un ADN político y social que lo inunda todo. Hasta hace escasas cuatro décadas (salvo en el brevísimo periodo de la II República y en algunos pocos años liberales del siglo XIX) se necesitaba la partida de bautismo y el libro de familia cristiana por poder acceder a un centro escolar o empadronarse, por ejemplo, e incluso hubo momentos que se necesitaba un certificado del cura párroco. En la última dictadura (la franquista nacional católica) en los centros de enseñanza del Estado, no sólo se enseñaba dogma católico, sino que se obligaba a ir a misa, hasta muy avanzados los años setenta. Si nos remontamos años atrás, durante siglos y hasta finales del XIX se exigía “pureza de sangre” (católica) para poder ser maestro, profesor o ser funcionario del Estado. Certificado que se exigía en los primeros años de la Dictadura de Franco. Hay que tener en cuenta que mientras la laicidad de las instituciones se empieza a dar en Francia, Gran Bretaña o EEUU, también en las independencias de Latinoamérica, producto -básicamente- de la Ilustración, en España se aprobaba una Constitución liberal católica y Fernando VII reestablecía -durante años- la Inquisición que había sido abolida por Napoleón. Otras religiones fueron perseguidas hasta bien entrado los años sesenta del s.XX, al igual que masones, ateos, etc.

¿Cómo la religión católica se fue metiendo en las aulas?

De acuerdo con la pregunta anterior. La Enseñanza es el espacio más apetecido por las religiones, esencialmente las monoteístas o abrahámicas, el judaísmo, cristinas en sus cientos de versiones y musulmanas en su diversidad. La católica en España ha sido la religión de la Enseñanza estatal. La Institución libre de Enseñanza o la Escuela Moderna o los Ateneos anarquistas, o las escuelas laicas desde finales del siglo XIX y hasta 1939, surgieron desde la iniciativa privada laica. Porque el catolicismo controlaba la gestión y el currículo de la Enseñanza del Estado. Pasada la dictadura en 1977, con la Constitución de 1978, se establece una cierta laicidad formal en la Enseñanza. Pero sin embargo los poderes públicos han mantenido la religión confesional en el conjunto del Sistema, así como la simbología y financian un alto porcentaje de enseñanza dogmática católica. La mayoría de los libros de texto -de todas las materias- los elaboran editoriales católicas. Las más de 15.000 personas designadas por los obispados para impartir religión, ejercen de verdaderos delegados y delegadas diocesanas en los centros cuya “misión” es hacer proselitismo religioso y tratar de evangelizar la vida de los centros. Y ello nos cuesta a todos (creyentes o no) más de 600 millones de euros. Ya fuera el PSOE o el PP en mayoría, han mantenido y agrandado esos privilegios y el poder de la Iglesia en la Enseñanza, desde 1979, hasta ahora.

¿Podremos disfrutar, algún día de una escuela laica o esto se nos está escapando?


La sociedad española se ha secularizando muchísimo. Según el CIS último (julio 2015) el 69% se declaran católicos (culturales). Pero hace algo más de tres décadas pasaban del 90%. De todas formas, el CIS se refiere a encuestados de todas las edades. Hay gente que tiene más de 70 años y se considera católica por tradición, pero no porque vayan a misa o cumplan con los preceptos católicos. Si nos fijamos en una franja de edad que bascule entre los 20 y los 40 años, las cifras descienden a por debajo del 50% los que se dicen católicos. Esto significa que nos estamos acercando, en cuanto a secularización de la sociedad, a la media europea. En Europa (la comunitaria, por ejemplo), las personas que dicen pertenecer a una organización religiosa son tan solo un tercio de media. España se está aproximando a esa situación. Es más (y esto es lo importante) cuando preguntan a ese 69% si cumple con los preceptos católicos, son algo más del 20% los que dicen que van a misa habitualmente o que cumplen con dogmas habituales. Un indicativo, muy fiable, son las personas que señalan la casilla en la Declaración del IRPF, para que se financie la Iglesia católica, año tras año no pasan del 35%. Las personas que se declaran ateos o agnósticos, ya superan el 25% y entre los menores de 40 años superan el 40%. Otro dato interesante es que -según la Conferencia Episcopal Española-, en 2013 se bautizaron sólo al 58% de los niños que nacieron. A pesar de ser una especie de rito de paso, de manera pagana o religiosa, ya hay más de un 40% de los niños que no se bautizan. Es un paso importante, el de la secularización de la sociedad, que debe ser el precedente de una auténtica separación entre Iglesia y Estado. El Estado debe ser laico y no mezclarse en ninguna religión concreta. El Estado debe ser neutral ante las convicciones. Si ello lo trasladamos a la Enseñanza, a pesar de las presiones que se ejercen en los centros sobre las familias para que éstas matriculen a sus hijos e hijas en religión. En el curso pasado 2014-15, el número de alumnado que asistía a clase de religión en el conjunto de las etapas y del Estado, en los centros de titularidad pública, no pasaba del 45%. Si nos atenemos a toda la Enseñanza, incluida la católica las cifras aumentan, lógicamente. Y si nos centramos en el alumnado de secundaria (cuando los chavales pueden decidir por ellos mismos), las cifras descienden muchísimo. No pasan del 25% de media en el conjunto del Estado y en la Enseñanza pública. Ello nos conduce a dos reflexiones. Lo haga o no el poder político. A religión cada vez asisten menos alumnos y alumnas. Luego tendrán que sacarlo del horario lectivo por pura lógica. En cuanto a la enseñanza cultural y curricularmente laica, para ello queda más tiempo y dependerá no sólo de la presión de una sociedad secularizada, sino de unas mayorías políticas que cumplan la Constitución y que entiendan que la enseñanza es para saber y no para creer. Por ello la “Campaña por una escuela pública y laica. Religión fuera de la escuela” que promueven más de 50 organizaciones sociales y sindicales de todo el Estado, desde hace más de 20 años y cuyo texto del último Compromiso, figura al final del libro.

¿Y la actual crisis económica, financiera y de renacer potente de los fundamentalismos, como está influyendo, cómo piensas que puede influir en una Europa que debería viajar hacia lo laico?


Aunque a lo largo del libro se hacen referencias continuas a los “nuevos peligros” que acechan a los sistemas educativos públicos, no sólo al español, sino a los del otros países, el capítulo VII del libro se dedica a reflexionar -muy brevemente- sobre ello, cito un trozo de la página 127.“El neoliberalismo educativo se basa en la teoría del capital humano, donde se prioriza a la educación, como un “bien de inversión”, que se ajuste a los procesos de interacción de la economía, bajo los esquemas de libre mercado y libre elección de centro.Bajo ese concepto, la Educación que adquieren los individuos es asumida ideológicamente por éstos y sus familias, también por un batallón de profesores al servicio del neoliberalismo, como una norma que posibilita la mejoría del precio relativo de la fuerza de trabajo, de los sujetos en el mercado. Bajo la fórmula “costo-beneficio”, donde los trabajadores maximizan su ingreso de renta real, debido a la inversión realizada en “Educarse” para un determinado modelo de sociedad.Estas y otras teorías del mercado están calando profundamente en el ámbito universitario y se traslada, poco a poco, a la Enseñanza no universitaria, destruyendo el modelo soñado de Escuela Pública y Laica. La “doctrina del miedo”, también afecta a la Enseñanza. Consiste en lanzar mensajes sobre la falta de recursos, las deficiencias del Sistema público, el fracaso escolar, la educación para la competencia y a lo largo de toda la vida, la alienación con el modelo capitalista y liberal, la inestabilidad del empleo de los docentes, la burocracia y el control, las evaluaciones permanentes… “Y yo añado en esta respuesta, también los fundamentalismos religiosos forman parte del “paquete”. Las escuelas y universidades se convierten así en verdaderos laboratorios para las religiones y otros grupos ideológicos, donde infundir odio al otro, nacionalismos excluyentes, temor a Dios... Y sobre todo, aprovechándose de que en las primeras edades del individuo, (en la enseñanza infantil y primaria) es más fácil penetrar en sus mentes con estos mensajes y esas fantasías, ya que sus conciencias (que nacen libres) se está conformando todavía. Europa (comunitaria y no comunitaria) no se libra de todo ello. Religiones oficiales (y sus lados más oscuros e integristas) y el capitalismo depredador (y -también- su lado más liberal) utilizan la Escuela, pero también las redes sociales y las tecnologías de la información, la televisión y otros medios. Todo vale, para difundir “doctrina de alienación del ser humano” a un determinado Sistema competitivo, de odio o temeroso de cualquier dios. El aumento de los fanatismos nacionalistas, económicos y religiosos es un hecho en todos los Estados europeos y de otras partes del mundo. Se levantan muros y fronteras para los seres humanos (aunque no para el capital, ni la religión). Por lo tanto, entramos en una nueva era, en donde los Derechos Humanos (si casi su nunca se respetaron) comienzan a ser “papel mojado” para Gobiernos y poderes facticos. De ahí que una renovada movilización social internacionalista de clase, sería lo único capaz de reconducir esta situación, si no estamos avocados a nuevas catástrofes aun mayores de las que ya tenemos y tuvimos en siglos pasados. De todas formas nunca hay que perder la esperanza, ni el coraje. Y para eso hay quienes luchan desde múltiples trincheras, como lo hicieron siempre (desde hace siglos) mucha gente, de ahí, de esa luchas, surgieron los pequeños avances en derechos y libertades, emancipadores.. etc.

DOCUMENTACIÓN
Francisco Delgado (Europa Laica): “No confiamos en la posición supuestamente aperturista del papa”.

Entrevistamos al presidente de Europa Laica, Francisco Delgado, con motivo de la presentación de su nuevo libro, ‘La cruz en las aulas’.
Daniel Cabezas | La Marea, 2015-10-15
http://www.lamarea.com/2015/10/15/francisco-delgado-europa-laica/

miércoles, 11 de noviembre de 2015

#hemeroteca #laicismo | Izquierda Unida propone suprimir la escuela concertada en seis años


Imagen: El País / Alberto Garzón con representantes de Europa Laica
Izquierda Unida propone suprimir la escuela concertada en seis años.
La formación concurre al 20-D con una propuesta de desamortizar los bienes de la Iglesia.
Elsa García de Blas | El País, 2015-11-11
http://politica.elpais.com/politica/2015/11/11/actualidad/1447238975_701342.html

Frente a la Catedral de la Almudena de Madrid, Alberto Garzón, candidato de IU-Unidad Popular a la presidencia del Gobierno, ha revelado este miércoles sus propuestas electorales en materia de laicidad con el objetivo de lograr un Estado "100% laico". Ante la mirada curiosa de dos sacerdotes que se han asomado a través de la valla —la rueda de prensa se ha celebrado en la acera, sin entrar en las dependencias del templo y sin incidentes—, Garzón ha proclamado su intención de acabar con el "adoctrinamiento religioso" en las aulas financiado con dinero público. Para ello, IU propone sacar la religión de la escuela, pero no solo: su formación es la única que llevará en el programa la supresión de la educación concertada de forma progresiva hasta eliminarla completamente en un plazo máximo de seis años.

“Defendemos una educación 100% pública. Hay que acabar progresivamente con este estatuto de privilegio de los centros concertados”, ha defendido Garzón, acompañado del presidente de la organización Europa Laica. Esta propuesta, que les separa de las otras formaciones de izquierdas, como el PSOE y Podemos —ninguno de los dos llega tan lejos— se llevaría a cabo a través de dos mecanismos, según explica a El País el responsable federal de Educación de IU, Enrique Díez. En el caso de los centros concertados construidos en suelo público, un decreto establecería su “nacionalización automática”, esto es, se convertirían en totalmente públicos. Para los construidos sobre suelo privado, la integración en la red pública sería voluntaria: “Si no quisieran, el curso siguiente dejarían de recibir la financiación del Estado”, señala Díez. El profesorado de los centros nacionalizados serían homologados a los docentes de la pública en una fórmula consensuada con los sindicatos.

Al mismo tiempo, la medida exigiría la construcción de nuevos centros públicos. IU estima que necesitaría aumentar un 30% la inversión educativa, una cantidad que lograría a base de detraer un 25% del gasto militar y de suprimir la financiación pública de la Iglesia católica, sus beneficios fiscales y estipulando su obligación de pagar el IBI. Con estas medidas obtendrían hasta 16.840 millones de euros, según sus cálculos.

"Ni un euro público a financiar ninguna Iglesia", proclama Garzón y, en consecuencia, la formación concurre a las elecciones con la propuesta de eliminar la financiación de la Iglesia católica a través del IRPF, así como suprimir los beneficios fiscales de cualquier naturaleza, como el IBI y todas las exenciones en los diferentes impuestos que se le otorgan por equipararla con las entidades sin ánimo de lucro (para eso quieren eliminar la Ley de mecenazgo). El partido quiere que la Iglesia católica esté obligada a presentar una memoria al Congreso de los Diputados sobre toda su actividad económica desde 1979. Para ello, así como para asegurar que la religión salga efectivamente de las aulas, es necesario "anular o en su caso denunciar" los acuerdos con la Santa Sede de 1979. IU asegura la anulación y no la revisión, por si esa fórmula escondiera una medida menos drástica.

El programa electoral llevará también, en su apuesta por la laicidad, una "desamortización paulatina y para uso público del patrimonio de la Iglesia católica" por el "interés general" y cuando el Estado "participe en su mantenimiento y restauración".

Eso por lo que respecta al patrimonio de la Iglesia válidamente registrado, pero IU entra también en el controvertido asunto de las inmatriculaciones. Una vez que se ha modificado la Ley Hipotecaria, por la cual la Iglesia ya no puede seguir inmatriculando bienes (registrarlos a su nombre), "el Estado debe declarar por vía legislativa como actos nulos todas las propiedades rústicas y urbanas registradas por la Iglesia católica por dicho procedimiento, restituyéndolas a su anterior situación registral", dice el documento que el partido incorporará a su programa electoral. Para ello, debe hacerse un listado y balance de todo lo inmatriculado por la Iglesia católica desde 1946 hasta junio de 2015 (cuando se aprobó la ley que impide las inmatriculaciones). El PSOE también pidió al Gobierno el pasado mes de junio mediante una proposición no de ley registrada en el Congreso que reclamara la titularidad de edificios, templos y otros bienes que la Iglesia ha registrado a su nombre desde 1998, pero solo cuando los obispos no hubieran aportado para ello documentos que demuestren que les pertenecían.

Entre las 24 medidas que propone IU se encuentra también la de eliminar la referencia a la Iglesia católica de la Constitución, en concreto del artículo 16.3—una propuesta que lleva el PSOE en su programa—, y la de derogar la Ley de libertad religiosa de 1980 y sustituirla por una Ley de libertad de conciencia, "que proteja y garantice la libertad de pensamiento, conciencia y convicciones, y su práctica sin distinciones ni privilegios".

El Código Penal se modificaría para derogar los artículos que tipifican como delito la ofensa a los sentimientos religiosos, "en relación con sus actos o ceremonias, tanto de palabra como de forma escrita". El Código Civil también sería reformado para suprimir la validez civil de los matrimonios y nulidades matrimoniales religiosas.

En materia de símbolos, el programa laico de IU señala que ninguna autoridad pública o funcionario podrá participar en actos de carácter confesional en calidad de tal, suprime las ceremonias religiosas en los actos oficiales que organice el Estado y elimina las capillas de los lugares públicos. Los cementerios serán civiles. "Una de las fallas que permanece desde 1978 es que todavía no tenemos un Estado laico", ha concluido Garzón, que se compromete con la plena separación entre Iglesia y Estado.

lunes, 9 de noviembre de 2015

#hemeroteca #laicismo | La Audiencia Nacional revisará la medalla policial que Fernández Díaz concedió a la Virgen del Amor

Imagen: El Diario / Jorge Fernández Díaz
La Audiencia Nacional revisará la medalla policial que Fernández Díaz concedió a la Virgen del Amor.
La asociación Europa Laica interpuso un recurso contra la condecoración por considerarla "arbitraria" e "irracional".
Europa Press | El Diario, 2015-11-09
http://www.eldiario.es/politica/Audiencia-Nacional-Fernandez-Diaz-Virgen_0_450405124.html

La Audiencia Nacional tiene previsto celebrar mañana, martes, una vista a puerta cerrada para estudiar si el Ministerio del Interior, presidido por Jorge Fernández Díaz, actuó conforme a la legalidad cuando decidió conceder con carácter honorífico la Medalla de Oro al Mérito Policial a la Virgen de Nuestra Señora María Santísima del Amor.

Los magistrados de lo Contencioso-Administrativo José Luis Gil, Fernando Benito, Tomás García, José María Gil y Jesús Nicolás García Paredes revisarán, a partir de las 10.30 horas, el recurso que ha interpuesto la asociación Europa Laica pidiendo la nulidad de la orden ministerial dictada en febrero de 2014 al considerarla "arbitraria" e "irracional".

En su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, la asociación sostiene que la orden de Interior adolece de un "contenido imposible" al atribuir a un "ente impersonal", como es una "figura religiosa", la máxima condecoración de la Policía Nacional, la cual está concebida para premiar actuaciones "concretas" de "personas" que hayan prestado servicios extraordinarios.

Los recurrentes, a los que se unió la Asociación Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL), recogen la doctrina del Tribunal Supremo que avala estos reconocimientos para que las personas condecoradas "puedan seguir manteniendo" esos comportamientos que son beneficiosos para los intereses generales y "sirven de ejemplo" a otras.

"La orden impugnada no es objetiva ni es eficaz. Es más, es fácil pensar que provocará el efecto contrario al pretendido desincentivando a las personas --miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y excepcionalmente otras personas-- que realmente pudieran ser merecedoras de la distinción policial por su comportamiento ejemplar", advierten.

La máxima distinción policial
En este sentido, argumentan que la Ley reguladora de la Orden al Mérito Policial de 1964 contempla la concesión de la Medalla de Oro, que es la máxima distinción policial, a quienes mueran, sufran multilaciones o heridas graves, realicen un servicio de "trascendental importancia" o pongan a prueba su valor en una actuación "extraordinaria y ejemplar".

A su juicio, resulta "palmario que Nuestra Señora María Santísima del Amor ni es funcionario de los Cuerpos que se indican, tampoco la Cofradía a la que pertenece, ni es persona". "No siendo persona --añaden-- no puede predicarse de ella la muerte o mutilación ni en acto de servicio ni en ningún otro y, por lo mismo, tampoco ha podido realizar ninguno de los servicios, comportamientos o actuaciones" enumerados en el artículo 5 de la citada norma.

Por todo ello, destacan que el hecho de que la concesión sea un acto discrecional del Gobierno no excluye que esté también sometido al control de los tribunales para evitar su "arbitrariedad" y concluyen que la Virgen "no es una persona en el sentido civil o jurídico de la palabra y, por tanto, no es un sujeto con obligaciones ni derechos, ni siquiera honoríficos".

Y TAMBIÉN…
La Audiencia Nacional avala la Medalla de Fernández Díaz a la Virgen.
La Sala de lo Contencioso dice que el verdadero destinatario es la cofradía y que ésta, a diferencia de la Virgen, sí tiene personalidad jurídica. Dos de los cinco magistrados cuestionan que actuaciones como tener el "privilegio" de liberar a un preso en Semana Santa merezcan condecoración. Los dos jueces discrepantes recuerdan que la Medalla de Oro está destinada a fallecidos en acto de servicio, mutilados o protagonistas de actos relevantes.
Pedro Águeda | El Diario, 2015-11-18
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