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sábado, 22 de enero de 2022

#hemeroteca #transfobia #terf #universidades | Las universidades públicas se entregan al generismo y a cancelar a las feministas que lo denuncian

'Hay profesores que se declaran mujeres lesbianas" //

Las universidades públicas se entregan al generismo y a cancelar a las feministas que lo denuncian.

La Autónoma de Barcelona y Granada dos de los ejemplos de la deriva queer en las aulas.
Nuria Coronado | La Hora Digital, 2022-01-22
https://www.lahoradigital.com/noticia/34079/igualdad/las-universidades-publicas-se-entregan-al-generismo-y-a-cancelar-a-las-feministas-que-lo-denuncian.aspx 

El discurso transgenerista está calando en el ámbito educativo español a velocidad de crucero. Tanto, que cada vez son más los casos de profesoras denunciadas por evidenciar tal deriva y reclamar un cordón educativo a lo que es sinónimo de misoginia. “La universidad ha dejado de ser el lugar donde se genera conocimiento para la sociedad. Ahora la agenda queer planea en todos los espacios, impidiendo que se mejoran los saberes y perspectivas heredadas o se traslade el conocimiento de la investigación a la docencia y a la transferencia social”, tal y como explica Silvia Carrasco, profesora de Antropología Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Un cambalache que reproduce el mismo patrón de otros países. “Las teorías queer ganaron terreno en las universidades españolas hasta hacerse hegemónicas en muchas disciplinas y ámbitos durante los últimos diez o quince años, por influencia directa del mundo académico anglosajón. La cuestión es que a partir de cambios acelerados que han tenido lugar en los últimos cinco o seis años, con una intensificación creciente que no parece casual en los dos últimos cursos académicos, hemos llegado a una situación en la que podemos confirmar que esta nueva hegemonía atraviesa todos los ámbitos de la universidad y sirve para reclutar a políticos y políticas jóvenes que reproducen este discurso”, añade la cofundadora de DoFemco y presidenta de Feministes de Catalunya.

Investigaciones adulteradas
El resultado de esta hegemonía se traduce en el aumento de trabajos de grado y máster, propuestas de tesis doctorales y proyectos de investigación que sustituyen sexo por género y confunden género con identidad. “Cada vez más a menudo, los sujetos de una investigación son identificados por lo que se llama género auto declarado, que son opciones subjetivas que incluyen categorías cambiantes o la posibilidad de no declarar ninguna. Esto es consecuencia de una penetración ideológica, la de la ideología transgenerista, que nada tiene que ver con el feminismo”, recalca Carrasco.

La consecuencia de todo ello no es baladí. “No aplicar una perspectiva interseccional y por lo tanto realista cuando se trata de trabajar e investigar con datos secundarios -registros, censos, documentos, etc.- es muy grave. El hecho de que estas procedan de formularios que prescinden del registro del sexo de los individuos o que le sustituyen por identificaciones subjetivas y cambiantes impide identificar y monitorizar diferencias y desigualdades cruciales relativas a los hombres y mujeres”, tal y como añade Montse Montaña, profesora de enfermería en la Escola Gimbernat, adscrita a la UAB.

A dichas consecuencias se añade la imposibilidad de aplicar una perspectiva interseccional. “Esto no es una mera contabilidad que suma y resta privilegios y opresiones sin contexto, como a menudo y erróneamente se describe profundizando en la combinación de la información de diversas variables y dimensiones en cada contexto específico. Los ejemplos en los formularios de la administración catalana, que recogen cualquier cosa excepto el sexo, proliferan al mismo ritmo que los baños llamados “inclusivos”, donde cualquier niña o mujer puede encontrarse un hombre, dado que no se han tenido en cuenta los estudios internacionales sobre el incremento que conllevan en riesgo de sufrir agresiones sexuales. Estudios que, lógicamente, sí han tenido en cuenta el sexo de los individuos”.

También hay que añadir ejemplos como el que ha vivido el profesorado de la Autónoma de Barcelona al recibir peticiones de encuestas sobre satisfacción docente con identificación por género con más de dos opciones. “Respondiendo a la protesta donde señalábamos que la experiencia como mujeres docentes no es ni mucho menos asimilable a la del profesorado de sexo masculino que se ha identificado como mujer, nuestra universidad dice que se siguen las recomendaciones del Observatorio para la Igualdad. Pues bien, nosotras somos también feministas y proponemos lo contrario. Por otra parte, ¿qué nos dice sobre los graves obstáculos que encuentran las investigadoras, sobre todo, las jóvenes (discriminación sexista, socialización de género, coincidencia con la edad fértil sin políticas adecuadas, etc.) si científicos hombres declaran ser mujeres una vez consolidada su carrera académica o empresarial? ¡Nada!”, añade Carrasco.

Las Unidades de Igualdad, la puerta de entrada a lo queer
Otra realidad, que denuncia María Martín Romero, profesora y presidenta de la Asociación La Volaera de Granada, está en la complicidad de las Unidades de Igualdad como parte directa de la queerización y los Planes de igualdad que se gestan en ellas. Como ejemplo la reconocida feminista expone el segundo Plan de Igualdad de la institución granadina. En él se puede leer que tiene “la responsabilidad de formar, investigar, divulgar y transferir conocimiento, constituyéndose como un ente clave en la transformación de los valores sociales”, y por ello se compromete a “una política transversal enmarcada en la defensa y respeto de los derechos de todas las personas incidiendo en el valor de la diversidad afectivo-sexual, identidad y expresión de género”.

Romero y su asociación llevan denunciando la deriva queer de dicha Unidad desde junio de 2018. “Es el epicentro de lo queer, el lugar donde se maniobra para colar todo ello. En aquella época pedimos reunión al que era su director Miguel Lorente sin ninguna suerte. Nos recibió su vicerrectora. Quisimos reunirnos sin suerte con Lorente tras el asesinato de Mar Contreras Chambó para ayudar a mejorar los protocolos universitarios contra la violencia machista. Hicimos las recomendaciones pertinentes, pero no volvimos a saber nada hasta una segunda reunión. En ella nos presentaron el segundo Plan de Igualdad. Nuestra sorpresa fue descomunal al ver en el power point que se incluían otros ejes que no tenían que ver con la lucha contra el machismo”.

Y es que la presidenta de La Volaera recuerda su cara de sorpresa al ver que en lugar de prevenir la violencia machista el plan se ampliaba a un sexto eje: el LGTBIQ+ y a nuevas masculinidades. “Me chocó muchísimo y le pregunté a qué se debía y me dijeron que era por la demanda del alumnado. También pregunté si se había hecho alguna evaluación del Primer Plan para este cambio y qué diagnóstico se había seguido para ello. La única respuesta que recibí es que se estaban reuniendo con sindicatos y asociaciones como la nuestra para contárselo. Un año después la nueva vicerrectora Margarita Sánchez, designada directamente por el saliente Lorente, aprobó el Segundo Plan de Igualdad. Un plan paupérrimo que no está a la altura de una Universidad con tanto reconocimiento feminista como la de Granada y que además ha servido de inspiración a otras entidades como Trabajo Social donde se adoctrina al alumnado con contenido sin contrastar ni con certificaciones académicas, ni citando fuentes para poder tener un pensamiento crítico. Los esfuerzos y el dinero para promover el feminismo se encojen para dedicarse a lo queer y a la formación en nuevas masculinidades que hasta plagian imágenes feministas para su promoción o que curiosamente se reparten Miguel Lorente y Octavio Salazar, reconocido defensor de lo trans”, añade la presidenta de La Volaera.

Además, Romero denuncia que en la Universidad de Granada “hay profesores que se declaran mujeres lesbianas y otros que se dedican a acosar a alumnas. Hay un bulling impresionante por el que las alumnas tienen miedo a declarar tanto el acoso sexual que sufren como el decir que son antiqueer. Hay una mafia que impide las voces críticas a la doctrina sectaria que te lincha. La Unidad de Igualdad de la Universidad de Granada ha desmantelado el feminismo a favor del generismo”, añade.

Un desmantelamiento que Silvia Carrasco también denuncia en Cataluña. “En educación preuniversitaria y universitaria, las figuras responsables de igualdad se aplican ahora a velar por este nuevo status quo. De hecho, las menciones a las mujeres no solo han desaparecido de las propuestas coeducativas del Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya -la infografía adornada tres veces con los colores de la bandera trans, que resume Coeduca’t consigue no mencionarnos a pesar de centrarse, según declara, en la lucha contra el machismo y la violencia- para formar al profesorado preuniversitario. También, progresivamente, desaparecemos en las definiciones de los planes de igualdad de las universidades, en las que el término género -como identidad- substituye a las mujeres. En sus términos, para ir más allá de las mujeres”.

Profesoras censuradas
Otras de las consecuencias de esta entronización queer son los motines del alumnado y las denuncias que interponen contra profesoras a las que tachan de tránsfobas. “Como la de una clase en la que un pequeño grupo de una asignatura de tercero de carrera en la que se estaba hablando de la maternidad desde una perspectiva transcultural y política, y alguien se negó a hacer un ejercicio y consiguió detener la clase, con el silencio de la mayoría. Según el grupo, cuando se intenta posteriormente aclarar los motivos de su motín, la profesora estaba insinuando que los hombres no pueden gestar y que aquello era claramente transfobia, un delito, una violencia. Claro que mientras tanto, la Generalitat de Catalunya impulsa formaciones a las familias a modo de sensibilización sobre la diversidad de modelos familiares, donde se puede ver en los contenidos uno que consiste en: “preparar la escuela para recibir a padres embarazados”, añade Carrasco.

En el caso de Carrasco, la docente catalana, relata como una autoridad académica de su universidad la llamó por una queja. “Recibí una llamada de una persona que se ocupa, como otras, de temas de igualdad, porque una alumna (un chico que se identifica como chica) había presentado una queja sobre mí y pedía un cambio de asignatura por ser una profesora tránsfoba y que le hacía sentirse insegura en mis clases. Ahora solo puedo alegar pruebas que desmientan los términos en los que se presenta la queja”.

Una situación que Carrasco considera ni siquiera debería ser aceptable. “No estamos ni remotamente ante un maltrato o una discriminación, y sí ante una supuesta discrepancia entre la posición teórica de una académica y la ideología de un estudiante, muy libre de escoger otra asignatura o de soportar la mía, aunque no sintonice con mi posición. Y esta distinción es especialmente relevante, pero no es la que ha penetrado en la norma universitaria y sin discusión alguna. En el Anteproyecto de Ley se invierte la carga de la prueba. Al ser acusada de transfobia, solo puedo intentar demostrar que no lo soy, sin moverme de este marco mental que ahora pasará a ser el marco legal, el único”.

Así las cosas, dicha docente añade que “desde el efecto autoritario final de la teoría queer en las instituciones académicas en todas sus dimensiones lo que se está viviendo es un auténtico acoso y censura, incluidas intimidaciones y despidos que no son otra cosa que, a pesar de las estrategias discusivas que emplea como disfraz: la eliminación del pensamiento crítico, del propio proyecto universitario y de una sociedad libre, plural, democrática y justa”.

Por su parte Montse Montaña añade que no se puede permitir “que esta institución de debate y contraste de ideas por excelencia imponga criterios políticos y administrativos contrarios a los criterios científicos, o guiados exclusivamente por paradigmas posmodernos como las teorías queer, y se genere un entorno hostil con la discrepancia científica. Desgraciadamente, ya lo sufrimos lo suficiente con respecto a la expresión de algunas ideologías políticas. Necesitamos una universidad pionera en la calidad, en este caso, de los criterios propios”.

sábado, 7 de agosto de 2021

#hemeroteca #trans #transfobia #terf | María Duran Ferrer: “El anteproyecto de la Ley Trans vacía de contenido la patria potestad en la edad más difícil de quienes son menores”

Google Imágenes / María Duran Ferrer //

“El anteproyecto de la Ley Trans vacía de contenido la patria potestad en la edad más difícil de quienes son menores”.

El borrado de las mujeres, tan denunciado desde el movimiento feminista, no es la única de las aristas de la Ley Trans. Otra de las consecuencias más graves y de la que apenas se habla, es de cómo esta ley afecta a la patria potestad. Así lo explica en esta entrevista la directora del Instituto Balear de la Mujer, María Duran Febrer.
Nuria Coronado Sopeña | La Hora Digital, 2021-08-07
https://www.lahoradigital.com/noticia/32217/igualdad/el-anteproyecto-de-la-ley-trans-vacia-de-contenido-la-patria-potestad-en-la-edad-mas-dificil-de-quienes-son-menores.aspx 

Y es que para esta reputada jurista este anteproyecto de Ley hace aguas al "no tener en cuenta que los y las menores de edad tienen tal consideración jurídica por estar en periodo de formación de conciencia. Desde la infancia y en la adolescencia los niños y las niñas realizan un aprendizaje mimético del comportamiento de los progenitores, de lo que ven en las redes sociales y en los medios de comunicación, este aprendizaje mimético no pasa el filtro del razonamiento, si a ello añadimos todo el proceso biológico y emotivo de pasar de la infancia a la adolescencia en el camino hacia la adultez, un cuerpo que crece y se desarrolla extrañamente con el que ningún niño ni niña ha contado previamente, a ello hay que añadir como la adolescencia implica el necesario desapego de los progenitores para configurar la personalidad propia, con la rebeldía que ello conlleva”, explica.

Es decir, de aprobarse tal cual está ahora redactada la Ley Trans, la patria potestad se vería alterada “ya que no mantiene coherencia con los deberes y facultades de cuidado, sostenimiento y educación. Este es el contexto humano de los menores sobre los que el anteproyecto establece que los menores pueden optar a modificar la inscripción registral de su sexo y nombre. A los 16 años por sí mismos, sin mayor prueba que su voluntad, entre los 14 y 16 años con o sin la aquiescencia de uno o los dos progenitores o en su caso del defensor judicial”.

Es más para Durán “la coherencia jurídica de la mayoría/minoría de edad quiebra cuando en el Registro Civil, alguien menor de edad no puede cambiar el orden de los apellidos y si puede cambiar el nombre propio y el sexo”.

Es más, para la directora del Instituto Balear de la Mujer, “el anteproyecto vacía de contenido la patria potestad en la edad más difícil de los y las menores, ya que quien mejor conoce a sus hijas e hijos puede perder la facultad de actuar en interés del o la menor sin que ningún profesional de la psicológica pueda realizar un análisis prospectivo previo al cambio de sexo y nombre registral”.

La situación que puede llegar a producirse con ello no es para tomársela en nada a la ligera. “Los progenitores pueden llegar a perder la patria potestad si tienen un interés opuesto al del hijo o la hija y no sólo a instancias del menor sino a instancias de alguna de las organizaciones recogidas en la Disposición Final cuarta que introduce el nuevo artículo 11 Ter de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En caso de juicio los progenitores demandados tendrán la carga de probar mediante “una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y su proporcionalidad”.

A la pérdida de la patria potestad la jurista suma otra consecuencia económica más que preocupante. “Puede darse el caso de que la negativa de ambos progenitores a la inscripción registral del menor de edad, les suponga sanciones administrativas que pueden ir desde la perdida de ayudas públicas (ejemplo Ingreso mínimo vital) hasta sanciones económica de cuantía elevada”.

P. La realidad es tremenda ¿podrán ser denunciados por delito de odio por negarse a la decisión de un hijo o hija en un momento delicado de su etapa vital?

Podría darse el caso, aunque lo más probable es que sean querellas o denuncias por maltrato o violencia física o psicológica.

P. La Ley Trans fomenta la desautorización de los progenitores antes sus descendientes y les empodera con terceras personas como puedan ser educadores, personal de servicios sociales.

Este es uno de los problemas ya planteados a día hoy. Hay una confusión entre género y sexo que muchos profesionales de la educación no tienen en cuenta los comportamientos de los menores en edades adolescentes no siempre responden a un deseo de cambio de rol de masculino a femenino o a la inversa, y es en este momento donde más facilidad de influencia tienen, por lo que el interés superior del menor no es optar por la posición más radical, sin negar para nada que haya menores transexuales, no debemos olvidar que el género es un medio del que se ha valido y vale el patriarcado para atribuir comportamientos según sea hombre o mujer y reconocimiento o repulsa según la adhesión o rechazo del patrón de género.

P. Otra arista es la nueva batalla que se avecina cuando la pareja esté en un proceso de divorcio...

El interés superior del menor, es lo que llamamos un concepto jurídico indeterminado y aunque tanto el Comité de la Declaración de los Derechos del niño, y añado de la niña, intentó hacer un catálogo que posteriormente se ha recogido en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, no deja de ser un concepto interpretable por el juzgador o la juzgadora. Para los hijos e hijas siempre es problemático la separación o el divorcio de sus progenitores, y en el caso de niños o niñas adolescentes, lo es más, si a ello añadimos las discrepancias respecto a la posible transexualidad de su hija o hijo, las consecuencias de estas discrepancias, indefiniblemente tendrán consecuencias emocionales y patrimoniales o cuando menos cuantificables económicamente.

P. Además entra en juego que los jueces y juezas, que ya de por si no tienen formación feminista, sean “aceleradores” de las mal llamadas infancias o adolescencias trans.

Este anteproyecto de ley da un peso específico a la judicatura, es quien puede declarar que un menor de 12 a 14 años puede ser inscrito en el Registro Civil como persona trans, es quien tiene la facultad de ordenar la rectificación de la rectificación del sexo y nombre en el registro, es quien tiene la posibilidad de privar a los padres de la patria potestad; y todo ello en cumplimiento de las leyes deben hacerlo con perspectiva de género, es imprescindible hacerlo para que las resoluciones sean justas y tengan consecuencias justas, para ello, la judicatura debería en primer lugar despojarse de prejuicios de género, en segundo lugar debería interpretar las normas conforme al sentido literal y en todo caso siguiendo los criterios establecidos en el artículo 3.1 del Código Civil y en tercer lugar la valoración de las pruebas tendría que ser objetiva, y tratándose de menores cuya resolución final será determinante en su futuro, asegurarse de que la transexualidad ya es estable en el tiempo y tiene vocación de serlo en el futuro.

P. ¿El proyecto de ley da un salto en el vacío respecto a la legislación actual?

Antes de que el Anteproyecto llegue a las Cortes deberá pasar el filtro de dictámenes de diversas instituciones del Estado, como el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado, en una segunda vuelta al Consejo de Ministras y Ministros se revisarán todos estos dictámenes y otros que puedan haber remitido otras instituciones y además se revisará la coherencia con el resto del ordenamiento jurídico, con lo que no se puede dar por definitivo este anteproyecto, que por otra parte todavía deberá pasar los trámites legislativos y aprobación del Congreso y Senado.

Queda camino por recorrer y muchas oportunidades de encontrar el necesario equilibrio entre el deber y la responsabilidad de los progenitores en el cuidado, sostenimiento y educación de las y los hijos y los derechos de éstos al desarrollo de su personalidad. Lo que, si tenemos que conseguir es que, más allá de cualquier interés, está el futuro de los que el día de mañana serán personas adultas y no debería haber ningún adulto ni adulta que se arrepienta de decisiones trascendentes en su salud y vida, que han sido tomadas sin que sea posible su reversibilidad.