Tratar el tema de las violencias de género en la universidad es delicado, difícil y complejo: es la estructura de enseñanza superior de la sociedad, en la cual se desarrolla la razón, se construye conocimiento y éste revierte a la sociedad. Atendiendo a esta consideración, parece que es un espacio en el que las violencias son más intolerables aún que en el resto de la sociedad.
Sin embargo, precisamente porque se trata de una organización social, no se sustrae a las violencias de género que prevalecen en nuestra sociedad. La prevalencia de las violencias de género adopta, además, un matiz propio y específico, toda vez que se produce en un marco académico con arraigadas estructuras de poder, jerarquías dependientes y promociones profesionales complejas y fuertemente competitivas.
En este sentido, en la universidad, al igual que en todos los ámbitos de nuestra sociedad (patriarcal), existen violencias de género, como lo evidencian los estudios. Así lo acreditó el estudio realizado por el proyecto UniSafe (noviembre, 2022): ‘Gender-based violence and its consequences in European Academia Gender-based violence and its consequences in European Academia’, en el que participaron 46 universidades de 15 países europeos, entre ellas la UPV/EHU. El estudio concluyó que el 62 % de las personas encuestadas había sufrido en algún momento algún tipo de violencia en la universidad y afectaba en todas las direcciones a todos los colectivos (estudiantado, personal docente e investigador, y de administración y servicios). La forma más frecuente de violencia sufrida era la psicológica (57 %), seguida del acoso sexual (31 %). Un 10 % de las personas encuestadas había sufrido violencia económica, un 8 % algún tipo de violencia virtual y un 6 % física. La violencia sexual fue la tipología de violencia de género menos denunciada (3 %).
Esa prevalencia, evidenciada a través de los datos, no se corresponde sin embargo con las reducidas cifras de quejas o denuncias interpuestas ante la institución universitaria (13 %). En ese sentido, son tres los motivos por los cuales apenas se denuncian las violencias de género en la universidad: 1) la dependencia en el desarrollo de la promoción académica; 2) la amenaza de la estigmatización; y 3) la escasa confianza en la respuesta institucional.
No cabe obviar que las universidades, en los últimos años, realizan un esfuerzo por hacer frente a este tipo de violencias y por ofrecer protección real a las mujeres que se atreven a denunciar en este marco imbuido de resistencias, en ocasiones conscientes y en otras inconscientes.
En la actualidad, el marco legal es bastante garantista e insta a las universidades a la creación de unidades o direcciones de igualdad. Entre sus funciones está implementar las medidas de prevención y respuesta frente a la violencia, la discriminación o el acoso por razón de género (art. 43 LOSU). Sin embargo, la mayoría de estas unidades están todavía infradotadas de recursos (humanos y económicos) adecuados para garantizar la protección integral de las víctimas, aunque hemos de observar que, en el caso de la UPV/EHU, en 2024, el presupuesto de la Dirección para la Igualdad se incrementó significativamente para los próximos tres años.
Ahora bien, una de las herramientas fundamentales y decisiva en el ámbito de la prevención, ante el contagio de la naturalización de los comportamientos y conductas machistas, es la formación.
Por ello, la Dirección para la Igualdad de la UPV/EHU ofrece todos los años cursos de formación on line sobre violencias contra las mujeres para todos los colectivos y acredita anualmente una media de 600 personas. Además, tiene dos programas (Indartu y Eraldatzen), destinados al estudiantado, que trabajan la detección, prevención y respuesta a las violencias machistas. No obstante, los porcentajes de participación de los hombres en este tipo de formación siguen siendo muy reducidos (2 %). De ahí que se siga trabajando en promover esa participación, sin la cual será difícil avanzar.
Además de la formación como instrumento preventivo, el instrumento principal para identificar y atender las violencias de género son los protocolos. En nuestra universidad el ‘Protocolo de la UPV/EHU contra las violencias de género’ ha devenido una herramienta relevante e imprescindible para detectarlas y tratarlas. El protocolo se aplica a cualquier persona que integre la comunidad universitaria (también la de los centros adscritos) y sufra una violencia tanto fuera como dentro de su espacio físico, incluidas las violencias que tienen lugar en los medios virtuales o redes sociales. No es necesaria la interposición de denuncia previa en sede policial o judicial y abarca las violencias vividas en los últimos cinco años previos a la interposición de la queja.
El Protocolo de la UPV/EHU se aprobó con un amplio consenso por el Consejo de Gobierno en julio de 2018. De su redacción se encargó un grupo de trabajo multidisciplinar integrado por profesorado, personal de administración y servicios, representación sindical y personas expertas externas, tras la puesta en marcha de un proceso de escucha y participación en todos los colectivos de la universidad, en el que participaron cerca de 400 personas.
El consenso alcanzado en su redacción, aprobada por la Comisión Intersectorial y el compromiso adoptado por todos los colectivos que integran la UPV/EHU han contribuido a que en la actualidad sea una herramienta moderna, flexible y eficaz. En todo caso, ese compromiso de la universidad ha ido acompañado por el rigor en la propia implementación del procedimiento. Fue reconocido con el Premio Menina en 2018 y ha sido modelo de otros protocolos posteriores. Asimismo, ha sido incorporado al Reglamento de Convivencia de la UPV/EHU (2023), como instrumento de respuesta a las violencias de género.
El protocolo permite abordar todos los tipos de violencias de género (abusos, acoso y agresión), identidad o expresión de género u orientación sexual, focalizándose fundamentalmente en la persona afectada, con objeto de que siga ejerciendo su actividad académica o profesional con todas las garantías.
Se centra principalmente en la escucha de la mujer que plantea la queja y que se encuentra en un estado de vulnerabilidad. Se intenta no revictimizar, acompañarla, y garantizarle seguridad y protección. Todo ello en el marco de la más estricta confidencialidad, respetando sus ritmos y su voluntad. Ello no obsta para que se respete igualmente el principio de contradicción para la persona contra la que se ha interpuesto la queja. Ahora bien, no se trata de un procedimiento punitivo que persiga per se la sanción de la persona señalada, aunque algunas de las medidas propuestas puedan tener esa condición. La prioridad es la protección de la víctima, atenderla, ayudarla y acompañarla, y evitar que ese comportamiento agresivo continúe o se repita con otras mujeres.
El procedimiento tiene 4 fases. La primera, quizás la más delicada y en la que hay que poner buenas dosis de sensibilidad y atención, consiste en el acogimiento, escucha, acompañamiento y valoración del caso. Esta fase ha de ser necesariamente atendida por personas expertas en violencias y valorada desde distintas perspectivas, con una visión integral de la queja. Por ello es muy importante que todas las personas que reciben las quejas (no caben denuncias anónimas) en decanatos o servicios de la universidad las deriven a la Dirección, para que las atiendan de inmediato.
La segunda fase consiste, para el caso de que la persona que ha interpuesto la denuncia así lo solicite y sea el caso, la propuesta de medidas preventivas que, puede recomendar cautelarmente la separación entre las personas implicadas. Estas medidas son provisionales y permiten ganar tiempo para recabar más información, con objeto de plantear de manera adecuada las medidas correctivas y reparatorias adecuadas y proporcionadas que integrarán el informe final de la tercera fase. Ese informe será ratificado o modificado por la Comisión para la atención de los casos de violencias de género.
Es importante subrayar que las medidas correctivas y/o reparatorias propuestas responden a diversas necesidades que pueda tener la persona que interpone la queja: necesidades académicas, laborales, de seguridad, de atención psicológica, derivación a servicios externos, acompañamiento en la decisión de denuncia en sede policial o judicial, incoación de un expediente académico o disciplinario, etc. Ello implica necesariamente una coordinación con los servicios implicados, así como con los órganos de gobierno de la universidad (vicerrectorados) que, si corresponde al caso, han de dictar la pertinente resolución administrativa.
La cuarta fase abarca el seguimiento y cierre del procedimiento. El seguimiento en la ejecución de las medidas correctivas y reparatorias propuestas en el informe ratificado por la Comisión es el mecanismo que garantiza su aplicación. Ello implica mantener contacto con la persona afectada por la violencia y coordinar con los distintos órganos de la universidad hasta su cierre definitivo.
La tipología de las quejas y denuncias recibidas desde la implantación del Protocolo es muy diversa. Desde comportamientos inaceptables desde el punto de vista de género hasta supuestos de acoso, principalmente, por razón de sexo, ejecución de sentencias, etc.
Los datos evidencian que cada vez se denuncia más en la universidad, hecho que se considera positivo, dado que indica una mayor concienciación y confianza en la respuesta institucional. Los datos se hacen públicos en las memorias anuales de la Dirección para la Igualdad, preservando en todo caso la confidencialidad, con objeto de proteger la identidad de las víctimas.
El protocolo es una norma que regula la respuesta a los problemas de violencias de género que surgen en la universidad y, como muchas normas, la dificultad está en su aplicación. Cuando se aplica es cuando se detectan las cuestiones a mejorar. Así, se requiere mejorar la formación en violencias de todos los colectivos, en la escucha y en el acompañamiento por personas expertas, en la disponibilidad de más recursos relacionados con la ayuda psicológica (interna y externa), en la coordinación entre servicios y órganos de gestión de la universidad y en la reducción de los tiempos de duración de los procedimientos. Siendo conscientes de ello, en los últimos años se ha reforzado la plantilla de la Dirección para la Igualdad, previéndose en el IV Plan para la igualdad, aprobado en julio, reforzarla aún más.
La UPV/EHU no puede prescindir de esta herramienta que ha ayudado y que seguirá ayudando a tantas mujeres de esta universidad.
