En pocas instituciones como la universitaria se representa con tanta viveza la lucha ideológica por el predominio social.
Para cualquier persona que viva una identidad de género no normativa, o sea, para cualquier persona trans, la Universidad ha sido durante décadas un centro hostil. Cualquier imputación de trastorno, diagnóstico, justificación de restricciones de derechos o, sin más, cualquier infamia sufrida, ha tenido como respaldo una obra universitaria y a un insigne catedrático como defensor.
Nuestras bibliotecas están llenas de monstruos y son famosas las alegaciones de psiquiatras académicos como el Sr. Polaino, que explicaba lo nuestro apelando a padres alcohólicos, malos tratos en la infancia y figuras paternas “femeniles”, o el ilustre “renovador” de la psiquiatría española, el Dr. López Ibor, a quien algunas de mis compañeras conocieron cuando les aplicaba descargas con electrodos para curarlas de su “desviación”.
La universidad es una institución que crea pensamiento, forma profesionales de prestigio y realiza investigación para el progreso de la ciencia, pero también es –no pocas veces– vestimenta de los prejuicios sociales asentados y factor de inmovilismo y defensa de las estructuras de poder establecido. Durante más de cien años, todo estudio sobre la diversidad sexual ha tenido como única base empírica “la opinión del experto”, como ambiente una academia homofóbica, y como destinatarios, instituciones destinadas a disciplinar y reprimir la peligrosidad social de los diferentes. En pocas instituciones se representa con tanta viveza la lucha ideológica por el predominio social.
No es de extrañar por ello que la identidad de género como campo de batalla tenga un capítulo destacado en el ámbito universitario. El debate sobre el reconocimiento de una identidad de género no necesariamente binaria y cerrada ha tenido su reflejo en los estudios científicos médicos, psiquiátricos, jurídicos y he de decir que ha sido todo menos un debate suave, aunque sí mayormente “educado”. Sin embargo, los tiempos en que un académico podía defender cómodamente sentado en su sillón que las personas transexuales fuéramos ciudadanas con derechos restringidos, internadas en un psiquiátrico o desvalorizadas como sujetos capaces de tener opinión, han pasado a la historia. Primero llegó el activismo, después los investigadores que no se limitaron a aceptar la verdad de los auto-proclamados expertos y finalmente, para perturbación de todos, llegaron las redes sociales y la manipulación política.
En un momento en el que la ultraderecha y los integristas religiosos han desatado una guerra contra las “ideologías de género”, en el que el Vaticano llama a una ofensiva educativa, en el que un sector, proclamado feminista, manifiesta una
obsesión enfermiza contra la presencia de las mujeres transexuales, uno en el que la sociedad ha entrado en eclosión en la manifestación de la diversidad sexual y en el que, tras décadas de lucha, las personas trans hemos logrado voz, derechos y visibilidad, pretender la permanencia en la torre de marfil académica es una aspiración pequeño burguesa y cobarde. Nos guste o no (y no nos gusta) las personas trans tenemos claro que se nos ha puesto en un frente de batalla en el que se juega, primeramente nuestras vidas, pero a continuación el modelo social y la concepción que tenemos de nosotros mismos como personas, cuerpos, sujetos políticos, relaciones de pareja y familia... Quisiera representar todo esto en varios capítulos.
Capítulo 1: Se acabó la torre de marfil. En Gran Bretaña, donde en estos momentos se discute la despatologización del cambio de identidad legal, es decir, que dicho cambio sea libre, autoproclamado y no dependa de un diagnóstico médico, ‘
The Guardian’ recogía las quejas de una insigne académica feminista,
Rosa Freedman, opositora a la despatologización, sobre el nivel de presión social que estaba recibiendo ella y quienes –como ella– defienden el statu quo de control médico y legal sobre las personas trans. Presión que, apreciaba, había supuesto en algún caso la anulación de alguna conferencia, la enfrentaba a un discurso activista en redes muy agresivo e incluso le hizo sentirse en “riesgo físico” cuando una estudiante la llamó “nazi transfóbica”. Quiero dejar bien claro, que personalmente rechazo toda violencia o presión hacia quienes piensan distinto a mis ideas, y que defiendo que la universidad debe ser un foro abierto a la discusión civilizada. Y dicho esto, sólo me restaría decirle a la Sra. Freedman y a quienes han sacado un texto hablando de “derechos transtóxicos”, ¡bienvenida al barco! Sucede que quienes hemos defendido que la diversidad sexual es un derecho y una condición humana nos vimos excluidos de cualquier foro universitario durante décadas. Todavía esta semana pasada compartía mesa con el profesor
Bernini de la Universidad de Verona, experto en teoría queer, quien, por pretender realizar un debate sobre el derecho de asilo por motivos de diversidad sexual, recibió un ataque furibundo del partido fascista italiano, una interpelación parlamentaria de la Liga Norte por su actividad académica y la
respuesta de su rectorado de que frente a los “extremismos de todo tipo” optaba por anular la jornada.
Algunas recordamos que los primeros investigadores en materia de diversidad de nuestro país sufrieron presiones para que sus estudios no se publicaran, fueran despedidos, no se les promocionara o, sin más, fueron sometidos al vacío académico y convertidos durante años en parias que trataban asuntos “inconvenientes e intrascendentes”. Respecto al troleo en redes, sí: por desgracia, cualquiera de nosotras ha recibido discursos furibundos y ataques crueles,
públicos o amparados en el anonimato de internet, y las activistas trans normalmente atesoramos amenazas físicas y virtuales provenientes de grupos de odio muy creíbles. Recuerdo la sorpresa y la esperanza que vivimos cuando hace unos quince años los salones de la universidad se nos abrieron y algunos profesores empezaron a plantear investigaciones basadas en estudios empíricos. Recuerdo igualmente la ausencia de profesores en nuestros primeros actos y el embarazo con el que eludían manifestar su mera presencia en cualquier debate sobre diversidad sexual. Y, sin embargo, hoy los talleres y seminarios sobre diversidad sexual se llenan, los trabajos de investigación proliferan y muchos profesores llaman para tener la oportunidad de poder unir su voz al debate. En este bando hace mucho que hemos aprendido que las convicciones se forjan frente a la presión y que los derechos se conquistan, nunca se regalan.
Capítulo 2: El discurso experto. Desde que a principios del siglo XX la transexualidad comenzara a atraer la atención de investigadores pioneros como Magnus Hirschfeld, el discurso se ha dividido entre quienes intentaron honestamente hacer un abordaje del tema basado en los hechos y en la experiencia y quienes se han limitado a aportar su “opinión experta”. El mejor ejemplo lo representan los manuales de diagnóstico médico que nos han marcado y limitado durante más de tres décadas, DMS y CIES. Cuando por primera vez se me aplicó un protocolo de diagnóstico, como muchas otras personas trans, yo confiaba en el saber médico y en que detrás del protocolo habría uno o varios sesudos estudios clínicos y análisis a los que confiar mi salud. En realidad, no era así. Basta con leer el prólogo del manual para comprobar que diagnósticos como el DMS III, que se han convertido en el baremo de nuestros Derechos civiles, carecían de cualquier estudio de respaldo y fueron solamente el producto de la opinión de un experto, Robert Spitzer, que durante decenios ofreció en su clínica la cura de la homosexualidad y transexualidad hasta abandonar esta línea de terapia en 2012 y reconocer que en toda su carrera no había conseguido una curación...
Capítulo 3: Experto es quién y lo que nos conviene. Sesión en el
U.S. House Judiciary Subcommittee on Crime, Terrorism, and Homeland Security. La comisión discute la ley de violencia contra la mujer y de paso la conveniencia de dictar una definición legal de hombre y mujer basada en la genitalidad del nacimiento, que tendría la virtud de eliminar el concepto de transexualidad y cualquier uso del mismo con efectos legales (reconocimiento, derechos, subvenciones, asistencia médica...). Comparece Julia Beck, una famosa activista feminista lesbiana, contraria a la transexualidad, como “experta en identidad de género”, a pesar de que no se le conoce ninguna aportación más allá de solicitar la expulsión de las mujeres trans en foros feministas. Obviamente defiende la oportunidad de la medida y respalda las famosas “leyes de váteres” (leyes de seguridad y privacidad en las instalaciones públicas) tramitadas por dieciséis estados y bloqueadas por la administración Obama, en las que se defendía que toda persona transexual ha de ir a los váteres y vestuarios de su sexo de nacimiento, sin importar el cambio legal de identidad, so pena de ser arrestada por exhibicionismo indecente. Sutilmente, la medida implica una expulsión de las personas trans de los espacios públicos, el desconocimiento de su identidad, la criminalización encubierta de suponer que son agresoras potenciales y el sometimiento de las personas trans a un espacio de riesgo, esta vez real y constatable, por el número de agresiones. Terminada su intervención varios senadores se apresuran a felicitarla y agradecerle su “valiosa contribución”; son el promotor de la ley de aborto más restrictiva de los EEUU, un conocido senador homófobo y un impulsor de las leyes estatales de “objeción de conciencia por motivos religiosos”, amparadas en la sentencia
Mullins-Craig contra Phillips (junio 2018), en la que se ampara el derecho a no atender, comerciar o admitir a servicio a personas que por su diversidad sexual resultan incompatibles con tus creencias religiosas.
Si yo como activista feminista recibiera los abrazos de estos señores me apresuraría a darme una ducha y desde luego me plantearía qué he hecho mal para tener como aliados al enemigo tradicional, pero al parecer hay un sector del feminismo académico al que esta compañía no le incomoda. Como cualquier persona trans, llevo sufriendo en los últimos años la discusión inacabable y normalmente agria sobre la “identidad femenina”, el “sujeto político del feminismo”, las “luchas paralelas pero separadas” o simplemente la condescendencia del “lo vuestro da mucha pena pero no es cosa nuestra”. A estas horas ya tengo claro que no es una discusión real o en la que importen los hechos; a los argumentos sobre el sujeto político se contesta explicando la sucesiva ampliación del feminismo a todas las mujeres y la paulatina incorporación de las mujeres pobres, de las mujeres racializadas, de las lesbianas y finalmente de las trans, todas ellas inicialmente excluidas de un movimiento que nació burgués, blanco y heterosexual.
A esto se contesta con argumentos biologicistas y se responde con el hecho de que la biología tampoco es precisamente binaria del todo, que la diversidad es un hecho natural, que las personas trans parecen tener en los escasos rasgos dimórficos por sexo del cerebro una configuración propia del sexo deseado, que la genética ahora sabemos que no es concluyente por la variedad de rasgos del genoma “Y” o la proliferación de intersexualidades genómicas (es más fácil encontrar a una persona genéticamente intersex que a un pelirrojo), etc. Dará igual, después se apelará a la defensa de la “mujer biológica y dotada de vagina gestante” como si las demás no fuéramos “biológicas”, no hubiera mujeres que nacen sin útero, con vaginas oclusas, sin capacidad reproductiva, como si nosotras no conociéramos la maternidad y la crianza, o sin más, como si la lucha feminista no fuera una lucha social por la igualdad y contra el patriarcado, sino una sesión de reconocimiento ginecológico en una sauna. No es sino el consabido círculo de transfobia intelectual, en el que se salta de un argumento a otro hasta el infinito y agotados los argumentos, se recurre a la personalización (tu aspecto, tus genitales, tu voz, tu lo que sea), al ridículo y a la ofensa como término final.
Capítulo 4: ¡Luz y taquígrafos! Este mes concluyó la fase de estudio del proyecto ADIM promovido por la Comisión Europea en el que han participado ocho Universidades españolas y portuguesas. Por primera vez se ha hecho un cuestionario a 53.667 empleados de los que respondió un 16% dándonos un diagnóstico del estado de la diversidad en la Universidad y la empresa. Ahora sabemos, sin suposiciones, que un 13,4% de nuestras plantillas son personas LGBTI, que entre un 8 y un 12% manifiesta actitudes claramente homofóbicas, que un 36% escucha a menudo rumores, chistes, y comentarios maliciosos sobre las personas LGBTI, que un 7% ha visto discriminaciones en ascensos o cómo su condición sexual le perjudicaba, que un 2% ha visto a personas despedidas por ser gais, lesbianas o transgénero o que la mayoría de las personas que trabajan en una Universidad esconden su condición y vuelven al “armario” en su centro de trabajo, por asumir que esto puede ser motivo de incomodidad, cambios en la valoración profesional o discriminación. Por primera vez también, doce universidades españolas se han aliado para promover una actitud de inclusión de la diversidad sexual en sus currículos, sus líneas de investigación, sus políticas de personal y sus declaraciones institucionales. Más de siete Universidades españolas reconocen la identidad de género de sus alumnos y empleados y en la práctica totalidad de las Universidades españolas se discute en estos momentos cómo y dónde incluir las políticas de diversidad y aquí, sutilmente, se reproduce el debate, pues en algunos casos la diversidad sexual se aparta de los órganos de igualdad para evitar conflicto con figuras históricas del feminismo, que ven bien a los recién llegados mientras estén aparte en otra sección. La Universidad llega tarde a esta pelea, que comenzó como poco hace cincuenta años, pero al menos ha dejado de omitir la cuestión por un falso pudor que sólo escondía la fea cara del prejuicio. Sin excluir a nadie ni ningún discurso, hágase la luz y que la ciencia y el respeto a todos los seres humanos iluminen nuestros pasos.
Capítulo final: Escenas cotidianas.
