#hemeroteca #transfobia #lgtbifobia | El calvario sin fin de huir de la transfobia: “Me dispararon siete veces porque mis vecinos no querían tener a un maricón en el barrio”

El País / Fabiana Castro, coordinadora de Welcome Diversity //

El calvario sin fin de huir de la transfobia: “Me dispararon siete veces porque mis vecinos no querían tener a un maricón en el barrio”
Las amenazas de muerte, el rechazo, el acoso y la estigmatización contra las personas trans en gran parte del mundo les obligan a exiliarse a países donde se respete su identidad de género
Paula Herrera | Planeta Futuro, El País, 2023-03-19
https://elpais.com/planeta-futuro/2023-03-19/el-calvario-sin-fin-de-huir-de-la-transfobia-me-dispararon-siete-veces-porque-mis-vecinos-no-querian-tener-a-un-maricon-en-el-barrio.html 

“Cuando mi madre supo que yo me vestía de mujer por la noche, dijo que prefería verme muerto a tener un hijo transexual. Me amenazó con llamar a la policía... Iba a morir, por eso me fui”, relata Olivia, que prefiere mantener su apellido oculto por seguridad. Aunque las leyes en su país, Camerún, no criminalizan directamente a las personas trans, en la práctica, son perseguidas mediante otras disposiciones legales, como la prohibición de relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. De haberse quedado en su país, Olivia, mujer trans, hubiera sido condenada por mantener relaciones sexuales con hombres al amparo de una legislación que no la considera una mujer. “Cuando tenía alguna cita [con hombres], yo evitaba tener relaciones sexuales, decía que estaba con la regla. Si se daban cuenta de que no tenía la asignación de sexo, me podían denunciar”, cuenta Olivia. Por eso decidió emprender su ruta hacia España a los 18 años. Tuvo que atravesar Nigeria, Níger, Argelia, Marruecos y, desde allí, se trasladó en patera hasta llegar a las Islas Canarias.

Olivia es una de los 89 millones de personas desplazadas que, de acuerdo con los datos de Naciones Unidas, han tenido que salir de sus países huyendo de las guerras, violencia, persecución y violaciones a los derechos humanos. En un comunicado conjunto, medio centenar de expertos en derechos humanos de la ONU, denunciaron que las personas LGTBIQ en situación de desplazamiento forzoso se ven expuestas a una “violencia exacerbada”. Y agregan que “al huir de la persecución y la exclusión socioeconómica, residen en países que no ofrecen una sólida protección de los derechos humanos, o que los discriminan activamente por su orientación sexual e identidad de género”. Olivia decidió irse de Camerún tras vivir una discriminación constante por su identidad de género. “En los países que recorrí debía disfrazarme de hombre, pero también me discriminaban por mi piel oscura, sobre todo en Argelia. Tenía mucho miedo y corría todo el tiempo”, relata.

Como Olivia, Dina también huyó tras ser perseguida por las autoridades de su país por hablar públicamente sobre los derechos de las personas LGBTIQ y defender la libertad de las personas trans a ocupar los espacios públicos de Marruecos, un país en donde las leyes sí prohíben identificarse con un género distinto al registrado en los documentos oficiales tras nacer.

Solo 13 países, incluido Marruecos, tienen normativas que condenan de manera explícita la transexualidad, pero esta criminalización se produce también a través de otras leyes. Según el último informe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), las personas trans son acosadas y discriminadas a través de leyes que condenan las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. Este tipo de normativa está vigente en 69 países, de los que en 11 se castiga con pena de muerte, y que “se suele basar en la fusión entre la identidad de género y la orientación sexual”. También son perseguidas con el recurso a los “delitos de alteración del orden público, indecencia pública y vagancia”, una normativa vigente en 11 Estados del continente africano. La criminalización de la prostitución es otra estrategia usada para arrestar y detener a las personas trans y de género diverso, aunque, de acuerdo con la ILGA, es muchas veces un prejuicio que relaciona lo trans con la prostitución.

Dina, la activista marroquí, de 25 años, cuenta que creció en un orfanato, allí vivió maltratos constantes por ser trans. “No conocí a mis padres, así que no buscaba la aprobación de nadie. Eso me dio fuerzas para hacer activismo y decir públicamente que tener otra identidad de género u orientación sexual no es una enfermedad”, afirma. Luego empezaron las amenazas de muerte, las llamadas telefónicas. Fue entonces cuando decidió salir del país y viajar Madrid, en donde reside como refugiada internacional desde hace algo más de un año.

Una discriminación prolongada
“Aunque en España los derechos de las personas LGTBIQ son tomados en cuenta, aún se vive discriminación y rechazo, sobre todo para los transexuales”, lamenta Dina, y aclara que el activismo es fundamental para visibilizar a las personas trans migrantes. Por eso, desde que llegó a Madrid ha participado en las actividades de sensibilización e información que organiza la fundación de acogida e inclusión de solicitantes de asilo y protección internacional La Merced Migraciones, a través de su proyecto Welcome Diversity.

El programa, nacido en 2016, organiza espacios seguros de encuentro para personas LGTBIQ y da talleres de convivencia y respeto a las diversidades sexuales para los residentes de los pisos de acogida. El objetivo, explica la coordinadora del proyecto, Fabiana Castro, es evitar actitudes de discriminación entre los mismos compañeros de residencia. “Todos vienen de culturas diferentes, con otros idiomas, con contextos sociales distintos. Algunos llegan de países homofóbos o tránsfobos y nunca han estado cerca de una persona transexual, así que es fundamental hablar de los derechos LGTBIQ”.

Coincide con ella María Jesús Vega, portavoz de ACNUR España, quien aclara que las personas LGTBIQ migrantes han sido blanco de discriminaciones constantes que no terminan ni en los países de tránsito, ni en los de acogida, sino que muchas veces se pueden ver agravadas con otros tipos de violencias como la xenofobia, el racismo, la misoginia o la marginación socioeconómica. “Esto les genera una desconfianza que las aísla. Muchas sufren violencia, son víctimas de tráfico de personas, de trata, torturas, pero no denuncian, sobre todo en el caso de las personas trans, porque muchas veces su identidad de género no coincide con su documento de identidad oficial. Es posible que hasta las autoridades las acusen de suplantar una identidad”, lamenta.

Vega añade que uno de los obstáculos para amparar a este colectivo es que “al salir de sus países, siguen ocultando su identidad para evitar esa estigmatización. Esto impide tener cifras concretas del número de personas LGTBIQ migrantes, así como conocer dónde están, quiénes son y ofrecerles acceso a atención humanitaria”.

La sociedad camina a pasos lentos
Almudena Valdez Pino tiene 39 años, y vive en Madrid desde hace nueve. Víctima de trata, llegó como turista junto con un par de mujeres que le ofrecieron trabajo de peluquera en Girona. Valdez cuenta que al poco tiempo de llegar a España le quitaron el pasaporte, la encerraron en un apartamento y la obligaron a prostituirse. “El calvario duró un mes hasta que logré escapar, pero no pude denunciar porque me amenazaron con llamar a extranjería. Yo no quería que me abrieran una hoja de deportación, no podía volver a Panamá”. Para esta activista, salir de su país era una garantía para sobrevivir a la transfobia. “Me dispararon siete veces, todo porque mis vecinos no querían tener a un maricón en el barrio”, desgrana.

Aunque Valdez ahora cuenta con un permiso de residencia que le permite trabajar, su vida en Madrid ha estado plagada de obstáculos. No ha logrado conseguir empleos estables y formales. “Nadie nos contrata, nos preguntan si ya nos hemos hecho la reasignación de sexo y hasta me han rechazado por ser negra. También me han dicho que me regrese a mi país. He tenido que pasar mucha hambre. La sociedad no quiere que las personas trans migrantes salgamos de ese pozo”.

Rodrigo Araneda, el fundador de la ONG Acathi, dedicada a dar residencias temporales de emergencia a personas migrantes, refugiadas y asiladas en España, lamenta que, aunque las leyes avanzan en pro de los derechos LGTBIQ, la sociedad camina lenta. Y aclara que este colectivo necesita “más que el asilo”. “Requieren garantías para poder sobrevivir, como el acceso a oportunidades de trabajo y redes de apoyo. Debemos seguir rompiendo los estigmas en torno al colectivo LGTBIQ migrante”, finaliza.

#hemeroteca #lgtbi #lgtbifobia #poblacionmigrante | La lucha interminable para el asilo LGTBI

Imagen: El País / Hamza Merchich //

La lucha interminable para el asilo LGTBI.
Solo el 5% de las solicitudes estudiadas en 2020 en España conceden la protección internacional, pero no hay cifras sobre cuántas son por orientación sexual.
Escuela de Periodismo UAM | El País, 2021-07-29
https://elpais.com/masterdeperiodismo/2021-07-29/la-lucha-interminable-para-el-asilo-lgtbi.html 

Un año y medio después de presentar su solicitud de asilo en Madrid, Hamza Merchich, joven marroquí de 24 años, está a punto de quedarse en la calle. “Mi ayuda económica terminará este mes y no encuentro un trabajo”, afirma. Este azafato de una línea aérea de vuelos internacionales, que habla cuatro idiomas y se define como gay no binario (no se identifica con un género en particular), huyó hace 18 meses de Casablanca (Marruecos). Fue después de recibir una carta de despido de la empresa aeronáutica en la que trabajaba, que le recomendó seguir una terapia psicológica por su orientación sexual para poder conservar su puesto. Obtuvo poco más tarde un empleo de teleoperador y con el dinero ahorrado durante dos años voló a España. Consiguió un visado, pero ahora se enfrenta a un nuevo reto: conseguir un sustento que le permita sobrevivir mientras espera una respuesta a la petición de protección internacional que presentó el 17 de enero de 2020.

Mientras en algunos países encarcelan a personas del colectivo LGTBI, los que logran escapar hacia el sueño del asilo español se enfrentan al riesgo de terminar en la calle. La burocracia del sistema y la discriminación que persiste en la sociedad amenazan la posibilidad de una vida mejor para estos migrantes. A la hazaña de cruzar la frontera se suma el reto de conseguir recursos para sobrevivir mientras esperan la respuesta a su petición. Eva Menéndez, especialista de género de ACNUR España, estima que las resoluciones pueden tardar hasta cinco veces más de lo que marca la ley. Además, los solicitantes deben superar barreras como el desempleo, el idioma y las diferencias culturales.

A partir de este mes de agosto, Merchich dejará de recibir el apoyo que el Gobierno otorga durante año y medio a los solicitantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como establece la ley de asilo. De febrero a julio de 2020, recibía 300 euros al mes, además de un techo bajo el que vivir, y desde entonces hasta el pasado 28 de junio, 670 euros. No obstante, el marroquí no sabe cómo pagará un alquiler en Madrid si no consigue un empleo, pese a contar con un permiso de trabajo. “La realidad es que las empresas no quieren contratar a personas que tienen papeles temporales”, declara mientras muestra el documento que obtuvo hace un año. Sus opciones para conseguir empleo y recursos se agotan. Merchich, que se considera perseguido en su país por su orientación sexual, asegura que tiene amigas transexuales que “ejercen la prostitución para sobrevivir”. “Yo no quiero hacerlo, pero estoy en una situación complicada y me siento un poco obligado”, confiesa.

Pese a que la legislación marca un plazo de seis meses para resolver las solicitudes, una vez admitidas a trámite, el sistema de asilo arrastra deficiencias que alargan los tiempos de respuesta. Menéndez afirma que las peticiones difícilmente son instruidas en seis meses y llegan a tardar más de tres años. “Esto tiene un impacto muy fuerte en las personas migrantes porque su vida pende del resultado de la solicitud”, indica.

La cantidad de peticiones denegadas también nubla la esperanza de quienes buscan protección internacional. Este tipo de asilo constituye la máxima protección para aquellos que huyen de la persecución que sufren en sus países “por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas”, según lo establecido en la Convención sobre los Refugiados de Ginebra, firmada por España. Solo 5.700 personas la consiguieron en 2020, es decir, menos del 5% de las 114.919 solicitudes totales de asilo estudiadas —por cuestiones políticas, género, raza, etcétera—, según el último informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Aunque Menéndez estima que la orientación sexual es uno de los principales motivos por los que se pide esta protección, no existen cifras oficiales sobre este colectivo doblemente vulnerable. “Este es uno de los grandes retos que siempre nos encontramos en España con el tema del asilo, que falta una mejor recogida y presentación de los datos, para analizar lógicamente tendencias, lagunas y necesidades”, apunta.

El miedo a tener que regresar a la pesadilla de la que huyó atormenta a Merchich: “Cuando era pequeño mis compañeros de clase me enseñaban el porno gay y me decían: ‘¡Ellos son animales como tú!”. Para el análisis de su caso, Merchich ha tenido que presentar pruebas ante la Oficina de Asilo y Refugio sobre la violencia que padecía en Marruecos. Entre ellas, una carta firmada por su familia paterna con amenazas para que abandonara el país por “no ser normal”, y el certificado médico que prueba que fue víctima de abuso sexual en la escuela. Su país castiga hasta con tres años de prisión la homosexualidad, al igual que otros como Camerún, Sudán, Kenia, Malaui o Zambia. La represión hacia el colectivo LGTBI llega hasta la pena de muerte en Irán, Afganistán, Pakistán y Somalia.

La activista lesbiana Danielle Mboume (30 años, Camerún) explica el sentimiento de desamparo de quienes, como ella, intentan poner en orden sus papeles mientras buscan alojamiento y manutención al llegar a España: “Recibes la ayuda de la solicitud de asilo entre un año y medio y dos años, pero ¿qué haces cuando se acaba?”. Mboume tardó un año en obtener una respuesta a su petición. A los 19 llegó en una patera a Ceuta, donde fue rescatada por la Guardia Civil junto con su actual esposa. “Nos llevaron a la comisaría y luego nos derivaron al CETI —Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes—. Allí nos hablaron del asilo, me sentí identificada y lo pedí”, explica.

Una década después de haber conseguido el estatuto de refugiada, Mboume aún sufre discriminación y desempleo. “En febrero de 2020 abandoné un trabajo porque no aguantaba los chistes hacia mi orientación sexual”, relata. “Además de racismo y homofobia, también sufrimos xenofobia”, sentencia. Al igual que Merchich, Mboume espera conseguir pronto un sustento, aunque lamenta que a veces “es muy difícil” porque no les queda más remedio que acceder “a los trabajos más precarios”.

Aunque su camino no ha sido fácil, ambos conservan el anhelo de dejar atrás el miedo de terminar en una prisión al otro lado de la frontera. Mboume desea rescatar la Asociación Día-Día África Libertad, que fundó en 2014, para apoyar a otras mujeres migrantes. Mientras, Merchich sueña con volver a ser azafato, como lo hacía antes de ser despedido en su país, y probar suerte en el mundo de la moda. “En Marruecos yo no podría tener el pelo largo ni salir a la calle como una chica, con tacones y maquillaje”, expresa con alivio.

#hemeroteca #lgtbi #poblacionrefugiada | La nueva y esperanzadora vida de tres refugiados LGTBIQ+ en España

Imagen: El País / Kate y Angela //

La nueva y esperanzadora vida de tres refugiados LGTBIQ+ en España.
La persecución a este colectivo ha traspasado las puertas de Europa. Lo que ocurre en Rusia o Bielorrusia ha comenzado a tomar forma en Hungría o Polonia. En una tercera parte de los Estados de la ONU se pena la homosexualidad, en otros 43 la protección es inexistente y en seis se aplica la pena de muerte. Las solicitudes de asilo crecen. Una rusa, un salvadoreño y una venezolana que huyeron y ahora viven en Barcelona, Madrid y Jaén lo atestiguan.
Mariano Ahijado | Vidas Nuevas, El País, 2021-07-04
https://elpais.com/sociedad/vidas-nuevas/2021-07-04/la-nueva-y-esperanzadora-vida-de-tres-refugiados-lgtbiq-en-espana.html 

No huyen por ser lesbianas –o gais, o por expresar cualquier otra orientación sexual o identidad de género-, sino porque en sus países de origen existen leyes, políticas y comportamientos fóbicos en contra de las personas LGTBIQ+. La tercera parte de los Estados miembros de la ONU criminaliza los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo, según el último informe sobre Homofobia de Estado de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA). La tercera parte son 69.

En esa huida, estas personas se apoyan en organizaciones internacionales como Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados, o en otras entidades de ámbito local o nacional como Kif Kif, que les brindan el asesoramiento más arduo (el legal) y el apoyo más cálido (asistencia psicosocial y una red en la que sentirse acompañados: la nueva familia). De su mano inician los trámites para solicitar protección internacional. Y si la resolución es favorable, obtienen el estatus de refugiado. Luego vendrá la nacionalidad porque lo que no viene es la vuelta a sus países, lugares donde no hay una guerra temporal, sino un ataque que no tiene fin.

Ataque porque en muchos países, sin estar perseguidos, las personas LGTBIQ+ no están protegidas —en 43 no tiene protección, según la ILGA—, y eso las convierte de facto en amenazadas. Como en Rusia, de donde procede Kate (no se aporta el nombre completo por seguridad), un Estado calificado por la ILGA como que ni criminaliza ni protege. Kate nació en Moscú, tiene 33 años y es lesbiana. Abandonó la capital rusa hace cuatro años y se instaló en Sitges (Barcelona), donde trabaja en la realización de contenido audiovisual. “En el colegio nos contaban que la homosexualidad era una enfermedad mental”, recuerda. Rusia aprobó en junio de 2013 una ley que prohibía hablar sobre homosexualidad, un asidero legal para que los homófobos redoblaran su homofobia. “Se formaron grupos en redes sociales para incitar a la gente a que cazara gais y lesbianas”, asegura. “La única opción que me quedaba era abandonar Rusia”, cuenta por escrito esta mujer en un correo electrónico para asegurarse de que se expresa adecuadamente en español.

Por teléfono relata su historia Luis, de 29 años, nacido en El Salvador, un Estado centroamericano de 6,5 millones de habitantes que según la ILGA ofrece protección limitada/dispar. Una protección insuficiente para librarle de amenazas por ser gay o de un atraco a su domicilio en Santa Tecla, una ciudad residencial a las afueras de San Salvador (la capital), lo que se conoce como la Paracentral. El hostigamiento durante un año en forma de daños en su coche –rayones, pinchazos en las ruedas–, mensajes al móvil y notas por debajo de la puerta se tradujo en ataques de ansiedad y en una depresión. El asalto a su casa era una maniobra más de acoso, pues no se llevaron nada de valor. “La policía solo lo tomó como un intento de robo. No levantaron huellas y omitieron en la denuncia las causas que lo motivaron: mi orientación sexual”, recuerda. “Iban a investigar el suceso, pero nunca más se supo nada”.

—¿Quiénes podían ser?

—Podían ser los vecinos, el vigilante de seguridad de la residencial… Podía ser cualquiera en realidad. Hasta la fecha no sabemos nada.

En otra ocasión un coche le persiguió en la autovía con intención de sacarle de la calzada. El banco para el que trabajaba en San Salvador le cambió de sucursal tres veces para prevenir el acoso. Pero seguía vigilado. “Al final decido irme de manera drástica. No sabía ni a dónde ni cuándo. Fue muy abrupto”, afirma. “Me senté con mi mejor amigo y con mi prima, de las únicas familiares que me apoyan, y me puse a buscar ciudades ‘gay-friendly’”, añade. En esa lista aparecía Madrid, donde aterrizó en junio de 2019 para comprobar si lo que había leído se parecía a la realidad. No se ha vuelto a ir y desde octubre de 2020 trabaja como administrativo en Kif Kif, una entidad que brinda apoyo desde hace 18 años a la comunidad LGTBIQ+ de extranjeros que buscan refugio en España. Como tampoco se ha marchado Kate de Sitges, donde vive con Ángela, su novia, también rusa. Ambas protagonizaron una campaña de sensibilización del Ayuntamiento de Barcelona. Aparecen en marquesinas y en los pasillos del metro juntas.

El trabajo de las organizaciones
Desde que los desplazados por su orientación sexual como Luis y Kate aterrizan en España hasta que se asientan, encuentran trabajo y en última instancia consiguen –si la consiguen– la protección del Estado, pasa tiempo y pasan muchas dificultades. Aquí es donde el trabajo de las organizaciones internacionales y las entidades locales resulta vital. Juan Carlos Arnaiz, coordinador de Protección Legal en la oficina de Acnur en España, señala otras cuestiones en las que brindan apoyo más allá del procedimiento de solicitud de asilo. “Muchas personas arrastran experiencias traumáticas, llegan con el rechazo interiorizado, con vergüenza y miedo”, afirma. Se encuentran muchas barreras culturales o educacionales. “Algunos solicitantes a veces temen expresar su orientación sexual o su identidad de género. Debemos crear espacios seguros para que se expresen libremente y formar redes”. Esos espacios seguros deberían ser los lugares donde se hospedan en el primer estadio tras su llegada o las comisarías donde realizan las entrevistas y explican la situación que les ha traído a España.

Luis formalizó la solicitud a las dos semanas de llegar a España, justo cuando se celebraba el Pride, como él dice, en el verano de 2019. Un año más tarde se resolvió como favorable, lo que implica que el Estado le brinda protección internacional. Gracias a la ayuda de una abogada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y de una trabajadora social de Kif Kif, Luis redactó un escrito de ocho páginas donde demostraba cómo había influido su orientación sexual en el colegio, en el trabajo… en su vida. Desde la incomprensión de su madre (“por la educación recibida, por los modelos que tuvo, no comprende la homosexualidad”, afirma) hasta la persecución que sufrió antes de viajar a España.

César Delgado, director de proyectos de Kif Kif, asegura que el proceso de revivir situaciones del pasado ante las autoridades remueve por dentro a los solicitantes. “Nos damos cuenta de que psicológicamente no están preparados para describir la vida que han dejado atrás y recordar el peligro al que estuvieron expuestos”, afirma este trabajador social, que reconoce que algunas de las 2.000 atenciones que realizan al año se llevan a cabo desde esos países de los que piensan huir. “Tratan de informarse antes de venir. Quieren saber si van a gozar de protección”, afirma.

Un país protector
“España tiene buenas prácticas. A muchos solicitantes LGTBIQ+ se les brinda protección”, afirma Arnaiz. “Sin embargo hay retos y cuestiones que mejorar”, añade este asesor legal. Estas cuestiones se observan en todo el proceso, desde el acceso hasta la integración. “El sistema está lidiando con un aumento importante de solicitudes de protección internacional en los últimos años y está saturado”, explica Arnaiz, que también se refiere a retos que van orientados a la calidad del procedimiento: “Que se eviten prejuicios y estereotipos en las entrevistas y en la valoración de los casos, que mejore la formación de los agentes de policía que realizan las primeras entrevistas, que los espacios sean seguros y exista confidencialidad y se fomente la confianza”, describe. “Que en el ámbito de la acogida no se les derive a lugares donde no tienen redes o no existen organizaciones LGTBIQ+”, añade. “Resulta fundamental que se escuche a los solicitantes de asilo, que se cuente con ellos a la hora de establecer protocolos y diseñar nuevas respuestas”, afirma.

Donde sin duda se les escucha y se les abriga y comprende es en las organizaciones como Acnur y en las entidades que representan y defienden al colectivo LGTBIQ+. Los refugiados están muy agradecidos, y cómo no lo van a estar si los amigos que hacen a través de estas asociaciones se convierten en su familia de facto. “Mis amigos han supuesto una reconstrucción de mi tejido social”, afirma Luis, licenciado en Administración de Empresas.

Kate, que alterna los vídeos publicitarios con un documental sobre un escultor de Sitges, destaca la asociación barcelonesa Acathi, donde hizo amistades, realizó un curso de español y encontró apoyo. Esta mujer amplió sus conocimientos audiovisuales con un curso de edición de vídeo en Barcelona. “Hasta que no llegué aquí no me sentí una persona normal. Estoy feliz por dedicarme en España a lo que amo”, afirma. “Pero al mismo tiempo siento miedo al pensar en las cosas que me pasaron en Rusia. Lamento la ignorancia de la policía y del Gobierno, que no hacen más que incentivar la homofobia”, añade para, ya a salvo, no olvidarse de lo que le pasó ni de lo que le está pasando a otras personas como ella.

A Luis también le costaría mucho volver a su país. “Si me nacionalizo, podría. Pero no me sentiría cómodo ni seguro. No quiero volver al armario ni aunque sea solo por 15 días”, describe. “No me merece la pena, quiero pasar página”, añade. Hace poco su prima, el nexo familiar más fuerte que posee, se mudó al País Vasco. Se encuentra más feliz desde que ella está aquí. La sangre llama.

Protegida por ley, pero bloqueada emocionalmente
Thayner tiene 28 años y salió de Venezuela en 2017 perseguida por ser lesbiana. Protegida legalmente en España, ya aquí arrastraba un bloqueo emocional que le impedía comportarse de manera libre y natural. Le costaba besar y tocar, ser cariñosa. Ocultaba sus sentimientos en los primeros meses en un país de acogida que no la criminalizaba como sí sucedía en Valencia (Estado de Carabobo, Venezuela). “Seguía comportándome como antes. Inconscientemente, si salía con una chica, todavía me refería a ella como mi amiga”, afirma esta psicóloga, que trabaja como encargada en un establecimiento de comida rápida en Torredelcampo (Jaén). “En Venezuela no es que me ocultara, es que pensaba que ocultarse era lo normal”, asegura.

El cambio de personalidad lo logró (“Antes no era ni la cuarta parte de lo que soy ahora”, afirma, reforzada y orgullosa) gracias a una trabajadora social, que aumentó su confianza, que la condujo a una segunda salida del armario. Más tarde formó junto a ella Valores Multicolor, un grupo de ayuda a otros refugiados LGTBIQ+ que se ha convertido ya en una asociación en la que trabajan 30 voluntarios de Ucrania, Camerún, Marruecos, Colombia... Tras el proceso de liberalización en Madrid, se desplazó en 2018 a Málaga, donde conoció a su pareja, convertida desde este enero en su mujer. Viven en el pueblo junto con su madre, “a quien pude traerme a España hace tres años”. Thayner sigue formando parte de Valores Multicolor, donde ejerce de secretaria y lleva las redes sociales.

Un aumento de las peticiones de protección
Juan Carlos Arnaiz, coordinador de Protección Legal de Acnur, afirma que no se conoce el número de solicitudes de asilo por orientación sexual o identidad de género que se resuelven como favorables. “Por nuestro día a día como organización, por la presencia en el terreno, por los contactos e intercambios de información que tenemos con las autoridades y otras organizaciones, sabemos que ha habido un aumento importante de las solicitudes de la comunidad LGTBIQ+ en los últimos años”. España se encuentra en un proceso de cambio en el sistema de asilo, con un nuevo equipo de instrucción en la Oficina de Asilo y Refugio. “Las autoridades han empezado a trabajar para poder dar cifras por cada categoría. Sin duda la situación mejorará cuando se establezca el nuevo sistema informático”, afirma. “Es muy positivo que exista una clara voluntad de mejorar el tratamiento y la valoración de estos casos”, concluye.

#hemeroteca #gais #poblacionrefugiada | El lamento de un inmigrante gay en Bosnia: "No creo más en Dios, no me responde"

Imagen: El Periódico / Pareja homosexual en Sarajevo

El lamento de un inmigrante gay en Bosnia: "No creo más en Dios, no me responde".
“En mi país te meten a la cárcel si descubren que eres homosexual. Por eso estoy aquí, no puedo volver”, cuenta Tayri. Homosexuales y transexuales que huyen de la represión en sus países topan con el rechazo también en Bosnia.
Irene Savio | El Periódico, 2021-04-02
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20210402/lamento-inmigrante-gay-bosnia-creo-11627419 

La cita se convierte rápido en una especie de triatlón en el que hay que esquivar potenciales peligros. La policía, que a menudo no es amigable. Una cafetería, donde los migrantes no son bienvenidos. Acabamos entonces en un descampado en la periferia de Sarajevo, con vistas sobre una mezquita, donde finalmente Tayri (nombre cambiado para proteger su identidad) le da la mano a su novio. “En realidad soy cristiano, pero no me importa ya, no creo más en Dios, no me responde, quizá esté ocupado”, se apresura a aclarar resignado este gay marroquí de etnia beréber nacido en 1996 en la ciudad de Errachidía, en el centro del país.

“En mi país te meten a la cárcel si descubren que eres homosexual. Por eso estoy aquí, no puedo volver”, dice finalmente. “En una ocasión, logré llegar hasta unos pocos kilómetros de la ciudad italiana de Trieste pero me deportaron, a pesar de que pedí asilo”, continúa. “Y me da vergüenza todo esto. Era un estudiante, me gustan las matemáticas, y no sé cómo sobrevivir aquí, Bosnia es un país pobre, no hay trabajo”, continúa, al explicar que sus únicas entradas provienen de lo que saca de vender pañuelos en los semáforos y de la ayuda que recibe de algunos voluntarios.

Mirza Halilcevic, activista bosnio LGBTI, conoce su caso. Cuenta que, como Tayri, ha encontrado a decenas de hombres procedentes de África y Oriente Próximo donde la homosexualidad es un delito —lo es aún en unos 70 países, según la ONU— que, desde que Bosnia entró en el mapa de las rutas balcánicas hacia la Unión Europea (UE), han llegado a este país. Un grupo prácticamente invisible, como dice Halilcevic. “Es un colectivo de migrantes que sufre una doble, o múltiple discriminación”, asegura, al añadir que además aunque en Bosnia hubo algunas aperturas sobre el tema, los derechos de los LGBTI son aún un tabú que afecta aquí a todas las personas de este colectivo.

Carencias de alojamientos
Amra Kadric, abogada de la oenegé bosnia Vaša Prava, que asesora a migrantes sobre cuestiones legales, también explica que esta es la victoria pírrica de muchos. De personas que huyeron de países como Marruecos, Afganistán, Pakistán y, ahora incluso Turquía, cuyo viaje —con las puertas entrecerradas de la UE— se estancó en Bosnia, donde el sistema tiene dificultades para identificar a grupos vulnerables, así como hay carencias de alojamientos seguros en las estructuras para migrantes. “Muchos se ocultan. Temen ponerse en mayor peligro”, resume Kadric.

De ahí que incluso el puñado que ha entrado en el sistema y pidió asilo en Bosnia —abandonando así de momento la idea de continuar su viaje hacia la UE—, no haya tenido un gran éxito pues los tiempos de respuesta de las autoridades a estas solicitudes son eternos. Además, en el mientras, la espera es a menudo en estructuras en los que estos migrantes comparten espacios con otros de los mismos países de los que huyeron.

Una incertidumbre que llega tras un viaje arriesgado en el que algunos también denunciaron ser víctimas de abuso sexual, según denuncias obtenidas por el Consejo Danés de Refugiados. “Eso es precisamente lo que muchos más temen”, enfatiza Halilcevic.

Tarea nada fácil
El problema es que, en Bosnia, “el sistema está bastante sobrecargado, por eso hay grandes tiempos de espera para soluciones de largo plazo y la integración en el país”, coincide también Morgan Courtney, oficial de protección de ACNUR, quien ha estado intentado buscar soluciones para aquellos -los menos- que deciden quedarse en Bosnia. Una tarea nada fácil, como reflejaba el caso de un solicitante de asilo iraní que sí fue alojado en una habitación privada para dormir, pero que aún así dijo temer por su vida en los momentos de vida en común con el resto de los residentes de Blažuj, su centro de acogida.

“El campo es un sitio muy peligroso para mí. Algunos me han dicho que me matarán”, afirmó el hombre, al asegurar que en realidad le da igual el país en el que finalmente será recibido. “Solo quiero estar a salvo”, explicó, tras contar que huyó de Irán tras que su esposa denunciara su homosexualidad a las autoridades, y que sufrió abusos sexuales en Grecia. Otros como Tayri, cansados de esperar otra opción, aseguran que pronto intentarán de nuevo probar suerte en la frontera.

#hemeroteca #saludpublica #poblacionrefugiada | El Gobierno mantiene a más de 1.600 migrantes hacinados en el CETI de Melilla

Imagen: El País / Llegada de migrantes a Melilla

El Gobierno mantiene a más de 1.600 migrantes hacinados en el CETI de Melilla.
Interior frena los traslados a la Península pese a la saturación de las instalaciones que funcionan al doble de su capacidad.
Laura J. Varo | El País, 2020-04-20
https://elpais.com/espana/2020-04-19/el-gobierno-mantiene-a-mas-de-1600-migrantes-hacinados-en-el-ceti-de-melilla.html

El Gobierno mantiene a más de 1.600 personas hacinadas, en plena cuarentena, en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, un alojamiento provisional de 782 plazas. En circunstancias normales, traslados periódicos a la Península consiguen aliviar la enorme presión de este centro, pero desde que se decretó el estado de alarma Interior los ha paralizado. El confinamiento ha dejado encerrados a todos los residentes, incluidas familias con niños, obligados a convivir en unas instalaciones con más del doble de su capacidad.

Las denuncias sobre la situación del centro se han intensificado en los últimos días. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, ha pedido al Ministerio del Interior y al de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones “medidas urgentes” para descongestionar el CETI y “proporcionar un alojamiento digno a los residentes”. El Defensor del Pueblo también ha denunciado que estas condiciones impiden mantener las medidas de seguridad ante la covid-19. El centro se encuentra a un 214% de su capacidad, según responde el Ejecutivo a una pregunta parlamentaria planteada por el diputado de EH-Bildu Jon Iñárritu.

El número de residentes en el CETI de Melilla es el mayor, al menos, desde 2015, cuando el centro alojó un pico de 2.000 personas en plena crisis de refugiados de Oriente Medio. Desde entonces, nunca ha estado por debajo de su capacidad (480 plazas en 2015, hasta las 782 actuales). Actualmente, el centro registra su mayor índice de ocupación en el último lustro. En Ceuta, con una ocupación mucho menor (129%), la Delegación del Gobierno sí consiguió orquestar la salida de 105 y 37 personas en dos traslados a finales de marzo, semanas antes de detectarse en un bebé el primer positivo por coronavirus. En abril no se han vuelto a realizar más traslados y, según diversas fuentes, no se prevé que se reactiven.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, último responsable de la gestión de estos alojamientos temporales, mantuvo esta semana en el Congreso que la situación del centro de Ceuta estaba controlada, pero reconoció su “preocupación” por la sobreocupación del de Melilla. Su Secretaría de Estado de Migraciones no ha dejado de solicitar a Interior traslados desde principios de año, pero estos no se han producido. Pese a que la gestión del centro depende de la secretaría de Estado, las autorizaciones de los traslados llevan el sello del departamento de Fernando Grande-Marlaska.

La semana pasada, y tras multiplicarse las presiones al Ejecutivo de Pedro Sánchez para reducir la saturación del centro, se avisó a varios residentes de que sí habría “salida”, como se llama coloquialmente a los traslados en barco a la Península. Según testimonios recabados por El País, los elegidos ya tenían sus billetes para embarcar rumbo a Málaga y el transporte para llevarlos hasta el puerto estaba preparado. A última hora de la tarde se anuló, sin dar explicaciones a los afectados. El dispositivo, coordinado por la Delegación del Gobierno en Melilla y la dirección del centro, fue paralizado atropelladamente por Interior para reevaluar los perfiles de las personas seleccionadas, según admiten fuentes del ministerio, que aseguran estar trabajando en el traslado de varias decenas de personas para esta misma semana.

Criterios arbitrarios
El listado de los residentes que pueden ser trasladados a la Península lo elabora la Comisaría General de Extranjería y Fronteras; y los criterios de selección, que dependen también del número de plazas disponibles en el resto del territorio (de acogida humanitaria para migrantes o de asilo para solicitantes de protección internacional), suelen ser arbitrarios y desconocidos.

El tiempo medio de estancia varía enormemente en función de la nacionalidad y el colectivo en el que encuadran a los residentes. Esto también es caprichoso. Ha habido épocas en las que se ha priorizado el traslado de determinados grupos (refugiados, colectivo LGTB, perseguidos políticos), mientras que hay otras en las que prima el criterio de las nacionalidades (Siria, África Subsahariana) o del perfil (familias u hombres solos). Los bloqueos también afectan prioritariamente a algunos colectivos, especialmente a los magrebíes. A finales de enero, un primer bloqueo provocó una grave crisis con jóvenes tunecinos registrados como solicitantes de asilo a quienes se vetó la entrada en el CETI, que estaba saturado.

Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denuncian que las decisiones del ministerio a la hora de aprobar o no los traslados y elaborar las listas no son jurídicamente sostenibles. Normalmente, prima una situación de vulnerabilidad en determinados perfiles: solicitantes de asilo, mujeres o familias monoparentales y enfermos crónicos. La pasada semana, el Defensor del Pueblo solicitó el traslado urgente de una mujer marroquí y sus tres hijos que aún siguen en el CETI. La madre padece asma, lo que la convierte en población de riesgo ante la covid-19, y es víctima de malos tratos.

La actual sobreocupación del CETI en Melilla contrasta con la reducción de llegadas de migrantes y solicitantes de asilo en 2019 y 2020 con respecto a 2018, cuando se registró en Melilla el mayor pico de llegadas en los últimos cinco años. El pasado 6 de abril, 53 jóvenes lograron acceder a la ciudad sorteando la valla. Debido a la congestión, tuvieron que ser acogidos en una carpa instalada en una ubicación distinta, en terrenos de titularidad privada. Pasaron casi 12 horas a las puertas del CETI, algunos heridos, atendidos por sanitarios de Cruz Roja y vigilados por las fuerzas de seguridad. Hasta entonces, tanto el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, como la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, habían mantenido que la situación en el centro estaba controlada.

#hemeroteca #saludpublica #poblacionrefugiada #crisissociales | Bruselas alerta de la parálisis del sistema de acogida y reparto de refugiados por la pandemia

Imagen: El País

Bruselas alerta de la parálisis del sistema de acogida y reparto de refugiados por la pandemia.
El cierre de fronteras dificulta la gestión de la política migratoria comunitaria, por lo que la Comisión Europea pide “flexibilidad” a los países para asegurar la salud y los derechos de las personas.
Lluís Pellicer | El País, 2020-04-17
https://elpais.com/internacional/2020-04-17/bruselas-admite-la-paralisis-del-sistema-de-acogida-y-reparto-de-refugiados-por-la-pandemia.html

La pandemia de covid-19 ha vuelto a poner contra las cuerdas la ya precaria política migratoria de la Unión Europea. La Comisión Europea admite que las operaciones de llegadas y reparto de refugiados y de retorno de inmigrantes irregulares a sus países se están viendo comprometidas, cuando no paralizadas, por el cierre de fronteras o la drástica reducción de vuelos comerciales. Bruselas pide “flexibilidad” a los Veintisiete para seguir con los procedimientos en marcha y no poner en peligro la salud y los derechos de los migrantes.

El cierre de las fronteras exteriores de la UE y los controles entre países miembros impuestos por la covid-19 está complicando la gestión de la política migratoria. A ello se añade el cierre de puertos de Italia y Malta, que este viernes denunciaron las ONG que realizan rescates de migrantes en el Mediterráneo, y el recrudecimiento de las condiciones en la frontera entre Grecia y Turquía después de que el presidente Recep Tayyip Erdogan decidiera empujar a miles de refugiados hacia Europa. Según la Agencia Europea de Fronteras (Frontex), la llegada de inmigrantes irregulares al continente cayó a la mitad respecto al mes anterior.

En una comunicación aprobada esta semana, la Comisión admite que la pandemia ha tenido “consecuencias directas” en los mecanismos de asilo comunitarios y de retorno. Las restricciones internas en la UE ha paralizado prácticamente el sistema de transferencias de migrantes refrendado en el Reglamento de Dublín. El acuerdo acaba dando la responsabilidad sobre un solicitante de asilo al país por el que ha entrado a la UE, salvo que este pueda acogerse a criterios como la reagrupación familiar o la residencia.

Las autoridades del país en el que se hace la demanda tienen seis meses para trasladar a ese migrante al Estado por el que llegó a Europa. En caso contrario, la responsabilidad pasa a ser suya. Según la Comisión, durante el mes de marzo eso acabó ocurriendo con 1.000 personas que pidieron protección internacional. Bruselas estima, además, que hasta el 1 de junio ocurra lo mismo con otros 5.000 migrantes más. Un portavoz del Ejecutivo comunitario admitió la complejidad del sistema. “En general, la posibilidad de suspensión de las transferencias no está prevista en la regulación de Dublín”, reconoció.

La UE aparcó para después de Semana Santa el nuevo paquete legislativo para abordar la migración en Europa, pero aún no tiene fecha. España, Alemania, Francia e Italia han mandado una carta a la Comisión Europea para que no detenga ese trabajo. Según publicó ‘Politico’, los cuatro países pidieron la creación de un “mecanismo vinculante” para una “distribución justa”, teniendo en cuenta también cuando un socio tiene una presión “desproporcionada”. El mismo portavoz confirmó que ha recibido la carta, pero no quiso comentarla.

Bruselas pide a todos los países que reanuden las transferencias bajo el sistema de Dublín cuando sea posible. Y les recuerda que nada impide que se pongan de acuerdo bilateralmente para retomar las que quedan pendientes más tarde. La Comisión solicita que se lleguen a esos pactos en especial cuando se trate de casos de reunificación familiar o de menores no acompañados, que también se cuentan dentro de ese millar de migrantes.

El brote de covid-19 también ha parado los reasentamientos de refugiados en la UE previstos para 2020. En diciembre, Bruselas anunció que habría 29.500 plazas disponibles. Sin embargo, la Comisión constata que los Estados miembros, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) tienen “temporalmente suspendidas” esas operaciones, por lo que lo que la acogida de refugiados en la UE está actualmente parada.

Tramitación de demandas de asilo
Bruselas admite en la comunicación publicada esta semana que muchos países han informado del cierre de las administraciones que tramitan las solicitudes de asilo o bien de que su acceso solo es posible mediante notificación previa o por correo electrónico. Algunos incluso han informado de que el registro de demandas está suspendido o solo permitido para casos de personas vulnerables. La Comisión entiende los retrasos por razones de protección, pero pide que no se dejen sin atender los casos que le llegan. Por ello, requiere de nuevo la “máxima flexibilidad” a los países, incluso obviando procedimientos como las entrevistas personales en caso de que el solicitante de asilo pueda estar infectado por la covid-19. Si es necesario, el Ejecutivo comunitario recomienda usar mecanismos ‘online’, como videoconferencias.

#hemeroteca #poblacionmigrante | Las soledades de Omar, el menor tutelado número 22.042

Imagen: El País / Omar Diallo

Las soledades de Omar, el menor tutelado número 22.042.
El suicidio de un adolescente guineano que había sido tutelado por la Generalitat revela la herida de la ruta africana y el vértigo de los migrantes al cumplir los 18.
Jesús García | El País, 2019-11-17
https://elpais.com/sociedad/2019/11/16/actualidad/1573913255_246999.html

El puente de piedra parduzca que atenaza el Anoia con sus grandes ojos de medio punto es un telón de fondo ideal para el festival Rec. Es 6 de noviembre, primer día de un evento que es el epítome de lo ‘hípster’: paradas de ‘street food’, patrocinio de Estrella Damm y marcas de moda que ocupan las antiguas curtidurías en la margen izquierda del río. Omar Diallo está solo encima del puente. Poco antes de las 14.00, salta. No se lanza sobre el espeso cañaveral que cubre el pobre caudal del río, sino sobre el asfalto. Un testigo le ha visto y avisa a los Mossos.

La muerte de Omar abate a quienes, hasta hace pocos días, fueron sus compañeros en el centro de acogida de menores Mas Amigó; derrumba a la familia guineana que le había acogido en su casa; y descoloca a los educadores que le han asistido desde que llegó a Cataluña, porque no vieron venir el desenlace. “Se había adaptado bien, era uno más de esa familia, enviaba mensajes diciendo que estaba contento... Nadie pensó que pasaría esto. Los suicidios no avisan”, explica Marta Montoya, que coordina los centros para migrantes de la cooperativa Eduvic.

En mayo, seis meses antes de quitarse la vida, Omar entra en la comisaría de los Mossos de la plaza de Espanya, un edificio moderno pero de aroma soviético. Dice que tiene 17 años, aunque no presenta pasaporte ni certificado de nacimiento. La policía le fotografía (plumón azul, pequeña herida bajo el ojo derecho) y le asigna un número de tutelado —22.042—, a la espera de que la Fiscalía determine su edad. El chico empieza así su breve vida bajo la égida de la Generalitat, que le conduce primero a un centro de Calella y, luego, a una masía en un entorno idílico de la Cataluña central.

Desde Santa Margarida de Montbui, un discreto cartel marca el desvío, por un sendero, hacia Mas Amigó. Un campo de fútbol de tierra —el rojo y el blanco de las porterías recién pintadas refulgen frente al paisaje ocre— da paso a un patio donde un vigilante controla el acceso al recinto. “Aquí están alejados de miradas hostiles”, dice un educador. Allí vivió Omar. “Era un chico reservado y tímido, pero activo. Había hecho su grupo de amigos”, indica Montoya. Arrastraba, sin embargo, una pesada carga como migrante y una infancia de soledad, abandono y pobreza. Huérfano, había sido “niño de la calle” en Télimélé —localidad de 15.000 habitantes al oeste de Guinea— y emprendido, de adolescente, un penoso viaje a Europa, también en soledad. De esas experiencias le quedaron heridas profundas pero invisibles; en alguna ocasión verbalizó su “miedo a estar solo”.

Omar relató su periplo, con cuentagotas, a los educadores y a la forense que le visitó. Dijo que había salido de Guinea —o Guinea-Conakry, para distinguirla de sus vecinas con apellido— y llegado en avión a Malta. De allí había cruzado a Italia y luego a Francia hasta llegar a Barcelona. Ese país, a la cola en el índice de desarrollo humano, es el segundo (tras Marruecos) que ha aportado más migrantes a España en lo que va de año: 3.013 personas han arribado por las fronteras marítimas y terrestres, según Acnur. No se sabe si Omar tomó en algún momento un avión o si contó esa versión porque le convenía. Pero personas cercanas a él dicen que pasó primero por Guinea Bissau y que completó por tierra el tramo más duro de la ruta africana.

El día que se suicidó, los Mossos hallaron en la mochila de Omar la copia de una denuncia que presentó durante su paso por Marsella: decía que le habían robado la documentación. Aquel incidente le afectó, relatan sus cuidadores. Más duro fue saber que dejaba de ser tutelado. El 14 de octubre, mientras los líderes independentistas conocían la sentencia del ‘procés’, la Fiscalía decretaba que Omar, corpulento y de anchas espaldas, era mayor de edad. Un forense le había practicado las pruebas preceptivas: un estudio radiográfico de la muñeca y otro de maduración dental. La primera prueba indicó que tenía 19 años; la segunda, 18. “En ese momento, se vino abajo”, dice un educador. Pudo haber recurrido ante el juez, pero no lo hizo, según su entorno, porque admitió que al notificársele el resultado —cinco meses después de llegar a Cataluña— ya era mayor de edad.

De la masía a la familia
Esos métodos han sido cuestionados por las entidades de apoyo a los migrantes —“están pensados para varones caucásicos; habría que aplicar otros criterios”, cuenta un portavoz de Acnur—, pero también por la literatura científica, que subraya sus márgenes de error. La Fiscalía asegura que, ante la duda, los forenses apuntan a la minoría de edad. Pero advierte de que, sin documentos, el sistema no ofrece otras vías. Entidades como Hourria replican que tampoco los papeles sirven para los subsaharianos que emigran solos: “Si el chico es negro, se pone en duda su pasaporte”.

“El problema es que, tengan 17 o 18, siguen siendo vulnerables”, apunta una fiscal de menores. Y en esa frontera legal hay mucho en juego: ser un menor protegido o un inmigrante irregular. Omar tuvo que abandonar la masía. Se acabaron para él el fútbol y las clases de catalán; las actividades en el pueblo y el psicólogo; las tareas en el huerto y el gallinero y la vida rural: tranquila y reposada como él. Las entidades sociales denuncian que el chico se encontró expulsado, solo y desamparado, y ven en su trágico final un símbolo de todo lo que funciona mal en la atención a los menores. La indignación alcanza a los guineanos que viven en España. “Un migrante es un huérfano. A un chico que no tiene familia, ni papeles ni recursos, ¿le echan a la calle?”, se pregunta Fodé Diakité, mediador.

Pero la Generalitat y el centro niegan la mayor. “Hay errores y hay casos que hacen emerger disfunciones. El de Omar no lo es. No se quedó en la calle, se le conectó con una red de apoyo, como solemos hacer”, afirma la directora de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, Georgina Oliva.

El apoyo vino de la comunidad guineana. Mamadou Lamarana, musulmán y de etnia fula como Omar, le ofreció techo junto a sus tres hijos. Los educadores siguieron el caso más por voluntad que por obligación y constataron que se adaptó a su nueva vida. Lamarana, que habla rápido, lo corrobora: “Es un buen chaval, normal y corriente, como un hijo más... La mañana que se suicidó me dijo que iba a caminar un rato”. Mientras hace gestiones para repatriar el cuerpo, Lamarana no deja de preguntarse, como todos, por qué un niño de la calle que cruzó África para salir de la miseria saltó de un puente; y por qué tuvo que hacerlo precisamente ahora, cuando empezaba a estar un poco menos solo.

#hemeroteca #gais #television | Jesús Vázquez, un regreso pensando en la jubilación

Imagen: El País / Jesús Vázquez

Jesús Vázquez, un regreso pensando en la jubilación.
El presentador de Telecinco vuelve con 'Idol Kids' y dará las campanadas, pero advierte: "En algún momento me quiero gastar con salud y alegría lo que tanto me ha costado ganar".
Natalia Méndez Aparicio | El País, 3019-11-02
https://elpais.com/elpais/2019/10/31/gente/1572517253_047350.html+

Jesús Vázquez vuelve al prime time de la televisión. Tras una época de proyectos que no le han hecho brillar como antes, prueba suerte ahora con Idol Kids, un concurso musical que se estrenará en 2020 en Telecinco. El destino ha querido que en las grabaciones haya coincidido con niños que participaron en La Voz Kids —formato que también presentó hasta que pasó a Atresmedia— a los que les aconseja “que insistan, que sigan yendo a donde sea si creen que lo sienten [el talento] dentro”.

Y de insistir él sabe mucho. Lleva más de 30 años delante de las cámaras. No se arrepiente de ninguno de sus trabajos “porque se aprende de los fracasos, incluso de los mayores bodrios”. Ahora se encuentra enfocado en su nuevo programa y en las campanadas de Nochevieja, pues es el único encargado (por el momento) de darlas en Telecinco. Jura que no sabe quién le acompañará cuando le preguntan una y otra vez si será Isabel Pantoja.

Otra Isabel con la que ha estado esta semana ha sido Isabel Preysler. Los dos han sido los protagonistas de un evento organizado por el 30º aniversario de la marca Ferrero Rocher. Y es que Jesús Vázquez sigue siendo un reclamo para las firmas.

A pesar de su perfil mediático, reconoce que no acude a muchas fiestas. Eso es época pasada. Pero en sus programas ha conocido a muchos famosos. Cuenta que uno de sus trabajos más difíciles fue en ‘Hotel Glam’, un concurso en el que tuvo que lidiar con personajes tan peculiares como Pocholo Martínez-Bordiú, “que en aquella época era muy difícil de controlar”. Si tuviese que repetir un programa, sería sin duda ese. “Yo volvería ahora con ‘Hotel Glam: 20 años después’, con los mismos”, aunque entre risas admite que se lo ha propuesto a Mediaset y no le ha interesado.

Con el grupo de comunicación tiene un contrato de larga duración (o como él dice “un matrimonio”), con el que ha vivido idas y venidas. Piensa quedarse con ellos hasta que se retire. A sus 54 años empieza a plantearse la jubilación, algo que tratará con su jefe [Paolo Vasile] dentro de unos cuatro años: “En algún momento me quiero gastar lo que tanto me ha costado ganar y gastármelo con salud y alegría. No quiero ir con un bastón a los 80 años y diciendo: 'Voy a gastar, que me quedan dos años”.

El presentador se conserva muy bien. Su secreto ha sido cambiar su estilo de vida: “De joven he sido gamberro, me lo he pasado muy bien y he disfrutado mucho la vida. He trabajado mucho pero sin renunciar a nada”. Ahora busca hacer lo que realmente le apetece. Este mismo año confesó haber padecido episodios de insomnio. Tras hacer terapia se encuentra mucho mejor. Despegarse del móvil por las noches le ha ayudado. “A partir de las ocho o nueve pueden dejar todos los mensajes que quieran, que no miro el teléfono, con lo cual contestaré al día siguiente”, dice tajante.

El resto del día suele estar muy activo en redes sociales. Le gusta mostrar cómo practica deporte, qué come o en qué proyectos está involucrado: es embajador de Acnur, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y presentará por segundo año la gala de la Fundación Lucha contra el Sida, que se celebrará el 18 de noviembre en Barcelona. En las redes también comparte imágenes junto a su marido, Roberto Cortés, con el que se casó en 2005. Vázquez es un icono para la comunidad gay y su homosexualidad es algo de lo que habla sin tapujos. Pero, desde el auge de Vox, ha recibido más comentarios homófobos que antes. “Se ha crispado un poco la situación porque hay una cierta impunidad en parcelas que creíamos conquistadas. Ahora se vuelven a poner en tela de juicio y es un retroceso serio”. Su pareja es quien se encarga de filtrar los mensajes que le llegan al presentador a través de sus perfiles. “Me pueden decir lo que quieran, pueden seguir odiando desde sus cavernas y desde sus vidas miserables, que odien todo lo que quieran que es peor para ellos, que yo no me entero”, sentencia, aunque luego reconoce que algún mensaje inapropiado se cuela. Es lo que tiene ser una persona con tanta proyección pública y más de tres décadas ante las cámaras de televisión.

#hemeroteca #lgtbi #poblacionrefugiada | Llegan a España los primeros refugiados LGTBI reasentados desde Turquía y Jordania

Imagen: República

Llegan a España los primeros refugiados LGTBI reasentados desde Turquía y Jordania.
Más de 30 refugiados LGTBI de Siria e Irán, llegaron el pasado miércoles 31 de julio a Madrid después de salir de Turquía, con el apoyo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
República, 2019-08-02
https://www.republica.com/2019/08/02/llegan-a-espana-los-primeros-refugiados-lgtbi-reasentados-desde-turquia-y-jordania/

Los recién llegados son los primeros refugiados LGTBI en ser reasentados en España, desde Turquía y Jordania, donde anteriormente se alojaron después de huir de la persecución en sus países de origen.

Hace unos meses, España solicitó referencias de refugiados a la oficina del ACNUR en Ankara. El ACNUR contactó a muchos refugiados que ya habían sido remitidos a Estados Unidos o Canadá para su reasentamiento para ver si estaban interesados en ir a España.

Los oficiales de migración entrevistaron al primer grupo de refugiados en la Embajada de España en Ankara en las últimas semanas. Estuvieron en Estambul en los últimos tres días para recibir las orientaciones requeridas por la Organización Internacional de Migración (OIM) y recibir sus visas y documentos de viaje. Hoy comienzan un nuevo capítulo de sus vidas.

El reasentamiento está disponible solo para una fracción de los refugiados del mundo. Normalmente, menos del uno por ciento de los refugiados en todo el mundo son reasentados.

Actualmente, más de 2000 refugiados LGTBI de 17 nacionalidades residen en Turquía en espera de reasentamiento. Debido a la prohibición de viajar del presidente Trump, la mayoría de esos refugiados no pueden ser remitidos a los Estados Unidos.

Con las regiones en desarrollo acogiendo a un 85 por ciento de los refugiados del mundo (16,9 millones de personas), es un objetivo fundamental del Pacto Mundial de los Refugiados el garantizar una distribución más oportuna, equitativa y previsible de las responsabilidades al aumentar el acceso de los refugiados a trasladarse a terceros países.

Los países europeos no han aceptado muchos refugiados convencionales de la oficina del ACNUR en Ankara en los últimos años debido a la cantidad de solicitantes de refugio en Europa. En los últimos años, varias organizaciones sociales hemos estado alentando a los eurodiputados a prestar especial atención a la difícil situación de los refugiados LGTBI y proteger a las personas que tuvieron que huir por su orientación sexual o identidad de género. Estamos contentos de que España haya tomado medidas para garantizar a esos refugiados una nueva oportunidad de vida. Esperamos que otros gobiernos europeos sigan el ejemplo de nuestro país y brinden apoyo y protección, ya que Turquía no es un país seguro para los refugiados LGTBI.

Y TAMBIÉN…
Llegan a España los primeros refugiados LGTBI reasentados desde Turquía y Jordania.
Kif-kif, 2019-08-02
https://kifkif.info/llegan-a-espana-los-primeros-refugiados-lgtbi-reasentados-desde-turquia-y-jordania/
Llegan a España más de 30 refugiados LGTBI sirios e iraníes.
Europa Press, 2019-08-02
https://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-llegan-espana-mas-30-refugiados-lgtbi-sirios-iranies-20190802185438.html

#hemeroteca #lgtbi #lgtbifobia | Africanos LGTBI en Kenia, asfixiados entre la homofobia y la burocracia

Imagen: El País / Refugiadas LGTBI protestan en Nairobi frente a ACNUR

Africanos LGTBI en Kenia, asfixiados entre la homofobia y la burocracia.
Refugiados y solicitantes de asilo del colectivo reclaman una mayor protección ante la violencia homófoba.
Patricia Martínez · EFE | Planeta Futuro, El País, 2019-05-17
https://elpais.com/elpais/2019/05/17/planeta_futuro/1558082731_425691.html

Fuera de la oficina de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en Nairobi acampan refugiados y solicitantes de asilo y la mayoría son miembros del colectivo LGTBI. Desde Ruanda a los dos Congos, pasando por Uganda o Somalia, su grito es el mismo: una mayor protección ante la violencia homófoba.

A escasos metros de la carretera Waiyaki Way —foco habitual de atascos en el corazón de la capital keniana—, mujeres somalís con coloridos vestidos se protegen del sol bajo un escueto árbol; madres burundesas amamantan a sus hijos; refugiados gais alzan con orgullo la bandera arcoíris. Dos de ellos se plantan un beso.

En la tierra, entre finos colchones y mantas masáis que cubren a niños dormidos, quedan todavía restos de ceniza del pasado 10 de mayo, cuando entre pequeños fuegos y humaradas de gas lacrimógeno la Policía arrestó a al menos 23 de personas por agresión y escándalo público. Los agentes aseguran que bloquearon la carretera; ellos, que actuaron de forma pacífica.

"Estamos aquí para preguntarle [a Acnur] dónde se supone que deberíamos estar", resume la ugandesa Julie Collins Red, de 21 años y que como casi todos los presentes decidió abandonar en algún momento el campamento keniano de Kakuma —que acoge más de 180.000 refugiados— por no sentirse a salvo como una mujer transgénero.

"Viví con miedo hasta cruzar a Kenia por los numerosos asesinatos en Uganda del colectivo LGTBI (Lesbianas, Gais, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales)", explica Red, vestida con un abrigo de plumas rojo, medias oscuras y tacones de leopardo falso, pese al calor. "Llegué en agosto de 2018, pero desde entonces Acnur no ha trabajado en mi caso. Dicen que tienen las manos atadas y que es una cuestión del Gobierno (keniano)", asegura.

Aunque Kenia, al igual que otros 32 países africanos, considera la homosexualidad ilegal, sí que reconoce el derecho de asilo a quienes se sientan perseguidos por su orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, una vez dentro de sus fronteras les obliga a permanecer en dos áreas designadas: el campamento de refugiados de Kakuma o el de Dadaab, en el noreste del país.

"Es algo que llevamos escuchando desde 2016: casos de refugiados LGTBI en Kakuma a los que han intentado quemar en sus casas, a los que han golpeado, por lo que un gran número ha tenido que ser realojado en Nairobi o en otras partes de Kenia", confirma a Efe el investigador para África de Human Rights Watch (HRW) Otsieno Namwaya.

"Sin embargo, una vez fuera, cuando la comunidad descubre que son gais, vuelven a ser objeto de violencia y, por ello, le están pidiendo a Acnur una mayor protección, algún tipo de seguimiento", matiza Namwaya.

Sin salir del armario
El congoleño Katila Paul Servent, de 29 años, lo sabe muy bien. Dejó atrás su Goma natal en 2010 y durante los ocho años siguientes vivió en Kakuma, donde asegura que, en lugar de ser bienvenido, sufrió amenazas, agresiones y fue encarcelado en repetidas ocasiones por la Policía.

Como bisexual, llegó incluso a casarse con una mujer, con la que ahora tiene dos hijos de ocho y nueve años, a fin de conseguir cierta protección y pasar desapercibido ante las miradas ajenas.

En 2018, tras más de 10 entrevistas con Acnur y las autoridades kenianas, consiguió la condición de refugiado, con la que hoy anhela, como los otros cientos de acampados, ser reasentado junto a su familia en un tercer país.

"Los que pagan algo de dinero, aunque no sea una gran cantidad, consiguen ser reubicados antes", critica Servent, sumándose a las voces que tachan de corrupto a este organismo de la ONU.

No obstante, el sueño de alcanzar Europa, EE UU o Australia es una opción solo disponible para una exigua minoría. Según los últimos datos de Acnur, en 2018 solo fueron reasentados 55.692 refugiados de los aproximadamente 1,2 millones que lo necesitan: menos de un 5% en todo el mundo.

Así, los refugiados LGTBI que no aspiran a abandonar Kenia en un futuro próximo se ven obligados a vivir de forma discreta en el seno de una sociedad conservadora, a no llamar demasiado la atención, a no salir del armario en público.

"Esperaba algo mejor en Kenia", reflexiona la ugandesa Aisha Nakakande, de 25 años, que se vio forzaba a huir de Uganda cuando su círculo cercano se enteró de que era lesbiana. "Los kenianos son homófobos. No les gustamos en absoluto, te lo prometo", subraya.

"Me cogieron con mi novia y nos pegaron, nos hicieron de todo", recuerda sobre el día que dejó de hablarse con su familia. Sus padres no saben que cruzó la frontera a Kenia y que hoy duerme al raso frente a Acnur; su novia tampoco. "Yo solo corrí. Cuando te están pegando, acosando, te quieren matar, solo corres", rememora.

Una gran parte de los casi 200 refugiados LGTBI contabilizados por Acnur en el campamento de Kakuma proceden de Uganda, donde una ley contra la homosexualidad firmada por el presidente Yoweri Museveni en 2014, e invalidada meses después por el Constitucional, penaba con la cadena perpetua las relaciones homosexuales.

Por ello, muchos empezaron a ver en Kenia una especie de salvavidas, donde la ley colonial que establece penas de hasta 14 años de prisión raramente se aplica y que, además, el próximo día 24 podría convertirse en el nuevo frente pro-LGTBI de África, si finalmente el Tribunal Superior de Nairobi despenaliza estos actos.

"También somos personas"
Lejos de la farragosa burocracia, el rechazo social y las leyes centenarias que tildan las relaciones homosexuales como actos contra natura, estos solicitantes de asilo y refugiados LGTBI solo quieren recibir un trato equitativo, pues como repiten hasta la saciedad, lo que ellos sienten es tan natural como lo que siente un heterosexual.

"Todos te dicen que eres un niño, pero a medida que vas creciendo te vas dando cuenta de que no eres quien dicen. Tu yo interior es femenino. Te gustan los vestidos, te gusta tu ser femenino y no el masculino", explica Red, quien reconoce que a lo largo de su vida ha intentado suicidarse en tres ocasiones, en momentos en los que muchos de sus amigos LGTBI estaban presos en Uganda.

Para Namwaya, tanto el Gobierno keniano como Acnur han fracasado de forma significativa, pues ni el primero ha sido "amigable a la hora de apoyar a la comunidad refugiada en Kenia, no solo LGTBI, sino refugiada", mientras el segundo se ha mostrado "insensible" a las preocupaciones de esta comunidad dentro y fuera de los campamentos.

"En lugar de darme 6.000 chelines (unos 53 euros que Acnur les entrega como ayuda para el pago de un alquiler), que me lleven a un sitio que sea seguro", urge Nakakande, que puntualiza: "Aunque (seamos) refugiados, también somos personas. Tenemos sangre roja en nuestras venas, así que, al menos, que nos traten como seres humanos".

"Me gustaría ir a cualquier país que sea más seguro y que respete a los trans", continúa Red, pese a que no consigue mencionar ninguno en concreto. "Solo he oído que en América matan a muchos", dice.

Subida en sus tacones de leopardo falso afirma dos cosas: que ama su vida y que confía en Dios para que un día cambie su suerte y pueda vivir como una mujer plena. "Jesús —medita— no condena a ninguna persona gay o transgénero. Él estuvo aquí para salvarnos a todos".

#hemeroteca #violenciasexual | Miembros de la ONU en Siria obligaron a numerosas mujeres a mantener relaciones sexuales a cambio de ayuda humanitaria

Imagen: Público

Miembros de la ONU en Siria obligaron a numerosas mujeres a mantener relaciones sexuales a cambio de ayuda humanitaria.
La ONU sabía de los posibles casos de explotación y abuso a mujeres y niñas a través de Care, pero asegura no haber recibido ninguna denuncia en este sentido de las dos organizaciones con las que trabaja en el sur de Siria.
Europa Press | Público, 2018-02-27
http://www.publico.es/internacional/miembros-onu-siria-obligaron-numerosas-mujeres-mantener-relaciones-sexuales-cambio-ayuda-humanitaria.html

Numerosas mujeres en Siria se han visto forzadas a mantener relaciones sexuales con hombres que repartían ayuda humanitaria en nombre de agencias de la ONU y de ONG internacionales a cambio de poder recibir la asistencia necesaria para ellas y sus familias, según ha denunciado este martes la BBC.

Trabajadores humanitarios con los que ha hablado la cadena británica han señalado que la explotación sexual de las mujeres a cambio de ayuda está tan extendida que algunas sirias se niegan a acudir a los centros de distribución de ayuda porque se sobreentiende que quienes van aceptan 'vender' su cuerpo a cambio de la misma.

Un estudio realizado por el Fondo de la ONU para la Población (UNFPA) en 2017 para evaluar la violencia de género en la zona ya había llegado a la conclusión de que se estaban produciendo casos de sexo a cambio de ayuda en varias provincias de Siria.

El informe 'Voces de Siria 2018' recogió casos de mujeres o niñas que se casaron con funcionarios por un breve periodo de tiempo para 'servicios sexuales' con el fin de recibir comida; distribuidores que pedían teléfonos de mujeres y niñas; otros que se ofrecían a llevarlas a sus casas "a cambio de algo" o que obtenían distribuciones a cambio de "servicios, como pasar una noche con ellas", recoge BBC.

Según el documento de UNFPA, las mujeres y niñas que no contaban con un "protector masculino", como las viudas y divorciadas y desplazadas, "eran consideradas particularmente vulnerables a la explotación sexual".

Sin embargo, según BBC, esta práctica ya se había constatado en 2015. Danielle Spencer, una asesora humanitaria que trabajaba para una ONG, escuchó a algunas mujeres en un campo para refugiados en Jordania hablando de ello en marzo de ese año.

Tras ello, habló con ellas y le contaron cómo hombres de consejos locales en zonas como Derá o Quneitra les habían ofrecido ayuda a cambio de sexo. "Se quedaban con la ayuda que había sido entregada y luego la usaban para tener sexo con estas mujeres", ha denunciado Spencer.

En junio de 2015, el Comité de Rescate Internacional (IRC, por sus siglas en inglés) realizó un sondeo entre 190 mujeres y niñas en Derá y Quneitra y puso de manifiesto que el 40 por ciento habían visto casos de violencia sexual al acceder a servicios, incluido el reparto de ayuda humanitaria.

Ambos informes fueron presentados en una reunión de las agencias de la ONU y ONG internacionales en Amán en julio de 2015 y tras la misma algunas agencias endurecieron sus procedimientos, entre ellas IRC, que lanzó nuevos programas y sistemas para mejorar la protección de mujeres y niñas en el sur de Siria.

Por su parte, la ONG Care amplió su equipo de observación en Siria y creó un mecanismo de quejas, además de dejar de entregar ayuda a los consejos locales. Además, pidió a varias agencias de la ONU, entre ellas la OCHA y ACNUR, que investigaran más el caso y establecieran mecanismos de denuncia.

Spencer considera que "se ha ignorado la explotación y el abuso sexual de mujeres y niñas" pese a conocerse desde hace años. "La ONU y el sistema tal y como están ahora han optado por que los cuerpos de las mujeres sean sacrificados", ha lamentado la asesora humanitaria.

La ONU lo sabía
Un portavoz de UNFPA ha dicho a BBC que la agencia sabía de posibles casos de explotación y abuso a mujeres y niñas en Siria a través de Care, pero ha asegurado no haber recibido ninguna denuncia en este sentido de las dos organizaciones con las que trabaja en el sur de Siria. En todo caso, ha aclarado que UNFPA no trabaja con consejos locales como contraparte.

También un portavoz de UNICEF ha indicado a la cadena que la agencia de la ONU procedió a revisar a sus socios locales y contratistas en el sur de Siria tras la reunión de julio de 2015 y no está al tanto de denuncias contra ellos. En todo caso, ante el grave riesgo existente, ha puesto en marcha un mecanismo de denuncias comunitario y ofrece más formación a sus contrapartes.

Andrej Mahecic, portavoz de ACNUR, ha subrayado que "es importante entender que en cualquier emergencia humanitaria existe el riesgo de abuso sexual y de explotación sexual y abusar de alguien que necesita asistencia es despreciable".

Aunque las denuncias de 2015 fueron "incompletas, fragmentadas e infundadas", la ONU adoptó algunas medidas cuando surgieron, ha defendido. En el caso de ACNUR, ha precisado, no tenía acceso a la zona donde se produjeron los abusos, pero trató de llevar a Jordania a sus socios locales para formarles.

"La mera sugerencia de que la ONU puede de alguna manera controlar la situación en una zona de guerra es más bien simplista y desconectada de la realidad de lo que es una operación de ayuda en un conflicto abierto y feroz", ha remachado en defensa del organismo.

Y TAMBIÉN…

Sexo a cambio de comida, los abusos de empleados de la ONU en Siria.
Un informe de las Naciones Unidas denuncia que viudas, divorciadas y desplazadas son las más vulnerables.
Mikel Ayestaran | ABC, 2018-02-27
http://www.abc.es/internacional/abci-sexo-mujeres-cambio-comida-abusos-hombres-pagados-siria-201802271225_noticia.html