Canadá y Reino Unido, con muy distintos grados de control sobre el proceso, son los países que toma como referencia Ciudadanos, el único partido que promete convertir en legal esta práctica prohibida en España.
Lindsay Gault, de 36 años, descubrió su vocación a los 12, leyendo un artículo sobre mujeres que se embarazan para terceros. “Me prometí a mí misma que si era capaz de tener hijos, apoyaría a quienes no pueden. Para mí, ayudar a otros era un sueño”, explica por videollamada desde la provincia de Alberta, al oeste de Canadá. Dice que siempre quiso ser madre. Tiene una hija de nueve años y ha dado a luz a otros dos bebés, uno para una pareja francesa y otro para una británica. Entre sus amigos y conocidos, afirma, nunca ha recibido una reacción negativa por gestar al hijo de otros. Al revés. “Mi hija me dice que cuando crezca quiere ser gestante, porque ve lo asombroso que es”. El último parto, en enero, casi le cuesta la vida. A las 29 semanas de embarazo le detectaron una complicación seria. Empezó a sangrar. Los médicos lograron retrasar el parto hasta el octavo mes y el bebé nació respirando por sí mismo, pero a ella le tuvieron que extirpar el útero. Ya no podrá volver a quedarse embarazada, aunque ha encontrado una manera de seguir: “Acabo de abrir mi propia agencia para ayudar a más parejas a ser padres”.
Gault habla con naturalidad de esa mala experiencia, que quedó eclipsada cuando vio al bebé al que había dado a luz en brazos de la pareja londinense. “Tenían el sueño de ser padres y verlos abrazar a su bebé es un sentimiento increíble”, explica. Canadá no tiene un registro oficial del número de niños que nacen mediante esta práctica en su territorio. Pero el país norteamericano se ha convertido en un importante destino internacional de los vientres de alquiler bajo el llamado modelo altruista. La idea es que una mujer se someta a un tratamiento hormonal, asuma todos los riesgos del embarazo y el parto y entregue al bebé a personas que, en ocasiones, no conocía de nada antes del proceso. A cambio, únicamente está autorizada a recibir el reembolso de los gastos ocasionados.
El sistema canadiense es el que inspiró a Ciudadanos para elaborar una proposición de ley que permita los vientres de alquiler, que no son legales en España. Es el único partido que, en campaña electoral, defiende esta práctica, en un tema complejo y polémico sobre el que no existe ningún marco internacional que lo regule. Ciudadanos busca que “mujeres que no pueden concebir y familias LGTBI puedan cumplir su sueño de formar una familia”. Toma como referencia a Canadá y, desde hace unos días, también al Reino Unido. Con ello pretende alejar la sombra de la explotación de mujeres en países más pobres con Estados frágiles, como Ucrania, adonde han estado yendo cientos de parejas españolas, y la de la comercialización de la maternidad en el otro destino preferido, Estados Unidos, donde es mucho más caro.
“Es una gran palabra, maravillosa, de grandes vendedores. Hace la subrogación aceptable, ¿quién va a estar en contra del altruismo?”, se pregunta por videoconferencia Diane Guilbault, activista de Por los derechos de las Mujeres en Quebec. Para ella este modelo “esconde una industria muy fuerte”. El hecho de que el proceso sea a veces entre personas que no se conocían de antes y de otros países, y que sea común hacerlo mediante un contrato, cuestiona la motivación altruista.
Uno de los criterios para agrupar las dispares legislaciones de los países que permiten los vientres de alquiler es si se aceptan o no pagos a las mujeres que se embarazan para terceros. De ahí surge la distinción entre los modelos comerciales y los altruistas, como Canadá, Grecia y Reino Unido. Pero en la práctica, la línea que los separa tiende a difuminarse, tal como subraya la ONU en un informe de 2018, donde concluye que con llamarlo altruista “no se elude automáticamente” la venta de niños. Entre otras razones, porque es difícil vigilar que no haya pagos inflados o en negro. Además, no hay suficientes mujeres dispuestas a pasar gratis por un embarazo y un parto para satisfacer la fuerte demanda internacional. En Canadá suceden ambas cosas: ningún organismo estatal supervisa ahora mismo el proceso ni los reembolsos, y hay lista de espera por la escasez de gestantes.
Daniela Sierra, colombiana de 29 años residente en Canadá, recibió más de veinte solicitudes de parejas que querían que se embarazara para ellos, en las que le explicaban quiénes son, “por qué quieren hacer esto, a qué se dedican, cómo se conocieron... hasta el último detalle”, cuenta Sierra. Después de cinco meses, se decidió por una pareja gay de Barcelona, cuenta la esteticista, que tiene un hijo de tres años. A su marido, también colombiano, al principio no le gustó la idea. Le sugirió que, si quería ayudar a gente, hiciera un voluntariado. Pero a ella le llena esto. “Me enviaban historias muy bonitas... querría tener dos úteros para hacerlo más veces”, asegura.
Esos largos tiempos de espera, que pueden llegar a año y medio solo para conseguir a una candidata, son una de las razones que disuaden a los potenciales padres de optar por el modelo altruista. Tal y como está planteado, además, el altruismo en Canadá es solo para las gestantes. Las clínicas de reproducción asistida, los abogados y las agencias que guían a los futuros padres en el proceso cobran por sus servicios. Las únicas restricciones son que no pueden facturar por poner en contacto a las partes ni hacer publicidad. En total, a un español la vía altruista le cuesta entre 50.000 y 90.000 euros frente a los entre 40.000 y 60.000 de Ucrania o los alrededor de 120.000 en Estados Unidos. La embarazada suele percibir unos 14.000 para cubrir los gastos que haya tenido.
Canadá suena bien para un programa electoral: es una democracia avanzada con instituciones robustas, tiene una sanidad pública que costea los gastos médicos y el parto, y no discrimina por orientación sexual ni estado civil. Lo mismo sucede con el Reino Unido, mencionado también entre las promesas de Ciudadanos como inspiración. Pero aunque los dos países tengan un modelo altruista, las garantías para los implicados y el control del proceso son muy distintas.
La norma canadiense se aprobó en 2004. El Gobierno central tardó 14 años, hasta octubre del año pasado, en redactar una lista detallada de gastos por los que se puede reembolsar dinero a las mujeres que se embarazan para terceros. Aún es un borrador. “Se ha creado un mercado gris. Vemos que hay pagos a mujeres que ejercen como gestantes. No está claro cuáles son las cantidades, pero parece que en ocasiones se les paga más de lo que sería un reembolso según ese borrador”, explica Vanessa Gruben, profesora de Derecho de la Universidad de Ottawa.
Ella es una de las autoras del ensayo
Gestación subrogada en Canadá, publicado en noviembre, en un momento en el que el Gobierno está revisando la ley y los profesionales de la reproducción asistida piden que se permitan compensaciones más allá de los gastos. La presión para convertir el modelo en comercial sucede en medio de un “vacío de información”, describe Gruben. “Es muy difícil diseñar una política basada en datos cuando apenas hay”.
La colombiana Daniela Sierra contactó con una agencia al ver un anuncio en Facebook. Tras pasar por una serie de entrevistas psicológicas y exámenes físicos, fue admitida en el programa. “No todas lo son”, dice orgullosa. Una vez que eligió a los barceloneses, la agencia se ocupa de todo, y cobra por ello: recomienda clínicas, médicos y psicólogos.
En el Reino Unido, con regulación desde 1985, se ha incrementado con los años el número de personas que viajan a otros países para lograr ser padres. Así lo constata el informe 'Gestación subrogada en el Reino Unido: pruebas para una reforma', publicado en diciembre e impulsado por una de las principales asociaciones sin ánimo de lucro que abogan por esta práctica en cooperación con una profesora de la Universidad de Kent, Kirsty Horsey, especializada en el tema. “Las principales razones son la rapidez y la certeza. En la mayoría de los lugares a los que la gente viaja para esto, existe la seguridad de que se encontrará una gestante y de que el proceso se llevará a cabo más rápido que si lo intentan en el Reino Unido”, explica Horsey por correo electrónico.
En el informe piden al Gobierno británico que cambie una ley que, a diferencia del modelo canadiense, sí prevé la intervención del Estado durante el proceso. En el Reino Unido, un trabajador social nombrado por un tribunal de familia verifica que los pagos se hicieron por los conceptos que se acreditan y un juez evalúa todo el expediente. Además, la mujer dispone de seis semanas tras el parto antes de que se transfiera la paternidad legal a quienes iniciaron el proceso, con lo que en teoría la mujer que ha dado a luz podría cambiar de idea respecto a entregar al bebé. En el informe proponen, ahora que el Gobierno revisa la ley, que quienes inician el proceso se conviertan en padres legales del bebé en cuanto nazca y que no se evalúe su idoneidad para ser padres con los mismos criterios que se siguen para una adopción. Creen que no debe haber ninguna criba. Los acuerdos entre las partes no tienen fuerza vinculante en el Reino Unido, a diferencia de lo que sucede con los contratos en Canadá. Son más bien documentos que expresan la voluntad de las partes. Nada más.
La presión que ejercen los grupos a favor de esta práctica para que se modifiquen las leyes va en la dirección de convertirlas en más permisivas (Reino Unido) o más parecidas al modelo comercial (Canadá), lo que muestra las dificultades de regular un asunto que tiene además de la ética, una dimensión internacional: el hecho de que sea posible en algunos lugares plantea el debate en casa. Suecia es un ejemplo. En 2013, el comité médico-ético sueco consideró aceptable una versión altruista de los vientres de alquiler. El Gobierno ordenó estudiar si había que regular esta práctica a la presidenta del tribunal de distrito de Malmö, la jueza Eva Wendel Rosenberg. Contó con un equipo fijo de ocho expertos —médicos, psicólogos, profesores de Derecho— y dos secretarios judiciales durante el año y medio que duró su indagación, según explica. Su informe, entregado en 2016, concluyó que debe permanecer prohibida en todas sus modalidades. Uno de los motivos recogidos en el documento es “lo poco que se sabe sobre las consecuencias que tiene para los niños”, sobre
cómo afectará a su identidad. Además, “no se puede concluir si la práctica es coherente con el interés superior del menor”.
Otro de los motivos para mantener la prohibición es “el riesgo de [que se ejerza] presión” sobre las mujeres, sobre todo si se trata de ayudar a un familiar. Si se prohíbe hacerlo para familiares, como plantea Ciudadanos, el que aumenta es “el riesgo de comercialización encubierta”, dice el informe sueco. Wendel explica por videollamada que, para garantizar su autonomía, “la madre gestante debe tener la posibilidad de cambiar de idea cuando nazca el bebé y quedárselo. Por supuesto, si los futuros padres también son los padres genéticos, eso sería una tragedia y puede que también lo sea para el niño y para ella”, reflexiona Wendel. “No hemos podido encontrar ninguna manera de resolver esto adecuadamente”.
A merced de un contrato Durante nueve meses, un documento guía la vida de la mujer que se embaraza para terceros: el contrato. También en un país con modelo altruista como Canadá, donde es común aunque no se hace en todos los casos. “Puede que haya mujeres que se sientan orgullosas de hacer este regalo, pero lo que no te dicen es que puedes tener complicaciones. En cuanto lo firmas, estás a merced de quienes te contratan. Ellos deciden lo que comes, con quién duermes, lo que bebes. Durante el embarazo perteneces a otra gente, que es lo contrario de la autodeterminación”, señala Diane Guilbault, activista de Por los derechos de las Mujeres, de Quebec (Canadá).
Uno de esos contratos define el perímetro físico en el que se puede mover la embarazada e incluye pautas sobre su vida sexual o el momento en el que debe renunciar al menor. También detalla que la última palabra para que siga sabiendo de la criatura en el futuro la tienen quienes han contratado a la mujer para tenerla.
En el noveno mes, la mujer no podrá desplazarse a más de 60 kilómetros de distancia de su hospital. Si abandona la provincia en la que reside y sale del entorno en el que tiene cobertura sanitaria pública, el seguro médico lo paga ella. Si el bebé nace fuera de ese entorno, el gasto extra también lo asume la mujer.
La última palabra sobre la posibilidad para interrumpir el embarazo “en cualquier momento” la tiene la embarazada. Pero si lo hace sin recomendación médica y sin la autorización de los padres, deberá devolver lo que le hayan reembolsado por los gastos y pagar de su bolsillo la cuota de la agencia y los gastos de la clínica.
Las mujeres no están autorizadas a cobrar. Pero, en el contrato consultado, tienen reconocidos un máximo de 20.000 dólares canadienses (unos 13.366 euros) como compensación para gastos durante el proceso, que deberán justificar con facturas ante las agencias mediadoras. La pareja que ha iniciado el proceso debe abrir una cuenta en Canadá donde depositará pagos escalonadamente conforme avanza el embarazo. La agencia intermediaria es la que vigila los pagos y verifica las facturas. Entre los gastos reembolsables se incluyen, por ejemplo, los medicamentos, clases de yoga prenatal, el cuidado del césped de la casa de la mujer o el importe del quitanieves desde que se confirma el embarazo hasta la recuperación del parto. En caso de que el médico le recete un periodo de reposo adicional, dispondrá de más dinero para la limpieza o los cuidados. Si se pasa en los gastos previstos, los padres de intención decidirán si le abonan la diferencia o no.
El documento incluye cláusulas que ponen precio a las complicaciones durante la gestación o el parto. La extirpación total o parcial del útero (histerectomía) está valorada en 2.000 dólares canadienses (1.328 euros). Lindsay Gault, que perdió el útero en su último parto subrogado, asegura que no recordaba si en el suyo existía esa cláusula ni si la cobró.
De gestante a empresaria Leia Swanberg, fundadora de Canadian Fertility Consulting, la principal agencia de Canadá, dio a luz a dos bebés para terceras personas. Montó su empresa hace 10 años, y en su web, que cifra en 1.325 los bebés nacidos por su intermediación, explicita: “Construimos familias” y, al lado, “Lo primero son nuestros clientes”. Este año tienen a unas 250 mujeres seleccionadas para ser gestantes. “Esto no tiene nada que ver con darle un bebé a alguien, sino con participar en un precioso rito de pasaje donde solo las mujeres pueden participar, sin patriarcado, sin hombres detrás”, cuenta. Swanberg asegura que las mujeres con las que trabajan “no quieren que les paguen” por gestar para terceros. Pero defiende al mismo tiempo que las mujeres deberían recibir más dinero. “Absolutamente, creo que las gestantes deberían poder decidir en qué gastan el dinero. La lista de gastos debería ser más amplia. No creo que las mujeres tengan que dar recibos de la compra del supermercado. Ni que haga falta un análisis detallado para decidir cuántas de las 10 manzanas que compró se comió realmente ella”.
