Primera manifestación LGTBI en Sevilla, 25 de junio de 1978 //
Cuando la ley convirtió la diversidad en delito: la represión homófoba del franquismo y sus ecos hoy
De la “peligrosidad social” a los discursos que cuestionan derechos: memoria democrática para entender por qué el odio no es pasado, sino una herida aún abierta
Lucía Parro Pantoja | Diario Red, 2026-01-11
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Durante el franquismo, ser homosexual o trans no era una identidad: era un delito.
Un delito perseguido, castigado y patologizado por el propio Estado, que convirtió la diversidad sexual y de género en sinónimo de “peligrosidad social”. No se trató de episodios marginales ni de excesos aislados, sino de una política pública sostenida, articulada mediante leyes, tribunales especiales, informes médicos y un aparato policial destinado a vigilar, clasificar y corregir.
Como ha señalado el jurista Juan María Terradillos Basoco, la homosexualidad fue definida durante décadas en el derecho español como un paradigma de peligrosidad social, una categoría que permitió excluir legalmente a un colectivo cuya única “amenaza” era vivir su sexualidad fuera de la norma impuesta (Terradillos Basoco, 2020).
Más de cuatro décadas después del final de la dictadura, aquella legislación ha desaparecido del BOE. Sin embargo, las violencias simbólicas, culturales y sociales que la sostuvieron no han desaparecido por completo del espacio público.
Hoy ya no existen tribunales especiales ni centros de internamiento para “reeducar” a homosexuales y personas trans. Pero los datos oficiales, las agresiones registradas y determinados discursos políticos muestran que el rechazo y la discriminación siguen presentes, aunque adopten nuevas formas. La diferencia es fundamental: antes el Estado perseguía activamente; hoy la violencia persiste cuando se normaliza el cuestionamiento de derechos.
Cuando la ley convirtió la orientación sexual en un peligro
La represión franquista contra las personas LGTBI se articuló a través del derecho penal y administrativo. Un primer hito fue la reforma de la Ley de Vagos y Maleantes en 1954, que incorporó explícitamente la homosexualidad como conducta peligrosa. Aquella modificación permitió imponer medidas de internamiento, vigilancia y destierro bajo la retórica de la “protección social” y la “rehabilitación”.
En 1970, en pleno tardofranquismo, se aprobó la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que sustituyó formalmente a la anterior, pero mantuvo intacta su lógica. El historiador Víctor Mora Gaspar ha documentado cómo los debates parlamentarios de ese año consolidaron un lenguaje biopolítico que definía a los homosexuales como una amenaza para el “bien común”, fijando el marco discursivo que justificaría miles de expedientes sancionadores (Mora Gaspar, 2019).
No se trataba de castigar hechos concretos, sino de perseguir identidades. La ley permitía el internamiento en cárceles, colonias agrícolas o centros psiquiátricos, la prohibición de residir en determinados lugares y la vigilancia continuada. La homosexualidad era tratada como una desviación moral o una patología contagiosa; la transexualidad, como una anomalía médico-social que debía ser corregida.
La arbitrariedad de estas condenas ha quedado ampliamente documentada en la investigación histórica. Miguel Fernández Turuelo, en su estudio sobre los expedientes de peligrosidad social en Valladolid a principios de los años setenta, muestra cómo bastaba una denuncia vecinal, un informe policial o una simple sospecha para activar el aparato represivo, con especial dureza hacia personas de clase trabajadora y sin redes de protección social (Fernández Turuelo, 2024).
El silencio, el miedo y la vergüenza fueron parte esencial de este sistema. Como recogen tanto estudios académicos como testimonios de víctimas, la represión no terminaba en la condena judicial: continuaba en la estigmatización social, el aislamiento familiar y la imposibilidad de reconstruir una vida en libertad.
Aunque la homosexualidad dejó de ser delito en diciembre de 1978, tras la aprobación de la Constitución, la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social no fue derogada completamente hasta 1995. Esta persistencia normativa demuestra, como subraya Terradillos, la dificultad de desmontar categorías jurídicas profundamente arraigadas en el ordenamiento y en la cultura institucional (Terradillos Basoco, 2020).
Memoria, transición y heridas no cerradas
La represión contra las personas LGTBI ha ocupado durante décadas un lugar marginal en las políticas de memoria. Mientras otros crímenes del franquismo comenzaban a ser investigados, la persecución por orientación sexual e identidad de género quedó relegada al silencio.
La tesis doctoral de Jordi Terrasa Mateu ha mostrado cómo, incluso durante los primeros años de la Transición, muchos expedientados por peligrosidad social siguieron sufriendo consecuencias penales y penitenciarias, sin reconocimiento público ni reparación efectiva. La estrategia de olvido también operó aquí, invisibilizando a un colectivo que no encajaba en el relato dominante de reconciliación (Terrasa Mateu).
El punto de giro: del castigo legal al reconocimiento formal
España protagonizó, a partir de los años 2000, avances legales que la situaron como referencia internacional: la aprobación del matrimonio igualitario en 2005, el desarrollo de leyes autonómicas LGTBI y políticas públicas contra la discriminación, y el reconocimiento progresivo de derechos para las personas trans.
Sin embargo, como advierten los sociólogos Óscar Guasch y Jordi Mas, los cambios legales no eliminan automáticamente los marcos culturales heredados. La construcción médico-social de la transexualidad y la persistencia de estigmas muestran que la igualdad formal convive con resistencias simbólicas profundas y arraigadas (Guasch y Mas, 2014).
La memoria democrática no consiste solo en recordar leyes pasadas, sino en analizar qué restos del pasado siguen operando en el presente.
Los números del presente: el odio no es residual
Según los informes del Ministerio del Interior, los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género aumentaron de forma significativa entre 2023 y 2024, consolidando una tendencia al alza.
El Observatorio contra la LGTBIfobia, impulsado por la FELGTBI+, confirma esta realidad: agresiones físicas, insultos, amenazas y acoso siguen siendo experiencias habituales. La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea identifica además a las personas trans como el colectivo más vulnerable a la discriminación y la violencia en el contexto europeo.
En mayo de 2025, El País publicó que una de cada cinco personas LGTBI ha sufrido acoso en España; ese mismo mes, RTVE informó de que las agresiones se habían duplicado en el último año y Infobae España señaló un incremento de aproximadamente el 10 %, con especial impacto entre jóvenes y personas trans. Las cifras apuntan a un fenómeno estructural, no a casos aislados.
Samuel Luiz: cuando el odio mata
El asesinato de Samuel Luiz en A Coruña en julio de 2021 marcó un punto de inflexión en la percepción pública de la violencia homófoba en España. En enero de 2025, la Audiencia Provincial de A Coruña impuso penas de hasta 74 años de prisión a los condenados, reconociendo el carácter homófobo del crimen, y recientemente, el Tribunal Supremo ratificó esa sentencia, enfatizando que la justicia debía responder con firmeza ante la violencia motivada por odio, según informó Togayther.
Para colectivos LGTBI, la sentencia supuso un mensaje institucional claro: la homofobia mata y debe ser tratada como un delito de odio. Pero el propio caso evidencia una realidad incómoda: el reconocimiento judicial llega después de la violencia.
El discurso como campo de batalla
La violencia no se limita al plano físico. El discurso importa. En 2025, varias declaraciones de cargos públicos generaron una fuerte polémica.
Ese año, el PSOE exigió el cese de una asesora del alcalde de Badajoz (PP) por comentarios considerados homófobos; en Elche, se solicitó la reprobación de una portavoz de Vox por afirmar que “las mujeres trans no son mujeres”; y durante el Orgullo LGTBI en Castellón, cargos del mismo partido recomendaron que las familias evitaran el centro de la ciudad y “no acercaran a los niños”. Estas posiciones se inscriben en una continuidad discursiva que cuestiona la legitimidad de los derechos LGTBI, aunque ya no se exprese en términos penales.
A estas declaraciones se ha sumado una estrategia política más amplia. En octubre de 2025, Vox impulsó en el Congreso iniciativas para derogar la Ley 4/2023 de derechos LGTBI y trans, una línea de actuación que ha sido replicada en distintas comunidades autónomas. Estas propuestas han avanzado en un contexto de pactos parlamentarios y gobiernos compartidos en los que el Partido Popular ha asumido, de forma directa o indirecta, el marco de debate planteado, normalizando la idea de que los derechos LGTBI son revisables, prescindibles o ideológicos.
No se trata solo de derogar leyes, sino de deslegitimar su necesidad. Cuando se relativiza la identidad del colectivo —como hizo Santiago Abascal al diluir los símbolos del Orgullo bajo un discurso nacional homogéneo— y al mismo tiempo se cuestionan las políticas públicas específicas de protección, se reactiva una lógica histórica conocida: convertir la diversidad en problema y la igualdad en exceso.
Minimizar también es negar
No todos los discursos son abiertamente hostiles. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó en 2021 que la homofobia “está en la cabeza de la izquierda”, una declaración criticada por colectivos LGTBI por negar la existencia de una discriminación estructural. También ha llegado a expresar incomodidad con la duración del Orgullo LGTBI en Madrid, sugiriendo que se “aguanta” durante demasiado tiempo. Para las organizaciones de derechos humanos, estas posiciones refuerzan una igualdad tolerada, pero no plenamente asumida.
Un eco internacional: Trump y el retroceso de derechos
La defensa o el cuestionamiento de los derechos LGTBI no es un fenómeno exclusivo de España. En Estados Unidos, desde que Donald Trump inició su segundo mandato en enero de 2025, su administración ha puesto en marcha una serie de órdenes ejecutivas dirigidas contra derechos vinculados a género e identidad, entre ellas decretos que defienden políticas de “género binario” y excluyen el reconocimiento federal de las identidades trans, así como otras que afectan al acceso a atención sanitaria y a la participación de personas trans en el Ejército.
A esta agenda política se suma también el uso explícito de la burla como herramienta discursiva. El 7 de enero de 2026, El País informó de un acto público en el que Trump ridiculizó a personas y atletas trans, utilizando su identidad de género como motivo de mofa ante su audiencia. El episodio fue interpretado por analistas y organizaciones de derechos humanos como una normalización del escarnio desde la más alta responsabilidad institucional.
Este contexto internacional pone de manifiesto que las tensiones culturales y políticas en torno a género y sexualidad no son aisladas: forman parte de una ola global de contestación a la diversidad.
Memoria democrática: del pasado al presente
Recordar la represión franquista contra las personas LGTBI no es un ejercicio identitario ni nostálgico. Es una herramienta para comprender el presente. El franquismo no solo castigó cuerpos: produjo discursos, categorías y miedos que no desaparecen automáticamente con un cambio legal.
Hoy no existe una ley que criminalice la homosexualidad o la transexualidad. Pero cuando se cuestiona la identidad trans, se caricaturiza el Orgullo o se desmontan garantías legales, no asistimos a una repetición literal del pasado, sino a una continuidad cultural que alimenta el rechazo, el miedo y la exclusión.
La memoria democrática no consiste solo en derogar leyes injustas, sino en impedir que sus lógicas regresen bajo otros nombres. Porque el odio, cuando se normaliza, deja de parecer excepcional. Y cuando deja de parecerlo, vuelve a ser peligroso.
