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El País / Alejandro Giannattei (c) participa en un congreso religioso //
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Guatemala endurece su legislación contra el aborto y declara a la comunidad LGBTI “incongruente con la moral cristiana”. En medio de una fuerte presión social por un decreto que aumenta las penas de cárcel por abortar, el presidente Giammattei dijo en la tarde de este jueves que, de llegar a su despacho, vetará la ley.
Carlos Salinas Maldonado | El País, 2022-03-10 https://elpais.com/internacional/2022-03-10/guatemala-endurece-su-legislacion-contra-el-aborto-y-declara-a-la-comunidad-lgbti-incongruente-con-la-moral-cristiana.htmlAna Lanz se muestra alarmada y temerosa después de que el Congreso de
Guatemala aprobara un ‘paquetazo’ legislativo que castiga con penas más severas
el aborto, prohíbe la educación sexual en las escuelas y echa
llave a cualquier iniciativa que incentive el matrimonio igualitario. Esta
activista guatemalteca, presidenta de Visibles —una organización que promueve
los derechos de la comunidad LGBTI—, describe como peligrosa la nueva
legislación, en un país donde hasta octubre pasado se registraron 28 crímenes
de odio contra personas sexualmente diversas y sigue
siendo uno de los más violentos para las mujeres. “Es una ley intencionalmente
violenta, que se aprueba en el marco del Día Internacional de la Mujer, lo que
envía un mensaje claro desde el Gobierno. Es una ley de odio, de retroceso de
derechos humanos”, afirma, indignada, Lanz. El presidente Alejandro Giammattei
ha anunciado la tarde de este jueves que vetará la ley, que ha llenado de
júbilo a las iglesias cristianas, firmes promotoras del nuevo decreto
legislativo, y que han declarado a este país centroamericano como “Capital
Iberoamericana Provida”.
Han sido semanas intensas para las organizaciones que defienden los
derechos humanos en Guatemala e intentan frenar la deriva reaccionaria del
Gobierno que lidera el conservador Alejandro
Giammattei. Estos organismos civiles califican de “talibana” la nueva
legislación, porque violenta los derechos de las mujeres y borra de un plumazo
el reconocimiento del Estado a personas sexualmente diversas, que desde el
texto legislativo son consideradas “grupos minoritarios incongruentes con la
moral cristiana”. La ley también golpea con fuerza al Estado laico, al darle un
enorme altavoz al mensaje de las religiones cristianas pentecostales, que han
avanzado como un tsunami con su prédicas conservadoras en la mayoría de los
países centroamericanos. Algunos de estos movimientos satanizan a la mujer,
como ocurrió en una comunidad rural de Nicaragua, donde una joven de 26 años fue quemada en una hoguera después de que el pastor
del poblado afirmara que estaba “poseída por el demonio”.
A media tarde del jueves el presidente de Giammattei ha respondido al
repudio local y la alarma internacional que ha generado el decreto. A través de
un mensaje publicado en Twitter, el mandatario ha afirmado que vetará el
decreto cuando llegue a su oficina. “Como representante de la unidad nacional,
anuncio que de venir a este despacho la Iniciativa de Ley 5272, que da origen
al Decreto 18-2022, será vetada porque viola la Constitución Política de la
República y convenciones internacionales de las cuales Guatemala ha sido
signataria”, ha informado Giammatti, en un giro inesperado a su discurso
conservador y contrario al aborto.
“Desde la comunidad [LGBTI] hemos visto como otros países de
Latinoamérica, como Colombia y Chile,
avanzan con legislaciones que promueven derechos para las mujeres y parejas del
mismo sexo. Es una burla para nuestra comunidad que en pleno siglo XXI el
Congreso de Guatemala apruebe este decreto legislativo. Es una ley
intencionalmente violenta, que nos niega recuperar la autonomía de nuestros
cuerpos, el derecho de vivir en libertad e incita al odio”, afirma Lanz.
La arremetida contra los derechos de mujeres y comunidad LGBTI ha
encontrado un firme impulsor en el presidente Giammattei, quien participó en un
congreso cristiano organizado en la sede del Gobierno, en el que afirmó que
“hará todo lo posible por respetar la vida desde su concepción”. El mandatario
dijo en el evento que se trataba de un “día especial” para Guatemala. “¿Qué
pasaría si nos uniéramos? Hoy este evento es una invitación a unirnos en
proteger la vida desde su concepción hasta la muerte natural en sus cinco
etapas”, dijo el mandatario. “Mientras en otros países ahorita se están tirando
bombas, nosotros aquí le decimos sí a la vida, alto a la guerra, sí a la paz”,
agregó en referencia a la ofensiva rusa contra Ucrania.
Giammattei celebraba de esta manera un triunfo legislativo que sella su
política conservadora. La ley, que aumenta hasta diez años las penas de cárcel
por abortar, fue aprobada por 102 votos, principalmente de la bancada
oficialista, Vamos, y sus aliados. En la actualidad, en Guatemala solo está
permitido el aborto terapéutico —cuando la vida de la madre está en peligro—.
El hecho de que solo ocho congresistas votaran en contra del decreto
legislativo da una idea del retroceso que sufre este país, donde además son
perseguidos activistas de derechos humanos, fiscales y jueces que encaran la
corrupción e impunidad, dos de los cánceres que carcomen a Guatemala. El
Procurador de los Derechos Humanos guatemalteco, Jordán Rodas, ha instado al Gobierno a vetar el decreto que considera que
viola los derechos humanos y “contraviene lo establecido en leyes y
convenciones internacionales aprobadas por el Estado de Guatemala”.
Por su parte, la activista Lanz insiste en que el decreto añade tensión
a la comunidad LGBTI. “Se han activado todas las alarmas y también los miedos
que tenemos porque históricamente hemos sido rechazados”, afirma. “Es
preocupante que desde el Estado se nos etiquete como amenaza y peligro para la
paz. Estas narrativas promueven la violencia y crímenes de odio hacia nosotras
y principalmente contra las mujeres trans”, agrega.
Los organismos que defienden los derechos humanos en el país
centroamericano se movilizan para intentar frenar el último paso para que la
ley entre en vigencia, que es el visto bueno de la Corte Constitucional. Tienen
pocas esperanzas, porque tachan a los jueces de “corruptos” y de bailar al son
que se toca desde la Presidencia. “Vamos a presentar un amparo y una iniciativa
por inconstitucionalidad”, dice Lanz, quien además informa que se organizan
movilizaciones desde las redes sociales para manifestarse contra la
legislación. Si el proceso legal falla en Guatemala, estas organizaciones
llevarán el caso a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH). “La lucha no termina, aquí nadie se cansa”, dice Lanz.
“No podemos permitirle al Estado que legisle sobre nuestros cuerpos e
identidades en nombre de Dios y la familia tradicional. Las familias diversas
existimos, quiera o no verlas el Gobierno. Siempre hemos resistido, aunque el
Estado trate de invisibilizarlos”, concluye la activista.