Estalló en octubre del 2009, cuando un operativo policial destapó una red de proxenetismo que implicaba a una serie de prostíbulos en sucesos escalofriantes acontecidos en la provincia de Lugo. El caso Carioca fue engrosándose hasta alcanzar los 310 tomos a medida que se iban descubriendo nuevos hechos de enorme gravedad vertebrados sobre la explotación sexual de cientos de inmigrantes que vivían en un clima de terror y violencia. Desde amenazas a punta de pistola a agresiones físicas, desde
abortos forzados hasta el posible asesinato de mujeres. Todo esto ocurría, según la investigación, con la connivencia de numerosos agentes de la Policía Nacional, de la Policía Local y de la Guardia Civil que eran invitados a consumiciones y sexo en los clubs que frecuentaban.
La de los
clubs Queens y La Colina, la de las actuaciones de la
Policía Nacional y Extranjería… La macrocausa se escindió en 47 piezas judiciales de las que solo queda una por juzgar: la número 1. Esta parte afecta a las actividades de Armando Lorenzo Torre, guardia civil que conecta las distintas ramificaciones del Carioca y que le confiere al caso carácter de red, así como de su superior jerárquico, Julio Baquero Rodríguez. Este último dirigía el Equipo de Personas y el Equipo de la Mujer y el Menor (Emume) de los que los dos eran integrantes. Entre sus funciones estaban las inspecciones en los prostíbulos para la persecución de delitos relacionados con la prostitución y labores de gestión de los pisos de acogida municipales.
En la pieza principal está incluida la violación que catalizó la investigación judicial tras una denuncia interpuesta en el 2008: Armando le había tomado los datos personales a la denunciante en una inspección al club en que ejercía y acudió a su domicilio bajo el pretexto de ayudarla a regularizar su situación administrativa, pero una vez allí la forzó a mantener relaciones sexuales. Al día siguiente Armando le entregó un permiso de residencia aparentemente oficial, pero continuaría requiriéndola sexualmente y, ante su negativa, comenzaría a sufrir persecución policial y se le incoaría una orden de expulsión.
La instrucción del caso Carioca reveló que Armando, además de utilizar su cargo para exigir relaciones sexuales a mujeres extranjeras a cambio de regularizarlas o frenar actuaciones contra ellas, estaba enteramente involucrado en las redes de proxenetismo. Armando extorsionaba a los proxenetas para que le pagasen importantes sumas de dinero a cambio de blindaje policial, y actuaba contra aquellos que no accedían. En los clubs afines era invitado a consumiciones y sexo, y Armando se implicaba en que todo les fuese bien: los advertía de actuaciones policiales, intercedía para que no prosperasen, disuadía a las mujeres allí explotadas de cualquier pretensión de denunciar su situación, actuaba contra la competencia e incluso instaba a las mujeres interceptadas en esos clubs a ejercer en los clubs amigos.
Al brigada Julio Baquero, ascendido a subteniente en el año 2010, le llegó la denuncia interna, promovida por dos guardias civiles de su equipo, de que Armando había ordenado a trabajadoras municipales gestionar el desplazamiento desde los pisos de acogida al club Luxor de dos mujeres identificadas en la operación Rodicio, realizada contra el club Atenea. Acudían por indicación de Armando. Las trabajadoras se negaron y acabaría encargándose Armando personalmente. Las guardias civiles pusieron los hechos en conocimiento del capitán y del teniente coronel a los que estaban supeditadas, sin que nadie emprendiese acción alguna.
Julio Baquero no solo no investigó las actuaciones de su subordinado, sino que asistía con él a los clubs a tomar copas gratis y acompañaba a Armando en sus intervenciones. Según la instrucción, también usó su cargo para requerir sexualmente a varias prostitutas, entre ellas una de las trasladadas al Luxo, y alguna mujer llegó a ejercer en el club Queens recomendada por él. Incluso torpedeó investigaciones contra los dueños de los prostíbulos.
Diez años de instrucción y cinco de propina Si algo ha caracterizado el desarrollo judicial del caso Carioca ha sido el creciente antagonismo protagonizado por la magistrada instructora, Pilar de Lara, que impulsó una investigación de colosal envergadura con unos recursos personales y materiales muy limitados, y el Ministerio Fiscal, que no correspondió los esfuerzos de la jueza y optó por reducir a la mínima expresión, con
argumentos más propios de la defensa que de la acusación, una macrocausa que afecta a pilares del Estado tan importantes como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De nada servía la demostración de delitos en la fase de instrucción si nadie los llevaba a juicio.
La Fiscalía no apreció colaboración con prostitución coactiva, cohecho, ni omisión del deber de perseguir delitos en los 7 policías nacionales que eran invitados a consumiciones y sexo en los prostíbulos. Tampoco consideró que el agente destinado en el aeropuerto de Madrid-Barajas en cuyo armario se halló una nota con los nombres de las mujeres que debía dejar pasar colaborase con la red. No creyó que estuviese implicado el
policía local que asumió buena parte de las obras del club Queens y que se reunía con el proxeneta en el despacho, controlaba el registro de subidas a las habitaciones de las mujeres y era señalado como socio del club. Ni apreció prostitución coactiva en el club Liverpool, donde inmigrantes contraían una deuda con los propietarios y ejercían hasta 10 horas diarias en un local en condiciones insalubres. Todo eso ha quedado indemne.
Solo tres proxenetas recibieron penas de prisión. Al otro lado, Pilar de Lara no continúa al frente del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, tras una controvertida sanción de carácter excepcional hecha efectiva en enero de 2020 que le aplicó el
Consejo General del Poder Judicial, quien la responsabilizó de una serie de atrasos y le atribuyó desatención de la actividad instructora.
El auto que concluye la dilatada investigación de la pieza principal lo firmó Pilar de Lara el 25 de marzo de 2019, nueve años y medio después de la operación Carioca. Los acusados se sentarán en el banquillo de acusados esta semana tras más de cinco años de estancamiento en la fase de formulación de acusaciones y apertura de juicio oral.
La pieza principal de la Carioca y sus pactos en marcha Si Pilar de Lara apreció la posible comisión de hasta más de 70 delitos por parte del cabo primero Armando Lorenzo y de 8 por parte de Julio Baquero, el Ministerio Público es más comedido en sus consideraciones, a lo que se añade el resultado de aplicar a las peticiones fiscales las atenuantes por dilaciones indebidas muy cualificadas.
Exonera a Armando de los delitos de colaboración con la prostitución coactiva, tráfico de influencias, falsedad documental, fraude a la Seguridad Social y obstrucción a la Justicia. Los 21 delitos relacionados con los requerimientos sexuales, en concurso con 9 abusos sexuales y un acoso sexual, los sintetiza en un único delito de solicitud sexual continuada con respecto a 15 personas, en concurso con 5 abusos sexuales; los 8 delitos de cohecho los resume en un único delito de cohecho continuado; de los 8 delitos de omisión del deber de perseguir delitos como la prostitución coactiva, prostitución de menores o tráfico clandestino de personas solo aprecia uno en relación con un matrimonio de conveniencia; de los 6 delitos de extorsión a proxenetas solo considera uno en grado de tentativa. Le adjudica tres delitos por favorecer la prostitución y coincide, eso sí, en atribuirle un delito de revelación de secretos continuado y otro de agresión sexual en relación con la violación cuya denuncia originó la macrocausa. Por todo esto solicita una pena total de 25 años y 1 mes de prisión, de los que 11 se corresponden con la violación.
Con respecto a Julio Baquero, el Ministerio Público solo aprecia un delito de solicitud sexual por funcionario público en concurso con abuso sexual, en relación con una de las mujeres derivadas por Armando al club Luxor, y un delito de omisión del deber de perseguir delitos en relación con antedicho matrimonio de conveniencia. La pena de cárcel total a la que se enfrente es de 19 meses.
A pesar de la transcendencia de los hechos investigados, el Ministerio Fiscal trata de evitar someterlos a un macrojuicio que produciría resultados muy atenuados y que se extendería, según lo programado, a todos los martes y miércoles del mes de junio: un total de 8 sesiones. No se prevé que ocurra, puesto que cuatro de los cinco acusados ya han llegado a acuerdos de conformidad con la Fiscalía que se espera que ratifiquen en la primera sesión. Reconocerán los hechos a cambio de reducciones de penas que ya estaban atenuadas.
Julio Baquero ha rechazado la oferta de las fiscales e insiste en su inocencia. Aunque su estrategia podría obedecer a la búsqueda de un pacto in extremis más beneficioso, un incentivo para mantener su postura es que se enfrenta a una petición fiscal reducida, por lo que no es un movimiento arriesgado. Así, se prevé que el juicio se celebre solo contra él y juzgue la comisión de dos únicos delitos, a pesar de los hechos considerados probados por la instructora.
Cuando en el 2008 una mujer denunció una paliza del encargado del club La Colina, Baquero intentó convencerla para regresar a Brasil, la instruyó para que limitase su declaración en sede judicial a la agresión física y no hablase “de nada más” y paralizó con Armando la investigación. En el 2009, tras una redada que identificó a una menor de edad que ejerció en los clubs Queens y Liverpool, Baquero no solo no actuó contra los proxenetas sino que acudió a hablar con ambos a espaldas de los investigadores para asesorarlos y mitigar las repercusiones, y planeó con Armando represaliar a los investigadores, a uno de los cuales se refirió como “hijo de puta” en conversa con Armando. La proxeneta del club Las Vegas declaró que Baquero le había expresado admiración por su “valor para regentar el negocio”, asistía con frecuencia a su local y le proponía insistentemente tener relaciones sexuales, ante lo que recurría a las evasivas porque temía una redada en caso de negación rotunda. Nada de eso es delito de acuerdo con el escrito de acusación fiscal.
Otro factor que ha podido contribuir a mermar la causa ha sido la incomparecencia de la Guardia Civil, la Xunta de Galicia y el Concello de Lugo. En el auto de conclusión de la instrucción, Pilar de Lara ordenó comunicar ofrecimiento a la Guardia Civil, como responsable civil subsidiaria, y a la Xunta de Galicia, para personarse como acusación popular. Ninguna de las dos asumió involucrarse. Tampoco lo hizo el ayuntamiento, por negativa del PP y del PSOE, cuando lo propuso en el año 2018 el grupo municipal ACE-Esquerda Unida. La acusación quedó exclusivamente en manos de la Fiscalía.
