Los nombramientos de Beatriz Gimeno y Boti García no han sentado bien a las feministas socialistas que no comparten sus posturas ideológicas, por ejemplo, respecto a los trans.
En la negociación para formar Gobierno, Podemos arrancó al PSOE la cartera de Igualdad, una bandera del Gobierno de Sánchez y, en especial, de la vicepresidenta Carmen Calvo. Irene Montero, ministra de Igualdad, eligió a dos históricas del movimiento,
Beatriz Gimeno para el Instituto de la Mujer y a
Boti García para la dirección general de Diversidad Sexual. La elección sentó bien al grueso de ambos movimientos; las dos acumulan una amplia trayectoria como activistas tanto en la calle como en las instituciones. Pero en un sector del feminismo socialista no sentó tan bien. A las pegas por dar a los morados una cartera de la que el PSOE siempre ha presumido se suman las diferencias ideológicas que hay entre las feministas de ambos partidos, especialmente respecto a un asunto: la teoría de género.
Tanto Gimeno como Boti se pronuncian a favor de la inclusión de las personas transgénero dentro del movimiento, postura que choca con algunos sectores más veteranos del partido socialista, que no comparten que la lucha de mujeres cis (las que se identifican con el género que han nacido) y mujeres trans (nacidos hombres pero que han transitado al género femenino) sea compartida.
Es el caso, por ejemplo, de
Ángeles Álvarez, primera diputada que se declaró abiertamente lesbiana y exportavoz de Igualdad en el Congreso en el PSOE. Hace poco más de un mes criticaba la postura de Unidas Podemos en este tema con un largo hilo de Twitter.
Álvarez se refería al
borrador de la "ley trans" que registró Podemos en 2018 y cuya iniciativa presumiblemente retomará esta legislatura, ya que
está incluida dentro de la propuesta de una ley LGTBI en el acuerdo de gobierno de ambos partidos. En el texto inicial que presentó Podemos se recogen medidas como que en el DNI se permita el género "no binario", que los adolescentes puedan acceder a tratamientos que bloqueen el desarrollo hormonal o agilizar los cambios de nombre y sexo en el Registro Civil sin que sea necesario un diagnóstico psíquico ni un tratamiento hormonal, también en el caso de menores e inmigrantes.
"Es una posición de Podemos, no del PSOE, y habrá que llegar a un acuerdo donde nos sintamos todos representados", considera la exdiputada socialista
Amparo Rubiales. "Esa propuesta no va a ir tal cual al consejo de ministros nunca, porque la otra parte del Gobierno no piensa así". La que fuera presidenta del partido en Andalucía reconoce que entre las mujeres del partido no ha gustado entregar la cartera de Igualdad a Podemos, "pero algo teníamos que ceder y fue eso". Aun así, confía en
Carmen Calvo para frenar desde su vicepresidencia las propuestas del partido morado que no vayan en consonancia con lo que defiende el PSOE: "Ella es una feminista declarada y confío totalmente en ella". De hecho, si fracasó el primer intento de acuerdo entre PSOE y UP fue precisamente por la negativa de Calvo a ceder Igualdad.
"El sentir general es de mucha inquietud", dice otra feminista veterana del PSOE. "La ley de identidad de género que defiende Podemos introduce grandes elementos machistas. Por ejemplo, eliminar del Código Civil el concepto de madre
para poner 'personas gestantes'. Están aprovechando una ley que debería luchar contra la discriminación para introducir una teoría que pone en cuestión la propia existencia de las mujeres".
Un debate también en el movimiento El debate sobre la identidad de género no es nuevo dentro del feminismo, pero sí especialmente virulento desde hace unos meses. Y no solo a nivel político. Al igual que ocurre con la prostitución entre quienes defienden abolirla o regularla,
la teoría queer —que defiende que las identidades y orientaciones sexuales son el resultado de una construcción social— ha enfrentado a sus partidarias y a las que respaldan teorías más biologicistas, que no consideran que el género sea una opción. Por defender esa postura, son habitualmente calificadas como 'transfobas' o TERF (acrónimo en inglés de 'feminismo radical transexcluyente').
La brecha entre las dos posturas del feminismo se agrandó el pasado mes de julio, en unas jornadas celebradas en Gijón que rápidamente se viralizaron por redes sociales por la agresividad en las declaraciones de las ponentes contra las personas trans. Entre ellas estaban filósofas veteranas cercanas al PSOE como
Amelia Valcárcel —también consejera de Estado a propuesta del PSOE—, quien dijo que la teoría queer era un "troyano" que iba a destruir el feminismo desde dentro. También estaban otras filósofas como
Rosa María Rodríguez o
Alicia Miyares, quien llamó a las mujeres trans "tíos, porque son tíos". A raíz de la polémica, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) que han presidido Boti y Gimeno llevaron a cabo una recogida de firmas contra las jornadas y sus ponentes. Con su nombramiento, ambos bandos han retomado el debate.
También el Partido Feminista de
Lidia Falcón, integrado dentro Izquierda Unida, que está a su vez integrado dentro de Unidas Podemos, rechazada la teoría queer, y pidió a Podemos que
retirase la "ley trans", auspiciada por el 'lobby gaycapitalista', según su comunicado. "Entre las novedades sorprendentes en el lenguaje utilizado en las declaraciones de vuestros dirigentes se califica a los padres y madres de 'progenitores gestantes' y 'progenitores no gestantes', a fin de regular los permisos de parentalidad, entre otros beneficios sociales", criticó el partido de Falcón. Además, critican que esta postura ideológica, si se transforma en ley, meta a "hombres" (en referencia a las mujeres trans) en cárceles o competiciones deportivas femeninas, poniendo en riesgo, dicen, a las mujeres presentes en estos espacios.
"El feminismo siempre ha sido plural y diverso. Y Podemos y el PSOE somos partidos diferentes con posturas diferentes. Ellos son un partido joven y nosotros tenemos una larga trayectoria feminista, que nos ha costado conseguir. Por ejemplo, en temas como la prostitución está clara nuestra postura,
somos abolicionistas, pero la postura de Unidas Podemos no está tan clara", ahonda Rubiales. El PSOE tradicionalmente ha mantenido una postura abolicionista (se vio por ejemplo, con la reacción de Carmen Calvo con el sindicato de prostitutas), mientras que en Unidas Podemos el debate entre ambas posiciones sigue abierto, aunque Montero se considera abolicionista y ha dejado clara cuál va a ser su política con ambos nombramientos, con las que comparte cuerda en ese sentido.
Una vida profesional y personal paralela Gimeno se ha posicionado en numerosas ocasiones a favor de los derechos de las personas transexuales. En una
entrevista de 2018, preguntada por la teoría queer, decía lo siguiente: "Nos ha abierto la mente en muchas cuestiones y nos ha enseñado a pensar el género de manera más fluida y que las identidades no necesariamente tienen que ser fuertes ni irreductibles. Pero también creo que casi todo lo que dice la teoría queer ya lo había dicho el feminismo antes. Casi nada es nuevo".
Tanto Boti como Gimeno tienen posturas muy parecidas. Su vida profesional y personal ha estado ligada desde hace años. Fueron una de las primeras parejas de lesbianas en casarse, ceremonia que ofició
Pedro Zerolo, de quien eran muy amigas. "Han crecido políticamente juntas", dice una activista que las conoce bien de su época más militante. Estuvieron juntas diez años y tienen un hijo en común.
Históricas de cuando Chueca era un barrio reivindicativo con los derechos de las personas LGTBI, ambas han pasado por Izquierda Unida y por la presidencia de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, desde donde celebran su nombramiento. "Es un acierto indudable del Gobierno, primero por su trayectoria profesional y también por la relevancia de tener a dos mujeres feministas y lesbianas en cargos visibles", considera
Jesús Generelo, miembro del comité consultivo de la FELGTBI.
Desde 2015, la ahora directora del Instituto de la Mujer, era diputada en la asamblea de Madrid, prolija escritora de ensayos y columnas de opinión. Estudió filología bíblica, lo que considera que le ha servido para "medirse con la iglesia católica en su propio terreno", aunque es atea y militante por el laicismo. Al hacerse público su nombramiento, Gimeno se pronunciaba en su perfil de Facebook: "Creo que se acabó pelearme con la gente por aquí [...] Puede que ahora sea una persona muy seria, o puede que pelee también la posibilidad de ser la misma que era y siga sin tomarme a mí misma muy en serio (mi trabajo siempre me lo he tomado en serio). Iremos viendo, por ahora todo es nuevo".
Nada más hacerse público su nombre, tuiteros y algunos medios de comunicación se dedicaron a rescatar y criticar antiguas columnas suyas donde defiende el
sexo con empatía, cuestiona los prejuicios de la sexualidad masculina o condena la "heterosexualidad obligatoria". "Aunque Beatriz Gimeno juega a la provocación en sus obras y escritos, en el fondo es una persona muy dialogante y con las que se puede debatir muy bien. Se puede llegar a grises intermedios muy positivos", explica Generelo.
Carla Antonelli, diputada socialista y amiga de las dos, defiende a sus Gimeno y Boti y se desmarca de la postura de algunas de sus compañeras de partido. "Han querido dar imagen de que era una postura de partido y no lo era. Dentro del programa del PSOE se recogen los derechos de las trans, incluso Pedro Sánchez lo mencionó en el discurso de investidura, es indiscutible el compromiso".
Boti García, por su parte, estaba retirada de su puesto como registradora civil. De hecho, fue la encargada de hacer el cambio de registro de nombre a Antonelli, única mujer transexual en ser diputada en la Asamblea de Madrid. Las tres, junto con Pedro Zerolo y Miguel Ángel Fernández han compartido amistad y manifestaciones.
Boti se convirtió en activista por los derechos LGTBI cuando descubrió su orientación sexual, con 50 años. Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense, ejerció la docencia durante más de una década antes de hacerse funcionaria para ayudar a los transexuales a cambiarse el nombre y el género en el DNI. Entre sus principales compromisos están los derechos de las personas ancianas homosexuales, para las que reclama residencias específicas.
"Si algo tienen en común es que las dos coinciden en una gran capacidad de consenso, porque ambas tienen como lema una frase que decía Pedro Zerolo:
Sumar siempre, sumar", confía Generelo.
Ahora, ambas afrontan un nuevo periodo dentro del gobierno donde las cuestiones de género tendrán gran protagonismo y los enfrentamientos, visto lo visto, se prevén frecuentes. Además, la bronca entre ambas posturas no se circunscribe a lo político: también en la calle el activismo está dividido y
ya ha habido encontronazos en fechas tan importantes para el movimiento como el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
