Mostrando entradas con la etiqueta Charo Alises. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Charo Alises. Mostrar todas las entradas

viernes, 25 de marzo de 2022

#hemeroteca #lgtbifobia #educacion | La Junta presenta en Jerez un manual para prevenir el 'bullying' LGTBI

Diario de Jerez / Rocío Ruiz presenta el manual cpntra el bullying LGTBI //

La Junta presenta en Jerez un manual para prevenir el 'bullying' LGTBI.

Ha sido realizado por la abogada y experta en delitos de odio Charo Alises. Es una herramienta para detectar y actuar frente a casos de acoso escolar.
Diario de Jerez, 2022-03-25
https://www.diariodejerez.es/jerez/manual-prevenir-bullying-lgtbi-junta-jerez_0_1668433951.html 

La Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía ha presentado en el Campus Universitario de Jerez el primer Manual de Actuación para profesionales frente al ‘bullying’ LGTBI, una herramienta que permitirá a los educadores prevenir, detectar y actuar frente a casos de acoso escolar a alumnos por motivos de orientación sexual o identidad de género. Este documento ha sido elaborado por la abogada y experta en delitos de odio Charo Alises, vicepresidenta del Consejo Andaluz LGTBI y autora también de la Guía de Delitos de Odio LGTBI.

El manual elaborado por la Junta de Andalucía detalla las diferentes situaciones de acoso que pueden padecer los niños y adolescentes. Asimismo, define el ‘bullying’ e identifica sus formas para que los profesionales puedan prevenirlo y sepan cómo actuar. La guía también repasa las consecuencias para las víctimas, para las y los agresores, y para el resto del alumnado, y recoge los protocolos de actuación que existen en el ámbito educativo cuando se detecta un caso. Asimismo, se incluye la diferente legislación autonómica y nacional e internacional que afecta a este tipo de acoso. Y detalla cómo poder denunciarlo llegado el caso, ademas de desglosar las acciones legales que amparan a las víctimas, las responsabilidades que pueden darse en los centros educativos.

La consejera Rocío Ruiz ha señalado que "el acoso o agravio escolar, en este caso a menores y jóvenes LGTBI, es una agresión muy grave a sus derechos y en la mayoría de los casos les condicionará para toda su vida, porque ocurre en un momento en el que se tienen que desarrollar como personas, formarse, buscar lo que les interesa y encontrar su sitio en nuestra sociedad”. Por ello, mostró su confianza en que este manual “seguro que será un instrumento útil que cambiará el futuro de los niños y jóvenes andaluces, porque habrá evitado que pasen un sufrimiento del todo injusto”.

La responsable autonómica se refirió a los datos ofrecidos por el Observatorio Andaluz contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia, que en su informe sobre LGTBIfobia en Andalucía durante 2021 constata que este tipo de discursos de odio y ataques han aumentado un 8% respecto al año anterior. Y que casi la mitad de las víctimas, el 42%, son menores de 30 años. “Es muy alarmante que sean jóvenes los que más sufren esta violencia, entre ellos muchos adolescentes”, ha lamentado la consejera, poniendo el acento además en que el 12% de los agresores son menores de 18 años, y un 25% se encuentran entre la franja de 18 a 30 años.

En este sentido, ha subrayado que el ‘bullying’ supuso el 20% de los casos registrados por el Observatorio durante 2021. Y un 15% del total de incidentes se produjeron precisamente en los centros educativos, “lo que dice mucho del trabajo que todavía queda por hacer en estos espacios”. “El repunte de ataques a la diversidad, al colectivo LGTBI, nos confirman que el sistema de prevención está fallando”, lamentó Ruiz.

La consejera ha considerado que estas agresiones y agravios en la infancia y la adolescencia “provocan una situación de desigualdad frente al resto del alumnado que puede derivar en situaciones de depresión, de inseguridad, de soledad y desgraciadamente, en algunos casos, les lleva a atentar contra su propia vida”. Y ha lamentado que la infradenuncia sigue siendo el patrón habitual de conducta.

Por otro lado, ha sido durante esta etapa cuando se ha creado la primera Dirección General de Diversidad o el primer Consejo Andaluz LGTBI, se ha celebrado el primer Congreso Internacional LGTBI Andaluz y se ha elaborado el primer informe para la elaboración de políticas antidiscriminatorias en Andalucía. La Consejería de Igualdad ultima además la Primera Estrategia para la Igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en Andalucía.

“Podría estar un buen rato hablando de nuestra lista de ‘primeras veces’”, señaló, “pero si de algo estoy orgullosa es de haber conseguido que en la reciente Ley Andaluza para la Infancia y adolescencia, aprobada en julio del año pasado, se haya incluido la posibilidad de que la Junta de Andalucía, a través de esta Consejería, se pueda personar en los procedimientos que por delitos de odio se abran en nuestros juzgados”.

martes, 14 de abril de 2020

#hemeroteca #saludpublica #violenciaintragenero | Entidades LGTB advierten de la situación de víctimas de violencia intragénero

Imagen: El Telégrafo / Ilustración de Nico
Entidades LGTB advierten de la situación de víctimas de violencia intragénero.
EFE | La Vanguardia, 2020-04-14
https://www.lavanguardia.com/vida/20200414/48503142105/entidades-lgtb-advierten-de-la-situacion-de-victimas-de-violencia-intragenero.html

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha denunciado este martes que la situación de las víctimas de violencia intragénero -la que se produce en parejas del mismo género- se está "agravando" con el confinamiento y advierte de la "desinformación" que existe entre los operadores jurídicos.

En un comunicado difundido por la Federación, Begoña Gallego, policía y representante de LGTBIpol, explica que le han llegado cuatro casos en un mes, "los mismos que suelen llegarme en todo un año".

Esta agente y activista aclara que esa cifra no significa que se estén dando más casos, sino que ahora las víctimas solicitan más ayuda a la Policía o a las entidades LGTBI porque "no tienen la opción de marcharse de casa para evitar situaciones de riesgo".

Otra experta de este colectivo, la abogada y asesora jurídica de FELGTB Charo Alises, ha puesto de manifiesto que hay mucha "desinformación" sobre la violencia intragénero entre todos los operadores jurídicos y que, en ocasiones, este tipo de agresiones "se gestiona como una pelea entre dos varones".

La abogada insiste en que la situación "no es comparable" cuando el ataque se produce dentro de la pareja, porque en esos casos, "la violencia es parte de un ejercicio de poder que tiene como objetivo dominar y controlar a la víctima".

Alises recuerda que quien sufre este tipo de violencia tiene derecho a denunciar los hechos y que, pese al confinamiento, si lo desea puede acudir "presencialmente" a la comisaría, al juzgado o a la fiscalía y no limitarse a tramitar la denuncia por teléfono.

La FELGTB mantiene operativo el servicio de atención a víctimas en su 'Línea Arco Iris', a través del teléfono 91 360 46 05 o la cuenta info@felgtb.org, donde se ofrecen recursos para ayudar a las víctimas bajo la supervisión de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

La presidenta de la federación, Uge Sangil, destaca que la violencia intragénero comienza con "comportamientos controladores disfrazados de pautas de cuidado que van reduciendo la autoestima" y que los agresores reproducen argumentos homófobos, con mensajes del tipo "a las personas LGTBI no nos quieren en ningún sitio, así que más te vale quedarte conmigo", explica en el comunicado.

Y TAMBIÉN…
La violencia intragénero es un tipo más de violencia.
Diana Maldonado | El Telégrafo, 2020-01-19

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/violencia-intragenero-tipo

miércoles, 6 de febrero de 2019

#hemeroteca #lgtbifobia | La ‘inutilidad pública’ de Hazte Oír

Imagen: 20 Minutos / El bus tránsfobo
La ‘inutilidad pública’ de Hazte Oír.
Charo Alises | 1 de cada 10, 20 Minutos, 2019-02-06
https://blogs.20minutos.es/1-de-cada-10/2019/02/06/la-inutilidad-publica-de-hazte-oir/

Hazte Oír ha dejado de ser una organización de utilidad pública al entender el Ministerio del Interior, órgano competente para decidir sobre esta materia, que sus mensajes se alejan del respeto a los derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación. No hay que olvidar que la declaración de utilidad pública tiene como objetivo primordial incentivar la participación de las asociaciones en actividades de interés general. Tal declaración lleva implícitas exenciones fiscales y el beneficio de justicia gratuita, entre otras prebendas.

Las actividades de Hazte Oír, lejos de promover un clima de concordia social, se han centrado en campañas que atacaban de manera visceral la diversidad sexual y de género. Las personas LGTBI se convirtieron en el blanco de su obsesión furibunda contra la diferencia. Primero, distribuyeron folletos homófobos en 16.000 centros educativos. Estos panfletos contenían toda una serie de mentiras sobre las leyes de igualdad LGTBI que se habían aprobado en diferentes comunidades autónomas, tergiversando el contenido de esos textos legales para inducir a error a la ciudadanía e intentar crear una alarma social innecesaria. El objetivo de esta acción, era demonizar cualquier iniciativa destinada a fomentar el respeto a la diversidad sexual y de género entre el alumnado.

Como esto no fue suficiente, la organización ultracatólica, se lanzó a una persecución por tierra y aire contra quienes no encajamos en sus esquemas morales. Su autobús recorrió diversas ciudades de España en el que se podía leer: “los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo”, negando de esta forma la existencia de las personas trans. Más tarde, pusieron en marcha otro autobús bajo el lema: “Van a por tus hijos”, contra la Ley de Igualdad LGTBI que se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados. Con ese mismo mensaje, continuaron su persecución peliculera con una avioneta que surcó los cielos esparciendo intolerancia. Todo esto podría resultar cómico si detrás no hubiese una historia de sufrimiento, dolor y muerte. Viene al caso recordar que este verano, Eli, una mujer trans, falleció como consecuencia de la paliza que le propinó un menor de quince años solo por el hecho de ser distinta, hace unos días el Centro LGTBI recién inaugurado en Barcelona sufrió destrozos con amenazas de muerte incluidas y, recientemente, dos chicas fueron agredidas en Cádiz por besarse en público. A todo esto, hay que añadir el sufrimiento del alumnado LGTBI que padece constantemente bullying en los centros educativos.

Si bien un juzgado de Madrid consideró que los mensajes de Hazte Oír pueden incardinarse dentro de la libertad ideológica y de expresión, lo cierto es que su discurso atenta contra el honor y la dignidad de las personas LGTBI que somos parte de la ciudadanía y, como tales, nos amparan todos los derechos del ordenamiento jurídico español, le guste o no a esa organización.

La retirada de la declaración de utilidad pública a Hazte Oír no es una represalia hacia esta entidad por ser católica, es una consecuencia de las acciones que ha venido realizando contra la diversidad, manifestando una intolerancia extrema contra las personas LGTBI. No es una cuestión de creencias sino de respeto a la diferencia.

sábado, 17 de noviembre de 2018

#hemeroteca #lesbianismo | Lesbianas en el espacio

Imagen: 20 Minutos / Fotografía de Richard Overtoom
Lesbianas en el espacio.
Charo Alises | 1 de cada 10, 20 Minutos, 2018-11-17
https://blogs.20minutos.es/1-de-cada-10/2018/11/17/lesbianas-en-el-espacio/

Las lesbianas aún no hemos conquistado el espacio. El espacio público está prácticamente desierto de mujeres con sexualidades no normativas.

Durante la dictadura franquista, las lesbianas se relacionaban tejiendo redes secretas ente ellas que propiciaban encuentros en lugares privados para evitar las represalias del poder, que reprimía con dureza la disidencia sexual. Las reuniones en domicilios particulares eran la forma de socialización más común de las libreras, término utilizado por las mujeres lesbianas en aquella época para reconocerse sin nombrarse.

Con la democracia, las lesbianas no alcanzaron el grado de representatividad pública de los hombres gais, que empezaron a ocupar lugares hasta ese momento vedados a las personas LGTB. Todavía hoy, en el imaginario colectivo, la homosexualidad está vinculada al hombre gay, blanco, joven y físicamente atractivo. Las mujeres lesbianas seguimos prácticamente desaparecidas. Esa invisibilidad es aún más flagrante en el caso de las lesbianas racializadas, mayores o con discapacidad, ya que la interseccionalidad multiplica la discriminación.

Las voces lésbicas siguen sin escucharse en el espacio público. El miedo a la reprobación familiar y a la discriminación social y laboral, todavía coarta la libertad de muchas lesbianas que no se atreven mostrar públicamente sus afectos ni a participar en movimientos LGTB. Además, la doble barrera del género y la orientación sexual es un hándicap para las mujeres con sexualidades no normativas.

La presencia de lesbianas visibles en la esfera pública es fundamental para paliar el problema de la falta de representación lésbica, pero también es imprescindible la promulgación de leyes que favorezcan nuestra intervención en todos los espacios en condiciones de igualdad real y efectiva. No es propio de un Estado democrático la existencia de normas que vulneren derechos fundamentales de las personas en base a su orientación sexual y esto ocurre hoy en España.

Como muestra de la discriminación que sufrimos, la ‘Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida’ obliga a las parejas de mujeres a contraer matrimonio antes del nacimiento de sus hijos para que pueda determinarse la filiación de éstos a nombre de ambas madres. Esta norma es discriminatoria con respecto a las parejas heterosexuales y, por tanto, contraviene el derecho fundamental a la igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución.

Las mujeres lesbianas necesitamos conquistar nuestro espacio en la esfera pública para que se oiga nuestra voz y se respeten nuestros derechos. ​No dejemos que decidan por nosotras.

sábado, 14 de julio de 2018

#hemeroteca #lesbofobia #reproduccion | Cuatro años de discriminación: así han franqueado las lesbianas y mujeres solas su exclusión de la reproducción asistida

Imagen: El Diario
Cuatro años de discriminación: así han franqueado las lesbianas y mujeres solas su exclusión de la reproducción asistida.
El Gobierno del PSOE va a devolver el derecho a la reproducción asistida a las lesbianas sin pareja varón, que fueron excluidas a raíz de una orden ministerial del PP aprobada en 2014. Aunque las comunidades, a excepción de Asturias, Murcia, Ceuta y Melilla, fueron garantizando su acceso, estas mujeres tuvieron que lidiar con tratamientos interrumpidos y discriminación económica. La justicia llegó a condenar a la Comunidad de Madrid por vulnerar el principio de no discriminación por razón de orientación sexual.
Marta Borraz | El Diario, 2018-07-14
https://www.eldiario.es/nidos/hombre-reproduccion-asistida-balance-exclusion_0_792320891.html

"La falta de varón no es un problema médico". Así justificó en 2013 la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, la exclusión de las mujeres lesbianas, mujeres bisexuales con parejas femeninas y mujeres solas de la reproducción asistida en el sistema público. Sin hombre al lado, no hay hijos, vino a decir la titular de la cartera tras el Consejo Interterritorial que fijó los nuevos servicios. Daba así el pistoletazo de salida a una discriminación flagrante que cinco años después llega a su fin, según anunció el pasado viernes el Consejo de Ministras coincidiendo con la semana del Orgullo LGTBI.

El Gobierno pondrá en marcha el primer trimestre de 2019 la reforma para tumbar la norma aprobada por el PP que alteró los requisitos de acceso a la reproducción asistida para reducirlos a problemas de fertilidad como condición indispensable.

La Orden Ministerial 2065/2014 de 31 de octubre modificó la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud e introdujo una redacción literal que, cuanto menos, sorprendió a la opinión pública. Y es que fijó como requisito la "ausencia de consecución de embarazo tras un mínimo de 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal". Esta, junto a "existencia de un trastorno documentado de la capacidad reproductiva", eran las situaciones en las que tenía que encontrarse una mujer para que el Estado financiara su tratamiento.

La norma entró en vigor en noviembre de 2014, pero desde el principio algunas comunidades autónomas como Andalucía, Canarias, Extremadura o Euskadi decidieron no aplicarla. Con el paso del tiempo, en una especie de efecto dominó, casi todas fueron dejando de lado esta exclusión, a excepción de Ceuta, Melilla, Murcia y Asturias. El Gobierno regional de esta última, sin embargo, estaba preparando ya un decreto para garantizar el acceso de todas las mujeres sin discriminación.

Por el camino, las mujeres lesbianas y solas tuvieron que lidiar con tratamientos interrumpidos, desembolsos de grandes cantidades de dinero en clínicas privadas para ser madres, litigios en los tribunales y una discriminación evidente a efectos prácticos y simbólicos.

Discriminación ideológica
"Está claro que el motivo de esta orden fue ideológico. Las mujeres lesbianas y las mujeres solas formarían familias que no se ajustaban al modelo de 'familia tradicional' de padre, madre, hijos e hijas", explica la abogada Charo Alises sobre la razón que, imagina, llevó al PP a dar luz verde a esta orden. Por aquel entonces, el Gobierno conservador llevaba unos meses con la idea de reformar el aborto y aprobar la ley más restrictiva de la democracia, pero la contestación social le hizo dar marcha atrás y el intento acabó con la carrera del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Alises, miembro de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), analiza la "discriminación económica" que llevó consigo la norma de Ana Mato al obligar a mujeres lesbianas y solas a costearse, si podían, el tratamiento por lo público. "Por los casos que yo conozco, supuso que algunas parejas desistiesen de la maternidad y que las que hicieron el esfuerzo económico de pagar la inseminación vivieran agobiadas de pensar que si a la primera no resultaba no iban a tener dinero para nuevos intentos", lamenta la jurista.

La sanidad pública de muchas comunidades se negaba a iniciar la reproducción asistida en estas mujeres e incluso se dieron casos de tratamientos interrumpidos. En 2015 salió a la luz el caso de Lourdes y Mariella, que había sido sometida en la Fundación Jiménez Díaz (Madrid) a tres intentos de inseminación artificial sin éxito. Cuando se presentaron en la consulta para comenzar la fecundación in vitro, fase que se iniciaba si la primera no funcionaba, la médica les comunicó que no podían seguir con el tratamiento.

El mismo centro hospitalario fue el protagonista del caso de Verónica y Tania (nombres ficticios). A esta última, la Fundación Jiménez Díaz también le interrumpió el tratamiento en 2014 y ellas iniciaron un proceso judicial de la mano de la organización Women's Link que acabaron ganado. El Juzgado de lo Social nº18 de Madrid condenó a la Comunidad de Madrid y al hospital por "vulnerar el principio de no discriminación por razón de orientación sexual".

El Gobierno desoyó a la justicia
El fallo sentó precedente –aunque la jueza no consideró responsable directo del daño al Ministerio de Sanidad, también demandado– y reconoció que la Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Asistida , donde se establece el derecho a los tratamientos de reproducción asistida, con independencia de la orientación sexual, es de rango superior a la orden. Dos días después de que la sentencia se hiciera pública, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, anunció que acabaría con la exclusión.

El Gobierno, sin embargo, desoyó a la justicia y reconoció "respetar la sentencia", pero no retirar la norma discriminatoria. Por aquella época y desde mayo de 2015, los cambios de gobierno en algunas comunidades tras las elecciones autonómicas motivaron la aprobación de normativas que dejaban sin efecto la orden del PP. Ese año lo hicieron algunas como Baleares o Valencia, con la actual ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, como consejera de la Generalitat valenciana. Castilla-La Mancha lo hizo en 2016 y Navarra un año después.

"Pocas veces vemos normas tan discriminatorias sobre el papel, con una exclusión tan evidente y clara. Nosotras quisimos poner en marcha ese litigio porque Tania y Verónica eran representativas de muchas mujeres, así que lo que pretendimos fue poner en el centro este tema y abrir un debate público", recuerda Viviana Waisman, presidenta de Women's Link. Así, el anuncio avanzado la semana pasada por el Consejo Ministras pone fin a un periplo discriminatorio de varios años que han tenido que atravesar las mujeres sin hombre al lado.

#hemeroteca #memoria #franquismo | Condenados por masones, homosexuales o activistas: el Gobierno aborda la ingente tarea de anular sentencias franquistas

Imagen: El Diario / Marcos Ana
Condenados por masones, homosexuales o activistas: el Gobierno aborda la ingente tarea de anular sentencias franquistas.
El Gobierno ha anunciado que estudia dejar sin efectos las sentencias dictadas por tribunales de la dictadura cuyas consecuencias castigan aún a las víctimas del franquismo. Expertos advierten de que las instancias fueron muchas y variadas, lo que dificulta la tarea. La devolución de patrimonio confiscado en estas sentencias es un proceso mucho más complejo que algunos historiadores ven como asunto a abordar más adelante.
Fernando Olmeda | El Diario, 2018-07-14
https://www.eldiario.es/sociedad/Anulacion-sentencias-franquistas_0_792321365.html

El reciente anuncio de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, de "declarar la nulidad de los tribunales de excepción franquistas y sus fallos y sentencias" ha sido en general bien recibido tanto en el ámbito de la investigación especializada en el franquismo como en el de las asociaciones memorialistas. "Es el tema clave, el pilar fundamental del golpe militar y del régimen dictatorial posterior, porque Franco legitimó sus atrocidades a través de la ley, algo tan flagrante como aplicar el Código de Justicia Militar a los civiles leales a la República", señala Mirta Núñez, historiadora y profesora titular de la UCM; "Fue un aparato judicial inmenso para no dejar ni un resquicio, para que no se escapara nadie".

Jaime Ruiz, presidente de la Asociación de la Memoria Social y Democrática (AMESDE), considera que la reivindicación de la anulación de las sentencias ha sido y es "un clamor", porque "aquellos juicios no se correspondieron nunca con los criterios básicos de la justicia, todo lo que produjo el franquismo en este ámbito fue ilegal e ilegítimo, los tribunales no eran tribunales, eran aparatos de represión sin ningún tipo de procedimiento y sin posibilidad alguna de defensa". Gutmaro Gómez Bravo, historiador y también profesor de la UCM, considera que reconocerá definitivamente a las víctimas de la crueldad de la represión franquista, aunque cree que tendrá más carácter simbólico que real, dada la multiplicidad de situaciones generadas por la supervivencia del marco jurídico impuesto por la dictadura: "Está el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, el de Responsabilidades Políticas, jurisdicciones especiales... Es complicado, desde una perspectiva garantista como la que otorga nuestro marco constitucional, llegar a entender cómo funcionó la justicia franquista. Y están los fusilados, los presos políticos, los exiliados, el concepto de víctima es amplio y complejo".

Cuantificar el número de sentencias a anular y el número de personas afectadas es de una enorme dificultad. "Por ejemplo, el nazismo circunscribió su acción genocida a un enemigo étnico y sociopolítico concreto, y durante un periodo de tiempo al que puso fin la derrota en la Segunda Guerra Mundial; sin embargo, la represión en España tiene mucho más peso, porque se extendió a medio país durante cuatro décadas"; explica Gómez Bravo; "la dictadura argentina no dejó rastro jurídico, y algo semejante ocurrió en Sudáfrica, Colombia, incluso la Italia mussoliniana... Aquí fue diferente, la Causa General actuó en cada pueblo, por pequeño que fuera".

La anulación de las sentencias fue siempre una de las principales reivindicaciones de las asociaciones de memoria histórica y de los colectivos de familiares de víctimas. "Cada familia tiene un (juicio) sumarísimo", explica Tomás Montero, de ‘Memoria y Libertad’. cuyo abuelo fue detenido, sometido a consejo de guerra y fusilado en el cementerio del Este de Madrid el 14 de junio de 1939: "Somos escépticos, pero este anuncio del Gobierno suena bien. Desde luego, podría ser algo más que simbólico, tendría valor real porque vaciaría de argumentos a la derecha, que sigue dando validez a sentencias ilegales; se ha visto este año con la polémica en torno al monumento de La Almudena y la ofensiva en relación con los nombres de los chequistas fusilados, se sigue dando pábulo a esas sentencias, es una vergüenza".

En junio del año pasado, el Parlament de Catalunya aprobó por unanimidad anular las sentencias políticas del régimen franquista y declarar ilegales los tribunales de la ‘Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación’, llamada posteriormente ‘Auditoría de la IV Región Militar’, que actuó de 1938 al 1978. Respecto al conjunto del territorio español, la tarea es ardua y difícil de abarcar. Gómez Bravo no se atreve a aventurar cifras pero apunta algunas que pueden dar idea de la envergadura del reto: "En 1940 había 300.000 personas en prisión con sentencias firmes, 500.000 en campos de prisioneros y 90.000 en batallones de soldados trabajadores, es decir, casi un millón. Por hacer una comparación, recuerdo que la dictadura portuguesa encarceló a 25.000 personas en total. Además, habría que sumar las decenas de miles de cadáveres que aún esperan en fosas".

El problema no está, sin embargo, en la posguerra inmediata (1939-1945), sino en que la dictadura consiguió instaurar un marco jurídico y legislativo represor de larga duración, con el Tribunal de Orden Público -creado en diciembre de 1963 y suprimido en enero de 1977- como piedra angular. "La justicia militar fue, podríamos decir, reutilizada durante años, y por eso siguió habiendo consejos de guerra y fusilamientos, como el de Julián Grimau y otros muchos, hasta poco antes de la muerte de Franco", explica Núñez.

Charo Alises, jurista de la Federación de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) , considera que el problema es la delimitación de la iniciativa anunciada por el Gobierno: "Además de los encarcelados por sus ideas políticas, muchas personas se vieron privadas de libertad simplemente por ser como eran; puestos a revisar, habría que contemplar hacerla extensiva a las resoluciones judiciales enmarcadas en la aplicación, por ejemplo, de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social". La LPRS de 1970 estableció penas de hasta cinco años de internamiento para los homosexuales y demás individuos considerados peligrosos. Las Memorias de la Fiscalía del Tribunal Supremo (1970-1979) revelan la existencia de más de 58.000 expedientes y más de 21.000 sentencias condenatorias para todo el conjunto de tipos de peligrosos sociales. Alises explica que si se extrapolan a la totalidad los datos disponibles de los Juzgados de Peligrosidad de Madrid entre 1974 y 1975, donde alrededor de un 6% de los expedientes fueron por homosexualidad y un 5 por ciento se resolvieron con condenas, "estaríamos hablando de unos 3.600 expedientes por homosexualidad entre 1970 y 1979, y unos 1.000 condenados en este mismo periodo sin garantías y sin delito".

Para Ruiz, la anulación de los antecedentes es fundamental porque "en los expedientes vitales de muchas personas sigue apareciendo que fueron delincuentes, cuando no hicieron otra cosa sino defender la legalidad, y lo que ocurrió fue que los verdaderos rebeldes hicieron un paripé judicial y humillaron a las víctimas". Montero corrobora: "Ocurrió durante años con Marcos Ana y le sigue ocurriendo a muchas personas, que siguen escuchando que su familiar fue un asesino porque fue condenado, y no tienen posibilidad alguna de defenderse".

Confían en que el anuncio de Dolores Delgado sea concretado desde la nueva dirección general de Memoria Histórica, para la que ha sido nombrado Fernando Martínez, catedrático de Historia y coordinador del Mapa de Fosas de Andalucía: "Hay que aprovechar para hacer una cosa seria, poner de una vez por todas sobre la mesa nombres y casos, y por supuesto, que los archivos y la documentación estén a total disposición de investigadores y familias, y/o que deje de estar bajo la jurisdicción militar", apunta Gómez Bravo.

"Estoy conmovida solo con pensar que pueda llevarse a cabo, marcaría un antes y un después en la lucha contra la impunidad", añade Núñez, quien ve más complicado, sin embargo, que la eventual anulación de las condenas signifique abrir la puerta al resarcimiento económico. En esta línea, respecto a la posibilidad de que desencadenase un aluvión de reclamaciones patrimoniales (de terrenos, bienes muebles u otras propiedades, confiscados por la dictadura), Ruiz señala que "las prospecciones realizadas desde diferentes gabinetes jurídicos indican que, en todo caso, serían asumibles, y no sería, como se ha dicho, la ruina de las arcas del Estado". Montero lo deja claro: "No creo que ese tema haya sido prioritario. Lo que queremos es restituir el buen nombre de nuestros familiares, y evitar que se siga denostando a los republicanos".

jueves, 28 de junio de 2018

#hemeroteca #lgtbi #feminismo | El colectivo LGTBI celebra su Orgullo tomando nota de las lecciones del movimiento feminista

Imagen: InfoLibre / Celebración de los 40 años de la primera manifestación 28J en Madrid
El colectivo LGTBI celebra su Orgullo tomando nota de las lecciones del movimiento feminista.
Este jueves se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI, tras un año en el que las masivas movilizaciones feministas han ido ganando terreno en las calles e instituciones. "Todos los colectivos de ese acrónimo deberían seguir mirando la lucha de las mujeres como imprescindible para su propia liberación", sostiene la activista y diputada Beatriz Gimeno.
Sabela Rodríguez Álvarez | InfoLibre, 2018-06-28
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/06/28/el_colectivo_lgtbi_celebra_orgullo_tomando_nota_las_lecciones_del_movimiento_feminista_84473_1012.html

La comunidad LGTBI llega al 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI, en un escenario imposible de obviar: el progresivo avance del movimiento feminista. Las masivas movilizaciones que han ido ganando terreno en las calles –contra la justicia patriarcal o la violencia cotidiana– y en las instituciones –con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género o el estudio de la violencia sexual en el Código Penal–, han obligado a plantear una serie de interrogantes respecto a la simbiosis entre dos movimientos tradicionalmente cómplices. Activistas reflexionan para infoLibre sobre los aprendizajes que emanan del éxito feminista como movimiento social en continua expansión y el modo en que el colectivo LGTBI puede escucharlos para recuperar impulso.

"Es cierto que últimamente ha habido una cierta separación de los colectivos". Habla Beatriz Gimeno, activista feminista y por los derechos LGTBI, diputada en la Asamblea de Madrid por Podemos. Gimeno subraya, en conversación telefónica con este diario, que "al final lo que tiene que primar es que, efectivamente, el movimiento de liberación LGTB es posible gracias al feminismo y en este momento debería seguir siendo así". Por tanto, continúa la activista y diputada, "todos los colectivos de ese acrónimo deberían seguir mirando la lucha de las mujeres como imprescindible para su propia liberación".

Si bien es cierto que existen brechas entre ambos –menciona Gimeno el debate respecto a los vientres de alquiler o la prostitución–, todos los asuntos conflictivos "sólo se pueden resolver debatiendo y mirando al movimiento feminista". Los cismas que surgen entre los dos movimientos, no obstante, no son recientes ni espontáneos. Gimeno recuerda que las mujeres se han sentido excluidas del movimiento LGTBI y se menciona a sí misma como ejemplo. "Al principio, en los años sesenta o setenta, sí que muchas lesbianas no vieron dentro del movimiento gay que se reconociera la especificidad de su opresión como mujeres", de manera que "muchas pasaron al movimiento feminista". En aquellos años, eran "muchísimas las lesbianas que participaban en el movimiento feminista, pero hubo un momento en que sentimos que no nos acogía, porque no visibilizaba la homosexualidad como cuestión". Muchas, asegura, dieron de nuevo un salto o decidieron que "la cuestión del lesbianismo era muy importante" pero ahora "hay de nuevo otra vuelta".

Objetivos y enemigos comunes
Entre divergencias, saltos y brechas, sin embargo, el movimiento feminista y el LGTBI no han perdido de vista los objetivos y "enemigos" que tienen en común. "Los dos movimientos han ido de la mano históricamente", opina Paula Iglesias, responsable de políticas estratégicas de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). Las mujeres lesbianas, dice, han estado y están "muy implicadas por la doble discriminación" que padecen y por eso en un primer momento "lo prioritario era ganar derechos como mujeres para después disfrutar del amor hacia otras mujeres".

En esencia, estima Iglesias, tanto el movimiento LGTBI como el feminista "luchan contra una sociedad machista y heteropatriarcal que oprime a todos y todas". Es una cuestión de derechos humanos, estima. "Aunque hay causas concretas en cada uno de los movimientos por circunstancias concretas, al final vamos de la mano", insiste. También cree Gimeno que las "opresiones que sufren gais y lesbianas tienen que ver con el patriarcado y el binarismo de género, mientras que el sexo está también ligado a los roles de género". Esto, agrega, se encuentra ampliamente teorizado, "otra cosa es lo que cada colectivo considere su reivindicación principal", advierte la activista.

Charo Alises es abogada y activista LGTBI. A su juicio, el patriarcado es un enemigo común y la transfobia, homofobia y bifobia beben todas del machismo. De hecho –apunta a modo de anécdota cargada de simbolismo–, "marica viene de María, así que a través de ese insulto se está estableciendo una comparación con una mujer como si fuera algo inferior". Para Alises resulta incomprensible que una persona LGTBI no sea feminista, aunque admite que "todavía hay dosis importantes de machismo en el colectivo, que se trabajan desde dentro de forma constante".

David Molina, coportavoz de Orgullo Vallekano, lo tiene claro. El impulso feminista "debería servir y mucho, porque está en el mismo marco de lucha contra el cis-hetero patriarcado, un enemigo del que incluso es víctima un hombre heterosexual con pluma, y que hace daño al 100% de la población". Molina espera que "este auge de lucha feminista, que ha sido impresionante, sirva de lección". En este sentido, cree que "para los críticos sí vale de apoyo" y su deseo es que "les sirva también de reflexión a los oficialistas".

Recuperar la combatividad
Aun con enemigos comunes y objetivos idénticos, la lucha feminista ha ganado en potencia y amplitud. ¿Está el movimiento LGTBI, en comparación, estancado? "No creo que lo esté", estima Alises. "Ha habido una visibilización mayor del movimiento feminista este año y sobre todo una ruptura del tabú sobre el movimiento, que ha sido históricamente demonizado". Una vez "esos complejos se han roto", continúa la activista, "el movimiento se hace fuerte a la hora de blindar los derechos humanos de las mujeres".

Para la letrada, la comunidad LGTBI trabaja de forma quizá menos visible pero con perseverancia. "Existe una línea constante de lucha y trabajo" que tiene su reflejo en la "aprobación de leyes autonómicas por la igualdad real, que han puesto sobre la mesa la visibilidad de los derechos LGTBI y aquellas carencias que aún persisten".

Precisamente el avance a nivel legislativo, estiman algunos de los activistas consultados, ha templado en cierta manera el carácter combativo del movimiento. "Es cierto que con la aprobación del matrimonio igualitario hay una percepción de que los derechos LGTBI han sido conseguidos", advierte Iglesias. Por ello, estima, desde el movimiento es fundamental "hacer ver que el matrimonio no lo es todo y que sigue habiendo derechos no conquistados" y ese es, precisamente, "el trabajo que se hace desde el colectivo".

También Gimeno coincide en que "hubo un momento de encuentro con las leyes de igualdad y contra la discriminación legal" pero, matiza, una vez "conseguidas también surgen nuevos retos". Por este motivo, agrega, "en el momento en que se consiguen leyes fundamentales, es verdad que el movimiento LGTBI ya no tiene la misma combatividad masiva que tenía antes". Como consecuencia, "se lo come un Orgullo o manifestaciones más comerciales, más ligadas al consumo y al ocio, que desarrollan otros aspectos que tienen que ver con la visibilidad". Las mujeres, señala, han seguido "el camino contrario, después de años en que el movimiento feminista parecía en barbecho, aunque sin llegar a desaparecer nunca". Se produce entonces "un rearme clarísimo del movimiento, algunas hablan de la cuarta ola, debido a la pervivencia y quizá aumento de las violencias machistas".

Molina coincide en que el movimiento LGTBI se ha diluido en cuanto a su nivel de exigencia, mientras que con el feminista, que ha realizado "un trabajo de pico y pala y desde la base", ha ocurrido lo contrario. Por otro lado, añade, "las estrategias de cooptación de partidos políticos muy reformistas, como el PSOE, en el movimiento feminista han fallado y sin embargo en el LGTBI se han mantenido". Unido a ello, entiende el activista, existe un elemento más, y es que "los gobiernos socioliberales necesitan, para diferenciarse de la derecha, explotar este tipo de luchas, crear conflictos culturales, porque en el plano laboral, territorial y económico son lo mismo".

El reto ahora, estima el activista, para ambos movimientos es que "esto no caiga dentro del campo liberal, que los derechos para mujeres y personas LGTBI no dependan de su nivel adquisitivo y sociolaboral". Por ello, agrega, "si no se reforma la estructura económica, al final estamos ante leyes y derechos adquiridos en el marco liberal que solamente son ejercidos en la medida en que tienes dinero para pagártelos".

Llamada global
Ocurre, por otro lado, que el movimiento feminista ha logrado interpelar a una parte muy amplia de la sociedad, sin distinciones. Con el movimiento LGTBI "hace tiempo se hablaba del contagio del estigma: no es lo mismo que un hombre se movilice por los derechos de las mujeres, porque sigue siendo hombre, a que lo haga por los derechos LGTBI", explica Iglesias. Ahora, añade, dicha percepción se va perdiendo poco a poco y cada vez más "la gente puede vivir su sexualidad o identidad de género más libremente, mientras que la gente que no pertenece al colectivo entiende que esto es una cuestión de todos y todas".

También David Molina considera que, si bien no se ha producido al mismo nivel, el calado del movimiento LGTBI en la sociedad es importante. La ley por el matrimonio igualitario, además de tener un efecto material, lo tuvo también "simbólico y social que ha contribuido a legitimar mucho la aceptación de la homosexualidad en muchas capas sociales".

Beatriz Gimeno, por su parte, recuerda que las mujeres son "la mitad más uno de la humanidad, y esto que parece una obviedad, hasta hace poco no estaba tan claro". Existe, en este escenario un amplio abanico que se puede sentir interpelado por el movimiento feminista, también hombres. "Porque el feminismo interpela a las masculinidades también", agrega. En este sentido, la llamada está dirigida al sujeto político, es decir, a las mujeres, y al objeto de sus exigencias, es decir, los hombres. En la cuestión LGTBI, sin embargo, "mucha más gente puede sentir que no les afecta, en un sentido psicológico". Pese a ello, coinciden los activistas consultados, ambos movimientos tienen en común la necesidad de poner sobre la mesa una cuestión clave: el respeto a los derechos humanos. Algo que, indiscutiblemente, "afecta a todos y todas".