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| El Mundo / Luis Barcala // |
Recortes en Cooperación, Igualdad, políticas LGTBI y el día de la Reconquista: la 'factura' de Vox para aprobar el presupuesto de Alicante.
El PP y Cs sacan adelante las cuentas de la ciudad con 313 millones de gasto gracias a la abstención clave de los dos concejales del partido de Abascal.
Inma Lidón | El Mundo, 2022-02-17
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2022/02/17/620d4aa6fdddffeb8e8b4584.html
El Partido Popular está inmerso en pleno debate sobre la conveniencia de negociar con Vox la formación de gobierno en Castilla y León. Convertir al partido de Santiago Abascal en un aliado en la gestión es un paso que hasta ahora no había tenido que dar y que genera debate interno. De bajo qué condiciones se podría dar producir ese acuerdo lo pueden vislumbrar los ‘populares’ porque han contado con el respaldo, en forma de voto o abstención, en la Comunidad de Madrid, pero la 'factura' que deben pagar se ha visto en Murcia -con la Consejería de Educación en sus manos- y ahora el gobierno municipal de Alicante. El bipartito que conforman PP y Ciudadanos ha sacado adelante el presupuesto municipal para 2022 con la abstención necesaria de los dos concejales de Vox.
Que no votaran en contra era necesario para Luis Barcala iniciara la tramitación de un presupuesto de 313 millones de euros que, desde las filas ‘populares’, califican de el "más expansivo de la historia, vital para la recuperación y la transformación de Alicante", recordó en el pleno la edil de Hacienda, Lidia López. Sin embargo, en ese presupuesto, el bipartido ha tenido que hacer concesiones a Vox. En concreto, ha aceptado 19 de las 21 alegaciones presentadas.
Entre ellas, según ha reconocido en el pleno extraordinario de aprobación el concejal Mario Ortolá, está la reducción de 90.000 euros en las áreas de Cooperación e Inmigración - "que ahora se destinarán a ayudar a nuestros compatriotas ante catástrofes naturales", aseguró-, el recorte del 50% del área LGTBI y la bajada del presupuesto de Igualdad para destinarlo a una campaña de "violencia intrafamiliar". Además, entre las propuestas está la rebaja de la partida destinada a actos de conmemoración del 9 d'Octubre, Día de la Comunidad Valenciana, para destinarlos a celebrar el 4 de diciembre el Día de la Reconquista de Alicante.
Mientras el equipo de Gobierno ha justificado estas cuentas "negociadas con diálogo", el PSOE Compromís y Podemos las han calificado de "insolidarias" e "injustas" y lamentan los "mayores recortes" en Cooperación, Área LGTBI, Inmigración y para la "crisis climática", sea todos "impuestos por los socios ultras de Vox".
Polémica ordenanza de convivencia
La inicio de tramitación de este presupuesto, que ahora se expondrá al público para la presentación de alegaciones, se produce en un pleno extraordinario justo un día después de que los mismos protagonistas, PP, Cs y Vox, aprobaran la definitiva ordenanza de convivencia cívica que ha despertado la ira de la oposición, que la califica de la ordenanza "de la vergüenza".
Esta norma rescata la derogada por el PSOE en 2015 para actualizarla e incluye sanciones que pueden alcanzar los 3.000 euros por, entre otras cuestiones, la mendicidad coercitiva, la ocupación del espacio público por conductas que adoptan formas de mendicidad -pedir dinero, de vender objetos, ofrecer ayuda al aparcamiento, asearse o lavar ropa en estanques o fuentes públicas y acampar y dormir en las calles o los espacios públicos- y también prohíbe la prostitución: "solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos".
PSOE y Compromís llevaron a las Cortes una propuesta de rechazo de la ordenanza, que ambos partidos prometen derogar si gobiernan en Alicante, y junto a Unidas Podemos la califican cercana a la "ley de vagos y maleantes". De hecho, los socialistas anuncian la presentación de mociones en todos los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana para condenar "ordenanzas de la vergüenza", que, según denuncia en un comunicado, pretende "criminalizar a las personas y colectivos más vulnerables".
Por su parte, el PP asegura que la ordenanza aprobada en Alicante es igual a la vigente en Valencia, que contempla la prohibición de la prostitución y a la mendicidad. La similitud con otras normativas locales la justificó el portavoz municipal del PSOE en Alicante, Paco Sanguino, en que todas se basan en un borrador enviado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), sin embargo, en el caso de Alicante, denuncia, se elimina el acompañamiento.
En el caso de Valencia, el Gobierno de la Nau tienen en elaboración una nueva ordenanza, en cuyo borrador se también se contemplan sanciones por ejercer la mendicidad "cuando ésta se realice, directa o indirectamente, utilizando a menores o personas con discapacidades, así como efectuar mendicidad utilizando a animales como instrumento".
También considera una infracción "conductas que, bajo la apariencia de mendicidad, obstaculicen e impidan intencionadamente el libre tránsito por los espacios públicos" y el "el ofrecimiento de cualquier bien u ofrecimiento de prestación de servicios no demandados, como, por ejemplo, la limpieza de parabrisas, actuaciones circenses, venta de productos, etc. o la petición de dinero u otras prestaciones a cambio de realizar labores de aparcacoches".
En el caso de la prostitución, en la capital rige aún la 'Ordenanza Municipal sobre el ejercicio de la prostitución en la vía pública' aprobada en 2013 que, como la recién estrenada en Alicante, contempla multas para la prostituta y el cliente.
Que no votaran en contra era necesario para Luis Barcala iniciara la tramitación de un presupuesto de 313 millones de euros que, desde las filas ‘populares’, califican de el "más expansivo de la historia, vital para la recuperación y la transformación de Alicante", recordó en el pleno la edil de Hacienda, Lidia López. Sin embargo, en ese presupuesto, el bipartido ha tenido que hacer concesiones a Vox. En concreto, ha aceptado 19 de las 21 alegaciones presentadas.
Entre ellas, según ha reconocido en el pleno extraordinario de aprobación el concejal Mario Ortolá, está la reducción de 90.000 euros en las áreas de Cooperación e Inmigración - "que ahora se destinarán a ayudar a nuestros compatriotas ante catástrofes naturales", aseguró-, el recorte del 50% del área LGTBI y la bajada del presupuesto de Igualdad para destinarlo a una campaña de "violencia intrafamiliar". Además, entre las propuestas está la rebaja de la partida destinada a actos de conmemoración del 9 d'Octubre, Día de la Comunidad Valenciana, para destinarlos a celebrar el 4 de diciembre el Día de la Reconquista de Alicante.
Mientras el equipo de Gobierno ha justificado estas cuentas "negociadas con diálogo", el PSOE Compromís y Podemos las han calificado de "insolidarias" e "injustas" y lamentan los "mayores recortes" en Cooperación, Área LGTBI, Inmigración y para la "crisis climática", sea todos "impuestos por los socios ultras de Vox".
Polémica ordenanza de convivencia
La inicio de tramitación de este presupuesto, que ahora se expondrá al público para la presentación de alegaciones, se produce en un pleno extraordinario justo un día después de que los mismos protagonistas, PP, Cs y Vox, aprobaran la definitiva ordenanza de convivencia cívica que ha despertado la ira de la oposición, que la califica de la ordenanza "de la vergüenza".
Esta norma rescata la derogada por el PSOE en 2015 para actualizarla e incluye sanciones que pueden alcanzar los 3.000 euros por, entre otras cuestiones, la mendicidad coercitiva, la ocupación del espacio público por conductas que adoptan formas de mendicidad -pedir dinero, de vender objetos, ofrecer ayuda al aparcamiento, asearse o lavar ropa en estanques o fuentes públicas y acampar y dormir en las calles o los espacios públicos- y también prohíbe la prostitución: "solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos".
PSOE y Compromís llevaron a las Cortes una propuesta de rechazo de la ordenanza, que ambos partidos prometen derogar si gobiernan en Alicante, y junto a Unidas Podemos la califican cercana a la "ley de vagos y maleantes". De hecho, los socialistas anuncian la presentación de mociones en todos los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana para condenar "ordenanzas de la vergüenza", que, según denuncia en un comunicado, pretende "criminalizar a las personas y colectivos más vulnerables".
Por su parte, el PP asegura que la ordenanza aprobada en Alicante es igual a la vigente en Valencia, que contempla la prohibición de la prostitución y a la mendicidad. La similitud con otras normativas locales la justificó el portavoz municipal del PSOE en Alicante, Paco Sanguino, en que todas se basan en un borrador enviado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), sin embargo, en el caso de Alicante, denuncia, se elimina el acompañamiento.
En el caso de Valencia, el Gobierno de la Nau tienen en elaboración una nueva ordenanza, en cuyo borrador se también se contemplan sanciones por ejercer la mendicidad "cuando ésta se realice, directa o indirectamente, utilizando a menores o personas con discapacidades, así como efectuar mendicidad utilizando a animales como instrumento".
También considera una infracción "conductas que, bajo la apariencia de mendicidad, obstaculicen e impidan intencionadamente el libre tránsito por los espacios públicos" y el "el ofrecimiento de cualquier bien u ofrecimiento de prestación de servicios no demandados, como, por ejemplo, la limpieza de parabrisas, actuaciones circenses, venta de productos, etc. o la petición de dinero u otras prestaciones a cambio de realizar labores de aparcacoches".
En el caso de la prostitución, en la capital rige aún la 'Ordenanza Municipal sobre el ejercicio de la prostitución en la vía pública' aprobada en 2013 que, como la recién estrenada en Alicante, contempla multas para la prostituta y el cliente.
