#hemeroteca #trans #derechoshumanos | ‘Lo llaman limpieza social’: la decisión de una corte obligaría a Honduras a proteger mejor a las personas trans

The New York Times / Trabajadoras sexualaes trans en Tegucigalpa

‘Lo llaman limpieza social’: la decisión de una corte obligaría a Honduras a proteger mejor a las personas trans.
Indignados por la lentitud en las investigaciones del homicidio de Vicky Hernández, sus abogados instan a un tribunal para que obligue a los gobiernos de América Latina a proteger a las personas transgénero en la región donde sufren abusos y ataques frecuentes.
Frances Robles | The New York Times, 2021-04-29
https://www.nytimes.com/es/2021/04/29/espanol/vicky-trans-honduras.html 

En una región donde los expertos estiman que la esperanza de vida de las mujeres transgénero es de solo 30 a 35 años, Vicky Hernández no fue tan afortunada.

Hernández tenía 26 años cuando fue encontrada con un disparo en el ojo en una calle de Honduras, al lado de su cuerpo había una bala de calibre desconocido y un condón usado.

Doce años después, los investigadores aún no han realizado exámenes forenses sobre esas pruebas. Aún no está claro si las autoridades llegaron a realizar una autopsia. Y otras dos mujeres transgénero que informaron haber presenciado cómo una patrulla de la policía se acercó a Hernández justo antes de que ella se escapara y desapareciera, fueron asesinadas un año después de su muerte.

Sin embargo, es posible que su caso haga historia desde el punto de vista legal porque un tribunal regional de derechos humanos delibera si el gobierno hondureño fue responsable de la muerte de Hernández y le debe reparaciones a sus familiares.

Es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciará sobre si los gobiernos han hecho lo suficiente para proteger a las personas transgénero. El caso de Hernández muestra un patrón de abusos contra las personas vulnerables en Honduras, y está siendo observado con atención en una región donde muchos países siguen siendo hostiles con las personas transgénero.

La corte, con sede en Costa Rica, podría ordenarle al gobierno hondureño que promulgue medidas destinadas a prevenir la violencia contra las personas transgénero, sentando un precedente legal en la región.

El asesinato de Hernández en San Pedro Sula fue uno de los primeros casos en medio de una explosión de asesinatos de mujeres transgénero que sucedió en Honduras durante la época del golpe de Estado ejecutado en junio de 2009 y que terminó sacando de la cama al presidente del país, quien se tuvo que marchar al exilio.

A la mañana siguiente, Hernández, una trabajadora sexual, fue encontrada muerta después de una noche en la que, debido a un estricto toque de queda, se suponía que nadie más que las autoridades policiales y militares deambulaban por las calles.

Ese momento se considera crítico, porque sugiere que lo que normalmente podría descartarse como una muerte más en una de las ciudades más peligrosas de uno de los países más peligrosos del mundo podría haber sido algo más: un asesinato extrajudicial. El gobierno ha negado que sus fuerzas de seguridad hayan jugado algún papel pero, para muchos, las circunstancias levantaron fuertes sospechas de que quien sea que estuviera relacionado con la muerte de Hernández era un uniformado.

Activistas han denunciado durante mucho tiempo la ola de violaciones de derechos humanos que siguió al golpe de 2009 y culparon a quienes tomaron el poder por lo que consideraron asesinatos selectivos. Y Hernández era una activista para las mujeres trans que ya antes había sido atacada de forma violenta.

“El golpe desató nuevos niveles de violencia, violencia letal”, dijo Angelita Baeyens, vicepresidenta de defensa y litigio internacional en Robert F. Kennedy Human Rights, una organización con sede en Washington, que presentó la demanda.

Esa organización, así como un grupo hondureño de derechos humanos llamado Cattrachas, llevaron al gobierno de Honduras a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una rama de la Organización de los Estados Americanos. Se celebró un juicio virtual en noviembre y se espera que pronto se produzca un fallo.

Baeyens dijo que la corte podría hacer mucho más que simplemente analizar el caso de Hernández. También podría tomar medidas como ordenar el reconocimiento legal de los nuevos nombres de las personas transgénero y exigir a los gobiernos que permitan cambios en las tarjetas de identificación oficial, algo que los gobiernos de la región a menudo se niegan a hacer. El tribunal también podría pedir la eliminación de las leyes que permiten a la policía detener a sospechosos por motivos dudosos.

Las mujeres transgénero en Honduras dicen que son acosadas de manera constante, golpeadas e incluso asesinadas y que, con frecuencia, la violencia es perpetrada por las fuerzas del orden.

“Lo llaman limpieza social”, dijo Claudia Spellmant, una activista transgénero que huyó del país en 2013 después de sufrir repetidos ataques y ahora vive en Nueva York. “No quieren ver a las personas trans en la calle”.

Con pocas oportunidades de empleo, muchas mujeres transgénero en Honduras —que son rechazadas por sus familias, la iglesia y la sociedad en general— se dedican a la prostitución. Todas las noches salen a las calles, donde están expuestas a los agentes de policía corruptos y clientes violentos, dicen los activistas y las trabajadoras sexuales actuales y retiradas.

Krishna Flores, de 24 años, trabajadora sexual transgénero en Tegucigalpa, la capital, dijo que este año ya ha sido agredida dos veces. Los agentes de policía le cortaron el pelo, le quemaron el maquillaje y el bolso y le lanzaron gases lacrimógenos. Finalmente, dijo, corrió a refugiarse en la casa de una persona que no conocía, en busca de seguridad.

“La verdad”, dijo Flores, “aquí en Honduras, donde estamos, hay mucha violencia contra las personas trans. Desde la policía, o gente que busca relacionarse con nosotros, gente que no quiere pagarnos. Y, a veces, son militares. Nos gritan cosas horribles”.

Flores dijo que es normal que le arrojen piedras, bolsas de agua, trapos y huevos desde los automóviles en movimiento. Le dicen que es una vergüenza para la sociedad. En enero, los agentes le arrancaron las extensiones de cabello y le afeitaron la cabeza.

“Fue traumático”, dijo Flores.

Una abogada del gobierno dijo que, aunque resulta claro que las fuertes creencias religiosas (el 85 por ciento de la población de Honduras es católica o evangélica) fomentan la discriminación contra las personas transgénero, Honduras “rechaza categóricamente” la idea de que Hernández fue asesinada por oficiales de policía o soldados.

Los abogados de la familia de Hernández están pidiendo una compensación económica para su familia y cambios estructurales en la policía hondureña.

Si el tribunal falla en contra del gobierno, cualquier reparación debe tomar en cuenta la falta de pruebas que vinculen a las fuerzas de seguridad con la muerte de Hernández, dijo Sonia A. Escobar Rodríguez, la abogada que representa al gobierno hondureño en el caso, en un resumen de sus argumentos que compartió con The New York Times.

“No existe evidencia alguna, ni se puede inferir racionalmente, que la muerte de Vicky Hernández haya sido cometida por miembros de las fuerzas del orden público por el solo hecho de encontrarse patrullajes para evitar que ocurriesen desórdenes y tragedias que lamentar”, escribió Escobar, quien trabaja en el Ministerio Público de Honduras.

El resumen de Escobar dice que el gobierno ha logrado avances significativos en la seguridad pública, como la mejora del sistema de denuncias penales y el fortalecimiento del poder judicial. Dijo que también se ha brindado capacitación para sensibilizar a decenas de trabajadores del gobierno. Y afirma que la violencia motivada por la orientación sexual o la identidad de género es un factor agravante en las sentencias.

Rosa Seaman, vicesecretaria de Derechos Humanos de Honduras, dijo que el gobierno creó una unidad especial de investigación para los delitos contra las personas vulnerables, incluidas las personas gays y transgénero.

Pero admitió que la capacitación de los oficiales de policía ha tenido resultados variables.

“Algunos reaccionan bien”, dijo Seaman. “Pero quiero ser franca y honesta: otros tienen muchos prejuicios, especialmente cuando les digo que tienen que respetar la identidad de género. Las mujeres trans son las más discriminadas y con mayor frecuencia son víctimas de delitos y pierden la vida”.

Víctor Madrigal-Borloz, experto en discriminación por identidad de género para las Naciones Unidas, dijo que incluso en el contexto de la “violencia preocupante” en Honduras, el crimen contra las personas transgénero fue “exacerbado” y desproporcionado.

“El caso de Vicky Hernández se convertirá en un hito extremadamente importante”, dijo, y agregó que ayudará a las personas a reconocer que “las mujeres trans viven sus vidas en un vórtice de discriminación y violencia”.

Cattrachas, la organización que ayudó a formular la demanda de Vicky Hernández, ha registrado 119 asesinatos de personas transgénero desde el golpe de 2009.

“Hay un patrón en todos estos casos: a todos les dispararon en la cabeza, no hubo autopsias ni investigaciones”, dijo Indyra Mendoza, fundadora de Cattrachas. “Y si bien es cierto que en Honduras también matan a maestros y taxistas, esos asesinatos no son el resultado de prejuicios religiosos y fundamentalismo. Y esos casos tienen alguna posibilidad de obtener justicia”.

Los datos recopilados por organizaciones de derechos humanos muestran que Honduras tiene la tasa más alta de asesinatos de personas transgénero y otras personas con diversidad de género en el mundo. Brasil y México le siguen de cerca.

Casi 500 mujeres transgénero fueron asesinadas en América Latina entre 2014 y 2019, según 'Sin Violencia LGBTI', una red de información regional.

En Brasil, el año pasado fueron asesinadas 175 mujeres transgénero, según la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales. En 2021, 53 personas transgénero han sido asesinadas, según el grupo de defensa, y la víctima más joven solo tenía 13 años.

Eso ha hecho que la demanda de Vicky Hernández sea de gran interés para toda la región.

“Estamos observando muy de cerca cómo el resultado del caso podría impactar la situación en la región”, dijo Bruna Benevides, investigadora de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil, aunque expresó sus dudas acerca de la posibilidad de que el presidente conservador de su país, Jair Bolsonaro, acepte cualquier fallo que ayude a las personas transgénero.

Rihanna Ferrera, quien se postuló para un cargo en Honduras en 2017 con su nombre de nacimiento masculino, dijo que el caso era importante porque podría obligar al gobierno a realizar algunas mejoras tangibles, como permitir cambios legales de nombre. La hermana de Ferrera, Bessy, quien también era transgénero, fue asesinada en 2019.

“Después de lo que le pasó a mi hermana, decidí no irme y enfrentar esta discriminación, estigma, violencia y criminalización”, dijo. “No necesitamos sacar a la gente del peligro. Necesitamos confrontar al Estado y decirle al Estado: aquí estamos y estamos en peligro. No tenemos que irnos. Tú, como gobierno, tienes que resolver esto”.

#hemeroteca #trans #transfeminicidio | Vicky contra Honduras, el caso de una mujer transexual víctima de una ejecución extrajudicial

Imagen: El País / Vicky Hernández

Vicky contra Honduras, el caso de una mujer transexual víctima de una ejecución extrajudicial.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos estudia por primera vez la responsabilidad de un Estado en la muerte de una persona trans.
Sally Palomino | El País, 2020-11-12
https://elpais.com/internacional/2020-11-12/vicky-contra-honduras-el-caso-de-una-mujer-transexual-victima-de-una-ejecucion-extrajudicial.html 

A Vicky Hernández la encontraron muerta en una calle de San Pedro Sula la mañana del 29 de junio de 2009. Estaba vestida como había salido de su casa, con falda y tacones. Era una mujer transexual que, aunque acostumbrada a huir de la persecución de los policías, durante la madrugada de ese día no alcanzó a correr cuando varios se bajaron de los carros en los que patrullaban la ciudad. Las dos amigas que la acompañaban, que días después también fueron asesinadas, contaron tras encontrarla muerta, con un disparo en la cabeza, que cuando la policía apareció todas corrieron en diferente dirección, pero Vicky se quedó atrás. Fue la primera de 15 personas trans asesinadas durante el golpe de Estado en Honduras. Once años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos aceptó estudiar su caso y de lo que defina dependerá que se establezca jurisprudencia internacional para la protección de la comunidad transexual.

“Llevamos años sintiendo que somos parte de esa cuota que se permite asesinar sin que el Estado haga algo. Como si fuéramos desechables, nos matan y no hay justicia”, dice Indyra Mendoza coordinadora de Cattrachas, una organización de derechos humanos que lleva las estadísticas en Honduras sobre crímenes contra las personas LGTBI. De 2009 a julio de 2020 registraron 118 muertes violentas de personas transexuales en el país. La mayoría fueron acribilladas, hubo otras estranguladas, lapidadas, apuñaladas y otras que murieron a machetazos. Muchas eran trabajadoras sexuales, en el registro también hay meseras, estudiantes, empleadas domésticas, recolectoras de basura. Hubo varias menores de 17 años, ninguna tenía más de 34. Vicky tenía 26 cuando la mataron y como ella, que fue encontrada tirada en la calle, han sido halladas muchas. También han aparecido en quebradas, baldíos, carreteras, montañas. La mayoría en lugares públicos. “Ni siquiera ocultan sus cuerpos porque saben que nadie va a investigar”, lamenta Mendoza por teléfono.

Para la abogada Angelita Baeyens, de la organización de derechos humanos Robert F. Kennedy, que el caso esté en la Corte IDH es la oportunidad, incluso sin conocer la decisión final, para que el Estado escuche los reclamos de una población que ha sido violentada de muchas formas. “Ya es hora de que se reconozca la discrminación de la que han sido víctimas las personas transexuales. No solo por la violencia física, también hay que hablar de la violación a casi todos sus derechos”, dice. Honduras ni siquiera permite que se cambien el nombre. En el acta de defunción de Vicky aparece el de un hombre. “La discriminaron también después de muerta. Queremos que ahora, sin importar cuánto tiempo ha pasado, haya justicia”, reclama Tatiana, la hermana de Vicky.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la presentación del caso ante la Corte señala que existen pruebas como el hecho de que las calles estaban bajo control total de la fuerza pública cuando la asesinaron para concluir que hubo responsabilidad directa del Estado hondureño. Señala además que el crimen de Vicky se enmarca dentro de la violencia por prejuicio con base en su identidad y expresión de género. La CIDH reitera que por ser el primer expediente de una mujer trans muerta a manos de agentes de seguridad, la Corte podrá reconocer otros hechos de violencia ocurridos en el marco del golpe de Estado de Honduras.

Después de la primera jornada de la audiencia en la Corte, el miércoles, una de las integrantes de la organización Cattrachas, que ha seguido el caso y es parte del proceso, recibió amenazas. La oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Honduras tuvo que pronunciarse y pedirle al Estado garantizar la seguridad de las víctimas y de quienes las defienden. En seis meses, la Corte deberá anunciar si condena al país por la ejecución extrajudicial de Vicky y garantiza la protección de las personas que por ser transexuales tienen que esconderse de la policía.

#hemeroteca #lgtbi #lgtbifobia | Nestor Hernandez. Honduras Diversako zuzendaria: «Zigorgabetasuna da nagusi gorroto delituen %90etan»

Irudia: Berria / Néstor Hernández

Nestor Hernandez. Honduras Diversako zuzendaria: «Zigorgabetasuna da nagusi gorroto delituen %90etan».
Munduko herrialde bortitzenetako batean giza eskubideen alde aritzea ez da erraza. Hernandezek dio mehatxuak eta jazarpena egunerokoak direla eta gobernuak ez duela ezer egiten.
Arantxa Elizegi Egilegor | Berria, 2020-05-01
https://www.berria.eus/paperekoa/1857/017/001/2020-05-01/zigorgabetasuna-da-nagusi-gorroto-delituen-90etan.htm

Nestor Hernandez (1996, Tegucigalpa) Honduras Diversa erakundeko zuzendaria da. Han, munduko herrialde bortitzenetako batean, gazteekin eta LGTB komunitateko kideekin egiten du lan, etorkizun hobe bat sortzeko helburuz. «LGTB komunitateko kideak erabat baztertuta daude hemen. Poliziak ez ditu ikertu ere egiten haien aurkako erasoak. Transexualen egoera da okerrena, haiek direlako ikusgarrienak, eta maiz ez zaielako geratzen prostituzioa beste lanik». Hernandez Euskal Herrian izango da tarte batez, Eusko Jaurlaritzaren Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren Idazkaritza Nagusiak zuzendu eta EAEko CEAR-ek kudeatzen duen giza eskubideen defendatzaileak aldi batez babesteko programaren bidez.

Nola dago gaur egun LGTB komunitatea Hondurasen?
Hondurasek baditu berezko hainbat arazo; besteak beste, politikarien borondate falta giza eskubideekin lotutako arazoak konpontzeko; mundu mailan alor horrekin lotutako hainbat akordio izenpetu badituzte ere, ez dituzte bete, ezta Konstituzioan sartu ere. Giza Eskubideen Batzorde Interamerikarraren eta Nazio Batuen Erakundeko idazkaritzaren aholkuak ere ez ditu bete.

Egun, hamar dira talde zaurgarriak. Guk gazteekin lan egiten dugu, baina baita LGTB komunitateko kideekin ere: jatorri afrikarra dutenekin, indigenekin, ezintasunak dituztenekin... Talde horien egoera ahulagoa da, erasoak jasateko eta baztertuak izateko arrisku handiagoa baitaukate. Hezkuntza sistematik baztertuak izateko aukera gehiago ere badituzte, eta horrek etorkizunean lan duin bat lortzeko aukerak murrizten dizkie. Gainera, pobrezian bizi direnen kopurua geroz eta handiagoa da; gaur egun, herritarren %50 bizi dira pobrezian, eta %40 muturreko pobrezian daude.

Ez da testuinguru erraza.
Ez. LGTB komunitatearen kasuan, sistema patriarkal eta matxistak ezarritako arauetatik kanpo bizi denez, etengabekoak dira jazarpena eta bazterketa. Alde horretatik, transexualen egoera da okerrena, haiek direlako ikusgarrienak, eta maiz ez zaielako geratzen prostituzioa beste lanik. Ez dugu ahaztu behar 2009tik 355 gorroto delitu egin dituztela, gay, lesbiana eta transexualen aurka: kasu horietatik %90etan zigorgabetasuna izan da nagusi; eta beste %10etik gehienak errugabetu egin dituzte. Gizarte zibilak aurkeztutako datuak, gainera, ez datoz bat estatuak aurkezten dituenekin, eta horrek frogatzen du akatsak daudela ikerketaren alorrean.

Lege babesik baduzue?
Horiek ere erabat baztertzaileak dira. Adibidez, sexu bereko pertsonen arteko ezkontza erabat debekatua dago, eta ezin dute haurrik adoptatu. Horrez gain, badago Polizia eta Elkarbizitza Legea deritzona ere, zeinak eskumena ematen dien segurtasun indarrei «moralaren eta ohitura onen aurka» egiten duen edonor atxilotzeko. Hala, poliziek euren aurreiritziei kasu egiten diete transexualak legez kanpo atxilotu, torturatu eta bortxatzeko. Bestetik, genero identitateko legerik ez dagoenez, nahikoa da zure nortasun agiriko argazkia eta zure itxura bat ez etortzea polizia etxera eraman zaitzaten.

Testuinguru horretan, batere aldaketarik izan da azken urteetan?
Ez. Gobernua krimen hauen guztien konplize bilakatu da. Giza eskubideen alorrean egindako azken azterketan, Hondurasi hainbat aholku eman zizkioten, batez ere LGTB komunitatearen inguruan, eta horietatik soilik hiru landu dituzte orain arte, eta ez ditu gobernuak aztertu, gizarte zibileko erakundeek baizik. Egia da gobernuak diru laguntzak ematen dizkiela LGTB komunitatearekin lan egiten duten erakundeei, baina horrek ezer gutxi balio du, komunitateko kide guztiak ez baitira erakundeotako kideak edo ez baitute horietara jotzen.

Uneotan, erakundeak lanean ari gara berdintasun lege baterako proiektu batean. Transexualentzako genero identitateko lege batean ere ari gara lanean. Azkenean, halako egitasmoak gizarte zibiletik irteten dira, gobernuak ez duelako borondaterik erakusten bere kabuz ezer egiteko. Egia da Zigor Kodean badela artikulu bat dioena ezin dela inor baztertu bere genero edo ideologiarengatik, baina ez da betetzen. Aurkeztu dira salaketak banakoen, komunikabideen, elizen eta baita presidentearen beraren aurka ere, baina ez dituzte aintzat hartu

Zein da testuinguru honetan zuen eskari nagusia?
Asko ditugu, baina oraintxe kanpaina betean daude LGTB komunitateko kideen aurkako ‘birmoldatze teknikak eta bideratze praktikak’ deitzen diren horiek, eta eskatzen dugu zigor ditzatela komunitate horren aurkako gorrotoa bultzatzen duten eta homosexualitatea gaixotasun gisa aurkezten duten erakunde erlijiosoak. Jada bildu ditugu 100.000 sinadura. Gu ez gara letra hutsak; pertsonak gara, eskubideak dituzten norbanakoak, eta prest gaude gure eta gure ondorengoen etorkizunaren alde borroka egiteko. Ez dugu belaunaldi galdua izan nahi; errealitatea aldatuko duen belaunaldia izan nahi dugu.

Lan handia egiten ari zarete, baina ez da erraza izango halako egoera batean lan egitea.
Hondurasen giza eskubideen alde ari garenok egunero jasan behar ditugu mehatxuak, xantaiak eta jazarpena. Inoiz ez dut ahaztuko iazko urriaren 10a. Orduan jaso nituen lehen mehatxuak, eta lau egun geroago nire lehengusua hil zuten, nire etxetik 150 metrora. Baina orain hemen gaude, Euskal Herrian, eta lan politikoa egiteko aukera dugu, hemengo erakunde eta instituzioekin elkarlanean aritzeko.

#hemeroteca #trans #transfobia | El periplo de William: de activista LGTBI en Honduras a solicitante de asilo en España

Imagen: Cuarto Poder / William Alejandro

El periplo de William: de activista LGTBI en Honduras a solicitante de asilo en España.
William Alejandro, de 35 años, transexual hondureño, tuvo que abandonar su país. Tomar un avión rumbo a España fue la única salida que encontró para proteger su vida. “Desde que llegué a España yo soy William. En Honduras, por todo el estigma y dificultades, sólo mis amigos de la comunidad LGTBI me llamaban así”.
Fabiola Barranco | Cuarto Poder, 2019-08-17
https://www.cuartopoder.es/derechos-sociales/2019/08/17/el-periplo-de-william-de-activista-lgtbi-en-honduras-a-solicitante-de-asilo-en-espana/

En cuestión de horas, William Alejandro, un joven de 35 años, transexual hondureño, tuvo que abandonar su país. Tomar un avión rumbo a España fue la única salida que encontró para proteger su vida. Tras cruzar el océano solicitó protección internacional, pero confiesa que tardó varios días “en reaccionar” y ser consciente de semejante giro en su existencia.

“A los tres o cuatro días de llegar me pasé varias horas sentado en un parque sin parar de llorar y pensé, ¿y si me hubieran matado ese día? Hubiera sido otro más, otro muerto más. Fue entonces cuando dije: no voy a regresar a Honduras, porque puedo hacer más vivo que muerto. Puedo seguir trabajando para que quienes están detrás no pasen lo que yo pasé”, reflexiona aun mascando el dolor, pero con la templanza de quien sabe que recorre el camino elegido.

Trabajaba como coordinador del Área de Seguridad de la Asociación Arcoíris Honduras, una entidad referente en la promoción de los derechos humanos e incidencia política de las personas discriminadas por su identidad sexual. La trayectoria laboral de William era mucho más que eso; era una forma de vida. Un empeño para combatir la “impunidad de los crímenes cometidos hacia la población LGTBI”, una problemática también denunciada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en Honduras, y que el pasado mes de Julio condenó la muerte violenta de más de 20 defensores y defensoras de los derechos del colectivo LGTBI, cometidas en lo que va de año. Esta cifra aumenta la enorme de lista de asesinatos a miembros de esta comunidad, que en la última década ya registra 325, según reportó el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos del país centroamericano.

De ahí que el trabajo de William consistiera, entre otras cosas, en interponer denuncias ante los abusos cometidos contra las personas LGTBI, darles seguimiento y crear bases de datos con toda la información recopilada. Pero lamenta que, “al estar directamente señalando a los mayores agresores de la comunidad LGTBI, como es la policía militar, ahí empezaron los problemas”.

En mayo, al salir de la sede de la asociación, fue sorprendido por tres policías militares encapuchados que le pidieron su documentación. Pero al aportarla, los uniformados abusaron de él, le robaron el teléfono y le amenazaron a punta de pistola. William cree que ese día esquivó la muerte porque el conductor de un vehículo se paró al escuchar sus gritos. “Me decían que me callara. ‘Te vamos a encontrar y te vamos a matar. Ésta te la vamos a meter para que te hagas mujer, marimacha’, me decían. Y se fueron, pero a mí me temblaba todo”, recuerda estremecido.

Apoyado por otros compañeros y compañeras de Arcoíris, el joven interpuso una denuncia ante el Ministerio Público. Sin embargo, días más tarde -y a pesar de las medidas de seguridad que había tomado, como por ejemplo, cambiar de domicilio y rutina-, volvió a toparse con los mismos policías. “Esta vez me golpearon fuerte y me dijeron que sabían que había denunciado, sabían dónde estaba mi novia, sabían todos mis pasos”, recuerda. Se marcharon, pero antes le dejaron un mensaje claro: “de hoy no pasas”. Una amenaza que, dice, activó su huida del país.

Casi con lo puesto aterrizó en Madrid. Llegó a principios de verano, en un momento en el que el bloqueo administrativo para refugiados y solicitantes de asilo estaba causando estragos, dejando a familias y personas en situación de calle al ser rechazadas o excluidas del sistema de acogida.

En un primer momento pudo sortear ese abandono institucional gracias al apoyo de un compatriota que huyó años anteriores, por el mismo motivo que él: su vida como activista trans corría peligro. Pero la precariedad del compañero en Madrid tampoco le permitió prolongar su estancia hasta que William consiguiera ingresar en el sistema de acogida oficial. Estuvo a punto de verse en la calle, sin un techo en el que refugiarse. Además, debido a su condición de hombre trans, tenía la dificultad añadida de no poder a acceder a recursos habilitados, pero insuficientes, para hombres solos solicitantes de protección internacional mientras esperan a ser citados en la Unidad de Trabajadores Sociales de la Oficina de Asilo, encargada de la derivación a los recursos del Sistema de Acogida.

Fue así como conectó con la Red Solidaria de Acogida y la Coordinadora de Barrios, que le conectaron con una vecina de Madrid que abrió su hogar para darle acogida hasta que encontrara una solución a su situación. En ese intervalo de tiempo, mientras empezaba a digerir la lejanía del exilio, supo que Bessy Ferrera, una compañera de Arcoíris y reconocida activista trans en Honduras, fue asesinada a disparos por dos hombres que aun no han sido identificados.

“El dolor es doble. Por un lado, son mis amigos y amigas, con quienes he compartido momentos horribles pero también muy bonitos. Y luego está la otra parte, y es que no puedo evitar pensar que podrían haberme matado a mí”, confiesa emocionado.

Ahora se siente a salvo y no quiere renunciar a ello, pero también recuerda a quienes, como él han sufrido discriminación y amenazas por su condición de género o identidad sexual, pero no pueden salir de Honduras. “Tengo una compañera a la que han agredido hasta en siete ocasiones, pero le han negado la posibilidad de salir del país. Nos obligan a migrar de una forma irregular y, a veces, ni siquiera llegan a su destino porque por el camino desaparecen”, lamenta.

William reconoce que poco a poco empieza a recolocar “35 años de sufrimiento” y a disfrutar de pequeños detalles que le “hacen sentirse pleno”. Como el día que se sacó la tarjeta de transporte en la que aparece su nombre sentido y no el nombre oficial, asociado a un género con el que no se identifica. “Ese día casi lloro de emoción”, celebra entre risas. “Desde que llegué a España yo soy William. En Honduras, por todo el estigma y dificultades, sólo mis amigos de la comunidad LGTBI me llamaban así”, revela, seguido de un suspiro que pesa. Su vida ha cambiado vertiginosamente, pero en esa metamorfosis tiene claro que algo seguirá intacto: “Quiero seguir luchando y defender los derechos humanos, no sé hacer otra cosa”.

#hemeroteca #lgtbifobia #crimenesdeodio | Unas 1.300 personas LGTBI fueron asesinadas en Latinoamérica desde 2014

Imagen: Google Imágenes

Unas 1.300 personas LGTBI fueron asesinadas en Latinoamérica desde 2014.
Los homicidios se han dado en un "escenario de retroceso" ante "una oleada conservadora que persigue un modelo de sociedad desigual, excluyente y reaccionario" en la región, señala el informe de la Red Regional de Información sobre Violencias LGBTI en América Latina y el Caribe.
EFE | Público, 2019-08-08
https://www.publico.es/internacional/lgtbi-1300-personas-lgtbi-asesinadas-latinoamerica-2014.html

Unas 1.300 personas de la comunidad LGTBI fueron asesinadas en Latinoamérica entre enero de 2014 y junio de 2019, la mayoría en Colombia, México y Honduras, según un informe regional dado a conocer este jueves en El Salvador.

El documento, denominado "El prejuicio no conoce fronteras", da cuenta de 1.292 homicidios de miembros del colectivo de Lesbianas, Gais, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) en nueve países de Latinoamérica y el Caribe en el referido lapso.

Los asesinatos se han dado en un "escenario de retroceso" ante "una oleada conservadora que persigue un modelo de sociedad desigual, excluyente y reaccionario" en la región, señala el informe de la Red Regional de Información sobre Violencias LGBTI en América Latina y el Caribe.

La mayoría de las muertes violentas de estas personas se concentran en Colombia, México y Honduras con 1.108 casos, que representan el 85,7 % del total.

Las víctimas en su mayoría son hombres gais y mujeres trans con edades entre los 18 y 25 años, pero en países como República Dominicana se registran homicidios de jóvenes de hasta 13 años de edad.

En Colombia, Perú, República Dominicana y Paraguay las víctimas son asesinadas principalmente con "objeto cortante o punzante", mientras que en México, Honduras, Guatemala y El Salvador con armas de fuego.

"A pesar de estos datos tan alarmantes, los Estados de la región continúan sin definir líneas claras y efectivas para prevenir, investigar y sancionar adecuadamente la violencia contra las personas LGBTI", se advierte en el documento, elaborado con datos de diversas organizaciones sociales.

Añade que estas muertes "impactan de manera desproporcionada a un grupo tradicionalmente excluido" y muchas de ellas están motivadas en prejuicios sociales. "El mensaje detrás de estas violencias es claro: las personas LGBTI deben ocultar su sexualidad e identidad a cambio de mantenerse con vida", sostiene el estudio.

El informe no refleja los datos recabados en Brasil, donde las "proyecciones preliminares" cifran en 1.650 los asesinatos, con lo que el número de homicidios podría superar los 2.900.

La situación de las muertes violentas de personas LGTBI de dicho país se dará a conocer en un informe posterior en fecha no revelada.

Según el documento presentado en San Salvador, Brasil "quizá es uno de los países que reporta mayores retrocesos en la región" en materia de derechos humanos de este sector de la población.

El pasado 28 de junio, durante la conmemoración del 50 aniversario de la Revuelta de Stonewall, el gobierno brasileño eliminó el Consejo Nacional LGBTI.

Una situación similar se registró en El Salvador con la llegada de Nayib Bukele al Ejecutivo el 1 de junio pasado, al eliminar la Secretaría de Inclusión Social, con lo que "no hay aplicación" de las políticas a favor de la comunidad de la diversidad sexual dejadas por la Administración anterior.

 

DOCUMENTOS
El prejuicio no conoce fronteras : lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en países de América Latina y el Caribe : homicidios de 2014 - 2019
https://sinviolencia.lgbt/2019/08/05/el_prejuicio_no_conoce_fronteras/

#hemeroteca #lgtbifobia | Asesinado un presentador de televisión hondureño integrante de la comunidad LGTBI

Imagen. El País / Santi Carvajal

Asesinado un presentador de televisión hondureño integrante de la comunidad LGTBI.
Santiago Carvajal fue atacado a tiros en el norte del país centroamericano, donde entre 2001 y 2019 han sido asesinadas 77 personas vinculadas a los medios.
Agencias | El País, 2019-07-07
https://elpais.com/internacional/2019/07/07/america/1562457048_849988.html

El presentador de televisión hondureño Santiago Carvajal, integrante de la comunidad LGTBI, murió este sábado luego de ser atacado a balazos el viernes en la ciudad de Puerto Cortés, localizada en el norte de Honduras, informaron sus familiares. Carvajal falleció en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante del país centroamericano. Según versiones de medios locales de prensa, Carvajal dirigía la revista de corte crítico 'La Galaxia de Santi', en un canal de televisión de su localidad.

El comunicador se dirigía hacia un canal de la televisión local en Puerto Cortés, al que había sido invitado, cuando fue atacado la noche del viernes por desconocidos, dijo uno de sus parientes, citado por la agencia EFE. Medios locales narraron que Carvajal fue perseguido por sujetos sin identificar, quienes le dispararon. El presentador fue asistido por testigos que presenciaron el ataque, cuyas causas se desconocen, aunque la Policía local ha iniciado una investigación para esclarecerlo.

En mayo pasado el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) indicó que entre 2001 y 2019 en el país se habían registrado 77 personas vinculadas a los medios de comunicación, entre periodistas, locutores, fotógrafos, camarógrafos y propietarios de medios que perdieron la vida de manera violenta.

El 92 por ciento de esas muertes seguían en la impunidad, señaló el CONADEH, que además expresó que es preocupante la impunidad que impera en el país por la falta de investigación, entre otros factores. Según el mismo organismo, la muerte violenta de personas ligadas a los medios de comunicación se constituye en "la forma de censura más extrema".

El 17 de marzo de este año otro comunicador social hondureño, Leonardo Gabriel Hernández, de 54 años, fue asesinado de seis disparos con arma de fuego en el Barrio La Ceiba de la sureña ciudad de Nacaóme, departamento de Valle.

Hernández trabajaba en el local Canal Valle TV, de Nacaóme, en el que dirigía el programa "El pueblo habla", y se dirigía a su casa cuando fue asesinado por al menos dos desconocidos que se conducían en motocicleta, informaron entonces familiares suyos y autoridades policiales. El comunicador había venido recibiendo amenazas, lo que en su momento denunció, según informaron periodistas de Nacaóme, aunque hasta ahora no han sido esclarecidas las causas de su muerte de manera violenta.

Honduras ocupa el puesto 141 en la clasificación mundial de libertad de prensa de Reporteros Sin Frontera (RSF), que establece que el nivel de impunidad en Honduras es uno de los más elevados del continente. “Los periodistas que trabajan para los medios de comunicación de oposición o comunitarios a menudo son agredidos o amenazados de muerte, y en muchos casos se ven obligados a exiliarse”, advierten desde RSF. “Por otra parte, suelen emprenderse procesos judiciales abusivos contra periodistas por difamación, delito que suele ser castigado con penas de prisión y que puede llegar a ser sancionado con la prohibición de ejercer el periodismo”.

El país centroamericano está inmerso en una profunda crisis política, con masivas protestas que exigen la salida del presidente Juan Orlando Hernández, quien fue reelecto en 2017 tras unos controvertidos comicios, consideradas fraudulentas por la oposición. El viernes la organización Amnistía Internacional publicó un informe en el que acusa al Gobierno hondureño de hacer “uso excesivo de la fuerza” para sofocar las protestas. Según AI la represión contra quienes exigen la renuncia de Hernández ha dejado seis muertos y más de 80 heridos.

#hemeroteca #defensadelatierra #violencia | Condenan a exoficiales del ejército de Honduras y al ejecutivo de una empresa por el asesinato de Berta Cáceres

Imagen: El Diario / Berta Cáceres

Condenan a exoficiales del ejército de Honduras y al ejecutivo de una empresa por el asesinato de Berta Cáceres.
Siete de los ocho acusados han sido condenados por el asesinato de la defensora medioambiental, que ocurrió en marzo de 2016. La empresa DESA, cuyo ejecutivo Sergio Ramón Rodríguez está entre los condenados, encabezaba un proyecto hidroeléctrico en el oeste del país al que Cáceres se oponía. La familia denuncia que el veredicto "no satisface" sus "exigencias de justicia": "Las estructuras y las personas que dieron el dinero para que estos criminales asesinaran a Berta Cáceres están en libertad".
EFE | Desalambre, El Diario, 2018-11-30
https://www.eldiario.es/desalambre/Condenan-asesinato-ambientalista-Berta-Caceres_0_841315871.html

La justicia de Honduras ha declarado culpables de asesinato y tentativa de asesinato a siete de los ocho acusados por el crimen el 2 de marzo de 2016 de la ambientalista hondureña Berta Cáceres. La familia de la víctima denuncia que estos son solo los "autores materiales" del delito, y exige que la investigación continúe para juzgar a quienes "ordenaron" el crimen que acabó con la vida de la activista.

La pena que deberán pagar en prisión Mariano Díaz y Douglas Bustillo, exoficiales del Ejército de Honduras; Sergio Ramón Rodríguez, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte se conocerá el 10 de enero de 2019.

A uno de los acusados, Emerson Duarte, en cuya casa en la caribeña ciudad de La Ceiba fue hallada la pistola con la que fue asesinada Cáceres, se le absolvió de toda responsabilidad penal.

Tres de los siete acusados, Mariano Díaz, Douglas Bustillo y Sergio Ramón Rodríguez, este último ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), fueron condenados por el delito de asesinato.

La empresa DESA era la responsable de un proyecto hidroeléctrico en el oeste del país al que Berta Cáceres se oponía.

Los otros cuatro acusados, Elvin Rápalo, Henry Fernández, Eilson Duarte y Oscar Torres, fueron condenados por los delitos de asesinato, y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de un testigo protegido extranjero.

El fallo fue leído en presencia de los ocho acusados, quienes llegaron antes de las 16.00 hora local (22.00 GMT) a la sala del tribunal fuertemente custodiados.

"Tienen que castigar a los que pagaron para asesinarla"
La familia de Berta Cáceres y sus compañeros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares (COPINH, organización en la que batallaba la activista) denuncian que el veredicto "no satisface" sus "exigencias de justicia". "Las estructuras y las personas que dieron el dinero para que estos criminales asesinaran a Berta Cáceres están en libertad", han afirmado a través de un comunicado.

A la audiencia asistieron familiares de Cáceres encabezados por su madre, Austra Bertha Flores, abogados de la familia y miembros de COPINH, del que la ambientalista asesinada era su coordinadora general.

"No puedo decir que siento satisfacción, porque justicia a medias no es justicia, tienen que castigar a los verdaderos autores: a los que pagaron para que la asesinaran", dijo Berta Flores, madre de la líder indígena, a los periodistas tras conocer la sentencia.

Flores, de 85 años y quien también ha sido una defensora de los derechos de los indígenas y la preservación del medioambiente en Honduras, señaló que pese a que "estos bandidos van a la cárcel, a podrirse en la cárcel, a mi hija no la vuelvo a tener, no la vuelvo a besar, ni contemplar".

#hemeroteca #lgtbifobia | Donny Reyes, activista LGTBI en Honduras: "En elecciones, se llega a decir que votar por homosexuales es aberrante"

Imagen: El Diario / Donny Reyes

Donny Reyes, activista LGTBI en Honduras: "En elecciones, se llega a decir que votar por homosexuales es aberrante".
El activista LGTBI hondureño y director de la Asociación Arcoíris explica cómo la represión tras las elecciones de noviembre afectó al colectivo. La esperanza de vida de las personas LGTBI en Centroamérica es bajísima, por eso, la lucha se centra en sobrevivir: "Queremos llegar vivos a los 34 años". "Los medios de comunicación, el Estado y la Iglesia" son los tres factores que reproducen la discriminación homófoba en Honduras, enumera Reyes.
Cristina Armunia Berges | El Diario, 2018-10-01
https://www.eldiario.es/internacional/Donny-Reyes-LGTBI-Honduras_0_820318375.html

Sobrevivir, tener un espacio para poder hablar de manera libre, tener acceso a la Sanidad o encontrar un trabajo. Estos son los objetivos principales de los defensores de los derechos LGTBI en Honduras, comenta Donny Reyes, activista y director de la Asociación Arcoíris. En Centroamérica la esperanza de vida del colectivo es bajísima, muchos no superan la treintena, y ser activista es una de las labores más peligrosas.

Tras la ola represiva que se produjo después de las elecciones del pasado mes de noviembre, el clima sigue tenso. "Tras las elecciones, se suspendieron las garantías ciudadanas y todo quedó bajo el control de la policía. Muchas de las activistas desaparecieron y no sabemos si se fueron del país huyendo de la violencia. Las poblaciones más vulnerables pagamos la factura más alta", asegura Reyes, que visita España estos días para dar a conocer la situación de las personas LGTBI en el país centroamericano.

P. ¿Cómo es ser defensor de los derechos LGTBI en Honduras?
R. Ya ser una persona LGTBI en un lugar tan violento como Honduras es una afrenta al sistema patriarcal cultural religioso que se vive en el país, y cuando se asume el trabajo de la defensa de los derechos humanos como hombre abiertamente gay o una persona LGTBI es una doble afrenta a este sistema estructurado por la violencia y por los sistemas de represión.

Es una condición bastante dura y complicada porque además se cree que lo que estamos haciendo los hombres y las mujeres que somos homosexuales es una renuncia al statu quo que la sociedad nos dio. Se cree que estamos renunciando a esa figura de hombre y de poder para querer ser mujer. En contextos misóginos y patriarcales, en el contexto latinoamericano, es perder ese estatus de poder, lo cual genera un rechazo y una violencia.

P. ¿Qué vive la comunidad LGTBI en el país?
R. Consideramos que hay tres elementos fundamentales para la violación de los derechos de las personas LGTBI en Honduras. Por un lado, están los medios de comunicación que contribuyen a la difusión de mensajes de odio y de rechazo. Por otro, el sector fundamentalista religioso que perpetúa los mensajes de violencia y, finalmente el Estado, que permite que todo esto suceda.

Entonces, mientras estos tres elementos no cambien y se mantengan en la cultura hondureña permeados por el fundamentalismo religioso y por un Estado conservador e indiferente, nuestras condiciones de vida van a ser desiguales. Nosotros no luchamos por nada más que sea la vida, nuestra principal lucha es tener una vida y que no se nos agreda o se nos mate. Ni siquiera estamos luchando más allá de otros derechos porque lo que necesitamos son garantías de que vamos a lograr llegar a los 34 años, que es la máxima esperanza de vida de una persona LGTBI en Honduras y en otros países de Centroamérica.

Es muy duro enfrentarse a sistemas opresores como el actual régimen hondureño que está gobernado por el militarismo. Un Gobierno que no es reconocido por el pueblo ni por la sociedad y cualquier voz disidente o de denuncia de derechos humanos es blanco para ser atacado.

P. Para los activistas, existe una cadena de violencias. ¿Cómo se manifiesta en Honduras?
R. Ya solo ser una persona LGTBI es complicado y si ya hablamos de un activista... hablamos de la violación sistemática del Estado, de la negación de servicios básicos de salud y empleo. Hablamos también de la estigmatización. Existen campañas que vienen a decir algo así como que defender a personas LGTBI es como defender mareros, defender delincuentes... es una campaña constante en contra a través de los medios de comunicación y a través del Estado mismo.

Dicen por ejemplo que no vamos a la iglesia y lo que hacen es crispar a la gente, y esto pone a las defensoras y defensores en una condición de mayor vulnerabilidad. Nos hace estar expuestos y que haya mayor división en las familias.

Defender los derechos humanos también es pelearte con tu hermano o pelearte con tu madre y exponer la seguridad de tu familia. Es un manojo de contradicciones.

P. Ahora mismo, ¿en qué puntos se centra vuestro trabajo en el país?
R. En lo que estamos trabajando ahora es en la emancipación, en la búsqueda de mecanismos de autoapoyo y supervivencia. Arcoíris es un centro de acogida en donde hacemos de todo: acompañamiento psicosocial, legal, recibimos compañeros que han sufrido agresiones, les acompañamos a los sistemas de sanidad... El trabajo es atender directamente a la comunidad LGTBI víctima de la exclusión y de la violencia.

A la vez, estamos impulsando acciones de justicia, reclamación del derecho a la dignidad, impulsando iniciativas de ley para la no discriminación. Son cosas que parecen muy elementales, pero nos toca incluso ir hasta el lugar donde las asesinan, hacer reconocimientos, reclamar cuerpos, buscar lugares dignos para que sean enterradas y que sus cuerpos no terminen en fosas comunes.

P. A nivel legislativo, ¿en qué situación se encuentra el colectivo?
R. Desprotegido. No existe una ley que criminalice la homosexualidad como tal, pero no existe una ley que regule el tema de la discriminación. Si algún compañero o compañera se atreve a participar en contiendas electorales, existe un ataque crudo y voraz en los que se llega a decir que votar por homosexuales es aberrante. Y esto pasa en los medios de comunicación. Los compañeros que decidieron participar en política lo han pasado muy mal, algunos se exiliaron y otros fueron brutalmente asesinados.

Uno de los compañeros que se postuló electoralmente fue el periodista Erick Alexander Martínez que era periodista y fue asesinado de una forma cruel. Lo estrangularon, lo violaron, lo amarraron, lo tiraron a un risco en medio de la nada. Cosas atroces.

P. ¿Cómo nació Arcoíris y cuánta gente encuentra apoyo en esta asociación?
R. Nació en el 2003. Necesitábamos un espacio libre de discriminación, un sitio seguro en el que poder expresarnos, donde poder hablar con nuestro novio o novia. Necesitábamos un lugar cómodo porque salir a la calle es imposible por el nivel de agresiones. Actualmente tenemos alrededor de 600 personas en la organización y es un lugar mixto. Y funcionamos más que como una asociación, como un hogar abierto.

Los años electorales son muy complicados. En el año 2017, en el marco electoral, se produjeron 34 asesinatos contra personas LGTBI. En los últimos cinco años, se han producido más de 240.

P. Todo cambió después de las últimas elecciones, ¿cómo está ahora la calle?
R. El país vive una crisis política y postelectoral que no se supera. Hay una división social y un rechazo social hacia el gobernante hondureño donde las condiciones de vida han empeorado. El país está muy militarizado, todo está bajo el control de los militares. Se podría decir que no existe la libertad de expresión. Honduras reporta el mayor número de agresiones y asesinatos a defensoras y periodistas.

P. Los familiares de las más de 30 personas muertas después de las elecciones temen que lo que sucedió en noviembre no se haga justicia. ¿Con qué se están encontrando cuando se dirigen al Gobierno para protestar?
R. Los plantones y las movilizaciones para reclamar justicia se producen a diario. Estamos a la espera de que se reanude el juicio de la compañera Berta Cáceres. Sin embargo, ahora mismo hay más de 200 estudiantes que reclamaron justicia que están criminalizados, que fueron expulsados de la universidad cinco años por protestar. El movimiento ambiental, el campesino, todo está perseguido. El país está en una situación de convulsión por el modelo capitalista.

P. ¿La represión de noviembre cómo afectó al movimiento LGTBI?
R. Con muerte. Así afectó. Hubo compañeras que por sus propias condiciones de salud y enfrentarse a veinte bombas lacrimógenas tuvieron que ser hospitalizadas y murieron a causa de infecciones crónicas.

Tras las elecciones, se suspendieron las garantías ciudadanas y todo quedó bajo control de la policía. Muchas desaparecieron y no sabemos si se fueron del país huyendo de la violencia o qué pasó. Siempre, las poblaciones más vulnerables pagamos la factura más alta en este tipo de acciones.

#hemeroteca #homofobia #poblacionrefugiada | La historia de Unai y Esteban, dos refugiados homosexuales forzados a huir de las pandillas en Honduras

Imagen: El Diario / Unai y Esteban

La historia de Unai y Esteban, dos refugiados homosexuales forzados a huir de las pandillas en Honduras.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) recoge los testimonios de una pareja que tuvo que huir por las amenazas por su orientación sexual y ahora vive en España a la espera de que su caso se resuelva. Según denuncia la ONG, en los últimos años solo se han concedido 25 solicitudes a personas centroamericanas de las casi 3.400 presentadas. "Era un infierno, vivía con mucho miedo, vigilando que no te vean, pensando qué ruta voy a tomar, si me van a matar, si me van a violar. Eso no es vivir", cuenta Unai.
Desalambre, El Diario, 2018-07-06
https://www.eldiario.es/desalambre/Refugiados-homosexuales-honduras_0_789521777.html

Unai siempre ha sufrido el acoso de las pandillas en Honduras. Primero, cuando era un niño y las maras extorsionaban a su madre para que pagara dos veces por semana el llamado "impuesto de guerra" por su pequeña tienda de alimentación. Después, cuando creció y comenzaron a amenazarle por su orientación sexual.

Para estos grupos que controlan buena parte del territorio, en su idea de lo que "tiene que ser un hombre", relata el joven, no caben los homosexuales. Tampoco su pasión: la danza. El acoso constante obligó a Unai a abandonar sus estudios de baile e interpretación. Cada vez que salía de casa, recuerda, planeaba minuciosamente la ruta por miedo a ser asesinado o agredido.

"Era un infierno, vivía con mucho miedo, vigilando que no te vean, porque siempre te están observando… Pensando dónde voy a guardar el dinero o qué ruta voy a tomar, pensando si me van a matar, si me van a violar, si algún día se van a cansar de hostigar y van a pasar a la acción. Tuvimos que huir. Eso no es vivir", recuerda en un testimonio recogido por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

En el caso de su pareja, Esteban, las amenazas fueron a más. "No queremos volver a verte por aquí", asegura que le decían cuando, antes de tener que dejar de hacerlo, visitaba a Unai en su barrio. El acoso también venía a través de llamadas telefónicas. "Cambié de número varias veces, pero de una u otra forma, siempre lo tenían", comenta.

Un día, salía del ensayo cuando unos pandilleros entraron en el autobús en el que viajaba y, según su testimonio, le obligaron a bajarse a punta de pistola. Se lo llevaron a un lugar conocido 'el campo'. "Allí matan, violan y hacen de todo", sostiene Esteban. A él le dieron una paliza, lo suficiente para darse cuenta de que su vida corría peligro, de que tenía que marcharse de allí.

Hoy ambos viven en España a la espera de que se resuelva su petición de asilo. Mientras, han podido retomar sus estudios de interpretación. Según CEAR, que ha denunciado en varias ocasiones los retrasos y el "colapso" del sistema de asilo español, en los últimos cuatro años solo se han concedido 25 solicitudes de asilo a personas procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador, de las cerca de 3.400 peticiones presentadas.

Unai sabe que es difícil que, con estos datos, su caso se resuelva favorablemente, pero tiene una certeza: "No volvería a mi país, porque allá no se vive".

"El odio de las pandillas a los homosexuales es una forma de humillar y de sentirse superior a los que tenemos esta orientación sexual", explica Esteban. En un contexto marcado por la pobreza, en países como El Salvador, Honduras o Guatemala, la violencia de las maras afecta particularmente a las personas LGTB, para las que las amenazas son una realidad cotidiana.

"Es necesario recordar que todavía hay personas en todo el mundo que no solo no pueden festejar con normalidad el orgullo LGTB, sino que se ven obligadas a ocultar su condición o a huir de sus países debido al temor a ser asesinadas por ser, sentir o amar de una forma determinada", defiende Estrella Galán, secretaria general de la ONG.

Esteban cuenta que de pequeño solía soñar con volar. Sus padres le respondían: "Pero hijo, eso es imposible, las personas no volamos". Hoy, dice, lo logra a diario gracias a la danza. La misma por la que tuvo que sufrir el acoso y abandonar su país. Pero no lograron cortarle las alas.

#hemeroteca #defensadelatierra | Honduras: La muerte de Berta Cáceres amplificó su lucha

Imagen: El País / Berta Cáceres

La muerte de Berta Cáceres amplificó su lucha.
El crimen no detuvo sino que extendió el mensaje de la ambientalista hondureña. En el segundo aniversario de su desaparición, su familia y los defensores de los derechos humanos denuncian la impunidad.
Patricia Peiró | Planeta Futuro, El País, 2018-03-02
https://elpais.com/elpais/2018/03/01/planeta_futuro/1519921324_580097.html

Tres balazos resonaron en la madrugada de ese dos de marzo de 2016. Después, el silencio inundó aquella casa de La Esperanza (Honduras), en la que vivía la que probablemente era la ambientalista más famosa de Centroamérica. Berta Cáceres acababa de ser asesinada a pesar del alto nivel de seguridad que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había obligado a proporcionarle. Era el Estado de Honduras el que debía protegerla. Cáceres se ganó la admiración y el odio que le llevaron a ese final al encabezar un movimiento para frenar la edificación de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque, sagrado para el pueblo de los lencas.

Una investigación elaborada por expertos internacionales y publicada a finales del año pasado concluyó que funcionarios estatales, empleados y extrabajadores de una hidroeléctrica planearon y ejecutaron el homicidio de la ambientalista. Ocho personas están presas como sospechosas de ser autores materiales del crimen, entre ellos empleados de la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), encargada de construir la represa que ella contribuyó a frenar.

Los parlamentarios opositores hondureños protestaron este miércoles en el Congreso Nacional de ese país con ramos de flores blancas y velas encendidas en su escritorio. Entre ellos se encontraba Olivia Zúniga Cáceres, hija de la ambientalista y miembro del Partido Libertad y Refundación, que no dudó en señalar a los que ellos considera los responsables del asesinato de su madre: "DESA asesinó a Berta Cáceres y esa concesión aún no se ha anulado". La política anunció la presentación de una moción para cancelar definitivamente la construcción de esa infraestructura y continuar así con la labor de su progenitora.

Cáceres era coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y contaba con una larguísima trayectoria de defensa de los pueblos indígenas a sus espaldas. Llegó a ganar el Goldman Enviromental Prize, ‘el Nobel verde’. Tenía cuatro hijos. Todo el mundo sabía que estaba amenazada de muerte por su actividad y cuando se produjo su asesinato decenas de países y personalidades públicas (desde el Vaticano hasta actores como Leonardo DiCaprio) condenaron en crimen y exigieron su resolución. En el momento de su homicidio, la acompañaba en la casa el ecologista mexicano Gustavo Castro, que se ha convertido en el único testigo del crimen.

Amnistía Internacional ha convocado para hoy un acto para recordar a la ambientalista y denunciar la impunidad del crimen. “Que no se haya resuelto el caso y que sus responsables no hayan rendido cuentas ante la justicia transmite el escalofriante mensaje de que se puede matar impunemente a quienes defienden los derechos humanos si estos se atreven a cuestionar a los poderosos en Honduras”, asegura Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, en un comunicado enviado por la organización.

Aunque los asesinos querían apagar la voz de Berta, lo cierto es que no lo lograron, sino que consiguieron que su lucha todavía se conociera más debido a la repercusión internacional del crimen. Hace unas semanas, su compañero en la defensa de los derechos humanos y uno de sus mejores amigos, el padre Melo, aseguraba en una entrevista con Planeta Futuro: "Tras la muerte de Berta, fuimos conscientes de que la muerte formaba parte de nuestra realidad. Si la han matado a ella, en cualquier momento me pueden matar a mí". El sacerdote jesuita recalcaba que su muerte supuso un impulso para todos aquello que la querían y que ahora deben seguir con su lucha.

El año pasado, la ONG Global Witness declaró que Honduras era el país más peligroso del mundo para quienes defienden los derechos medioambientales, y documentó el homicidio en ese país de más de 120 defensores y defensoras desde 2010, apunta Amnistía Internacional en su comunicado. El de Berta Cáceres es uno de ellos y todavía no hay nadie condenado. Esto no sorprende en un país en el que el 90% de los asesinatos no se resuelven, pero sí indigna, y muchos no están dispuestos a que este crimen quede en el olvido.

Y TAMBIÉN…
Por qué defender un río cuesta la vida.
Se cumplen dos años de la muerte de Berta Cáceres, asesinada por oponerse a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Su caso puso en evidencia la connivencia entre actores corporativos, financieros, estatales y paraestatales; así como la estrategia dirigida a eliminar cualquier oposición y resistencia, sin importar los medios utilizados para ello.
Miriam García-Torres | El Salto, 2018-03-01
https://www.elsaltodiario.com/saltamontes/por-que-defender-un-rio-cuesta-la-vida

#hemeroteca #transfobia #testimonios | Nahomy: “Jamás iba a renunciar a mi identidad”

Imagen: ctxt / Nahomy

“Jamás iba a renunciar a mi identidad”.
Nahomy, una activista LGTBI trans hondureña, huyó a España para conservar la vida pero sigue sufriendo graves discriminaciones.
Alba García Ruiz | ctxt · Contexto y Acción, 2018-01-10
http://ctxt.es/es/20180110/Politica/16898/Activismo-LGTBI-transgenero-Honduras-discriminacion.htm

Los padres de Nahomy salen de una comisaría de la policía hondureña. Su hija, de 21 años, ha sido agredida y ellos han ido a denunciarlo. 15 puñaladas en la espalda y una más en el cuello han atravesado el cuerpo de la joven. También ha sufrido una agresión sexual. Sin embargo, según los agentes, deben alegrarse de que al menos esté viva. No pueden ayudarles con este asunto. “Desde ese entonces yo empecé a luchar por los derechos de mi comunidad en mi país y a reivindicarlos. Para que cuando llegara una chica trans a poner una denuncia le hicieran caso”, cuenta Nahomy, activista por los derechos LGBTI, diecisiete años después en una cafetería de España, país al que llegó huyendo.

“Como gorrión en una jaula”
A los 15 años Nahomy comenzó su proceso de identificación de género. Después del ataque violento con abuso sexual, su familia le pidió que volviese al closet, que se mostrara como ‘chico gay’ para protegerse de la violencia. Y ella lo hizo. “Estuve como seis meses vistiéndome de chico. Iba a la iglesia con corbata y me sentía muy incómoda. Al final dije no, voy a cambiar.

Viéndome yo enfrente de un espejo, dejar mi imagen, independientemente de las heridas que aún estaban recientes, yo no iba a renunciar a mi identidad. Jamás iba a renunciar a mi identidad. Porque es como quien encierra un gorrión en una jaula”.

Honduras detenta “una de las tasas de homicidios más altas del mundo” y la comunidad LGBT –que incluye a lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero–, junto con periodistas, y activistas campesinos, se encuentra entre los más vulnerables a actos de violencia, según la organización Human Right Watch en el año 2016. Desde 2012 a 2017 se registraron 189 muertes violentas de personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, de las que se judicializaron 38 casos, según recoge el hondureño Centro de Monitoreo de Medios de Comunicación de la Red Lésbica Catrachas en su informe Sobre Muertes Violentas de la comunidad LGTBI.

“En mi país, si la comunidad de un barrio te decía que te salieses, te salías por miedo a que te mataran. Porque igual amanecías muerta en tu misma habitación”, explica la activista. Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en su último informe, en Honduras “las personas LGTB son consideradas ‘anormales’ y por lo tanto sujetas a exclusión social y abusos. Entre los principales agresores y violadores de los derechos humanos de las personas LGTB figuran miembros de la Policía Nacional, Policía Municipal, familiares, guardias de seguridad y otros ciudadanos”.

Solicitar asilo en España
En septiembre de 2016 Nahomy llega a España huyendo de una persecución política por haber denunciado un caso de corrupción de su gobierno desde la organización nacional proderechos LGBTI que presidía como activista. “Me tocó salir de mi país porque llegué a una situación de alto riesgo”, relata. “Dos veces me dispararon desde un coche”, recuerda. Viendo las amenazas y la situación de peligro, su organización con ayuda de la Unión Europea, la asistieron y ayudaron a salir del país. “Me explicaron el proceso de asilo, qué es lo que tenía que hacer, cómo rellenar la solicitud aquí en España porque yo no sabía mi destino”, cuenta.

“Mi vida ha cambiado aquí en España. Porque hay opciones”, explica Nahomy. Sin embargo, el cambio de país no ha sido lo que esperaba. “Después de todo el tiempo de activismo, venía en el avión tan relajada. Voy a trabajar de lo que más quiero. No voy a tener a mi familia pero voy a estar cómodamente porque voy a trabajar en una casa de diseño. Pero, luego, la realidad es otra”.

En España, desde la ley 12/2009 del 30 de octubre, la persecución por identidad y orientación sexual es un motivo para pedir protección internacional y, aunque no existen datos oficiales, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), los solicitantes de asilo y personas refugiadas LGBTI han aumentado en las últimas décadas.

Desde CEAR explican que “aunque España es uno de los países con mayor porcentaje de aceptación, los migrantes LGTBI se enfrentan a situaciones de discriminación”. Según la activista, en España “todavía hay que hacer un trabajo de educación para con la comunidad LGTBI tanto a nivel institucional o gubernamental como de la sociedad civil”.

Por ejemplo, Nahomy tuvo problemas con el funcionariado por usar su nombre legal, el que aparece en el pasaporte, en vez de su nombre social. “Los trabajadores sociales me han dado un trato como varón, no como chica, porque desconocen lo que significa LGTBI”. Además, cuenta que experimentó dificultades de integración en los centros de acogida por la convivencia de diferentes culturas en el mismo edificio y la falta de orientación del personal trabajador para con ellos.

También destaca un tema de seguridad, como es mandar a personas transgénero a ciudades pequeñas o pueblos donde su situación personal es más expuesta y existe un mayor riesgo de sufrir acoso y/o agresiones. “El Ministerio te asigna a cualquier parte de España. Imagínate, si aquí, en la ciudad, hay una discriminación hacia nosotras, ya no digamos en un pueblo. Y están mandando a chicas a pueblos, y están siendo agredidas. Hay muchas chicas que no conocen los lugares de riesgo y se meten. Desde el momento en que decidimos ser trans y salir de nuestras casas es porque buscamos nuestra identidad y que nos traten tal y como somos”.

Nahomy también ha sufrido discriminación a la hora de encontrar piso y empleo. “En la búsqueda de vivienda, por ejemplo, yo llamaba a anuncios de habitaciones compartidas y concertaba citas. Luego iba a verlos y, cuando veían, veían que era trans, me decían, ‘mira, que ya la tengo alquilada’. Otras veces me decían ‘ah, tú eres trans, ya sabemos qué tipo de trabajo haces así que te lo voy a aumentar 100 euros más si la quieres”. En referencia al empleo, Nahomy habla de sus amigas también trans. “Ellas están estudiando para camareras. Cuando tenían que hacer las prácticas, ningún bar les querían dar trabajo, aunque fueran gratuitas. Al final, un señor que tenía un bar en Lavapiés, que es también del ambiente gay, les dio la oportunidad de que hicieran las prácticas”.

La violencia ha seguido presente en su vida. En la primavera de 2016, saliendo del metro, Nahomy sufrió una agresión en la que le rompieron el pómulo por tres sitios. Tuvo que ser ingresada en el hospital, operada y ahora tiene el pómulo reconstruido con placas de titanio y una malla.

Desde organizaciones como Kifkif, ONG enfocada en mejorar las condiciones de personas migrantes LGTBI, resaltan también este tipo de discriminaciones. Samir Bargachi, presidente de Kifkif, lo resume así: “Una vez que llega esa persona transexual de Brasil o ese homosexual de Marruecos, se encuentra con otros problemas prácticos que denotan que somos un país que no tenemos tradición de acogida. El funcionariado no está preparado, no sabe atender a esas personas. No utilizan lenguaje inclusivo. Muchas veces hay una segunda victimización, sobre todo en las personas trans. Las entrevistas iniciales son totalmente insultantes para esas personas y hay también una falta de recursos. En los centros de acogida, muchas veces se mete a un señor de Ucrania con una persona trans. Nosotros, desafortunadamente, tenemos muchas denuncias, incluso de agresiones físicas en esos centros. Es una parte horrible porque justamente son personas que vienen escapando de eso, y es muy extraño volver a revivirlo en España”.

Vanesa Asenjo, trabajadora social del Programa LGTBI de la Comunidad de Madrid, asegura que “uno de los colectivos más discriminados es el colectivo de mujeres trans. Eso produce una dificultad en su inserción laboral. El porcentaje de desempleo en mujeres trans es muy alto. En Madrid es difícil porque nos faltan planes claros y efectivos, pero en otras comunidades autónomas y en sitios pequeños lo es todavía mucho más”. Además, Asenjo opina que existe un problema al mandar a personas trans a pueblos y ciudades pequeñas y, asegura que hay que hacer un trabajo más profundo de formación en algunos casos. Sin embargo, afirma que se está progresando y que las entidades con las que ha trabajado “muestran una sensibilidad total con la realidad LGTBI”.

Ahora Nahomy ha vuelto otra vez al refugio porque ha perdido el piso donde vivía y no encuentra trabajo. A pesar de ello, sigue luchando por sus derechos y piensa organizarse con otras mujeres trans para formar un proyecto de vivienda y empleo. “He vuelto al activismo aquí en Madrid. Las chicas me dicen ‘nos han dejado solas’. No me queda más remedio que ser activista”.

#hemeroteca #lgtbifobia | México da la espalda a los refugiados LGBTI que huyen de Centroamérica

Imagen: Público

México da la espalda a los refugiados LGBTI que huyen de Centroamérica.
Un informe realizado por Amnistía Internacional revela el "peligroso viaje" al que se enfrentan las mujeres trans y los hombres gais refugiados que huyen debido al vertiginoso aumento de los niveles de discriminación y violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras por parte de las bandas criminales y de miembros de las fuerzas de seguridad.
Público, 2017-11-27
http://www.publico.es/internacional/mexico-da-espalda-refugiados-lgbti-huyen-centroamerica.html

La vida y la seguridad de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) de El Salvador, Guatemala y Honduras están expuestas a un "peligro cada vez mayor", ya que las autoridades de sus países no las protegen, dejándolas sin otra opción que huir y enfrentar más peligros en México, ha declarado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado este lunes.

Un informe realizado por la organización, bajo el título Sin lugar que me proteja, revela el "peligroso viaje" al que se enfrentan las mujeres trans y los hombres gais refugiados que huyen debido al vertiginoso aumento de los niveles de discriminación y violencia por motivos de género en El Salvador, Guatemala y Honduras por parte de las bandas criminales y de miembros de las fuerzas de seguridad. El estudio también acusa a las autoridades mexicanas de no proteger a estas personas frente a las violaciones y los abusos que sufren durante su viaje a través del país y hace hincapié en las insoportables experiencias que viven cuando son recluidas en el marco de la detención prolongada y sistemática de personas migrantes en Estados Unidos.

"En Centroamérica hay personas que sufren una terrible discriminación por su identidad de género, y no tienen absolutamente ningún sitio al que huir en busca de seguridad", afirma Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La directora subraya que estas personas viven aterrorizadas y, cuando tratan de hallar refugio en el extranjero, sufren abusos. "Se cuentan actualmente entre las personas refugiadas más vulnerables de las Américas. El hecho de que México y Estados Unidos estén dispuestos a seguir mirando mientras estas personas son objeto de violencia extrema es, sencillamente, criminal", alerta.

El Salvador, Guatemala y Honduras tienen unas de las tasas de homicidio más altas del mundo: 81,2 por cada 100.000 habitantes en El Salvador; 58,9 en Honduras, y 27,3 en Guatemala, según cifras oficiales.

La mayoría de las personas refugiadas y solicitantes de asilo contactadas por Amnistía Internacional dijeron que la discriminación constante y los niveles de violencia que sufrían en sus países -tales como agresiones físicas y extorsión económica a manos de bandas criminales, y asesinatos- les hicieron sentir que no tenían más opción que huir.

Los elevados niveles de impunidad y corrupción en sus países hacen improbable que las autoridades castiguen a los responsables de crímenes contra las personas LGBTI, sobre todo cuando las fuerzas de seguridad están detrás de los ataques.

Amnistía Internacional recoge que, según la ONG hondureña Cattrachas, 275 personas LGBTI fueron asesinadas de forma violenta en el país entre 2009 y 2017. En la mayoría de los casos, no se llevó a las personas responsables ante la justicia.

Carlos, de Honduras, se vio obligado a huir a México tras ser agredido violentamente y amenazado de muerte por pandilleros por ser gay. "Nunca intenté poner denuncia por lo que anteriormente les había pasado a unos amigos. De hecho, mi amigo fue a poner una denuncia, y ni bien había terminado de poner la denuncia que ya estaban en su casa de él, por esta razón se vino a México; otro amigo fue a poner la denuncia y en el camino lo mataron, después de poner la denuncia", comenta.

La violencia no cesa en México
Amnistía Internacional constató en los casos documentados que la brutalidad sufrida por los hombres gais y las mujeres trans en Centroamérica no termina cuando salen de sus países.

La mayoría de las personas entrevistadas para el informe afirmaron haber seguido sufriendo discriminación y violencia -incluso por parte de funcionarios públicos- en México, donde se tiene noticia de elevados niveles de violencia contra las personas LGBTI en general. Asimismo, muchas de estas personas dijeron sentirse inseguras en el país, ya que muchas de las maras y pandillas que las amenazaban en sus países de origen también actúan tras la frontera sur de México.

Según un estudio del alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, dos tercios de las personas refugiadas LGBTI de Centroamérica con las que habló en 2016 y 2017 habían sufrido violencia sexual y de género en México, recoge la organziación.

Muchos hombres gays y mujeres trans también contaron a Amnistía Internacional que en ningún momento se los informó adecuadamente sobre su derecho a pedir asilo en México, pese al extremo "peligro" al que se enfrentarían en caso de ser devueltos a sus países. También se quejaron de que las autoridades mexicanas no los informaron sobre ningún avance relacionado con las investigaciones tras denunciar haber sufrido abusos contra los derechos humanos en ese país.

Carlos contó a Amnistía Internacional que, estando en México, unos agentes de inmigración trataron de disuadirlo de presentar una solicitud de asilo. A pesar de ello, finalmente la presentó y sigue a la espera de la decisión.

Varias mujeres trans que lograron sobrevivir al "peligroso" viaje a través de México y cruzar la frontera de Estados Unidos se quejaron del trato recibido bajo custodia. Otras fueron deportadas desde Estados Unidos y México y devueltas a sus países, a la pesadilla de la que desesperadamente trataban de escapar.

Cristel, una mujer trans salvadoreña de 25 años, cuenta a Amnistía Internacional que la recluyeron en régimen de aislamiento en un centro de detención de inmigrantes en Estados Unidos tan pronto cruzó la frontera entre México y ese país, en abril de 2017.

Una semana después, la pusieron en una pequeña celda con ocho hombres. Al final, Cristel no pudo obtener asilo y fue devuelta a El Salvador, donde las maras siguen amenazándola. “No quiero ser ilegal. Solo quiero vivir y estar segura”, recoge Amnistía Internacional.

"Cuanto menos actúen las autoridades de El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos para proteger a algunas de las personas más vulnerables de América, más manchadas de sangre tendrán las manos", apunta Erika Guevara-Rosas.

"Estos gobiernos deben tomar urgentemente medidas decisivas para abordar los niveles epidémicos de violencia contra las personas LGBTI en la región y mejorar las políticas y las prácticas para garantizar que todas las personas que necesitan protección internacional pueden acceder a ella", sentencia la directora para las Américas de Amnistía Internacional.