#hemeroteca #cuerpos #politica | Los guardias civiles quieren poder ir tatuados como lo hace Grande-Marlaska

Imagen: El País / Fernando Grande-Marlaska

Los guardias civiles quieren poder ir tatuados como lo hace Grande-Marlaska.
El nuevo ministro del Interior paraliza de forma temporal la estricta normativa que iba a regular la estética de los agentes.
Héctor Llanos Martínez | Verne, El País, 2018-06-30
https://verne.elpais.com/verne/2018/06/28/articulo/1530184317_202682.html

El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ha paralizado de forma temporal la aprobación de una normativa que ha tenido a los guardias civiles en pie de guerra en los últimos años, confirma a Verne el propio ministerio. Esta regulación pretendía prohibir a los agentes llevar tatuajes y piercings, además de imponerles una larga lista de restricciones estéticas.

El reglamento, que se elaboró durante el mandato del exministro Zoido, está pendiente de revisión, tras el reciente cambio de Gobierno y el nombramiento este 28 de junio del magistrado Félix Azón como nuevo director de la Guardia Civil, explica el Ministerio de Interior.

Además de prohibir a los agentes de Guardia Civil lucir tatuajes en cualquier parte del cuerpo si contienen símbolos que reflejen discriminación sexual, racial, étnica y religiosa, también se veta en ese texto todo tipo de tatuaje que esté en una zona visible y que no quede cubierto con el uniforme del cuerpo.

Esta regulación sería más restrictiva para las mujeres, ya que uno de sus uniformes cubre menos cuerpo que el de los hombres. Dicho uniforme deja ver pantorillas, rodillas y unos centímetros de pierna de las mujeres. Interior confirma a Verne que esta regulación no va a aprobarse tal cual está planteada, ahora que el nuevo equipo "tiene un conocimiento más profundo" de la misma.

Juan Fernández, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), explica a Verne que, si la normativa del equipo de Grande-Marlaska se parece a la planteada por el ministro Zoido, se "iniciarán los trámites para impugnarla judicialmente". Fernández la considera "muy restrictiva y un ejemplo más de que a esta institución le cuesta adaptarse a la realidad actual", dice a Verne a través del teléfono.

"Somos guardias civiles, pero también formamos parte de la sociedad y evolucionamos con ella. Los tatuajes no tienen la misma connotación que hace décadas. Que el propio ministro Grande-Marlaska tenga un tatuaje en la muñeca, lo que le inhabilitaría para ser guardia civil, demuestra que no es impedimento para ejercer un trabajo de forma responsable", recuerda a Verne el portavoz de AUGC.

En el tatuaje de Grande-Marlaska se puede leer "Sin pena ni miedo", expresión utilizada por el poeta chileno Raúl Zurita que dio nombre a un libro publicado en 2016. Él mismo compartió una imagen en 2016 donde puede verse el tatuaje real en su muñeca junto a uno falso que contenía el lema de una campaña de la Fundación Secretariado Gitano.

Hasta ahora, se prohibía llevar tatuajes a aquellos que querían ingresar en la Guardia Civil con los que acceder a la Guardia Civil, "pero no había regulación que impidiera hacérselo una vez que se había entrado en el cuerpo", dice Fernández.

Con esta nueva normativa, los agentes tendrían que firmar una declaración jurada confirmando cuántos tatuajes tienen y dónde los tienen y comprometerse a eliminarlos o cubrirlo con apósitos de un tono similar a su piel si quieren seguir formando parte de la institución, explica a Verne José Manuel Manrique, portavoz de Unión de Guardias Civiles (UniónGC), otra de las asociaciones que se oponen a una normativa que consideran "aberrante para el siglo XXI".

"Que los guardias civiles que hace unas semanas salvaron la vida de tres personas en una riada en Alginet (Valencia) tengan o no tatuajes no afecta a la imagen del cuerpo ni la visión del ciudadano sobre lo que hicieron"; argumenta Manrique.

UniónGC, que también impugnaría judicialmente esta orden, considera que "las asociaciones de la Guardia Civil y su dirección general deben reunirse para encontrar un consenso y un término medio".

Además de tatuajes, los ‘piercings’, tintes en el pelo y otras exigencias estéticas también se regularían en la normativa propuesta por el ministerio de Zoido que ahora está pendiente de revisión. Son medidas que ya se aplican en otros organismos de seguridad. AUGC destaca que estas normas estéticas serían más complicadas de cumplir para las mujeres, ya que sus uniformes oficiales dejan visibles más partes de su cuerpo, donde también deberían ocultar sus tatuajes.

En los últimos años, la policía local de varias ciudades españolas también exige la ausencia de tatuajes e incluso barba a sus agentes. En Sevilla no se les permite lucir coleta.

#hemeroteca #delitosdeodio | Delitos de odio: el elixir de la nueva Inquisición

Imagen: Público / Juan Ignacio Zoido

Delitos de odio: el elixir de la nueva Inquisición.
Juristas denuncian una "interpretación" de los delitos de odio "absolutamente incompatible con la Constitución" que, además, está siendo utilizada para reprimir a rivales políticos.
Aljandro Torrús | Público, 2018-01-18
http://www.publico.es/politica/jaque-libertad-expresion-delitos-odio-elixir-nueva-inquisicion.html

Si usted siente "antipatía y aversión hacia alguien y le desea el mal", es decir, si usted siente odio, tal y como lo define la RAE, no se preocupe. No está cometiendo ningún delito. Odiar no es delito. Es más, usted tiene incluso el derecho a odiar. Tiene derecho a sentir "antipatía y aversión" hacia su jefe, hacia los homófobos, hacia el colectivo LGTB, hacia los machistas y las feministas, hacia el club de fútbol de la ciudad rival, hacia el suyo propio cuando pierde, hacia el mundo del toreo o los antitaurinos, hasta a su cuñado. El odio es libre y, sobre todo, es humano.

Sin embargo, si usted sigue la información diaria en los medios de comunicación puede ser que esté confundido. O al menos puede que se sienta algo inseguro. Sobre todo si ve titulares como siguientes: Fiscalía investiga por delitos de odio y amenazas la expulsión de los policías de los hoteles; La Fiscalía investigará por delitos de odio a quienes presionen a alcaldes no independentistas; o La Fiscalía de Barcelona investiga los tuits sobre la muerte de Maza como presuntos delitos de odio.

¿Está cometiendo un delito por odiar? La respuesta es 'no', pero es lógico que se encuentre aturdido. En los últimos meses han proliferado en los medios de comunicación noticias sobre diferentes denuncias por delitos de odio. De las derechas contra las izquierdas y al revés. De ultracatólicos contra ateos y de estos contra católicos ultras. De españolistas contra independentistas y viceversa.

Acusar al rival político de cometer "delitos de odio" está de moda. Prueba de ello es la actitud del ministro del Interior, el exjuez Juan Ignacio Zoido. Suya fue la decisión de crear un gabinete para las denuncias de agentes de policía por presuntos delitos de odio en Catalunya y su Ministerio es el que difunde a través de su portal una definición errónea y no ajustada al Código Penal español de lo que es un delito de odio.

"Vamos a perseguir y enjuiciar los delitos de odio para que, sobre los culpables, caiga el peso de la ley, que es lo que pasa en los países libres y democráticos y donde prima la división de poderes y el Estado de derecho", subrayaba Zoido, que advertía de que el Ejecutivo no pararía hasta que "todos los que les han faltado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado paguen judicialmente por ello".

Y cumplió. Solo entre el 1 y el 18 de octubre Interior tramitó 125 denuncias por delitos de odio y desobediencia en el marco del 1-O. Después llegaron muchas más. La semana pasada, sin ir más lejos, Interior anunció a bombo y platillo la detención de un tuitero por decir que la muerte de dos guardias civiles le parecía una buena noticia.

Pero en este desaguisado de denuncias cruzadas no solo está Interior. La asociación 'Drets', por ejemplo, ha llevado ante la Fiscalía decenas y decenas de tuits y mensajes en redes que faltan el respeto de manera evidente a catalanes por el simple hecho de ser catalanes. Consideran que son constitutivos de un delito de odio. Recientemente también hemos visto el caso de los carnavales de Cádiz y la chirigota que coloca a Puigdemont en la guillotina. Unos señalan con el dedo y una multitud clama para que condenen al rival político por delitos de odio.

"Es muy preocupante la deriva que estamos viviendo con los delitos de odio. Y no solo en Catalunya. Se está haciendo una utilización perversa que está poniendo en jaque la libertad de expresión. La desnaturalización de este tipo de delitos es muy peligrosa", advierte la abogada penalista y defensora de los derechos humanos, Laia Serra.

Pero entonces, ¿qué es un delito de odio y qué no es? ¿Cómo se diferencia un pensamiento odioso de un delito de odio? ¿Para qué se conciben los delitos de odio? El catedrático acreditado de Derecho Penal de la Universidad Carlos III Jacobo Dopico explica a Público que el primer error es utilizar la expresión de "delito de odio".

"La formulación correcta debe ser de delitos de incitación al odio y lo que busca este tipo penal es proteger a grupos y minorías discriminadas que se encuentran en una situación en la que sus derechos están siendo objeto de discriminación, agresión y/o violencia, por lo que la expresión de ideas dirigidas a incitar a continuar o expandir esa discriminación, violencia u odio debe ser reprimida", explica Dopico en conversación telefónica.

Por tanto, para que podamos hablar de un delito de odio lo primero que hay que tener en cuenta es si el discurso fomenta el odio contra un grupo vulnerable/discriminado o una persona determinada por razones de su pertenencia a ese grupo y no por argumentos exclusivamente individuales. Pero los motivos de ese ataque no son genéricos. El artículo 510 del Código Penal establece que el ataque debe estar motivado por razones de tipo "racista, antisemita u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”.

Por tanto, ¿alegrarse de la muerte de un Guardia Civil, insultar a un policía o atacar duramente a un torero son conductas constitutivas de un delito de odio? La respuesta de los expertos consultados por Público es rotunda: "No". Ni los delitos de odio recogen como motivo discriminatorio la "profesión" de guardia civil o policía ni estos colectivos han estado discriminados tradicionalmente ni tampoco pueden acogerse a la discriminación por ideología, ya que se recoge específicamente que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no tienen ideología.

"Cuando hablamos de fiscales, policías o toreros, por ejemplo, no estamos hablando de minorías desprotegidas que se encuentran discriminadas. Tampoco estamos hablando de mensajes que incitan a la comisión de delitos. Sinceramente, me sorprende que los poderes públicos afirmen que son casos que necesitan ser estudiados cuando el estudio necesario para saber que esto no puede ser un delito de odio es muy breve", incide Dopico, que señala que estos ataques contra el honor individual de las personas pueden ser denunciados a través de las figuras de la injuria o la calumnia.

"Es importante distinguir cuando el ataque es personal, a un individuo, ya que entonces estaríamos hablando, en todo caso, de un delito de injurias o calumnias. Los delitos de incitación al odio tienen que ver con la incitación masiva a la comisión de un delito y no protegen a una sola persona sino que se utilizan para proteger a todo un colectivo. Se ataca a una persona en tanto que miembro de un colectivo más amplio", incide.

Asimismo, el catedrático acreditado de Derecho Penal Dopico recuerda que la idea fundamental en este tipo de delito "no es la expresión de ideas odiosas o reprimir la expresión de esas ideas" sino evitar un discurso que anime al resto a cometer algún delito. En este sentido, el profesor de la Carlos III recuerda que el Tribunal Constitucional, en una sentencia de 2007, ya señaló que la figura de incitación al odio solo puede ser punible cuando suponga una incitación directa o indirecta a la comisión de un delito.

"El Constitucional nos ha dicho ya que la Constitución ampara incluso a quienes niegan la propia Constitución. Protege a los intolerantes que expresan su intolerancia. Tienen derecho a expresar su intolerancia y solo se puede castigar penalmente cuando las ideas expresadas busquen incitar directa o indirectamente a la comisión de un delito. Ese es el núcleo fundamental", añade el catedrático de la Carlos III.

¿Y atacar o desear la muerte o a atacar a un catalán por el hecho de ser catalán? ¿Es un delito de odio? Responde Laia Serra: "Entiendo que pueda defenderse que se pueda incluir en esta categoría los ataques contra catalanes por motivos ideológicos o nacionales ya que catalanes o vascos podrían ser consideradas como minorías discriminadas dentro del Estado, no tanto por razón de territorio como por cuestión de identidad cultural. Pero creo que ante la duda, es preferible interpretar el Código Penal en términos restrictivos", explica Serra, con más de 15 años de experiencia profesional en el terreno de los delitos de odio.

En este sentido, Jacobo Dopico denuncia que los delitos de incitación al odio están siendo objeto de una "interpretación absolutamente incompatible con la Constitución". "Estamos viendo cómo por parte de diferentes audiencias, donde se sientan magistrados con galones y larga trayectoria, se ordena reabrir procedimientos por delitos de odio cuando en otra instancia habían sido cerrados o sobreseídos tras valoraciones perfectamente razonables sobre la irrelevancia penal de la conducta investigada. Y esta tendencia es peligrosa. La amplificación de la interpretación de estos delitos no solo se antoja difícilmente compatible con la Constitución, ya que camina en dirección contraria a la marcada por el Constitucional, sino que es extraordinariamente inoportuna, porque supone una interpretación expansiva precisamente de un precepto que está produciendo un número creciente de sentencias no aceptables desde la perspectiva de los límites del Derecho penal en una democracia", avanza el catedrático.

La duda a estas alturas del texto parece evidente. Si los insultos a policías o guardias civiles no constituyen un delito de odio ni los ataques a toreros o a Maza o a los catalanes y, además, el Constitucional ha sentado doctrina sobre qué es y qué no es la incitación al odio... ¿por qué no paramos de ver denuncias prácticamente a diario por la comisión de presuntos delitos de odio? ¿Por qué hacen esta interpretación instituciones públicas, como Interior o Fiscalía, cuando el Constitucional se ha posicionado en un sentido contrario?

La jurista Laia Serra responde que se trata de un problema de "formación", de "ideología" y de un intento de "enfatizar la denuncia". "Es verdad que el artículo 510 es controvertido y su indefinición puede llevar al expansionismo penal. Pero, por otro lado, no se puede confundir la interpretación de los delitos con la política criminal. En el Estado español estamos viendo una persecución por delitos de odio con criterios políticos y no de interpretación jurídica. Se enmascara en un debate técnico lo que en realidad es una represión a los críticos con el sistema", prosigue Serra, que resalta que "es mucho más llamativo acusar a alguien de un delito de odio, que tiene un vilipendio social añadido, que por injurias o calumnias. "Simbólicamente es mucho más potente el delito de odio", añade.

La desnaturalización del artículo 510 del Código Penal y de los delitos de odio se aprecia claramente si se atiende a los principios por los cuales fue introducido en el Código Penal. "Se está haciendo demasiado hincapié en la palabra odio y no. Es un delito discriminatorio que busca proteger a aquellas minorías que pueden ser atacadas por razón de su origen, orientación o identidad sexual, etc. Pero insisto: se trata de minorías", explica a Público la abogada, que asegura que el Código Penal ya tiene otras figuras como "las injurias", las amenazas o las coacciones para castigar las ofensas.

"Nos estamos acostumbrando a que los políticos acusen de delito de odio a aquellos que les insultan por redes y no. Eso puede ser una injuria, pero no un delito de odio", añade Germán Teruel, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia.

La interpretación desviada de "políticos", "jueces" y "juristas" de la incitación al odio es calificada por Laia Serra como "una irresponsabilidad" y "una falta de respeto", otra más, a los colectivos tradicionalmente discriminados. "En el Estado español han pasado y pasan cosas muy graves contra la comunidad LGTB, los derechos sexuales de las mujeres o las minorías étnicas y, sin embargo, vemos cómo una figura penal que se creó para defender a los desprotegidos está siendo utilizada por el poder para atacar a los críticos", denuncia Serra, que lamenta que la lucha contra los delitos de odio se esté utilizando "para hacer mordaza" a la crítica política.

Enésima deriva interpretativa
La desviación en la interpretación de los delitos de odio se suma a otras realidades que también han provocado un aumento de los límites penales a la libertad de expresión. Un ejemplo de ello es el cambio de doctrina de la Audiencia Nacional a la hora de juzgar cuando se comete enaltecimiento del terrorismo y/o humillación a las víctimas. Este cambio de doctrina ha permitido que personas que no tienen nada que ver con ninguna organización terrorista y que son abiertamente pacíficas sean condenadas por enaltecimiento. Otro ejemplo es la reactivación del delito de ofensa contra los sentimientos religiosos o el cambio de criterio de la Audiencia Nacional sobre las pitadas al himno. En 2012 no eran delito y, en cambio, en 2015 sí constituye un delito de ultraje a España y de injurias contra la corona.

"Tenemos motivos para estar preocupados. Eso es una realidad que difícilmente se puede negar. La única buena noticia es que todo esto en 2010 no pasaba, por lo que estamos ante una deriva sin consolidar que debe ser interrumpida y revertida. Si en 2010 nos dicen que dos titiriteros van a ser encarcelados de manera preventiva por unos guiñoles de trapo en el que se exhibe una pequeña pancarta de 'Gora Alka Eta' te piensas que es una broma. Pero ha sido realidad y, por cierto, a los titiriteros también los acusaron de un delito de odio... y fueron absueltos", sentencia Jacobo.

#hemeroteca #politica #lgtbifobia | Interior considera que no hay elementos para revisar los privilegios fiscales de HazteOir

Imagen: El Diario / El autobús tránsfobo de HazteOír frente al de La Sexta

Interior considera que no hay elementos para revisar los privilegios fiscales de HazteOir.
El Ministerio se escuda en la resolución judicial del 14 de julio pasado que levantó la inmovilización cautelar de un autobús de la organización: "Se enmarca dentro del derecho a la libertad de expresión". El ministro Zoido anunció que analizaría los mensajes tránsfobos en marzo, en medio de la campaña propagandística y las peticiones de sus compañeros de partido. La distinción implica exenciones del IBI y otros impuestos además de permitir a sus donantes acogerse a las desgravaciones por mecenazgo.
Raúl Rejón | El Diario, 2017-07-24
http://www.eldiario.es/sociedad/HazteOir-mantiene-privilegios-Gobierno-revisaria_0_668433686.html

La organización HazteOir sigue gozando de los privilegios que le concede estar declarada como de utilidad pública. El Gobierno, que anunció una revisión de este este estatus, considera que " en la actualidad no existen elementos para revisar la condición de utilidad pública de esta asociación", según ha contestado el Ministerio del Interior a eldiario.es.

Así los ultracatólicos disfrutan de las de las exenciones y tratamientos de favor fiscales que la ley otorga a este tipo de asociaciones. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido afirmó en marzo pasado –en medio de la campaña tránsfoba de su autobús naranja– que evaluaría si la campaña tránsfoba de HazteOír equivalía a la pérdida de su declaración de utilidad pública. Ahora, el Ministerio se escuda en que la resolución de la Audiencia Provincial que levantó la medida cautelar de inmovilización de uno de los autobuses de la organización supone que " dicha campaña no tiene relevancia penal sino que se enmarca dentro del derecho a la libertad de expresión". Ese auto fue firmado el 14 de julio. Más de cuatro meses depués de los anuncios de revisión.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dijo el 8 de marzo en el Congreso de los Diputados que, independientemente de las acciones judiciales y fiscales abiertas para investigar la campaña de la organización, su departamento iba a revisar "si se han incumplido algunos de los principios que se exigen como fundamentales para la concesión y, en ese caso, se procederá a la revocación". La marca de utilidad se la concedió el Ministerio dirigido entonces por Jorge Fernández Díaz en 2013.

Aparte de los requisitos técnicos, la ley de asociaciones pide a las candidatas a utilidad pública que promuevan el "interés general" y que tengan un carácter, entre otros, "de promoción de valores constitucionales" o de "fomento de la tolerancia" o "protección a la infancia".

Zoido habló después de que sus compañeros de partido en el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid y en la dirección nacional del PP pidiesen públicamente que se anulara la distinción a HazteOir. La vicesecretaria general popular, Andrea Levy, aseguró que debería desposeerse de ese estatus a la asociación "si sigue haciendo ese tipo de autobuses". El portavoz del Gobierno presidido por Cristina Cifuentes, Ángel Garrido, pidió que el Gobierno de Mariano Rajoy revisara esta condición.

El Pleno del Congreso de los Diputados añadió su voz y solicitó oficialmente la revocación mediante una moción de PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y ERC que contó con el apoyo mayoritario de la Cámara. El PP se abstuvo.

Pero una vez que se pasó la tormenta, el Ministerio del Interior no ha tenido mucha prisa por analizar si los mensajes tránsfobos del autobús de HazteOir permitían despojarle del título de utilidad pública. Todo parece haberse olvidado o, al menos, ralentizado hasta la inmovilidad.

Como contraste, hace poco más de un año, el Gobierno apenas tardó un mes en revisar y revocar la declaración de utilidad pública a la Federación de Planificación Familiar Estatal. Una vez publicado en el BOE esa condición, la Asociación de Abogados Cristianos (la misma organización que denunció a la manifestación del coño insumiso) presentó un recurso el 6 de mayo de 2016. El Boletín Oficial decretaba la revocación el 30 de ese mes. Entre declaración y anulación pasaron 25 días. "Aprovecharon una leve sanción administrativa" para justificar la decisión, contaba la presidenta de la federación Gema González a eldiario_es.

Así que HazteOir, que ha contratacado y prepara una nueva campaña por tierra y aire, mantiene la posibilidad de no pagar el IBI por los inmuebles a su nombre, está exenta de tributar por aquellas actividades que realice con carácter de servicio social y paga menos impuestos por los beneficios económicos que obtenga.

Además, sus donantes –que suponen el 43% de los ingresos de la organización– acceden a deducciones fiscales basadas en los incentivos al mecenazgo por sus aportaciones al tiempo que pueden exhibir que colaboran con un grupo de especial utilidad para la sociedad (con el sello del Ministerio por delante).

Desde que HazOír es "de utilidad pública", en 2013, sus ingresos por donaciones han crecido un 59%: de 669.000 euros a 1,1 millones en 2016. HazteOír puede ser una organización del espectro ideológico marginal pero cuenta con un músculo financiero nada pequeño: su presupuesto anual supera los 2,5 millones de euros. El presidente de la organización, Ignacio Arsuaga, ha repetido este lunes que cumplen con todos los requisitos para mantener la declaración al tiempo que ha presumido de no recibir subvención alguna de dinero público aunque el Gobierno regional de Esperanza Aguirre sí les trasfirió fondos mediante la Agencia de Cooperación.

Envalentonada por la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de levantar la prohibición cautelar de circular que pesaba sobre uno de sus vehículos propagandísticos, la organización presidida por Ignacio Arsuaga planea ahora sobrevolar las playas españolas este verano con avionetas portando nuevos mensajes "impactantes", según prevé su dirigente. También quieren aprovechar el debate parlamentario sobre la ley LGTBI para hacer circular de nuevo sus autobuses naranjas con mensajes tránsfobos.

#hemeroteca #fundamentalismos | Zoido inaugura su medallero policial condecorando a la cofradía del Cristo de la Legión

Imagen: El Diario / Rafael Catalá, ministro de Justicia, y Juan Ignacio Zoido en Sevilla, 2015

Zoido inaugura su medallero policial condecorando a la cofradía del Cristo de la Legión.
El ministro incluye una ‘medalla blanca’ para el Hermano Mayor de la congregación malagueña de Mena en su primera lista de condecorados. Firma la orden tres días después de conocerse que el Supremo examinará otra medalla concedida por Fernández Díaz a una Virgen.
Pedro Águeda | El Diario, 2017-04-02
http://www.eldiario.es/politica/Zoido-medallero-condecorando-Cristo-Legion_0_628188163.html

El relevo en el Ministerio del Interior no ha acabado con todas las prácticas del mandato de Jorge Fernández Díaz. Las primeras condecoraciones al mérito policial de la ‘era Zoido’ incluyen una medalla al Hermano Mayor de la Congregación de Mena, en Málaga. Se trata de la cofradía del Cristo de la Buena Muerte, patrono de la Legión, cuyos miembros son protagonistas de la procesión de todos los Jueves Santo en la ciudad andaluza.

La última Orden General de la Policía publica estas primeras condecoraciones desde que Zoido es ministro del Interior. En el apartado de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco aparecen cinco distinciones para responsables del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) de México y una para el "Hermano Mayor de la Congregación de Mena, Antonio Jesús González Ramírez".

Así figura en la citada Orden General, a la que ha tenido acceso El Diario. Sin embargo, según informó en su momento La Opinión de Málaga, González Ramírez cedió el puesto en noviembre de 2016 a Antonio de la Morena, después de haber estado al frente de la cofradía durante ocho años.

La Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco no lleva aparejada remuneración económica. La Dirección General de la Policía nunca informa de los méritos que reconoce a cada condecorado. La Ley de 1964 que regula la concesión de medallas en la Policía señala que un civil podrá recibir tal condecoración si ha protagonizado “cualquier hecho que evidencia un alto sentido del patriotismo o de la lealtad con prestigio para la Corporación o utilidad para el servicio”; si ha sobresalido en su empleo o cargo y eso ha redundado también en beneficio de la Policía; o si se ha distinguido “de cualquier modo no previsto” con las citadas consecuencias.

Con motivo del Día de la Policía, a finales de septiembre, el Cuerpo reparte centenares de medallas, la mayoría ‘blancas’, y una parte de éstas van dirigidas a personas ajenas al Cuerpo, desde miembros de organizaciones civiles hasta periodistas. La condecoración al hermano mayor de Mena y a los responsables de la seguridad mexicana responden, sin embargo, a una convocatoria extraordinaria.

La procesión del Cristo de la Buena Muerte en Málaga es una imagen recurrente de la Semana Santa española, en parte por la activa participación de la Legión en la misma. En 2011 se vio teñida de polémica por la instantánea que recogía a un legionario portando al Cristo y luciendo un tatuaje con una cruz esvástica en el brazo. La fotografía fue captada por un periodista de la agencia EFE y publicada por los medios de comunicación. ‘La Gaceta’ optó por llevarla a la portada de su ya desaparecida edición de papel, pero borrando antes la esvástica del brazo del legionario.

Alrededor de 150 legionarios participan cada año en la procesión, al frente de la cual se sitúa el hermano mayor, un civil, reconocido ahora por el Ministerio del Interior. Pertenecientes al Tercio Duque de Alba de Ceuta, los militares desembarcan en Málaga a bordo de un buque contramaestre y desfilan uniformados por la ciudad. Solo trece legionarios pueden cargar con el Cristo. Al terminar suena el himno de España y el de la Legión, el cuplé ‘Soy el novio de la muerte’. A la última procesión, en la Semana Santa de 2016, acudieron el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y la exalcaldesa de Madrid Ana Botella.

Zoido firmó la condecoración al hermano mayor de la cofradía el 17 de marzo, apenas tres días después de que trascendiera que la Medalla de Oro concedida por Jorge Fernández Díaz a una Virgen será examinada por el Tribunal Supremo.

La Audiencia Nacional archivó en noviembre de 2015 el recurso presentado por Europa Laica ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo con el argumento de que la medalla a Nuestra Señora María Santísima del Amor iba dirigida en realidad a la Cofradía de Jesús el Rico, a la que pertenece la imagen. Europa Laica y Mhuel han recurrido este mismo mes de marzo ese fallo, adoptado con tres votos a favor y dos en contra, al Tribunal Supremo.

#hemeroteca #feminicidio | España registra por primera vez menos de 300 asesinatos en un año

Imagen: El País / Juan Ignacio Zoido (c) presentando el informe

España registra por primera vez menos de 300 asesinatos en un año.
El 15% de las víctimas son mujeres muertas por violencia machista, según los datos de Interior.
J.J. Gálvez | El País, 2017-02-14
http://politica.elpais.com/politica/2017/02/14/actualidad/1487070105_593613.html

Ana María Enjamio. Y Ada Graciela Benítez. Y Yolanda Pascual. Y Elena. Y María del Carmen... Y así hasta 44 nombres, 44 tragedias, 44 vidas arrebatadas. Porque ese es el número de mujeres que murieron el pasado año a manos de sus parejas o ex. Una cifra que representa el 15% del total de asesinatos cometidos en España en 2016, según el Balance de criminalidad del Gobierno presentado este martes. "Es una satisfacción que haya una reducción de este sombrío dato [en 2015, las víctimas de violencia machista ascendían a 60 (19%)], pero también una tristeza por lo que hay detrás. Por ello, tenemos que redoblar los esfuerzos”, ha insistido Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior, que ha mostrado su preocupación por las 10 mujeres que ya han sido asesinadas en 2017.

Precisamente, para tratar de frenar esta "lacra", Zoido ha abogado por avanzar en un pacto de Estado con todas las fuerzas políticas, que este martes ya han respaldado unánimemente la proposición de ley del PSOE que prohíbe conceder indultos a los condenados por delitos de violencia de género. "A las víctimas, hay que hacerles llegar el mensaje de que las fuerzas de seguridad se preocupan por ellas", ha remachado el ministro, después de detallar que solo el 20% de las mujeres asesinadas en 2016 por sus parejas o ex habían presentado una denuncia previa.

Baja la criminalidad
El informe difundido este martes también revela que, por primera vez, España registró menos de 300 homicidios en un año. Según los datos del Gobierno, 292 personas fueron asesinadas en 2016, frente a las 302 de 2015, lo que supone un nuevo descenso del 3,3% que incide en la tendencia a la baja que experimenta el país desde hace lustros y que contrasta, por ejemplo, con las 518 muertes violentas de 2005. "Pese a esta bajada, detrás de cada cifra existe una tragedia. Por eso, nunca debemos estar satisfechos", ha añadido Zoido.

"España es el segundo país de la Unión Europea (UE) con la tasa de asesinatos más baja", ha apostillado el ministro. Esta se situó en 2016 en 0,63 homicidios por cada 100.000 habitantes. Solo Austria presenta un índice más bajo (0,47). Aunque, eso sí, Interior compara los datos nacionales del pasado año con los que ofrece Eurostat del resto de Estados, que son de 2014. Y los intentos de asesinato subieron el pasado ejercicio respecto a 2015, según matizó el propio Zoido. Por su parte, el balance de 2016 refleja también una caída de la criminalidad del 1,2%, después de que el total de infracciones penales —que recogen delitos de todo tipo— se redujera hasta las poco más de dos millones el pasado año.

#hemeroteca #feminicidio | Solo una de las 10 asesinadas en 2017 por violencia machista había denunciado

Imagen: Deia

Solo una de las 10 asesinadas en 2017 por violencia machista había denunciado.
EFE | Deia, 2017-02-14
http://www.deia.com/2017/02/14/sociedad/estado/solo-una-de-las-10-asesinadas-en-2017-por-violencia-machista-habia-denunciado-

Solo una mujer de las diez asesinadas por su pareja o expareja en lo que va de año había presentado denuncia previa, algo que únicamente hicieron el 20 por ciento de las 44 fallecidas el pasado año.

Es una de las cifras que ha ofrecido el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en la presentación del balance de criminalidad en el que ha detallado las 44 víctimas de crímenes machistas del pasado año, la cifra más baja desde que en 2005 se tienen registros oficiales de estas muertes.

Es una de las cifras que ha ofrecido el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en la presentación del balance de criminalidad en el que ha detallado las 44 víctimas de crímenes machistas del pasado año, la cifra más baja desde que en 2009 se tienen registros oficiales de estas muertes violentas.

De hecho, desde 2009, con 56 asesinatos machistas, no ha habido ningún año -excepto el 2016- en el que la cifra de este tipo de crímenes haya sido inferior al medio centenar, con un máximo de 73 asesinadas en 2010 o de 60 en 2015.

A pesar de que las cifras de 2016 son inferiores, Zoido ha reiterado que "no se puede bajar la guardia" y que "satisfacción ninguna" porque, evidentemente, detrás de cada muerte hay una persona.

Por eso, ha asegurado que hay que seguir adoptando medidas y profundizar en que las mujeres que se sientan amenazadas denuncien.

"Hay que hacerles llegar el mensaje de que se preocupan por ellas, que las fuerzas de seguridad están pendientes de ellas", ha dejado claro el titular de Interior antes de admitir que su departamento es "consciente" de que no puede llegar a todos los casos y está comprometido en luchar contra esta lacra con mayor "esfuerzo y dedicación".

Uno de los primeros pasos para frenar estas muertes se quiere dar esta tarde en el Congreso, donde el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, mantendrá una reunión con representantes de todos los grupos parlamentarios con el objetivo de sentar las bases para firmar un pacto de estado contra la violencia machista.

A esta reunión se ha referido Zoido, aunque ha preferido no desvelar "por respeto y lealtad a los grupos políticos" de algunas medidas que se pueden poner sobre la mesa esta tarde.

Con todo, Zoido ha explicado que su deseo es que este tema no entre a formar parte de la confrontación política.

#hemeroteca #futbol #neonazis | El ministro del Interior apoya al futbolista Zozulya, vetado en el Rayo Vallecano acusado de neonazi

Imagen: Google Imágenes / Jugadores del Betis: 'Todos somos Zozulya'

El ministro del Interior apoya al futbolista Zozulya, vetado en el Rayo Vallecano acusado de neonazi.
En un tuit, Juan Ignacio Zoido ha reivindicado un gesto de los jugadores del Betis apoyando a Zozulya "ante las presiones a quien solo quiere hacer su trabajo". Tebas, presidente de la liga y que en su día pidió una figura como Le Pen en España, anunció una querella criminal ante algunos aficionados que se opusieron al fichaje de Zozulya por el Rayo Vallecano.
El Diario, 2017-10-11
http://www.eldiario.es/rastreador/ministro-Zoido-apoya-futbolista-Zozulya_6_611448860.html

El caso Zozulya sigue escribiendo nuevos capítulos a cada día que pasa. El jugador, actualmente en el Betis pero con un traspaso pendiente al Rayo Vallecano que fue vetado por los aficionados debido a la ideología del futbolista, acusado de ser neonazi, ha recibido ciertos apoyos en los últimos días.

El más reciente es el del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, quien a través de un tuit ha aplaudido la iniciativa de los jugadores del Betis, que este sábado saltaron al campo con camisetas de apoyo al ucraniano. Zoido ha defendido el gesto por el futbolista "ante las presiones a quien solo quiere hacer su trabajo".

El caso de Roman Zozulya viene de lejos. El jugador ucraniano milita en el Real Betis, pero en el mercado de invierno se cerró su cesión al Rayo Vallecano. No obstante, un importante sector de los aficionados del club madrileño se opuso a la llegada de Zozulya, al que acusaron de tener una ideología neonazi que no tenía cabida en su equipo.

En redes sociales, el jugador ha mostrado varias veces su apoyo a organizaciones nacionalistas de Ucrania y su simpatía por personajes relacionados a esta ideología. Como en un tuit de hace un año, cuando Zozulya subía una foto mostrando su parecido físico con Stepán Bandera, uno de los estandartes de la ultraderecha nacionalista de su país.

Otro de los apoyos que ha recibido Zozulya ha sido el de Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), vinculado al partido ultraderechista Fuerza Nueva y que en su día dijo que echaba de menos una figura como Le Pen en España. El presidente de la liga advirtió que no se podía "etiquetar a una persona por su ideología” y posteriormente anunció una querella contra unos aficionados del Rayo Vallecano que se opusieron a la llegada a su equipo de Zozulya.


El 'Caso Zozulya' repele y se encasquilla.
Alfredo Relaño | As, 2017-02-11
http://opinion.as.com/opinion/2017/02/11/portada/1486768366_776287.html

Ha pasado una semana y el ‘Caso Zozulya’ sigue encasquillado. He aquí un asunto que repele por todos lados. Hay fotos del jugador que echan para atrás, aunque en su auxilio está que se las ha hecho en el contexto de un estado de guerra, con su país, Ucrania, acosado por el gigante vecino, Rusia. Y ha hecho protestas contra ese cartel de neonazi que le han procurado esas fotos. Sus declaraciones negándose de tal podrían constituir, cuando menos, un acto de apostasía a mirar como algo positivo. Y sus compañeros del Betis, que han convivido meses con él, le defienden como una buena persona, un muchacho normal sin flecos violentos.

Sin embargo, los radicales del Rayo la han tomado con él y han creado una atmósfera en su contra difícil de obviar. En el asunto hay algo de maniobra de flanco contra el presidente, Martín Presa, al que persiguen desde hace años. El jugador dijo que el lunes pasado tomaría la resolución sobre venir o no, pero estamos a sábado y sigue entrenándose con el Betis, pero como huésped. No se atreve a aparecer por Vallecas, a pesar de que LaLiga y la AFE le garantizaron seguridad para él y para su familia. Tampoco el Rayo sabe ya, en conciencia, si un jugador tan repelido por una parte del público puede jugar bien. Desde luego, en campo propio sería difícil.

Pero, ¿se le puede retirar el derecho al trabajo a una persona por su ideología política, por muy desagradable que nos resulte? En ese caso estamos. Este jugador es del Rayo, el Betis no le piensa pagar porque ya no es suyo y el Rayo no lo va a hacer si no se incorpora. Tampoco puede ya ir a otro sitio. En fin, un tema diabólico, como escribí hace una semana. Por cierto: con respecto a aquel artículo, recibo carta de un cabecilla de los Bukaneros, quejándose de que les culpara del sabotaje a la iluminación del campo. Tenía razón. La investigación fracasó y no apareció culpable de aquello, ni bukanero ni no bukanero. Aclaración hecha. 

 

 

Y TAMBIÉN…

Tebas se querella contra 10 aficionados del Rayo por el ‘caso Zozulya’.
La Liga anuncia que ha presentado acciones legales contra los hinchas que irrumpieron en el entrenamiento y dos que dieron una rueda de prensa.
Antonio Nieto | El País, 2017-02-09
http://deportes.elpais.com/deportes/2017/02/09/actualidad/1486665637_083868.html
El presidente de la Liga de fútbol echa de menos un Le Pen español.
Javier Tebas afirma en una entrevista en El Mundo que, si Cataluña se independiza, el Fútbol Club Barcelona "no podrá jugar la Liga española". Al ser preguntado por su disconformidad con que el aborto sea un derecho para la mujer, el presidente de la LFP asegura que "creo en la vida del no nacido. No quiero ninguna ley del aborto. Aborto cero. Ilegal".
El Diario, 2016-02-27
http://www.eldiario.es/rastreador/Javier-Tebas-LFP-Pen-espanola_6_488961114.html