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| Imagen: El Diario / El autobús tránsfobo de HazteOír frente al de La Sexta |
El Ministerio se escuda en la resolución judicial del 14 de julio pasado que levantó la inmovilización cautelar de un autobús de la organización: "Se enmarca dentro del derecho a la libertad de expresión". El ministro Zoido anunció que analizaría los mensajes tránsfobos en marzo, en medio de la campaña propagandística y las peticiones de sus compañeros de partido. La distinción implica exenciones del IBI y otros impuestos además de permitir a sus donantes acogerse a las desgravaciones por mecenazgo.
Raúl Rejón | El Diario, 2017-07-24
http://www.eldiario.es/sociedad/HazteOir-mantiene-privilegios-Gobierno-revisaria_0_668433686.html
La organización HazteOir sigue gozando de los privilegios que le concede estar declarada como de utilidad pública. El Gobierno, que anunció una revisión de este este estatus, considera que " en la actualidad no existen elementos para revisar la condición de utilidad pública de esta asociación", según ha contestado el Ministerio del Interior a eldiario.es.
Así los ultracatólicos disfrutan de las de las exenciones y tratamientos de favor fiscales que la ley otorga a este tipo de asociaciones. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido afirmó en marzo pasado –en medio de la campaña tránsfoba de su autobús naranja– que evaluaría si la campaña tránsfoba de HazteOír equivalía a la pérdida de su declaración de utilidad pública. Ahora, el Ministerio se escuda en que la resolución de la Audiencia Provincial que levantó la medida cautelar de inmovilización de uno de los autobuses de la organización supone que " dicha campaña no tiene relevancia penal sino que se enmarca dentro del derecho a la libertad de expresión". Ese auto fue firmado el 14 de julio. Más de cuatro meses depués de los anuncios de revisión.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dijo el 8 de marzo en el Congreso de los Diputados que, independientemente de las acciones judiciales y fiscales abiertas para investigar la campaña de la organización, su departamento iba a revisar "si se han incumplido algunos de los principios que se exigen como fundamentales para la concesión y, en ese caso, se procederá a la revocación". La marca de utilidad se la concedió el Ministerio dirigido entonces por Jorge Fernández Díaz en 2013.
Aparte de los requisitos técnicos, la ley de asociaciones pide a las candidatas a utilidad pública que promuevan el "interés general" y que tengan un carácter, entre otros, "de promoción de valores constitucionales" o de "fomento de la tolerancia" o "protección a la infancia".
Zoido habló después de que sus compañeros de partido en el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid y en la dirección nacional del PP pidiesen públicamente que se anulara la distinción a HazteOir. La vicesecretaria general popular, Andrea Levy, aseguró que debería desposeerse de ese estatus a la asociación "si sigue haciendo ese tipo de autobuses". El portavoz del Gobierno presidido por Cristina Cifuentes, Ángel Garrido, pidió que el Gobierno de Mariano Rajoy revisara esta condición.
El Pleno del Congreso de los Diputados añadió su voz y solicitó oficialmente la revocación mediante una moción de PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y ERC que contó con el apoyo mayoritario de la Cámara. El PP se abstuvo.
Pero una vez que se pasó la tormenta, el Ministerio del Interior no ha tenido mucha prisa por analizar si los mensajes tránsfobos del autobús de HazteOir permitían despojarle del título de utilidad pública. Todo parece haberse olvidado o, al menos, ralentizado hasta la inmovilidad.
Como contraste, hace poco más de un año, el Gobierno apenas tardó un mes en revisar y revocar la declaración de utilidad pública a la Federación de Planificación Familiar Estatal. Una vez publicado en el BOE esa condición, la Asociación de Abogados Cristianos (la misma organización que denunció a la manifestación del coño insumiso) presentó un recurso el 6 de mayo de 2016. El Boletín Oficial decretaba la revocación el 30 de ese mes. Entre declaración y anulación pasaron 25 días. "Aprovecharon una leve sanción administrativa" para justificar la decisión, contaba la presidenta de la federación Gema González a eldiario_es.
Así que HazteOir, que ha contratacado y prepara una nueva campaña por tierra y aire, mantiene la posibilidad de no pagar el IBI por los inmuebles a su nombre, está exenta de tributar por aquellas actividades que realice con carácter de servicio social y paga menos impuestos por los beneficios económicos que obtenga.
Además, sus donantes –que suponen el 43% de los ingresos de la organización– acceden a deducciones fiscales basadas en los incentivos al mecenazgo por sus aportaciones al tiempo que pueden exhibir que colaboran con un grupo de especial utilidad para la sociedad (con el sello del Ministerio por delante).
Desde que HazOír es "de utilidad pública", en 2013, sus ingresos por donaciones han crecido un 59%: de 669.000 euros a 1,1 millones en 2016. HazteOír puede ser una organización del espectro ideológico marginal pero cuenta con un músculo financiero nada pequeño: su presupuesto anual supera los 2,5 millones de euros. El presidente de la organización, Ignacio Arsuaga, ha repetido este lunes que cumplen con todos los requisitos para mantener la declaración al tiempo que ha presumido de no recibir subvención alguna de dinero público aunque el Gobierno regional de Esperanza Aguirre sí les trasfirió fondos mediante la Agencia de Cooperación.
Envalentonada por la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de levantar la prohibición cautelar de circular que pesaba sobre uno de sus vehículos propagandísticos, la organización presidida por Ignacio Arsuaga planea ahora sobrevolar las playas españolas este verano con avionetas portando nuevos mensajes "impactantes", según prevé su dirigente. También quieren aprovechar el debate parlamentario sobre la ley LGTBI para hacer circular de nuevo sus autobuses naranjas con mensajes tránsfobos.
Así los ultracatólicos disfrutan de las de las exenciones y tratamientos de favor fiscales que la ley otorga a este tipo de asociaciones. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido afirmó en marzo pasado –en medio de la campaña tránsfoba de su autobús naranja– que evaluaría si la campaña tránsfoba de HazteOír equivalía a la pérdida de su declaración de utilidad pública. Ahora, el Ministerio se escuda en que la resolución de la Audiencia Provincial que levantó la medida cautelar de inmovilización de uno de los autobuses de la organización supone que " dicha campaña no tiene relevancia penal sino que se enmarca dentro del derecho a la libertad de expresión". Ese auto fue firmado el 14 de julio. Más de cuatro meses depués de los anuncios de revisión.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dijo el 8 de marzo en el Congreso de los Diputados que, independientemente de las acciones judiciales y fiscales abiertas para investigar la campaña de la organización, su departamento iba a revisar "si se han incumplido algunos de los principios que se exigen como fundamentales para la concesión y, en ese caso, se procederá a la revocación". La marca de utilidad se la concedió el Ministerio dirigido entonces por Jorge Fernández Díaz en 2013.
Aparte de los requisitos técnicos, la ley de asociaciones pide a las candidatas a utilidad pública que promuevan el "interés general" y que tengan un carácter, entre otros, "de promoción de valores constitucionales" o de "fomento de la tolerancia" o "protección a la infancia".
Zoido habló después de que sus compañeros de partido en el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid y en la dirección nacional del PP pidiesen públicamente que se anulara la distinción a HazteOir. La vicesecretaria general popular, Andrea Levy, aseguró que debería desposeerse de ese estatus a la asociación "si sigue haciendo ese tipo de autobuses". El portavoz del Gobierno presidido por Cristina Cifuentes, Ángel Garrido, pidió que el Gobierno de Mariano Rajoy revisara esta condición.
El Pleno del Congreso de los Diputados añadió su voz y solicitó oficialmente la revocación mediante una moción de PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y ERC que contó con el apoyo mayoritario de la Cámara. El PP se abstuvo.
Pero una vez que se pasó la tormenta, el Ministerio del Interior no ha tenido mucha prisa por analizar si los mensajes tránsfobos del autobús de HazteOir permitían despojarle del título de utilidad pública. Todo parece haberse olvidado o, al menos, ralentizado hasta la inmovilidad.
Como contraste, hace poco más de un año, el Gobierno apenas tardó un mes en revisar y revocar la declaración de utilidad pública a la Federación de Planificación Familiar Estatal. Una vez publicado en el BOE esa condición, la Asociación de Abogados Cristianos (la misma organización que denunció a la manifestación del coño insumiso) presentó un recurso el 6 de mayo de 2016. El Boletín Oficial decretaba la revocación el 30 de ese mes. Entre declaración y anulación pasaron 25 días. "Aprovecharon una leve sanción administrativa" para justificar la decisión, contaba la presidenta de la federación Gema González a eldiario_es.
Así que HazteOir, que ha contratacado y prepara una nueva campaña por tierra y aire, mantiene la posibilidad de no pagar el IBI por los inmuebles a su nombre, está exenta de tributar por aquellas actividades que realice con carácter de servicio social y paga menos impuestos por los beneficios económicos que obtenga.
Además, sus donantes –que suponen el 43% de los ingresos de la organización– acceden a deducciones fiscales basadas en los incentivos al mecenazgo por sus aportaciones al tiempo que pueden exhibir que colaboran con un grupo de especial utilidad para la sociedad (con el sello del Ministerio por delante).
Desde que HazOír es "de utilidad pública", en 2013, sus ingresos por donaciones han crecido un 59%: de 669.000 euros a 1,1 millones en 2016. HazteOír puede ser una organización del espectro ideológico marginal pero cuenta con un músculo financiero nada pequeño: su presupuesto anual supera los 2,5 millones de euros. El presidente de la organización, Ignacio Arsuaga, ha repetido este lunes que cumplen con todos los requisitos para mantener la declaración al tiempo que ha presumido de no recibir subvención alguna de dinero público aunque el Gobierno regional de Esperanza Aguirre sí les trasfirió fondos mediante la Agencia de Cooperación.
Envalentonada por la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de levantar la prohibición cautelar de circular que pesaba sobre uno de sus vehículos propagandísticos, la organización presidida por Ignacio Arsuaga planea ahora sobrevolar las playas españolas este verano con avionetas portando nuevos mensajes "impactantes", según prevé su dirigente. También quieren aprovechar el debate parlamentario sobre la ley LGTBI para hacer circular de nuevo sus autobuses naranjas con mensajes tránsfobos.
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