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miércoles, 8 de agosto de 2018

#hemeroteca #lesbianismo #poblacionindigena | La triple lucha de Silene Salazar: "Ser indígena afecta al sistema capitalista y ser mujer lesbiana, al sistema patriarcal"

Imagen: El Diario / Silene Salazar
La triple lucha de Silene Salazar: "Ser indígena afecta al sistema capitalista y ser mujer lesbiana, al sistema patriarcal".
En el Día Mundial de los Pueblos Indígenas hablamos con Silene Salazar, activista indígena y cofundadora de la Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Bolivia. Su labor se centra en visibilizar las identidades LGTBI que existen dentro de las comunidades indígenas, brindar apoyo y trabajar en el empoderamiento de las mujeres que viven en las ciudades. “La salida para muchas es el exilio de sus comunidades”, explica la activista.
Icíar Gutiérrez | El Diario, 2018-08-08
https://www.eldiario.es/desalambre/lesbiana-indigena-etiquetas-aceptarme-verguenza_0_801420557.html

La de Silene Salazar es una historia de tres luchas. La primera, contra la homofobia, desde que siendo una adolescente decidió expresar abiertamente su orientación sexual en Santa Cruz, en el centro de Bolivia. La segunda, contra el racismo, que también afirma sufrir dentro del movimiento LGTBI. La tercera, la lucha por “aceptarse” y conocer sus raíces en una vida marcada, desde niña, por la migración. Las tres le han llevado a gritar bien alto quién es, una mujer indígena y lesbiana, y a dedicar todas sus fuerzas a que otras también puedan decirlo sin miedo. “Existimos”, repite.

Lo hace desde la Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Bolivia (Red LB), un colectivo que cofundó en 2008. “Fue encontrarme por primera vez un espacio seguro lleno de aceptación. Estoy completamente convencida que la visibilización es necesaria para crear un cambio en la sociedad”, resume la activista en una entrevista con eldiario_es.

Cuando puso en marcha la red, Salazar tenía 26 años y varias situaciones de discriminación a sus espaldas. Diez años antes, cuando dijo por primera vez que era lesbiana, se enfrentó al rechazo de su entorno más cercano, también al de su familia, de ascendencia quechua y establecida desde hace años en la ciudad. “Fue muy duro de aceptar, era bastante joven. La idea de que estaba enferma o de que era rara me llevó a una época de depresión, los constantes esfuerzos de cambiar y adaptarme a la heteronorma solo me desgastaron. En mi colegio católico fui discriminada por alumnos y maestros por mi orientación y mi expresión de género. Mi respuesta fue aislarme”, relata la defensora de derechos humanos.

A la homofobia que aún persiste en casi todos los rincones del mundo, insiste Salazar, se unía el rechazo a su origen indígena. Cuenta que, cuando visitaba la comunidad desde donde emigró su familia, Challapata (La Paz), nunca sentía que esas fueran sus raíces. “De alguna manera perdimos nuestra identidad al migrar a la ciudad. Identificarme como mujer indígena cambió mi vida, porque siempre me dijeron que no lo era, que era parte de un estrato social medio donde ser indígena es malo. Solamente después de conocer lo que significa ‘ser blanco’ gracias a una estadía en EEUU, entendí que yo no lo era, que mis raíces estaban en lo profundo de una comunidad y que era necesario no solo abrazar esta identidad, sino también visibilizarla”, recalca Salazar.

“La salida para muchas mujeres es el exilio”
Así, hacer más visibles las identidades LGTBI que existen dentro de las comunidades indígenas es uno de los pilares del activismo que ejerce desde la Red LB. Salazar denuncia la escasez de información sobre la existencia de mujeres lesbianas y bisexuales indígenas, algo que trata de combatir desde su colectivo.

En primer lugar, ofreciendo un espacio a las propias mujeres donde puedan conocerse y apoyarse unas a otras. De momento, su labor se centra en las que viven en las áreas urbanas, pero ya trabajan conseguir recursos y poder llegar a más mujeres en las comunidades rurales, donde los obstáculos, según defiende, son mayores.

“Ser indígena en Bolivia y asumirse como mujer lesbiana es muy conflictivo especialmente para las que viven en comunidades, donde se tiene una visión muy cerrada acerca de la homosexualidad. Ser mujer en Bolivia ya de por sí es difícil cuando 75% de mujeres sufren violencia, lo que se agrava en la comunidades”, explica.

“Ser indígena afecta al sistema capitalista y ser lesbiana es una afrenta al sistema patriarcal. Asumirse en todas estas identidades es colocarse en una situación de mucha vulnerabilidad, pero también es lograr la valentía para no seguir estando invisibilizadas”, apostilla.

El precio a pagar por hacer visible su orientación sexual, dice, a menudo pasa muchas veces por migrar a la ciudad o vivir una vida heterosexual “falsa”. Son algunas de las experiencias que las mujeres comparten en los grupos de debate que organiza la red.

“Todas tienen el exilio como única salida para ejercer su sexualidad libremente. Una compañera nos comentó lo difícil que fue visibilizarse en su familia y cómo fue prácticamente expulsada de su comunidad. Sus familiares siguen negando que ella es lesbiana y la aíslan en cualquier evento. Debe vivir prácticamente una doble vida: la de una mujer lesbiana en la ciudad y la vida de alguien que supuestamente es heterosexual dentro de su comunidad”, ejemplifica la activista.

En estos grupos de debate, intercambian sus historias y analizan las causas profundas que, a su juicio, están detrás de la discriminación que sufren a diario por ser mujeres, indígenas y lesbianas. “Recordamos nuestra existencia desde tiempos antiguos y que la homofobia es producto de la colonización y el adoctrinamiento de la religión”, sostiene Salazar. “Todos los comportamientos ancestrales que no entraban en la lógica colonialista fueron satanizados. Las lesbianas, maricones y trans existimos desde el inicio, en todo el mundo y en varias comunidades. El colonialismo borró nuestras memorias y la homofobia sigue arraigada en los pueblos, en el pensamiento de que solo mujer y hombre pueden ser pareja”, explica.

Además de ofrecer un espacio seguro y para el empoderamiento de las mujeres, la Red LB elabora investigaciones, se reúne con líderes de comunidades indígenas y lucha por lograr medidas políticas concretas. Aunque en la última década ha habido algunos avances legislativos contra todas las formas de discriminación y contra la violencia hacia las mujeres en Bolivia, Salazar remarca que, para aplicarse, hacen falta más recursos y más formación para los funcionarios públicos. Por otro lado, según asegura la activista, el racismo sigue estando presente en muchos ámbitos, y la comunidad LGTBI no se salva. “El movimiento se ha enfocado en pedir derechos civiles. Claro que son importantes, pero hay todavía personas LGBTI que aún lucha por no ser asesinadas en la calle y por poder comer a diario. El movimiento no está respondiendo a las necesidades de todas”.

Salazar sigue viviendo en Santa Cruz, la ciudad donde comenzó su activismo, aquella donde decidió vivir su orientación sexual con libertad cuando aún era adolescente. Le dijeron que se marchara de allí, que otras ciudades como La Paz eran “más abiertas”. “Sabía que ser feliz aquí, como lesbiana, no sería posible, sin embargo el pensamiento de mudarme solo porque Santa Cruz es una sociedad conservadora nunca me convenció, y sabía que aquí justamente era donde más se necesita trabajar. Mi realidad ha cambiado y he logrado ser lesbiana y feliz en esta ciudad”, afirma Salazar.

Y recuerda sus tres luchas, el activismo que la ha hecho más fuerte, los miedos que ya no tiene. “Ser mujer, lesbiana e indígena no son solo etiquetas para mí, es encontrarme a mí misma, aceptarme, visibilizarme desde el orgullo, desde el amor, y alejarme de la vergüenza que me inculcaron una sociedad machista y profundamente clasista”, sentencia.


NOTA DE IGLU: En pleno debate (más o menos 'pijo') sobre los límites del activismo, la lucha de clases, las identidades, las trampas de la diversidad, la interseccionalidad y cosas por el estilo, nos llega desde Bolivia este testimonio de Silene Salazar. El testimonio de una mujer atravesada por sus identidades lesbiana e indígena, enfrentándose directamente al machismo, al racismo y al clasismo, poniendo en valor las consecuencias de la colonización múltiple, política y religiosa, de los cuerpos, de la memoria y de la tierra, también al interior de sus comunidades y del propio movimiento LGTBI, presuntamente liberador. Hermosas sus palabras contra el silencio y el exilio y el sexilio y su proceso de aceptación en todos los sentidos. Grande Silene, muy grande. Más claro, agua, la verdad. Continuará.

miércoles, 9 de agosto de 2017

#hemeroteca #poblacionindigena | El último hablante de chaná, una lengua que se creía extinguida desde hace un siglo

Imagen: El País / Blas Jaime, último habalnte de chaná
El último hablante de chaná, una lengua que se creía extinguida desde hace un siglo.
El documental ‘Lantéc chaná’ rescata la memoria de un grupo étnico que vivió en el litoral argentino a través del testimonio de Blas Jaime.
Mar Centenera | El País, 2017-08-09
https://elpais.com/cultura/2017/08/03/actualidad/1501787462_132915.html

El argentino Blas Jaime atesora en su cabeza un idioma indígena que se consideró extinguido durante más de 100 años, el chaná. Se lo enseñó su madre, quien lo había aprendido de su abuela, que a su vez lo heredó de la bisabuela, en una cadena de transmisión oral secreta que se remonta a siglos atrás, cuando comenzaron a ser perseguidos por los colonizadores españoles y evangelizados a la fuerza, en las orillas del río Uruguay. "Los nombres aborígenes fueron prohibidos (...) Y a las niñas que hablaban chaná les cortaban la punta de la lengua", recuerda Jaime en el documental Lantéc chaná, filmado por la directora argentina Marina Zeising.

Este expredicador mormón de 71 años no enseñó el idioma a su hija y renegó de él durante décadas. Su vida cambió cuando en una conversación casual mencionó que hablaba chaná y la noticia llegó a oídos del investigador Pedro Viegas Barros. "Los chanás no existen", fue la primera respuesta de Viegas. Escéptico, se trasladó de Buenos Aires a Paraná para verle. Y allí comprobó que el vocabulario que Jaime había retenido durante noches de enseñanza materna correspondía con el único testimonio escrito de la lengua de su etnia, el Compendio del idioma de la nación chaná, escrito por Dámaso Larrañaga en 1823 a partir de entrevistas a ancianos de esta tribu, que durante siglos vivió de la pesca y de lo que le proveían los ríos.

"Timú" le dice el chaná al hijo. "Atá" es el agua, "ata má" es el río, y "vanatí ata ma" los hijos del río, los arroyos. "Beada" -la palabra favorita de Jaime- significa madre y "beada á", la Tierra. El árbol es el hijo de la Tierra, "vanatí beada", y sus ramas se denominan "palá".

Viegas escuchó esas palabras de Jaime por primera vez en 2005. Desde ese momento, ambos se embarcaron en una odisea para reconstruir la lengua y la cultura chaná e intentar que no desaparezca. En 2010 el idioma fue incluido en el Atlas de lenguas del mundo en peligro de la Unesco y en 2014 publicaron el primer ‘Diccionario Chaná-Español Español-Chaná’. La cinta de Zeising es un nuevo testimonio de la recuperación de la memoria de uno de los pueblos indígenas que habitaron el extremo sur del continente americano.

"El día que (mi hija) Evangelina se haga cargo de transmitir el chaná, yo preferiría volver a la Iglesia", dice Jaime a El País tras la proyección del documental, recién estrenado en Argentina. Entrecierra sus ojos oscuros, se apoya en su bastón y en voz baja lamenta no haberle enseñado la lengua de niña. Cuando más tarde quiso hacerlo, su hija se negó. "Me dijo que no quería ser india, que la iban a maltratar e insultar", recuerda. El sentimiento es común en numerosos descendientes de indígenas en Argentina, un país que no reconoció los derechos de los pueblos originarios hasta 1994. Evangelina cambió de opinión al ser madre. Comenzó a estudiar chaná y ahora ayuda a su padre a dar clases a alumnos que quieren aprenderlo.

A Jaime le gustaría que además de conocer su lengua, los argentinos adoptasen algunos de los valores de sus antepasados. "El principal es el respeto a la mujer", subraya, al recordar que el pueblo chaná era un matriarcado, en el que eran las mujeres las responsables de impartir justicia y de transmitir la cultura de madres a hijas. "También el respeto a los niños y a la madre naturaleza. Los chanás creemos que es un ser vivo y que su sangre son los ríos y los arroyos", continúa. La difusión de un pedazo de la historia de Argentina le ha quitado soledad a los últimos años de su vida y le emociona hasta las lágrimas la esperanza de que su lengua le sobrevivirá.

Y TAMBIÉN…
El conflicto con los mapuches en Argentina se recrudece tras la desaparición de un manifestante.
Una comunidad de aborígenes ocupa desde hace dos años una pequeña parte de las 900.000 hectáreas de una propiedad de Luciano Benetton en la Patagonia. El artesano Santiago Maldonado participaba de una protesta del grupo Resistencia Ancestral Mapuche y desapareció tras un operativo de la gendarmería el 1 de agosto. El Gobierno ofrece una recompensa a quien pueda ofrecer datos, mientras organismos de derechos humanos convocan una protesta 48 horas antes de las primeras elecciones desde el triunfo de Macri.
Natalia Chientaroli | El Diario, 2017-08-09
http://www.eldiario.es/internacional/conflicto-Argentina-recrudece-desaparicion-manifestante_0_674033132.html

#hemeroteca #poblacionindigena | El legado del indígena Deskaheh

Imagen: El País / Deskaheh en la Sociedad de Naciones, Ginebra
El legado del indígena Deskaheh.
Hoy se celebra el décimo aniversario de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Muchos son los avances, pero también los retos.
Pamela Leiva Jacquelín (IWGIA) | El País, 2017-08-09
https://elpais.com/elpais/2017/08/07/planeta_futuro/1502124131_537260.html

En 1923, Deskaheh (nombre nativo de Levi General), líder cayuga de Canadá, se convirtió en el primer hombre del mundo en llevar su demanda por el reconocimiento de los derechos indígenas a la organización antecesora de las Naciones Unidas, la Sociedad de Naciones, con sede en Ginebra. Su petición era simple y clara: poder vivir bajo leyes indígenas en su territorio y profesar su propia fe. Aunque pasó más de un año en Europa, no fue atendido oficialmente y sus reclamos no fueron escuchados. Deskaheh murió en 1925 en Estados Unidos, después de que Canadá le negara su reingreso en el país.

Si bien ha pasado cerca de un siglo de estos acontecimientos, las respuestas nacionales que aún reciben los pueblos indígenas no difieren en gran medida del trato que recibió Deskaheh.

Algunos analistas apuntan que estamos siendo testigos de un siglo indígena. Este ‘momentum’ parece no ser solo una aspiración de aquellos que trabajamos por los derechos indígenas o una mera casualidad, sino que las estadísticas muestran a estos pueblos al frente de luchas globales clave para nuestro planeta.

De acuerdo con un informe de Global Witness, más de 100 defensores del medio ambiente han sido asesinados en lo que va de 2017 y las comunidades indígenas encabezan la lista, principalmente por su oposición a la expansión de las industrias extractivas. Solo en 2015, un tercio de los asesinatos relacionados con la defensa del territorio fueron líderes indígenas de América Latina. Esta escalada de violencia no es casual, ya que las áreas donde residen son las más ricas en biodiversidad.

Justamente, uno de los artículos más importantes de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que cumple hoy diez años, es el derecho colectivo e inalienable "a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma". Aquí se encuentra la batalla más grande. Sin importar las diferencias regionales, los pueblos indígenas son hoy amenazados por el avance incesante de megaproyectos de infraestructura, industrias extractivas y agricultura a gran escala. Todas estas actividades prometen un próspero futuro, pero generalmente acaban en desalojos forzados, criminalización de líderes y graves violaciones de derechos humanos. En nombre de la conservación y el desarrollo, los menos responsables son los más golpeados.

Un esfuerzo que forjó una declaración para más de 370 millones de personas
Resulta paradójico que una demanda con casi 100 años de antigüedad se haya convertido en el último corpus legislativo del derecho internacional. La Declaración necesitó de 20 años de discusión en la antigua Comisión de Derechos Humanos hasta convertirse en una realidad.

Sin lugar a dudas, este instrumento marcó un antes y un después en la vida de los pueblos indígenas. No les bastó con consagrarse como sujetos de derecho internacional, sino que por primera vez en la historia de las Naciones Unidas, los propios beneficiarios fueron los que negociaron y construyeron uno de los instrumentos de derechos humanos con más consenso internacional.

Hoy, la Declaración es la fuente de referencia legítima para demandar la obligación de los Estados. En este largo proceso, la tenacidad de las comunidades ha sido la clave para demandar lo que siempre se les ha negado: su derecho a participar en todas las decisiones que les conciernen.

A paso lento pero firme: una historia de participación y reconocimiento
Suele decirse que el cambio es impulsado desde los márgenes. La historia de cómo los pueblos indígenas han conquistado espacios dentro del sistema de las Naciones Unidas da cuenta de ello.

Fue con la efervescencia de la década de los 70 el siglo pasado cuando el movimiento indígena tomó un nuevo impulso y dejó en claro que su lucha no podía estar solo en manos de los Gobiernos nacionales. Gracias al apoyo de varias organizaciones internacionales como IWGIA (International Work Group for Indigenous Affairs), el sistema internacional de derechos humanos dio un salto trascendental: dejó atrás un enfoque integracionista y reconoció finalmente el paradigma de libre determinación colectiva.

En lo más básico, esto significó que los pueblos indígenas pudieran hablar, preparar documentos y hacer propuestas en la ONU. Desde ese momento, más organizaciones y líderes comunitarios comenzaron a participar en reuniones y estudios sobre sus derechos. El sentido de las discusiones cambió totalmente y dejo una huella a seguir para los defensores de los derechos humanos.

Pero la Declaración no ha sido la única victoria. El movimiento indígena consiguió su propio Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas (2000), su Relator Especial (2001), el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y su Conferencia Mundial (2014).

Este avance firme ha hecho posible que, en la última década, la condición jurídica de estos pueblos sea mejor entendida y aceptada por los Estados miembros y otros actores clave. Es también esperanzador ver que los países que votaron en contra de la Declaración –Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos–, han ido revisado sus posiciones y han declarado públicamente su apoyo. Otras tendencias positivas nos hacen pensar que estamos por el buen camino. El ascenso de Gobiernos indígenas autónomos en América Latina, disculpas oficiales y planes de reconciliación en Canadá, una general mayor participación política y una más amplia cobertura periodística dan aliento.

La ONU como trampolín para la batalla territorial
Forjar una declaración internacional ha sido más que una prueba de que los pueblos indígenas son capaces de unir esfuerzos globales para impulsar cambios democráticos. Esfuerzos que guían los pasos para una verdadera descolonización. Pero las batallas ganadas sobre el papel no garantizan cambios automáticos. La realidad cotidiana de las comunidades muestra que todavía se encuentran bajo grandes presiones. La reducción del espacio del activismo y la criminalización de sus protestas amenazan directamente sus modos de vida. El asesinato de Berta Cáceres ha sido, sin duda, una llamada de atención urgente sobre esta cruda realidad.

El requisito previo fundamental para que los pueblos indígenas puedan conservar su identidad y desarrollar su autonomía es el derecho a poder definir el alcance y dirección de las actividades de desarrollo dentro de sus territorios. ¿Qué hace falta entonces? Una Declaración es una responsabilidad universal que nos incluye a todos: Estados, organizaciones indígenas, instituciones financieras, el sector privado, entidades de conservación, academia, los medios y las ONG.

Mientras que la exploración y explotación de los recursos naturales continúe su expansión, los pueblos indígenas seguirán siendo los más afectados. La única acción para salvaguardar sus derechos es que los Estados entren en un verdadero diálogo multicultural para alcanzar negociaciones justas. Esto requiere de voluntad política, capacidad técnica y compromiso financiero para acometer reformas legales. Sin olvidar el objetivo con el que la declaración fue diseñada: la necesidad urgente de superar y reparar la negación histórica de derechos fundamentales.

Esta lucha no llama a hacer reales derechos especiales, sino derechos humanos inalienables como lo es ser dueños de nuestro propio destino. Hoy celebramos tener la Declaración como remedio y brújula que guía todos nuestros esfuerzos.

Pamela Leiva Jacquelín trabaja en la International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA).