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lunes, 7 de octubre de 2019

#hemeroteca #lgtbifobia #ideologiadeodio | HazteOír lanza una campaña en escuelas de Jaén contra las actividades de diversidad

Imagen: Ideal / Bus del odio de HazteOír
HazteOír lanza una campaña en escuelas de Jaén contra las actividades de diversidad.
El colectivo remite cartas a más de 330 centros educativos jienenses y sus AMPA pidiendo apoyo al «pin parental» contra los contenidos LGTBI.
Miguel Ángel Contreras / Miguel Cárceles | Ideal, 2019-10-07
https://www.ideal.es/jaen/provincia-jaen/hazte-lanza-campana-20191007124159-nt.html

El colectivo ultraconservador Hazte Oír –que se hizo famoso tras lanzar varias iniciativas contra la educación en la diversidad con un autobús naranja– ha iniciado una campaña estatal con la que persiguen recabar apoyos a su proyecto legislativo de «pin parental», un plan que actúa como medio de censura contra las actividades educativas en favor de la diversidad afectiva y sexual.

En Jaén, un total de 333 centros educativos han recibido en las últimas dos semanas una carta, un panfleto y un libro con los que Hazte Oír pretende recabar apoyos para su proyecto legislativo: una suerte de permiso obligatorio que los centros deberían reclamar a los progenitores para que el alumnado pueda acudir a actividades de educación afectiva y sexual. Las cartas se han remitido a la dirección de los centros escolares y también a las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) que, en algunos casos, han mostrado su perplejidad.

«Imagina que un día, al llegar del colegio, tu hija o tu hijo menor de edad te cuenta que, en lugar de clase de matemáticas, de lengua o de inglés, le han dado una charla de diversidad sexual«, narra el colectivo en el folleto que acompaña a la carta. »Los políticos han decidido, a tus espaldas, adoctrinar a los niños en materia afectivo-sexual, desde las edades más tempranas, en todas las etapas y modelos educativos. Activistas de organizaciones LGTBI tienen abiertas las puertas de los colegios para hablar a tus hijos de sexo sin tu conocimiento ni consentimiento«, advierten en las misivas.

La iniciativa pide que las comunidades educativas, docentes o padres apoyen una petición a los líderes de los tres partidos conservadores en España (Pablo Casado, PP; Albert Rivera, Cs; y Santiago Abascal, Vox) para que «en las comunidades autónomas en las que gobiernan o influyen decisivamente implanten el »pin parental« en todos los centros educativos. En Andalucía se han remitido copias de los documentos de esta iniciativa política a 3.504 centros educativos de toda la comunidad y sus respectivas AMPA.

«No es de recibo que, sin conocimiento ni consentimiento de los padres, se repartan preservativos a menores en los institutos o que los activistas LGTBI les expliquen que pueden elegir ser gays o lesbianas como se está haciendo», indica la portavoz de esta entidad, Teresa García-Noblejas.

El «pin parental» ya se ha implementado en la Región de Murcia, donde el gobierno obliga a los centros educativos a informar a los progenitores de todas aquellas actividades complementarias que se desarrollan en horario escolar «con objeto de que puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades». La medida es, además de una propuesta defendida a capa y espada por el colectivo ultraconservador HazteOír, una de las propuestas estrella del partido Vox. En la Región de Murcia gobiernan PP y Cs con el apoyo expreso de los de Santiago Abascal.

El alud de cartas y folletos reclamando apoyo para permitir la insumisión de los padres a la formación en diversidad y en salud afectivo sexual de sus hijos, hasta ahora una formación legalmente transversal e insuprimible, como las matemáticas o el inglés, no se quedará tan solo en un polémico gesto. Tras la denuncia ante la Fiscalía General del Estado por parte del sindicato de Enseñanza de Comisiones Obreras, el sindicato Ustea sopesa también medidas judiciales contra la entidad HazteOír, promotora de la campaña.

miércoles, 2 de octubre de 2019

#hemeroteca #lgtbifobia #ideologiadeodio | El PIN Parental como objeción de conciencia a la Constitución

Imagen: 20 Minutos
El PIN Parental como objeción de conciencia a la Constitución.
Jesús Generelo · Ex-presidente de la FELGTB | 1 de cada 10, 20 Minutos, 2019-10-02

https://blogs.20minutos.es/1-de-cada-10/2019/10/02/pin-parental-como-objecion/

Después de perseguir por las calles a las y los menores trans con un autobús en el que los acusaban de mentir, de no saber cuál es su identidad sexual, de ser unos fraudes, la última ocurrencia de la organización HazteOír.org (un lobby ultra con un presupuesto de cerca de dos millones de euros destinado a atacar derechos de la mujer y LGTBI) ha sido enviar una carta a las AMPAs y a los centros educativos de toda España para reclamarles lo que llaman un “pin parental” según el cual las familias podrán solicitar a la dirección del centro educativo información sobre cualquier actividad que afecte directamente a los “valores familiares”, a “materia afectivo-sexual”, “identidad y orientación sexual”, “diversidad sexual y afectiva” o “diferentes modelos de familia”.

Lo que en principio califico de una ocurrencia sería solo un motivo de broma si no fuera porque ya la Consejería de Educación de Murcia se ha posicionado a favor de esta medida y, con toda probabilidad, a algunos centros les servirá de excusa para paralizar iniciativas educativas a favor de la diversidad y del respeto a las minorías sexuales, de identidad de género y familiares. Por lo tanto, conviene clarificar lo que esta demanda del lobby ideológico significa: ni más ni menos que una petición a centros educativos y a familias para que desobedezcan la Constitución española, la ley educativa y, en 12 comunidades autónomas, las leyes de Igualdad LGTBI y de atención a la población Trans.

La derecha ultra católica tradicionalmente se ha amparado en el malinterpretado derecho constitucional a la libertad de educación para justificar la fiscalización paterna de los centros de enseñanza. Porque la Constitución, efectivamente, en su artículo 27 reconoce “la libertad de enseñanza”. Para, acto seguido, explicar el principio educativo:
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
Es decir, la libertad de enseñanza nunca puede estar por encima de los principios constitucionales y de derechos fundamentales como es el del pleno desarrollo de la persona, el de la igualdad de trato u oportunidades, el de la dignidad o el derecho a la propia imagen, entre otros.

Preguntado el Tribunal Constitucional sobre la cabida o no del matrimonio igualitario en la Constitución, el alto tribunal respondió no solo afirmando tajantemente que sí, sino remarcando que lo que no puede caber es la discriminación, es decir, dejar a un sector de la población sin un derecho como es el de contraer matrimonio. La misma doctrina puede aplicarse, de manera paralela, al derecho a la educación.

Porque, ¿puede desarrollar plenamente su personalidad un menor trans al que se le trata según el género que no reconoce o se le humilla con un nombre con el que no se identifica? ¿Puede hacerlo una niña con dos madres si el único modelo familiar del que se le habla durante toda su vida escolar es la familia heteroparental? ¿O un adolescente que vive en el miedo a ser reconocido como gay o bisexual y que sufre las burlas de sus compañeros sin que nada en el sistema educativo le hable de su derecho a ser, a expresarse y a vivir sin temor y sin vergüenza?

Evidentemente, no. Por eso la LOMCE (la Ley educativa que nos dejó el gobierno de Rajoy, no lo olvidemos) es también muy clara al respecto y establece que
La educación es el medio (…) de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, así como de conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo posible de todas sus capacidades, individuales y sociales, intelectuales, culturales y emocionales para lo que necesitan recibir una educación de calidad adaptada a sus necesidades. Al mismo tiempo, se les debe garantizar una igualdad efectiva de oportunidades.
Para ello, uno de los principios del sistema educativo es
la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación
También
la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.
Es decir, que una y otra vez la LOMCE pone por delante la obligación del sistema educativo de acabar con cualquier discriminación y de fomentar la inclusión de la diversidad, la igualdad, el respeto a las diferencias... Hasta el punto que el objetivo K de la educación es
conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, así como conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad”.
Basándose en estos principios y objetivos se consideran faltas muy graves ‘aquellas conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la comunidad educativa, que tengan como origen o consecuencia una discriminación o acoso basado en el género, orientación o identidad sexual...’ y para ellas se establecen las medidas correctoras más drásticas.

No parece, por tanto, que los centros tengan que pedir permiso a ninguna familia para hacer su labor, la que les marca expresamente la ley. Si esto fuera así, sería establecer una educación a la carta totalmente –como vemos- contraria a los principios constitucionales. Es decir, algunas familias podrían oponerse a que sus hijos/as asistieran a las lecciones en las que la Tierra no es considerada el centro del universo, o en las que se afirme que es redonda, familias ateas podrían impedir que se hable de la existencia de religiones o de sentimientos espirituales en el ser humano, otras podrían exigir “pin parental” para que no se aporte información alguna sobre transfusiones de sangre, etc., etc. Y así hasta el paroxismo.

Cuando un centro educativo programa una actividad dentro de su recinto, se trata de una actividad educativa más que responde al Proyecto Educativo del Centro, que forma parte del currículo educativo y que es de obligada asistencia, además de evaluable. Y resulta ridículo intentar forzar a que el profesorado, expuesto a una sobrecarga de trabajo extraordinaria, tenga que andar consultando a las familias cada vez que tiene que educar a sus hijos en un tema u otro de los que establece la ley.

Y por si la Constitución Española y la LOMCE no bastaran, cabe recordar que hay ya 12 comunidades autónomas que cuentan con leyes de Igualdad LGTBI y/o de Identidad Trans. Y estas leyes son muchísimo más concretas en cuanto al reconocimiento de las realidades LGTBI, de la inclusión de la diversidad sexogenérica y familiar en los currículos, materiales educativos, así como en todos los documentos de los centros. Algunas incluso especifican la necesidad de colaborar con entidades LGTBI para aportar referentes y visibilidad, o de celebrar fechas concretas como el 17 de Mayo, Día Mundial contra la LGTBIfobia. Cabe recordar que estas leyes han sido votadas por la inmensa mayoría de los partidos con representación autonómica, entre los que se encuentran el PP, Ciudadanos, PSOE y, por supuesto, UP, ERC, PNV, etc.

¿Hace falta ser más explícitos? Pues con todas estas normativas legales en la mano (más sus respectivos reglamentos, protocolos, etc.) es obvio que lo que HazteOír.org propugna es la objeción de conciencia. Es decir, el incumplimiento de la ley vigente.

Podría seguir, además, hablando de las recomendaciones internacionales, de la ONU o la UNESCO, o, por supuesto, de los derechos del alumnado LGTBI, pero creo que no es preciso. Basta con recordar que los centros educativos, apoyados por la inspección educativa, deben garantizar el cumplimiento de la Ley y no solo desoír a HazteOír.org, sino recordar a las familias lo que podría suponer que alguna de ellas intentara boicotear el trabajo del centro o la obligación de desarrollar una educación inclusiva, equitativa, democrática, constitucional. Es decir, si algún centro o familia decide optar por esa desobediencia consciente a las leyes, que se vayan atendiendo a las consecuencias legales de sus actos.

martes, 1 de octubre de 2019

#hemeroteca #lgtbifobia #ideologiadeodio | La censura sobre la diversidad sexual entra en la escuela española

Ideología de odio de HazteOír
La censura sobre la diversidad sexual entra en la escuela española.
Murcia permite a las familias excluir a sus hijos de talleres sobre el colectivo LGTBI. CC OO lleva a la Fiscalía a Hazte Oír por pedir a 20.000 centros que secunden el pin parental.
Ana Torres Menárguez | El País, 2019-10-01
https://elpais.com/sociedad/2019/09/30/actualidad/1569842298_343380.html

La censura sobrevuela las escuelas en España. Desde que arrancó el curso hace unas semanas, más de 20.000 centros educativos públicos y concertados de las diferentes autonomías —en total existen unos 28.000— han sido los destinatarios de la última campaña del colectivo de ultraderecha Hazte Oír, que ha hecho un envío masivo de un kit titulado 'Mis hijos, mi decisión', en el que alerta a las familias de un supuesto “adoctrinamiento de género”, por el que los escolares estarían recibiendo instrucciones sobre “conductas lésbicas”, “aborto” o qué hacer en el día del Orgullo Gay.

Comisiones Obreras cree que esa acción podría ser constitutiva de un delito de odio y este lunes presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que inicie una investigación. “La legislación educativa vigente promueve la educación en valores, igualdad y diversidad afectivo-sexual y ese envío masivo de documentos es una intromisión ilegítima en el sistema educativo”, señala Carmen Perona, responsable del departamento jurídico de la Federación de Enseñanza del sindicato.

La campaña llega después de que en mayo Murcia —con el anterior Gobierno en solitario del PP— se convirtiera en la primera autonomía en activar el llamado pin parental, una de las propuestas estrella de Vox en las últimas elecciones, que obliga a los centros educativos a informar a las familias de todas las actividades complementarias organizadas dentro del horario lectivo, y el derecho de los progenitores a dar su consentimiento o no a cada uno de esos talleres. La autonomía de los centros no les permite poner en marcha el pin parental porque excede sus competencias. En el caso de Murcia, CC OO ha recurrido la instrucción ante la consejería y está a la espera de una resolución.

El pin parental sería, en teoría, inviable. Las normativas autonómicas establecen que estas actividades complementarias en los colegios e institutos —que, a diferencia de las extraescolares, se desarrollan en horario lectivo—, son obligatorias para todos los alumnos y evaluables, por lo que los padres no pueden negarse a que sus hijos reciban este tipo de formación. Por otra parte, todos los talleres complementarios se incluyen en la programación anual de los centros, lo que quiere decir que son públicos y accesibles para los familiares. “Esos talleres, que pueden ser de temática diversa, son aprobados por el claustro, presentados en el consejo escolar —con representación de las familias— y, finalmente, supervisados por la inspección educativa”, apunta Raimundo Benzal, inspector de Educación recientemente jubilado.

Entre los materiales enviados ahora por Hazte Oír a los colegios e institutos, hay un libro de 100 páginas en cuya portada aparecen dos mujeres paseando; una lleva un carrito de bebé. “¿Es niño o niña?”, pregunta una a la otra. “Pues no lo sabemos porque todavía no habla”, le contesta. Bajo la viñeta y con el título ‘Dejad a los niños en paz’, se puede leer “una respuesta ciudadana al adoctrinamiento de género”. “Es una provocación, quieren que sus ideales religiosos dominen la escuela y eso supondría un retroceso, la vuelta a la censura”, critica Esperanza, una profesora de un colegio rural de Castilla y León con 49 alumnos. “Recibimos el paquete como un catálogo publicitario más, pero no es una empresa, y nos preguntamos de dónde han sacado el dinero para sufragar la campaña”, lanza la docente.

Entre los documentos enviados, el colectivo insta a directores de centro, docentes y familias a solicitar por escrito a los consejeros de Educación de las diferentes autonomías la puesta en marcha del pin parental, e incluyen una carta tipo con los huecos para introducir los datos personales. La Agencia Española de Protección de Datos también ha tomado cartas en el asunto y anunció en su cuenta de Twitter que ha iniciado una investigación.

En su página web, animan a las familias a secundar un documento que enviarán a los líderes de PP, Ciudadanos y Vox a nivel nacional para pedirles que incluyan el pin parental en la próxima ley educativa. Ya suman más de 42.200 firmas. “No hace falta cambiar una ley entera, tampoco estamos pidiendo cambios en las asignaturas troncales ni en las optativas, sino mayor protagonismo de los padres en la educación y valores que reciben sus hijos”, indica Teresa García, portavoz de Hazte Oír.

En el escrito presentado ante la Fiscalía, CC OO argumenta que la campaña de Hazte Oír contraviene las leyes LGTBI aprobadas por todas las autonomías —excepto Castilla-La Mancha, Castilla y León, Asturias, La Rioja, y Cantabria—, en las que el sistema educativo juega un papel clave en la promoción de esas políticas y donde se establecen los objetivos y las actividades que los centros deben desarrollar. Además, el sindicato expone que Hazte Oír está incitando a los colegios a “cometer una ilegalidad”, ya que la actual ley educativa (Lomce) contempla que los estudiantes deben desarrollar “una actitud contraria a los estereotipos sexistas”.

La raíz del problema, explican varios profesores consultados, fue el descontento de algunos colectivos como el Foro de la Familia —una organización civil ultraconservadora— con la participación de asociaciones LGTBI externas a los centros educativos en actividades sobre diversidad afectivo-sexual. “Estos talleres se organizan en comunidades como la madrileña desde hace años y es la forma de dar voz a personas de diferente orientación sexual, para que no todo quede sobre un papel”, explica Belén de la Rosa, secretaria de igualdad de CC OO.

María Luz Martínez Seijo, portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, asegura que si su partido consigue alzarse con el poder en las próximas elecciones tendrán que plantear la fórmula para frenar a autonomías como Murcia. “Muchos directores de centro se están sintiendo coaccionados porque se está cuestionando su libertad de cátedra y su profesionalidad”, señala. “Además, desde el punto de vista constitucional es inadmisible: va en contra del derecho del alumno a la educación y su formación en valores cívicos”, zanja.

“Responde a una demanda creciente de los padres”
Con el inicio del curso en septiembre, la consejería murciana de Educación, en manos del Partido Popular, incluyó entre las instrucciones que remitió a los centros educativos la necesidad de que las familias den su consentimiento expreso para que sus hijos participen en actividades complementarias, aquellas que no tienen por qué estar ligadas a contenido curricular, pero que se imparten dentro del horario lectivo.

El País preguntó a la consejería si esa medida contradice uno de los decretos que regulan la enseñanza primaria y secundaria en la región, que establecen la obligatoriedad de asistencia a esos talleres por ser evaluables, pero no obtuvo respuesta al respecto. Las mismas fuentes de la consejería de Educación señalan que la instrucción “responde a una demanda creciente de los padres”, que se aplica “en todas las temáticas” y “solo en caso de que las imparta personal ajeno al centro educativo”. Además, añaden que “dentro de la autonomía que ostentan” los colegios, cada uno determinará el modelo de consentimiento parental a cumplimentar.

viernes, 27 de septiembre de 2019

#hemeroteca #lgtbifobia #ideologiadeodio | HazteOir reparte propaganda antiLGTBI en centros educativos aragoneses

Imagen: El Diario / Ignacio Arsuaga, de HazteOír, con su bus del odio
HazteOir reparte propaganda antiLGTBI en centros educativos aragoneses.
Están enviando un folleto, dentro de la campaña “Mis hijos, mi decisión”, en la que plantean proteger a los niños del adoctrinamiento en ideología de género. IU y algunos sindicatos como CCOO lo han denunciado. La formación política ha pedido al consejero de Educación que ponga “fin impidiendo su distribución en las aulas y que ponga todos los mecanismos para que no ocurra en un futuro”. Desde el Ejecutivo autonómico apuntan que el reparto se ha hecho sin su consentimiento y han rogado a los centros que no acepten estos documentos.
Óscar F. Civieta | El Diario, 2019-09-27
https://www.eldiario.es/aragon/sociedad/HazteOir-propaganda-antiLGTBI-educativos-aragoneses_0_946655771.html

El lobby ultracatólico HazteOir está repartiendo propaganda antiLGTBI en centros educativos de Aragón. Consiste en una publicación escrita, y enviada al director o directora, dentro de la campaña "Mis hijos, mi decisión", en la que plantea proteger a los niños del adoctrinamiento en ideología de género. Incluye un folleto y una solicitud de información previa y consentimiento familiar.

IU y algunos sindicatos como CCOO han denunciado esta campaña "contra los derechos fundamentales de las personas", como afirma la organización política, desde la que se “entiende y comparte el escándalo y el rechazo que muestra la comunidad LGTBI ante este ataque homófobo por parte del autodenominado lobby ultracatólico que utiliza a los menores para lanzar un mensaje discriminatorio”.

El coordinador general de IU en Aragón, Álvaro Sanz, ha señalado que “estamos ante un claro adoctrinamiento por parte de HazteOír, en discriminación de las personas que por su identidad de género o su orientación sexual”. Además, ha instado al consejero de Educación a poner fin de inmediato impidiendo su distribución en las aulas y poner todos los mecanismos necesarios para que no ocurra en un futuro.

El reparto de estos documentos, tal y como publicó el Diario del Alto Aragón, se ha realizado sin el consentimiento del Ejecutivo autonómico, desde el que se ha pedido a los centros que no los acepten.

martes, 10 de septiembre de 2019

#hemeroteca #lgtbifobia #educacion | Hazte Oír presiona a PP, Ciudadanos y Vox para que controlen “la ideología marxista de la sexualidad” en las aulas

Imagen: HazteOír
Hazte Oír presiona a PP, Ciudadanos y Vox para que controlen “la ideología marxista de la sexualidad” en las aulas.
El lobby ultra lanza una campaña contra el “adoctrinamiento LGTBI” en las escuelas. Su objetivo es implantar un “Pin Parental” en las comunidades autónomas donde gobierna la derecha.
Danilo Albin | Público, 2019-09-10
https://www.publico.es/politica/homofobia-hazte-oir-presiona-pp-ciudadanos-vox-controlen-ideologia-marxista-sexualidad-aulas.html

Los pactos de gobierno entre PP, Ciudadanos y Vox son fuente de esperanza en Hazte Oír. La asociación ultraconservadora ha dirigido sus últimas campañas a esas tres formaciones para reclamarles que, allá donde suman, adopten distintas medidas acordes a su ideología. La última iniciativa tiene que ver con el regreso a las aulas, donde el lobby que dirige Ignacio Arsuaga cree que se pueden dar casos de “adoctrinamiento”.

“¿Qué haces cuando te enteras que a tu hijo de 12 años le han enseñado en el cole a ponerse un preservativo? ¿O cuando a tu nieta pequeña, que no ha cumplido aún los 4 años, la inician en juegos eróticos infantiles para despertar la curiosidad sobre su cuerpo?”, se pregunta Hazte Oír en el manifiesto lanzado en los últimos días para reclamar la implantación de un “pin parental” que permita a los padres “recuperar el control sobre los contenidos a los que nuestros hijos son expuestos en las aulas sin nuestro consentimiento y protegerlos de las barbaridades de las leyes LGTBI autonómicas”.

A su juicio, “los partidos de centro-derecha, donde tienen poder para hacerlo, no pueden negarse a implantarlo”. “Quien quiera que sus hijos sean adoctrinados en ideología de género, allá ellos. Pero, ¿por qué los demás padres tenemos que tolerar esta injerencia ideológica del Estado?”, continúa el manifiesto que en el momento de redactar este artículo contaba con más de 15 mil firmas de apoyo. El objetivo inicial era llegar a 20 mil.

Según explican, el PIN Parental o “Solicitud de información previa y consentimiento expreso” es un documento “a través del cual, los padres solicitan a la dirección del centro educativo que se les informe previamente sobre cualquier actividad, charla, taller o similar” que, según ellos, “afecte directamente a los valores del alumno en materia afectivo-sexual”, citando concretamente la “identidad y expresión de género”, “diversidad sexual y afectiva” o “diferentes modelos de familia”.

“El adoctrinamiento aleja a tus hijos de ti, los aparta de tus valores, los confunde y entrega a la ideología hegemónica marxista de la sexualidad (ya sabes, aborto libre, sexo libre, género fluido, y toda esa basura que está destrozando familias enteras)”, señalan en el texto.

“Adoctrinamiento LGTBI”
Esta recolección de firmas forma parte de la campaña “Mis hijos mi decisión” que también lleva el sello de Hazte Oír y a través de la cual se dirigen directamente a Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal –líderes de PP, Ciudadanos y Vox respectivamente– para exigirles que defiendan la implantación del denominado Pin Parental “en todos los centros educativos”, buscando así “garantizar el derecho de los padres a educar a sus hijos sin adoctrinamiento LGTBI en las aulas”.

De hecho, el lobby ultraconservador ha invitado a sus seguidores a enviar a las consejerías de educación de sus respectivas comunidades autónomas el formulario que han elaborado para esta campaña, en el que reclaman ser informados sobre el contenido de aquellas actividades que “afecten directamente a la educación moral del alumno en cuestiones socialmente controvertidas”.

“De no contar con dicha información previa y sin mi aceptación expresa y firmada con anterioridad a su realización, solicito de la Consejería de Educación y del centro que se exima al alumno de la participación en la actividad en cuestión y se le garantice la debida atención educativa durante el tiempo correspondiente a aquella”, señala el formulario elaborado por Hazte Oír.

domingo, 4 de agosto de 2019

#hemeroteca #lgtbifobia #ideologiadeodio | HazteOir rompe con Vox por suavizar su discurso anti LGTBI en los acuerdos con el PP y Ciudadanos

Imagen: El Diario / HazteOír 'premiando' a Santiago Abascal en 2012
HazteOir rompe con Vox por suavizar su discurso anti LGTBI en los acuerdos con el PP y Ciudadanos.
El líder del grupo ultracatólico, José Luis Arsuaga carga especialmente contra la dirigente Rocío Monasterio, asidua a las convocatorias del grupo contra el aborto. Tras semanas de presión, se ha resquebrajado el frente que formaba el partido político y la organización de los autobuses tránsfobos. Además de la relación con Monasterio y Santiago Abascal, la mano derecha de Arsuaga, Gádor Joya, es diputada en la Asamblea de Madrid.
Jesús Bastante | El Diario, 2019-08-04
https://www.eldiario.es/sociedad/HazteOir-VOX-LGTBI-PP-Ciudadanos_0_927057473.html

La ultraderechita cobarde. Al presidente de HazteOir, Ignacio Arsuaga, solo le faltó este calificativo para referirse al acuerdo alcanzado por Vox en Madrid y Murcia para permitir gobiernos del PP y Ciudadanos, aceptando suavizar su discurso anti-LGTBI. "Se han vendido muy barato", asegura el líder de la formación ultracatólica.

Los dardos de Arsuaga, tanto en sus medios afines (Actuall) como en las redes sociales, van dirigidos especialmente a la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, una asidua a las convocatorias de HazteOir anti-aborto y contra la diversidad sexual, y a la que ahora Arsuaga acusa de "no aguantar la presión de PP-Ciudadanos-Federico Jiménez Losantos" y "excluir cualquier mención a la ley más totalitaria y adoctrinadora: la Ley Mordaza LGTBI" en Madrid.

Durante semanas, HazteOir ha hecho campaña, tanto en Murcia como en Madrid, para evitar que el acuerdo de las tres derechas incluyera cualquier mínima cesión por parte de Vox respecto de los planteamientos más ultras contra el movimiento LGTBI. Ha hecho continuas referencias tanto a Monasterio como al líder del partido, Santiago Abascal. La presión ha sido especialmente dura en el caso de Monasterio, que cuenta entre sus diputados en la Asamblea de Madrid a la mano derecha de Arsuaga, la doctora y activista Gádor Joya.

Hace apenas unos días, el propio Arsuaga presentaba en las sedes del PP y Vox más de 13.000 firmas con una petición en la que denunciaba cómo "Ciudadanos está arrastrando al PP y a Vox a la izquierda, obligándoles a firmar un acuerdo que deje intacta la nefasta ley 'mordaza' LGTBI de la Comunidad de Madrid". "¿Puede un gobierno de centro-derecha que se respete a sí mismo dejar intacta una de las leyes más liberticidas y totalitarias de la izquierda?", sostenía Arsuaga.

"Vox no puede ni debe olvidar sus promesas y dejar a los ciudadanos al albur de unas leyes que pretenden reeducarlos en un dogma de izquierda como el de la ideología de género, que quiere desposeer a los padres de su derecho constitucional a elegir la educación de sus hijos y que a estos los programa como cobayas en una ideología destructiva que impone el nuevo comunismo mundial", exigía HazteOir, que ve cómo, al menos por el momento, la férrea unidad en los movimientos ultraconservadores se resquebraja a cambio de Gobiernos en Madrid y Murcia.

"La Ley Mordaza seguirá vigente"
"Pero ahora, los intereses del ‘establishment’ mediático, como el de Federico Jiménez Losantos y otros periodistas que hasta hace poco aplaudían la valentía de Abascal, tratan de hacer volver a Vox al redil de la sumisión a los grupos de presión LGTBI. Los insultan, los señalan, los humillan cada día", denunciaba Arsuaga, quien lamenta ahora que "la Ley Mordaza LGTBI de Madrid seguirá vigente, con sus artículos que obligan a los colegios a adoctrinar en la ideología de género por las asociaciones del lobby LGTBI, se ponga como se ponga Vox".

"Rocío ha entregado las llaves no gratis, pero sí muy baratas", denuncia el inventor de los autobuses tránsfobos en Twitter. "Hoy, en Génova, en Alcalá y en EsRadio están brindando con champán. Los primeros, porque en breve tendrán sus moquetas y sus chóferes, sin que se toque la ley del lobby LGTBI. Federico, porque con Ayuso en Palacio la viabilidad económica de EsRadio se garantiza".

"Ahora Vox intentará vendernos que el artículo sobre la libertad de los padres garantiza que la ley LGTBI no se aplicará en los colegios. Pero ese artículo está redactado de forma muy genérica, y Cs lo interpretará en sentido contrario a Vox", advierte Arsuaga, que concluye afirmando que "el miedo ha impedido que Vox fuera a una negociación con suficiente fuerza (...), y perdió una oportunidad de demostrar que está en política para defender principios. Pero no pasa nada".

"Si Vox sólo recibe presiones de PP-Cs-Federico, es muy difícil que se mantenga firme en la defensa de principios. Y HO es una asociación libre e independiente. Por eso alabaremos a los políticos que lo hagan bien y criticaremos a los que no lo hagan tan bien", concluye su diatriba Arsuaga.

A su juicio, es una "pena" que la Ley LGTBI no se vaya a tocar en cuatro años, la normativa "más totalitaria, que es la Ley mordaza LGTBI que es la peor de toda España, porque impone adoctrinamiento en los colegios".

No obstante, Arsuaga ha celebrado que Vox, al menos desde la oposición, vaya a defender a la familia y la libertad, aunque podría haber tenido más poder sobre estos aspectos si no se hubiera "vendido tan barato".


Y TAMBIÉN…
Vox presume de que PP y Ciudadanos han "asumido" su programa para lograr la investidura de Díaz Ayuso.

"Nosotros no asumimos el programa de 155 medidas de PP y Ciudadanos, pero ellos sí el nuestro", ha dicho Rocío Monasterio tras confirmar su apoyo a la investidura en la ronda de contactos con el presidente de la Asamblea de Madrid. Monasterio ha vuelto a situar a Vox en la oposición y ha avanzado que exigirá que "todo lo reflejado en el acuerdo esté" en los presupuestos. Unidas Podemos y Más Madrid han comunicado a Trinidad que votarán en contra de la investidura: "No se puede investir a Díaz Ayuso ni al PP por higiene democrática".
Sofía Pérez Mendoza | El Diario, 2019-08-05
https://www.eldiario.es/madrid/Vox-Diaz-Ayuso-PP-Ciudadanos_0_928107328.html

miércoles, 26 de junio de 2019

#hemeroteca #lgtbifobia | Vox exige a Cs y PP un pacto firmado para que haya un gobierno de la derecha en Madrid

Imagen: El País / Rocío Monasterio
Vox exige a Cs y PP un pacto firmado para que haya un gobierno de la derecha en Madrid.
Monasterio aparca su entrada en el Ejecutivo y pide cambios en leyes LGTBI, emigración y educación.
Juan José Mateo | El País, 2019-06-26
https://elpais.com/ccaa/2019/06/26/madrid/1561537160_674519.html

Crear una consejería de familia y natalidad. Aprobar un "pin parental" para que los padres excluyan a sus hijos "de actividades contrarias a sus convicciones" y derogar una decena de artículos de dos leyes que protegen los derechos LGTBI. Repatriar a los menores migrantes no acompañados llegados a Madrid. O exigir a sus países que paguen "la factura sanitaria de los inmigrantes ilegales". Esas son las principales exigencias enunciadas este miércoles por Rocío Monasterio (Vox) a cambio de retomar las negociaciones con el PP para investir a Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. El partido de Santiago Abascal, que ahora no exige consejerías, reclama cerrar un pacto el martes 2 de julio como tarde, cuando vence el plazo para que el presidente de la Asamblea elija a un candidato a la investidura. Además, pide que PP, Cs y Vox firmen un único programa de Gobierno. Una forma de presionar para romper el veto de Albert Rivera, que negocia en paralelo con Díaz Ayuso y no reconoce a Monasterio como socia.

"La prioridad es evitar las ideas del consenso socialdemócrata", ha dicho Monasterio, que la semana pasada suspendió sus negociaciones con el PP para castigar que este partido no le cediera consejerías al suyo en el Ayuntamiento de Madrid, a lo que finalmente ha renunciado Vox. "No debe haber cordones sanitarios, las tres partes formarán un programa único común", ha añadido la portavoz sobre el veto de Cs. "Hemos venido a defender ideas, no a pedir consejerías", ha rematado, tras explicitar que quiere derogar decenas de artículos de las leyes de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación y de la de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual.

Un día después de las elecciones del 26 de mayo, Monasterio reclamó que Vox entrara en el próximo Gobierno regional con un número proporcional de consejeros al de sus 12 diputados. El 12 de junio, cuando las tres derechas pactaron la composición de la Mesa de la Asamblea, la líder regional del partido de Abascal anunció que había alcanzado un preacuerdo con Díaz Ayuso para entrar en la estructura del Gobierno a través de entes de la Administración, y, especificó, "consejerías". Todo ha cambiado. Por ahora. Aunque fuentes de Vox no descartan reclamar cuotas de poder al final de la negociación, en estos momentos, dicen, la prioridad es consensuar un programa. Y, añade un segundo interlocutor, "romper el cordón sanitario de Ciudadanos". Es decir: lograr que la formación de Albert Rivera, que se ha negado siquiera a negociar directamente con la de Abascal, acepte a Vox como un igual.

Para ello, Vox ya no reclama siquiera que haya una negociación a tres que le siente a la misma mesa que PP y Cs, como venía pidiendo desde mayo. El objetivo del partido de extrema derecha es repetir la foto del acuerdo presupuestario alcanzado en Andalucía por las tres formaciones: un documento con los logos de los tres partidos y las firmas de sus representantes que le homologue a PP y Cs.

Díaz Ayuso, Monasterio e Ignacio Aguado (Cs) negocian sabiendo que Juan Trinidad, el presidente de la Asamblea, tiene hasta el 2 de julio para proponer un candidato a la investidura. Tanto Ángel Gabilondo (PSOE), que ganó las elecciones, como Díaz Ayuso, que negocia desde el 27 de mayo con Cs y Vox, aspiran a ser los seleccionados. Sin embargo, si ninguno de ellos le garantiza a Trinidad que tiene los votos necesarios, el presidente puede convocar un pleno sin candidato con el 11 de julio como fecha límite.

En ese caso, o en el de que se presente un candidato que no logre la investidura, se abrirá un plazo de dos meses tras el que será obligatorio convocar elecciones de nuevo.

En consecuencia, la fecha limite para que las tres derechas logren un acuerdo, o para que el PSOE consiga la improbable abstención de CS, es el 11 de septiembre. Y Vox amenaza con apurar los plazos si no se alcanza un acuerdo antes del 2 de julio: tras quedarse fuera del gobierno del Ayuntamiento de Madrid, esta es su última oportunidad para lograr cuotas de poder y visibilidad que garanticen la supervivencia de su proyecto de cara al próximo ciclo electoral.

Los artículos de las leyes LGTBI que Vox quiere derogar
Estos son los artículos de la Ley 2/2016 de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y de la ley 3/2016 de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual que Vox quiere derogar, según ha listado Rocío Monasterio en su comparecencia.

Ley 2/2016: artículos 32, 33, 34, 41, 48 y aquellos que impongan sanciones. Esas previsiones protegen la diversidad familiar, garantizan que no haya discriminación en los procesos de adopción y acogimiento y reconocen el amparo de la ley contra la violencia de género de toda persona agredida cuya identidad de género sea la de mujer. Además, defienden que los medios de comunicación incorporen el respeto a la igualdad y la prohibición de discriminación por motivos de identidad o expresión de género en sus contenidos. Y explicitan la inversión de la carga de la prueba cuando se denuncie discriminación.

Ley 3/2016: artículos 12, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 66 y aquellos que impongan sanciones. Aseguran que los medios de comunicación públicos y los subvencionados defienden y divulgan "el respeto a la diversidad sexual, identidad y expresión de género". También impulsan la creación de una Estrategia integral de educación y diversidad sexual e identidad o expresión de género, establecen la realización de actividades específicas en los centros educativos para reconocer la igualdad del colectivo LGTBI, e incluyen contenidos relacionados en el currículo escolar y los planes educativos. Al tiempo, Vox impugna en esta ley, como en la anterior, el principio de inversión de la carga de la prueba.