#hemeroteca #politica #ideologiadeodio | Prioridad nacional o censura LGTBI

María Guardiola, del PP y Óscar Fernández, de Vox, en la sesión de investidura //

Prioridad nacional o censura LGTBI
La única hipótesis 'favorable' a la impresentable aceptación por el PP de discursos racistas es que, a su vez, haya exigido a Vox la renuncia de su ataque al feminismo y la diversidad
Javier Caraballo | El Confidencial, 2026-05-05
https://www.elconfidencial.com/espana/matacan/2026-05-05/prioridad-nacional-racismo-xenofobia-acuerdos-pp-vox-1hms_4349736/

 

Racismo a cambio de feminismo, xenofobia a cambio de respeto a la diversidad. Tras la firma de los pactos de los populares con la extrema derecha, las reacciones de todos los protagonistas dejan traslucir una jugada a tres bandas que, obviamente, no se hace pública, en caso de existir. La hipótesis que sigue a continuación nace de la constatación de que, a diferencia de lo que ha ocurrido en anteriores ocasiones, esta vez ningún dirigente de Vox ha hecho referencia alguna a "los excesos" de la lucha contra la violencia de género ni a "los chiringuitos" que defienden el respeto a la diversidad sexual. Nadie, si se paran a pensarlo, ha sido noticia por algo relacionado con lo anterior y, por supuesto, tampoco figura nada al respecto en los acuerdos firmados por ambos partidos. Las palabras "feminismo", "violencia de género" o "LGTBI" no aparecen ni una sola vez en el acuerdo firmado por el PP y Vox en Extremadura, mientras que "inmigración" o "inmigrante" aparece más de una decena de veces.

Como sabemos, ese pacto de Extremadura fue el primero en firmarse y está considerado como ‘modelo’ para replicarlo en todas las demás instituciones en las que pacten estos dos partidos, a excepción de correcciones y peculiaridades territoriales. Hace tan sólo tres años, en la primera ocasión en la que Vox y el PP se sentaron a negociar, tras las elecciones municipales y autonómicas, fueron frecuentes los acuerdos en los que se incluían apartados concretos al respecto. Por ejemplo: "Sustituir las concentraciones de 'no a la violencia machista' por la de 'no a toda violencia", o este otro de "cumplimiento de la ley de banderas, no colocando banderas LGTBI en balcones y fachadas de instalaciones municipales". Estos dos apartados pertenecen a acuerdos que se firmaron en Valencia, aunque luego se trasladaron a otros puntos de España en los que también figura como inexcusable la aparición de la "violencia intrafamiliar" en sustitución de la "violencia de género". Pues bien, todo eso ha desaparecido ahora de los acuerdos.

Si aceptamos esta variable, la deducción inmediata a la que debe llevarnos es que todo ello es fruto de la negociación previa que tuvo lugar entre dirigentes nacionales de ambos partidos, además de las cúpulas autonómicas. En esa negociación, es lógico pensar que el PP ha sido el partido que ha impuesto que en los acuerdos no haya mención alguna a los asuntos relacionados con el colectivo LGTBI o aquellos que supongan un ataque al colectivo feminista. En el Partido Popular deben de tener muy presente lo que sucedió tras los primeros acuerdos de mayo de 2023: el presidente Pedro Sánchez, hábilmente, disolvió las Cortes Generales porque intuyó que esos acuerdos con la extrema derecha eran un aliciente fantástico para su campaña. Y le salió la jugada, en las elecciones de julio de ese año, el PSOE de Sánchez no ganó en las urnas, pero consiguió que el PP y Vox no sumaran.

Si se repasan muchas de las encuestas de entonces, se verá que ese resultado fue algo extraordinario gracias a la inesperada movilización de una buena parte de electorado de izquierdas que, unos meses antes, se había quedado en su casa. Con este precedente, es lógico pensar que el Partido Popular haya decidido eliminar de los acuerdos aquello que afecta y escandaliza más a su electorado. A cambio, le ha cedido a Vox el concepto de la "prioridad nacional", en el que se sintetiza todo el abanico de prejuicios racistas: desde la ‘violencia de los menas’, como principal problema de la seguridad en España, hasta el colapso de los servicios públicos por la ‘prioridad’ que se concede a los inmigrantes, pasando por el encarecimiento de la vivienda o la dificultad para encontrar un empleo. Cada uno de esos aspectos, constantemente aireados y difundidos por la extrema derecha y ahora asumidos por el PP en los acuerdos, son perfectamente rebatibles, matizables y negables, pero no podemos ocultar que, por desgracia, son creíbles para muchos. Es la cara más amarga de esta era de la posverdad y el engaño masivo.

Dicho de otra forma, los dirigentes del PP han decidido que tenían que elegir a qué valores y principios renunciaban para poder alcanzar acuerdos con Vox y cuáles protegían, y han decidido respetar aquellos que tienen que ver con lo políticamente correcto. También esta segunda variable de la hipótesis tiene un sustento sólido. Hace unos días, El Confidencial desveló que el PP ha encargado una encuesta para conocer qué piensan los votantes de la "prioridad nacional", los suyos y los de los demás partidos.

La sorpresa con la que se han encontrado es que no sólo no provoca escándalo ni desgarro alguno entre los suyos, sino que también entre los votantes del PSOE hay un cuarenta por ciento que comparte lo de la "prioridad nacional". Que nadie tenga la menor duda de que si esa misma encuesta se realiza sobre violencia de género o el colectivo LGTBI el resultado hubiera sido diametralmente opuesto. Por esa razón, según la citada información, en el PP están muy satisfechos con el resultado de la encuesta: "No solo no nos penaliza, sino que nos permite pescar en el votante más centrado del PSOE".

Se decía al principio que esta hipótesis concibe la aceptación de la "prioridad nacional" por parte del PP como una jugada a tres bandas. Serían las siguientes: Primera: en el PP, se resuelve la eterna indecisión sobre si deben gobernar o alejarse de la extrema derecha y aceptan ya, abiertamente, que Vox es su aliado natural. De forma paralela, también Vox gana ante sus votantes al aparecer como autor exclusivo de la ‘prioridad nacional’ y, además, se sacude la imagen negativa de ser un partido que bloquea gobiernos de derecha, en vez de facilitarlos. Segunda: el Partido Popular logra un ‘documento marco’, esta vez sí, que le sirve de modelo para todos los pactos posteriores. Se trata de un documento que no provoca broncas internas ni rechazo entre sus electores. Tercera: a medida que Vox se vaya incorporando a gobiernos municipales, autonómicos y, finalmente, nacional, en el caso de producirse, los dirigentes del Partido Popular confían en que el fenómeno de la extrema derecha en España vaya desinflándose progresivamente.

Como hemos repetido, todo lo anterior es sólo una hipótesis fruto de la deducción y las reacciones habidas tras los acuerdos entre el PP y Vox. Sería, de hecho, la única hipótesis ‘favorable’ para el Partido Popular, desde el punto de la estrategia política. Lo que no es ninguna hipótesis, ni necesita demostración, es que se ha llegado a un acuerdo dejando tirados los principios de aquellos más vulnerables y agitando el inflamable discurso del racismo y la xenofobia en la sociedad española.

Racismo a cambio de feminismo, xenofobia a cambio de respeto a la diversidad. Tras la firma de los pactos de los populares con la extrema derecha, las reacciones de todos los protagonistas dejan traslucir una jugada a tres bandas que, obviamente, no se hace pública, en caso de existir. La hipótesis que sigue a continuación nace de la constatación de que, a diferencia de lo que ha ocurrido en anteriores ocasiones, esta vez ningún dirigente de Vox ha hecho referencia alguna a "los excesos" de la lucha contra la violencia de género ni a "los chiringuitos" que defienden el respeto a la diversidad sexual. Nadie, si se paran a pensarlo, ha sido noticia por algo relacionado con lo anterior y, por supuesto, tampoco figura nada al respecto en los acuerdos firmados por ambos partidos. Las palabras "feminismo", "violencia de género" o "LGTBI" no aparecen ni una sola vez en el acuerdo firmado por el PP y Vox en Extremadura, mientras que "inmigración" o "inmigrante" aparece más de una decena de veces.

#hemeroteca #transfobia #terf | Siete asociaciones feministas se suman a la filósofa Valcárcel en su rechazo al anteproyecto de Ley LGTBI de Asturias

Amelia Valcárcel y José Errasti en el acto tránsfobo //

Siete asociaciones feministas se suman a la filósofa Valcárcel en su rechazo al anteproyecto de Ley LGTBI de Asturias
El psicólogo José Errasti asegura que el texto propuesto “malentiende la naturaleza del sexo, lo confunde con estereotipos sexuales y tendrá consecuencias negativas en jóvenes que van a poder tomar decisiones a edades en las que no se les permite tomar una cerveza”
El Diario, 2026-04-23 
https://www.eldiario.es/asturias/siete-asociaciones-feministas-suman-filosofa-valcarcel-rechazo-anteproyecto-ley-lgtbi-asturias_1_13165604.html

Siete asociaciones feministas, la filósofa Amelia Valcárcel y el psicólogo José Errasti han expresado su rechazo al anteproyecto de Ley LGTBI aprobado por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias por considerarlo una “aberración” desde el punto de vista político, filosófico, psicológico y clínico asistencial.

Las organizaciones Asamblea Feministas Asturianas, Asociación rapiegas, Asociación Sara Suárez Solís, Foro de Mujeres de El Llano, Forum de Política Feminista, Feministas Socialistas y Tertulia Feminista Les Comadres han iniciado una campaña de divulgación con el propósito de abrir a la sociedad el debate sobre la futura ley autonómica. 

Las críticas
La filósofa Amelia Valcárcel y el psicólogo José Errasti han participado en un acto celebrado en la Escuela de Comercio de Gijón al que han asistido decenas de personas y en el que han fundamentado sus críticas al anteproyecto, que consideran innecesario porque ya existe una ley estatal.

La propuesta del Gobierno asturiano “no es adecuada para resolver los problemas de la disforia de género y apuesta por un tipo de intervención que se ha aplicado en otros países de Europa que ya lo están corrigiendo al haberse demostrado su ineficacia”, ha afirmado el psicólogo José Errasti. 

Una ley “innecesaria”
Valcárcel ha dicho que el anteproyecto “se parece como un hermano gemelo a otros que se han presentado en diversas comunidades en un proceso que denota una carrera de autonomías”.

“Esta ley no es necesaria porque existe una ley estatal, que probablemente tenga que ser reformada porque da lugar a cosas incomprensibles, y además se presenta blindada al debate”, ha destacado la filósofa. 

Consecuencias “negativas”
Además, ha dicho que se busca “abrir un proceso de debate público, que los legisladores sepan lo que van a votar, porque no es normal que una ley diga que no hay dos sexos sino que el sexo es un espectro, contrariando los principios de la biología”.

Errasti ha considerado que el texto propuesto “malentiende la naturaleza del sexo, lo confunde con estereotipos sexuales y tendrá consecuencias negativas en jóvenes que van a poder tomar decisiones a edades en las que no se les permite tomar una cerveza”.

La futura ley autonómica
“Es un despropósito tanto conceptual como clínico asistencial porque se permitirán tomar fármacos que no están aprobados para esos efectos”, ha destacado el psicólogo.

La futura ley LGTBI autonómica “obedece al interés por mostrar ciertas sensibilidades que se venden como progresistas” en un contexto en el que los jóvenes con disforia de género se han convertido en armas arrojadizas entre la izquierda y la derecha“, ha añadido.

#hemeroteca #lgtbifobia | La justicia de la UE sentencia que la ley anti-LGTBI de Hungría viola los valores de la Unión

Imagen del último orgullo prohibido por Orbán y que resultó ser el más masivo en Budapest //

La justicia de la UE sentencia que la ley anti-LGTBI de Hungría viola los valores de la Unión 
Es la primera vez que el TJUE condena a un Estado por atentar contra los principios fundacionales de los Veintisiete
Pablo León | El País, 2026-04-21
https://elpais.com/sociedad/lgtb/2026-04-21/la-justicia-de-la-ue-determina-que-la-ley-anti-lgtbi-de-hungria-viola-los-valores-de-la-union.html

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha condenado a Hungría por su normativa en contra de las personas LGTBI+. El máximo órgano de justicia de la Unión ha publicado este martes su fallo con respecto a la “ley de propaganda LGTBI”, que fue aprobada en 2021 por el Ejecutivo del ultraderechista Viktor Orbán. “Esta ley es contraria a la propia identidad de la Unión como ordenamiento jurídico común en una sociedad caracterizada por el pluralismo”, ha argumentado el TJUE. “Hungría no puede invocar su identidad nacional para justificar la adopción de una ley que vulnera los valores europeos”, ha añadido el organismo judicial, que condena por primera vez a un Estado por violar los principios fundacionales de los Veintisiete.

Las personas LGTBIQ+ siempre han estado en la diana de Orbán y su partido, el ultraconservador Fidesz, que ha controlado el Gobierno durante 16 años. Aunque el 12 de abril fueron derrotados por el conservador y proeuropeo Péter Magyar, que consiguió aglutinar el apoyo de la oposición, el legado ultra y de deterioro del Estado de derecho de Fidesz ahora mismo sigue vigente. La inquina del exprimer ministro ultraconservador hacia las personas LGTBIQ+ se intensificó a partir de 2021 y tuvo su máxima expresión en el veto gubernamental al Orgullo del año pasado. La base normativa de esa prohibición era, precisamente, la ley de propaganda anti-LGTBI. Esta legislación imitaba una similar promovida en Rusia por Vladímir Putin, de quien Orbán siempre ha sido uno de los principales aliados en la UE. La aplicación de la norma de inspiración rusa llevó a modificar otras normativas, como la referente a la protección de la infancia.

Para el TJUE, se trata de “un conjunto coordinado de medidas discriminatorias” que vulneran, “de manera manifiesta y especialmente grave”, los derechos de las personas LGTBIQ+. La legislación húngara “estigmatiza y margina” al colectivo, han argumentado los jueces en su fallo, “tachándolas de perjudiciales para el desarrollo físico, mental y moral de los menores debido únicamente a su identidad o su orientación sexuales y (...) las asocia con la delincuencia pedófila, lo que puede reforzar esta estigmatización y fomentar comportamientos de odio hacia ellas”.

El Ejecutivo ultraderechista, aliado de Vox en la UE, acabó vetando en el espacio público cualquier mención a la diversidad, además de promover la censura de libros que trataran el asunto o en los que hubiera personajes no normativos. En marzo del año pasado, Orbán expandió la ley a una nueva esfera: “Ya no solo limita la libertad de expresión, ahora también restringe el derecho a reunirse. Y de nuevo, lo justifica en la protección de los derechos de los niños”, explicaba entonces Eszter Polgári, abogada y responsable jurídica de Háttér Society, la principal organización de defensa de derechos del colectivo de Hungría.

El Orgullo, al ser considerado una reunión LGTBI+, fue prohibido. Finalmente, entre fuertes medidas de seguridad, amenazas de extrema derecha y una retórica incendiaria por parte del Ejecutivo de Orbán, la cita se celebró. De hecho, fue el Orgullo más masivo de la historia del país al congregar a cientos de miles de personas, además de decenas de políticos de la UE, a los que sumaron los de numerosos Estados miembros, como la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz.

“Hungría ha violado el derecho de la Unión en varios planos: el Derecho primario y secundario, relativo a los servicios en el mercado interior; la Carta de derechos fundamentales de la UE (el artículo 2 del Tratado de la UE); y el Reglamento general de protección de datos (RGPD)”, ha determinado este martes el TJUE. Su decisión responde a un recurso que interpuso la Comisión Europea en diciembre de 2022, el año siguiente de la aprobación de la ley de propaganda.

Esa norma, señala el organismo judicial europeo, parte de la premisa de que toda representación de la realidad LGTBIQ+ “puede suponer un perjuicio para el interés superior del menor”. “Este enfoque revela una preferencia por determinadas identidades y orientaciones sexuales en detrimento de otras, que quedan por ello estigmatizadas, lo cual es incompatible con las exigencias que se derivan de la prohibición de la discriminación por razón de sexo y orientación sexual”, argumenta el fallo. El modelo impuesto por Orbán se podría definir como lgtbifobia de Estado. “Las restricciones en cuestión no parecen en modo alguno justificadas por el objetivo de promover el interés superior del menor”, añaden los jueces.

El fallo coincide con los argumentos de la abogada general del TJUE, Tamara Ćapeta. “Hungría no ha aportado prueba alguna del posible riesgo de daño que el contenido que retrata la vida cotidiana de las personas LGTBI+ pudiera suponer para el desarrollo saludable de los menores”, ha defendido la abogada. “Dichas modificaciones se basan en un juicio de valor según el cual la vida homosexual y no cisgénero no tiene el mismo valor o estatus que la vida heterosexual y cisgénero”, ha incidido Ćapeta.

Además, el TJUE, que ha condenado a pagar las costas del proceso a Hungría, ha detallado que la normativa húngara atenta contra la ley general de protección de datos, pues amplia el acceso a registros de antecedentes penales de las personas del colectivo, y también contra la libertad de prestar y recibir servicios de comunicación audiovisual, al limitar la posibilidad de que los medios difundan contenidos LGTBIQ+.

Este caso, uno de los más importantes de la historia de la UE basado en la vulneración de derechos fundamentales, ha tenido también el respaldo del Parlamento Europeo. Por su parte, hasta 20 Estados miembros exigieron a Hungría la anulación de la ley de propaganda y los tentáculos de sus enmiendas. Los países que censuraron la norma húngara fueron Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Eslovenia, España y Suecia. Todos ellos publicaron un comunicado diplomático en mayo del año pasado. No se unieron al mismo, además de Hungría, Italia, Polonia, Bulgaria, Rumania, Eslovaquia ni Croacia.

“Este es el primer test de fuego de la comunidad internacional con respecto al nuevo Gobierno de Péter Magyar para pedir cambios más allá de lo cosmético”, ha declarado Esther Martínez, de Reclaim, organización de defensa de derechos civiles en la UE, tras conocer el fallo del TJUE. Actualmente, la Comisión Europea bloquea 18.000 millones de euros para Hungría debido al deterioro sistemático del Estado de derecho promovido por Orbán. Para descongelarlos, la Comisión reclama reformas legislativas de calado.

#hemeroteca #lgtbi #politica | Freno al servicio de asesoramiento a personas LGTBIQ+ en Alicante

Manifestación del Orgullo 2025 en Alicante //

Freno al servicio de asesoramiento a personas LGTBIQ+ en Alicante
El programa Orienta, impulsado desde la Conselleria que dirige Susana Camarero, lleva bajo mínimos desde octubre después de la renuncia de la entidad que lo asumía
Manuel Lillo | Información, 2026-04-17
https://www.informacion.es/politica/2026/04/17/freno-servicio-asesoramiento-personas-lgtbiq-alicante-129206660.html

Malas noticias para la igualdad. El servicio Orienta en la provincia de Alicante, concebido para ofrecer ayuda y asesoramiento a personas del colectivo LGTBIQ+, no ha contado con ninguna empresa ni entidad que lo pueda asumir.

Este viernes, el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado la resolución de la Dirección General de Diversidad, que depende de la Conselleria de Igualdad que lidera la vicepresidenta Susana Camarero, en la que declara “desierta” la convocatoria para la prestación de este servicio de “asesoramiento y apoyo” al colectivo y a sus “familiares y personas allegadas” en la provincia de Alicante.

Se trata del servicio Orienta, que fue impulsado por primera vez por el gobierno del Botànic y que con el cambio en el Consell en 2023 se mantuvo, aunque con modificaciones que disgustaron a los colectivos por la igualdad. En octubre, la entidad gestora del servicio, Diversitat Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals, renunció a él por no encontrarse al corriente en el pago de impuestos y de la Seguridad Social.

A su vez, la entidad aseguró sufrir “retrasos” en los pagos de la administración, hecho que le habría llevado a su "insostenible" situación económica, y afirmaron que su renuncia se llevaba a cabo “por coherencia”, a través de un mensaje que evidenciaba su distanciamiento del Consell. "Fue una situación provocada por la propia Conselleria", asegura Juan David Santiago, presidente de Diversitat.

Ante aquella situación la Conselleria de Igualdad y Vicepresidencia Primera del Consell garantizó que los servicios se seguirían prestando “mientras se tramita el procedimiento para la nueva adjudicación de la acción concertada”. Esta adjudicación es la que ha quedado desierta.

Por eso, desde octubre el servicio funciona “de manera muy limitada”, dicen voces relacionadas con el colectivo, que explican que el asesoramiento se realiza “a través de un número de teléfono” pero con “muchas dificultades para que los solicitantes sean derivados a profesionales que presten la ayuda”. Entre los servicios que el programa pretende prestar está la atención psicológica y social, grupos de autoayuda o abogados en caso de conflictos laborales.

Según se explica en el mismo DOGV, hubo dos entidades que concurrieron a prestar el servicio presentando solicitud. Una, la Fundación Asunción Robles Torrecilla de la Comunitat Valenciana, fue requerida a realizar una subsanación que finalmente no llevó a cabo, según el diario oficial. En cuanto a la otra, la Fundación Mar a Mar, acabó renunciando a la formalización del concierto.

Juan Lledó, presidente de esta última fundación, explica que renunciaron porque el servicio "concluía este mes de junio y la estructura que había que organizar era muy potente”. Un propósito, según él, “inalcanzable” a corto plazo.

En principio, las entidades contemplan que la Generalitat saque próximamente una nueva licitación del servicio en los próximos meses, posibilidad que no han confirmado desde la Conselleria de Igualdad. "Hasta el momento se ha estado gestionando internamente y en colaboración con entidades que llevan el servicio en otra provincia, porque la de Alicante no podía firmar la ampliación del servicio por la deuda con la Generalitat", han explicado.

#hemeroteca #lgtbi #politica | Madrid exige la dimisión del secretario LGTBI del PSOE en Valencia que criticó a los homosexuales de derechas

El secretario LGTBI del PSOE en Valencia, Damián López //

Madrid exige la dimisión del secretario LGTBI del PSOE en Valencia que criticó a los homosexuales de derechas

El delegado de Políticas Sociales ha pedido a la izquierda madrileña que condene el mensaje en el que el asesor socialista cuestionaba que las personas del colectivo puedan votar a la derecha.
Héctor González | El Periódico de España, 2026-03-16

https://www.epe.es/es/madrid/20260316/madrid-exige-dimision-secretario-lgtbi-128018789

 

El polémico tuit de Damián López, el secretario LGTBI del PSOE en el Ayuntamiento de Valencia, sigue dando que hablar. El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad de Madrid, José Fernández, ha exigido este lunes su dimisión tras el mensaje en el que cuestionaba que las personas del colectivo puedan votar a partidos de derechas.

La controversia se originó la semana pasada cuando un usuario homosexual publicó un mensaje en el que cuestionaba lo que consideraba un intento de monopolio ideológico por parte de la izquierda sobre la comunidad LGTBI: “Aprendan que ser gay no es una deuda moral con la izquierda”. En respuesta, López escribió que “habría que prohibirle a todos estos gays que utilicen los espacios conquistados”.

Las reacciones al mensaje del asesor socialista no tardaron en llegar y algunos usuarios calificaron la declaración de “nazi” y contradictoria con los principios de libertad que dice defender el activismo LGTBI. Asimismo, la red social propiedad de Elon Musk eliminó el tuit por "motivos legales en España".

“¿Los que pensamos distinto no tenemos derecho por ser gays y votar al Partido Popular o ser de derechas?”, ha lanzado Fernández durante la Comisión de Políticas Sociales, Familia e Igualdad celebrada este lunes.

El delegado ha defendido que la orientación sexual no debería condicionar la libertad política de los ciudadanos y ha señalado que mensajes de este tipo transmiten “odio”. Por ello, ha pedido a los representantes de la izquierda madrileña que condenen dichas manifestaciones.

#hemeroteca #lgtbi #derechos | Dos de cada tres personas LGTBI ven peligrar sus derechos con un gobierno ultraconservador

Punto informativo LGTBI+ del Ajuntament de Berga //

Dos de cada tres personas LGTBI ven peligrar sus derechos con un gobierno ultraconservador 
Los activistas alertan que las personas del colectivo con mayor precariedad son también quiénes están más expuestas a violencias y tienen mayor percepción de riesgo
EFE | El Periódico, 2026-03-16
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20260316/lgtbi-derechos-peligro-gobierno-ultraconservador-128030110

El 65 % de las personas LGTBI consideran que la llegada al poder de un gobierno ultraconservador pondría en riesgo sus derechos, cifra que asciende al 68 % en el caso de las mujeres del colectivo.

Son datos del informe 'Estado LGTBI+ 2026 de la Federación Estatal LGTBI+', elaborado por la consultora 40DB y presentado este lunes por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+).

El mayor miedo expresado por las personas LGTBI+ ante el ascenso de los movimientos ultraconservadores al poder es la pérdida de derechos como colectivo (65 %), seguido de temores más concretos como ver mermada la protección del colectivo frente al odio y/o la violencia (44,5 %) y que peligre su derecho a contraer matrimonio (43,5 %) o declararse pareja de hecho (42 %).

El 41 % cree que le repercutiría a la hora de ver reconocida a su familia, el 40,5 % considera que se vería afectada la capacidad de una pareja LGTBI+ para adoptar y el 40 % ve peligrar la protección a las infancias y adolescencias LGTBI+, añade la encuesta, realizada a 800 personas del colectivo mediante entrevistas 'online' entre el 29 de enero y el 11 de febrero.

Otros miedos expresados por las personas LGTBI+ son el reconocimiento como madre de la mujer no gestante en una pareja lesbiana (38,6 %), el acceso a los recursos sanitarios públicos para la reproducción asistida o el reconocimiento administrativo de las personas trans (ambos con un 38 %).

Entre el electorado LGTBI+ progresista más de ocho de cada diez personas considera que la llegada al poder de un gobierno ultraconservador pondría en riesgo sus derechos, aunque también lo cree un 33 % de los votantes del PP y un 22 % de los de Vox.

La presidenta de la federación, Paula Iglesias, ha remarcado que quienes más percepción del riesgo experimentan son las mujeres del colectivo, junto a las personas trans y no binarias, las jóvenes y quienes viven en entornos rurales. "Son precisamente la parte del colectivo que más discriminación sufre, peor situación socioeconómica enfrenta y más limitado tiene el acceso a los recursos. Existe, por tanto, una relación entre mayor precariedad y exposición a violencias y mayor percepción del riesgo", ha subrayado.

La percepción del riesgo moviliza al votante
Por su parte, la responsable de investigación de la federación, María Rodríguez, ha incidido en que la apreciación del riesgo también moviliza, ya que "hay una relación directa entre la creencia de la llegada de un gobierno ultraconservador y la intención de voto". Rodríguez ha destacado que el informe desvela que se ha pasado del 52,8 % de las personas que no votarán con toda seguridad al 70,2 % de quienes votarán con total seguridad.

Según la encuesta, de cara a unas posibles elecciones generales las personas LGTBI+ votarían mayoritariamente a las fuerzas progresistas: un 53,8 % de los votos estarían concentrados en PSOE, Sumar y Podemos; un 30,1 % sería para PP y Vox; y el resto se reparte entre otras fuerzas autonómicas o independentistas. Además, según la estimación de escaños, si solo votaran las personas del colectivo, las fuerzas progresistas ganarían por mayoría absoluta con 202 escaños. Los partidos por los que más simpatía sienten son el PSOE (25,5 %), seguido de Sumar (12,6 %). Con un 10,5 %, Vox se sitúa en tercer lugar, por delante de PP (9,7 %) y Podemos (9,4 %).

"Esto puede deberse a factores familiares, culturales o económicos pero incluso entre el electorado LGTBI+ del PP un 33 % considera que la llegada de un gobierno ultraconservador pondría en riesgo sus derechos", ha explicado el director de investigación de 40dB, Carlos Domínguez.

Iglesias ha manifestado que en anteriores ocasiones las personas LGTBI+ han demostrado que "la sociedad civil organizada y la movilización ciudadana, junto con el compromiso político adecuado, ha conseguido grandes avances que han logrado situar a nuestro país como un referente de igualdad y de respeto a la diversidad". "Demostremos que no solo somos el muro de contención que va a frenar cualquier intento de retroceder en derechos, sino que somos la sociedad diversa, igualitaria e inclusiva que quiere seguir caminando hacia delante", ha concluido.

#hemeroteca #homofobia #persecucionespoliticaas | Senegal endurece la ley contra la homosexualidad: “Estamos en pánico, basta con la mínima denuncia para que te señalen y vengan a por ti”

Manifestación anti-LGTBI en Dakar el 6 de marzo de 2026 //

Senegal endurece la ley contra la homosexualidad: “Estamos en pánico, basta con la mínima denuncia para que te señalen y vengan a por ti” 
Cientos de personas LGTBI+ y activistas por la defensa de este colectivo se esconden o huyen del país. La norma penaliza con hasta 10 años de cárcel lo que denomina “actos contra natura”
José Naranjo | Planeta Futuro, El País, 2026-03-12
https://elpais.com/planeta-futuro/2026-03-12/senegal-endurece-la-ley-contra-la-homosexualidad-estamos-en-panico-basta-con-la-minima-denuncia-para-que-te-senalen-y-vengan-a-por-ti.html

El Parlamento de Senegal aprobó a última hora del miércoles una modificación legal que endurece las penas contra la homosexualidad e intensifica la represión contra activistas, colectivos y miembros de la comunidad LGTBI+. En las últimas semanas, un clima social de creciente homofobia, que ha incluido la publicación en redes sociales de fotografías, identidades y direcciones, ha provocado que cientos de personas LGTBI+ u otras vinculadas a la lucha por los derechos de este colectivo huyan a países vecinos y europeos, si consiguen un visado, o se refugien en ciudades y pueblos del interior, según las asociaciones de defensa de sus derechos. Pierre (nombre ficticio) ha dejado su hogar en Dakar y se esconde en casa de un amigo: “Estamos en pánico. Basta con la mínima denuncia para que te señalen por la calle y vengan a por ti”, asegura.

La reforma modifica el artículo 319 del Código Penal, vigente desde 1965, que sanciona los llamados “actos contra natura” con penas de entre uno y cinco años de prisión para quienes mantengan relaciones con personas de su mismo sexo. Con el cambio aprobado, las condenas pasan a situarse entre cinco y 10 años, con las penas más altas en los casos en los que haya menores implicados. La norma amplía además el alcance de la persecución penal a “personas y organizaciones que promuevan o financien la filosofía LGTBI”. También se endurecen las sanciones económicas: las multas, que hasta ahora podían alcanzar los 2.250 euros, podrán llegar a 15.000 en función de la gravedad de los hechos. En la legislación senegalesa, la homosexualidad queda así equiparada a conductas como la necrofilia o la zoofilia.

Un total de 135 diputados votaron a favor de la modificación de la norma, que también sumó tres abstenciones. Sin embargo, prácticamente todos los miembros de la oposición, que suma 30 escaños, decidieron ausentarse de la votación de la ley. Tierno Alassane Sall, diputado opositor, denunció la “mala fe” del Gobierno y del partido gubernamental Pastef, que acusaron a los regímenes precedentes de haber defendido o estimulado la homosexualidad. Por todo ello decidió no tomar parte en la votación, así como sus compañeros opositores.

“Tengo mucho miedo”
Hace dos semanas, Pierre hizo sus maletas y se mudó de la capital a un pueblo del interior del país. “Estamos atrapados. Todo este debate público no hace sino empeorar las cosas para nosotros. Siempre he intentado llevar una vida discreta, pero mis vecinos empiezan a sospechar. Tengo mucho miedo”, dice por teléfono desde la casa de un amigo. De 54 años, casado y con cuatro hijos, vive su homosexualidad en las sombras. “Hice de todo para disimular, para pasar desapercibido. Incluso mi matrimonio fue un intento de quitarme presión. Pero soy lo que soy. Las cosas se han puesto muchísimo peor. Siento que en cualquier momento me van a arrastrar por la calle, pegar una paliza o algo peor”, revela.

La reforma de la ley ha sido impulsada por el Gobierno senegalés y, en particular, por el primer ministro Ousmane Sonko, quien antes de llegar al poder se posicionó con claridad a favor de endurecer la legislación y llevó esta promesa a su campaña electoral. A comienzos de febrero, dos semanas antes de que el Ejecutivo elevara el proyecto de ley al Parlamento, más de 30 personas fueron detenidas en Senegal acusadas de “actos contra natura”, transmisión voluntaria del VIH, pedofilia y violaciones cometidas contra menores. Entre los detenidos se encuentran conocidos periodistas, presentadores de televisión y un cantante, lo que incrementó el interés de unos medios de comunicación que publicaron numerosos detalles de la investigación. Todo ello desembocó en una manifestación contra la homosexualidad que recorrió las calles de Dakar.

Este suceso no es sino el último de una vasta campaña homófoba estimulada por grupos islámicos, como Jamra o And samm djiko yi, que llevan años presionando a las autoridades para endurecer la legislación contra los homosexuales. Jamra asegura tener una lista de 650 homosexuales y activistas LGTBI+, con fotografías e identidades completas, que va a facilitar a las autoridades para que sean llevados ante la justicia. Algunos de esos nombres y direcciones, acompañados de retratos, se han filtrado a las redes sociales y a ciertos medios de comunicación, lo que ha incrementado el clima de miedo entre las personas LGTBI+. En los últimos años se han multiplicado las palizas, actos de violencia y la estigmatización de homosexuales, como cuando en 2023 una multitud enfervorecida desenterró el cadáver de un joven señalado como gay y le prendió fuego en una calle de Kaolack.

Sin embargo, el incremento de la homofobia no es exclusivo de Senegal. Más de 30 países africanos tienen leyes que penalizan la homosexualidad y, en los últimos años, un puñado de naciones como Kenia, Uganda, Malí, Burkina Faso y ahora Senegal las han endurecido. “En realidad es difícil hablar de retroceso en materia de derechos de las personas LGTBI porque nunca ha habido avances. Efectivamente ahora estamos mucho peor que hace 20 o 30 años, se han intensificado los ataques y se puede hablar directamente de persecución. Ahora se habla más de la cuestión LGTBI+ y se la considera una importación occidental, lo que ha complicado mucho las cosas”, asegura la camerunesa Larissa Kojoué, investigadora de Human Rights Watch (HRW).

En su argumentación de defensa de la reforma de la ley, los grupos políticos que sostienen al Gobierno en el Parlamento senegalés calificaron una y otra vez a la homosexualidad como una “perversión”, “desviación” y, en todo caso, como “un comportamiento totalmente contrario a nuestros valores y nuestra cultura”, defendiendo que endurecer las penas era necesario para “defender a nuestros jóvenes y nuestra infancia”.

Para Kojoué, quien se define como feminista, panafricanista y anticolonialista, “el discurso que define la homosexualidad como algo occidental no tiene ningún fundamento. Numerosos estudios han confirmado que no es así, que los homosexuales existen en todas las regiones del mundo. Defender lo contrario es una narrativa que divide, que manipula a la opinión pública, que está politizada”.

En África, países como Sudáfrica o Cabo Verde tienen una amplia tradición de respeto a los derechos de las personas LGTBI y otros, como Angola o Botsuana, han despenalizado las relaciones entre personas del mismo sexo. Sin embargo, son más la excepción que la norma. En mayo de 2023, Uganda aprobó una ley homófoba muy severa, que incluye cadena perpetua e incluso pena de muerte para la llamada “homosexualidad agravada”. En 2025, Burkina Faso penalizó las relaciones homosexuales con penas de entre dos y cinco años. Kenia y Nigeria han seguido los mismos pasos recientemente.

En el caso de Senegal hay un componente político añadido. Esta reforma legal procede del primer ministro Ousmane Sonko y coincide con una grave crisis entré él y el presidente del país, Bassirou Diomaye Faye. Pese a que ambos proceden del mismo movimiento político, el Partido Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (Pastef), que llegó al poder hace dos años, y fueron compañeros de oposición durante largos años, ambos aspiran a ser candidatos a las próximas elecciones presidenciales y mantienen posturas divergentes sobre cuestiones relevantes como la crisis de la deuda. Este miércoles, la mayoría de diputados se apresuraron a felicitar a Sonko por esta iniciativa, “no un mero acto legislativo, sino un acto de soberanía que conecta con el sentimiento de la nación senegalesa”, dijeron.

#hemeroteca #transfobia #politica | El PP mezcla en una proposición en el Congreso el recorte de la ‘Ley Trans’ con el burka y el niqab

Jaime de los Santos en la manifestación del 8M transexcluyente de Madrid //

El PP mezcla en una proposición en el Congreso el recorte de la ‘Ley Trans’ con el burka y el niqab
Los conservadores plantean en una Proposición no de ley derogar dos artículos de la norma para la igualdad real y efectiva, además de cuestionar las “prendas que cubran el rostro de forma integral”
Pablo León | El País, 2026-03-10
https://elpais.com/sociedad/lgtb/2026-03-10/el-pp-propone-derogar-dos-articulos-de-la-ley-trans-tres-anos-despues-de-su-aprobacion.html

El PP ha registrado este martes en el Congreso de los Diputados una Proposición no de ley (PNL) pidiendo al Gobierno reformar la Ley Trans para limitar el cambio de sexo registral basado en la autodeterminación de género. El texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, pide modificar dos artículos (el 43 y el 44) de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y LGTBI+, que se aprobó hace tres años. Según los conservadores, “la regulación del cambio registral basada exclusivamente en la autodeterminación (los artículos 43 y 44 de la citada ley), sin garantías objetivas ni mecanismos suficientes de control, ha derivado en un uso fraudulento de la norma, con consecuencias directas y lesivas sobre los derechos conquistados por las mujeres”. “Ser mujer es mucho más que un trámite declarativo; ser mujer es más que un sentimiento”, agregan.

Desde la Federación Estatal LGTBI+ (Felgtbi+), por su parte, han denunciado que “el PP está instrumentalizando el 8M y la lucha de las mujeres para intentar ganar votos. Quiere sumarse a la corriente internacional ultraconservadora y ataca los derechos de las personas más vulnerables; usa a las personas trans como arma política”.

“Es inaceptable que la Ley Trans permita que un nacido varón pueda acceder a espacios privativos de mujeres en vestuarios, estar en una competición deportiva a igualdad con otras mujeres o que pueda presentarse a unas oposiciones y competir con las marcas diseñadas para las mujeres”, ha detallado Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, y uno de los impulsores de esta PNL para “impedir el borrado jurídico de las mujeres y niñas y garantizar la plena vigencia de sus derechos y libertades”.

“Son el PP y Vox quienes nos borran a las mujeres”, ha criticado este martes la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero. “Antes de embarcarse en esta deriva reaccionaria, el PP apoyó o aprobó ocho leyes autonómicas que reconocen este derecho. Parece que este PP ha desaparecido y el que existe ahora es uno que ha decidido que todo vale, que las mentiras y los ataques contra las personas más vulnerables están bien”, ha denunciado en una rueda de prensa tras conocerse la presentación de la PNL por parte de los populares.

La presidenta de la Felgtbi+, Paula Iglesias, ha denunciado que, “tres años después de la aprobación de la Ley Trans y LGTBI+, desde el PP repiten el mismo bulo: que la norma borra a las mujeres". “Reconocer los derechos de una minoría vulnerable no borra ni borrará nunca a nadie. La ley ha ampliado derechos, ha protegido a la infancia LGTBI+ y ha cerrado las puertas a las mal llamadas terapias de conversión”, ha expresado Iglesias tras conocer el registro de la PNL.

“Si al PP le preocuparan los derechos de las mujeres, no habría votado en contra de leyes como la de paridad; la del aborto y su reforma; o la de igualdad, en la que se abstuvo y luego presentó un recurso al Tribunal Constitucional, solo por poner algunos ejemplos. Las mujeres en España tenemos memoria”, ha añadido la presidenta de la federación, que representa a 55 entidades de todo el territorio que defienden los derechos del colectivo.

Además, el PP ha pedido este martes, en la misma PNL, “garantizar la libertad efectiva y plena participación de las mujeres y las niñas en la vida pública frente a cualquier forma de coacción, borrado o imposición, como el uso de prendas que cubran el rostro de forma integral como el burka y el niqab”. “El PP solo se acuerda del feminismo para intentar sacar rédito político mientras ataca a colectivos vulnerables, como las personas trans o las migrantes”, ha expresado el diputado socialista Víctor Gutiérrez sobre la PNL.

“La mayor demostración de lo poco que le importa al Partido Popular la lucha de las mujeres es que siempre vota en contra de todas las medidas que suponen mejoras o avances reales. Podemos poner muchísimos ejemplos, como el de Isabel Díaz Ayuso, que no asegura el acceso al aborto en Madrid; o la reacción de la ejecutiva de la delegación madrileña tras la denuncia de acoso de una edil en Móstoles contra el alcalde ―del PP―: han preferido proteger al presunto acosador”, ha añadido Gutiérrez, que ejerce como Secretario de políticas LGTBI+ del PSOE.

Tras la presentación de la PNL, la iniciativa debe trasladarse al Pleno del Congreso. Una vez realizado este trámite, comenzaría el proceso de enmiendas y finalmente se votaría su aprobación. Aunque esa votación llegara al Pleno y saliera adelante en el Congreso, se trata solo de una instancia al Gobierno, no una obligación para hacer los cambios planteados.

#hemeroteca #abolicionismo | Entidades avisan de acciones contra Igualdad si mantiene los requisitos “ideológicos” en sus subvenciones

Fachada del Instituto de las Mujeres //

Entidades avisan de acciones contra Igualdad si mantiene los requisitos “ideológicos” en sus subvenciones
El Ministerio de Igualdad quiere modificar dos órdenes ministeriales que regulan subvenciones públicas. Las organizaciones alertan de que la introducción del reconocimiento expreso de la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres vulnera principios fundamentales.
Patricia Reguero Ríos | El Salto, 2026-02-14
https://www.elsaltodiario.com/feminismos/entidades-tomaran-acciones-legales-igualdad-mantiene-requisitos-ideologicos-subvenciones

Un total de 35 entidades del tercer sector han señalado al Ministerio de Igualdad por su pretensión de introducir modificaciones en las bases reguladoras de determinadas subvenciones públicas que, consideran, son de corte “ideológico”.  

Se refieren, en concreto, a dos órdenes ministeriales: la Orden IGD/239/2022, sobre programas de concienciación, prevención e investigación de las distintas formas de violencia contra las mujeres, y la Orden IGD/183/2024, destinada a proyectos de apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual y a sus hijos e hijas. La intención de Igualdad es cambiar los requisitos para que las entidades incluyan el reconocimiento de la prostitución como una forma de violencia de género de forma explícita en sus estatutos. El plazo de consulta pública finalizó el pasado 9 de febrero.

La asociación Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) presentó el pasado lunes 9 de febrero un escrito de alegaciones que fue respaldado por 35 entidades, asociaciones, partidos políticos, sindicatos y grupos de investigación, además de por 142 personas a título individual. Acciónenred Andalucía, AFEMTRAS, Almena Cooperativa Feminista, la Asamblea Feminista de Madrid, la APDHA, el Sindicato OTRAS y el Partit dels Comuns son algunas de las entidades que apoyaron las alegaciones.

Según estas entidades, las propuestas de modificación “introducen un condicionamiento ideológico al exigir a las entidades solicitantes que acrediten en sus estatutos, o mediante experiencia previa, el reconocimiento expreso de la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres”. Esta exigencia, argumentan, “supone imponer una posición ideológica concreta (de carácter abolicionista) como requisito para acceder a fondos públicos, lo que vulnera principios básicos que deben regir cualquier política pública en un Estado social y democrático de derecho”.

Además, advierten, si la orden ministerial finalmente sigue adelante en los términos planteados y se mantienen aquellos aspectos considerados contrarios a los principios de igualdad recogidos en la Constitución y en el ordenamiento jurídico vigente, tomarán “las acciones legales que correspondan para la defensa de los derechos fundamentales y del interés público”.

“El Estado no puede utilizar el régimen de subvenciones como un mecanismo indirecto para imponer una visión doctrinal concreta ni para redefinir conceptos jurídicos que no han sido establecidos por el legislador”, lamentan en un comunicado con el que recaban firmas de apoyo.

Prostitución y Pacto de Estado
Estas entidades alegan que la prostitución no está legalmente definida como violencia en España ni está tipificada como delito. Tampoco las principales leyes estatales en materia de igualdad y libertad sexual califican la prostitución como violencia en sí misma, ni obligan a las entidades sociales a asumir esa interpretación como condición para colaborar con las administraciones públicas. Instrumentos internacionales de derechos humanos como el Convenio de Estambul no califican la prostitución en sí misma como una forma de violencia, sino que instan a combatir la violencia, la explotación y la trata desde un enfoque basado en derechos humanos, sin discriminación ni estigmatización.

Para el Ministerio de Igualdad, las modificaciones de la Orden IGD/239/2022 responde a “la necesidad de adaptar las bases reguladoras de las subvenciones al nuevo marco estratégico definido por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género renovado en 2025”. Así lo explica el documento de impacto consultable en su página web. En ese sentido, se propone “ampliar el alcance a todas las formas de violencia contra las mujeres, incluyendo manifestaciones como la violencia vicaria, digital, económica y en colectivos especialmente vulnerables”.

La modificación consiste en añadir la obligación de que “las entidades acrediten, bien sea a través de sus Estatutos o bien a través del trabajo realizado, entre sus fines y objetivos el reconocimiento expreso de la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva como formas de violencia contras las mujeres, lo que permite alinear la presente convocatoria con el ámbito de actuación del renovado Pacto de Estado”.

En el caso de la Orden IGD/183/2024 el motivo de la modificación es “fomentar una mayor especialización de las entidades solicitantes en relación con el objeto de la subvención” y “mejorar la calidad de los proyectos y facilitar la programación del trabajo de las entidades”. La propuesta es que el apartado relativo a los requisitos de las entidades beneficiarias incorpore el requisito “de que las entidades beneficiarias incluyan, entre los fines y objetivos recogidos en sus estatutos o a través de la acreditación de experiencia en el desarrollo de proyectos específicos, la prevención y erradicación de la violencia de género u otras formas de violencia hacia las mujeres, incluidas la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva”.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género fue aprobado en septiembre de 2017 con casi 300 medidas. En febrero de 2025, el pleno del Congreso de los Diputados aprobó de manera casi unánime su renovación y actualización. Este segundo pacto contiene 461 medidas y hace nueve menciones al término “prostitución”. En su renovación, el pacto incluyó como formas de violencia machista la económica, psicológica y vicaria. Aunque contiene varias medidas que aluden a la prostitución, el pacto no la reconoce de forma explícita como una forma de violencia machista.

Sumar pregunta al Gobierno
Precisamente sobre de qué forma el Pacto de Estado contra la Violencia de Género establece que un determinado marco conceptual deba operar como requisito excluyente para el acceso a subvenciones ha preguntado Sumar al Gobierno.

En una pregunta escrita registrada el 6 de febrero, el señala su preocupación por la modificación de la orden de 2022 que propone una adhesión obligatoria a un “marco conceptual” para acceder a financiación pública. También muestra preocupación por la base legal y el impacto asociativo que podría tener la modificación que plantea el Ministerio de Igualdad, al dejar fuera a asociaciones de larga trayectoria que no compartan esta idea.

Por eso, Sumar pregunta en qué fundamentos se basa el Gobierno para exigir el reconocimiento expreso de la prostitución como forma de violencia, qué ampara que una interpretación específica sobre la prostitución sea una condición normativa obligatoria cuando dicho Convenio no la califica en sí misma como forma de violencia o si el Gobierno considera esta modificación compatible con los principios de neutralidad ideológica y objetividad.

El grupo cree que no resulta compatible el requisito con los principios de igualdad y libre concurrencia que deben regir en las subvenciones públicas. El Pacto de Estado, dice Sumar, aborda la prostitución, la trata y la explotación sexual como fenómenos diferenciados, “sin convertir y determinado enfoque en condición habilitante”.

#hemeroteca #identidades #simbolos | Dirigentes republicanos quieren abolir la ikurriña en Estados Unidos: «Es una bandera revolucionaria e ilegal»

El Basque Centre de Boise, en el estado de Idaho //

Dirigentes republicanos quieren abolir la ikurriña en Estados Unidos: «Es una bandera revolucionaria e ilegal»
Los republicanos pretenden aprobar una norma que prohíba que ondeen en lugares públicos las banderas que no sean las oficiales del país
B. Campuzano | El Diario Vasco, 2026-02-10
https://www.diariovasco.com/sociedad/ikurrina-republicanos-estados-unidos-bandera-revolucionaria-ilegal-vasca-20260210121425-nt.html

Qué banderas pueden ondear y cuáles no en los edificios públicos en Estados Unidos. Esa es la cuestión que lleva tiempo debatiendo la Cámara de Representantes del estado de Idaho y que está salpicando a la ikurriña. Lo que en un primer momento surgió como una disputa sobre la bandera LGBTQ+ se ha extendido ahora hasta poner en duda si la bandera vasca puede volver a ondear en sedes gubernamentales. El principal enfrentamiento entre republicanos y demócratas está sucediendo en Boise, en el estado de Idaho y donde la presencia de la comunidad vasca es notaria. No en vano, es allí, donde se celebra el Jaialdi, al que en julio de 2025 asistió el lehendakari que además de presidir los actos de este macrofestival de la cultura vasca, acudió a estrechar lazos con las autoridades locales.

El objetivo principal de la legislación que intenta impulsar el partido liderado por Donald Trump es restringir banderas que representen posturas políticas o ideológicas en edificios oficiales. Pero hecha la ley, hecha la trampa. Y en respuesta a intentos previos de restricción, el Ayuntamiento de Boise declaró la bandera del Orgullo como bandera oficial de la ciudad para poder dejarlas colgadas todo el año.

Una de las personas que defiende a capa y espada esta llamada Ley de las Banderas es Ted Hill y fue también quien amenazó con nuevas restricciones y listas de banderas permitidas tras la 'trampa' de Boise. La ley que pretende impulsar el partido republicano precisa que las banderas que no estén expresamente autorizadas en el documento solo podrían exhibirse en días señalados. Además, quien no respete la norma tendría que pagar una multa de 2.000 dólares por día.

«La ikurriña representa movimientos extremistas»
El principal impulsor de estas restricciones ha realizado durante los debates legislativos celebrados en enero y febrero declaraciones controvertidas sobre la ikurriña. El republicano argumentó que la enseña representa «movimientos extremistas», llegando a declarar que «es una bandera revolucionaria. He estado en tierras vascas, pasé un tiempo y allí existía ETA, y era lo que ondeaban», espetó antes de mostrar su desconocimiento al mezclar la ikurriña, con ETA, España y Palestina y asegurar, erróneamente, que «es ilegal ondear esa bandera en España, por cierto. Creo que permitirla aquí sería ir demasiado lejos, porque entonces debería permitirse la bandera palestina».

Hill ha defendido en varias ocasiones que «el fondo del asunto es que este proyecto de ley es para unir a Estados Unidos, la bandera estadounidense y los símbolos que todos abrazamos. Y los otros son distracciones y son divisivos. No es el papel del gobierno mostrar favoritos en la esfera pública».

Defensa de la ikurriña
Estas declaraciones no han sido bien recibidas por la oposición y la parlamentaria demócrata por Boise, Anne Haws, ha interpelado a Hill sobre por qué la ikurriña debía ser restringida ahora, subrayando la inconsistencia de prohibir símbolos con profundo arraigo histórico en el estado. A juicio de Haws, la ley en cuestión no busca la neutralidad, sino imponer una visión ideológica. «Es irónico que hablemos de neutralidad mientras intentamos restringir símbolos que son parte integral de la identidad de nuestra comunidad», señaló en su última intervención antes de recordar los lazos de Idaho con Euskadi: «Como sabe, la bandera vasca ondea durante el Jaialdi, cuando la delegación vasca viene a nuestro estado y honramos esa profunda herencia en Idaho. Para mí, es una forma, un motivo y una ocasión muy apropiadas para ondear la bandera autonómica de la comunidad vasca. Me pregunto en qué se diferencia de ondear la bandera de otro país para una ocasión especial» .

Y TAMBIÉN...
La ley que prohibirá la ikurriña en edificios oficiales de Idaho supera el primer trámite
La comisión de la Cámara de Representantes recomienda que el proyecto legislativo avance pese a la oposición demócrata y de la diáspora vasca
Jurdan Arretxe | Noticias de Gipuzkoa, 2026-02-11
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/sociedad/2026/02/11/ley-prohibira-ikurrina-edificios-oficiales-idaho-eeuu-10686387.html

#hemeroteca #violenciavicaria | La nueva ley de violencia vicaria machista desata un conflicto entre los ministerios de Juventud, Justicia e Igualdad

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego //

La nueva ley de violencia vicaria machista desata un conflicto entre los ministerios de Juventud, Justicia e Igualdad
Fuentes del departamento de Sira Rego explican que abandonan el grupo de trabajo tras la negativa de Bolaños a corregir riesgos como que no se prohíba a todos los hombres inmersos en procesos por violencia de género las visitas a sus hijos. 
María Sosa Troya | El País, 2026-02-05
https://elpais.com/sociedad/2026-02-05/rego-da-un-portazo-a-la-ley-de-violencia-vicaria-machista-que-prepara-igualdad.html

El Ministerio de Juventud e Infancia se ha desmarcado de la ley de violencia vicaria machista que prepara el Ministerio de Igualdad, tras la negativa del Ministerio de Justicia a corregir los riesgos advertidos por el movimiento feminista y diversos especialistas de este ámbito, según señalan fuentes del departamento que dirige Sira Rego. Por ello, este jueves, el ministerio ha informado de que abandona la coproponencia de esta ley, que salió de Igualdad y en la que trabajan los tres ministerios. Juventud e Infancia, en manos de Sumar, le dice a Justicia e Igualdad, bajo mandato socialista, que se baja del carro. Según fuentes de Juventud e Infancia, Rego solicitó cambios en la forma en que el anteproyecto de Igualdad tipifica la violencia vicaria, en la regulación del régimen de visitas y la patria potestad de los hijos y en el derecho de escucha de niños, niñas y adolescentes. Estas fuentes señalan que se trata de asuntos “indispensables” para que la ley avance en garantía de derechos para las víctimas.

Este miércoles, EL PAÍS publicó una carta abierta que mostraba la “gran preocupación” de la Coordinadora Estatal para la Erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional respecto a la redacción actual de la normativa que impulsa Igualdad. Las 20 organizaciones feministas que la firman querían hacérsela llegar a los ministerios de Igualdad, Infancia y Justicia, los tres directamente implicados tanto en esa norma como en la reforma de la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, impulsada por el departamento que dirige Rego y que también incluye novedades respecto a la violencia vicaria machista. Un texto que, según ha afirmado públicamente repetidas veces la ministra Rego, está a la espera de las aportaciones que haga Justicia para pasar por Consejo de Ministros. Juventud e Infancia insiste en que el texto, por su parte, está listo desde finales del año pasado.

Es decir, que el Gobierno maneja dos textos normativos con visiones contrapuestas sobre determinados asuntos. Fuentes del departamento de Rego señalan como inaceptable que el texto actual sobre violencia vicaria machista no prohíba, sin excepciones, que los hombres inmersos en procedimientos judiciales por violencia machista puedan mantener el contacto con sus hijos. Estas fuentes insisten en que un maltratador no puede ser un buen padre y en que el Estado tiene la obligación de proteger a la infancia. Además, aseguran que el derecho a la escucha de niños y niñas no queda garantizado en la actual redacción del anteproyecto que impulsa Igualdad, un aspecto que Rego y su equipo consideran central.

Las mismas fuentes señalan que, tal y como ha alertado el movimiento feminista, la tipificación de violencia vicaria que contempla en estos momentos el texto deja a las madres protectoras en una situación de inseguridad jurídica. La misiva firmada por las organizaciones feministas apunta que el anteproyecto crea una nueva figura delictiva, pero que lo hace como “un delito neutro de violencia vicaria”, es decir, que si lo que se pretende es regular la violencia vicaria machista, la que los hombres ejercen contra los hijos u otras personas para hacer daño a las mujeres, este texto no lo hace, sino que pone sobre la mesa un delito, ya sea ejercido por hombres o por mujeres, algo que, según la carta que trascendió este miércoles, va “en clara contradicción no solo con el concepto mismo de violencia vicaria, sino con las verdaderas necesidades y exigencias de un fenómeno social de tal naturaleza”.

Juventud e Infancia considera urgente legislar sobre la violencia vicaria y las fuentes del departamento subrayan que su propósito en todo momento ha sido el de mejorar el texto, por lo que aseguran que mantienen abierta la puerta al diálogo para tener una ley a la altura. Sin embargo, consideran inaceptable que el texto siga su curso con la redacción actual.

#hemeroteca #lgtbi #politica | Constituido el Consejo Municipal LGTBI+ de Pamplona, el primero en Navarra

Constitución del Consejo Municipal LGTBI+ del Ayuntamiento de Pamplona //

Constituido el Consejo Municipal LGTBI+ de Pamplona, el primero en Navarra
Europa Press | 2026-02-04
https://www.europapress.es/navarra/noticia-constituido-consejo-municipal-lgtbi-pamplona-primero-navarra-20260204173013.html

El Consejo Municipal LGTBI+ ha celebrado este miércoles por la tarde su reunión constitutiva en el Ayuntamiento de Pamplona. Se trata del primer consejo municipal de Navarra sobre políticas LGTBI+, que "convierte a Pamplona en pionera en la Comunidad foral, como también lo fue en tener un diagnóstico y un plan LGTBI+".

El consejo, según han informado desde el Consistorio en una nota, está presidido por la concejala de Igualdad, Acción Comunitaria, Barrios y Diversidad Cultural del Ayuntamiento, Zaloa Basabe. A la primera reunión ha asistido también el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron.

El Consejo Municipal LGTBI+ articula la participación del movimiento LGTBI+ de Pamplona en el funcionamiento de políticas públicas municipales, concretándose su colaboración mediante la información, análisis, proposición, colaboración, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de las personas LGTBI+.

Se trata de un órgano colegiado, de carácter consultivo y de participación sectorial, que se adscribe al área de Igualdad, Acción Comunitaria, Barrios y Diversidad Cultural, competente en el desarrollo de las políticas públicas LGTBI+.

En el Consejo Municipal LGTBI+ están representados los seis grupos municipales del Ayuntamiento de Pamplona (UPN, EH Bildu, PSN, PP, Geroa Bai y Contigo-Zurekin), siete asociaciones LGTBI+ (EHGAM, FÉNIX, Kattalingorri, NAIZEN, Navarra LGTBIQ+ Friends, Prisma y Bidea Eginez, los dos sindicatos con mayoría en la Comisión municipal de Personal (LAB y CCOO) y representantes de las asociaciones SARE y Comisión Antisida de Navarra, así como personal técnico municipal.

El reglamento que regula el funcionamiento y la composición del consejo establece que se reunirá en sesión ordinaria al menos tres veces al año.

Entre las funciones del consejo que recoge ese reglamento, se encuentra informar del seguimiento de las políticas municipales de diversidad sexual y de género e igualdad LGTBI+ y del Plan Municipal de Diversidad Sexual y de Género e Igualdad LGTBI; elaborar propuestas de actuación relativas a la diversidad sexual y de género e igualdad LGTBI+ en la ciudad; emitir dictámenes o informes sobre propuestas normativas que estén relacionadas de forma directa con la diversidad sexual y de género e igualdad LGTBI+; o trasladar a los órganos competentes cuantas situaciones de discriminación o vulneración del principio de igualdad de trato y oportunidades por orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género en el ámbito municipal que lleguen a su conocimiento.

#hemeroteca #lgtbi #politica | El parlamento vasco se fija en el de Catalunya para elaborar su propia ley contra la LGTBIfobia

Josep Rull i Andreu, president del Parlament de Calalunya, recibe a la representación vasca //

El parlamento vasco se fija en el de Catalunya para elaborar su propia ley contra la LGTBIfobia
Gisela Boada | El Periódico, 2026-01-27
https://www.elperiodico.com/es/politica/20260127/parlamento-vasco-ley-lgtbi-inspira-norma-catalana-reunion-parlament-126107169

El parlamento vasco mira a Catalunya como referente en la lucha contra la LGTBIfobia. Una delegación de la comisión de bienestar, juventud y reto demográfico de la Cámara vasca ha visitado este martes el Parlament para conocer de primera mano el nuevo marco normativo catalán en materia de derechos LGTBI -actualizado poco más de un mes, pero aprobado por primera vez en 2014- con el objetivo de inspirarse en su modelo para mejorar su legislación.

La delegación, encabezada por la presidenta de la comisión, Marijo Etxegoien, ha sido recibida en audiencia por el president del Parlament, Josep Rull. Sin embargo, el objetivo de la visita era la reunión con la vicepresidenta primera de la Cámara y coordinadora del Grup de Treball en Equitat de Gènere, Antirracisme y No Discriminació, Raquel Sans, que junto con diputadas ponentes que han participado en el impulso de la nueva ley catalana de derechos de las personas LGTBI. Tras ello, las representantes vascas se han quedado a seguir el pleno de la tarde.

El interés del parlamento vasco se centra especialmente en el proceso de institucionalización de las políticas LGTBI en Catalunya y en los mecanismos legales desplegados para combatir las discriminaciones. Euskadi quiere dar un primer paso para adaptar parte de esas palancas a su propio contexto en un momento en el que varias comunidades autónomas tratan de blindar sus marcos normativos ante el aumento de discursos de odio y agresiones por orientación sexual e identidad de género.

El País Vasco ya actualizó en 2024 su ley autonómica sobre derechos trans, pero el debate político apunta ahora a reforzar una ley LGTBI integral que vaya más allá del reconocimiento y aterrice medidas operativas como la prevención, atención a víctimas, formación obligatoria y capacidad real de respuesta ante la discriminación, tanto en el espacio público como en el privado.

El régimen sancionador en Catalunya
La nueva ley catalana, aprobada con una amplia mayoría -con el apoyo del PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y la CUP, y el voto en contra del PP, Vox y Aliança Catalana-, ha supuesto un salto cualitativo respecto a la normativa anterior, vigente desde hacía once años. Esta norma deroga la ley precedente para reforzar las garantías de igualdad de trato y no discriminación y consolidar el derecho a la libre autodeterminación de la identidad y expresión de género, tanto en el ámbito público como en el privado. Uno de los elementos que más interés despiertan fuera de Catalunya es la ampliación del régimen sancionador, pensado para erradicar las conductas LGTBIfóbicas y ofrecer mayor cobertura a las víctimas durante el proceso de denuncia.

Las sanciones se gradúan en función de la gravedad de la infracción y pueden oscilar entre los 300 y los 500.000 euros. La ley amplía, además, los supuestos considerados discriminatorios, como negarse de forma intencionada a tratar a una persona por el nombre o el género con el que se identifica, o la inclusión de cláusulas discriminatorias en negocios jurídicos por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, o características sexuales.

El texto legal también prohíbe de manera expresa las terapias de "reconversión" y limita su promoción, al tiempo que fomenta el uso de símbolos LGTBI en edificios y espacios públicos. Desde un enfoque interseccional, la ley pone el acento en la protección de las personas trans e intersexuales, así como de personas migrantes, racializadas y refugiadas, y obliga a las administraciones a impulsar espacios de memoria democrática del movimiento LGTBI, con especial atención a la reparación de la invisibilización histórica de las lesbianas.

Y TAMBIÉN...
Una delegación de la Comisión de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico analiza las políticas y normativa LGBTI+ de Catalunya
El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull i Andreu, ha recibido a las y los parlamentarios vascos. Entre hoy y el jueves, mantendrán varias reuniones con responsables del Parlament y de la Generalitat, así como con representantes de organizaciones y del movimiento LGBTIQ+
Eusko Legibiltzarra, 2026-01-27
https://www.legebiltzarra.eus/portal/es/web/eusko-legebiltzarra/noticias-y-eventos/noticias/-/buscador/content/ongizate-gazteria-eta-erronka-demografikoa-batzordeko-ordezkaritza-batek-kataluniako-lgbti-politikak-eta-araudia-aztertuko-ditu 

#hemeroteca #lgtbifobia #politica | València "borra" los bancos LGTBI de la plaza del Ayuntamiento: "Se impone la agenda ultra"

Bancos morados instalados por el anterior Gobierno municipal //

València "borra" los bancos LGTBI de la plaza del Ayuntamiento: "Se impone la agenda ultra"
El Grupo Socialista lo considera un ataque a las políticas de igualdad y diversidad
Levante, 2026-01-26
https://www.levante-emv.com/valencia/2026/01/26/ayuntamiento-borra-bancos-lgtbi-valencia-pspv-nuria-llopis-126096586.html

La concejala del Grupo Municipal Socialista Nuria Llopis ha exigido a la alcaldesa de València, María José Catalá, y Vox que vuelvan a instalar los bancos morados y arcoíris de la plaza del Ayuntamiento tras comprobar que "los han retirado en aplicación de la agenda ultra”. “María José Catalá demuestra cada día que es más reaccionaria que sus socios y que no los necesita para seguir borrando la igualdad y la diversidad de nuestras calles y plazas”, ha afirmado la concejala socialista, quien le ha exigido que vuelva a instalarlos.

En estos términos se ha pronunciado al comprobar que el Ayuntamiento ha llevado a cabo la sustitución definitiva de los bancos de color morado y con la bandera LGTBI que estaban instalados en la plaza del Ayuntamiento. Unos bancos que, ha denunciado Llopis, la actual corporación “dejó que se degradaran sin ningún tipo de mantenimiento”. “Esto no es casualidad, esto es ideología”, ha remarcado, y ha denunciado que Catalá y Vox “no solo retroceden en políticas de igualdad, sino que además lo hacen visible”.

Precedentes
Ha recordado que una de las primeras medidas que adoptó Catalá junto a Vox fue retirar las pancartas contra la violencia machista en las concentraciones por el asesinato de mujeres. Otras medidas contra la igualdad fueron “eliminar de los estatutos de la extinta València Activa los objetivos de fomentar la igualdad de la mujer dentro del mercado laboral o las acciones dirigidas a las víctimas de violencia machista”. Además, ha recordado que sus socios celebraron bailando un pasodoble en la Plaza de la Virgen que el pleno municipal no aprobara por primera vez en su historia una declaración institutional por el 8M.

En materia de diversidad, ha expuesto que la retirada de estos bancos “no es casual si no que forma parte de un plan estructurado”. Así, ha recordado que Catalá justificó la retirada de las pancartas del balcón consistorial que se desplegaba con motivo del Día de la Mujer o el Día del Orgullo LGTBI con que tampoco se colocaban las de enfermedades como la ELA o el Alzheimer.

De la misma manera, retiró los bancos arcoíris del Puente de las Flores cuando se lo dedicó a Rita Barberá, aprovechando la remodelación. Entonces los socialistas ya le exigieron que repintara los bancos y dejara de burlarse de la ciudadanía. “Catalá ha eliminado las pancartas del balcón, ha borrado los mensajes contra la violencia de género y sigue invisibilizando la lucha contra la LGTBI fobia”, ha denunciado.

#hemeroteca #lgtbifobia #ideologiadeodio | La Fiscalía pide tres años de cárcel por delito de odio para la concejal de Vox en Valencia Cecilia Herrero

 Cecilia Herrero, concejala de Vox en Valencia //

La Fiscalía pide tres años de cárcel por delito de odio para la concejal de Vox en Valencia Cecilia Herrero
Publicó mensajes en X "encaminados a propagar el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión hacia migrantes, integrantes del colectivo LGTBI, o personas con discapacidad"
Loreto Ochando | El Plural, 2026-01-20
https://www.elplural.com/sociedad/tribunales/fiscalia-pide-tres-anos-carcel-delito-odio-concejal-vox-valencia-cecilia-herrero_379022102

La Fiscalía pide tres años de cárcel por delito de odio a la concejal de Vox, Cecilia Herrero, por publicar varios mensajes en X "encaminados a propagar el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión hacia las personas migrantes, además de a las pertenecientes al colectivo LGTBI, o con discapacidad, haciendo uso, además, de un lenguaje peyorativo y de expresiones de burla hacia los mismo". La fiscal del caso, Susana Gisbert, solicita tres años más multa por incitación al odio pero, subsidiariamente, rebaja la pena a un año y dos meses por humillación a un colectivo para el caso de que la Sala no vea el tipo agravado. La causa se abrió tras una denuncia de Compromís. Denuncia que el propio partido amplió tiempo después.

En la calificación fiscal, a la que ha tenido acceso ElPlural.com, explica la fiscal que la concejala de Vox "ha venido sirviéndose de las estas cuentas, abiertas al público en general y sin ningún tipo de restricciones, para publicar de forma masiva e indiscriminada mensajes e imágenes dirigidos, deliberadamente y de forma unidireccional, a estigmatizar y criminalizar a personas del colectivo LGTBI y con discapacidad, entre otras".

A través de los contenidos publicados durante los años 2020 a 2024, asevera el escrito que la edil de extrema derecha, "ha venido asociando inmigración con una invasión del territorio español, con el consiguiente riesgo de generar sentimientos de temor, inseguridad y alarma social entre la población, especialmente a los habitantes de Marruecos, a cuya ciudadanía se dirige en particular para tratar de orientar su voto a favor del partido político Vox, del que era a la sazón concejala".

Dice que centra su ataque "con especial beligerancia" en el colectivo LGTBI, en las personas con discapacidad, en las personas de color de piel negra, de otros orígenes nacionales, a quienes "cosifica, deshumaniza y les atribuye generalizadamente la comisión de delitos, sirviéndose en ocasiones para ello de una selección interesada de supuestas noticias, que manipula para generar alarma o temor en la población".

A tal fin, asevera el escrito de acusación, Herrero hace uso del origen de la persona, magrebí, o su religión, musulmana, como un rasgo definitorio del presunto agresor "con la clara voluntad de asociar su procedencia con la delincuencia y de atribuir connotaciones negativas y estigmatizadoras a la inmigración en general".

Concluye Gisbert diciendo que, "con todos estos mensajes contribuye a despertar o aumentar entre la población los prejuicios y estereotipos de forma generalizada e injusta contra estos colectivos de personas, con el evidente peligro de generar sentimientos odio, de rechazo y hostilidad frente a ellos por parte de la población".

Los mensajes de la concejal de Vox
Entre los mensajes en X que cita el escrito destacan algunos como: "El 17 de abril de 2020, como respuesta a una publicación de “Junama del Álamo, que decía “No puedo imaginar cómo habrían sido las ruedas de prensa de los expertos con periodistas en persona, probablemente una carnicería!: “O una sauna gay”".

21 de julio de 2020, en respuesta a una publicación de El gato al agua que preguntaba “¿Cómo crees que el Gobierno usará el dinero aprobado en nuestro país?: “Moros, putas, coca y mariscadas”. O el 20 de agosto de 2020, en respuesta a una publicación de “Periodista infiltrado” que publicaba la fotografía de unos inmigrantes en el momento de ser rescatados, diciendo “aquí podéis elegir a vuestro yerno. Mirad que simpáticos y buena gente se les ve, vienen a pagarnos las pensiones”, la acusada publicó: “DEPORTACIÓN YA. Su actitud no es de estar ni necesitados ni asustados ni huir de nada. Comparemos su actitud y sus caras con las de los refugiados sirios. ¿Es una invasión y el gobierno la alienta! Ley y Justicia”.

Otro tuit absolutamente racista lo publicó el 12 de septiembre de 2020, en respuesta a la publicación de ABC titulada “un estudio publicado por ‘The New York Times’ determina que los españoles no son de raza blanca”: “Somos negros. Ya podemos saquear Louis Vuitton y Apple y hacer que se arrodillen y nos besen los pies”.

Otras perlas son mensajes como “No son ni migrantes ni inmigrantes. Son INVASORES”, “Tanta reconquista para terminar pagándoles la invasión a los moros” o “Si vas a xxx debes vacunarte de mil cosas, pero estos llegan sin controles sanitarios ni cuarentena alguna y los alojan en hoteles a los que mañana irás tú y tu familia. Esto también es un grave problema de salud pública”.