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| Imagen: Hoy / Solicitantes de asilo por LGTBIfobia, de Camerún y Venezuela respectivamente |
Un joven de 32 años cuenta el viaje que hizo caminando por el desierto y en patera hasta llegar a Cáceres, donde espera recibir asilo.
Álvaro Rubio | Hoy, 2019-06-23
https://www.hoy.es/caceres/camerun-familia-prendio-20190623002129-ntvo.html
«Cuando mis familiares se enteraron de que soy gay, tuve que salir de mi casa y alquilar una habitación. No pararon de seguirme hasta que dieron con el lugar en el que estaba viviendo. Cuando lo encontraron le prendieron fuego, pero tuve suerte porque esa noche no estaba en casa». Eso es lo que le sucedió a un joven de Camerún que hoy vive en Cáceres. Prefiere no revelar su nombre en la prensa porque tiene miedo a que puedan verlo en el lugar que nació. Tiene 32 años y ha vivido cinco huyendo por su orientación sexual. Hoy espera a recibir asilo y vive con temor a que la respuesta del Gobierno sea negativa. No quiere volver a pasar por el tortuoso viaje que comenzó en 2011.
«Después de que mis padres no lo aceptaran, me trasladé al norte de Camerún, donde me persiguió la banda terrorista Boko Haram, como al resto de la población. De ahí a Nigeria, luego a Níger y a Algeria. Para llegar allí pagué 150 euros a la mafia por un viaje en coche y andando unos 100 kilómetros por el desierto», explica justo antes de matizar que eso era solo el principio.
«Trabajé dos años en la construcción para volver a pagar a la mafia y llegar a Marruecos. En el primer intento la policía me cogió». A la segunda lo logró. Su objetivo era cruzar el Estrecho en patera hasta Málaga y en 2016 pudo hacerlo tras pagar 1.500 euros.
De la ciudad andaluza a Madrid. Luego a la localidad manchega de Sigüenza y a Ávila, donde pidió asilo, y el Gobierno le trasladó a Cáceres. Tras un año y medio bajo el cobijo de una oenegé, hoy vive en un piso y se mantiene gracias a lo que gana haciendo un curso de albañilería en una escuela taller. «En Camerún me perseguirán. Puede que me multen con 300 euros o incluso me condenen a seis años de cárcel», cuenta este joven con miedo a que le obliguen a volver a su país.
Él es una de las seis personas que el pasado jueves participaron en un acto en la biblioteca pública de Cáceres organizado por Fundación Triángulo, la entidad que lucha por los derechos de las personas LGBTI desde hace más de dos décadas.
Bajo el nombre 'Ciudadanía Global: migraciones y derechos humanos LGBTI' y con motivo del Día Mundial de los Refugiados que se celebra el 20 de junio, jóvenes de Rusia, Camerún, Guinea, Nicaragua, Marruecos y Venezuela contaron cómo se vive en un país que les persigue por querer a una persona del mismo sexo o decir que han nacido en un cuerpo con el que no se sienten identificados.
Los seis son solicitantes de asilo en Extremadura y todo están a la espera de respuesta. Como ellos, el año pasado pidieron protección en esta comunidad autónoma 240 personas (129 en Cáceres y 111 en Badajoz), el doble que las solicitudes registradas en 2017, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Además, las tres entidades que gestionan la acogida de refugiados en Extremadura (Cepaim, Cruz Roja y ACCEM) atendieron a más de 600 personas en la región en 2018.
Desde el pasado mes de enero hasta abril se registraron 127 solicitudes de asilo en Extremadura (68 en Badajoz y 59 en Cáceres). Lo hicieron por temor a ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de genero u orientación sexual.
Mientras esperan la resolución de su solicitud de asilo tiene derecho a permanecer en España hasta que se resuelva, a no ser que sean reclamados por otro país de la Unión Europea o de un Tribunal Penal Internacional. En ese periodo hay oenegés que ofrecen acompañamiento e integración entre seis y 18 meses. De lo contrario, la autorización de estancia legal de los que tengan una resolución desfavorable o los que no reclamaron asilo expira, por lo que la Policía puede iniciar los trámites para expulsión. En ocasiones incluye el ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) hasta que son deportados.
Todos esperan que esa situación no se dé y así lo dejaron claro en la jornada organizada por Fundación Triángulo en la que se ofreció una visión global de la situación de las personas LGBTI en diversas partes del mundo. En total hay 72 países que criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo e incluso ser gay o lesbiana puede costar la vida en ocho de ellos. La pena de muerte está vigente en Irán, Arabia Saudi, Yemen y Sudán. También en Somalia y Nigeria se aplica en algunas provincias. Además, la organización terrorista Estado Islámico castiga con la muerte a esas minorías sexuales en los territorios que controla en el norte de Siria y el noroeste de Irak.
En lugares como Uganda, Zambia, Tanzania, India, Barbados o Guyana las relaciones homosexuales se castigan con penas que van desde los 14 años de prisión hasta la cadena perpetua. En países del norte de África como Libia, Argelia o Marruecos, las leyes contemplan penas de entre tres y siete años de prisión.
Sistema lento
CEAR lamenta que en el año 2018 en España solo se resolvieran favorablemente una de cada cuatro solicitudes de asilo registradas. Además, critican que el sistema acumula expedientes sin resolver y ya hay más de 100.000 personas que esperan una respuesta. La responsable del Área Jurídica de CEAR Sur/Occidental, Lourdes Navarro, reconoce que «ese colapso también se está produciendo en Extremadura».
Entre las peticiones las que más se repiten son las de Venezuela, que fue el primer país de origen de los solicitantes, con más de 19.000 peticiones, seguido de Colombia (8.650), Siria (2.775) y Honduras (2.410). Sin embargo, la venezolana también fue una de las nacionalidades con más demandas de asilo denegadas, con 30 favorables y 1.495 rechazadas.
Precisamente de ese país es otra de las jóvenes que hoy vive en Cáceres y participó en la jornada de Fundación Triángulo. Llegó hace nueve meses. «Tengo familia en Extremadura y decidí salir por la difícil situación que vive mi país. Allá sobrevives, no vives. Un día comes y otro no», destaca. «Por mi orientación sexual tampoco me sentía libre. No lo decimos abiertamente porque la sociedad no lo acepta. Las personas gais y lesbianas no pueden donar sangre, por ejemplo. Casarse o adoptar a un niño es impensable», añade, a sus 22 años, tras explicar que ha pedido asilo en la región extremeña. En su caso, al contar con familiares en esta comunidad, no pasará por un centro gestionado por una oenegé. «Ahora estoy haciendo un curso que me ayudará a acceder a formación del Servicio Extremeño Público de Empleo», añade.
Quiere hacer una vida en esta tierra como su compañero de Camerún. Ambos coinciden cuando se les pregunta por su sueño: encontrar trabajo y vivir en libertad.
«Después de que mis padres no lo aceptaran, me trasladé al norte de Camerún, donde me persiguió la banda terrorista Boko Haram, como al resto de la población. De ahí a Nigeria, luego a Níger y a Algeria. Para llegar allí pagué 150 euros a la mafia por un viaje en coche y andando unos 100 kilómetros por el desierto», explica justo antes de matizar que eso era solo el principio.
«Trabajé dos años en la construcción para volver a pagar a la mafia y llegar a Marruecos. En el primer intento la policía me cogió». A la segunda lo logró. Su objetivo era cruzar el Estrecho en patera hasta Málaga y en 2016 pudo hacerlo tras pagar 1.500 euros.
De la ciudad andaluza a Madrid. Luego a la localidad manchega de Sigüenza y a Ávila, donde pidió asilo, y el Gobierno le trasladó a Cáceres. Tras un año y medio bajo el cobijo de una oenegé, hoy vive en un piso y se mantiene gracias a lo que gana haciendo un curso de albañilería en una escuela taller. «En Camerún me perseguirán. Puede que me multen con 300 euros o incluso me condenen a seis años de cárcel», cuenta este joven con miedo a que le obliguen a volver a su país.
Él es una de las seis personas que el pasado jueves participaron en un acto en la biblioteca pública de Cáceres organizado por Fundación Triángulo, la entidad que lucha por los derechos de las personas LGBTI desde hace más de dos décadas.
Bajo el nombre 'Ciudadanía Global: migraciones y derechos humanos LGBTI' y con motivo del Día Mundial de los Refugiados que se celebra el 20 de junio, jóvenes de Rusia, Camerún, Guinea, Nicaragua, Marruecos y Venezuela contaron cómo se vive en un país que les persigue por querer a una persona del mismo sexo o decir que han nacido en un cuerpo con el que no se sienten identificados.
Los seis son solicitantes de asilo en Extremadura y todo están a la espera de respuesta. Como ellos, el año pasado pidieron protección en esta comunidad autónoma 240 personas (129 en Cáceres y 111 en Badajoz), el doble que las solicitudes registradas en 2017, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Además, las tres entidades que gestionan la acogida de refugiados en Extremadura (Cepaim, Cruz Roja y ACCEM) atendieron a más de 600 personas en la región en 2018.
Desde el pasado mes de enero hasta abril se registraron 127 solicitudes de asilo en Extremadura (68 en Badajoz y 59 en Cáceres). Lo hicieron por temor a ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de genero u orientación sexual.
Mientras esperan la resolución de su solicitud de asilo tiene derecho a permanecer en España hasta que se resuelva, a no ser que sean reclamados por otro país de la Unión Europea o de un Tribunal Penal Internacional. En ese periodo hay oenegés que ofrecen acompañamiento e integración entre seis y 18 meses. De lo contrario, la autorización de estancia legal de los que tengan una resolución desfavorable o los que no reclamaron asilo expira, por lo que la Policía puede iniciar los trámites para expulsión. En ocasiones incluye el ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) hasta que son deportados.
Todos esperan que esa situación no se dé y así lo dejaron claro en la jornada organizada por Fundación Triángulo en la que se ofreció una visión global de la situación de las personas LGBTI en diversas partes del mundo. En total hay 72 países que criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo e incluso ser gay o lesbiana puede costar la vida en ocho de ellos. La pena de muerte está vigente en Irán, Arabia Saudi, Yemen y Sudán. También en Somalia y Nigeria se aplica en algunas provincias. Además, la organización terrorista Estado Islámico castiga con la muerte a esas minorías sexuales en los territorios que controla en el norte de Siria y el noroeste de Irak.
En lugares como Uganda, Zambia, Tanzania, India, Barbados o Guyana las relaciones homosexuales se castigan con penas que van desde los 14 años de prisión hasta la cadena perpetua. En países del norte de África como Libia, Argelia o Marruecos, las leyes contemplan penas de entre tres y siete años de prisión.
Sistema lento
CEAR lamenta que en el año 2018 en España solo se resolvieran favorablemente una de cada cuatro solicitudes de asilo registradas. Además, critican que el sistema acumula expedientes sin resolver y ya hay más de 100.000 personas que esperan una respuesta. La responsable del Área Jurídica de CEAR Sur/Occidental, Lourdes Navarro, reconoce que «ese colapso también se está produciendo en Extremadura».
Entre las peticiones las que más se repiten son las de Venezuela, que fue el primer país de origen de los solicitantes, con más de 19.000 peticiones, seguido de Colombia (8.650), Siria (2.775) y Honduras (2.410). Sin embargo, la venezolana también fue una de las nacionalidades con más demandas de asilo denegadas, con 30 favorables y 1.495 rechazadas.
Precisamente de ese país es otra de las jóvenes que hoy vive en Cáceres y participó en la jornada de Fundación Triángulo. Llegó hace nueve meses. «Tengo familia en Extremadura y decidí salir por la difícil situación que vive mi país. Allá sobrevives, no vives. Un día comes y otro no», destaca. «Por mi orientación sexual tampoco me sentía libre. No lo decimos abiertamente porque la sociedad no lo acepta. Las personas gais y lesbianas no pueden donar sangre, por ejemplo. Casarse o adoptar a un niño es impensable», añade, a sus 22 años, tras explicar que ha pedido asilo en la región extremeña. En su caso, al contar con familiares en esta comunidad, no pasará por un centro gestionado por una oenegé. «Ahora estoy haciendo un curso que me ayudará a acceder a formación del Servicio Extremeño Público de Empleo», añade.
Quiere hacer una vida en esta tierra como su compañero de Camerún. Ambos coinciden cuando se les pregunta por su sueño: encontrar trabajo y vivir en libertad.
