#hemeroteca #delitossexuales #justicia | Kevin Spacey, absuelto de los nueve cargos por delitos sexuales

Kevin Spacey, tras la lectura del veredicto //

Kevin Spacey, absuelto de los nueve cargos por delitos sexuales
El actor comenzó a llorar en el banquillo cuando el jurado emitió su veredicto de inocencia
Lourdes Gómez | El Diario Vasco, 2023-07-26
https://www.diariovasco.com/gente-estilo/kevin-spacey-absuelto-nueve-cargos-delitos-sexuales-20230726161317-ntrc.html

Con «humildad» recibió Kevin Spacey el veredicto de «no culpable» de ninguno de los cargos pendientes de agresión sexual que emitió este miércoles el Tribunal británico de Southwark, en el sur de Londres. El jurado de esta corte penal absolvió al actor estadounidense de nueve supuestos delitos de agresión sexual a cuatro hombres que habrían tenido lugar en un abanico temporal de diez años hasta 2013. Los miembros del jurado tardaron 12 horas y 26 minutos en alcanzar su resolución de inocencia.

«Ne siento honrado por el desenlace», exclamó el ex galán de Hollywood a la salida del juzgado, antes de compartir con el público su estado anímico. «Imagino que entenderéis que tengo mucho que procesar después de todo lo que ha pasado aquí», dijo emocionado. Aun así, y con los nervios a punto de estallar en sollozos, Spacey tuvo palabras de agradecimiento hacia el jurado, su equipo legal, los funcionarios judiciales, los empleados de seguridad y los asistentes al juicio que rompieron en aplausos al confirmarse el veredicto.

«Agradezco enormemente al jurado por haberle dedicado tiempo a examinar todas las pruebas y todos los hechos atentamente antes de tomar su decisión», declaró al final de cuatro semanas de intensas vistas orales.

Stacey prestó testimonio a lo largo del juicio y desde el banquillo de los acusados reseñó las grietas de un caso «débil», fundado en las mentiras y la codicia de viejas amistades del artista y ligues de una noche. Aceptó que actuó quizá con torpeza al flirtear, borracho, con uno de los denunciantes, pero negó haber iniciado relaciones sexuales no consentidas.

Elton John y su marido David Furnish testificaron por videoconferencia en apoyo de Spacey. Corroboraron varios detalles acerca de los movimientos del actor y, en concreto, sobre su llegada a una fiesta de gala, en beneficio de su fundación en ayuda de enfermos del SIDA, que la pareja ofreció en su residencia de Windsor, a unos 30 kilómetros de Londres.

Las denuncias se referían a supuestos actos perpetrados en la década en que Spacey dirigió el teatro Old Vic, al sur del Támesis. Revivió el legendario estrado con su variada programación y gancho de atracción de estrellas y repertorios internacionales, como la adaptación de 'Todo sobre mi madre', de Pedro Almodóvar. Hubo rumores entonces sobre la mano larga y predisposición al acoso laboral del estadounidense pero las denuncias se desvanecieron hasta la irrupción del movimiento 'MeToo', una década después.

La abogada por parte de la Fiscalía, Christine Agnew, describió al actor como un «bully sexual» nada más iniciarse el juicio y pidió al jurado que olvidaran su faceta como diestro profesional, «extremadamente famoso» y ganador de premios y galardones, incluidos dos Oscar.

Por la parte contraria, el letrado Patrick Gibbs, remarcó: «que a uno le guste el sexo no es no delito criminal, incluso si eres famoso; el acto sexual tampoco es delito incluso si eres famoso; el sexo casual no es un delito; y tener sexo con alguien del mismo sexo tampoco es un crimen porque estamos en 2023 no en 1823».

De hecho, el juez del tribunal de Southwark retiró, debido a un «tecnicismo jurídico», cuatro cargos de agresión indecente que pesaban sobre el protagonista de las películas 'American Beauty' y 'Sospechosos habituales' o los episodios originales de la serie 'House of Cards', entre sus interpretaciones sobresalientes. Los miembros del jurado finalmente le absolvieron de nueve delitos restantes: siete de agresión sexual, uno de acto sexual sin consentimiento y otro de penetración sexual sin consentimiento.

Al mismo tiempo, en el transcurso de las audiencias, se reveló que dos de los acusadores se plantean abrir una querella civil contra el actor y director de cine y teatro. Spacey ganó una crucial batalla judicial, pero mantiene viva la pelea por limpiar su nombre y protagonismo. «Mi mundo explotó», recordó al prestar testimonio, «la gente se apresuró a hacer valoraciones y antes de que se hiciera la primera pregunta o de escuchar la respuesta, perdí mi trabajo, perdí mi reputación, lo perdí todo en unos días».

#hemeroteca #feminismo #punitivismo | Una agenda propia para el feminismo de las de abajo

ctxt / Protesta feminista contra la sentencia de La Manada. Bacelona, 2018 //

Una agenda propia para el feminismo de las de abajo
Tanto la ley de paridad como la del ‘solo sí es sí’ han sido redactadas bajo la óptica que da pertenecer a una determinada capa social privilegiada
Nuria Alabao | ctxt, 2023-04-25
https://ctxt.es/es/20230401/Firmas/42741/Nuria-Alabao-violencia-sexual-ley-paridad-feminismo-punitivismo.htm 

Dos de los logros feministas más recientes en el ámbito institucional han sido la ley de paridad, que fija por ley el tanto por ciento de mujeres que tienen que estar en determinados puestos de poder –como consejos de administración, gobiernos y listas electorales–, y la ley del ‘sí es sí’. Aunque esta nueva norma tenga una parte de reparación y asistencia a las víctimas, no podemos olvidar que también se está utilizando para reforzar el Código Penal: incluye nuevos delitos como el acoso callejero, medidas cautelares más duras y dificulta el acceso a beneficios penitenciarios como el tercer grado. Y aunque parece que en principio no era su objetivo, al final está consolidando también penas más altas; tanto el PSOE como Podemos han acabado confluyendo aquí. Este es el resultado final de una ley que se ha justificado por las movilizaciones feministas de estos años.

En las últimas dos décadas, el derecho penal sexual ha pasado a ser uno de los principales campos de experimentación del populismo penal: cada reforma endurece sistemáticamente las respuestas y las aproxima peligrosamente a los derechos penales excepcionales de los delitos de terrorismo, como señalan muchos juristas. Esta parece que no va a ser la excepción en un país que tiene una de las poblaciones carcelarias más numerosas de Europa mientras mantiene índices de criminalidad muy bajos. De manera que, bajo la bandera de la lucha contra la violencia machista, se está legitimando y reforzando el sistema de encarcelamiento, policial y represivo. También se ha defendido esta norma desde el feminismo de base –que se autodenomina “antipunitivo”– ya que contiene una parte asistencial. Sin embargo, nada impedía aprobar las medidas de asistencia –que necesitan presupuesto para implementarse– sin el penal –de aplicación automática y en principio más “barato”, aunque en definitiva implique la ampliación indirecta del presupuesto para sostener la pata represiva del Estado. En realidad, las cárceles y las fuerzas de seguridad del Estado salen caras si se piensa en todo el dinero que se deja de invertir en derechos sociales –también para las mujeres–. Además, tenemos pendiente una reflexión sobre por qué se tendría que condicionar el acceso a algunos de estos derechos que deberían ser universales –vivienda, renta, etc.– al hecho de ser categorizada primero como víctima.

Se dice que la nueva ley de Libertad Sexual está redactada para “proteger a las mujeres”, pero ¿a qué mujeres? Las que piensan en el sistema penal como una solución son las que tienen una experiencia del Estado como protector antes que opresor. No pertenecen a grupos que han sido categorizados como prescindibles, indignos de protección o no ciudadanos. Muchas de las “víctimas” –este también es un estatuto al que no pueden acceder todas– no se sentirán protegidas por esta ley porque no encajan en los estándares de la clase media blanca. Son las que se encuentran en la base de la pirámide social: las migrantes sin papeles, las trabajadoras sexuales, las mujeres trans o las gitanas pobres, y muchas otras que tienen hijos, compañeros o amigos en prisión –o han sido ellas mismas encarceladas–. Es decir, muchísimas mujeres pobres ni tienen fe en la justicia, ni pueden pagarse una buena abogada, ni la policía representa para ellas una imagen de seguridad. Algunas además dependen económicamente de los hombres que las han agredido o comparten hijos con ellos y por eso no denuncian, como ya expliqué en este artículo. Otras tampoco pueden hacerlo, aunque hayan sufrido violencias por miedo a ser expulsadas del país. Los CIES están llenos de mujeres afectadas por estas violencias a las que se suma la violencia que ejercen sobre ellas las instituciones del Estado. Apelar al sistema criminal, reforzarlo, legitimarlo, tiene impactos en las personas más desfavorecidas –racializadas y migrantes– y en las que están más abajo en general. Es una cuestión de clase, como explica Alison Phipps. Los principales problemas de estas mujeres son no tener papeles, no tener vivienda, no tener trabajo ni dinero, y otros muchos asociados con la pobreza y la falta de recursos. Muchas de ellas dicen que haber sufrido violencia sexual solo es uno más de esos problemas, probablemente no el más importante, como explica por ejemplo Laura Macaya en sus charlas a partir de su experiencia atendiendo a mujeres de barrios marginales como El Raval de Barcelona. Quizás esta óptica es difícil de entender para las que no tienen que enfrentarse a estos problemas.

El aumento de penas, los nuevos delitos, las dificultades para excarcelar o sustituir penas de reclusión, pueden acabar perjudicando a estas mujeres y a su entorno, y a los que ya están en el punto de mira. Por ejemplo, sorprendentemente la nueva ley castiga más a los menores, con una pena mínima de reclusión de un año, ¿a quién van a acabar encerrando, a un alumno de Nuestra Señora del Pilar donde estudia la jet-set o a un niño marroquí que migra solo y que únicamente por eso ya es sospechoso? ¿A qué sujetos se va a aplicar el acoso callejero y cómo se puede utilizar ese delito para reafirmar el control del espacio público? (Aunque se haya insistido en que se llame a todo agresión, hay que recordar que podemos estar hablando de conductas de muy diversa gravedad.) Las leyes penales no impactan sobre todos por igual. Con la excusa de proteger a las mujeres se puede acabar legitimado la violencia contra comunidades marginalizadas, como explica Phipps.

No podemos mirar para otro lado ante cuestiones como la brutalidad policial, la violencia sexual endémica en las prisiones o el racismo sistémico que se materializa en las cárceles, ni pensar que vale todo para “proteger” a las mujeres blancas de clase media de la amenaza sexual. Así, la ley de paridad y la del ‘solo sí es sí’ tienen algo en común: han sido redactadas bajo la óptica que da pertenecer a una determinada capa social privilegiada.

Además, no hay que olvidar que en la violencia contra las mujeres se entrecruzan tanto el patriarcado como el capitalismo y el colonialismo. A partir de elementos como la raza o el género, el capitalismo divide y estratifica a las poblaciones para poder explotarlas mejor, sobre todo en el ámbito del trabajo. La violencia sexual sirve para sujetar a las mujeres a esta posición subordinada. Sin embargo, se suele enfrentar esta cuestión únicamente desde el marco de los comportamientos individuales de determinados hombres “malos” a los que hay que castigar penalmente. Normalmente no se habla de cómo la desposesión capitalista y sus consecuencias sociales –desempleo, problemas de salud mental, explotación, etc.– están vinculadas con la reproducción de esa violencia, como explica Phipps. Además, el sistema penal y carcelario es una herramienta de control –para enfrentar las consecuencias del empobrecimiento o para frenar las propias luchas de transformación– y de reproducción de la violencia estructural. En realidad, la prisión es una escuela de violadores, un espacio donde se reafirman los peores aspectos de la masculinidad y el machismo, y donde cuantos más años se pasan más difícil es la reinserción, y por tanto, aumenta la posibilidad de reincidencia. Acabar con la violencia tiene que ver, pues, con apuntar más lejos: con desarmar este orden de dominación, con cambios culturales y estructurales, y por tanto con la lucha por la justicia social, no penal. Así que poner el acento en este tipo de leyes no solo no va acabar con la violencia sexual, sino que con ello podemos estar apuntalando este régimen de desigualdad. La violencia sexual es terror; también lo puede ser la forma en que se aborda y controla, dice Phipps, sobre todo si acaba, como en este caso, en una subida de penas.

¿Repensar nuestras prioridades?
El feminismo no debería quedar atrapado en la cuestión sexual cuando no hay una mirada de clase, como expliqué con más profundidad en este artículo. Centrar nuestras luchas en la cuestión de la violencia, si no forman parte de un proceso de transformación más amplio, nos enreda en debates que nos despotencian. Además, como hemos visto, estas luchas pueden acabar siendo instrumentalizadas para la aprobación de leyes que van en contra de nuestros objetivos. Tenemos pues un reto enorme a la hora de imaginar líneas políticas y propuestas que se desmarquen frontalmente del clima punitivista imperante y de las lógicas que se han infiltrado entre nosotras mismas. Un objetivo prioritario debería ser la mejora de la autonomía económica de las mujeres –sobre todo de las que más lo necesitan–, ya que aquí convergen la lucha contra las violencias y contra la opresión. Mejorar esta autonomía posibilita tener más posibilidades de huir de la situación de violencia o enfrentarla con mayor capacidad, y también aumenta las posibilidades de organizarnos y de impulsar nuestras luchas contra la propia violencia del sistema. Por tanto, tendríamos que apuntar a las políticas de vivienda, de redistribución de renta, de ampliación de la democracia e incluso por la protección de los derechos civiles –la lucha contra la Ley Mordaza, sin ir más lejos–.

El feminismo antipunitivo pone el foco en eliminar aquello que causa violencia y busca alternativas al modelo existente, acordando y fortaleciendo otras formas de comprender y practicar la justicia. La justicia transformativa no es únicamente reparar el daño que la violencia ha causado a la víctima, sino influir sobre las condiciones (materiales y simbólicas, culturales, sociales, políticas, económicas...) que han posibilitado la violencia misma, con el fin de transformarlas. Aquí entraría la propia cárcel y la cultura del castigo, pero también las condiciones de vida.

Hacerse con el capital político del feminismo e instrumentalizarlo para sus propios fines, como hace el feminismo institucional, es más difícil si está construido en términos materiales: no queremos cuotas en consejos de administración, sino acabar con las diferencias radicales de salario y condiciones entre los distintos trabajos, y también terminar, como fin último, con el trabajo asalariado y la propiedad privada. Solo desde este “feminismo situado” y desde los conflictos concretos –en el sindicalismo social, en las luchas de vivienda, en las luchas laborales, etc.– podremos preservar nuestra autonomía como movimiento, dejar de trabajar para el feminismo institucional y de adoptar su agenda como propia –en tiempos de precampaña electoral–. Aunque el debate sobre el consentimiento y su significado ha sido importante para el cambio cultural, cuando se lleva al terreno de la ley penal, en realidad estamos discutiendo un tecnicismo legal –si tiene que haber dos tipos penales como antes o uno solo donde la pena se module a partir de los agravantes como ahora–, porque por más que se repita la propaganda, la ley no invierte la carga de la prueba –por suerte, ya que esto subvertiría todo el sistema de garantías procesales– y seguiremos teniendo que demostrar la agresión. Por tanto, ¿debería ser la discusión de tecnicismos legales del sistema penal una prioridad del feminismo de transformación? ¿Tenemos que ignorar las subidas de penas que se están produciendo o trabajar por acabar con las cárceles? ¿Hay que salir a la calle a defender una ley penal en vez de manifestarnos a favor de una ley de vivienda más garantista justo cuando esta se está negociando? ¿Hay que privilegiar la violencia sexual por encima de otras violencias como la de ser desahuciada o de que te quiten a tus hijos por no tener casa o con quién dejarlos cuando trabajas? ¿Cuál es nuestra agenda y cuáles son nuestras prioridades?

#hemeroteca #violenciasexual #punitivismo | Del #MeToo al punitivismo

Ara / El #MeToo protagoniza una mani feminista en Estados Unidos //

Del #MeToo al punitivismo
Nuria Alabao | Ara, 2023-02-16
https://es.ara.cat/opinion/metoo-punitivismo_129_4627886.html 

Estos días muchos medios y políticos de derechas se han dedicado a construir un nuevo terror sexual: “¡Se está excarcelando a violadores!”, “¡La seguridad de las mujeres está comprometida!”. Los partidos de gobierno han respondido con campañas de comunicación donde lo que importa es salvar votos o atizarse entre ellos para marcar diferencias ante las inminentes elecciones. Si algo evidencia este caso es un rasgo de la política contemporánea donde la verdad no importa, sino que se construye a golpe de argumentario. El resultado parece que será un nuevo endurecimiento penal en un país que tiene una de las poblaciones carcelarias más numerosas de toda Europa mientras mantiene índices de criminalidad muy bajos.

Este clima de terror público se ha construido sobre una instrumentalización de las víctimas a las que se les ha generado miedo y sentimiento de indefensión, mientras se demoniza a los condenados. Hay gente que está cumpliendo penas por conductas de muy diversa gravedad, pero se ha construido una figura monstruosa que deshumaniza al “agresor” y que sirve para legitimar cualquier mecanismo punitivo. “Que se pudran en la cárcel”, es el mensaje. Pero la cárcel no es la solución para ningún problema social ni sirve para protegernos. La prisión es una escuela de violadores, un espacio donde se reafirman los peores aspectos de la masculinidad y el machismo, y donde cuanto más años se pasan más difícil es la reinserción, y por tanto aumenta la posibilidad de reincidencia.

Pero si el pánico se ha desatado porque se hayan rebajado algunas penas al entrar en vigor la nueva ley, pocos se han atrevido a decir que estas ya eran demasiado altas, mucho más que en los países de nuestro entorno –equiparables a las de un homicidio–. Una víctima no está mejor protegida en función de la duración de la condena que se le imponga a su agresor y tampoco estas van a acabar con el machismo o garantizar la libertad sexual de las mujeres. De hecho, la nueva ley, a pesar de lo que diga la derecha, ya supone un endurecimiento penal porque incluye nuevos delitos como el acoso callejero y dificulta el acceso a beneficios penitenciarios como el tercer grado. Además, al unificar los antiguos delitos de abuso –sin violencia– y agresión –con violencia o intimidación– en un solo tipo penal, muchos juristas han advertido de que esta unificación otorga más poder a los jueces. Ahora disponen de una horquilla de penas más alta en la que entran actos muy dispares en vez de tener dos tipos penales más acotados con penas proporcionales a los hechos. Esto puede dar lugar a mayores arbitrariedades, es decir, que los prejuicios de clase, raza u origen migratorio impliquen penas más altas o bajas para el mismo hecho según quien sea el perpetrador.

Cuando denuncian, las mujeres que han sufrido agresiones no buscan siempre –o no solo– una condena, pero el proceso penal no está diseñado para buscar la verdad o la reparación, sino únicamente para castigar, siempre que los hechos puedan ser probados. No importa pues la verdad sino si se puede demostrar, por eso muchas mujeres no denuncian. Aunque ahora exista una definición concreta de consentimiento esto no va a ahorrar a las víctimas la odisea del juicio y sus revictimizaciones. Mejorar los procesos desde una perspectiva feminista implica revisar cómo se desarrollan las investigaciones previas y el proceso en sí, donde hay mucho margen de mejora. Las soluciones no son fáciles, pero ninguna ley “va a acabar con la impunidad”, como se ha dicho. Sin embargo, esta nueva ley sí incluye medidas de tipo preventivo, políticas sociales y de atención a las víctimas que deberían reivindicarse, como que se pueda acceder a ayudas sin necesidad de denunciar o que se extienda la protección a mujeres que no tienen papeles. Pero apenas se ha oído hablar de estos temas que no caen en la órbita del pánico sexual.

Todo el ruido mediático parece que se va a traducir en otro aumento de penas. Los terrores sexuales siempre acaban desembocando indefectiblemente en engrosamientos penales que perjudican a toda la sociedad y que tienen un evidente sesgo de clase –las cárceles son almacenes de pobres–. Por eso las feministas necesitamos reflexionar sobre la manera en la que queremos transformarla. Si el #MeeToo ha producido cambios culturales imprescindibles, también ha sido instrumentalizado por los partidos que dicen hablar por nosotras cuando legislan mediante lógicas punitivas. Quizás tenemos que decir más alto y más firme: “No en nuestro nombre”.

#hemeroteca #punitivismo | La inquebrantable fe en la prisión del feminismo ‘mainstream’

ctxt / Protesta por la sentencia de la Manada. Barcelona, 2018-04-26 //

La inquebrantable fe en la prisión del feminismo ‘mainstream’
Las reacciones a la revisión de condenas provocada por la ley del ‘solo sí es sí’ ponen de manifiesto que hay una identificación entre “hacer justicia” y penas de cárcel más altas. ¿Pero responden a lo que podría ser una verdadera justicia feminista?
Nuria Alabao | ctxt, 2022-11-18
https://ctxt.es/es/20221101/Firmas/41348/Nuria-Alabao-feminismo-punitivismo-mainstream-solo-si-es-si-ministerio-de-igualdad-carcel.htm 

Acaba de estallar un nuevo pánico moral: varias sentencias de casos de agresiones sexuales están siendo revisadas para rebajar penas de manera que se ajusten a lo previsto en la nueva ley del ‘solo sí es sí’. Algunos agresores incluso han sido excarcelados. No hay nada en este país más poderoso que este impulso punitivista generalizado que de vez en cuando se activa y que, en realidad, se estimula y se construye desde los medios. La guerra partidaria resuena también de fondo. El ruido es abrumador, de manera que es difícil entender con claridad lo que está pasando. ¿Una guerra de algunos jueces contra el Ministerio de Igualdad? ¿Una ley que no previó bien las consecuencias de su aplicación? ¿Una herramienta para el sector del PSOE que se opone a la ley trans y que instrumentaliza lo que está pasando pese a que perjudique al feminismo en su conjunto?

Puede que haya algo de todo ello pero de fondo planea es un asunto de gran relevancia para las que creemos que el feminismo puede ser una herramienta de emancipación porque, como consecuencia de este debate, se están legitimando penas más altas en nombre del feminismo, mientras se identifica la rebaja de penas con una “reacción machista”, como ha señalado Clara Serra. Esto es lo que debería preocuparnos. Los discursos que se están reproduciendo estos días, y la propia reacción del Ministerio de Igualdad, reflejan que el marco punitivista está plenamente instalado en el feminismo mainstream. También revela la inquebrantable fe en la cárcel como solución a la violencia sexual y en el castigo como la mejor manera de proteger a las mujeres.

Es llamativo también que al propio Ministerio le cueste defender su propia ley, expresar con vehemencia que puede que algunas penas ahora sean menores, pero que las condenas nunca serán lo más importante para evitar la violencia y que esta ley introduce mejoras significativas. Podrían haber hecho bandera de que, efectivamente, se han rebajado algunas –aunque sean las mínimas, porque las máximas siguen siendo igual de excesivas, como lo son en muchos otros delitos–. La política auténticamente progresista aquí habría sido situarse en una posición antipunitiva tan necesaria cuando sabemos que contamos con unas de las poblaciones reclusas más altas de toda Europa, lo que no tiene ninguna correlación con el bajo índice de delitos en nuestro país. Las penas por este tipo de delito ya son muy altas –mucho más que en los países de nuestro entorno–. Una muestra: se puede imponer la misma pena por un homicidio y una violación –15 años–. Pero como demuestran todas las investigaciones criminológicas, más cárcel no sirve para evitar los delitos. Aparte de los casos mediáticos que se pretenden convertir en paradigmas, la tasa de reincidencia es baja en relación a la de otro tipo de delitos. En cualquier caso, más años de cárcel no implica más seguridad para las mujeres.

El feminismo de base que quiere cambiar la sociedad también se cuestiona las herramientas del Estado penal como reproductoras de la violencia. Pero evidentemente esta nunca ha sido la apuesta del Ministerio de Igualdad, que desde un principio hizo alarde no solo de no rebajar estas penas, sino de que podría llegar a subirlas. En cualquier caso, se ha hecho una propaganda excesiva de la ley como si todo lo pudiese, generando unas expectativas difícilmente alcanzables para ninguna norma. Se dijo, por ejemplo, que “iba a acabar con la impunidad porque considera agresión cualquier relación sin consentimiento”, pero el problema de la prueba permanece sea cual sea la redacción del consentimiento. Tenemos que enfrentarnos a una verdad incómoda para dejar de hacernos trampas: ninguna ley por sí sola va a acabar con la violencia sexual, que es un problema estructural complejo que necesita un abordaje por muchas vías. Desde luego la cárcel no es la única solución. El Código Penal no protege a las mujeres ni a nadie, lo que hace es castigar. No hacía falta, pues, presentar esta ley como una fórmula mágica, sino más bien como una contribución que aporta algunas cosas positivas en varios frentes y que mejora el acceso de las mujeres a los procedimientos de justicia.

Otra cosa difícil de asumir son los ataques del Ministerio a las rebajas de penas en las revisiones de sentencias, cuando estamos hablando del derecho del reo a la aplicación de la norma más favorable y su retroactividad si esta les beneficia. Independientemente de que algunos jueces lo estén usando contra el Ministerio, que es del todo posible, no se puede deslegitimar alegremente un elemento esencial de las garantías procesales. ¿Acaso si estuviesen rebajando condenas a manifestantes o sindicalistas las pondríamos en cuestión?

Estos días asistimos a la construcción de la figura de un “monstruo” –el violador–, que acompaña siempre al estallido de los pánicos morales pero que no justifica el cuestionamiento del Estado de Derecho ni el ensalzamiento de más penas de cárcel. Estas imágenes alimentan la sed de venganza y la idea de que es aceptable encerrar a gente de por vida en condiciones inimaginables. Tampoco está de más recordar que si muchas mujeres no denuncian no es solo porque temen pasar por la odisea y la revictimización que implican los juicios, sino porque la mayoría de las agresiones no las perpetran desconocidos en los portales –la imagen mediática ideal–, sino personas del entorno: amigos, familiares, parejas. No es extraño que muchas quieran evitar que estas personas cercanas acaben en la cárcel, ya sea porque tienen hijos en común, porque dependen económicamente de ellos o por no dañar a seres queridos. Otras no denuncian porque tienen miedo, porque no tienen papeles, porque son prostitutas o trans; la policía no representa necesariamente una imagen de seguridad, sino, en muchas ocasiones, un agente de la violencia que reciben. Los motivos son muchos, pero la cuestión es que la cárcel no va a ser nunca la solución para la mayoría, sobre todo para las que lo tienen más difícil. Tampoco podemos olvidar el sufrimiento de las mujeres que tienen a compañeros, familiares o amigos presos. La pena también les alcanza a ellas de manera indirecta.

Para las mujeres que deciden denunciar y utilizar las herramientas disponibles, la ley aprobada introduce algunas mejoras que se deberían reivindicar, porque todavía queda un largo camino para que los procesos sean lo menos dolorosos posibles y no una odisea que puede condicionar tu vida durante años, como pasó con la víctima de La Manada. La violencia sexual marca la vida de muchas mujeres y niños; estos últimos años lo hemos gritado en todas partes y hemos conseguido un cambio cultural que será difícil revertir. Pero esta lucha justa y necesaria no puede estar basada en la demanda de penas más altas. ¿Todas las personas que hemos sufrido abusos queremos más penas de cárcel? Muchas veces solo se busca la verdad, el reconocimiento de haber sufrido una injusticia, y eso a veces tiene difícil encaje en el sistema penal. Se suele legislar a golpe de efecto mediático y estos últimos años la violencia sexual ha llenado muchas portadas, quizás es un efecto paradójico e indeseado del #MeToo. Todos los políticos quieren representar el dolor de las víctimas, apropiarse su representación. (El nuevo delito absurdo de no comunicar el paradero de un cadáver a un familiar pensado expresamente para el caso de Marta del Castillo es un buen ejemplo de este populismo punitivo).

El marco securitario y de reforzamiento del Estado penal tiene estas dos caras: el neoliberal –que encara los problemas sociales individualizándolos y criminalizando– y el de extrema derecha. Vox precisamente hace apología de la subida de penas y pide la cadena perpetua para los condenados por violación. El feminismo carcelario se alinea con esta gestión securitaria de la pobreza, convirtiéndose en una máquina de guerra que usa las redes sociales y los medios en una economía de la indignación para conseguir leyes punitivas y conservadoras. Parece que entienden el sistema penal como algo que está pensado únicamente para la protección de las mujeres y no para su dominación ni para el sostenimiento del propio régimen de desigualdad. Ellas no se imaginan jamás que puedan acabar en prisión, es decir, se imaginan siempre del lado del Estado y la norma. Pero no podemos olvidar que apelar al sistema criminal tiene impactos en las personas más excluidas (los hombres racializados y migrantes en este caso) y la clase trabajadora en general, que siempre van a estar sobrerrepresentados en las cárceles. En los juicios se amplifican las desigualdades. Por no hablar de aquellos artículos de la ley que criminalizaban el trabajo sexual y que acabaron cayendo por la oposición de los socios de gobierno. Con ese impulso hoy el PSOE está haciendo su propia ley, que contribuirá a la persecución y la clandestinización de las prostitutas. Ojo con la violencia que se ejerce en nombre de la lucha contra la violencia sexual.

Por otra parte, más allá del debate de las penas, se podría haber puesto el acento en defender otros aspectos de la ley que casi ningún medio recoge pero que son importantes para explicar que se pueden hacer cosas más allá de la prisión. Estas serían, por ejemplo, las medidas destinadas a la prevención, así como a proteger a las víctimas, las ayudas económicas y laborales, pero también la previsión de servicios de asistencia especializada. (Aunque son medidas que, como dependen de la asignación presupuestaria, están por desarrollar, se tendrían que poner sobre la mesa cuando se habla de intervención estatal contra las violencias). También ha sido muy importante la previsión de garantía de los derechos de las víctimas en situación administrativa irregular que pretende corregir, al menos un poco, la desprotección de estas migrantes. Pero eso parece que no da votos.

Hay un feminismo de base que, desde hace años, trabaja una línea antipunitiva a la que le queda todavía mucho camino para imaginar y construir otras lógicas, para lograr introducir en el debate público cuestiones como qué significa la justicia feminista –transformativa o restaurativa– y cómo evitar reforzar el sistema penal en nombre del feminismo. “El debate sobre el sistema carcelario está cada vez más presente en el movimiento feminista por diferentes motivos, entre otros: porque la cárcel es un espacio en el que sistemáticamente se conculcan los derechos humanos; porque destruye la humanidad y la dignidad de las personas; porque se ha convertido en una fuente de negocio en nombre de la ‘seguridad’; porque reproduce y afianza las relaciones de poder entre las personas; porque es reflejo de una estructura social violenta; y porque es una ‘escuela’ de machismo y de masculinidad hegemónica y agresiva”, dice este documento del movimiento feminista vasco pensado para abrir debates.

#hemeroteca #violenciasexual #iglesiaanglicana | El drama de los abusos estalla en la Conferencia de Lambeth

Religión Digital / Participanetes en la XV Conferencia de Lambeth //

El drama de los abusos estalla en la Conferencia de Lambeth.
Religión Digital, 2022-08-02
https://www.religiondigital.org/mundo/conferencia-lambeth-anglicanos-abusos-victimas-cristianos-inglaterra_0_2474452539.html 

La intervención de una víctima, en la que exigió "aclarar el pasado, pedir disculpas claramente y garantizar que se establezcan protecciones que aseguren que los abusos no tengan cabida en la Iglesia del futuro", marcó la segunda jornada del encuentro. El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, habló del impacto de los abusos en los supervivientes y dijo que el mayor reto de su ministerio era intentar que la institución de la Iglesia se tomara en serio esta realidad y no encubriera nunca los delitos cometidos.

El doloroso tema de los abusos centró la segunda sesión de la Conferencia de Lambeth, el encuentro internacional convocado por el arzobispo de Canterbury, que del 26 de julio al 8 de agosto, reúne en Inglaterra a más de 600 obispos anglicanos y a unos mil delegados de todo el mundo.

Obispos y delegados pudieron escuchar el "poderoso testimonio en vídeo" -se lee en un comunicado emitido- de una superviviente de los abusos, la doctora Ann-Marie Wilson, que habló del trauma que experimentó como consecuencia de los abusos relacionados con la Iglesia que sufrió de niña y posteriormente de joven.

A continuación, lanzó un reto a los obispos de todo el mundo, afirmando que "para ser relevantes para la próxima generación, deben aclarar el pasado, pedir disculpas claramente y garantizar que se establezcan protecciones que aseguren que los abusos no tengan cabida en la Iglesia del futuro".

No encubrir nunca más
A continuación intervinieron el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y el arzobispo Thabo Makgoba (Provincia de África del Sur). Welby habló del impacto de los abusos en los supervivientes y dijo que el mayor reto de su ministerio era intentar que la institución de la Iglesia se tomara en serio esta realidad y no encubriera nunca los delitos cometidos.

El arzobispo Thabo dijo que el mensaje de vídeo de Ann-Marie le parecía muy conmovedor y pidió perdón por los pecados cometidos por los antiguos sacerdotes y describió el comprensible enfado de las víctimas hacia la Iglesia y sus dirigentes.

#hemeroteca #violenciasexual | Dos policías de Estepona que violaron a una chica evitan la prisión a cambio de un curso de educación sexual

Ara / Estepona //

Dos policías de Estepona que violaron a una chica evitan la prisión a cambio de un curso de educación sexual.
Los hombres han acordado con la Fiscalía y la acusación esta medida y una indemnización a la víctima.
Ara, 2022-07-28
https://es.ara.cat/sociedad/abusos/policias-estepona-violaron-chica-evitan-prision-cambio-curso-educacion-sexual_1_4447717.html 

La justicia ha condenado a los dos policías locales de Estepona (Málaga) que abusaron de una chica de 18 años en 2018, pero no irán a prisión porque han llegado a un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular: se someterán a un programa de educación sexual e indemnizarán con 80.000 euros a la chica.

El 22 de abril pasado tuvo lugar la vista en la que la Fiscalía, la acusación particular y las defensas de los dos acusados presentaron un escrito conjunto en el que también se acordaba la inhabilitación para trabajo o cargo público a los dos policías y la prohibición de comunicarse con la chica durante 10 años. La Fiscalía pidió primero 30 años de prisión para los dos hombres, a quienes acusaba de "agresión sexual", pero finalmente se sumó al acuerdo en conformidad con el resto de las partes implicadas y por eso no se celebró el juicio.

Los magistrados fundamentan el acuerdo en el hecho de que ninguna de las partes se opone a la suspensión, que los abusadores ya han indemnizado a la víctima y por "la escasa probabilidad" de que reincidan. Pero el presidente de la sala que ha juzgado el caso ha hecho un voto particular en el que rechaza la decisión porque cree que los hechos revelan una "acusada peligrosidad criminal en sus autores", que, según el juez, llevaron a cabo una "acción muy planificada" siendo servidores públicos.

Los policías estaban de servicio
Los hechos pasaron el 9 de junio de 2018, cuando la joven, que entonces tenía 18 años, salió de fiesta en Estepona con unos amigos. Al salir de la discoteca fueron parados por un control policial, donde los agentes condenados estaban de servicio. Según la sentencia, los agentes vieron que los ocupantes del coche habían bebido y los obligaron a bajar del vehículo y a pedir un taxi para volver a casa. Ante la insistencia de los policías, los jóvenes les dejaron su teléfono para que los agentes llevaran el vehículo hasta su casa. Según la denunciante, un rato después de que los amigos llegaran a casa, los agentes llegaron con el coche de los chicos y, después de una breve conversación amistosa, pidieron a los jóvenes si podían subir a su casa. Una vez allí, se produjeron los hechos denunciados.

Hacia las seis de la mañana, y según el relato de la Fiscalía, uno de los agentes preguntó al resto "cómo se empieza una orgía". Los acusados probaron de convencer a la víctima de tener relaciones sexuales los tres: “¿Cuántas chicas querrían estar en tu lugar y enrollarse con dos policías a la vez?”, le dijeron. A pesar de que ella se resistió, la desnudaron y la agredieron sexualmente. La chica, que ha sufrido síndrome de estrés postraumático, ha necesitado tratamiento médico farmacológico y psicoterapéutico.

#hemeroteca #violenciasexual | “Nuestros menores se han educado en el porno y no ven como delito algunas agresiones sexuales”

La Razón / Rocío Soleto //

“Nuestros menores se han educado en el porno y no ven como delito algunas agresiones sexuales”
En las violaciones grupales “se busca más someter a la víctima como demostración de poder, que satisfacer el deseo sexual”
Toni Ramos | La Razón, 2022-07-25
https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/20220725/hzox4bajcrbqrjdhjmaxsj2ud4.html

 

La inspectora Rocío Soleto lleva 25 años en la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional, que ahora dirige en Valencia. Su brigada trata de resolver todos los casos de abusos sexuales, agresiones, violaciones a mujeres y también la violencia en el ámbito familiar, salvo cuando se trata de menores, que intervienen otros agentes. Y hay pocos casos que se le resistan. «A veces no tienes absolutamente nada, solo piezas sueltas de aquí y de allá, y hay que componer el puzzle. Y vas poniendo piezas y te va saliendo».

La violencia sexual y también la familiar ha existido siempre, «pero es cierto que ahora se denuncia más. Hay más conciencian social. Todas las ayudas, servicios y orientación que hay hacen que la gente tome conciencia de lo que es delito, que muchas veces no lo sabe por parte de la víctima. Y eso, a veces, ayuda a que la víctima se anime a denunciar porque en el ámbito familiar, interponer denuncia, no es fácil».

Los abusos en el entorno familiar se dan en todos los ámbitos, no hay que pensar que se da solo en ambientes marginales, comenta la inspectora y añade que «sí que es verdad que en lo que a denuncias se refiere, en la ciudad se denuncia más, porque hay más anonimato. En un pueblo hay más miedo a interponer denuncias y perder ese anonimato».

Concienciación del abuso
La concienciación es un factor clave y por ello subraya que «se ha evolucionado mucho». La Policía da charlas en los colegios, y en esas charlas se han descubierto a veces casos tanto de abusos en el ámbito familiar como de violencia de género entre adolescentes. «El problema que hay hoy en día es que muchos adolescentes no tiene claro lo que puede ser delito y lo que no. No es tan fácil entenderlo. En ocasiones, el control que se da por el novio, ellas lo entienden como una hazaña de amor: ‘me controla, pero es porque me quiere’, y entonces ellas se sienten orgullosas». Y da una clave muy importante: «los medios de comunicación influyen mucho y ahora, como hay tanta facilidad de acceso a internet y al porno, nuestro menores se han educado en el porno, su educación sexual está basada en él y normalizan esa conducta». Y va más allá: «el que agredan a una mujer que va sola por la calle, que a lo mejor es vulnerable porque ha bebido o porque ha consumido alguna droga, ella misma o que se la hayan añadido, y que quizás lo hagan en grupo... todo eso se ve en el porno. Hemos normalizado esas conductas y es una pena que incluso se le dé popularidad a algunos actores del porno».

Y no todos lo saben: «hemos tenido casos en los que el autor no tomaba conciencia de que eso fuera delito: ‘es que ella no dijo que no’».

La inspectora explica que todo autor de un abuso sexual, sobre todo en las agresiones en grupo, el concepto que persigue es el poder y control sobre la víctima, no es satisfacer el deseo libidinoso. En las violaciones grupales lo que quieren es plantear que «yo, como hombre, voy a buscar una víctima para manifestar el poder y control que puedo ejercer sobre ella».

Y explica, sorprendentemente, que «quitando de la violación del ‘amigo’ o del ‘oportunista’ que abusa de la víctima y que sí están motivadas por el deseo sexual, muchos casos de violaciones, sobre todo grupales, buscan esa manifestación de poder».

«Y no les importa compartir porque para ellos la mujer es un objeto. En ese momento, no vale nada». Soleto considera por su experiencia que «violaciones grupales han existido siempre. Yo llevo 25 años aquí. Quizá ahora con los medios de comunicación se conocen más, pero han existido siempre. Habrá algunas que sean para satisfacer el deseo sexual, pero la inmensa mayoría buscan el sometimiento al poder. De hecho pocos son los que no lo graban, porque si tengo una relación y no la puedo contar, es como si no la hubiera tenido. Grabar el hecho, es difundirlo, eso es como un trofeo para ellos».

Cuando las grabaciones entran por medio, además de la agresión sexual que se puede haber producido, los agresores comenten un delito contra la intimidad muy similar al «sexting» consistente en la grabación de encuentros sexuales consentidos, pero con una difusión posterior no autorizada.

«Hemos tenido denuncias de personas que nos dicen que le han dicho que circula por ahí un vídeo suyo mantenido relaciones sexuales con tres chicos, y que ellas no recuerdan nada, y hemos tenido que empezar desde cero para ver si el video realmente existe y para ver si hubo o no agresión sexual, y muchas veces ha dado positivo».

La Policía cuenta con un equipo técnico que interviene sobre los teléfonos y ordenadores -sobre todo teléfonos- de los que tienen sospechas de que se puede haber grabado el hecho. «Muchas veces sacamos de lo que no hay, el hilo entero, el carrete».

En este casos, la víctima puede haber sido drogada, lo que se considera sumisión química, o haberse drogado ella misma, lo cual podría dar ocasión a una agresión sexual «oportunista» al aprovecharse del estado de la mujer para abusar.

Sumisión química
Al igual que las violaciones grupales, la sumisión química ha existido siempre, según la inspectora. «La burundanga es un mito. Esos famosos polvos que te echaban en el cubata y que ya me lo decía mi abuela: ‘ten cuidado con lo que te echan en el cubata que te hacen una desgraciada’».

Eso, a partir del año 2000, se convierte en el mito de la burundanga, «que a lo mejor en Latinoamérica sí que se ha podido dar en más porcentaje. Yo te puedo decir que en 25 años que llevo en la UFAM, en ningún caso se ha detectado un resultado positivo en burundanga. No quiero decir que no haya existido. Dicen que en cuatro o seis horas lo elimina el organismo, pero desde 2019 tenemos un protocolo con asistencia integral que si la víctima acude rápidamente se le toman muestras de sangre y orina. Y de momento, no he tenido ningún caso que haya salido burundanga».

En la sumisión química hay tres tipos de escenario, la voluntaria en que la víctima consume alcohol, drogas, fármacos...; la mixta, en el que la víctima consume alcohol, se empieza a encontrar un poco mareada y entra en juego el oportunista o el amigo que le echa algo en la bebida para que se quede en situación semiinconsciente; y luego está la involuntaria que es cuando el autor se lo echa en la bebida directamente.

La inspectora considera que “a nadie se le puede achacar que haya bebido cuando le ha ocurrido una cosa así, porque el único culpable es el autor de la agresión”. Pero recomienda tener precauciones: “si sales ten cuidado, no bebas demasiado, no consumas drogas ni mezcles hasta el punto de que pierdas la conciencia, la bebida siempre presente y la comida también”. Porque alguna vez ha pasado que la sumisión química viene por la comida. “Y si se sale en grupo, que unos cuiden de los otros. Tampoco hay que alarmar, pero hay que tener precauciones. Al igual que si se ve a alguien que ha bebido más de la cuenta, es normal que los amigos no le dejen conducir, igualmente si se ve que alguien, hombre o mujer, está muy afectada porque le pueden haber echado algo en la bebida, cuídala y acude a alguien de confianza, no la dejes ahí sola porque se vuelve una persona muy vulnerable”.

“También es importante ir acompañadas al baño”, y recuerda una violación grupal ocurrida en los baños de una conocida discoteca de Valencia hace años.

Y por último, una recomendación en la que no todo el mundo repara: “se debe mantener el control también en casas de amigos, porque puede haber un conocido que aproveche la ocasión”.

#hemeroteca #violenciasexual #fiestas | Acoso sexual en Euskadi: el ‘baboseo’ que ya no soportan las mujeres en los recintos festivos

Noticias de Gipuzkoa / Asistentes a un concierto en Sagues, Donostia //

Acoso sexual en Euskadi: el ‘baboseo’ que ya no soportan las mujeres en los recintos festivos.
El 57% de las asistentes a eventos de ocio nocturno ha sufrido algún tipo de acoso sexual. Una guía aconseja no banalizar los “rozamientos, contactos físicos no deseados” y agresiones como las que obligaron a suspender la “disco festa” de la Aste Nagusia Donostia en 2018.
Jorge Napal | Noticias de Gipuzkoa, 2022-07-15
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/sociedad/2022/07/15/acoso-sexual-euskadi-baboseo-soportan-5820169.html 

Grandes conciertos de verano pueden ser escenario de grandes vulneraciones de derechos. La misma lógica de barra libre al consumo de alcohol y drogas que ha normalizado los atracones etílicos se instala para "asumir" como “inevitable” conductas de acoso o insistencia que, pese a no ser consentidas, e incluso rechazadas, “son ejercidas contra las mujeres”.

Es lo que muchas chicas llaman ‘baboseo’, como define una nueva guía “para la reflexión y actuación” ante este tipo de conductas. Una herramienta que el Gobierno Vasco ha presentado esta semana, y que pone el foco en esos comportamientos masculinos lesivos, más sutiles de lo que puede ser una grave agresión sexual, pero igualmente dañinos, y que forman parte del discurrir habitual en festivales, conciertos y grandes eventos culturales.

Así, se tiende a normalizar una serie de “rozamientos, contactos físicos no deseados", e incluso seguimientos a chicas por espacios poco frecuentados, que no tienen nada de normal. Y un término para describir todo ello -'baboseo', de uso frecuente- que parece rebajar el impacto de estas agresiones, que habitualmente se comenten bajo el anonimato del bullicio en los grandes recintos festivos.

Las fiestas de San Fermín en Iruñea se acaban de cerrar con una investigación policial que finalmente ha rebajado la alerta causada por los ocho posibles casos de sumisión química, casi todos ellos denunciados por mujeres. Un episodio que ha pasado a atribuirse a un mero acto de gamberrismo.

Un acto que, en sí mismo, es una agresión. “Los contextos festivos, especialmente donde está presente el consumo de alcohol y drogas como parte normalizada de la diversión, son escenario de agresiones de distinto tipo. Y las más frecuentes son precisamente aquellas que no implican una agresión sexual con violencia”, precisa el documento de 23 páginas editado por Emakunde.

Actitudes hostiles que son rechazadas abiertamente, y que por mucho que se repitan, “ni se pueden banalizar, ni se pueden considerar como algo habitual e inevitable”, señala el informe. El acoso verbal, por ejemplo, o la denigración, tantas veces "invisibilizadas” en eventos culturales masivos.

El Jazzaldia como antesala de la Aste Nagusia
El documento parte de la base de que es necesario un análisis “cada vez más detallado” de la violencia machista. Desenmascarar esos episodios en los espacios culturales es el objetivo de esta nueva guía, que sirve de complemento a la que se presentó el 23 de mayo, otra útil herramienta para los ayuntamientos a la hora de organizar sus fiestas y eventos.

Un verano en el que motivos de celebración no faltan. Quien más quien menos se ha sacudido la parálisis de la pandemia, algo que se palpa a pie de calle en estos días previos al comienzo del Jazzaldia, que arranca el próximo miércoles, como antesala de una Aste Nagusia que volverá a celebrarse en agosto en su formato habitual.

Una fiesta multitudinaria que se ha visto empañada por agresiones de diverso tipo durante las últimas ediciones, hasta que llegó la pandemia y todo se paró. El Ayuntamiento de Donostia tuvo que suspender en agosto de 2018 la “disco festa” de la Zurriola, una medida consensuada como muestra de rechazo a las agresiones sexuales que se venían sucediendo en este recinto destinado al público más joven. Un motivo de preocupación que obligó entonces a duplicar las medidas de seguridad.

Durante los últimos años la afluencia de público femenino ha aumentado exponencialmente en este tipo de citas festivas. En torno al 58% de las personas que acuden a estas celebraciones son mujeres. Según recoge el documento de Emakunde, a pesar de esta mayor presencia femenina, la organización de estos eventos no se ha adaptado a esta nueva realidad “y sigue habiendo espacios muy masculinizados e inseguros para las mujeres, que se exponen en unas cuantas horas y de manera concentrada” a conductas y formas de relaciones machistas.

Tanto es así, que el 57% de las mujeres han sufrido en estos espacios algún tipo de violencia sexual -frente al 4% de los hombres- refleja el informe de Emakunde, que aconseja reorientar la organización de estos eventos hacia medidas preventivas “para avanzar en la igualdad en los espacios culturales”.

Aunque no es el objeto de la guía, el documento precisa que “si no se cambia la forma de programar la cultura y el ocio, las medidas para evitar las agresiones sexuales y sexistas en eventos culturales, sobre todo los multitudinarios, no irán a la raíz del contexto que permiten que se produzcan”. Se perpetúa así la hostilidad de lo que no dejan de ser espacios de ocio y diversión, como un macroconcierto al aire libre.

A este respecto, las áreas de descanso, los baños portátiles habilitados, e incluso los caminos para llegar a ellos han sido identificados como algunos de los puntos más críticos en estos festivales “históricamente liderados por hombres”. Una “omnipresencia de la figura masculina” que diversas plataformas de artistas cuestionan actualmente. Tanto en su forma de organización como en sus cabezas de cartel y participantes.

#hemeroteca #gais #violenciasexual #politica | ¿Quién es Chris Pincher? El escándalo sexual que puede forzar la salida de Boris Johnson

Google Imágenes / Chris Pincher //

¿Quién es Chris Pincher? El escándalo sexual que puede forzar la salida de Boris Johnson.
El responsable de disciplina de los conservadores dimite por abusar de varios hombres. Pero es el futuro de Johnson el que vuelve a ser objeto de un frenético debate ante un patrón de comportamiento "preocupante".
Celia Maza | El Confidencial, 2022-07-05
https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-07-05/escandalo-sexual-tories-futuro-boris-johnson_3455005/ 

Ni el Partygate, ni la inflación, ni los flecos sin resolver del Brexit. La salida de Boris Johnson de Downing Street —que algunos ven tan cercana como este mismo verano— podría acabar siendo forzada por un nombre desconocido hasta ahora para la opinión pública: Chris Pincher. ¿Sabía el primer ministro de las acusaciones de abuso contra este diputado antes de nombrarle responsable de disciplina del Partido Conservador en febrero? Esta es la pregunta clave del más reciente escándalo sexual que ha sacudido a la formación del Gobierno y la razón por la que el aún líder 'tory' podría finalmente verse obligado a dejar su cargo.

Desde hace días, la historia de Pincher lleva ocupando los titulares de la prensa británica. Desde que el pasado miércoles saliera a la luz que el político “toqueteó” a dos hombres delante de testigos en el exclusivo 'Carlton Club', más de una docena de varones —muchos de ellos compañeros de filas— han denunciado que en la última década también fueron víctimas de comportamientos inapropiados por parte del acusado. Se trata del cuarto escándalo sexual que salpica a los 'tories' en apenas dos meses.

El parlamentario, que ha pedido perdón y ha especificado que está buscando apoyo médico profesional, ha sido suspendido del partido. Pero es el futuro de Johnson el que vuelve a ser objeto de un frenético debate porque el manejo de la crisis ha revelado un patrón de comportamiento que para muchos comienza a ser ya “preocupante”. Downing Street insistió en un primer momento que el primer ministro no estaba al tanto de ninguna acusación de mala conducta contra Pincher. Pero este lunes, en los ya habituales volantazos, un portavoz ha admitido que Johnson sí conocía las especulaciones, pero insistió en que no había base para bloquear su nombramiento como responsable de disciplina de los conservadores.

En definitiva, Johnson lo ha vuelto a hacer: primero, mutismo absoluto; para mandar luego a un ministro del Gabinete a dar la cara. Negar que estuviera al tanto de la información para, luego, reconocer que lo sabía. Cálculo erróneo, evasión de responsabilidades, ofuscación, demora en la toma de acciones y desaparecer de escena. Así funciona —o mejor dicho, no funciona— el Número 10.

Desafío del Comité 1922
El episodio coincide con las elecciones a la dirección del llamado Comité 1922, que reúne a los 'tories' sin cartera. Y todo apunta a que los rebeldes obtendrán los votos necesarios para poder cambiar las normas del partido y así celebrar otro desafío al liderazgo del primer ministro. Cuando Johnson ganó por un estrecho margen un voto de confianza el mes pasado —por 211 votos contra 148— se le otorgó un año de inmunidad. Pero las reglas podrían ahora cambiarse para celebrar otra votación si así lo demanda el 25% de los diputados conservadores.

Pincher renunció a su cargo el jueves por la noche y admitió sentirse “avergonzado” por sus acciones en el Carlton Club la noche anterior. El viernes por la mañana, el 'premier' envió a Simon Hart, ministro para Gales, a dar la cara a los medios, aparentemente con instrucciones de zanjar el asunto. Y no fue hasta por la noche que el parlamentario fue suspendido. Las preguntas sobre si Johnson estaba al tanto de las especulaciones surgen al conocerse que le describió como un “manoseador” dos años antes de nombrarle responsable de disciplina del partido.

En 2017, Pincher ya tuvo que dimitir como 'whip junior' —los diputados encargados de asegurarse que sus compañeros votan en los plenos y en línea con el partido—, acusado de haber hecho proposiciones sexuales a un atleta olímpico y potencial candidato conservador en las elecciones. Fue absuelto después de una investigación interna. Reincorporado por la exprimera ministra Theresa May, se unió al ministerio de Asuntos Exteriores como secretario de Estado cuando Johnson llegó al poder en julio de 2019.

Más allá del futuro del inquilino de Downing Street, el escándalo revela una cultura generalizada de abuso. Un diputado sospechoso de violación, sin ser nombrado, fue detenido y puesto en libertad bajo fianza a mediados de mayo. Otro renunció en abril por mirar pornografía en su móvil en pleno debate en la Cámara de los Comunes y un tercero fue condenado en mayo a 18 meses de cárcel por agresión sexual a un adolescente de 15 años.

Estos dos últimos casos forzaron recientemente elecciones parciales donde los conservadores no lograron retener los escaños. Tras las humillantes derrotas, Oliver Dowden, presidente del Partido Conservador, presentó su dimisión agregando que “alguien debe asumir la responsabilidad”. Toda una indirecta para un Johnson que se aferra al cargo en sus horas más bajas.

Un secreto a voces
El grupo 'Conservative Staffers for Change', que une a jóvenes que trabajan en el Parlamento, señala que el escándalo Pincher explica bien por qué formaron su asociación a principios de este año. "Las historias que ahora están saliendo al público no sorprenden. Su comportamiento era un secreto a voces en Westminster y es decepcionante que esto no se abordara antes”, aseguró a 'The Times' un portavoz. “Habiendo planteado preocupaciones sobre una conducta sexual inapropiada, estamos decepcionados, no solo por el tiempo que llevó suspenderle, sino también por la continua falta de claridad sobre lo que sabía el primer ministro”, añadió.

En mayo, el grupo escribió cartas abiertas a Johnson, Oliver Dowden, quien entonces era presidente de la formación, y a Lindsay Hoyle, presidente de la Cámara de los Comunes, en las que argumentaron que “una cultura de chismes y rumores ha permitido la tolerancia y aceptación del abuso en el parlamento durante demasiado tiempo”.

La misiva recalca que “muchos de nosotros nos avergonzamos de que la reputación de nuestro lugar de trabajo esté cayendo en descrédito” y que “en cualquier otro lugar de trabajo nunca se hubiera permitido que las cosas empeoraran tanto”. Los jóvenes recibieron una respuesta detallada de Dowden mientras que Hoyle organizó una reunión. Johnson no les respondió.

#hemeroteca #libertadsexual | La Ley del solo sí es sí supera el trámite del Congreso y avanza hacia el Senado

Noticias de Gipuzkoa / Irene Montero y Ione Bellara se abrazan //

La Ley del solo sí es sí supera el trámite del Congreso y avanza hacia el Senado.
El dictamen de la ley de garantía integral de la libertad sexual ha salido adelante con 201 votos a favor, 140 en contra (PP y Vox) y 3 abstenciones.
EFE | Noticias de Gipuzkoa, 2022-05-26
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/actualidad/politica/2022/05/26/congreso-da-luz-verde-ley/1217285.html 

La ley del solo sí es sí avanza hacia el Senado después de que este jueves la mayoría del Pleno del Congreso haya mostrado su apoyo a la norma, que, en palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, será de los derechos más importantes "que podamos dejar a nuestras hijas".

El dictamen de la ley de garantía integral de la libertad sexual ha salido adelante con 201 votos a favor, 140 en contra (PP y Vox) y 3 abstenciones.

Ya en el debate parlamentario la mayor parte de los grupos han defendido la ley aunque también han querido manifestar que no comparten algunas de las medidas recogidas en el texto final y echan en falta otras no incorporadas.

La ley, que ha sufrido cambios durante su tramitación en la Cámara Baja, mantiene la modificación del Código Penal para eliminar la distinción entre abuso y agresión sexual, hace del consentimiento expreso la clave para juzgar los delitos sexuales y garantiza una atención integral a las víctimas.

Además, con las enmiendas incorporadas considera ilícita la publicidad que contribuya a promover la prostitución, reconoce el derecho a la residencia y al trabajo a las víctimas de violencia sexual en situación irregular, en el marco de las autorizaciones excepcionales recogidas en la ley de extranjería.

También el derecho a recibir ayudas a las madres de los menores asesinados por sus parejas o exparejas, como víctimas de la violencia vicaria, y blindar la financiación de las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género, al establecerse que el Gobierno deberá aprobar las partidas presupuestarias necesarias.

En esta jornada, tras una larga votación de decenas de enmiendas, solo se han aprobado cuatro en el pleno, la principal, consensuada por el PSOE, Podemos, ERC y Bildu para que los menores que cometan delitos sexuales tendrán la obligación de realizar programas formativos sobre educación sexual y de igualdad de género.

"El hermana yo sí te creo se convierte en ley"
"Hoy es un día muy importante para las mujeres de nuestro país; el solo sí es sí, el hermana yo sí te creo por fin se convierten en una ley; la libertad sexual, por fin, va a ser un derecho en nuestro país, y vamos a cambiar la violencia por la libertad y el miedo por el deseo", ha sentenciado Irene Montero durante su intervención que ha cerrado el debate.

La ministra ha advertido de que la libertad sexual de las mujeres será una realidad a pesar del "ruido reaccionario" de la extrema derecha, de los agresores y de la "justicia patriarcal": "Ustedes hacen mucho ruido, pero les demostramos que las feministas somos más", ha subrayado.

"El movimiento feminista vuelve a hacer historia; se lo debíamos a cada una de las víctimas, nos lo debíamos a nosotras mismas y, probablemente, sea uno de los derechos más importantes que podamos dejar a nuestras hijas en el presente y en el futuro; solo sí es sí, que viva la lucha de las mujeres", ha afirmado.

Ha agradecido a los grupos el apoyo y que hayan tenido un debate "honesto y riguroso", pero ha lamentado que el PSOE en su intervención de este jueves a través de la diputada Laura Berja "no haya reflejado el enorme trabajo" realizado para sacar adelante la norma.

Es violación
Y es que Berja ha criticado que la ley finalmente excluya el castigo al proxenetismo y que su grupo tuviera que retirar la enmienda socialista, en la pasada Comisión de Igualdad, dirigida a abolir la prostitución para que pudiera salir adelante con los apoyos de los socios del Gobierno en el Congreso.

La diputada socialista sí ha destacado que la del solo sí es sí es una lucha del movimiento feminista y es "una buena ley" porque da respuesta a las víctimas de violencia sexual y cambia el Código Penal para que las mujeres no tengan que volver a gritar en la calle que "no es abuso, es violación".

Marta González, del PP, ha rechazado el texto, porque, si bien el Pacto de Estado de Género comprendía una ley específica contra la violencia sexual, la que ha llegado al Congreso no es la que le gustaría y "habría que eliminarla prácticamente entera": "Parece una soflama de un programa electoral Unidas Podemos", ha dicho.

Para González, esta ley pone en riesgo la presunción de inocencia y será el denunciado el que tenga que probar que en la relación sexual ha habido consentimiento y no a la inversa. Además, ha criticado que desaparezca la distinción entre abuso y violación, y que la norma haya excluido los artículos a la prostitución.

Por su parte, Carla Toscano, de Vox, ha dicho que lo que propone su grupo es proteger a todas las mujeres de la violencia sexual, "pero de la de verdad, no a los inventos" del Gobierno. En su discurso, ha asegurado que "le da pena" que en la calle se dejen de escuchar "ciertas cosas" como: "Dime cómo te llamas y te pido para reyes" o "Ese es un cuerpo y no el de la Guardia Civil", que, a su juicio, son muestras de "ingenio popular".

Sofía Castañón, de Unidas Podemos, ha dicho que la ley es "un clamor" y ha lanzado un mensaje para la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso a la que le ha dicho que la libertad es no tener miedo de volver a casa después de tomarse una caña. "No es de malcriadas, es de demócratas".

Desde ERC, Pilar Vallugera, que ha cargado contra el PSOE por presentar la proposición de ley para abolir la prostitución, ha defendido la ley, porque el cuerpo de la mujer "es un bien protegido de primer rango".

El diputado del PNV Joseba Agirretxea ha reconocido que no todo lo que contiene la ley es del agrado de su grupo, pero ha considerado que "la fuerza y el sentido político y social del solo sí es sí tiene suficiente entidad para ser validada".

Desde Bildu, Isabel Pozueta ha mostrado su apoyo pero no ha compartido el "punitivismo", que, a su juicio, recorre la ley, porque "hay cuestiones que deben resolverse de otra manera".

El Grupo Plural también se ha posicionado a favor de la ley, al igual que Ciudadanos, cuya diputada Sara Giménez ha querido dejar claro que esta ley "no es un eslogan publicitario" sino que protege y mejora la situación de las víctimas.

La CUP ha anunciado su abstención por la inclusión en la ley de la enmienda sobre la publicidad que fomente la prostitución. La ley ahora pasará al Senado para continuar su camino parlamentario.

#hemeroteca #gais #violenciasexual | Kevin Spacey, imputado en Reino Unido por agresión sexual a tres hombres

El Mundo / Kevin Spacey, llegando al tribunal de Nantucket, Estados Unidos, en enero de 2018 //

Kevin Spacey, imputado en Reino Unido por agresión sexual a tres hombres.
Los cargos abarcan un periodo comprendido entre marzo de 2005 y abril de 2013. Spacey fue director. artístico del teatro Old Vic entre 2004 y 2015
María Sierra | El Mundo, 2022-05-26
https://www.elmundo.es/cultura/2022/05/26/628f912be4d4d84b458b45b9.html 

Las sospechas y denuncias de conducta sexual indebida son viejas, pero la Fiscalía británica nunca archivó el fichero de Kevin Spacey. El actor, que dirigió el prestigioso teatro londinense Old Vic durante una década a principios de siglo, ha sido formalmente imputado en Reino Unido de varias ofensas sexuales este jueves 26. El servicio fiscal de la Corona (CPS, en sus siglas en inglés), desveló finalmente el pliego de cargos que pesa contra el protagonista de ‘Sospechosos Habituales’ o la serie de televisión ‘House of Cards’, entre otros éxitos de crítica y público.

Kevin Spacey afronta cuatro presuntos delitos de agresión sexual perpetrada contra tres hombres, en marzo de 2005, agosto de 2008 y abril de 2013. La Fiscalía inglesa le acusa además de presionar a una persona a enzarzarse en un acto sexual con penetración "sin consentimiento" previo. Las supuestas agresiones habrían tenido lugar en Londres, con excepción de la última, de 2013, que las autoridades ubican en el condado inglés de Gloucester.

El actor, que en julio cumple 63 años, trabajaba y residía en Londres durante el abanico temporal de las presuntas ofensas en suelo inglés. Spacey dejó su puesto de mando en el Old Vic en 2015, y la institución recibió poco después una veintena de testimonios denunciando conducta inapropiada del exdirector, tanto en el ámbito sexual como de acoso laboral. Al menos tres individuos acudieron con sus quejas a la policía, según informes de la época.

"El CPS ha autorizado cargos penales contra Kevin Spacey, de 62 años, por cuatro instancias de agresión sexual contra tres hombres", confirmó Rosemary Ainslie, directora de la división de crimen especial del servicio fiscal. Las cinco imputaciones se refieren a la Ley británica de Ofensas Sexuales, de 2003, y son el resultado de una revisión de la investigación original que Scotland Yard abrió al menos cinco años atrás.

Medios británicos sugirieron el año pasado que agentes de la policía londinense habían interrogado al polémico actor y director en Estados Unidos, en 2019. En agosto de ese mismo año, Spacey intervino en una lectura de poesía en Roma, en una de sus muy contadas apariciones en público. Más tarde, el realizador Franco Nero le ficharía, en un papel secundario, en ‘L'Uomo che disegno dio’, película que marcó un cauteloso retorno al universo cinematográfico. El ex galán del cine policiaco se defiende legalmente de alegaciones de abuso sexual desde 2017.

#hemeroteca #violenciasexual | Detenidos cinco de los presuntos autores de la violación grupal a una menor de 13 años de Burjassot

Levante / Lugar donde tuvo lugar la agresión sexual a las dos menores //

Detenidos cinco de los presuntos autores de la violación grupal a una menor de 13 años de Burjassot.
Los sospechosos tienen entre 15 y 17 años y la Policía Nacional busca a otro menor más que todavía no ha sido localizado. La Policía Nacional refuerza la seguridad en la comisaría de Burjassot para evitar incidentes con los familiares de los arrestados.
Teresa Domínguez | Levante, 2022-05-18
https://www.levante-emv.com/sucesos/2022/05/18/detenidos-presuntos-autores-violacion-grupal-menores-12-anos-burjassot-66257003.html 

La Policía Nacional ha detenido en la tarde del miércoles a cinco jóvenes de entre 15 y 17 años por su presunta implicación en la violación grupal de una niña de 13 años y la violación individual de otra de 12 años, ocurridas en la tarde-noche del lunes en una casa abandonada de Burjassot, tal como ha adelantado este miércoles en exclusiva Levante-EMV.

Las detenciones son fruto de la investigación llevada a cabo por agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la comisaría de Burjassot, tras la toma de declaración de las dos niñas y del análisis de las conversaciones de Instagram en las que una de ellas alertó de lo que estaba sucediendo a una tercera menor.

Los arrestos se produjeron a media tarde del miércoles y la Policía Nacional desplegó varios furgones de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios, para evitar incidentes mientras se realizaban las detenciones y los registros en los domicilios de los presuntos autores de las agresiones sexuales.

Los arrestados fueron llevados a la comisaría de Burjassot, donde permanecerán bajo custodia hasta que sean entregados a la Fiscalía de Menores. La Policía Nacional mantiene un fuerte dispositivo de seguridad en torno a la sede policial, para evitar incidentes con los familiares de los sospechosos.

Falta un sexto menor por detener
Fuentes policiales han confirmado que aún falta por detener un sexto menor implicado en los hechos, aunque es cuestión de horas. De hecho, no se descarta que pueda entregarse a lo largo de la noche.

Tal como ha adelantado este diario, las dos menores habían quedado con dos jóvenes, a quienes habían conocido el viernes anterior por Instagram y el encuentro iba a ser en una casa abandonada, dentro del casco urbano de Burjassot, por lo que ambas llegaron a ese municipio de l'Horta Nord desde sus poblaciones, que este periódico omite para preservar su anonimato, en metro.

Tras bajarse en la estación de Godella, se encontraron con los jóvenes y acudieron a la casa abandonada, cuyo interior, cubierto de grafitis, cascotes y desechos, es utilizado habitualmente por grupos de jóvenes, no solo para reunirse a beber o consumir estupefacientes, sino simplemente como punto de quedada para escuchar música y entorno urbano para hacerse fotografías que luego comparten en sus redes sociales.

Sin embargo, el plan se torció desde el inicio. Uno de ellos obligó a la niña de 12 años a mantener relaciones sexuales completas en contra de su voluntad, tras lo cual la menor decidió irse del lugar. Para entonces, se sumaron otros cuatro jóvenes, todos ellos menores de edad, que habrían agredido sexualmente a la menor de 13 años en grupo.

Llegaron a alegar que todo era "una broma"
La primera contó lo que estaba sucediendo a una tercera amiga, residente en otro municipio diferente, y fue esta menor quien dio aviso a su madre al saber que estaba produciéndose una violación grupal.

A partir de ahí, la madre movilizó a la Policía Local de Burjassot a través de una llamada, en la que aportó los escasos datos de los que disponía y que no fueron suficientes para que el dispositivo policial integrado por las policías locales de Burjassot, Godella y Rocafort, así como de la Policía Nacional, localizaron el lugar en el que se estaba produciendo la agresión sexual en manada.

Cuando las niñas fueron localizadas, una ya en su casa y la otra, de camino, trataron de desactivar la intervención policial alegando que todo "había sido una broma" que le habían gastado a la tercera menor. Sin embargo, finalmente acabaron contando a sus familias lo sucedido, por lo que ambas fueron llevadas por separado a sendos hospitales de València, en uno de los casos con custodia policial y en el otro, sin ella.

La forense de guardia que exploró a las dos niñas y puso en marcha el protocolo de agresiones sexuales confirmó la existencia de evidencias de sendos delitos sexuales.

#hemeroteca #violenciasexual #justicia | Rodrigo de Santos será juzgado el 20 septiembre en Madrid por agredir sexualmente a dos hombres

Imagen: Diario de Mallorca / Javier Rodrigo de Santos //

Rodrigo de Santos será juzgado el 20 septiembre en Madrid por agredir sexualmente a dos hombres.
La fiscalía pide 20 años de cárcel para el exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma. Pedro Horrach, exfiscal Anticorrupción que acusó al exconcejal del PP del uso indebido de una tarjeta de crédito municipal en un club de alterne gay, será ahora su defensor.
Diario de Mallorca, 2021-06-15
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2021/06/15/rodrigo-santos-sera-juzgado-septiembre-abusos-sexuales-53268924.html 

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará los próximos 20, 21 y 22 de septiembre al exconcejal del Partido Popular de Palma Javier Rodrigo de Santos por agredir sexualmente a dos reclusos mientras disfrutaban de permisos en las casas de acogida de la ONG Horizontes Abiertos-Padre Garralda, en la que el exteniente de alcalde Palma fue contratado tras salir de prisión, adelanta eldiario.es.

La fiscalía pide 20 años de cárcel para Rodrigo de Santos, 15 por un delito de agresión sexual continuada a uno de los reclusos y otros cinco por otra agresión sexual a un segundo. Una de las acusaciones particulares eleva su petición a 94 años de cárcel. Según la acusación, De Santos amenazó a los dos reclusos con informar en su contra si se negaban a mantener relaciones sexuales con él.

El exteniente de alcalde, que ya fue condenado por la Audiencia de Palma por abusar de dos amigos de sus hijos y por el uso indebido de una tarjeta de crédito del Ayuntamiento, estuvo trabajando en el año 2014 para esta organización. Fue contratado tras cumplir la pena de cinco años de prisión. Primero trabajó como voluntario para Horizontes Abiertos y más tarde fue contratado. Se le encomendó la responsabilidad de la administración de la casa de acogida.

La fiscalía sitúa los hechos en el primer semestre del año 2017. Un recluso, que tenía 29 años, estuvo residiendo en las casas de esta fundación, que se encarga del control del preso durante sus salidas, informando de su comportamiento a Instituciones Penitencias. El escrito afirma que mientras estaba en este centro, el expolítico del PP “le obligó a mantener relaciones sexuales con él”, que se repitieron en siete ocasiones”. El fiscal detalla en qué consistieron dichas relaciones e insiste en que el preso aceptaba porque el acusado le amenazó con retirarle el aval que le permitía disfrutar de esta libertad.

La segunda víctima era un recluso de origen árabe, que también fue acogido por esta organización religiosa de Madrid. Durante su estancia, según la fiscalía, Rodrigo de Santos le dedicó una serie de insinuaciones de carácter sexual. Le dijo, presuntamente, que si accedía a tener relaciones podría ayudarle con su hijo y además le resolvería los problemas que arrastraba con Extranjería. El fiscal acompaña en su escrito el contenido de cinco mensaje de Whatsapp que el expolítico le envió al recluso. «La verdad es que me encantaría que fueras mío», le escribió en una ocasión. En otra le dijo: «Prometo tratarte con mucho mimo y respeto, como si fueras mi hijo. Mi casa es tu casa y mi cama es tu cama, que sepas que me encantaría que estuvieras aquí a mi lado para dormir abrazado a ti». El deseo de De Santos se cumplió en la ocasión en la que invitó al preso a su casa. El recluso aceptó la invitación porque temía que si no lo hacía el expolítico elaboraría un informe negativo sobre él y se suspenderían los permisos.

La relación se produjo de noche, cuando la víctima estaba descansando. De pronto, el exteniente de alcalde se metió en su cama y comenzó a realizarle tocamientos.

El fiscal da mucha más gravedad al primer ataque sexual que al segundo. De hecho, por el primer delito solicita quince años de prisión, mientras que por los tocamientos al otro preso pide cinco años de cárcel. También solicita la acusación una indemnización económica a las dos víctimas por las secuelas psicológicas que han padecido. En el caso de que el acusado sea insolvente y no pueda asumir esta indemnización, la fiscalía reclama que la pague la entidad religiosa que tenía contratado a Javier Rodrigo de Santos.

El expolítico del PP fue detenido a finales del año 2017 como consecuencia de las denuncias de estos dos presos, que coincidían en que aceptaron esta relación sexual con el monitor del centro, porque éste les había amenazado con redactar un informe negativo sobre ellos, lo que hubiera supuesto la suspensión de los permisos. Rodrigo de Santos siempre ha negado los hechos y atribuyó la acusación a una estrategia de los presos para que no les suspendieran los permisos.

El exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos ha escogido como abogado defensor al abogado Pedro Horrach para que le asista por presuntas agresiones sexuales a dos reclusos en tercer grado en Madrid. Se da la circunstancia de que el exfiscal Horrach fue el que acusó en su día a Rodrigo de Santos de apropiación indebida, por hacer uso de la tarjeta municipal para gastarla en un club de alterne gay.

#hemeroteca #violenciasexual #justicia | Rodrigo de Santos elige como abogado a Pedro Horrach, el exfiscal que le acusó de usar la tarjeta municipal en un club de alterne

Imagen: Diario de Mallorca / Javier Rodrigo de Santos //

Rodrigo de Santos elige como abogado a Pedro Horrach, el exfiscal que le acusó de usar la tarjeta municipal en un club de alterne.
El antiguo edil en Cort se enfrenta a una petición de 20 años de cárcel por presuntas agresiones sexuales a dos presos en Madrid.
Lorenzo Marina | Diario de Mallorca, 2021-06-04
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2021/06/04/rodrigo-santos-elige-abogado-pedro-52615290.html 

El exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos ha escogido como abogado defensor al abogado Pedro Horrach para que le asista por presuntas agresiones sexuales a dos reclusos en tercer grado en Madrid. Se da la circunstancia de que el exfiscal Horrach fue el que acusó en su día a Rodrigo de Santos de apropiación indebida, por hacer uso de la tarjeta municipal para gastarla en un club de alterne gay.

La Fiscalía de Madrid reclama 20 años de prisión para Javier Rodrigo de Santos, por presuntos abusos sexuales a dos reclusos. Se trataba de dos presos que disfrutaban de tercer grado en un centro de acogida dirigido por la ONG Horizontes Abiertos, donde el exconcejal en Cort trabajaba.

En concreto, el ministerio público sitúa los hechos de los que le acusa en el primer semestre del año 2017. Un recluso, que tenía 29 años, estuvo residiendo en las casas de esta fundación, que se encarga del control del preso durante sus salidas e informar de su comportamiento a Instituciones Penitenciarias. El escrito del fiscal indicaba que el expolítico del PP “le obligó a mantener relaciones sexuales con él, que se repitieron en siete ocasiones”. El fiscal detalla en qué consistieron dichas relaciones e insiste en que el preso aceptaba porque el acusado le amenazó con retirarle el aval que le permitía disfrutar de esta libertad.

De esta manera, Rodrigo de Santos habría coaccionado a los dos reclusos de informar en su contra en la ONG donde estaban en tercer grado si no accedían a sus pretensiones sexuales. En el primero de los casos, el fiscal pide para el exedil de Cort 15 años de prisión por presunta agresión sexual, a los que se sumarían cinco años por tocamientos a la otra víctima.