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| Imagen: Vice |
Alicia Fábregas | Vice, 2017-02-27
https://www.vice.com/es/article/carcel-psiquiatricos-e-indigencia-dos-generaciones-viviendo-un-infierno-solo-por-ser-lgbt-en-espana
Hubo un tiempo, y no tan lejano, en que la comunidad LGBT iba a la cárcel. Nos lo cuentan algunos de los que lo han vivido y hablamos con dos fundaciones que les han rescatado de un futuro en la calle.
"Con la Ley de Peligrosidad cualquiera podía denunciar a quién quisiera. No se pedían pruebas, primero te llevaban a la DGT, a los calabozos de abajo. Allí te daban de palos. Cogían y decían, 'este es un maricón' y para Carabanchel, en Madrid, o en Barcelona a la Modelo. Como era una ley preventiva, pues te metían en la cárcel por si acaso. Después, si tenías juicio, te llevaban a centros de reeducación. En la prisión de Huelva metían a los activos y en Badajoz a los pasivos.
Era un forense quien te miraba el ano y decidía si eras activo o pasivo. A las mujeres las metían en psiquiátricos o las internaban en los conventos, porque era un espacio de protección, entre comillas". Lo explica Federico Armenteros que conoce bien esa realidad sepultada, por eso creó la Fundación 26 de Diciembre, que abrió formalmente en 2013, para cuidar de los mayores LGBT, que han tenido una vida durísima y que ahora se encuentran solos, abandonados y muchos de ellos en la calle e invisibles para la sociedad.
Ahora la Fundación tiene un centro de ocio para mayores en Lavapiés y cinco pisos de acogida, que les ha cedido el Ayuntamiento de Madrid en alquiler social, donde viven en total 20 personas. Ofrecen también ayuda a domicilio a otras 20 más y teleasistencia a 35. Todo para conseguir dignificar a estos mayores que han pasado por un infierno y a quien nadie les ha reconocido nada, ni les ha pedido nunca perdón.
La Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de la que habla Federico es una ley que no se derogó, parcialmente, hasta el 26 de diciembre de 1976 –de ahí el nombre de la fundación- y totalmente en 1995. Pero como él cuenta, "hasta el 88 te cogían por escándalo público y luego la persecución continúa hasta el 2005, cuando se aprobó la ley del matrimonio homosexual".
No son solo opiniones, hay datos que refuerzan esa visión. En concreto, los del informe del 2016 del Observatorio Madrileño contra la homofobia, transfobia y bifofobia, que dice que en 1983, el 83% de los españoles consideraba que había que hacer desaparecer la homosexualidad.
Ahora no está, ni mucho menos, el cielo ganado. Seguimos discriminándolos, agrediéndolos y acosándolos. Según el último informe sobre delitos de odio que elabora el Ministerio de Interior de España, entre el 2014 y el 2015 hubo 169 incidentes relacionados con la orientación sexual. Hay que tener en cuenta que esos son los incidentes registrados y se trata de un colectivo con reticencia a denunciar, que incluso puede llegar a ver las agresiones como algo cotidiano, así que la cifra real puede subir mucho. De hecho, en un estudio más específico, el Observatorio Madrileño LGBT calcula que en 2016 se produjeron 240 incidentes de odio solo en la Comunidad de Madrid, así que el número para toda España puede dar escalofríos.
La tragedia de los LGBT mayores es, además, doble, olvidados por la sociedad y por su propio colectivo. "Cuando se genera Chueca como marca, la gente que salía de las cárceles no era agradable. Es entonces cuando se empieza a utilizar la palabra gay, ya no eres maricón, eres gay. Van uniendo gay a poder, a juventud, a belleza…Chueca se olvida de nosotros, no reivindica nada de la historia, lo tapa.
Ha avanzado y eso es positivo, se respeta la diversidad, pero especialmente al rico, no al pobre", se lamenta Federico. Porque muchos LGBT mayores de 65 años viven al filo de la exclusión social o en ella de lleno. Con tan solo una pensión no contributiva –menos de 400 euros al mes- porque no han podido trabajar: "Cuando te pillaban por la ley de peligrosidad social, te cogían y te echaban de la empresa y luego, ¿quién iba a contratar a un maricón oficial?", recuerda Federico.
El caso de los transexuales es todavía peor. Son pocos los que han llegado a los 65 años o los que los han sobrepasado. En aquella época, durante la Dictadura y en la naciente Democracia, muchos se automedicaban para hormonarse o se inyectaban silicona líquida sin pisar nunca una consulta médica. Eso pasa factura.
Eduardo Lepaggi fue uno de los afortunados que topó con la Fundación 26 de Diciembre cuando las cosas pintaban muy feas para él. Hace dos años se tuvo que enfrentar a su segundo desahucio y acabó viviendo una semana en la calle, hasta que consiguió entrar en uno de los pisos de acogida que gestiona Federico. "Esto te ayuda a rehacer tu vida", asegura con una sonrisa.
Eduardo lleva 9 años en el paro y además tiene una insuficiencia pulmonar, cosa que le dificulta poder trabajar. Cobra una pensión no contributiva de 367 euros al mes, "es de broma", dice, pero por suerte, "aquí, de acuerdo a los ingresos que tengas, pagas un porcentaje del alquiler del piso". Los gastos corren a cargo de la fundación. Eduardo sigue yendo al comedor social, "claro, con lo que cobro no da mucho de sí. Aunque a veces con lo que dan en el comedor, me sigo muriendo de hambre. Una lata de judías, un poco de pan con mortadela…".
Es una realidad que está ahí, aunque pocos son conscientes de ella o no quieren serlo, prefieren que siga invisible. Una realidad del pasado, pero que también afecta a las generaciones actuales, porque la discriminación sigue viva. Y si no, que le pregunten a F. (prefiere mantenerse en el anonimato). "Mi madre me echaba de casa y no me dejaba entrar, me quitaba las llaves, me quitaba el móvil… Me decía que nunca me iba a aceptar, que yo no merecía vivir, que me iba a meter veneno en la comida. La policía estaba alertada de mi situación y mi asistenta social me dijo, 'es que tienes que salir de casa ya'". Me lo cuenta sentado en su cama, en el piso de acogida de la Fundación Eddy-g, la única de estas características en España. La crearon Emeterio Lorente y su marido Fernando González y la preside Manuel Ródenas.
El hogar tiene 9 plazas, contando el sofá para las emergencias, y desde que abrió, en abril del 2016, han pasado 13 jóvenes por aquí. Acogen a personas LGBTI mayores de edad que les han echado de su casa, que se escapan porque ya no pueden soportar más la situación, que han sido víctimas de violencia entre pareja o refugiados que en sus países son perseguidos por su orientación sexual.
Según un estudio reciente del Colectivo de Gais, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales de Madrid (COGAM), de los 39 centros educativos analizados en la capital, "la mitad del alumnado siente que su familia no le aceptaría si fuera homosexual, bisexual o transexual" y el 60% de adolescentes ha presenciado agresiones homofóbicas en su instituto.
F. tiene 19 años y lleva nueve meses en el piso de la fundación Eddy-g. Cuenta que era buen estudiante, que nunca había suspendido, pero cuando en su casa el ambiente se hizo irrespirable, todo se torció. "Faltaba al instituto, no me podía centrar, bajé de notas y empecé a suspender. Ahora me estoy volviendo a sacar el Bachillerato con más tranquilidad estando aquí. He encontrado trabajo y estudio por las tardes. No me puedo quejar". La relación con su madre antes de que le dijera que era homosexual era muy buena, "siempre nos contábamos las cosas", explica.
Ahora que las aguas se han calmado y que puede mostrarse tal como es en su entorno sin miedo, empieza a pensar en el futuro: "Me gustaría ser trabajador social, especializado en temática LGBTI, para poder ayudar a la gente que está pasando por lo que he pasado yo o que está incluso en situaciones peores".
Fundaciones como 26 de Diciembre o Eddy-g han servido de flotador para todas estas personas que sobrevivían en situaciones muy duras solo por su orientación sexual. Esas dos generaciones, tanto mayores como jóvenes, demuestran que una parte de nuestra sociedad todavía no les acepta y les sigue obligando a pasar por infiernos que no se merecen.
"Con la Ley de Peligrosidad cualquiera podía denunciar a quién quisiera. No se pedían pruebas, primero te llevaban a la DGT, a los calabozos de abajo. Allí te daban de palos. Cogían y decían, 'este es un maricón' y para Carabanchel, en Madrid, o en Barcelona a la Modelo. Como era una ley preventiva, pues te metían en la cárcel por si acaso. Después, si tenías juicio, te llevaban a centros de reeducación. En la prisión de Huelva metían a los activos y en Badajoz a los pasivos.
Era un forense quien te miraba el ano y decidía si eras activo o pasivo. A las mujeres las metían en psiquiátricos o las internaban en los conventos, porque era un espacio de protección, entre comillas". Lo explica Federico Armenteros que conoce bien esa realidad sepultada, por eso creó la Fundación 26 de Diciembre, que abrió formalmente en 2013, para cuidar de los mayores LGBT, que han tenido una vida durísima y que ahora se encuentran solos, abandonados y muchos de ellos en la calle e invisibles para la sociedad.
Ahora la Fundación tiene un centro de ocio para mayores en Lavapiés y cinco pisos de acogida, que les ha cedido el Ayuntamiento de Madrid en alquiler social, donde viven en total 20 personas. Ofrecen también ayuda a domicilio a otras 20 más y teleasistencia a 35. Todo para conseguir dignificar a estos mayores que han pasado por un infierno y a quien nadie les ha reconocido nada, ni les ha pedido nunca perdón.
La Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de la que habla Federico es una ley que no se derogó, parcialmente, hasta el 26 de diciembre de 1976 –de ahí el nombre de la fundación- y totalmente en 1995. Pero como él cuenta, "hasta el 88 te cogían por escándalo público y luego la persecución continúa hasta el 2005, cuando se aprobó la ley del matrimonio homosexual".
No son solo opiniones, hay datos que refuerzan esa visión. En concreto, los del informe del 2016 del Observatorio Madrileño contra la homofobia, transfobia y bifofobia, que dice que en 1983, el 83% de los españoles consideraba que había que hacer desaparecer la homosexualidad.
Ahora no está, ni mucho menos, el cielo ganado. Seguimos discriminándolos, agrediéndolos y acosándolos. Según el último informe sobre delitos de odio que elabora el Ministerio de Interior de España, entre el 2014 y el 2015 hubo 169 incidentes relacionados con la orientación sexual. Hay que tener en cuenta que esos son los incidentes registrados y se trata de un colectivo con reticencia a denunciar, que incluso puede llegar a ver las agresiones como algo cotidiano, así que la cifra real puede subir mucho. De hecho, en un estudio más específico, el Observatorio Madrileño LGBT calcula que en 2016 se produjeron 240 incidentes de odio solo en la Comunidad de Madrid, así que el número para toda España puede dar escalofríos.
La tragedia de los LGBT mayores es, además, doble, olvidados por la sociedad y por su propio colectivo. "Cuando se genera Chueca como marca, la gente que salía de las cárceles no era agradable. Es entonces cuando se empieza a utilizar la palabra gay, ya no eres maricón, eres gay. Van uniendo gay a poder, a juventud, a belleza…Chueca se olvida de nosotros, no reivindica nada de la historia, lo tapa.
Ha avanzado y eso es positivo, se respeta la diversidad, pero especialmente al rico, no al pobre", se lamenta Federico. Porque muchos LGBT mayores de 65 años viven al filo de la exclusión social o en ella de lleno. Con tan solo una pensión no contributiva –menos de 400 euros al mes- porque no han podido trabajar: "Cuando te pillaban por la ley de peligrosidad social, te cogían y te echaban de la empresa y luego, ¿quién iba a contratar a un maricón oficial?", recuerda Federico.
El caso de los transexuales es todavía peor. Son pocos los que han llegado a los 65 años o los que los han sobrepasado. En aquella época, durante la Dictadura y en la naciente Democracia, muchos se automedicaban para hormonarse o se inyectaban silicona líquida sin pisar nunca una consulta médica. Eso pasa factura.
Eduardo Lepaggi fue uno de los afortunados que topó con la Fundación 26 de Diciembre cuando las cosas pintaban muy feas para él. Hace dos años se tuvo que enfrentar a su segundo desahucio y acabó viviendo una semana en la calle, hasta que consiguió entrar en uno de los pisos de acogida que gestiona Federico. "Esto te ayuda a rehacer tu vida", asegura con una sonrisa.
Eduardo lleva 9 años en el paro y además tiene una insuficiencia pulmonar, cosa que le dificulta poder trabajar. Cobra una pensión no contributiva de 367 euros al mes, "es de broma", dice, pero por suerte, "aquí, de acuerdo a los ingresos que tengas, pagas un porcentaje del alquiler del piso". Los gastos corren a cargo de la fundación. Eduardo sigue yendo al comedor social, "claro, con lo que cobro no da mucho de sí. Aunque a veces con lo que dan en el comedor, me sigo muriendo de hambre. Una lata de judías, un poco de pan con mortadela…".
Es una realidad que está ahí, aunque pocos son conscientes de ella o no quieren serlo, prefieren que siga invisible. Una realidad del pasado, pero que también afecta a las generaciones actuales, porque la discriminación sigue viva. Y si no, que le pregunten a F. (prefiere mantenerse en el anonimato). "Mi madre me echaba de casa y no me dejaba entrar, me quitaba las llaves, me quitaba el móvil… Me decía que nunca me iba a aceptar, que yo no merecía vivir, que me iba a meter veneno en la comida. La policía estaba alertada de mi situación y mi asistenta social me dijo, 'es que tienes que salir de casa ya'". Me lo cuenta sentado en su cama, en el piso de acogida de la Fundación Eddy-g, la única de estas características en España. La crearon Emeterio Lorente y su marido Fernando González y la preside Manuel Ródenas.
El hogar tiene 9 plazas, contando el sofá para las emergencias, y desde que abrió, en abril del 2016, han pasado 13 jóvenes por aquí. Acogen a personas LGBTI mayores de edad que les han echado de su casa, que se escapan porque ya no pueden soportar más la situación, que han sido víctimas de violencia entre pareja o refugiados que en sus países son perseguidos por su orientación sexual.
Según un estudio reciente del Colectivo de Gais, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales de Madrid (COGAM), de los 39 centros educativos analizados en la capital, "la mitad del alumnado siente que su familia no le aceptaría si fuera homosexual, bisexual o transexual" y el 60% de adolescentes ha presenciado agresiones homofóbicas en su instituto.
F. tiene 19 años y lleva nueve meses en el piso de la fundación Eddy-g. Cuenta que era buen estudiante, que nunca había suspendido, pero cuando en su casa el ambiente se hizo irrespirable, todo se torció. "Faltaba al instituto, no me podía centrar, bajé de notas y empecé a suspender. Ahora me estoy volviendo a sacar el Bachillerato con más tranquilidad estando aquí. He encontrado trabajo y estudio por las tardes. No me puedo quejar". La relación con su madre antes de que le dijera que era homosexual era muy buena, "siempre nos contábamos las cosas", explica.
Ahora que las aguas se han calmado y que puede mostrarse tal como es en su entorno sin miedo, empieza a pensar en el futuro: "Me gustaría ser trabajador social, especializado en temática LGBTI, para poder ayudar a la gente que está pasando por lo que he pasado yo o que está incluso en situaciones peores".
Fundaciones como 26 de Diciembre o Eddy-g han servido de flotador para todas estas personas que sobrevivían en situaciones muy duras solo por su orientación sexual. Esas dos generaciones, tanto mayores como jóvenes, demuestran que una parte de nuestra sociedad todavía no les acepta y les sigue obligando a pasar por infiernos que no se merecen.
