#hemeroteca #microviolencias | No es solo homofobia: las microviolencias también desgastan (y así afectan a tu día a día)

Las microviolencias también desgastan //

No es solo homofobia: las microviolencias también desgastan (y así afectan a tu día a día)
Las microviolencias LGTBIQ+ se cuelan en lo cotidiano y deterioran el bienestar emocional
Ángel Rull · Psicólogo | El Periódico, 2025-06-09
https://www.elperiodico.com/es/ser-feliz/20250609/homofobia-microviolencias-desgastan-afectan-dia-lgtbiq-dv-118239215

En muchas ocasiones, cuando se habla de discriminación hacia el colectivo LGTBIQ+, la conversación se centra en los actos explícitos de rechazo o agresión. Sin embargo, existe una forma más sutil y cotidiana de violencia que suele pasar desapercibida, pero que genera un profundo impacto emocional: las microviolencias. Estas no necesariamente gritan, pero sí susurran de manera constante que algo no encaja, que hay que adaptarse, corregirse o justificarse para ser aceptado.

Las microviolencias no son incidentes aislados ni inofensivos. Se manifiestan en miradas, comentarios, silencios, bromas y actitudes normalizadas en la sociedad. Y lo más preocupante es que, al estar tan naturalizadas, muchas veces ni siquiera quien las ejerce logra identificarlas con claridad. Pero su acumulación tiene efectos reales sobre la salud mental, la autoestima y el bienestar general.

¿Qué entendemos por microviolencias?
El concepto de microviolencia fue inicialmente desarrollado para describir los actos sutiles de discriminación que sufrían personas racializadas. Con el tiempo, su aplicación se ha ampliado a otras formas de opresión, como el machismo, la gordofobia o la LGTBIQ+fobia. Estas microviolencias se caracterizan por ser breves, ambiguas, muchas veces disfrazadas de humor o buenas intenciones, pero con un trasfondo de invalidación o exclusión.

Decirle a un hombre gay que “no parece gay”, preguntar si dos mujeres “son amigas o algo más”, asumir que una persona trans “ya ha cambiado de sexo”, o incluso evitar ciertos temas o nombres en entornos familiares para no incomodar: todos estos gestos pueden parecer pequeños, pero son profundamente significativos. Porque no es lo mismo vivir uno de estos comentarios al mes que vivirlos a diario, en distintos contextos y por parte de distintas personas.

Las microviolencias funcionan como una forma de recordatorio constante de que no se pertenece del todo, de que hay algo que molesta o que debe adaptarse para encajar. Y esto, mantenido en el tiempo, deteriora el bienestar psicológico de manera sostenida, especialmente si no se verbaliza, no se valida y no se tiene un espacio seguro para procesarlo.

¿Por qué duelen tanto si “no son tan graves”?
Esta es una de las frases más frecuentes con las que se deslegitima la experiencia de quienes sufren microviolencias: “No es para tanto”, “Era solo una broma”, “No te lo tomes tan en serio”. Y, sin embargo, desde un punto de vista emocional y psicológico, sí es para tanto. Porque no se trata solo del contenido de un comentario o de una mirada, sino del contexto emocional en el que se inserta y de su repetición.

Las personas LGTBIQ+ suelen tener que estar en alerta permanente: calibran si pueden hablar abiertamente en una reunión, si deben modificar su manera de vestir en un nuevo trabajo, si es mejor evitar ciertos gestos de afecto en público. Esta hipervigilancia emocional consume energía, refuerza la inseguridad y perpetúa la autoobservación constante. Todo esto tiene consecuencias: insomnio, ansiedad social, baja autoestima o incluso conductas de aislamiento.

Además, la invisibilización de estas experiencias agrava el malestar. Cuando se trata de homofobia explícita, es más fácil recibir apoyo, denunciar o poner límites. Pero cuando lo que duele es una frase condescendiente, una risa incómoda o una sugerencia “bienintencionada” sobre cómo comportarse, muchas personas optan por callar o restarle importancia, tragándose el malestar. Esto refuerza la sensación de que hay que aguantar, que no se tiene derecho a incomodarse o que se está exagerando.

Por eso, es fundamental entender que las microviolencias, lejos de ser inofensivas, son una forma insidiosa de discriminación. Porque no golpean de frente, pero sí desgastan lentamente.

Tipos de microviolencias

Las microviolencias son como el goteo constante sobre una piedra: no hacen ruido, pero con el tiempo perforan. Y aunque muchas veces no se nombren, duelen. Porque no es solo homofobia la que genera daño. También lo hacen los comentarios que invalidan, las bromas que reducen, las ausencias que silencian y los gestos que excluyen.

Estas son las microviolencias más comunes a las que se enfrentan muchas personas del colectivo LGTBIQ+:

1. Bromas constantes sobre la orientación sexual o la identidad de género
Aunque se disfracen de humor, refuerzan estereotipos y minimizan realidades que son profundas y personales.

2. Excesiva curiosidad sobre la vida íntima
Preguntas como “¿quién es el hombre y quién la mujer?” en parejas del mismo sexo no solo son invasivas, sino que parten de marcos heteronormativos.

3. Invalidación del género autopercibido
Llamar a una persona trans por su nombre anterior o utilizar pronombres incorrectos es una forma de negar su identidad.

4. Hipersexualización o fetichización
Especialmente hacia hombres gays o mujeres lesbianas, asociándoles únicamente con prácticas sexuales o fantasías.

5. Asumir heterosexualidad por defecto
Felicitar automáticamente a una mujer por su “novio” cuando menciona una cita o a un hombre por tener “una chica”, sin preguntar.

6. Obligación de educar
Muchas personas del colectivo sienten que tienen que explicar o justificar continuamente su existencia, como si tuviesen que ser amables educadores para no parecer “radicales”.

7. Silencios significativos
Cuando en una conversación se menciona una experiencia LGTBIQ+ y se produce un cambio de tema, una risa nerviosa o una incomodidad evidente.

8. Frases como “yo te acepto, pero no lo comparto” o “haz lo que quieras, pero no lo muestres”
Estas expresiones pretenden parecer tolerantes, pero en realidad imponen límites a la expresión de la identidad.

9. Comparaciones con otras formas de discriminación para minimizar
Como cuando se dice “al menos no te pegan”, “ahora lo tenéis más fácil”, o “hay cosas peores en la vida”.

10. Ignorar la existencia del colectivo en entornos laborales, educativos o familiares
No celebrar fechas clave, no formar parte de protocolos de inclusión o no contar con materiales diversos también es una forma de exclusión.

Las consecuencias invisibles: impacto en la salud mental y en el día a día
El desgaste emocional que provocan las microviolencias no es solo simbólico. Numerosos estudios han demostrado que las personas que sufren estas formas sutiles de discriminación presentan mayores niveles de estrés crónico, ansiedad generalizada y síntomas depresivos. A nivel fisiológico, vivir en constante estado de alerta genera una activación del sistema nervioso que puede desembocar en insomnio, fatiga o dificultades de concentración.

En el plano social, muchas personas optan por la autorregulación constante: se censuran, se disocian de ciertos espacios o incluso modifican su lenguaje y expresividad para no exponerse. Esto genera un desajuste entre quiénes son y cómo se muestran, lo que erosiona la autoestima y el sentido de autenticidad. Además, el hecho de no tener estos temas validados en su entorno contribuye a la sensación de aislamiento emocional.

También es importante señalar que estas experiencias no solo afectan a adultos. Niñas, niños y adolescentes LGTBIQ+ crecen muchas veces en contextos donde escuchan constantemente que su expresión de género “es rara” o que deben comportarse “como corresponde”. Aunque estos mensajes parezcan inofensivos, condicionan profundamente la imagen que tienen de sí mismos y del mundo que les rodea.

La acumulación de estas vivencias se traduce en una carga emocional que muchas veces no encuentra vías de expresión o acompañamiento. Y lo más peligroso es que quienes las sufren suelen convencerse de que “no es para tanto”, porque es lo que han escuchado siempre. Romper este círculo implica dar valor a lo que sentimos, aunque no se grite. Aunque no deje huellas visibles.

¿Qué podemos hacer como sociedad para reducir las microviolencias?
El primer paso para reducir las microviolencias es dejar de minimizarlas. Nombrarlas, reconocerlas y hablar de ellas en voz alta ya supone un cambio en la dirección adecuada. Muchas veces, quien las comete no es consciente de ello, pero sí es responsable de revisar sus palabras, sus gestos y sus silencios.

También es fundamental que los entornos se conviertan en espacios donde se pueda hablar de identidad sin miedo. Para ello, no basta con no discriminar: hay que incluir activamente. Implica preguntar los pronombres, revisar los formularios, ofrecer referentes diversos y no convertir a las personas LGTBIQ+ en excepciones toleradas.

La empatía no se basa solo en entender el dolor ajeno, sino en cuestionar los propios privilegios y mecanismos aprendidos. Tal vez no todas las personas han vivido una microviolencia, pero sí pueden haberla ejercido sin querer. Lo importante es escuchar, aprender y estar dispuestas a modificar lo que haga falta para que nadie tenga que adaptarse para ser respetado.

Si queremos avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria y humana, no podemos quedarnos únicamente con los actos visibles de discriminación. Hay que mirar también lo que está en la base, en lo cotidiano, en lo que se da por sentado. Porque en esa cotidianidad también se construye el bienestar de muchas personas.

#hemeroteca #homofobia #franquismo | Lobotomías y torturas para curar la homosexualidad: cuando la psiquiatría estuvo al servicio de Franco

Antonio Vallejo-Nájera y placa del paseo que Madrid dedica ahora a su hijo //

Lobotomías y torturas para curar la homosexualidad: cuando la psiquiatría estuvo al servicio de Franco
La Ley de Vagos y Maleantes abrió la veda para que pudiera internarse a hombres no heterosexuales en prisiones donde eran sometidos a todo tipo de torturas, vejaciones y prácticas médicas cuyos efectos fueron, en muchos casos, irreversibles.
Alejandra Mateo Fano | Público, 2025-05-18
https://www.publico.es/sociedad/lobotomias-torturas-curar-homosexualidad-psiquiatria-estuvo-servicio-franco.html

“La homosexualidad como un escape desesperado de una imaginación enferma, como un intento de comunicarse, eternamente condenado al fracaso, de un ser aterrado y solitario, que no sabe o no puede amar”. Así luce la introducción del libro ‘Los homosexuales vistos por sí mismos y por sus médicos’ (1966), escrito por el doctor Lorenzo Frutos Carabias en pleno tardofranquismo. Un ejemplo paradigmático de la brutal maquinaria de propaganda homófoba que el fascismo puso en marcha durante años con la connivencia de médicos afines al régimen. Durante la dictadura, la sexualidad se encaminará exclusivamente a la reproducción social y a la perpetuación de la familia heteronormativa. De este modo, llegaron a proliferar gran cantidad de obras que aludían reiteradamente al carácter patológico de la homosexualidad. La construcción de una España “depurada” de desviaciones ideológicas, sexuales o identitarias contrarias a la estricta moral católica caminó necesariamente de la mano de la medicina psiquiátrica.

La reforma de la Ley de Vagos y Maleantes en 1954 introduce por primera vez la consideración de las personas homosexuales como sujetos peligrosos. Más adelante, esta legislación se redondearía con la Ley de Peligrosidad Social, con el fin de “modificar estados como los referentes a quienes realicen actos de homosexualidad, la mendicidad habitual, gamberrismo, la migración clandestina y la reincidencia”. El régimen fascista, artífice de un perverso operativo para desterrar toda disidencia que pudiera desafiar la moral preestablecida, sembró la idea de que los homosexuales eran potenciales delincuentes. De esta suerte, pronto se estableció una vinculación directa entre homosexualidad y crimen que sirvió para legitimar cualquier atrocidad contra el colectivo. Una investigación de Soraya Gahete Muñoz, doctora en Historia Contemporánea, señala que jueces como Antonio Sabater consideraban que los varones no heterosexuales “llevaban una intensa vida instintiva y que eran altamente peligrosos, ya que se trata de sujetos perversos sin escrúpulos ni corazón, con manifiesta desviación ética y frialdad y ausencia de sentimientos”.

A través de esta primera ley pudo articularse un efectivo instrumentario legal capaz de acallar las sexualidades no normativas, autorizándose por primera vez el internamiento del colectivo en cárceles, campos de trabajo y centros psiquiátricos: “Art. 6.0, número 2.-A los homosexuales, rufianes y proxenetas, a los mendigos profesionales y a los que vivan de la mendicidad ajena, exploten menores de edad, enfermos mentales o lisiados, se les aplicarán, para que las cumplan todas, sucesivamente, las medidas siguientes: a) Internado en un establecimiento de trabajo o colonia agrícola. Los homosexuales sometidos a esta medida de seguridad deberán ser internados en Instituciones especiales y, en todo caso, con absoluta separación de los demás”.

De Huelva a Fuerteventura: prisiones para “rehabilitar” homosexuales
En Huelva y Badajoz se encontraban los penitenciarios provinciales para homosexuales más conocidos de aquel entonces. Desde 1968 hasta 1978 (año en que se despenaliza la disidencia sexual), mientras la primera se utilizaba para internar a homosexuales considerados “activos”, la segunda estaba destinada a los “pasivos”. Por aquel entonces la transexualidad ni siquiera estaba contemplada, sino que se hablaba de “mujeres vestidas de hombres y viceversa” o personas con conductas impropias de su género que era preciso corregir.

En otras prisiones se crearon módulos específicos para recluir a estos presos, como en la Modelo de Barcelona o la cárcel de Carabanchel. Un relato publicado en el Diario Sur cuenta la experiencia traumática de La Moni, artista e icono LGTBI+ de la época, tras ser internada en la prisión onubense en 1963, con tan solo 17 años. “Fue detenida por ponerse un vestido de mujer en los carnavales. Fueron tres meses privada de libertad, aunque tuvo que quedarse uno más por no pagar la multa de 500 pesetas”. Hay que entender estos centros, no obstante, no como cárceles al uso sino como reformatorios pensados para la reconversión sexual.

Al no haber dinero para financiar centros públicos para lo que el franquismo llamaba “rehabilitación” de personas que hoy llamaríamos ‘queer’, no quedaba más remedio que internarles en penitenciarios convencionales: “Eran una especie de centros de internamiento para reaprender. La idea era que funcionaran como centros como de reaprendizaje, de atención”, cuenta Ramón Martínez, escritor y activista LGTBI+. La privación de libertad estaba regulada por el Tribunal de Calificación y la Iglesia era la encargada de establecer cuánto tiempo debía estar interna la persona. En la mayoría de casos, la estancia duraba entre dos y cuatro años, pero el tiempo podía reducirse si el interno accedía a someterse a ciertas terapias.

En el transcurso de esos tratamientos, todos ellos humillantes, crueles y traumatizantes a largo plazo, llegaron a ponerse en práctica sesiones de electroshock, esterilizaciones forzadas y hasta lobotomías. Estas cirugías consistían en extirpar la parte del cerebro en la que se consideraba que estaba localizada la “desviación sexual”. El psiquiatra franquista Juan José López Ibor, en su famoso ‘Libro de la vida sexual’ (1968), calificaba la homosexualidad como una “perversión sexual” o una “anomalía” consistente en “una situación psicodinámica”.

Otro de estos centros tendentes a aislar y reconvertir a personas del colectivo fue la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, conocida como la cárcel de Tefía, situada en Fuerteventura, a mediados de los años 50 y 60. En realidad, más que un penal con fines psiquiátricos fue un campo de concentración para homosexuales donde los reclusos vivían sometidos a agresiones y vejaciones de todo tipo, inclusive el uso del hambre como método de tortura. De hecho, en su momento recibió el apodo de “el Auschwitz de Fuerteventura” por las terribles condiciones de vida que albergaba. Gahete puntualiza, eso sí, que la imposición de medidas “curativas” dentro de los centros no iban tanto encaminadas al castigo sino a impedir que ciertos comportamientos entendidos como peligrosos pudieran extenderse por su posibilidad de contagio.

Vidas marcadas por el terror
Las brutalidades cometidas tanto en prisiones como en consultas psiquiátricas dejaron un reguero de hombres marcados de por vida por lesiones físicas y traumas psíquicos incurables. Los suicidios se multiplicaron exponencialmente, también los casos en que, tras los electroshocks, acababan desarrollando aversión al sexo. Martínez expresa que “a mucha gente se le perdió la pista después de haber sido internados porque nunca se volvía a saber nada de ellos, esas personas se quedaban tocadas de por vida tras las operaciones”. Es un congreso celebrado en Italia en 1972, López Ibor habla de su “exitosa experiencia” haciendo una lobotomía. “Mi último paciente era un desviado. Después de la intervención quirúrgica en el lóbulo inferior derecho, presenta, es cierto, trastornos en la memoria y la vista, pero se muestra ligeramente atraído por las mujeres”.

Las escasas historias de vida que han logrado transmitirse años después son desgarradoras: Oliver Duarte Herrera, antropólogo, técnico de proyectos en Fundación Triángulo Extremadura, quien actualmente está desarrollando una investigación sobre memoria LGTBI+, pudo entrar en contacto con víctimas de aquel sistema feroz: “Tengo un testimonio de un chico en Barcelona que ahora mismo tiene unos 77 años y que por la culpa que sentía por ser homosexual acudió a uno de estos psiquiatras que estaba muy de moda, sobre todo en las grandes ciudades, y por voluntad propia se sometió a estos tratamientos del electroshock. Era como una especie de descargas acompañadas de material complementario, como vídeos, y en el momento en que te ponían vídeos de personas de tu mismo sexo te daban como una descarga para que tu cuerpo rechazara el deseo homosexual”, señala.

En otros casos, las personas llegaban a las clínicas después de haber sido delatadas por su entorno cercano: lo cuenta Carmen García de Merlo, expresidenta de COGAM y activista trans, quien infiere que “se dio el caso de una señora que fue a confesarle al cura que su hijo era mariquita, y el cura llamó a la Policía, lo detuvieron y se lo llevaron a un centro de internamiento”. Otras veces, añade, había algún vecino o compañero de trabajo que denunciaba. Por eso, expresa Duarte, casi siempre “tenían que ocultar su manera de ser, sus gustos, sus deseos y ser como invisibles ante la sociedad. Sobre todo en los contextos rurales, donde la gente todavía sigue muy presa de esta situación en la actualidad”.

A su juicio, fruto de esas experiencias del pasado, se han heredado en las zonas rurales ciertas formas inconscientes de pensamiento como intentar pasar inadvertido y buscar estrategias de vida que no sean leídas como no heterosexuales. Pero también había una cuestión de clase que marcaba quién era detenido y quién podía salir airoso de una redada policial. La expresidenta de COGAM traslada, en este sentido, que en pleno franquismo “en Madrid había clubs y espacios concretos como la calle Almirante donde se hacían redadas, dado que se sabía que muchos homosexuales quedaban allí. En una de ellas, en el Café Gijón, cogieron a un grupo que estaba ahí charlando, se los llevaron a la comisaría, les hacían la ficha y los identificaban. Hasta que una vez vieron que uno de ellos era juez y fue entonces cuando les soltaron a todos”.

El vacío histórico en torno a la memoria lesbiana
En el caso de las mujeres, la represión actuó de una forma bien distinta al caso de los varones. Prácticamente no hubo internamientos carcelarios de lesbianas o bisexuales a excepción de algunas excepciones por varios motivos, señalan Carmen García de Merlo y Oliver Duarte Herrera. Por un lado, la consideración de las mujeres como “eternas menores” hacía que, en caso de que alguna fuera sorprendida manteniendo relaciones afectivas con otra, fueran enviadas con sus padres o maridos. Cuando eran devueltas a sus familias, estas las internaban en colegios religiosos femeninos para corregirles.

“La homosexualidad femenina siempre ha estado muy silenciada y durante toda la dictadura apenas hubo casos de mujeres denunciadas como peligrosas sociales. Como no figuran prácticamente como internas en psiquiátricos, hay un silencio abrumador y por mucho que investigues no encuentres a nadie, no hay datos”, confiesa Martínez. En este sentido, el volumen de expedientes encontrados en el caso de los hombres contrasta con los escasos referentes a las mujeres lesbianas.

Por otro lado, la homosexualidad en ellas podía disfrazarse fácilmente de amistad en tanto que, por ejemplo, no estaba mal visto que dos o varias mujeres se reuniesen en una casa o durmiesen en la misma habitación, algo que sí despertaba recelos en los hombres. García de Merlo sostiene que “las mujeres que querían tener relación con mujeres o lo hacían a escondidas o vivían juntas como si fueran hermanas o primas; así no se enteraban”.

Eugenesia amparada por eminencias científicas de la época
La estrategia represiva del franquismo contó con la colaboración activa de los denominados “psiquiatras del régimen”, defensores de las teorías eugenésicas que comenzaron a brotar a partir del siglo XIX. En un momento de apogeo de la ciencia psiquiátrica, estos médicos franquistas utilizaron esta disciplina “como arma política para reprimir a todos aquellos que les resultaban incomodos”, destaca una investigación de la Universitat de Lleida. El más recordado fue quizás Antonio Vallejo-Nájera, para quien eran considerados “una vergüenza social y un foco de enfermedades venéreas” en tanto que aquellas conductas sexuales que no fueran destinadas a la reproducción eran entendidas como sodomitas.

Sus posturas eugenésicas basadas en el biologicismo positivista contribuyeron, como apunta el mencionado estudio, a justificar la aniquilación de las disidencias y reeducar a las masas “para que se resignaran a aceptar su lugar en el mundo”. La colección 'Hacer memoria' , editada por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, contiene una guía didáctica dedicada a quien ha pasado a la historia como ‘el Mengele español’. En ella se explica que, al calor de las teorías darwinistas que defendía, Vallejo-Nájera creyó fundamental “someter científicamente todos aquellos factores sociales que puedan influir, para bien o para mal, en las cualidades tanto físicas como psíquicas de la raza y de las generaciones futuras”. Madrid tenía una calle dedicada en el distrito de Arganzuela, el Paseo del Doctor Vallejo-Nájera (por Antonio Vallejo-Nájera Lobón); pero el Ayuntamiento, en 2017, aprobó un cambio para dedicar la calle a su hijo (Juan Antonio Vallejo-Nájera Botas) para tratar de cumplir con la ley de Memoria.

Otra de las consideradas eminencias psiquiátricas que más contribuyó a reproducir sistemáticamente el discurso patologizante sobre las disidencias sexuales fue Francisco J. de Echalecu y Canino, quien teorizó en España sobre el falso carácter hereditario de la homosexualidad. Llegó incluso a equiparar esta orientación sexual con la psicopatía, siendo uno de los padres de la Ley de Vagos y Maleantes. Durante todo el franquismo se forjó la idea de que la homosexualidad traía consigo inevitablemente actos de pederastia y abusos a niños y adolescentes. Ello subrayaba todavía más, a ojos del régimen, su hipotética peligrosidad. Por este motivo Echalecu basó buena parte de su carrera divulgativa en dar conferencias en las que explicaba cómo “prevenir la seducción de menores” cambiando las orientaciones “de los psicópatas”.

La obra ‘Sodomitas’ (1956) del policía y escritor antisemita Mauricio Carlavilla, conocido por el seudónimo ‘Mauricio Karl’, refleja muy bien este pensamiento. Así comienza el ensayo, uno de los más vendidos durante el fascismo en España: “La manada de fieras sodomitas, por millares, se lanza a través de la espesura de las calles ciudadanas en busca de su presa juvenil. Disfrazada de persona, la fiera sodomítica ojea entre el matorral ambulante de las aceras su pieza preferida, el cándido muchacho, más grato a su ávida pupila cuanto más inocencia lleva retratada en su fisonomía”. Ya en democracia, el psiquiatra neofascista y ultracatólico Enrique Rojas, heredero de estas teorías pseudocientíficas, confesó en una entrevista con Efe que la homosexualidad era consecuencia de un “desorden cronológico” y que su orientación se podía transmitir por “un error cromosómico”.

Este año, su hija y también psiquiatra María Rojas Estapé afirmó durante una conferencia que las relaciones homosexuales no son comparables a las heterosexuales. Actos públicos como el de Rojas Estapé transcurren todavía con total impunidad y no ha sido hasta 2023 que prohibieron por ley de las llamadas terapias de conversión.

#hemeroteca #franquismo #sexualidad | El sexo en el franquismo o cómo el pecado se convirtió en un crimen

Con los muslos de Silvia Mangano en 'Arroz amargo' llegó el escándalo en 1948 //

El sexo en el franquismo o cómo el pecado se convirtió en un crimen
El sociólogo Manuel Espín ha publicado una investigación en la que trata asuntos como la homosexualidad, las muestras de afecto en público, la censura y la represión sexual durante el régimen franquista, obcecado en no transgredir la moral nacional-católica
Guillermo Martínez | El Diario, 2025-04-29
https://www.eldiario.es/sociedad/sexo-franquismo-pecado-convirtio-crimen_1_12243895.html

Los curas decidían cómo se podía vestir en las zonas de baño. Las mujeres que reunían dinero escapaban de España para poder abortar. Las madres solteras vivían con la losa de la condena social. Desde los púlpitos se cargaba contra los prostíbulos mientras acudir a ellos se convertía en un rito de paso de la juventud a la adultez de un hombre. La doble moral del franquismo en relación con todo aquello que tenía que ver con el sexo fomentó una hipocresía en la que la clase social a la que se perteneciera jugó un papel determinante. El sociólogo Manuel Espín ha publicado ‘Sexo en el franquismo’ (Almuzara), un completo ensayo sobre cómo el régimen tenía sus propias excepciones para castigar a unos y absolver a otros.

El poder que el franquismo otorgó a la Iglesia desde el primer momento en el que la dictadura se expandió por toda España marcó el devenir de una sociedad en la que lo pecaminoso se confundía con lo ilegal. “Desde 1939 hasta 1945 fue Falange quien más poder social tuvo dentro del régimen. Tras la derrota del eje fascista en la Segunda Guerra Mundial, el franquismo viró hacia un sistema nacional-católico”, introduce Espín, doctor de Sociología y director y guionista de numerosos programas de televisión.

A partir de entonces, y sobre todo en la década de 1950, el modelo permite trazar una correlación perversa entre aquello considerado moral por la Iglesia y lo permitido por los estamentos políticos a través de sus leyes y reglamentos. “Cuando los obispos españoles acudieron al concilio de los años 60 se quedaron perplejos, completamente fuera de juego ante una realidad que les resultaba confusa porque en España la doctrina estaba totalmente enquistada en lo preconciliar”, añade el experto.

De esta manera, fue la Iglesia la encargada de instaurar la moral pública de la época. La monografía que ahora presenta Espín resalta algunos fenómenos que prueban esta simbiosis. “Hubo acuerdos tomados puramente en el ámbito eclesial que se trasladaban a la autoridad civil para que los impusiera a la sociedad”, afirma. Es lo que sucedió, por ejemplo, en los Congresos Nacionales de la Decencia en playas y piscinas, celebrados a partir de 1951. En ellos se estableció un código de vestimenta en los que el bikini estaba prohibido para ellas, al igual que el uso de bañador de competición por parte de ellos, y se instaló la segregación por sexos en cualquier zona de baño.

Organizados por los episcopados, sus dictámenes eran tan vinculantes que se trasladaban directamente al Ministerio de la Gobernación, el actual Ministerio del Interior, para normativizar en qué casos podría llegar a ser detenida una persona, que siempre debía abonar una multa. “Si eras extranjero y te veían practicando el nudismo en una playa recóndita, la Guardia Civil te podía llegar a expulsar de España”, apuntilla el mismo Espín.

Prostíbulos que cierran el Viernes Santo
La década de 1950 también fue la de la proliferación de los prostíbulos. “Hasta 1956, el modelo era el de los grandes pisos que todo el mundo conocía y sabía dónde estaban, frecuentados por personas socialmente reconocidas, no eran marginales”, explica el autor del libro. Se trataba de locales abiertos todos los días del año, excepto el Viernes y Sábado Santo. “La hipocresía reinante era tal que desde los púlpitos se condenaba a las prostitutas, mujeres en situación de vulnerabilidad, y al mismo tiempo se las veía con cierto uso social por parte de los hombres, que las utilizaban como un recurso de tránsito entre la edad juvenil y la adulta, sobre todo”, desarrolla.

La sexualidad de las mujeres quedaba anulada, más allá de la férrea educación recibida desde la edad temprana, en el momento del matrimonio. “Los curas llegaban a pensar que las mujeres renunciaban a su propia sexualidad, que no tenían derecho a ella, desde el momento en que se casaban. Es decir, que estaban sujetas únicamente a las apetencias de su marido”, critica Espín, y añade: “Lo que ahora veríamos como un caso de violencia de género, en aquel momento ni siquiera se concebía como algo denunciable”.

Por otra parte, Espín trata en el capítulo ‘La oculta pederastia’ lo que le sucedió a cientos de menores en un tiempo en el que el cura era concebido como una figura de referencia en cuanto a espiritualidad y comportamiento. “Nadie con cierto poder social era denunciable. Cargos públicos, militares, notarios, rara vez recibían alguna denuncia, y mucho menos por agresión sexual. El precio a pagar por la comisión de estos delitos era la total impunidad”, aclara el autor del texto.

Madres solteras y abortos
El clasismo siempre estuvo presente en el franquismo. Mientras unas eran perseguidas, otras recibían los cuidados y prebendas necesarias para intentar salir de una situación tortuosa. Es lo que sucedía con las madres solteras, totalmente condenadas desde la moral pública. En cambio, cuando algo parecido ocurría entre las clases altas, “se activaban una serie de mecanismos para difuminar lo que ocurría y se daba cierta comprensión a nivel social, la gente miraba para otro lado”, expresa el director y guionista.

Los abortos no suponían solo una gran condena moral, sino un delito duramente castigado. “La Policía realizaba continuamente redadas en las que detenían a mujeres y a quienes practicaban los abortos. Esas mujeres pertenecían a grupos sociales con toda clase de problemas, mientras que aquellas con medios económicos podían viajar al extranjero para abortar”, desarrolla Espín. Esta diferencia, agrega, también se dio a partir de la mitad de los años 60 con los medios anticonceptivos, prohibidos en España, pero de libre adquisición en el extranjero, como la píldora.

La homosexualidad ligada a las profesiones
La doble moral permeaba casi todos los rincones de una sexualidad perseguida y castigada. En un tiempo en el que la transgresión de los patrones de género y sexuales podía llegar a ser el único refugio en el que ser uno mismo, ni siquiera la homosexualidad entre hombres era igualmente reprimida que entre las lesbianas, ni en unas categorías sociales y profesiones que en otras. Espín lo ilustra con los cantantes de copla, “vestidos de forma exagerada, que aparecían con tacones, como Miguel de Molina, Tomás de Antequera o Antonio Amaya”.

Como el paso del tiempo ha demostrado, gracias a la apertura de miras y a la lucha del colectivo LGTBIQ, no solo entre los cantantes de este estilo de música había homosexuales, ni tampoco solo entre peluqueros, modistas y criados, como se pensaba. “Los había futbolistas, militares, notarios y maestros, pero la mirada del régimen no era capaz de verlos”, sostiene el escritor. Sin embargo, las mujeres lesbianas pasaban mucho más desapercibidas. “No era extraño que dos mujeres hablaran de sus intimidades, podían ser amigas, estaba bien visto, aunque la relación en ningún caso podría ir a mayores en el espacio público”, explica. Todo tenía que quedar escondido, soterrado, tapado, incluso una caricia a la persona que amabas.

Del 'todo tapado' al 'hasta la braga'
La represión se cernía duramente contra una población que todavía tardaría en rebelarse. Espín atestigua numerosos casos de multas como reprimenda ante el beso en la calle de una pareja o sanciones por caminar únicamente con una camiseta deportiva de tirantes en verano. Este modelo totalitario y asfixiante comenzó a cambiar en los años 60, con la llegada de Manuel Fraga al Ministerio de Información y Turismo, aduce el escritor, quien subraya que “el turismo fue, precisamente, la gran palanca de cambio”. No es baladí el dicho tan repetido en el que se contraponía al viejo ministro de Información con el nuevo: “Con Arias-Salgado, todo tapado; con Fraga, hasta la braga”.

El debate sobre la prohibición de los bikinis en las playas, por ejemplo, dejó situaciones pintorescas, como la que se dio entre el alcalde de Benidorm y el obispo de Valencia. Espín la recoge en su monografía: “El alcalde falangista, vinculado además a los Franco, llegó al Palacio del Pardo en persona para que le autorizaran el uso del bikini en sus costas. El dictador accedió, pero al volver, el obispo de Valencia amenazó al alcalde con excomulgarle”, resume el sociólogo.

La muerte de Franco en 1975 ni siquiera trajo consigo el derrocamiento del régimen. Para eso quedarían todavía algunos largos años. La moral establecida a lo largo de cuatro décadas sería mucho más difícil de echar por tierra. El peso de la Iglesia seguía, y sigue, aplastando el deseo de miles de personas y despertando el castigo social por parte de la institución. En este sentido, el mayor punto de inflexión de aquellos tiempos llegó con la publicación en 1977 [i.e. 1968] de ‘El libro de la vida sexual’ por parte del psiquiatra López Ibor, vinculado al Opus Dei. Más tarde, la feminista Lidia Falcón se atribuyó haber formado parte de su redacción y elaboración. La publicación llegó a convertirse en el libro más vendido del país.

#hemeroteca #controlsocial | La 'ley mordaza' cumple diez años sin derogación a la vista tras recaudar más de 1.000 millones en multas

Campaña de Amnistía Internacional contra la Ley Mordaza //

La 'ley mordaza' cumple diez años sin derogación a la vista tras recaudar más de 1.000 millones en multas
Los partidos confían en poder aprobar antes del verano la reforma de los aspectos más lesivos de la norma que simbolizó la respuesta del Gobierno del PP al descontento social tras la crisis
Oriol Solé Altimira, Alberto Ortiz, Raúl Sánchez | El Diario, 2025-03-29
https://www.eldiario.es/politica/ley-mordaza-cumple-diez-anos-derogacion-vista-recaudar-1-000-millones-multas-cat_1_12171627.html

“La Ley Mordaza y la reforma del Código Penal han sido aprobadas por el rodillo del PP. Las derogaremos cuando gobernemos”. Así se expresó el 26 de marzo de 2015 el entonces líder de la oposición, Pedro Sánchez. Una de las normas más representativas del mandato del PP de Mariano Rajoy cumple una década. La derogación prometida de la ley no se realizará al 100%, aunque el PSOE y parte de sus socios han logrado, tras años de desencuentros, un acuerdo para reformar sus aspectos más lesivos, cuya aprobación está pendiente en el Congreso.

“La ley ha tenido efectos devastadores en las libertades civiles, en especial el derecho a la protesta”, denuncia Cèlia Carbonell, miembro del Centro Irídia. “Es incomprensible que la ley todavía no se haya derogado ni se haya realizado una reforma profunda”, constata el catedrático de Derecho Penal de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Josep Maria Tamarit.

La experiencia de esta década, destaca el catedrático, ha mostrado “un uso bastante arbitrario de los poderes de la policía, con un amplio margen de tolerancia hacia ciertas conductas, sin poderse prever cuándo harán uso de sus poderes y por qué motivos”. “Y con el COVID, se realizó un uso injustificado de la ley para aplicar un control desmedido a la población”, denuncia Tamarit.

El empleo de la norma durante el estado de alarma y la posterior desescalada del COVID ha hecho que, tal y como muestran los datos del Ministerio del Interior analizados por elDiario.es, 2020 fuera el año récord en recaudación de multas por la ‘ley mordaza’, con un total de 252 millones de euros.

El siguiente año con mayor recaudación fue 2023, con 175 millones de euros, mientras que en los años restantes, las multas se sitúan en alrededor de los 150 millones anuales. Entre 2016 y 2023 (último año con cifras disponibles), las sanciones ascendieron a un valor de 1.250 millones de euros. El número de multas no presenta grandes variaciones tanto bajo Gobiernos del PP como del PSOE y sus socios a la izquierda.

Por motivos de sanción, tres artículos suponen el 90% de las multas de la 'ley mordaza': la más repetida fue el consumo de drogas en la calle, que ha acarreado multas por valor de 803 millones de euros. Le siguen la resistencia o la desobediencia a la autoridad (246 millones) y la exhibición de armas prohibidas (104 millones de euros).

“Hay aspectos de la ley, como el control de armas, que tienen un sentido y deben ser una prioridad”, apunta Tamarit, que recuerda además que la norma fue avalada casi en su totalidad por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el catedrático también denuncia que la norma ha consagrado sanciones administrativas más graves “y con menos garantías” que las que antes imponían los tribunales con las antiguas faltas.

“Las sanciones previstas en la ley son desproporcionadas: puedan llegar hasta 600.000 euros”, recuerda Tamarit, que añade que las infracciones “no están definidas de forma suficientemente taxativa, se usa un concepto tan indeterminado y peligroso como 'alarma social' (o la 'seguridad ciudadana' en sí) y llegan a castigarse actos cuyo impacto en la seguridad no está claro si la entendemos en un sentido restrictivo, como el mero consumo de drogas”.

Uno de los aspectos más polémicos de la norma es la sanción administrativa por faltar al respeto a los agentes de la autoridad, inexistente en otros colectivos de funcionarios. Ello ha comportado sanciones tanto a jubilados anónimos que protestaron por una actuación racista como a premios Pulitzer como Javier Bauluz, multado por la ley mordaza mientras fotografiaba la llegada de migrantes a Canarias.

El camino político para la reforma
Durante estos diez años, los grupos de izquierda y las fuerzas nacionalistas han intentado hasta en cuatro ocasiones dar forma a un texto que modifique los aspectos más lesivos de la norma. El intento que más se acercó se produjo durante la legislatura pasada, a partir de un texto del PNV, pero entonces las tensiones entre el PSOE y partidos independentistas como ERC y EH Bildu dieron al traste con las negociaciones.

Esas conversaciones chocaron en cuatro puntos: el uso de las pelotas de goma –que no regula esta norma–, las devoluciones en caliente, las multas por desobediencia y faltas de respeto a la autoridad. ERC y EH Bildu exigían la eliminación de esos cuatro puntos, los más “lesivos”, según sus argumentos, y el PSOE desestimaba esas demandas que consideraba “excusas”.

En octubre del año pasado, el Gobierno alcanzó con EH Bildu un acuerdo para reformar la ley. Ese texto hablaba de sustituir las pelotas de goma por un material menos lesivo e incluye una disposición para que en el plazo de seis meses se aborde una modificación en la ley de extranjería. Este acuerdo sirvió para acercar también a ERC al acuerdo y facilitó su toma en consideración.

Los partidos debaten ahora sobre ese acuerdo como base para la reforma que todos esperan que esté aprobada por el Congreso antes de que termine el periodo de sesiones. Para Carbonell, del Centro Irídia, ese pacto es “una oportunidad que presenta avances”, aunque resulta “insuficiente para la garantía total de los derechos y libertades”, y advierte de que las organizaciones por derechos humanos presionarán para que los cambios en la ley “sean una garantía y no una represión de los derechos y libertades”.

El 1 de julio, fecha en el calendario
Fuentes parlamentarias confirman que ha habido algunos encuentros entre los grupos para empezar a negociar un texto a partir de las enmiendas que registraron a finales del año pasado. Esos encuentros se han dado de forma bilateral entre algunos de los grupos que conforman el bloque de la investidura, aunque la sensación general es que apenas se han movido las cosas por ahora.

Todas las partes tienen en la cabeza como límite el 1 de julio, cuando se cumplen diez años de la fecha en la que entró en vigor oficialmente la ley. Fuentes de Sumar hacen un llamamiento a la responsabilidad al resto de grupos para no permitir que se llegue a esa “ignominiosa fecha” sin acuerdo para derogar la ley y piden a algunas formaciones que no antepongan sus “intereses partidistas por encima de los generales”. Más aún, ante la posibilidad de que esta legislatura sea la última oportunidad para abordar esa reforma ante la perspectiva de una mayoría de derechas en unas próximas elecciones.

Los partidos que han puesto más pegas al texto en sus enmiendas son Podemos, Junts y el BNG. El partido de Ione Belarra dio su apoyo en octubre a la toma en consideración de la proposición de ley, pero ha reclamado que la prohibición de las pelotas de goma y de las devoluciones en caliente sea efectiva. En una de las enmiendas, a las que tuvo acceso este diario, incluyen una prohibición expresa de las balas de goma “o de cualquier otro instrumento o producto análogo que pueda producir para las personas graves lesiones, pérdidas, inutilidad o deformidad de órganos o miembros, pérdida de un sentido o incluso la muerte”.

Junts y el BNG también registraron enmiendas que van en la misma línea. Los independentistas catalanes establecen que con fecha 31 de diciembre de este año “sea efectiva la prohibición total” de esos proyectiles y se establezca un nuevo modelo que “deberá garantizar en cualquier caso la disponibilidad de herramientas robustas que permitan un abanico de opciones tácticas diferenciadas”.

La ley que ha empezado a tramitar el Congreso recoge sin embargo buena parte de los acuerdos que se alcanzaron en la fase de ponencia en la legislatura pasada y añade además dos aspectos que formaron parte del choque que rompió las negociaciones. Por ejemplo, objetiva lo que antes se consideraban faltas de respeto para que ahora se refieran a “insultos o injurias” que no sean delito.

Además, la desobediencia a los agentes pasará de una infracción grave a leve y se añade un criterio para que sea “manifiesta, clara y objetivable”. El PSOE ha asumido con esta redacción una posición prácticamente idéntica a la que defendían durante la legislatura pasada EH Bildu y ERC. Eso sí, esos puntos pueden suponer un choque en los próximos meses con el PNV, que ha registrado enmiendas para mantener como graves esas faltas.

#hemeroteca #homofobia | Marlaska y Collboni contra el sexo, las drogas y el rock and roll

Manifestación del Pride Barcelona 2024 //

Marlaska y Collboni contra el sexo, las drogas y el rock and roll
David Jiménez · Lingüista y comunicador social | Público, 2025-03-09
https://www.publico.es/opinion/columnas/marlaska-collboni-sexo-drogas-rock-and-roll.html 

Las modas siempre vuelven. Vuelve el fascismo a Europa, vuelven los pantalones anchos y, por volver, ha vuelto hasta la peligrosidad social. Hace unos días, este mismo diario denunciaba cómo la Policía en Madrid estaba actuando contra las personas LGTBIQ+ con sesgos claramente homófobos con la excusa del ‘chemsex’. Estas operaciones han incluido redadas, humillaciones, encerronas, multas e incluso riesgo de cárcel, todo ello bajo el pretexto de la salud pública. En este país, algunas cosas quedaron atadas y bien atadas, y la represión policial es una de ellas.

Uno siempre quiere pensar que son casos aislados. Algunos policías que se están infiltrando en chills porque quieren gozar de ese sadismo uniformado del que hacen gala impunemente. Sin embargo, la semana pasada, unos 13 guardias urbanos, al servicio del “primer alcalde gay de Barcelona” (como si Colau no contase como mujer bisexual porque, al fin y al cabo, es mujer), irrumpieron en un club de sexo entre hombres. Algunos asistentes a ese club relatan cómo, placa en mano, hicieron salir a todos los asistentes a la fiesta, interrumpiendo seguramente algún coito, para inspeccionarlos a todos en busca de sustancias ilícitas. La inspección se prolongó durante varias horas, en una actuación que algunos asistentes han catalogado de “militarista”.

A raíz de este suceso, los chats de la comunidad LGTBIQ+ barcelonesa han ardido y se ha roto el silencio sobre en qué se traduce el Pla Endreça de Collboni contra el sexo colectivo. La de este club de sexo no ha sido la única batida: también se está persiguiendo sistemáticamente el cruising (búsqueda de sexo en lugares públicos) en Montjuïc y, por supuesto, se está persiguiendo a las trabajadoras sexuales de la ciudad condal. Marlaska y Collboni, dos hombres gays al frente de Interior y del Ajuntament de Barcelona, respectivamente, tienen un mensaje para ti, marica mala, y están usando a la Policía para ello. Da igual que vivamos una crisis de vivienda de proporciones colosales: a follar, a casa.

Esto no es nuevo. Las redadas en espacios LGTBIQ+ tienen un largo historial, tanto en España como en el resto del mundo. La memoria de Stonewall en Estados Unidos o del Pasaje Begoña en nuestro país siguen siendo recordatorios de que la represión policial ha sido una constante en la historia de nuestra comunidad. Durante el franquismo, la Ley de Vagos y Maleantes (posteriormente reformulada como Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social) se usaba para encarcelar y estigmatizar a personas homosexuales y trans. Que en pleno 2024 se sigan empleando estrategias policiales similares, bajo la justificación de la lucha contra las drogas, es una muestra de cómo la violencia nunca se fue, solo se transformó.

Christo Casas explica en su último libro ‘Maricas malas’ cómo la aprobación del matrimonio igualitario nos llevó a la aparente victoria de una mayor tolerancia hacia las personas LGTBIQ+ a la vez que nos trajo una derrota: la domesticación de la marica mala. El sistema nos ha aceptado siempre y cuando seamos Marlaska y Collboni: perfectos heterosexuales que duermen con otro hombre, pero que jamás pondrán en duda el sistema del cual son una pieza más. Se trata de una aceptación condicional: puedes ser gay, pero siempre que encajes en la norma y no desordenes el espacio público con tu deseo.

Esa domesticación de la disidencia ha permitido que la agenda LGTBIQ+ oficial se enfoque en cuestiones como la representación y el consumo, mientras que las reivindicaciones más radicales han sido sistemáticamente neutralizadas. Mientras Collboni se jacta de ser “el primer alcalde gay de Barcelona”, la persecución a espacios de libertad sexual como el cruising, las saunas o los clubs de sexo sigue intensificándose. La sexualidad disidente es un problema porque escapa a la privatización y armarización del deseo.

Porque no nos engañemos: esto no es una lucha contra las drogas. Si el PSC y el PSOE quisiesen luchar contra las drogas y no contra los pobres y el escándalo público que supone la sexualidad libre, habrían empezado por otro lado. La Guardia Urbana podría haber irrumpido en una reunión de ejecutivos de una gran multinacional en el 22@ en busca de cocaína. La salud pública podría preocupar tanto a la Policía Nacional en Madrid que podrían estar haciendo encerronas para pillar a los cayetanos del barrio de Salamanca o esperar a la salida de determinados platós de televisión. Pero no. Van a por los mismos de siempre.

Y es que, como dijo una vez una concursante de un ‘reality’, “cuando te haces mayor, te das cuenta de dos cosas: el queso es muy caro y todo el mundo se droga”. Se trata de una afirmación universal en una sociedad que se despierta con cafeína y se duerme con ansiolíticos. Ante esta realidad, los gobiernos tienen dos opciones. El PSOE y el PSC parecen que están optando por una de ellas: ejercer una guerra contra pobres y disidencias mediante el uso desproporcionado de la Policía para buscar quién se droga, con quién tiene sexo y dónde. La otra opción, quizás la única posible para la izquierda, sería dedicar todos esos euros, todos esos esfuerzos públicos pagados entre todes a la prevención de riesgos para que a nadie le pase nada y al acompañamiento psicológico y social para aquellas personas que hayan caído en una adicción. Pero claro, eso no les interesa. La represión es más fácil, más rápida, más efectista. Al final, las modas siempre vuelven y, por eso, nos volvemos a encontrar aquí reciclando lemas punkis de los 90: ‘más orgías y menos policías’.

#hemeroteca #homofobia #policias | Denuncian una actuación "desproporcionada" de la Guardia Urbana en un club LGTBIQ+ de Barcelona

Imagen de archivo de una manifestación LGTBI en Barcelona //

Denuncian una actuación "desproporcionada" de la Guardia Urbana en un club LGTBIQ+ de Barcelona
Más de una decena de agentes registraron y cachearon a las personas del local, según testigos. Desde el consistorio explican que se trata de una "inspección administrativa rutinaria.
Judit Castaño, María Martínez Collado | Público, 2025-02-27
https://www.publico.es/sociedad/denuncian-actuacion-desproporcionada-guardia-urbana-club-lgtbiq-barcelona.html

Organizaciones de la comunidad LGTBIQ+ han denunciado públicamente una actuación policial de la Guardia Urbana de Barcelona "totalmente desproporcionada" en un club gay de la ciudad. Según han informado diferentes testigos a entidades locales, este martes tuvo lugar una redada en un local que se encuentra en la calle Calàbria, en el Eixample, en la que participaron más de una decena de agentes. Los policías registraron a todos los clientes e inspeccionaron el local durante dos horas. El encargado del espacio afirma que no había pasado nunca algo parecido.

Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona han confirmado a ‘Público’ que la operación efectivamente tuvo lugar y explican que consistió en una "inspección administrativa rutinaria" en el marco de las inspecciones de los locales de pública concurrencia. Algo que difiere de la versión ofrecida por Javier Rodríguez Núñez, responsable del Comissionat de Polítiques d’Infància, Adolescència, Joventut i LGTBI, que ha justificado que "se ha actuado por quejas vecinales que referían menudeo" en su cuenta de X (antes Twitter). Según el consistorio, en el local se detectaron cuatro infracciones y se detuvo a una persona por tráfico de drogas. "Durante el inicio de la inspección se personaron en el local tres agentes de la Guardia Urbana, pero tras la detención acudieron cuatro agentes más", detallan desde el Ayuntamiento. Testimonios que estaban presentes en el momento de la actuación contradicen, sin embargo, al consistorio y elevan la cifra a 13.

La comunidad LGTBIQ+, organizada en colectivos y asociaciones, viene denunciando que desde hace años muchas personas del entorno han sufrido todo tipo de redadas arbitrarias y humillaciones con la excusa de las drogas y el chemsex (fenómeno sociocultural que consiste en mantener relaciones sexuales en un ambiente de consumo de sustancias psicoactivas). ‘Público’ se hizo eco de este tipo de actuaciones a mediados de febrero, en una exclusiva donde tres personas relataron su testimonio y confesaron haber vivido diferentes tipos de abusos policiales. El Movimiento Marika de Madrid también continúa monitorizando y recogiendo información al respecto.

Una actuación "desproporcionada" y "militarista"
Luis Villegas, gerente de la ONG Stop, ha expresado su preocupación en una conversación con ‘Público’. Villegas señala que esta intervención policial ha supuesto un impacto importante en la comunidad LGTBIQ+, en especial para las personas que se encontraban en el local en el momento del operativo: "Supongo que fue un impacto brutal para quienes estaban en ese momento allí, el hecho de verse rodeadas de agentes...".

Desde la ONG explican que tienen una relación estrecha con el establecimiento intervenido, ya que en ese espacio realizan labores de prevención y distribución de material informativo. Para Villegas, este tipo de operativos, sin previo aviso y con una presencia policial tan numerosa, generan una situación de vulnerabilidad extrema: "Que de pronto entren más de diez policías en un club donde se supone que se generan espacios de mucha intimidad es muy violento".

En Stop advierten que esta intervención "no es un hecho aislado" y que en los últimos meses han observado un "incremento de la presión policial en espacios frecuentados por la comunidad LGTBIQ+", en especial en zonas de ‘cruising’. "Nos hemos enterado de que este mismo fin de semana ha habido redadas en un parque público, una zona de 'cruising' histórica en Barcelona, algo que la gente no vivía desde la transición", denuncian.

La ONG ha trasladado estas preocupaciones a diversas instancias, incluyendo los Mossos d'Esquadra, la Guardia Urbana y el Comissionat LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona, pero, según Villegas, no han recibido respuestas claras. "Nos dicen que esto no va a ir a más... pero las redadas continúan", lamenta. El Ministerio del Interior, bajo el mando de Fernando Grande-Marlaska, también está en conocimiento de este tipo de actuaciones. De hecho, el departamento respondió en octubre de 2024 a un escrito de un activista que se dirigió personalmente al director de gabinete del ministro para informarle de dichos abusos. La respuesta, tal y como adelantó ‘Público’, consistió en instarles a que presentaran denuncian formales en los canales correspondientes.

Desde Stop critican que la acción policial parece tener un carácter "estigmatizante". Villegas se pregunta por qué "mientras se criminalizan estos espacios de socialización de la comunidad LGTBIQ+", no se adoptan medidas similares en otros entornos. "No se van a la salida de una multinacional a vigilar a todos los ejecutivos que salen a ver cuánta cocaína llevan: ¿por qué a nosotros sí y a ellos no?".

Asimismo, denuncia que este tipo de actuaciones refuerzan la criminalización de las personas más vulnerabilizadas, como los usuarios de ‘chemsex’, un fenómeno sociocultural que, según Stop, requiere un abordaje desde la salud pública y no desde la represión policial. "Es una auténtica caza de brujas. Están penalizando el consumo, no el tráfico, de una forma escandalosa", señala Villegas. Además, afirma conocer casos de detenciones y registros injustificados, como la de un voluntario de otra entidad que fue cacheado e intimidado por la policía mientras realizaba labores de salud comunitaria: "Estamos muy enfadados. Esto no tiene ningún sentido. Si más de 0,3 gramos de metanfetamina se considera tráfico y la dosis mínima de consumo es de 0,5 a un gramo, y según estudios de Barcelona un 12% de los GBHSH (hombres gais, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres) practican ‘chemsex’ con ‘tina’, ¿la policía va a detener a toda esa población?", concluye Villegas.

El Observatori Contra la LGTBIfòbia, por su parte, ha denunciado la actuación a la Oficina para la No Discriminación (OND) del Ayuntamiento de Barcelona y ha activado su protocolo contra la LGTBIfobia. También informará de la actuación policial al sindicato de Greuges de Barcelona para que valore si ha sido correcta o no.

Eugeni Rodríguez, presidente de la entidad, reclama explicaciones por parte del Gobierno municipal de Jaume Collboni (PSC), independientemente del motivo de la actuación. "Que entren a un local 13 agentes de la Guardia Urbana es absolutamente desproporcionado y militarista, que infringe el ordenamiento jurídico de cualquier Estado de Derecho y democrático como es el español. Es desproporcionado, con todo lo que conlleva de criminalización e incriminación del colectivo", ha reprochado.

Rodríguez lamenta que este tipo de "redadas arbitrarias" en bares de ambiente, "que ya se daban hace 40 años", estigmatizan este tipo de locales y las practicas que allí se desarrollan. "Hay otras formas de solucionar posibles incidencias más allá actuaciones policiales de este tipo, como hablar con las entidades, la mediación...", señala en declaraciones para este medio.

No es un caso aislado
Barcelona en Comú, el principal grupo de la oposición, también ha mostrado su preocupación por una actuación policial que consideran "sobredimensionada". Sospechan que no se trata de algo puntual, sino que formaría parte de un conjunto de actuaciones que se están dando últimamente contra este tipo de locales y prácticas concretas. Jessica González, regidora de los Comuns, ha anunciado que pedirán explicaciones al Ejecutivo municipal. "Presentaremos una pregunta por escrito para que el Gobierno responda con trasparencia. Utilizaremos todas las herramientas para esclarecer los hechos", han confirmado fuentes de Barcelona en Comú.

#hemeroteca #homofobia #policia | ¿Podemos confiar en ellos?

La policía escoltando a Ciudadanos en MADO 2019 //

¿Podemos confiar en ellos?
Paco Tomás | Público, 2025-02-13
https://www.publico.es/opinion/columnas/podemos-confiar.html

Tras leer las dos informaciones que ha difundido esta semana Público, me atrevería a escribir que a las comunidades LGTBIQ+ no nos ha sorprendido. Llevamos años denunciando los abusos policiales y esto es solo una gota más que deseo acabe por colmar el vaso. La mayoría de las personas LGTBIQ+ hemos tenido una experiencia desagradable con la policía, sea nacional o municipal. Desde el año 1986, cuando Arantxa Serrano se besó con una amiga en la puerta de la Dirección General de Seguridad y ambas fueron detenidas y sometidas a registros vaginales, hasta hoy, cuando Alberto (seudónimo de una de las personas que contó su testimonio a este diario) es detenido al salir de una discoteca y, en comisaría, le hicieron desnudarse, abrirse las nalgas y mostrar sus genitales a ocho policías, han pasado treinta y ocho años y, supuestamente, una democracia que nos dotaba, a las personas LGTBIQ+, no solo de derechos sino también de libertades.

Yo sufrí una humillante redada en un bar gay de Palma, en Mallorca, porque la policía tenía la sospecha de que en su interior se había escondido un delincuente que perseguían. No sé si lo encontraron pero desde luego, a todos los que estábamos allí, nos trataron como si fuéramos el delincuente. Hace nueve años, en el barrio de Lavapiés, mi amigo Antonio se dirigía a un local gay cuando un coche de policía le deslumbró con las luces largas. La policía le desnudó completamente en plena calle para ver si llevaba algo de droga para consumo personal. Hace dos años, de madrugada, mi amigo Alberto se estaba besando con otro chico y un coche de policía se detuvo a su lado. Los policías les llamaron la atención de malas maneras y les preguntaron que qué estaban haciendo. Mi amigo contestó que besarse y los policías les ordenaron que se separasen. Mi amigo y su ligue se fueron de allí pero aún recuerda el miedo que sintió ante la posibilidad de que la pareja de policías se hubiera bajado del coche. Frases como “ahora verás lo que te va a pasar en Leganitos”, o expresar “qué asco” cuando una persona, en el registro, saca un lubricante, son propias de una policía heredera del franquismo.

El hostigamiento sistemático que sufren las comunidades LGTBIQ+ por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado es tan antiguo como la homofobia que reside en ellos, de manera estructural. Es cierto que hay asociaciones de policías LGTBI+ que trabajan por la diversidad e imparten formaciones específicas para acabar con la lgtbifobia en la policía pero también es igual de cierto que apenas logran que el grueso de la profesión asista a ellas. Después de las informaciones que hemos conocido esta semana es lógico que nos preguntemos si podemos confiar en la policía. Resulta obvio señalar que son Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. No están para protegerte a ti. Están para proteger y defender al Estado. Y tú eres un vecino, una mano de obra, un voto, pero no el Estado. Y mientras el Estado se rija por la heteronorma, mientras por las grietas del sistema se filtre la homofobia, estarán en nuestra contra. Y lo más duro de tener que escribir este párrafo es hacerlo con un ministro del Interior que es gay.

Hemos leído en este diario que Grande-Marlaska conoce, desde hace más de tres meses, las detenciones arbitrarias, los cacheos humillantes y las infiltraciones de agentes en espacios seguros gais y, que sepamos, se ha desentendido del problema. Lo que se contesta desde el Ministerio de Interior es que si te sientes perjudicado por una mala praxis policial, lo denuncies en la policía. Eso es como decirle a una víctima de violencia de género que primero informe a su maltratador de que va a denunciarle.

Por supuesto que no estamos en los años de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Ni siquiera en los años de la ley de Escándalo Público. Faltaría más. Pero estos 47 años que han pasado desde entonces no pueden ser un pretexto para dejar de prestar atención al hostigamiento actual. Las personas LGTBIQ+ sabemos que pocos individuos e instituciones se atreven a señalarnos y discriminarnos directamente por nuestra orientación o identidad. Desde Stonewall, siempre se ha usado una excusa para hacerlo. Desde la protección de la infancia hasta la ideología de género pasando por el borrado de las mujeres o, como en este caso, la lucha contra la droga. Como si el consumo recreativo de estupefacientes fuese un hábito exclusivo de las personas LGTBIQ+.

La Jefatura Superior de Policía dice que no hay discriminación. Que ellos actúan sobre zonas y espacios donde creen que puede existir algún hecho delictivo. Esa es la clave. Donde “ellos creen”. ¿Y en qué se basa esa creencia? Pues en sus prejuicios, que les llevan a discotecas, saunas o zonas de la ciudad concurridas por hombres homosexuales. ¿Habéis visto redadas y actuaciones policiales en los bares de Ponzano o en los locales frecuentados por jóvenes de chaleco y pelo acolchado? No. Y os aseguro que hay motivos para hacerlo. Es ahí cuando una investigación se convierte en una investigación de características homófobas.

En el estado mental de los policías sigue instalada una idea excluyente del enemigo, de lo correcto y lo admisible, que hace que nunca piensen que el delito está en un hombre hetero blanco, con traje y corbata, que se toma una copa en el barrio de Salamanca. Para ellos, el color de tu piel, tu vestimenta, tu orientación sexual o identidad de género o el barrio en el que vives es algo que, sin más, te convierte en sospechoso.

Y que no vengan ahora a decirnos que están luchando contra el chemsex. Crearse perfiles en aplicaciones gais de contactos para atraer a chicos a direcciones falsas de chills, animándoles a comprar droga que luego ellos van a utilizar como prueba para tu detención, es propio de una caza de brujas. Es bien conocida mi postura ante el chemsex. Me preocupan muchas de las conductas que suceden en esos espacios y las razones que llevan a las personas a participar de esas largas sesiones de drogas y sexo. Pero esas conductas no son exclusivas de la población homosexual. Son muchos los hombres cishetero que las hacen en habitaciones de hoteles y con presencia de prostitutas. Algunos con afiliaciones políticas incluso. Pero, al margen de eso, si una sociedad ha asumido que las adicciones son un problema de salud, ¿qué hace la policía deteniendo a personas que lo que necesitan es un acompañamiento terapéutico? Esa persecución policial es íntegramente homófoba porque se canaliza exclusivamente hacia hombres homosexuales y exime a la sociedad y a las administraciones de su responsabilidad en la información sobre prevención, reducción de daños y terapia.

Todo esto es un problema muy serio porque hace que las personas LGTBIQ+ sigamos sin denunciar las agresiones que sufrimos porque, claramente, desconfiamos de la policía. Y nuestra confianza es algo que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se tienen que ganar. Y actos como estos echan para atrás cualquier avance. Y más cuando su jefe es un hombre homosexual que ignora las llamadas de atención que le da su propia comunidad.

#hemeroteca #homofobia #controlsocial | Marlaska se desentendió de advertencias de abusos policiales contra el colectivo LGTBIQ+

Fernando Grande-Marlaska en un encuentro con colectivos LGTBI+ //

Marlaska se desentendió de advertencias de abusos policiales contra el colectivo LGTBIQ+
'Público' ha tenido acceso a una carta dirigida al director de gabinete de Interior, donde se documenta un hostigamiento sistemático por parte de agentes en zonas frecuentadas por el colectivo. Desde el ministerio se limitan a aconsejar que "cualquier ciudadano que se sienta perjudicado por una presunta mala 'praxis' policial, lo que tiene que hacer es denunciar" ante la propia Policía.
María Martínez Collado, Sato Díaz | Público, 2025-02-13
https://www.publico.es/sociedad/marlaska-desentendio-advertencias-abusos-policiales-colectivo-lgtbiq.html

El Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, tiene constancia desde hace más de tres meses de que hay personas LGTBIQ+ que afirman sufrir una situación de discriminación y acoso sistemático por parte de la Policía Nacional y Local en Madrid. Más de 50 años después de Stonewall, la historia de represión por tener una sexualidad no normativa parece estar repitiéndose. Este mismo lunes, Público sacó a la luz el testimonio de tres personas tras una investigación del Movimiento Marika de Madrid –que lleva años monitorizando este tipo de casos–. Desde Interior insisten en que "cualquier ciudadano que crea, vea, note o se sienta perjudicado por una presunta mala praxis policial, lo que tiene que hacer es denunciar" ante la propia Policía.

Estos testimonios relatan diferentes episodios de detenciones arbitrarias, cacheos humillantes e infiltraciones de agentes en espacios que creían seguros bajo el pretexto de poner fin al narcotráfico. Para las víctimas, se trata de una caza de brujas que criminaliza sus cuerpos y su existencia misma. A pesar de las reiteradas advertencias y peticiones de intervención, la respuesta del Gobierno, sin embargo, ha sido el silencio o la inacción.

Este medio ha tenido acceso a una carta del pasado 4 de octubre de 2024 dirigida a Lorenzo Martínez, director del gabinete del ministro del Interior, Grande-Marlaska, donde se documenta un hostigamiento sistemático por parte de agentes en zonas frecuentadas por personas LGTBIQ+. La misiva describe registros "invasivos y sin justificación", y el uso de "insultos homófobo por parte de la Policía". "En numerosos casos, incluyen tocamientos en zonas íntimas y, en ocasiones, la desnudez parcial en plena calle, lo que constituye una grave vulneración de la dignidad y los derechos de los ciudadanos", recoge el escrito.

Las historias que expusieron a este medio las víctimas, y que ilustran la existencia de estas actuaciones, revelan un engranaje de control que lleva décadas acechando a las disidencias sexuales. Sus relatos dejan ver cómo detrás de cada operativo policial disfrazado de lucha contra las drogas parece existir un sesgo evidente a la hora de determinar quién es sospechoso. "Están jugando con nuestras vidas y con nuestra intimidad para conseguir hacer detenciones a mansalva", declaraba uno de ellos.

"Mientras que las drogas recreativas tradicionales como el MDMA, la cocaína y la marihuana, generalmente asociadas a patrones de consumo de personas heterosexuales y normativas, disfrutan de un rango de tolerancia muy elevado, las drogas emergentes como el speed, la ketamina, el GHB (llamado éxtasis líquido) y las catinonas (comúnmente conocidas como mefedrona) –habituales entre el colectivo LGTBIQ+– son objeto de una criminalización desproporcionada. Esta diferencia de tratamiento no solo es un ejemplo flagrante de discriminación, sino que también ha dado lugar a la apertura de causas penales injustificadas que, en muchos casos, terminan por truncar la vida de personas inocentes", continúa el texto.

La respuesta que ofreció a esta misiva el departamento de Grande-Marlaska, en un correo fechado a 10 de octubre, fue que se denuncien estas prácticas "ante las autoridades competentes y en la forma y lugares previstos por las leyes procesales". Es decir, "ante el abuso de las fuerzas de seguridad del Estado, se recomienda pedir ayuda a los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado", critica en una conversación con este medio la persona que elevó la queja y que prefiere mantener su nombre oculto por temor a las posibles represalias.

‘Público’ ha preguntado al departamento de Grande-Marlaska por esta situación y el equipo de Interior ha insistido en la necesidad de que cada agraviado presente una denuncia por los cauces "correspondientes" para que se proceda a la investigación "pertinente" y se llegue a las conclusiones que "toquen". En todo caso, insisten, "tiene que investigarse y lo lógico es que se presente primero una denuncia". No hay mención a la responsabilidad política.

La constante sensación de amenaza de ser "abordados, humillados y criminalizados" ha dado lugar a un clima agravado de desamparo en parte del colectivo LGTBIQ+. Activistas y defensores de los derechos humanos critican que se "desvíen recursos valiosos" que deberían ser invertidos en "luchar contra amenazas reales", como la violencia contra esta población.

Estas actuaciones se enmarcan en un contexto en el que están saliendo a la luz no pocos casos de policías infiltrados en movimientos sociales. Una serie de prácticas que ponen contra las cuerdas, entre otras cosas, el derecho a la libre asociación y a la libertad de expresión. El ‘modus operandi’ coincide. El Movimiento Marika de Madrid lleva tiempo monitorizando y denunciando testimonios sobre el comportamiento de los agentes. Algunos de ellos describen cómo los policías se hacen pasar por consumidores o personas que están de fiesta, participando de los ‘chill’ –sesión de sexo en grupo en la que a menudo se consumen sustancias psicoactivas–, para luego aprovechar y detener por narcotráfico a las personas que se encuentran allí con sustancias para el consumo propio.

El problema, a juicio de las víctimas, radica en el tipo de abordaje estrictamente punitivo que se ha diseñado para intervenir las drogas y las adicciones. Todas, por ejemplo, alegaron no haber recibido apoyo emocional ni asistencia social cuando fueron detenidas por llevar sustancias para el autoconsumo; y, aunque existen entidades como el Servicio de Asesoramiento a Jueces y Juezas, e Información al Detenido y a su Familia (SAJIAD), declaran que su acceso es limitado –en todos los sentidos, pues quienes han entablado algún tipo de contacto con la entidad se muestran muy críticos con sus enfoques y "desactualización"–. "A nadie del sistema judicial o policial le importa cómo lo estés pasando durante todo un proceso que es bastante chungo", lamentaba uno de los testimonios que hizo público este medio el pasado martes.

#hemeroteca #homofobia | «Cabinas patera» en una sauna gay mortal: «Cada semana sacan un cadáver»

«Cabinas patera» en una sauna gay mortal: «Cada semana sacan un cadáver»
Según han reconocido fuentes de la Policía Nacional a este periódico, «no podemos hacer nada» porque «tienen todo en regla, tanto a nivel sanitario como a nivel administrativo»
María Curiel | El Debate, 2025-01-25
https://www.eldebate.com/sociedad/20250125/cabinas-patera-sauna-gay-mortal-cada-semana-sacan-cadaver_263560.html 

Entrada de la sauna Center //

A las tres y media de la tarde de este miércoles una ambulancia del SAMUR aterriza en la madrileña calle Valverde. «Es una alteración cardiaca, una arritmia», afirma el equipo de Emergencias Madrid a este diario. «Es así todas las semanas», revela una vecina.

«Desde hace un mes la Policía secreta lleva rondando por esta calle, preguntando en todos los locales. Están buscando droga. Desde diciembre hasta ahora siempre hay policía en esta calle. Ambulancia mínimo una vez por semana; policía casi todos los días», asevera esta vecina en conversación con El Debate.

Esta calle, ubicada en pleno corazón de Madrid, alberga una sauna de temática gay, garito reservado exclusivamente para los hombres y que cuenta con servicios 24 horas de sauna vapor, sauna finlandesa, cabinas, sala de cine y bar, según aseguran en su cuenta de Instagram.

«Siempre da problemas. Una vez me encontré en el patio una prostituta con las rodillas ensangrentadas hablando con un chulo que venía de ahí dentro», explica otra mujer que vive en el barrio. «El otro día me paró un señor que iba puesto hasta arriba, como de unos 40 años, que no tenía mala pinta y me dijo en inglés: 'Oye, perdona, es que me han echado de la sauna porque le he tocado el culo a un camarero, pero ha sido sin querer. He perdido un vuelo. ¿Te importa darle al camarero 300 euros para que me vuelva a dejar entrar y a ti te doy 100 pavos?'. Obviamente yo no entraba ahí ni muerta. Consiguió volver a entrar y al segundo le echaron de la sauna y vino la Policía. Y así siempre», relata esta joven vecina de Valverde.

Interior de la sauna
Las patrullas de la Policía Nacional recorren el barrio de forma constante y siempre acaban estacionando frente a este local. «Todas las semanas muere alguien por sobredosis», comentan dos residentes de la zona. «Desde que llevo aquí, ya he visto tres cadáveres», asegura otra vecina a este medio. «Imagino que si la gente se muere a las 3 de la mañana, limpian todo y llaman a la Policía para que levanten el cadáver a las 11, que es cuando yo los he visto», añade.

Según han reconocido fuentes de la Policía Nacional a este periódico, «no podemos hacer nada» porque «tienen todo en regla, tanto a nivel sanitario como a nivel administrativo», se lamentan. Por su parte, trabajadores de la sauna han afirmado a este diario que desconocen si se han sacado cadáveres del local: «Yo no sé nada de eso», ha afirmado uno de ellos. «No sabría decirle por qué viene la Policía», ha añadido.

«Un antro de mala muerte»
«Ha sido la primera vez que he estado este antro por llamarlo de alguna forma. Más que una sauna es un local de ‘cruising’... He estado cerca de 40 minutos. La gente estaba en las cabinas como si fueran cabinas pateras», reza una de las reseñas de Google sobre esta sauna.

«Primera y última vez que voy. Sauna en muy mal estado, sucia, poca higiénica, gente fumando en cabinas. Sin piscina, sauna de vapor o no sé qué era eso, pero muy descuidado, puertas rotas, suelo resbaladizo. Un antro de mala muerte», denuncia públicamente otro cliente. «Puedes comprar drogas, contratar ‘escorts’. La gente no va a por sexo, van a drogarse», explica otro.

«Las reglas de higiene no se cumplen. La gente te propone drogas delante de los empleados, y fuma por todas partes. Servicio de condones / lubricante casi inexistente», dejó escrito otro usuario hace 9 semanas.

Una vecina del barrio ha afirmado, asimismo, a este periódico que «ya solo por sanidad e higiene no podría tener los permisos. Su sistema de ventilación da a la calle. Eso no puede pasar una inspección de sanidad». Por otro lado, relata que «llamé el otro día a la policía porque un chico que venía de la sauna estaba estampándose la cabeza contra una pared».

#libros #franquismo #sexualidad | Sexo en el franquismo

Sexo en el franquismo / Manuel Espín.
Córdoba : Almuzara, 2025 [01-17].
352 p.
Serie: Historia.
/ ES / Libros / ENS / Censura / Control social / Franquismo / Memoria histórica / Moralidad / Patriarcado / Represión / Sexo / Sexualidad

📘 Ed. impresa: ISBN 9788410524996 / 23.95 €
📝 Cita APA-7: Espín, Manuel (2025). Sexo en el franquismo. Almuzara.

La sexualidad en una España que recorría el extraño camino de la represión al destape y donde anidaba la doble moral y la excepción según la procedencia social

‘Inmoralidad’, ‘indecencia’ o ‘pornografía’ fueron palabras muy utilizadas en tiempos en los que se empleaban anodinos eufemismos para términos impronunciables como ‘braga’, ‘pene’, ‘orgasmo’… mientras se ponía el foco sobre la longitud de las faldas y lo que debían tapar los trajes de baño. Tiempos de ridículas censuras en los que se confundían los conceptos de ‘delito’ y ‘pecado’. A partir de una visión transversal y más allá de la anécdota, se analiza una realidad compleja que abarcaba la prostitución, la homosexualidad, las madres solteras, las «queridas», la censura, la pederastia encubierta o las costumbres sexuales de los españoles bajo un sistema estrictamente patriarcal donde la moralidad se circunscribía a los centímetros de piel mostrados, y que afirmaba que los hombres tenían necesidades sexuales distintas a las de las mujeres, cuyo único destino parecía el matrimonio.

De los tiempos de los Congresos Nacionales de la Decencia en playas y piscinas y la persecución policial al nudismo y al bikini, a su forzada autorización; de los grandes burdeles de posguerra a la prostitución de los años sesenta; de aquello de «con Arias-Salgado todo tapado» al «con Fraga hasta la braga»; de las amenazas de excomunión por ver ‘Gilda’, ‘La fe’ o ‘La blanca doble’, a la puesta al día del postconcilio, ‘Sexo en el franquismo’ nos sumerge en un universo de represión en el que casi todo podía ser pecado, donde anidaba la doble moral, el fariseísmo y la excepción según la procedencia social. Un apasionante itinerario de la represión al destape, repleto de sugerentes testimonios sobre una realidad social cuyas derivaciones llegan hasta nuestros días.

😏 Manuel Espín es doctor en Sociología (UNED) y licenciado en Derecho, Ciencias de la Información y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Ha impartido clases, cursos y asignaturas en diversos centros superiores y trabajado en importantes medios de comunicación. Director de más de 300 capítulos de espacios y series para TVE, responsable de diversos programas para la pequeña pantalla, y editor y director, entre otros de La Aventura del Saber. Con más de una docena de participaciones en largometrajes en trabajos de guión, música original, etc., en su mayor parte presentados en festivales internacionales. Dentro del mundo del libro ha venido publicando tanto ficción como no ficción. Entre los últimos, ‘Los años rebeldes. 1966-1969’ (2018), ‘La España resignada. 1952-1960’ (2020) y, más recientemente, ‘Vida cotidiana en la España de la posguerra’ (2022) y ‘La España Ye-yé’ (2023), ambos editados por Almuzara.

#libros #franquismo #migracioninterior | Fronteras de papel : franquismo y migración interior en la posguerra española (1939-1957)

Fronteras de papel : franquismo y migración interior en la posguerra española (1939-1957) / Miguel Díaz Sánchez.
València : Universitat de València, 2024 [11-18].
272 p.
Serie: Història i memòria del franquisme ; 73.
/ ES / Libros / ENS / Control social / Franquismo / Historia – Siglo XX / Memoria histórica / Migración interior / Represión 

🔓 Ed. impresa: ISBN 9788411184359 / 18.50 €
📝 Cita APA-7: Díaz Sánchez, Miguel (2024). Fronteras de papel : franquismo y migración interior en la posguerra española (1939-1957). Universitat de València.

Desde principios del siglo XX, la sociedad española fue consciente del éxodo rural que se daba dentro de sus fronteras y reflexionó sobre ello desde diversos ámbitos -económicos, culturales, sociales y políticos-. En la actualidad, la comprensión de este fenómeno se inscribe dentro de los debates surgidos al abrigo de movimientos sociales y políticos que han categorizado esta problemática bajo conceptos como 'España vacía' o 'España vaciada'. Aunque su traslación al ámbito académico también ha sido fructífera, la presente monografía pretende cubrir uno de los periodos menos analizados y conocidos dentro de esta corriente de estudio: el periodo autárquico de la dictadura franquista, que supuso el preludio de la "gran migración interna" española. Unos años escasamente "digeridos" por la memoria popular española en los que la restricción a la movilidad por motivaciones políticas y la deportación de personas migrantes a sus localidades de procedencia fueron aspectos dominantes en la gobernanza aplicada a la migración interior, lo que transformó la acción migratoria de miles de españoles y españolas en un acto de confrontación con la dictadura franquista.