Una de las prioridades del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su primera semana en el cargo, ha sido
fulminar las políticas de diversidad, igualdad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) de la Administración federal. El republicano no se contenta con eso. La ofensiva conservadora se dirige también contra las compañías privadas que aplican esos criterios. Algunas han dado su brazo a torcer sin esperar a que Trump llegase a la Casa Blanca, pero otras mantienen sus principios. La junta de accionistas de Costco rechazó este jueves con un 98% de los votos, según los datos provisionales, una propuesta para que diese la espalda a esos criterios.
La propuesta había sido presentada por una organización conservadora que la ha estado promoviendo para su votación en las juntas de accionistas de numerosas empresas cotizadas. Se trata del National Center for Public Policy Research, que ha lanzado una iniciativa con el nombre de Free Enterprise Project (FEP) para combatir esas políticas. La organización esgrime como argumento
la sentencia del Tribunal Supremo de 2023 que declaró inconstitucional la discriminación positiva por motivos raciales en el acceso a las universidades y la posibilidad de demandas. “Está claro que la DEI entraña riesgos litigiosos, de reputación y financieros para la empresa y, por tanto, riesgos financieros para los accionistas”, afirmaba la argumentación de la propuesta.
La compañía ha renombrado su programa DEI por el de Personas y Comunidades, pero los activistas conservadores aseguraban que “poner una nueva etiqueta a las prácticas discriminatorias no protege a Costco ni a sus accionistas de estos riesgos”. Criticaban el compromiso con la equidad, su programa de diversidad, que la compañía parece seguir teniendo en cuenta la raza y el sexo en la contratación y la promoción, y que sigue aportando dinero de los accionistas a organizaciones “que promueven la agenda discriminatoria de la DEI”.
“Con 310.000 empleados, Costco probablemente tiene al menos 200.000 empleados que son víctimas potenciales de este tipo de discriminación ilegal por ser blancos, asiáticos, hombres o heterosexuales. En consecuencia, incluso si solo una fracción de esos empleados presentara una demanda, y solo algunas de ellas tuvieran éxito, el coste para Costco podría ser de decenas de miles de millones de dólares”, amenazaba en su propuesta, que pedía un informe sobre los riesgos que entraña la DEI para la empresa.
Defensa apasionada El consejo de administración de Costco pidió a los accionistas votar en contra de la propuesta con una extensa y apasionada defensa de sus políticas. “El éxito de Costco Wholesale se basa en el servicio a nuestros principales grupos de interés: empleados, miembros y proveedores. Nuestros esfuerzos en materia de diversidad, equidad e inclusión siguen nuestro código ético”, empezaba.
“Para nuestros empleados, estos esfuerzos se basan en la inclusión, es decir, en que todos nuestros empleados se sientan valorados y respetados. Nuestros esfuerzos en materia de diversidad, equidad e inclusión recuerdan y refuerzan con todos en nuestra empresa la importancia de crear oportunidades para todos”, explicaba, asegurando que esos esfuerzos mejoran su capacidad para atraer y retener a los empleados que contribuirán al éxito del negocio, al acoger a miembros de todas las profesiones y condiciones sociales. La diversidad, decían, aporta originalidad y creatividad a las ofertas de mercancías y ayuda a conocer mejor los gustos y preferencias de los clientes. Por esos mismos motivos, defendía la diversidad en la base de proveedores.
La empresa asegura que cumple la ley y que todas las decisiones de reclutamiento, contratación, promoción, asignación, formación, despido y otras condiciones de empleo se toman “sin discriminación ilegal por motivos de raza, color, origen nacional, ascendencia, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, religión, edad, embarazo, discapacidad, lesión relacionada con el trabajo, condición de militar o veterano cubierto, ideología o expresión política, información genética, estado civil u otro estado protegido”.
“Creemos que la solicitud de un estudio por parte del proponente refleja un sesgo político con el que no estamos de acuerdo y que un mayor estudio e informe no sería un uso eficiente de los recursos de la empresa”, concluía.
La decisión de los accionistas ha sido rotunda, con un rechazo del 98% a la propuesta. “Aunque estamos decepcionados por el resultado, tampoco nos sorprende, dadas las fuerzas alineadas en nuestra contra”, dijo tras la derrota
el director del FEP , Stefan Padfield, a través de un comunicado. “Estas fuerzas incluyen a los gestores de activos en conflicto y a los asesores de voto que se benefician de la ESG y la DEI”, que señala a las firmas de inversión y asesoramiento de voto BlackRock, Vanguard, State Street, ISS y Glass Lewis, a las que denomina las Cinco Grandes.
El grupo conservador no tira la toalla, “Afortunadamente, la verdad sobre la DEI está siendo expuesta como nunca antes, y es solo cuestión de tiempo hasta que la inherente naturaleza destructora de valor para el accionista de la DEI obligue incluso a directivos como los de Costco a volver a la neutralidad y centrarse en crear valor proporcionando grandes productos y servicios en lugar de participar en proyectos de ingeniería social neomarxistas y neorracistas”, concluye Padfield.
Las políticas de diversidad, igualdad e inclusión nacieron al calor de la discriminación positiva o acción afirmativa para favorecer a minorías infrarrepresentadas. Su aplicación se disparó con los movimientos #MeToo y Black Lives Matter, más aún tras el asesinato por la policía de George Floyd, que fue un aldabonazo para la búsqueda de justicia racial. Sin embargo, tras
la decisión del Tribunal Supremo sobre el acceso a las universidades, grupos conservadores empezaron a presentar demandas contra empresas con políticas DEI. A eso se unió el año pasado la presión desde las redes sociales de algunos activistas, entre los que el más destacado es Robby Starbuck, que señaló con éxito a empresas como Tractor Supply, John Deere,
Ford, Harley-Davidson, Lowe’s, Caterpillar y Molson Coors, entre otras.
En paralelo, Donald Trump ganó las presidenciales. Además, nombró como subdirector de gabinete para políticas a Stephen Miller, enemigo acérrimo de las políticas de diversidad e inclusión. Era la señal que faltaba. El gigante Walmart, con 1,6 millones de empleados,
decidió dar marcha atrás a sus políticas de diversidad, igualdad e inclusión a finales de noviembre. Decidió no renovar un compromiso de cinco años para un centro racial de equidad creado en 2020 tras el asesinato de George Floyd, retirarse de un destacado índice de derechos de los homosexuales y dejar de dar prioridad a proveedores por razones de raza o género, entre otras medidas. “Esta es la mayor victoria de nuestro movimiento para acabar con el wokismo en las empresas estadounidenses”, tuiteó Starbuck, que había señalado a Walmart y mantenido conversaciones con la compañía.
Mientras,
Texas y otros 10 Estados republicanos demandaron a los gigantes de la inversión BlackRock, Vanguard Group y State Street Corporation por su inversión sostenible. Blackrock anunció la semana pasada que anunciaba la iniciativa Net Zero Asset Managers (NZAM) que apoyaban el objetivo de unas emisiones cero netas de carbono para 2050.
Texas, abanderado conservador de la guerra cultural,
lanzó en junio el proyecto de una nueva Bolsa en Dallas para compañías molestas con la creciente regulación en pro de la diversidad que propugnan los mercados de Nueva York. El Nasdaq estableció
una norma de composición de los consejos que exige dar explicaciones si no se tiene a una mujer y a un miembro de una minoría infrarrepresentada o del colectivo LGTB en el consejo, aunque luego fue anulada en los tribunales.
Recientemente, McDonald’s abandonó algunas de sus políticas de diversidad e igualdad, citando expresamente la sentencia del Supremo sobre las universidades. La victoria más simbólica para los conservadores es
el abandono por parte de Meta de sus prácticas DEI, anunciada la misma semana en que Mark Zuckerberg acababa con la verificación de contenidos en la red social.
La última en dar un paso atrás ha sido este mismo viernes la cadena de hipermercados Target, que ha anunciado la finalización de un programa de cinco años que estableció para ayudar a los empleados negros a construir carreras significativas y para mejorar la experiencia de los compradores negros tras el asesinato policial de George Floyd en 2020. El minorista con sede en Minneapolis afirma que tampoco renovará los objetivos de DEI que suele fijar cada tres años.
En la temporada de juntas de accionistas de este año se esperan muchas más propuestas relativas a las políticas de diversidad, igualdad e inclusión. El consejo de Apple ha recomendado
votar en contra de una incluida en el orden del día de su próxima junta, presentada también por el National Center for Public Policy Research. La defensa que hace el consejo de Apple de sus políticas es, en todo caso, menos apasionada que la de Costco. “La propuesta es innecesaria, ya que Apple ya cuenta con un programa de cumplimiento bien establecido y la propuesta intenta restringir de forma inapropiada la capacidad de Apple para gestionar sus propias operaciones comerciales ordinarias, personas y equipos, y estrategias comerciales; y nuestro Consejo de Administración y la dirección mantienen una supervisión activa de los riesgos legales y reglamentarios y del cumplimiento de nuestro negocio global”, argumenta.
