Mostrando entradas con la etiqueta Derechos. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Derechos. Mostrar todas las entradas

martes, 21 de abril de 2026

#hemeroteca #lgtbifobia | La justicia de la UE sentencia que la ley anti-LGTBI de Hungría viola los valores de la Unión

Imagen del último orgullo prohibido por Orbán y que resultó ser el más masivo en Budapest //

La justicia de la UE sentencia que la ley anti-LGTBI de Hungría viola los valores de la Unión 

Es la primera vez que el TJUE condena a un Estado por atentar contra los principios fundacionales de los Veintisiete
Pablo León | El País, 2026-04-21
https://elpais.com/sociedad/lgtb/2026-04-21/la-justicia-de-la-ue-determina-que-la-ley-anti-lgtbi-de-hungria-viola-los-valores-de-la-union.html

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha condenado a Hungría por su normativa en contra de las personas LGTBI+. El máximo órgano de justicia de la Unión ha publicado este martes su fallo con respecto a la “ley de propaganda LGTBI”, que fue aprobada en 2021 por el Ejecutivo del ultraderechista Viktor Orbán. “Esta ley es contraria a la propia identidad de la Unión como ordenamiento jurídico común en una sociedad caracterizada por el pluralismo”, ha argumentado el TJUE. “Hungría no puede invocar su identidad nacional para justificar la adopción de una ley que vulnera los valores europeos”, ha añadido el organismo judicial, que condena por primera vez a un Estado por violar los principios fundacionales de los Veintisiete.

Las personas LGTBIQ+ siempre han estado en la diana de Orbán y su partido, el ultraconservador Fidesz, que ha controlado el Gobierno durante 16 años. Aunque el 12 de abril fueron derrotados por el conservador y proeuropeo Péter Magyar, que consiguió aglutinar el apoyo de la oposición, el legado ultra y de deterioro del Estado de derecho de Fidesz ahora mismo sigue vigente. La inquina del exprimer ministro ultraconservador hacia las personas LGTBIQ+ se intensificó a partir de 2021 y tuvo su máxima expresión en el veto gubernamental al Orgullo del año pasado. La base normativa de esa prohibición era, precisamente, la ley de propaganda anti-LGTBI. Esta legislación imitaba una similar promovida en Rusia por Vladímir Putin, de quien Orbán siempre ha sido uno de los principales aliados en la UE. La aplicación de la norma de inspiración rusa llevó a modificar otras normativas, como la referente a la protección de la infancia.

Para el TJUE, se trata de “un conjunto coordinado de medidas discriminatorias” que vulneran, “de manera manifiesta y especialmente grave”, los derechos de las personas LGTBIQ+. La legislación húngara “estigmatiza y margina” al colectivo, han argumentado los jueces en su fallo, “tachándolas de perjudiciales para el desarrollo físico, mental y moral de los menores debido únicamente a su identidad o su orientación sexuales y (...) las asocia con la delincuencia pedófila, lo que puede reforzar esta estigmatización y fomentar comportamientos de odio hacia ellas”.

El Ejecutivo ultraderechista, aliado de Vox en la UE, acabó vetando en el espacio público cualquier mención a la diversidad, además de promover la censura de libros que trataran el asunto o en los que hubiera personajes no normativos. En marzo del año pasado, Orbán expandió la ley a una nueva esfera: “Ya no solo limita la libertad de expresión, ahora también restringe el derecho a reunirse. Y de nuevo, lo justifica en la protección de los derechos de los niños”, explicaba entonces Eszter Polgári, abogada y responsable jurídica de Háttér Society, la principal organización de defensa de derechos del colectivo de Hungría.

El Orgullo, al ser considerado una reunión LGTBI+, fue prohibido. Finalmente, entre fuertes medidas de seguridad, amenazas de extrema derecha y una retórica incendiaria por parte del Ejecutivo de Orbán, la cita se celebró. De hecho, fue el Orgullo más masivo de la historia del país al congregar a cientos de miles de personas, además de decenas de políticos de la UE, a los que sumaron los de numerosos Estados miembros, como la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz.

“Hungría ha violado el derecho de la Unión en varios planos: el Derecho primario y secundario, relativo a los servicios en el mercado interior; la Carta de derechos fundamentales de la UE (el artículo 2 del Tratado de la UE); y el Reglamento general de protección de datos (RGPD)”, ha determinado este martes el TJUE. Su decisión responde a un recurso que interpuso la Comisión Europea en diciembre de 2022, el año siguiente de la aprobación de la ley de propaganda.

Esa norma, señala el organismo judicial europeo, parte de la premisa de que toda representación de la realidad LGTBIQ+ “puede suponer un perjuicio para el interés superior del menor”. “Este enfoque revela una preferencia por determinadas identidades y orientaciones sexuales en detrimento de otras, que quedan por ello estigmatizadas, lo cual es incompatible con las exigencias que se derivan de la prohibición de la discriminación por razón de sexo y orientación sexual”, argumenta el fallo. El modelo impuesto por Orbán se podría definir como lgtbifobia de Estado. “Las restricciones en cuestión no parecen en modo alguno justificadas por el objetivo de promover el interés superior del menor”, añaden los jueces.

El fallo coincide con los argumentos de la abogada general del TJUE, Tamara Ćapeta. “Hungría no ha aportado prueba alguna del posible riesgo de daño que el contenido que retrata la vida cotidiana de las personas LGTBI+ pudiera suponer para el desarrollo saludable de los menores”, ha defendido la abogada. “Dichas modificaciones se basan en un juicio de valor según el cual la vida homosexual y no cisgénero no tiene el mismo valor o estatus que la vida heterosexual y cisgénero”, ha incidido Ćapeta.

Además, el TJUE, que ha condenado a pagar las costas del proceso a Hungría, ha detallado que la normativa húngara atenta contra la ley general de protección de datos, pues amplia el acceso a registros de antecedentes penales de las personas del colectivo, y también contra la libertad de prestar y recibir servicios de comunicación audiovisual, al limitar la posibilidad de que los medios difundan contenidos LGTBIQ+.

Este caso, uno de los más importantes de la historia de la UE basado en la vulneración de derechos fundamentales, ha tenido también el respaldo del Parlamento Europeo. Por su parte, hasta 20 Estados miembros exigieron a Hungría la anulación de la ley de propaganda y los tentáculos de sus enmiendas. Los países que censuraron la norma húngara fueron Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Eslovenia, España y Suecia. Todos ellos publicaron un comunicado diplomático en mayo del año pasado. No se unieron al mismo, además de Hungría, Italia, Polonia, Bulgaria, Rumania, Eslovaquia ni Croacia.

“Este es el primer test de fuego de la comunidad internacional con respecto al nuevo Gobierno de Péter Magyar para pedir cambios más allá de lo cosmético”, ha declarado Esther Martínez, de Reclaim, organización de defensa de derechos civiles en la UE, tras conocer el fallo del TJUE. Actualmente, la Comisión Europea bloquea 18.000 millones de euros para Hungría debido al deterioro sistemático del Estado de derecho promovido por Orbán. Para descongelarlos, la Comisión reclama reformas legislativas de calado.

martes, 31 de marzo de 2026

#hemeroteca #trans | La Federación Estatal LGTBI+ denuncia que los discursos de odio contra las personas trans invisibilizan su situación de vulnerabilidad

La Federación Plataforma Trans se concentra en Madrid //

La Federación Estatal LGTBI+ denuncia que los discursos de odio contra las personas trans invisibilizan su situación de vulnerabilidad

Con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Trans (31 de marzo)
FELGTBI+, 2026-03-31
https://felgtbi.org/blog/2026/03/31/la-federacion-estatal-lgtbi-denuncia-que-los-discursos-de-odio-contra-las-personas-trans-invisibilizan-su-situacion-de-vulnerabilidad/

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) denuncia que los discursos de odio que señalan cada vez más a las personas trans desde la esfera pública y las redes sociales invisibilizan su situación de especial vulnerabilidad, así como las discriminaciones a las que se siguen enfrentando y que requieren de políticas públicas. Así lo manifiesta con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Trans, que se conmemora cada 31 de marzo.

La presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, alerta de que el señalamiento y la deshumanización que fomentan los discursos de odio hacia estas personas ocultan su verdadera realidad y sus situaciones de precariedad. Y es que, tal como Iglesias comparte, “casi la mitad de las personas trans se encuentran en riesgo de pobreza”. 

El protocolo de acompañamiento trans en la empresa ya es una realidad
“Hoy podemos decir que el protocolo de acompañamiento trans en la empresa ya es una realidad, tras su publicación oficial por parte del Ministerio de Trabajo. Se trata de un hito histórico y pionero fruto del trabajo conjunto entre el ministerio, los sindicatos y la Federación Estatal LGTBI+. Con esta medida, las compañías podrán acompañar de forma respetuosa al personal de su plantilla que decida transicionar en su entorno laboral”, explica Iglesias.

“Gracias a este protocolo, las personas trans que decidan hacerse visibles en sus espacios de trabajo gozarán de mayor protección. Por eso, es necesario que las empresas lo implementen para acabar con la discriminación y la precariedad que aún sufren las personas trans y que las expone a mayores tasas de violencia”, expone la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+.

“Y es que muchas personas trans han sido expulsadas de sus casas únicamente por ser, porque la transfobia es un problema estructural que requiere de políticas públicas para ser erradicado. Este rechazo lleva a muchas personas trans al sexilio y al sinhogarismo. De hecho, dos de cada 10 personas trans han tenido que abandonar su hogar debido a la transfobia y una de cada 10 ha tenido que dormir en la calle”, alerta Iglesias.

Los derechos de las personas trans aún no están garantizados: falta desarrollo e implementación
“Por eso, además de avanzar en materia laboral, urge la aprobación de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad, para frenar el odio que se cuela en nuestras casas y en nuestros trabajos e incrementa una hostilidad injustificada contra personas que ya viven situaciones complicadas”, reivindica.

Por su parte, Aike Martín, coordinadore del Grupo Trans de la Federación Estatal LGTBI+, recuerda que “las leyes no solo deben aprobarse, deben desarrollarse y aplicarse”.

“Reconocer los derechos de las personas trans hace nuestras vidas más dignas, pero también hace nuestra sociedad más justa. Cuando una sociedad amplía el reconocimiento de derechos humanos, aumenta su valor democrático para todas las personas que la componen”, declara.

Sin embargo, tal y como explica Martín, “los discursos de odio invisibilizan en la esfera pública el hecho de que nuestros derechos siguen sin estar garantizados”. En este sentido, denuncia que “las personas trans migrantes residentes en nuestro país continúan sin poder ver reflejada su identidad en la documentación oficial. Esto vulnera tanto la normativa comunitaria como la Ley LGTBI”.

Además, también señala que “las identidades no binarias seguimos sin ser reconocidas para poder hacer frente a la invisibilidad, la ridiculización, las violencias administrativas y médicas y la desinformación sobre nuestras identidades. No tenemos referentes ni espacios seguros e inclusivos. También se niega la existencia de las infancias y las adolescencias trans y se les priva de una educación inclusiva y respetuosa con sus realidades”.
 
Y TAMBIÉN…
>
Cientos de personas se manifiestan en Madrid para exigir que pare "la violencia extrema" hacia las personas trans

Cientos de personas --250 según confirma Delegación del Gobierno en Madrid-- se han manifestado este sábado en la capital para exigir que pare "la violencia extrema" y "los discursos de odio" hacia las personas transexuales en el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans que se celebra el próximo martes 31 de marzo, como han expresado desde la organización de la protesta.
Europa Press | Teleprensa, 2026-03-28
https://www.teleprensa.com/articulo/nacional-3/cientos-personas-manifiestan-madrid-exigir-que-pare-violencia-extrema-personas-trans/202603282002242380267.html 

jueves, 26 de marzo de 2026

#hemeroteca #identidadnobinaria | Las personas no binarias se manifiestan en una decena de ciudades por la falta de reconocimiento a su identidad

Concentración de personas no binarias en Sevilla, este jueves //

Las personas no binarias se manifiestan en una decena de ciudades por la falta de reconocimiento a su identidad

La movilización de este colectivo, convocada por la Red Estatal Enebé, se ha realizado ante las sedes del Registro Civil
Pablo León | El País, 2026-03-26
https://elpais.com/sociedad/lgtb/2026-03-26/las-personas-no-binarias-se-manifiestan-por-primera-vez-a-nivel-nacional-ante-la-falta-de-reconocimiento-a-su-identidad.html

“Fuera del armario; orgullo no binario. Persona NB, ni hombre ni mujer”. Una treintena de personas, la mayoría jóvenes, se ha concentrado este jueves frente a la sede del Registro Civil en Madrid, en la calle Montera. Otros tantos lo han hecho a las puertas del mismo organismo en Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Valladolid, Murcia, Santander, Tortosa, Huelva y Vic. En total, una decena de protestas con el mismo lema ('Existimos, resistimos') para reclamar los derechos de las personas no binarias, aquellas cuyas identidades y/o expresiones sexuales o de género no encajan en las categorías tradicionales de hombre o mujer, de masculino o femenino.

“La situación en España es inaceptable. La falta de reconocimiento de nuestras identidades afecta a nuestra integridad física y mental, la privacidad y el acceso a la salud o al trabajo, y por ende el acceso pleno a derechos fundamentales y a una vida digna”, ha denunciado Arka, de 25 años, de la Red Estatal Enebé (no binarie), desde la concentración de Madrid. “No nos toman en serio. Pero no somos una moda, somos una realidad política y humana”, ha agregado.

La reivindicación de este jueves, de gran relevancia para el colectivo pues ha sido a nivel nacional y de las personas no binarias en solitario, llega tres años después de que asistieran a cómo la 'Ley trans' (la 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI) las dejara fuera de su ámbito de aplicación. “Ley trans estatal, binarismo colonial”, han clamado los manifestantes en Madrid. Para los colectivos de la Red Estatal Enebé, “la ley de 2023, celebrada como un avance hacia la autodeterminación de género, dejó fuera a las identidades no binarias, limitando la autodeterminación a dos opciones: hombre o mujer. Eso no es autodeterminación real”.

“El reconocimiento de las identidades no binarias es un derecho fundamental respaldado por la ONU”, han remarcado en el manifiesto de la protesta. En julio del año pasado, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas mostró su “preocupación” porque la 'Ley trans' no reconociera a las personas no binarias, pues las expone a “situaciones de discriminación laboral, educativa, sanitaria, o en el espacio público”.

“Se están violando nuestros derechos garantizados tanto en la Constitución Española como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, han insistido desde Enebé, que se fundó en 2024. Así, reclaman a los Gobiernos que ofrezcan opciones de género alternativas ―como X o el denominado tercer género―, como ya hacen Argentina, Canadá, Alemania, Dinamarca o algunos Estados de EE UU. En resumen, piden un reconocimiento pleno de su realidad en todos los ámbitos legales y administrativos; la no imposición de marcadores de género en el certificado de nacimiento; o el establecimiento de un proceso administrativo que permita añadir otra opción que no sea ni hombre ni mujer.

“Hace tres años, la política nos dejó de lado, pero también, de alguna manera, los colectivos LGT”, ha lamentado Alana Speck, de 61 años. “Dijeron que no iban a dejar a nadie atrás y al final nos ocurrió a nosotres. Nos sentimos abandonades”, ha agregado en conversación telefónica desde Sevilla, donde se ha manifestado. Speck, de origen alemán ha coordinado la protesta en la capital andaluza, tiene reconocido ese tercer género en sus documentos. No solo en su país de origen, sino también en España. “Sin embargo, no me la reconocen en la Seguridad Social o en la sanidad”, ha matizado.

“Sufrimos muchísimas discriminaciones en nuestra vida cotidiana y también violencias. Además, tenemos necesidades específicas y al no haber datos ni estadísticas sobre nosotres, quedan olvidadas”, ha remarcado Speck, “si no existimos legalmente, somos invisibles en todos los aspectos”. Ante los huecos dejados por la 'Ley trans', en abril del año pasado, Sumar presentó una Proposición de Ley en el Congreso para que se reconocieran los derechos de las personas intersexuales y no binarias. La coalición de izquierdas, socia minoritaria del Gobierno, planteó la modificación de 15 artículos de esa norma. La iniciativa quedó ahí.

“Es alarmante que más del 80% de las personas no binarias evitemos espacios por miedo a ser discriminades, acosades o a sufrir violencias. Esto nos obliga a escondernos para protegernos”, ha ahondado Arka desde Madrid. Casi nueve de cada diez personas no binarias ocultan su identidad ―practican el 'cispassing'; es decir, se codifican como hombre o mujer― en el ámbito sanitario. Además, un 32% ha sufrido discriminación laboral, según datos de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

“En el fondo, estamos cuestionando el sistema binario género, algo que es clave en esta sociedad”, ha explicado Speck. “Cuando tú miras a una persona, lo primero que haces es ubicarla como hombre o mujer, con todo el peso, discriminaciones y jerarquía que eso conlleva. Nosotres rompemos ese binarismo y planteamos un cambio social profundo. Eso hace que sea más difícil que se nos reconozca”, ha incidido. “Ya que desde otros colectivos no se nos ha representado adecuadamente, hemos tenido que organizarnos nosotres. Que haya habido convocatorias en diez ciudades ya me parece todo un éxito”.

martes, 24 de marzo de 2026

#hemeroteca #violenciaintragenero | El colectivo LGTBI de Vigo lanza una investigación pionera sobre violencia entre parejas formadas por mujeres

Una manifestación del orgullo crítico en Vigo //

El colectivo LGTBI de Vigo lanza una investigación pionera sobre violencia entre parejas formadas por mujeres 

Una subvención europea permite a Nós Mesmas lanzar uno de sus proyectos más ambiciosos de su historia. También incluye atención jurídica y psicológica gratuita a personas homosexuales y trans.
Carlos Ponce | Faro de Vigo, 2026-03-24
https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2026/03/24/colectivo-lgtbi-vigo-lanza-investigacion-128350237.html 

El colectivo LGTBI Nós Mesmas, a través de 'EL*C Eurocentralasian Lesbian Community', ha conseguido una subvención de 30.000 euros de la Unión Europea que le permite lanzar el que sin duda es uno de los proyectos más ambiciosos de toda su historia. Después de llamar sin éxito a distintas puertas de administraciones en Galicia, la financiación llega de Europa y promete ser un antes y un después para las personas homosexuales y trans de Vigo.

La actuación principal consistirá en una investigación de violencia intragénero, es decir, aquella que, en sus diferentes formas, se produce en el seno de las relaciones afectivas y sexuales entre personas del mismo género. Constituye un ejercicio de poder cuya finalidad es dominar y controlar a la víctima, ya sea con maltrato físico y psicológico, especialmente para las mujeres lesbianas.

«En Galicia no existen investigaciones sobre este tema así que para nosotras es muy importante, porque también hay violencia entre parejas por ejemplo de lesbianas y nadie habla de ello», asegura la presidenta de Nós Mesmas y educadora social, Elisabet Pérez. La idea es recabar datos y presentarlos públicamente en los próximos meses para poner cifras a este escenario que apenas tiene espacio en el debate público. La violencia entre parejas del mismo género es una realidad silenciada que atraviesa a muchas personas del colectivo, pero que pocas veces se visibiliza o se atiende adecuadamente. Las investigaciones concretamente se centran en parejas formadas por dos mujeres.

Pero el proyecto de Nós Mesmas va mucho más allá. Y es que esa subvención europea también permite a la asociación ofrecer servicios gratuitos al colectivo LGTBI. Entre ellos, la asesoría jurídica para defender sus derechos frente a cualquier tipo de violencia y el acompañamiento psicológico especializado para víctimas en un espacio «libre de prejuicios cis-heteronormativos». Nós Mesmas también se encuentra ya preparando la segunda edición del festival cultural que busca visibilizar la realidad de las mujeres lesbianas en la sociedad, al entender que está silenciada en prácticamente todos los ámbitos sociales.

La asociación entiende que recibir estos fondos europeos es, por un lado, un reconocimiento a la vulnerabilidad específica que afronta el colectivo y, por otro, una denuncia silenciosa a la falta de servicios especializados en esta materia en Galicia. «No se trata solo de gestionar recursos, sino también de asegurar que ninguna persona no binaria o mujer LBT tenga que explicar su identidad antes de ser atendida por una violencia sufrida», apuntan.

Educar en las aulas contra la LGTBIfobia
Lo cierto es que Nós Mesmas no ha dejado de luchar, desde su creación, por defender los derechos de todo el colectivo LGTBI tanto de Vigo como del conjunto de Galicia. Otro de los proyectos más importantes y que han impulsado durante una década son las jornadas de tratamiento de la diversidad afectiva, sexual y de género en las aulas. Están dirigidas a profesores, psicólogos o educadores sociales de Vigo y su área y siempre de forma gratuita. El objetivo es formar a profesionales que están en contacto con niños y jóvenes sobre realidad no binaria, las consecuencias de la lgtbifobia social y cómo detectar estos casos y la puesta en disposición de todo tipo de recursos para ello.

La propuesta formativa a los docentes de Nós Mesmas se lleva a cabo desde escuelas infantiles, con niños de tres años, hasta centros de Formación Profesional y está abierta a todo el profesorado interesado, teniendo preferencia aquellos pertenecientes a la educación pública o concertada de Galicia. Y es que entienden que lo importante es educar desde edades tempranas en diversidad de género y afectivo-sexual, para evitar precisamente la homofobia o la transfobia.

lunes, 16 de marzo de 2026

#hemeroteca #lgtbi #politica | Madrid exige la dimisión del secretario LGTBI del PSOE en Valencia que criticó a los homosexuales de derechas

El secretario LGTBI del PSOE en Valencia, Damián López //

Madrid exige la dimisión del secretario LGTBI del PSOE en Valencia que criticó a los homosexuales de derechas
El delegado de Políticas Sociales ha pedido a la izquierda madrileña que condene el mensaje en el que el asesor socialista cuestionaba que las personas del colectivo puedan votar a la derecha.
Héctor González | El Periódico de España, 2026-03-16
 
El polémico tuit de Damián López, el secretario LGTBI del PSOE en el Ayuntamiento de Valencia, sigue dando que hablar. El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad de Madrid, José Fernández, ha exigido este lunes su dimisión tras el mensaje en el que cuestionaba que las personas del colectivo puedan votar a partidos de derechas.

La controversia se originó la semana pasada cuando un usuario homosexual publicó un mensaje en el que cuestionaba lo que consideraba un intento de monopolio ideológico por parte de la izquierda sobre la comunidad LGTBI: “Aprendan que ser gay no es una deuda moral con la izquierda”. En respuesta, López escribió que “habría que prohibirle a todos estos gays que utilicen los espacios conquistados”.

Las reacciones al mensaje del asesor socialista no tardaron en llegar y algunos usuarios calificaron la declaración de “nazi” y contradictoria con los principios de libertad que dice defender el activismo LGTBI. Asimismo, la red social propiedad de Elon Musk eliminó el tuit por "motivos legales en España".

“¿Los que pensamos distinto no tenemos derecho por ser gays y votar al Partido Popular o ser de derechas?”, ha lanzado Fernández durante la Comisión de Políticas Sociales, Familia e Igualdad celebrada este lunes.

El delegado ha defendido que la orientación sexual no debería condicionar la libertad política de los ciudadanos y ha señalado que mensajes de este tipo transmiten “odio”. Por ello, ha pedido a los representantes de la izquierda madrileña que condenen dichas manifestaciones.

#hemeroteca #lgtbi #derechos | Dos de cada tres personas LGTBI ven peligrar sus derechos con un gobierno ultraconservador

Punto informativo LGTBI+ del Ajuntament de Berga //

Dos de cada tres personas LGTBI ven peligrar sus derechos con un gobierno ultraconservador 

Los activistas alertan que las personas del colectivo con mayor precariedad son también quiénes están más expuestas a violencias y tienen mayor percepción de riesgo
EFE | El Periódico, 2026-03-16
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20260316/lgtbi-derechos-peligro-gobierno-ultraconservador-128030110

El 65 % de las personas LGTBI consideran que la llegada al poder de un gobierno ultraconservador pondría en riesgo sus derechos, cifra que asciende al 68 % en el caso de las mujeres del colectivo.

Son datos del informe 'Estado LGTBI+ 2026 de la Federación Estatal LGTBI+', elaborado por la consultora 40DB y presentado este lunes por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+).

El mayor miedo expresado por las personas LGTBI+ ante el ascenso de los movimientos ultraconservadores al poder es la pérdida de derechos como colectivo (65 %), seguido de temores más concretos como ver mermada la protección del colectivo frente al odio y/o la violencia (44,5 %) y que peligre su derecho a contraer matrimonio (43,5 %) o declararse pareja de hecho (42 %).

El 41 % cree que le repercutiría a la hora de ver reconocida a su familia, el 40,5 % considera que se vería afectada la capacidad de una pareja LGTBI+ para adoptar y el 40 % ve peligrar la protección a las infancias y adolescencias LGTBI+, añade la encuesta, realizada a 800 personas del colectivo mediante entrevistas 'online' entre el 29 de enero y el 11 de febrero.

Otros miedos expresados por las personas LGTBI+ son el reconocimiento como madre de la mujer no gestante en una pareja lesbiana (38,6 %), el acceso a los recursos sanitarios públicos para la reproducción asistida o el reconocimiento administrativo de las personas trans (ambos con un 38 %).

Entre el electorado LGTBI+ progresista más de ocho de cada diez personas considera que la llegada al poder de un gobierno ultraconservador pondría en riesgo sus derechos, aunque también lo cree un 33 % de los votantes del PP y un 22 % de los de Vox.

La presidenta de la federación, Paula Iglesias, ha remarcado que quienes más percepción del riesgo experimentan son las mujeres del colectivo, junto a las personas trans y no binarias, las jóvenes y quienes viven en entornos rurales. "Son precisamente la parte del colectivo que más discriminación sufre, peor situación socioeconómica enfrenta y más limitado tiene el acceso a los recursos. Existe, por tanto, una relación entre mayor precariedad y exposición a violencias y mayor percepción del riesgo", ha subrayado.

La percepción del riesgo moviliza al votante
Por su parte, la responsable de investigación de la federación, María Rodríguez, ha incidido en que la apreciación del riesgo también moviliza, ya que "hay una relación directa entre la creencia de la llegada de un gobierno ultraconservador y la intención de voto". Rodríguez ha destacado que el informe desvela que se ha pasado del 52,8 % de las personas que no votarán con toda seguridad al 70,2 % de quienes votarán con total seguridad.

Según la encuesta, de cara a unas posibles elecciones generales las personas LGTBI+ votarían mayoritariamente a las fuerzas progresistas: un 53,8 % de los votos estarían concentrados en PSOE, Sumar y Podemos; un 30,1 % sería para PP y Vox; y el resto se reparte entre otras fuerzas autonómicas o independentistas. Además, según la estimación de escaños, si solo votaran las personas del colectivo, las fuerzas progresistas ganarían por mayoría absoluta con 202 escaños. Los partidos por los que más simpatía sienten son el PSOE (25,5 %), seguido de Sumar (12,6 %). Con un 10,5 %, Vox se sitúa en tercer lugar, por delante de PP (9,7 %) y Podemos (9,4 %).

"Esto puede deberse a factores familiares, culturales o económicos pero incluso entre el electorado LGTBI+ del PP un 33 % considera que la llegada de un gobierno ultraconservador pondría en riesgo sus derechos", ha explicado el director de investigación de 40dB, Carlos Domínguez.

Iglesias ha manifestado que en anteriores ocasiones las personas LGTBI+ han demostrado que "la sociedad civil organizada y la movilización ciudadana, junto con el compromiso político adecuado, ha conseguido grandes avances que han logrado situar a nuestro país como un referente de igualdad y de respeto a la diversidad". "Demostremos que no solo somos el muro de contención que va a frenar cualquier intento de retroceder en derechos, sino que somos la sociedad diversa, igualitaria e inclusiva que quiere seguir caminando hacia delante", ha concluido.

sábado, 14 de febrero de 2026

#hemeroteca #abolicionismo | Entidades avisan de acciones contra Igualdad si mantiene los requisitos “ideológicos” en sus subvenciones

Fachada del Instituto de las Mujeres //

Entidades avisan de acciones contra Igualdad si mantiene los requisitos “ideológicos” en sus subvenciones

El Ministerio de Igualdad quiere modificar dos órdenes ministeriales que regulan subvenciones públicas. Las organizaciones alertan de que la introducción del reconocimiento expreso de la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres vulnera principios fundamentales.
Patricia Reguero Ríos | El Salto, 2026-02-14
https://www.elsaltodiario.com/feminismos/entidades-tomaran-acciones-legales-igualdad-mantiene-requisitos-ideologicos-subvenciones

Un total de 35 entidades del tercer sector han señalado al Ministerio de Igualdad por su pretensión de introducir modificaciones en las bases reguladoras de determinadas subvenciones públicas que, consideran, son de corte “ideológico”.  

Se refieren, en concreto, a dos órdenes ministeriales: la Orden IGD/239/2022, sobre programas de concienciación, prevención e investigación de las distintas formas de violencia contra las mujeres, y la Orden IGD/183/2024, destinada a proyectos de apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual y a sus hijos e hijas. La intención de Igualdad es cambiar los requisitos para que las entidades incluyan el reconocimiento de la prostitución como una forma de violencia de género de forma explícita en sus estatutos. El plazo de consulta pública finalizó el pasado 9 de febrero.

La asociación Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) presentó el pasado lunes 9 de febrero un escrito de alegaciones que fue respaldado por 35 entidades, asociaciones, partidos políticos, sindicatos y grupos de investigación, además de por 142 personas a título individual. Acciónenred Andalucía, AFEMTRAS, Almena Cooperativa Feminista, la Asamblea Feminista de Madrid, la APDHA, el Sindicato OTRAS y el Partit dels Comuns son algunas de las entidades que apoyaron las alegaciones.

Según estas entidades, las propuestas de modificación “introducen un condicionamiento ideológico al exigir a las entidades solicitantes que acrediten en sus estatutos, o mediante experiencia previa, el reconocimiento expreso de la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres”. Esta exigencia, argumentan, “supone imponer una posición ideológica concreta (de carácter abolicionista) como requisito para acceder a fondos públicos, lo que vulnera principios básicos que deben regir cualquier política pública en un Estado social y democrático de derecho”.

Además, advierten, si la orden ministerial finalmente sigue adelante en los términos planteados y se mantienen aquellos aspectos considerados contrarios a los principios de igualdad recogidos en la Constitución y en el ordenamiento jurídico vigente, tomarán “las acciones legales que correspondan para la defensa de los derechos fundamentales y del interés público”.

“El Estado no puede utilizar el régimen de subvenciones como un mecanismo indirecto para imponer una visión doctrinal concreta ni para redefinir conceptos jurídicos que no han sido establecidos por el legislador”, lamentan en un comunicado con el que recaban firmas de apoyo.

Prostitución y Pacto de Estado
Estas entidades alegan que la prostitución no está legalmente definida como violencia en España ni está tipificada como delito. Tampoco las principales leyes estatales en materia de igualdad y libertad sexual califican la prostitución como violencia en sí misma, ni obligan a las entidades sociales a asumir esa interpretación como condición para colaborar con las administraciones públicas. Instrumentos internacionales de derechos humanos como el Convenio de Estambul no califican la prostitución en sí misma como una forma de violencia, sino que instan a combatir la violencia, la explotación y la trata desde un enfoque basado en derechos humanos, sin discriminación ni estigmatización.

Para el Ministerio de Igualdad, las modificaciones de la Orden IGD/239/2022 responde a “la necesidad de adaptar las bases reguladoras de las subvenciones al nuevo marco estratégico definido por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género renovado en 2025”. Así lo explica el documento de impacto consultable en su página web. En ese sentido, se propone “ampliar el alcance a todas las formas de violencia contra las mujeres, incluyendo manifestaciones como la violencia vicaria, digital, económica y en colectivos especialmente vulnerables”.

La modificación consiste en añadir la obligación de que “las entidades acrediten, bien sea a través de sus Estatutos o bien a través del trabajo realizado, entre sus fines y objetivos el reconocimiento expreso de la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva como formas de violencia contras las mujeres, lo que permite alinear la presente convocatoria con el ámbito de actuación del renovado Pacto de Estado”.

En el caso de la Orden IGD/183/2024 el motivo de la modificación es “fomentar una mayor especialización de las entidades solicitantes en relación con el objeto de la subvención” y “mejorar la calidad de los proyectos y facilitar la programación del trabajo de las entidades”. La propuesta es que el apartado relativo a los requisitos de las entidades beneficiarias incorpore el requisito “de que las entidades beneficiarias incluyan, entre los fines y objetivos recogidos en sus estatutos o a través de la acreditación de experiencia en el desarrollo de proyectos específicos, la prevención y erradicación de la violencia de género u otras formas de violencia hacia las mujeres, incluidas la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva”.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género fue aprobado en septiembre de 2017 con casi 300 medidas. En febrero de 2025, el pleno del Congreso de los Diputados aprobó de manera casi unánime su renovación y actualización. Este segundo pacto contiene 461 medidas y hace nueve menciones al término “prostitución”. En su renovación, el pacto incluyó como formas de violencia machista la económica, psicológica y vicaria. Aunque contiene varias medidas que aluden a la prostitución, el pacto no la reconoce de forma explícita como una forma de violencia machista.

Sumar pregunta al Gobierno
Precisamente sobre de qué forma el Pacto de Estado contra la Violencia de Género establece que un determinado marco conceptual deba operar como requisito excluyente para el acceso a subvenciones ha preguntado Sumar al Gobierno.

En una pregunta escrita registrada el 6 de febrero, el señala su preocupación por la modificación de la orden de 2022 que propone una adhesión obligatoria a un “marco conceptual” para acceder a financiación pública. También muestra preocupación por la base legal y el impacto asociativo que podría tener la modificación que plantea el Ministerio de Igualdad, al dejar fuera a asociaciones de larga trayectoria que no compartan esta idea.

Por eso, Sumar pregunta en qué fundamentos se basa el Gobierno para exigir el reconocimiento expreso de la prostitución como forma de violencia, qué ampara que una interpretación específica sobre la prostitución sea una condición normativa obligatoria cuando dicho Convenio no la califica en sí misma como forma de violencia o si el Gobierno considera esta modificación compatible con los principios de neutralidad ideológica y objetividad.

El grupo cree que no resulta compatible el requisito con los principios de igualdad y libre concurrencia que deben regir en las subvenciones públicas. El Pacto de Estado, dice Sumar, aborda la prostitución, la trata y la explotación sexual como fenómenos diferenciados, “sin convertir y determinado enfoque en condición habilitante”.

lunes, 26 de enero de 2026

#hemeroteca #intersex #interfobia | La Federación estatal LGTBI+ denuncia la persistencia de prácticas médicas no consentidas en las personas intersexuales

'La i sale del armario', lo intersex también se suma al orgullo //

La Federación estatal LGTBI+ denuncia la persistencia de prácticas médicas no consentidas en las personas intersexuales

La organización busca “romper el silencio” y reclama la inclusión de las realidades intersex en la agenda social y política
María García Arenales | Infobae, 2026-01-26
https://www.infobae.com/espana/2026/01/26/la-federacion-estatal-lgtbi-denuncia-la-persistencia-de-practicas-medicas-no-consentidas-en-las-personas-intersexuales/

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha decidido centrar el 2026 en la visibilización de las realidades intersex, bajo el lema “Corporalidades Intersexuales: derechos reales”. Así lo ha anunciado la presidenta de esta organización, Paula Iglesias, quien subraya que las personas intersex han quedado fuera de los discursos médicos, educativos, legislativos y sociales.

“Además, enfrentan a diario estigmatización, vulneraciones de derechos y prácticas médicas no consentidas. Por eso, este año trabajaremos para poner en el centro del debate público, político y social las realidades y demandas de las personas intersex, porque la invisibilidad también es una forma de violencia”, ha señalado Iglesias este lunes en rueda de prensa.

Las personas intersexuales son aquellas que nacen con características físicas o biológicas —como genitales, cromosomas u órganos reproductivos— que no encajan completamente en las definiciones típicas de cuerpos masculinos o femeninos. Además, no todas las intersexualidades se detectan al nacer, ya que muchas se identifican en la adolescencia o en la edad adulta, lo que también genera estigmatización y exclusión social.

En ese sentido, Luc Vañó, representante de la organización, señala que dedicar el año a las intersexualidades busca romper con el silencio histórico y priorizar los derechos humanos, la diversidad y la autonomía corporal de la población intersex.

Entre las principales formas de violencia que enfrentan las personas intersex están las cirugías e intervenciones médicas no justificadas, muchas veces realizadas en la infancia sin consentimiento libre o plenamente informado de las propias personas o de sus familias. Estas prácticas, pese a estar prohibidas por la Ley Estatal LGTBI+ en España y contradecir la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, “continúan ejecutándose debido al desconocimiento de la comunidad sanitaria”, sostiene la federación.

Las cirugías se practican sin haber riesgo real para la salud
Iglesias ha señalado que en la mayoría de los casos no existe un riesgo real para la salud, pero las características intersex continúan tratándose como patologías, “sometiendo innecesariamente a las personas a medicalización”. Por este motivo, la FELGTBI+ exige que las administraciones públicas garanticen una formación sanitaria “adecuada, actualizada y continuada” sobre diversidad humana y las necesidades específicas de las personas intersex.

Cabe recordar que la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI en España prohíbe la modificación genital en personas intersexuales menores de 12 años, salvo en los casos en los que las indicaciones médicas exijan lo contrario en aras de proteger la salud. En el caso de personas menores entre 12 y 16 años, señala la norma, solo se permitirán dichas prácticas a solicitud de la persona menor siempre que, por su edad y madurez, pueda consentir de manera informada a la realización de dichas prácticas.

Huellas físicas y psicológicas
Vañó, por su parte, ha aclarado que muchas personas intersex crecen sabiendo que se han tomado decisiones irreversibles sobre sus cuerpos sin su consentimiento, ya sean intervenciones quirúrgicas, mutilaciones genitales, tratamientos hormonales o medicalización forzada, y esas prácticas dejan tanto huellas físicas —cicatrices, dolores crónicos, pérdida de sensibilidad o infertilidad— como profundas marcas emocionales.

“Afectan la salud mental, la identidad y la autoestima”, señala el activista, que también recuerda que las familias suelen recibir información parcial, incompleta o alarmista, y se ven presionadas desde el ámbito médico para “corregir” cuerpos que no estaban enfermos, lo que genera sentimientos de culpa y dolor.

De acuerdo con la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), solo cuatro de cada diez personas intersex o sus familias reciben información detallada antes del primer tratamiento médico. Seis de cada diez no firman ningún consentimiento informado antes de cirugías o tratamientos hormonales.

Cambiar políticas y normativas
Por todo ello, la Federación Estatal LGTBI+ orientará las acciones de este año a influir en las políticas y normativas para eliminar prácticas médicas sin consentimiento y conseguir el reconocimiento legal de las intersexualidades. Además, buscará asegurar la participación de las personas intersex en la toma de decisiones.

Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, casi un 1,7% de la población “nace con características que sexuales que no se ajustan a las definiciones típicas”, por lo que se sitúa en cifras muy similares a la probabilidad de nacer pelirrojo.

miércoles, 25 de junio de 2025

#hemeroteca #matrimonio #memoria | 20 años del matrimonio igualitario en España, pero también de la radical oposición política y eclesiástica que agitó las calles

Manifestación del Orgullo en Madrid tras la aprobación del matrimonio en 2005 //

20 años del matrimonio igualitario en España, pero también de la radical oposición política y eclesiástica que agitó las calles

La aprobación del mayor avance en igualdad para el colectivo LGTBIQ+ estuvo precedida de una campaña de rechazo entonces insólita. ¿Ha quedado atrás?
Tom C. Avendaño | El País, 2025-06-25
https://elpais.com/eps/2025-06-25/20-anos-del-matrimonio-igualitario-en-espana-pero-tambien-de-la-radical-oposicion-politica-y-eclesiastica-que-agito-las-calles.html

“Me casé el 30 de marzo de 2012 con mi novia, María José. Sabía que iba a ser una boda pequeña, de hermanos, primos y amigos en un juzgado de Ciudad Real. Y sabía que mis padres no iban a venir”.

Esta es, ante todo, la historia de Catalina Roldán (Ciudad Real, 47 años), que decidió casarse con su novia, María José Fernández, porque temían no poder hacerlo luego, porque el PP había vuelto al poder, y entonces el partido tenía todo un historial. “Nos dijimos: ‘Las cosas se están poniendo feas”. Roldán conocía bien el poder de la homofobia incentivada por la política. A sus propios padres, personas conservadoras (“peperos, sí, pero no de Vox”) que apenas conocían a gente homosexual, les había costado aceptar la vida que llevaba su hija. Hoy lo hacen. A su hija, a su esposa y a la nieta que ese matrimonio les ha dado.

“Hasta mis padres te dirían ahora que los medios y los políticos exageraban”.

En enero de 2005, el Consejo General del Poder Judicial emitió un informe alertando de las apocalípticas consecuencias que acarreaba el nuevo proyecto de ley del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, por el cual la definición legal de matrimonio incluiría a parejas homosexuales. “Es un cambio radical, como lo sería llamar matrimonio a la unión de más de dos personas o la unión entre un hombre y un animal”, se leía.

¿Hemos dejado atrás aquel rechazo? Prácticamente todos los militantes del Partido Popular consultados para este reportaje, varios de los cuales votaron en contra de aquella Ley 13/2005, del 1 de julio, esgrimen aún hoy el viejo argumento de entonces: el PP nunca estuvo en contra de reconocer los derechos básicos de las parejas del mismo sexo; el problema es que quieran llamarlo matrimonio.

En primavera de 2005, el Senado recibió a una comisión de expertos, armada por el PP, que iba a explicar los peligros del matrimonio igualitario. Ahí se oyó a Aquilino Polaino, catedrático de Psicopatología, quien declaró que a los homosexuales “se los puede ayudar con terapia reparativa”. La OMS había sacado la homosexualidad de su lista de enfermedades hacía entonces 15 años. “Eso no quiere decir que no haya trastornos”, abundó Polaino. El portavoz del PP en el Senado, Agustín Conde, le felicitó: “Usted nos ha descrito perfectamente la psicopatología de la homosexualidad”.

¿Fue un error el rechazo tajante del PP? “Fue un error cómo se contó: había un bien superior, que las personas pudieran tener una unión civil”, explica al teléfono Borja Semper, portavoz actual del partido. “[Sin la cuestión del matrimonio] el tema se hubiera zanjado sin ningún tipo de consecuencias políticas”.

El 18 de junio de 2005, una veintena de obispos salió a la calle junto a dirigentes del PP para protestar contra el avance en las Cámaras de la ley. “El matrimonio como unión de hombre y mujer se desvanece en el Código Civil para dar cabida a todo. Esto afecta a la sociedad de una manera gravísima”, había argumentado días antes el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, el teólogo jesuita Juan Antonio Martínez Camino, en ‘La mañana de la Cope’.

¿Fue saludable el peso de la religión en la oposición política a esta ley? “Este era un tema muy obsesivo para la Iglesia. De hecho, yo creo que en parte el PP estuvo arrastrado por ella”, rememora hoy Zapatero. “El papa Francisco, la vez que me reuní con él a solas, en 2018, me comentó precisamente que le sorprendía el vínculo tan fuerte que había entre el PP y la Iglesia católica en España”.

En abril de 2005, José Manuel Cendán, entonces alcalde de Ares (A Coruña), anunció que se negaría a oficiar aquellas nuevas bodas. “Es una ley contra natura”, dijo a la Cadena SER. “Que sea cada uno lo que le dé la gana, pero yo creo que lo que es la pareja es entre un hombre y una mujer, un macho y una hembra: lo tenemos que respetar porque es que si no adónde llevamos el mundo”.

¿Aprendió algo el activismo LGTBIQ+ de aquellos días? “Cuando las minorías ya no dependen de la misericordia de los demás, sino que sus derechos están ganados a nivel jurídico, ahí es cuando se despiertan los recelos”, analiza Carlos Barea, autor de varios libros de historia LGTBIQ+, entre ellos 'Rebeldes del deseo' (Plaza & Janés). “Estas leyes, que no quitan derechos a nadie, sino que se los amplían a algunos, suelen suponer un conflicto entre la gente acostumbrada a que todo pase por su aprobación”.

Montxo Rodríguez, alcalde de Sada, también en A Coruña, fue preguntado si iba a haber bodas homosexuales en su jurisdicción. “Yo creo que aquí pues no va a haber cosas raras. Hay que digerir todo esto, hay que tomar bastante bicarbonato para digerirlo”, dijo.

¿Es más tolerante hoy la política española? “Esas fuerzas siguen acechando, en ningún momento han dejado de estar ahí”, sostiene Eduardo Rubiño, concejal y portavoz adjunto de Más Madrid y uno de los rostros más conocidos (y, por tanto, atacados) de la causa LGTBIQ+ en las instituciones. “Lo estamos viendo en las personas trans, que están en la diana de forma salvaje, llegando a unas vulneraciones de sus derechos y hacia una violencia discursiva cotidiana sin límites”, dice.

El del matrimonio igualitario español, el avance que acabó con la desigualdad jurídica entre personas heterosexuales y homosexuales, es un relato con dos caras. Una es de sobra conocida. La protagonizan José Luis Rodríguez Zapatero, que había alcanzado el poder en marzo de 2004, y Pedro Zerolo, concejal madrileño y legendario activista. Hasta entonces, el PSOE había acariciado una ley que reconociese los derechos básicos de las uniones civiles entre homosexuales: herencia, pensión, acceso a la sanidad. Matrimonios “de segunda”, sí, pero con derechos. Zapatero y Zerolo decidieron algo más ambicioso: ampliar la definición de matrimonio en todas las leyes del Código Civil para que incluyese a estas parejas. No crear una institución nueva, sino modificar la más clásica y sacrosanta de todas.

Pero si a un país lo definen sus leyes, también lo hace su rechazo a ellas. Esa es la otra cara de este relato, la que empezó a cobrar forma el 1 de octubre de 2004, cuando el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto, y alcanzó su apoteosis hacia finales de junio de 2005, cuando el Congreso la aprobó con los obispos en las calles. En aquellos nueve meses, una derecha recién llegada a la oposición se enzarzó en una campaña de crispación entonces sin precedentes. Se atacó la idea de igualdad desde lo político, judicial, espiritual y moral, en una llamada al pánico en una sociedad más que preparada para aceptar la igualdad de homosexuales, una guerra de la cual el PP nunca se ha desmarcado oficialmente y en la que los homosexuales fueron llamados aberraciones y comparados con animales, practicantes de incesto y manzanas. “Fue un ensayo de cómo fabricar y mantener una tensión inexistente”, opina Miquel A. Fernández García, número dos de Zerolo (muerto en 2015) y autor de ‘Pedro Zerolo. Vida y legado de un pionero por los derechos civiles’ (Enclave).

El argumento de entonces es el de hoy: el problema era la palabra matrimonio. La idea de las parejas de hecho había rondado ya varios gobiernos, incluso el de Aznar en 1997 (en un anteproyecto que nunca llegó a ser votado). Pero esa objeción semántica no es inocente: “Esa palabra nos hacía iguales ante la ley no solo por obligaciones, como habíamos sido hasta ahora, sino por derechos”, subraya Barea. El argumento logró agrupar a toda la derecha, de la más crítica a la más rancia. “Aquello fue un ‘totum revolutum’ de ultracatólicos, gente que vio capital político en la oposición, gente contraria a que los equiparasen con homosexuales, gente contraria a todo avance social, jueces desnortados...”, añade Fernández García.

Ni siquiera todo el PP estaba unido. “Yo dije en su día que esas uniones se debían legalizar porque, si no, se nos iba a tachar de homófobos. Se me echaron todos en contra por decir eso”, rememora Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Hoy qué opina? La cantinela del partido: “Sigo pensando que esa unión es defendible, pero matrimonio, ma-tri-mo-nio, no es”.

A quien sí movilizó este rechazo fue a la Iglesia, y esta arrastró al PP a subir el tono de las protestas. “Sorprende mucho porque en estos años hemos visto una progresiva secularización de nuestras sociedades. Lo demuestra cualquier encuesta a propósito de, por ejemplo, la evolución de la asistencia a misa o de los matrimonios religiosos versus los civiles [bajaron de 148.947 en 1996 a 33.500 en 2024, según datos de la Conferencia Episcopal Española y el Instituto Nacional de Estadística]: la secularización ha sido muy rápida durante las últimas tres décadas”, explica el politólogo Pablo Simón. “Ya había empezado de manera sostenida en los setenta y en este último periodo ha sido muy claro. Ahora, que el PP pudiera tener una posición sobre temas de derechos o legislativos que viniera fijada por la Iglesia nos parece totalmente marciano. Si miras cualquier dato de asistencia en iglesias, bautismos [325.271 en 2007 y 152.426 en 2023], etcétera, la caída ha sido muy relevante”.

El Foro de la Familia, que aglutina a unas 5.000 asociaciones, casi todas católicas, convocó una manifestación contra la ley el 18 de junio de 2005. La encabezarían miembros del PP como el secretario general, Ángel Acebes, o el portavoz popular en el Congreso, Eduardo Zaplana. Y a su lado, el cardenal y arzobispo Antonio María Rouco Varela. Acudió junto a una veintena de obispos. No era insólito ver obispos en una manifestación política. Había ocurrido durante las concentraciones de repulsa al asesinato de Miguel Ángel Blanco Garrido en 1997 y al 11-M en 2004. Pero esta vez, la Iglesia se movilizaba contra la ley. La gravedad de la situación, decían, lo justificaba. “Estamos en una situación única en la historia de la humanidad. La Iglesia católica, en sus 2.000 años de historia, nunca se encontró con nada parecido”, alertó Juan Antonio Martínez Camino el 16 de junio en la Cope.

La protesta bloqueó el camino entre la madrileña Puerta del Sol y Cibeles. Según el Gobierno, fueron 160.000 personas; según la organización, medio millón. El mayor éxito hasta la fecha de la oposición al matrimonio igualitario. “Nunca vi a Pedro [Zerolo] tan abatido”, rememora Fernández García. Recuerda la cantidad de niños que la derecha llevó a las calles aquel día. “Pedro me dijo: ‘Qué mensaje se les está mandando a estos niños. Estos niños serán los que nos insulten en el futuro”.

Doce días después, la ley salió adelante con 187 votos: los del PSOE, ERC, Izquierda Verde, PNV, BNG, CC, CHA y los diputados de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Carles Campuzano y Mercè Pigem. Celia Villalobos, del PP, también votó a favor. Se abstuvieron los otros cuatro diputados de CDC, y votaron en contra el PP y los diputados de Unió Democràtica de Catalunya (147 votos en total).

El 2 de julio, Madrid celebró el entonces llamado Orgullo Gay. Participaron 1,5 millones de personas.

Tras la aprobación de la ley, el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad. Un repaso a cualquier hemeroteca muestra que fue en esta época cuando se exhibieron las posturas que más han perseguido al PP en este asunto. La mayoría de los populares acató la ley (Alberto Ruiz-Gallardón casó a dos militantes del PP, Javier Gómez y Manuel Ródenas, el 29 de julio de 2006). Pero ciertos cargos, sobre todo de gobiernos municipales, anunciaron sin remilgos que se negaban a casar parejas homosexuales.

El alcalde de Pontons (Barcelona), Lluís Fernando Caldentey, fue de los primeros: “Yo entiendo que los gais han de tener los mismos derechos, pero para mí un gay es una persona tarada que nace con una deformación física o psíquica”. Estuvo en el poder hasta 2018. En una entrevista a Efe, abundaría: “Los homosexuales son deficientes para procrear y educar”.

En 2006 se casaron 4.313 parejas homosexuales.

Durante un mitin del PP en 2007, la exdiputada autonómica del Parlamento de Cataluña Montserrat Nebrera se lamentó: “El matrimonio homosexual es como la unión entre dos hermanas, un perro y una señora o una señora y un delfín”.

Ese año se casaron 3.193 parejas.

En 2008, José María Aznar acudió a un curso de verano de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid llamado 'Ser cristiano en una sociedad secularizada': “El matrimonio es entendido como unión entre hombre y mujer. Otras realidades son respetables, pero no deben ser equiparadas”.

3.194 parejas casadas más.

En 2011, el PP ganó las elecciones con Mariano Rajoy al frente. En su debate electoral con Alfredo Pérez Rubalcaba, el 7 de noviembre de 2011, había insistido en rechazar el término matrimonio. El 16 de noviembre, en una entrevista en TVE, insistió: “Cuando el presidente del Gobierno decidió sacar la ley, yo hablé con él y le dije: ‘Si hacemos una cosa, aunque no se llame matrimonio, la va a aceptar el conjunto de la sociedad española. Si lo llamas matrimonio, pues, al final, hay mucha gente que va a sentirse herida, ¿no?’. Los efectos jurídicos de mi regulación eran los mismos que esta. El único problema es que esto se llama matrimonio”.

Hubo 3.540 bodas homosexuales aquel año.

En mayo de 2012, un concejal de Molina de Segura (Murcia) compartió en Twitter el titular: “Obama: ‘Creo que las parejas del mismo sexo deberían poder casarse”, y añadió: “... y un hombre con una cabra y una mujer con un perro”. En 2013 [i.e. 2005], Ana Botella, entonces alcaldesa de Madrid, dijo su inolvidable frase: “Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas, y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas porque son componentes distintos”.

En noviembre de 2012, el Tribunal Constitucional avaló la ley.

El entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, participó en 2013 en un coloquio en la Embajada de España en el Vaticano. “Existen varios argumentos racionales que dicen que ese matrimonio no debe tener la misma protección por parte de los poderes públicos que el matrimonio natural. La pervivencia de la especie, por ejemplo, no estaría garantizada”, dijo.

El año en que decía eso se sumaban 3.071 matrimonios más.

Todavía en 2014, un concejal del PP, Óscar Ramírez, se negó a casar a una pareja lésbica pese a que era su obligación como concejal. No dimitió.

Desde 2016, la cifra de matrimonios anuales superó los 4.500 y no ha bajado desde entonces. En 2019 hubo 5.141 bodas. En 2022 hubo 6.236. En 2023, 6.672.

Entre las 3.738 bodas homosexuales de 2015, hubo una. El recién nombrado vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto, se casó el 18 de septiembre con José Manuel Rodríguez. Rajoy acudió al enlace, al igual que no pocos miembros de la cúpula del PP: estaban distribuidos en mesas con nombres de cantantes de Eurovisión. Rajoy estuvo en la mesa ‘Céline Dion’.

Aquello despertó un resentimiento manifiesto entre los votantes de izquierdas: miembros del PP disfrutando de un derecho que sus propias siglas les negaban. En el PP, no obstante, subrayan el valor simbólico del enlace. “El hecho de que fuéramos a esa boda dice más que cualquier palabra”, defiende ahora Semper. El PP nunca se ha desmarcado de la campaña de 2005. Esta boda, alegan, sirve como entierro del hacha de aquella guerra. Maroto ha declinado la propuesta de El País de hablar para este reportaje.

“A Maroto le encontré una vez, hace años ya, en un restaurante. Estaba comiendo con otros del PP, no recuerdo exactamente quiénes, y me hizo un comentario positivo sobre lo que había sido la ley del matrimonio igualitario”, cuenta Zapatero. “Luego me ha criticado muchas cosas. Hay que procurar la felicidad, incluso para aquellos que te han denostado”.

Otra boda, aquella en marzo de 2012, la de Catalina Roldán y María José Fernández. No fueron los padres, efectivamente, porque no lo entendían. “Son gente abierta y culta, han viajado mucho. Mi padre es médico”, advierte Roldán. “Pero viven en una capital de provincia pequeña, se rodean de un círculo pequeño, se informaban con la tele de entonces. Ver a los curas gritando que esto es un horror, que esto se acaba... Gota a gota, eso cala”.

No era falta de amor. “Mi madre le pidió a mi hermano unas fotos de cuando éramos pequeñas con un mensaje cariñoso. Fue su forma de decir: ‘No puedo con esto, pero tira para adelante”. El día de la boda, Roldán llevó un vestido verde de Zara. Ahí comenzó el comienzo de la aceptación de su familia. Nada normaliza más que el día a día.

Un parto, hace ocho años, el de su hija. Tampoco aquello los encajaron bien los padres hasta que vieron al bebé. “El día que nació, mi padre la tuvo en su regazo tres horas mientras ella dormía”.

Un día en la playa con la familia. Una chica dijo de pasada: “Las chicas no se pueden casar”. Una sobrina, de la edad de su hija, contestó: “Claro que se pueden casar. Solo que ellas van de verde”.

#hemeroteca #transfobia | Transfobiari atea itxi diote

Mozioa bozkatzeko unea atzoko plenoan //

Transfobiari atea itxi diote

Naizen Haur eta Nerabe Transen senideen elkarteak aurkeztutako mozioa babestu du udalak, EH Bildu, Elkarrekin Errenteria eta EAJren aldeko botoekin.
Ikerne Zarate | Oarsoaldeko Hitza, 2025-06-25
https://oarsoaldea.hitza.eus/2025/06/25/transfobiari-atea-itxi-diote/

Iltzez eta giltzez itxi dio atea Transfobiari Errenteria-Oreretak. Aurretik ere ez zuen erraz topatuko zirrikiturik, baina atzo, Naizen Haur eta Nerabe Transen senideen elkarteak aurkeztutako mozioa babestu zuen udalak. Ez zen, tamalez, aho batez onartu: EH Bilduk, Elkarrekin Errenteriak eta EAJk eman zioten baiezkoa. PSE-EEk abstentzioaren alde egin zuen, eta PPko zinegotzi bakarrak, berriz kontra egin zuen.

Imanol Carvallo Naizenen elkarteko kideak aurkeztu zuen mozioa. Kezka azaldu zuen Naizenekoak, eta kezka horrek eragin duela mozioa aurkeztea adierazi. Maiatzean haur eta nerabe transen senideen elkarteak Haurtzaro eta Nerabezaro Transari buruzko lehenengo kongresua antolatu zuen Bilbon maiatzean. Haren ondotik, berriz, ‘Mitoa hautsi, birkonkistatu errealitatea: haur eta nerabe transen negozioa’ jardunaldiak antolatu zituzten, Bilbon ere, “beren burua feministatzat duten talde batzuk”. Azken horren antolatzaileen ibilbideari, egitarauari eta izenburuari erreparatuta “kritikatik” harago doan ikuspegia dutela salatu zuen Naizenekoak. Adibideak eman zituen, eta horretarako jardunaldiak antolatu zituzten elkarteetatik egindako hainbat baieztapen aipatu: “Haur transen existentzia ukatzen dute, nahaste edo doktrinamendu batera murriztuz; transexualitatearekin lotutako edozein tratamendu mediku mutilazioarekin parekatzen dute”. Ez dira horretara mugatzen Carvalloren hitzetan, eta konbertsio terapiak esplizituko sustatzea egotzi die, “nazioarteko estandarren arabera indarkeria modutzat jotzen direnean”. Azkenik, trans identitatea interes ekonomikoen emaitza gisa irudikatzen dutela ere salatu zuen, “horrela identifikatzen direnen errealitateak deshumanizatuz”.

Narratiba hori “iraingarria eta informatu gabea” dela esatearekin batera agerian jarri zuen ondorio zehatzak dituela trans pertsonen estigmatizazio sozialean, bazterketan eta sufrimendu psikologikoan, “bereziki adingabeen kasuan egunerokoan jada duintasunez bizitzeko oztopo izugarriei aurre egin behar baitiete”.

Hori horrela konpromiso zehatzak eskatu zizkion udalari Naizenen izenean. Batetik, erakundeak ez diezaiela eman babesik ekitaldi horiei, ezta antolatzaileei ere espazioak utziz, ekitaldiak hedatuz, haietan parte hartuz edota finantziazio publikoa emanez; ebaluatzea sustatutako edukiek gorroto diskurtsoari, haurren babesari edo berdintasun eta diskriminazio ezaren printzipioei buruzko araudiak urratzen ote dituzten; sexu eta genero aniztasunari dagokionez, errespetuan, ebidentzia zientifikoan eta giza eskubideetan oinarritutako politikekiko konpromiso politikoa indartzea, udal langileen artean prestakuntza programak sustatuta; azkenik, eztabaida, hezkuntza eta akonpainamendu espazio seguru, informatu eta eskuragarri gehiago sortzea, trans adingabe eta haien familientzat, diskurtso polarizatzaile eta estigmatzaileei kontrajarriz.

Haurtzaroa ezin dela beldurra, ezjakintasuna eta bazterketa sustatuta gaineratu zuen Naizenekoak, eta Trans adingabeentzako prozesu seguru, informatu eta lagunduak bermatzea aldarrikatu zuen, “haien existentzia ukatzea ez da modurik onena, ezta haien ahotsak isilaraztea, kalitatezko baliabide publikoetarako sarbidea bermatzea baizik, “beraien eskubide guztiak bermatuz”.

domingo, 15 de junio de 2025

#hemeroteca #nobinarie | La lucha de Ed Rojas para ser una persona no binaria en su título universitario: "Es discriminación institucional"

Concentración en EHU apoyando a Ed Rojas //

La lucha de Ed Rojas para ser una persona no binaria en su título universitario: "Es discriminación institucional"

La emisión del título de máster de Ed Rojas en la Universidad del País vasco (UPV/EHU) se encuentra bloqueada, debido a que desde la Universidad argumentan que el Ministerio de Universidades de España no reconoce la categoría. “Desde entonces mi vida y mi carrera se encuentran paralizadas”, lamenta
Maialen Ferreira | El Diario, 2025-06-15
https://www.eldiario.es/euskadi/lucha-ed-rojas-persona-no-binaria-titulos-universitarios-discriminacion-institucional_1_12384197.html

Ed Rojas responde a la videollamada con este periódico pasadas sus 09.00 horas. Se encuentra en Colombia tras pasar una estancia académica en Euskadi en el año 2022, cuando cursó el máster en Estudios Feministas y de Género en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) gracias a la beca de la Fundación Carolina. Cuando regresó a su país, actualizó su cédula de ciudadanía y pasaporte, ejerciendo un derecho reconocido legalmente en Colombia desde 2022: el de registrar el marcador “NB” (no binarie) en los documentos de identificación oficiales. Sin embargo, cuando trató de actualizar su título universitario en la UPV/EHU para que constara que era una persona no binaria, le sorprendió la negativa. “Muchas veces consideramos que España o Europa están más adelantadas en cuestión de derechos que América Latina, pero en este caso no es así”, reconoce Ed, persona travesti no binaria.

El derecho a ser reconocide como persona no binaria en Colombia, es un derecho reafirmado por la Sentencia T-033 de 2022 de la Corte Constitucional, la cual reconoce que las identidades no binarias existen y deben ser protegidas. La Corte dejó claro que el desconocimiento de estas identidades por parte del Estado o sus instituciones constituye una forma de “violencia y trato indigno, que atenta contra el principio de dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad real y efectiva”.

Para defender esta cuestión, la semana pasada asociaciones LGTBIQ+, feministas y de migrantes, además de estudiantes y profesores de la UPV/EHU denunciaron el caso de Ed Rojas. “El pronunciamiento de la Corte Constitucional en la Sentencia T-033 no es solo una recomendación local: es un recordatorio de que la identidad de género no puede seguir siendo tratada como una excepción, ni como un problema administrativo. Es un mandato para todos los Estados, especialmente cuando existe cooperación internacional, movilidad académica o vinculación de estudiantes de otros países. Desconocer un derecho reconocido por otro Estado —en este caso, el colombiano— implica una afectación directa a la persona y puede constituir una forma de transfobia institucional”, argumentaron.

Aunque Ed notificó a la Universidad, valiéndose de la ley de su país, el cambio de nombre y marcador de género para actualizar su título de máster, la emisión del título y su correspondiente certificación suplementaria se encuentra bloqueada, debido a que el Ministerio de Universidades de España no reconoce la categoría NB y mantiene un sistema binario de registro que obliga a clasificar a las personas únicamente como “masculino” o “femenino”. “Desde entonces mi vida y mi carrera se encuentran paralizadas. Si quiero solicitar un empleo público o estudiar un doctorado debo mostrar mi título de máster y a día de hoy no lo tengo. Cuando me preguntan por esta cuestión no sé cómo explicarlo. Está siendo un proceso muy duro y frustrante”, reconoce.

Si quiero solicitar un empleo público o estudiar un doctorado debo mostrar mi título de máster y a día de hoy no lo tengo. Está siendo un proceso muy duro y frustrante
“Esta negativa ha tenido graves consecuencias en la vida personal, profesional y académica de Ed, al impedirle el acceso a documentos fundamentales para ejercer su carrera, postularse a oportunidades laborales o académicas, y hacer valer su formación en contextos nacionales e internacionales. Se trata, además, de una forma de discriminación institucional que no puede justificarse por meras limitaciones técnicas o normativas. Negar el derecho a titularse por el hecho de ser una persona no binaria es una forma de exclusión y violencia cisnormativa. Es importante recalcar que la negación de un marcador no binario en documentos oficiales o registros académicos no es una falla técnica: es una expresión del cisexismo estructural que sigue rigiendo las instituciones. Y este cisexismo opera en clave de exclusión, pero también en clave de desigualdad”, denunciaron en la protesta a favor de los derechos de Ed en la que exigieron “la inmediata emisión del título de máster de Ed Rojas, respetando los datos legales reconocidos por el Estado colombiano y que el Ministerio de Universidades de España reconozca los documentos oficiales extranjeros que contemplen identidades no binarias”.

Desde la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) alegan que se trata de una decisión del Ministerio de Universidades y que es un paso que legalmente debe dar dicha institución. “Hay que diferenciar entre el cambio de nombre en un título oficial o que aparezca sin género o con género no binario. Nosotros queremos posibilitar también esa opción, pero a nivel Estatal no está permitido. Nuestro protocolo nos permite cambiar el nombre de una persona trans en los documentos administrativos y a nivel informático también estamos dando pasos para que no sea obligatoria la casilla de nombre en las inscripciones”, explica a este periódico Maggie Bullen, la directora de Igualdad de la Universidad pública vasca.

No obstante, para Ed estas palabras no son suficientes y se ha puesto en contacto con un abogado para tomar medidas legales si la solución no se resuelve. “Desde la Universidad aseguran que no pueden hacer nada, pero son ellos quienes han tenido interlocución con el Ministerio de Universidades. A día de hoy no he recibido ningún documento del Ministerio que justifique por qué no es posible que se me reconozca mi derecho a ser una persona no binaria. Me ha dicho que existen precedentes de casos de personas con una problemática similar y que desde ahí podemos conseguir lo que es justo. Es muy complicado poner el cuerpo y está siendo bastante agotador, peor soy consciente de que tengo muchos apoyos, incluso en la distancia y tengo esperanza para lograrlo”, concluye Ed.

Existen antecedentes en España en relación con los derechos de las personas no binarias, como el caso de Andrea Speck, que tras una batalla judicial cinco años en 2024 consiguió que en el Registro Central de Extranjeros, donde se recopilan todo tipo de datos de personas extranjeras que residan o hayan residido en España, le registraran como 'sexo indefinido'. A partir de ahí, el género X o indefinido aparece en las tarjetas de identificación de extranjeros que expide Interior. 

Al ofrecer una opción específica como «no binario» o similar, se facilita un trato más inclusivo y personalizado, respetando la identidad y/o expresión de género de cada individuo
El pasado mayo Sumar presentó una Proposición de Ley en el Congreso que busca el reconocimiento de los derechos de las personas intersexuales y no binarias con la posibilidad de contar con una tercera casilla en los documentos oficiales. “El reconocimiento de la identidad y/o expresión sexual o de género en el Registro Civil, con base en la inclusión de una tercera casilla de sexo que se denomine no binaria o similar, permitiría a las personas no binarias tener una opción formal para identificarse legal y administrativamente. Actualmente, la falta de esta opción puede dar lugar a discriminación y situaciones de abuso, ya que los documentos oficiales que no reflejan la identidad y/o expresión sexual o de género de estos colectivos dificultan el acceso a servicios públicos, la denuncia de violencias y la protección efectiva frente a situaciones de vulnerabilidad”, sostiene la propuesta.

“La inclusión de una tercera casilla es crucial para garantizar que las personas no binarias puedan acceder a servicios médicos, educativos, laborales y sociales de manera adecuada. En algunos casos, la falta de esta tercera casilla provoca dificultades significativas al interactuar con instituciones oficiales, especialmente en áreas esenciales como la salud, la educación o los trámites legales. Al ofrecer una opción específica como «no binario» o similar, se facilita un trato más inclusivo y personalizado, respetando la identidad y/o expresión de género de cada individuo y promoviendo un entorno más justo e igualitario para todos”, detalla el documento, que incluye la modificación de 15 artículos de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, la conocida como Ley trans, para que tenga en cuenta los derechos de las personas no binarias e intersexuales.

La ley propuesta por Sumar introduce además una disposición que establece un plazo de un año para que todas las administraciones públicas implementen las medidas que contempla el texto, que deberá contar con al menos la mayoría simple de la cámara para empezar a tramitarse en el Congreso.

viernes, 6 de junio de 2025

#hemeroteka #ez-binarioa | «Genero disidentziaren aurkako diskriminazio instituzionala» salatu dute hainbat kolektibok

Agerraldia egin dute EHUko Zuzenbide Fakultatearen aitzinean //

«Genero disidentziaren aurkako diskriminazio instituzionala» salatu dute hainbat kolektibok

EHUko Zuzenbide Fakultatearen aitzinean agerraldia egin dute pertsona trans eta ez-binarioen eskubideen defentsan diharduten hainbat erakundek eta kolektibok.
Isabel Jaurena | Berria, 2025-06-06
https://www.berria.eus/euskal-herria/genero-disidentziaren-diskriminazio-instituzionala-salatu-dute-hainbat-kolektibok_2142919_102.html

«Pertsona ez-binarioa izateagatik titulatzeko eskubidea ukatzea bazterketa eta indarkeria zisarautzailea da». Argi mintzatu dira gaur pertsona trans eta ez-binarioen eskubideen defentsan diharduten hainbat erakunde eta kolektibo. «Ed Rojas Kolonbiako trabesti ez-binarioak aurre egin beharreko egoera ikusarazi eta publikoki salatu nahi dugu», adierazi dute. Zehazki, salatu dute Espainiako hezkuntza eta gobernu erakundeek «sistematikoki» urratu dituztela Rojasen eskubideak.

EHU Euskal Herriko Unibertsitateko Zuzenbide Fakultatearen aitzinean egin dute agerraldia. Esplikatu dute 2022an Rojasek Carolina fundazioaren beka bat jaso zuela EHUn Ikasketa Feministak eta Generokoak masterra egiteko. Kolonbiara itzuli zenean, herritartasun zedula eta pasaportea eguneratu zituen, eta identifikazio agiri horietan ez-binario gisa erregistratu.

Hain zuzen, hori egitea legez onartutako eskubide bat da Kolonbian 2022tik, hango Gorte Konstituzionalaren epai batek berretsia. «Gorteak argi utzi zuen estatuak edo haren erakundeek nortasun horiek ez aitortzea indarkeria mota bat dela, tratu ez-duina emateko modu bat, giza duintasunaren printzipioaren, nortasunaren garapen askearen eta berdintasun erreal eta eraginkorraren aurka egiten duena», adierazi dute agerraldian. Are, nabarmendu dute epai hori ez dela gomendio bat: «gogorarazi nahi du genero identitatea ezin dela ulertu salbuespen gisa, ezta arazo administratibo gisa ere». Beraz, «agindu bat» da estatu guztiendako, agerraldian erran dutenez: «Beste estatu batek —kasu honetan, Kolonbiakoak— onartutako eskubide bat ez aitortzeak zuzenean eragiten dio dagokion pertsonari, eta transfobia instituzionala eragin dezake».

Bada, Rojasek unibertsitateari jakinarazi zion izena eta generoari lotutako atala aldatu zituela, modua izan zezan master titulua eguneratzeko; tituluaren jaulkipena eta dagokion titulu osagarria blokeatuak dituzte, ordea. Zertaz-eta Espainiako Unibertsitate Ministerioak ez duelako onartzen ez-binario kategoria, eta erregistro sistema binarioari eusten diolako.

Horregatik guztiagatik, eskaera hauek egin dituzte: Ed Rojasen master titulua berehala igortzea, Espainiako Estatuko Unibertsitate Ministerioak identitate ez-binarioak jasotzen dituzten atzerriko dokumentuak aitortzea, Espainiako Estatuko instituzio akademikoek identitate trans eta ez-binarioak aitortuko dituzten protokolo eguneratu eta argiak erabiltzea, eta hezkuntza erregistro sistemaren erreforma sustatzea bermatzeko genero identitateen aniztasuna errespetatuko dela.

Ondorio larriak

Adierazi dute egoerak ondorio larriak eragin dizkiola Rojasi, dokumentu horiek ez eskuratzeagatik «enplegua eta akademiarekin lotutako aukerak» galdu dituelako. «Diskriminazio instituzionala da, eta ezin da justifikatu muga tekniko edo arauemaile soilengatik», gehitu dute. Are, nabarmendu dute ez-binario kategoria ukatzea «egiturazko zis-sexismoaren adierazpen bat» dela.

Salatu dute, halaber, ez dela gertaera bakana, ez-binarioek mundu osoan dituzten hamaika oztopoen adierazpena baizik. «Hegoalde globaletik, eskubideetarako sarbidea are prekarioagoa bihurtzen da nazioarteko sistema instituzionalek ez badituzte aitortzen gure herrialdeen aurrerapen arauemaileak eta ez badaude prestatuta —ezta prest ere— binarismotik kanpo gure identitateak onartzeko», borobildu dute.

Gehitu dute gertatutakoak aukera eman diela ez-binarioen egoeraz hausnartzeko eta hura salatzeko: uste badute ere trans legea aurrerapauso handia izan zela, araua ez da behar bezain zabala, pertsona ez-binarioak —Rojas bera tartean— ez dituelako kontuan hartzen. «Binarismotik kanpoko markatzaileak dituzten atzerriko dokumentuak aitortzeko mekanismoak falta izateak logika baztertzaileak indartzen ditu, eta berdintasunaren, duintasunaren eta bazterkeriarik ezaren oinarriak ukatu», adierazi dute.

Are, agerraldian erran dutenez, Rojasen kasuak erakusten du arrazakeria, transfobia eta zisheteropatriarkatua nola lotzen diren instituzioen sisteman, salatzen duten egiturak oinarrizko eskubideak ukatzen baitizkie arau kategorietara moldatzen ez diren horiei, «bereziki kaltetuak izanik Hegoaldeko herrialdeetatik datozen pertsona trans eta ez-binarioak, migranteak eta arrazializatuak».

Talde hauek adierazi dute atxikimendua: Bilgune Feminista, Atximurka, Euskal Herriko Emakume Migratu eta Arrazializatuen Sarea, Emakume Migratu Feministak-Zaintzaile Soziosanitarioak, Ermuko CoLibres, Anitzak, Oreretako Kuirdinadora, Loratuz Lotu, EHGAM, Mundu Berriak, LETI, Donostiako Asanblada Transbollomarika, Gipuzkoako Trans Asanblada, EHUko Ikasketa Feministak eta Generokoak masterra, E28 koordinakundea, Lamiaren Oihua eta Eihera.