Fachada del Instituto de las Mujeres //
Entidades avisan de acciones contra Igualdad si mantiene los requisitos “ideológicos” en sus subvenciones
El Ministerio de Igualdad quiere modificar dos órdenes ministeriales que regulan subvenciones públicas. Las organizaciones alertan de que la introducción del reconocimiento expreso de la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres vulnera principios fundamentales.
Patricia Reguero Ríos | El Salto, 2026-02-14
https://www.elsaltodiario.com/feminismos/entidades-tomaran-acciones-legales-igualdad-mantiene-requisitos-ideologicos-subvenciones
Un total de 35 entidades del tercer sector han señalado al Ministerio de Igualdad por su pretensión de introducir modificaciones en las bases reguladoras de determinadas subvenciones públicas que, consideran, son de corte “ideológico”.
Se refieren, en concreto, a dos órdenes ministeriales: la Orden IGD/239/2022, sobre programas de concienciación, prevención e investigación de las distintas formas de violencia contra las mujeres, y la Orden IGD/183/2024, destinada a proyectos de apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual y a sus hijos e hijas. La intención de Igualdad es cambiar los requisitos para que las entidades incluyan el reconocimiento de la prostitución como una forma de violencia de género de forma explícita en sus estatutos. El plazo de consulta pública finalizó el pasado 9 de febrero.
La asociación Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) presentó el pasado lunes 9 de febrero un escrito de alegaciones que fue respaldado por 35 entidades, asociaciones, partidos políticos, sindicatos y grupos de investigación, además de por 142 personas a título individual. Acciónenred Andalucía, AFEMTRAS, Almena Cooperativa Feminista, la Asamblea Feminista de Madrid, la APDHA, el Sindicato OTRAS y el Partit dels Comuns son algunas de las entidades que apoyaron las alegaciones.
Según estas entidades, las propuestas de modificación “introducen un condicionamiento ideológico al exigir a las entidades solicitantes que acrediten en sus estatutos, o mediante experiencia previa, el reconocimiento expreso de la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres”. Esta exigencia, argumentan, “supone imponer una posición ideológica concreta (de carácter abolicionista) como requisito para acceder a fondos públicos, lo que vulnera principios básicos que deben regir cualquier política pública en un Estado social y democrático de derecho”.
Además, advierten, si la orden ministerial finalmente sigue adelante en los términos planteados y se mantienen aquellos aspectos considerados contrarios a los principios de igualdad recogidos en la Constitución y en el ordenamiento jurídico vigente, tomarán “las acciones legales que correspondan para la defensa de los derechos fundamentales y del interés público”.
“El Estado no puede utilizar el régimen de subvenciones como un mecanismo indirecto para imponer una visión doctrinal concreta ni para redefinir conceptos jurídicos que no han sido establecidos por el legislador”, lamentan en un comunicado con el que recaban firmas de apoyo.
Estas entidades alegan que la prostitución no está legalmente definida como violencia en España ni está tipificada como delito. Tampoco las principales leyes estatales en materia de igualdad y libertad sexual califican la prostitución como violencia en sí misma, ni obligan a las entidades sociales a asumir esa interpretación como condición para colaborar con las administraciones públicas. Instrumentos internacionales de derechos humanos como el Convenio de Estambul no califican la prostitución en sí misma como una forma de violencia, sino que instan a combatir la violencia, la explotación y la trata desde un enfoque basado en derechos humanos, sin discriminación ni estigmatización.
Para el Ministerio de Igualdad, las modificaciones de la Orden IGD/239/2022 responde a “la necesidad de adaptar las bases reguladoras de las subvenciones al nuevo marco estratégico definido por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género renovado en 2025”. Así lo explica el documento de impacto consultable en su página web. En ese sentido, se propone “ampliar el alcance a todas las formas de violencia contra las mujeres, incluyendo manifestaciones como la violencia vicaria, digital, económica y en colectivos especialmente vulnerables”.
La modificación consiste en añadir la obligación de que “las entidades acrediten, bien sea a través de sus Estatutos o bien a través del trabajo realizado, entre sus fines y objetivos el reconocimiento expreso de la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva como formas de violencia contras las mujeres, lo que permite alinear la presente convocatoria con el ámbito de actuación del renovado Pacto de Estado”.
En el caso de la Orden IGD/183/2024 el motivo de la modificación es “fomentar una mayor especialización de las entidades solicitantes en relación con el objeto de la subvención” y “mejorar la calidad de los proyectos y facilitar la programación del trabajo de las entidades”. La propuesta es que el apartado relativo a los requisitos de las entidades beneficiarias incorpore el requisito “de que las entidades beneficiarias incluyan, entre los fines y objetivos recogidos en sus estatutos o a través de la acreditación de experiencia en el desarrollo de proyectos específicos, la prevención y erradicación de la violencia de género u otras formas de violencia hacia las mujeres, incluidas la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva”.
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género fue aprobado en septiembre de 2017 con casi 300 medidas. En febrero de 2025, el pleno del Congreso de los Diputados aprobó de manera casi unánime su renovación y actualización. Este segundo pacto contiene 461 medidas y hace nueve menciones al término “prostitución”. En su renovación, el pacto incluyó como formas de violencia machista la económica, psicológica y vicaria. Aunque contiene varias medidas que aluden a la prostitución, el pacto no la reconoce de forma explícita como una forma de violencia machista.
Sumar pregunta al GobiernoPrecisamente sobre de qué forma el Pacto de Estado contra la Violencia de Género establece que un determinado marco conceptual deba operar como requisito excluyente para el acceso a subvenciones ha preguntado Sumar al Gobierno.
En una pregunta escrita registrada el 6 de febrero, el señala su preocupación por la modificación de la orden de 2022 que propone una adhesión obligatoria a un “marco conceptual” para acceder a financiación pública. También muestra preocupación por la base legal y el impacto asociativo que podría tener la modificación que plantea el Ministerio de Igualdad, al dejar fuera a asociaciones de larga trayectoria que no compartan esta idea.
Por eso, Sumar pregunta en qué fundamentos se basa el Gobierno para exigir el reconocimiento expreso de la prostitución como forma de violencia, qué ampara que una interpretación específica sobre la prostitución sea una condición normativa obligatoria cuando dicho Convenio no la califica en sí misma como forma de violencia o si el Gobierno considera esta modificación compatible con los principios de neutralidad ideológica y objetividad.
El grupo cree que no resulta compatible el requisito con los principios de igualdad y libre concurrencia que deben regir en las subvenciones públicas. El Pacto de Estado, dice Sumar, aborda la prostitución, la trata y la explotación sexual como fenómenos diferenciados, “sin convertir y determinado enfoque en condición habilitante”.
