La realidad de las personas trans, a pesar de los avances legislativos y sociales, continúa siendo un conjunto de datos predominantemente negativos. Aumentan los delitos de odio, la transfobia, se mantienen las dificultades en la inserción laboral o los problemas para el acceso a las necesidades sanitarias del colectivo, entre un largo etcétera de complicaciones. Todo sumado a que el trámite de la ‘ley trans’, que garantizaría la protección y blindaje estatal de derechos, no se consolida.
Ley trans bloqueada A fecha de hoy, no avanza la tramitación de la ley trans bloqueada por el Poder Judicial y el Consejo Fiscal. La ‘ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI’ reconoce que las personas trans ya no tendrán que pasar por declarase como 'enfermas' con un diagnóstico de 'disforia de género' en el sistema sanitario para poder modificar su sexo en el DNI. Es lo que garantiza la autodeterminación de género, una de las luchas históricas del colectivo que se materializa con esta norma.
"Con la nueva ley se reconocerían las identidades trans sin patologizarles, ni tutelarles, con lo que pasarían a ser ciudadanos de pleno derecho", declara Sara Laguna, delegada en Madrid de la asociación Chrysallis.
La norma fue enviada por el Gobierno al Consejo General del Poder Judicial el 15 de diciembre del año pasado por vía de urgencia, es decir, se debería haber tramitado en un plazo de 15 días. Tres meses después, la norma continúa bloqueada por el órgano que preside Carlos Lesmes. El pleno del CGPJ no se vuelve a reunir hasta el 28 de abril, con lo que la aprobación queda retrasada como mínimo hasta esa fecha.
"La ‘ley trans’ lo que viene a hacer es una mínima cartera de servicios. Armoniza todas las prestaciones a un nivel estatal. Sería una ley de bases. Una de sus finalidades es garantizar una igualdad territorial", señala Anna de Nicolás, coordinadora del grupo de políticas de personas trans de la FELGTBI+. Al no contar con una ley estatal, las competencias están derivadas a las Comunidades Autónomas con la probabilidad de estar sujetas a revocación. La llegada de Vox al gobierno de la Junta de Castilla y León, por ejemplo, hace peligrar la tramitación de la ley de Diversidad Sexual y de Género, pendiente desde la anterior legislatura autonómica.
"La principal urgencia sería blindar los derechos que ya tenemos para que no puedan ser derogados o invalidados fácilmente. Y ya no solamente eso, no se trata tanto de la derogación de las leyes si no de su partida presupuestaria. Un Gobierno puede tener una ley, pero sin fondos es un instrumente carente de valor", declara Anna de Nicolás, a Público.
Hay un choque competencial en cuestión de trámites administrativos entre las comunidades autónomas y el ámbito estatal. "Por ejemplo, la tarjeta sanitaria ya puede llevar el nombre sentido en algunas comunidades, pero esto choca con la Ley 3/2007, la actual, que pide el diagnóstico de disforia de género. Lo que hacen las CCAA es casi una ficción jurídica, dan algún tipo de documentación que acredite ese procedimiento. Una vez se acredite, se cambia esa mención registral del género de las personas en el registro civil y luego se puede hacer el DNI. Esto se podría mejorar simplemente acudiendo al registro", señala Anna de Nicolás.
Delitos de odio Hace apenas unos días el Observatorio Andaluz contra la Homofobia, Bifobia y la Transfobia publicaba
los últimos datos recogidos en la comunidad andaluza sobre LGTBIfobia y alertaba de un "crecimiento reseñable" en el aumento de las agresiones a las personas trans en el año 2021. La transfobia se ha triplicado y representa ya un tercio de los casos totales de LGTBIfobia en Andalucía.
"Hay discursos excluyentes que legitiman la violencia hacia las personas trans. No paro de ver discursos transfóbicos con comentarios rozando los delitos de odio. Hacen un caldo de cultivo para las agresiones", explica a Público, Antonio Ferre, presidente y director de El Observatorio Andaluz contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia
El 32% de las 367 incidencias cuantificadas son contra las personas trans. Esto supone un aumento de un 8% con respecto al año anterior. Sobre todo, se debe al creciente odio vertido en las redes sociales contra este colectivo (un 27% de incidencias son por este ámbito). "Cada vez más aumenta más el odio en internet, bajo los pseudónimos, con la fina capa de la libertad de expresión, se vierte sin más esta violencia. Es una cuestión educacional. Tenemos que estar todo el día enviando peticiones a las plataformas de RRSS para eliminar ciertos perfiles", declara Ferre a Público.
En general, los ataques al colectivo LGTBIQ han aumentado en nuestro país un 9,3% y son cada vez "más violentos". Son los datos que avanzó el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en septiembre de 2021. "Desde hace años vivimos un aumento constante y objetivo de las conductas penales de odio", dijo el ministro. Las organizaciones y organismos LGTBIQ llamaron la atención sobre este dato en su momento diciendo que, en realidad, estas agresiones eran "mayores" y que el Ministerio solo contabilizaba denuncias formales. De hecho, el informe del Observatorio Andaluz señala la ‘infradenuncia’ como uno de los patrones de "comportamiento habitual en más de la mitad de los casos" en los que las víctimas tienen miedo del rechazo de sus familias, sienten vergüenza o pánico a ser asaltadas nuevamente.
Salud La escasa formación de los profesionales sanitarios en la salud trans, los prejuicios sobre la hormonación o el hecho de ser nombrados con su antiguo nombre son algunos de los motivos por los que las personas trans tienen dificultades en los centros de salud. Según un informe de 2019 de la FELGTBIQ, Las personas trans y el sistema sanitario, un 27,5% de las personas trans encuestadas contestaron que tan solo alguna vez acudían al médico ante algún problema. Un tercio de la muestra.
La aprobación de la ‘ley trans’ es indispensable para el blindaje de los derechos sanitarios. En primer lugar, elimina esa necesidad de la Ley 3/2007 de los informes médicos de disforia de género y, por lo tanto, la patologización. Aún así, las buenas prácticas en el tratamiento dependen en gran medida de la voluntad del profesional sanitario que acompaña a la personas trans.
Las Unidades de Identidad de Género (UIG) multidisciplinares para el tratamiento integral de la afirmación de género dentro del Sistema Nacional de Salud comienzan a instaurarse en la comunidad de Andalucía en 1999, y progresivamente en Madrid, Cataluña y Aragón (2006), Asturias (2007), País Vasco, Comunidad Valenciana y Canarias (2008), Navarra (2010) y Castilla y León (2014). Sin embargo, el trato de estos organismos no siempre ha sido el de la despatologización. "Estas unidades han tenido que reinventarse porque buscaban un modelo binario, detectaban las patologías, en Cataluña la UIG ha desaparecido a favor del modelo de Trànsit", aclara Anna de Nicolás, de FELGTIQ.
El sistema de salud cuenta con modelos de atención primaria para personas trans como Trànsit een Cataluña que, según Anna de Nicolás, "es un servicio al que puedes llamar como si fueran médicos de barrio" y añade que "se ha luchado mucho por esto desde la comunidad trans, para que la salud sea llevada por expertos de manera normal, no porque seas trans, sino porque saben sobre las necesidades trans." Este modelo de salud lo promueve la ley catalana 11/2014 y es el que se señala idóneo para ser extendido al ámbito nacional aunque la ‘ley trans’ no lo contempla ‘per se’.
Educación Una educación con perspectiva LGTBIQ tiene un papel clave en la mejora de la salud y también en las posibilidades de acceso al mercado laboral. "Es importante que los menores puedan ir a la escuela expresándose cómo son. Esto se traduciría en mejores tasas de matriculación, una mejor integración a niveles tempranos y se conseguiría así que los niveles de salud fueran más altos debido a una mejor formación", cuenta Anna de Nicolás.
Los menores trans también se ven condicionados en los centros de educación a la política de la Comunidad Autónoma en la que residan y la voluntad del propio colegio o instituto. "Depende de dónde resida la persona menor para estar más o menos protegida. Existen normativas vigentes, pero sus necesidades siguen sin estar cubiertas salvo que el centro educativo muestre interés y/o las familias y entidades LGBTI acudan al centro a dar formación voluntaria", señala Sara Laguna, de Chrysallis.
"En Castilla y León el Protocolo Educativo está bloqueado por la acción de Abogados Cristianos aunque también hay ejemplos positivos como el de las Islas Canarias donde con una ley específica y donde se va renovando el Protocolo para adaptarlo a las necesidades que vayan surgiendo", continúa Sara Laguna.
Trabajo Según el
último estudio realizado desde el área confederal LGTB de UGT, las personas trans tienen una tasa de desempleo del doble con respecto a las personas cisgénero (personas que se identifican con el sexo asignado al nacer). Casi un 20% de las personas trans encuestadas aseveran haber sufrido algún tipo de violencia sexual y un 61% no fueron defendidas por sus compañeros y compañeras de trabajo.
"Necesitamos la ‘ley trans y LGTBI’ para eliminar la preocupante tasa de discriminación que hay en las empresas y convertirla en una herramienta útil para luchar contra la exclusión que sufren las personas trans. El contenido de la ley ahora mismo no soluciona el 40% de paro que sufren, el 85% si son mujeres, ni la alta tasa de agresiones sexuales que hemos denunciado", declara a Público, Toño Abad, responsable del área LGTB de UGT.
Una investigación de la FRA (European Union Agency for Fundamental Rights) concluía que el 77% de las mujeres trans había sufrido discriminación a la hora de buscar trabajo. Y cuando consiguen empleo, se enfrentan al silencio y a la vuelta al armario, un 58% de estas mujeres se oculta y no habla de su condición en su ambiente de trabajo.
A pesar de la visibilidad que han conseguido las voces trans gracias a la lucha política, aún falta mucho para materializar las políticas públicas y los derechos obtenidos.
