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| Chaber, director ejecutivo de ILGA-Europa // |
Alertan de una «nueva era» de ataques coordinados en toda Europa contra el colectivo LGTBI+
Un amplio informe identifica cómo las personas LGTBI+ están siendo utilizadas como armas para erosionar los fundamentos de la libertad y la democracia en toda Europa.
Joseba Salbador | Naiz, 2025-05-17
https://www.naiz.eus/eu/info/noticia/20250517/alertan-de-una-nueva-era-de-ataques-coordinados-en-toda-europa-1
El «Informe anual sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGTBI+ en Europa y Asia Central» de ILGA-Europa advierte de «una nueva era» en la que el aumento de la legislación anti-LGTBI amenaza los derechos fundamentales. «Los gobiernos están alimentando el sentimiento anti-LGTBI para impulsar leyes que restringen la libertad de expresión, asociación y elecciones justas», asegura.
En este sentido, sostiene que los gobiernos «adoptan cada vez más tácticas similares a las de Rusia», obligando a las ONG a registrarse como «financiadas desde el extranjero para socavar su legitimidad, restringir su financiación y reprimir el activismo en favor de los derechos humanos». Estas medidas, conocidas como leyes sobre «agentes extranjeros», se presentan como una forma de proteger a las familias y los valores tradicionales, «pero a menudo se dirigen específicamente contra las ONG LGTBI».
El informe de ILGA-Europa constata que el año pasado, en Bulgaria, Georgia, Hungría, Kirguistán y Montenegro, los proyectos de ley sobre «agentes extranjeros» supusieron una amenaza directa para la sociedad civil. Dicha legislación se promulga con o a raíz de las denominadas leyes de «propaganda LGTB», que pretenden criminalizar la visibilidad de las personas LGTBI+, prohibir contenidos, silenciar a los activistas y restringir la libertad de reunión, y que han sido debatidas, propuestas o aprobadas en siete países (Azerbaiyán, Bielorrusia, Bulgaria, Georgia, Kazajistán, Rumanía y Eslovaquia).
Estas leyes se han aplicado cada vez más en los sectores educativos, restringiendo o impidiendo por completo la inclusión de temas LGTBI+ en los planes de estudio y en las iniciativas de sensibilización. Además, se registraron intentos de introducir legislación que excluyera los temas LGTBI+ de la educación sexual en Bulgaria, Hungría, Italia, Países Bajos, Luxemburgo, Noruega, Rumanía, Rusia y Eslovaquia.
En este contexto, el discurso de odio LGTBI-fóbico, el sexismo y la misoginia están cada vez más normalizados, a menudo alimentados por figuras públicas, incluyendo líderes políticos y religiosos e instituciones estatales. Esto, a juicio de los autores del informe, está provocando a su vez «un aumento sin precedentes» de la violencia, ya que los delitos motivados por el odio han alcanzado niveles récord en toda la región.
Asistencia sanitaria
El estudio añade que la normalización del odio también está justificando el bloqueo de la asistencia sanitaria. Andorra, Georgia, Hungría, Irlanda, Moldavia, Rumanía, Rusia y Gran Bretaña serían países que han establecido nuevas barreras a la asistencia. Y es que tras la revisión británica del caso Cass, en Austria, Francia, Italia, Irlanda, Polonia y Gran Bretaña han surgido iniciativas para restringir la asistencia sanitaria a menores trans, lo que pone aún más en peligro la vida de las personas trans.
A medida que aumenta el número de gobiernos que toman medidas enérgicas, las personas LGTBI+ se ven obligadas a huir, constata el informe, «pero Europa les cierra las puertas. Rusia, Kirguistán y Turquía están intensificando la persecución, y Turkmenistán está atrapando y torturando a personas LGBTI». Paralelamente, muchos países europeos, entre ellos Austria, Bélgica, Bulgaria, Irlanda y Gran Bretaña, deniegan las solicitudes de asilo basándose en evaluaciones anticuadas y arbitrarias, y algunos funcionarios rechazan a los solicitantes por «no parecer suficientemente LGTBI».
Según el director ejecutivo de ILGA-Europa, Chaber, «este informe confirma lo que muchos de nosotros temíamos: estamos entrando en una nueva era en la que las personas LGTBI+ se han convertido en el campo de pruebas de leyes que erosionan la propia democracia. En toda Europa y Asia Central -continúa-, los gobiernos están utilizando la retórica anti-LGTBI para justificar restricciones a la libertad de expresión, a la sociedad civil y a unas elecciones justas. Lo que comienza como un ataque a los derechos de las personas LGTBI+ se convierte rápidamente en un ataque más amplio a los derechos y libertades de todos los individuos de la sociedad. No se trata sólo de una cuestión LGBTI; es una crisis para los derechos humanos y la democracia en su conjunto».
Por su parte, Katrin Hugendubel, directora de Incidencia Política de ILGA-Europa, añade que «mientras los gobiernos utilizan cada vez más a las personas LGBTI como chivos expiatorios para impulsar leyes restrictivas, los tribunales, tanto en la UE como en toda Europa, defienden a su vez los derechos humanos de las personas LGTBI+, con sentencias clave sobre los procedimientos para los solicitantes de asilo LGTBI+, la incitación al odio contra las personas LGTBI+, la libertad de asociación y expresión, el reconocimiento legal del género y los derechos sexuales y reproductivos».
No obstante, Katrin Hugendubel añade que «en este momento crítico, nuestros dirigentes no pueden limitarse a dejar la protección de los derechos humanos en manos de los tribunales. Los políticos, tanto a nivel europeo como nacional, deben actuar con decisión para contrarrestar los crecientes ataques contra las piedras angulares de la democracia a los que estamos asistiendo. La normalización de la retórica anti-LGTBI no es solo una amenaza para una comunidad, es ahora un ataque directo probado contra los principios democráticos que sustentan nuestras sociedades».
Rainbow Map 2025
Precisamente, en vísperas del Día Internacional contra la LGTBIfobia, la organización ILGA ha hecho público su tradicional Rainbow Map, que evalúa el grado de compromiso de los diferentes países con los derechos de las personas LGTBI+ y que este año pone de relieve una tendencia generalizada de retroceso en Europa.
Así, el Rainbow Map 2025 señala que países como Gran Bretaña o Georgia han sufrido caídas importantes en el ranking debido a reformas legales regresivas, mientras que el Estado español no ha logrado mantener su posición frente a otros países que han impulsado reformas clave.
«El retroceso en derechos no siempre es una ley derogada. A veces es simplemente mirar hacia otro lado. Y ese es el riesgo que corremos en España si no tomamos medidas urgentes», ha subrayado Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+.
En este sentido, ha añadido que «no se trata ya solo de no dar ni un paso atrás. Se trata de seguir avanzando. De garantizar que cada derecho conquistado se aplica, se defiende y se amplía. Porque la igualdad no puede quedarse quieta: o avanza, o retrocede. Y en España, no podemos permitirnos frenar».
Por ello, desde la Federación instan al Gobierno y a todas las administraciones públicas a reactivar su compromiso con la igualdad, garantizando el desarrollo completo de la Ley Trans y LGTBI+, reforzando los mecanismos de protección y asegurando que las políticas públicas lleguen a todas las personas, vivan donde vivan. «Este informe no es solo una clasificación. Es un termómetro de los derechos y la dignidad de millones de personas. No podemos permitirnos bajar más», ha concluido Iglesias.
Momento «agridulce» en el Estado español
La situación que se vive en el Estado español atraviesa un momento «agridulce», a juicio de Paula Iglesias, médica y psicóloga que preside desde octubre de 2024 la Federación Estatal LGTBI+. Por un lado, considera que «frente a la restricción de derechos que se está produciendo en EEUU y en muchos países de Europa, en España, seguimos siendo vanguardia y ampliando libertades».
Iglesias hace referencia en este sentido a que en junio del año pasado «nos convertimos en el primer país del mundo en contar con una legislación que protege a las personas LGTBI+ en el ámbito laboral». Y añade que, en este momento, «seguimos trabajando, ya desde una subcomisión en la comisión de Igualdad del Congreso, en la creación de un Pacto de Estado contra los discursos de odio».
Por el contrario, la presidenta de la Federación Estatal constata que «asistimos con estupor al señalamiento que se está produciendo a nivel internacional y que está permeando en España a través de nuestras comunidades, donde los partidos reaccionarios tienen poder. Y es que el Parlamento de Cantabria acaba de rechazar que deportistas trans compitan en categorías femeninas de élite. Una nueva evidencia -afirma Iglesias- de que a las derechas nunca les han importado los derechos de las mujeres, no han trabajado por erradicar la desigualdad salarial, las condiciones precarias o las agresiones sexuales. Es manifiesto que solo quieren subirse a la ola reaccionaria que ahora cuenta con Trump como altavoz para ver si así consiguen rédito político», denuncia.
Es por ello que se muestra partidaria de «seguir vigilantes y seguir ampliando derechos. Además de legislar necesitamos educación y pedagogía para ganar conciencias. Y un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos vulnerables que ponga freno a los bulos y los discursos de odio que tanto daño están haciendo sobre todo en las generaciones más jóvenes. Hagamos frente al odio», concluye.
