Mostrando entradas con la etiqueta Aukeratu. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Aukeratu. Mostrar todas las entradas

viernes, 11 de marzo de 2016

#hemeroteca #justicia | Condenado a 4 años y medio el exdelegado de Vivienda de Bizkaia José María Gonzalo


Imagen: Google Imágenes / Fotograma de la película 'Ander'
Condenado a 4 años y medio el exdelegado de Vivienda de Bizkaia José María Gonzalo.
EFE | Deia, 2016-03-11

http://www.deia.com/2016/03/11/politica/euskadi/condenado-a-4-anos-y-medio-excargo-el-exdelegado-de-vivienda-de-bizkaia-jose-maria-gonzalo

La Audiencia de Bizkaia ha condenado a cuatro años y seis meses de prisión al exdelegado de Vivienda de Bizkaia José María Gonzalo, nombrado cuando Javier Madrazo (IU-EB) dirigía el departamento vasco de Vivienda, por dos delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación.

En la sentencia, fechada el 26 de febrero pasado y difundida hoy, la Sección Segunda de la Audiencia vizcaína condena a Gonzalo por las irregularidades detectadas en el proceso de liquidación del patrimonio de la Cámara de la Propiedad Urbana de Bizkaia entre 2006 y 2009.

Además de la pena de prisión citada, la Audiencia de Bizkaia ha condenado al exdelegado de Vivienda a una inhabilitación absoluta durante ocho años y a una inhabilitación especial para empleo o cargo público durante ocho años y seis meses, así como al pago de una indemnización a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco de 393.714 euros.

Sin embargo, ha absuelto como cooperador necesario a la otra persona juzgada en este caso, Jon Alonso, que fue contratada por Gonzalo como contable.

En la sentencia, contra la que cabe recurso, se indica que en este caso "nos hallamos ante una sucesión de actos arbitrarios, en tanto contrarios a Derecho y sin fundamentación jurídica alguna salvo la voluntad del encausado, que favoreció a personas o asociaciones de su entorno, aprovechando que tuvo en sus manos la liquidación de un patrimonio no escaso, que debía revertir al erario público".

El fallo insiste en que Gonzalo actuó de manera "arbitraria" y "al margen del ordenamiento jurídico" cuando contrató personal ajeno a la labor encomendada de liquidar la Cámara.

Procedió de igual manera cuando contrató ejecución de obras para rehabilitar el edificio de la sede de la Cámara situada en el centro de Bilbao, por valor 1,8 millones de euros (incluyendo la adquisición de mobiliario), que "rebasaban ampliamente las de conservación o mantenimiento de un edificio", cuyo destino final "se desconocía" y "sin seguir los cauces legales".

El tribunal también señala que el condenado suscribió un contrato con la asociación Aukeratu, de la que él mismo era administrador, "con fines absolutamente ajenos a los servicios que todavía prestaba la Cámara y a su función de liquidador".

En el fallo, se da por probado que el acusado transfirió a dicha asociación 420.000 euros para la financiación de un largometraje, entre otras cuantías, así como que hizo otros gastos como el desplazamiento a Montevideo para dos personas, una agencia de detectives y facturas de agua de una vivienda cuyo titular era el presidente de Aukeratu, entre otros.

La Audiencia de Bizkaia evidencia que el acusado "no fuera precisamente un advenedizo en la función pública ni en el ámbito político" e indica que "conocía que existían mecanismos específicos de contratación de personal y ejecución de obras en el ámbito administrativo que orilló deliberadamente".

Según indica, llevó a cabo actos con los que en muchos casos "benefició o favoreció a personas conocidas o a asociaciones con la que tenía una vinculación directa".

El tribunal señala que "no se sostiene" que el argumento de que los fondos que gestionaba eran privados ya que su función era liquidar un patrimonio que iba a revertir en la Administración pública, "luego a cualquiera se le representaba que ese patrimonio era también público", sostiene la sentencia.

viernes, 5 de febrero de 2016

#hemeroteca #politica | ¿Liquidación de la Cámara de la Propiedad o "barra libre" con dinero público?

¿Liquidación de la Cámara de la Propiedad o "barra libre" con dinero público?.
La confesión del contable de la Cámara de la Propiedad de Bizkaia le libra de la cárcel y pone entre las cuerdas al exdelegado José María Gonzalo, nombrado para liquidar la Cámara, proceso en el que se malversaron fondos y se prevaricó, según Fiscalía y acusación. Fiscalía y acusación particular rebajan la pena al contable Jon Alonso de cuatro a dos años de cárcel por el delito de cooperador necesario en la malversación y el Ministerio Publico resalta que ha "contribuido con su confesión al esclarecimiento de los hechos".
Aitor Guenaga | El Diario, 2016-02-05
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Liquidacion-Camara_de_la_Propiedad-juicio-Gobierno_vasco-Vivienda_0_481202665.html

El juicio que se ha seguido esta semana en la Audiencia de Bizkaia contra el delegado de Vivienda en Bizkaia en la etapa del consejero Javier Madrazo (Ezker Batua-IU), José María Gonzalo, y contra Jon Alonso, contratado por el propio Gonzalo para realizar labores de contable en la citada Cámara de la Propiedad, ha puesto de manifiesto el descontrol que se vivió en el uso del dinero de este organismo durante el proceso de liquidación de la cámara, iniciado en febrero de 2006.

El caso es relativamente sencillo: el entonces consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, nombró en 2006 como delegado liquidador de la Cámara de la Propiedad de Bizkaia a su entonces responsable de Vivienda en ese territorio, José María Gonzalo. Pero entre los años que duró ese proceso -en el que se trataba de inventariar los bienes, integrar los trabajadores de la cámara en la Administración pública y proceder a liquidarla definitivamente- se produjeron una serie de gastos que la Fiscalía y la acusación particular en nombre del Gobierno vasco consideran malversación de fondos o, en su caso, apropiación indebida por los que el Ministerio Público pide para Gonzalo una pena de 5 años y 9 meses de prisión, además de inhabilitación absoluta por 9 años y medio. En concreto, José María Gonzalo autorizó unas obras de rehabilitación del edificio que albergaba la Cámara en Bilbao, desvió fondos de la cuenta de la Cámara -en la que solo él tenía autorización como liquidador- a la asociación Aukeratu -de la que era administrador único- para financiar la película de temática gay 'Ander' y también otra cantidad de dinero al contable de la Cámara, al margen de la nómina que ya cobraba Alonso por su trabajo en la citada institución.

La Fiscalía sostiene que Gonzalo "transfirió 106.653 euros desde la cuenta de la Cámara de la Propiedad a la cuenta de Jon Alonso" en ingresos sucesivos desde el 23 de junio de 2008 hasta el 8 de julio de 2009. Asegura que con el mismo ánimo lucrativo, "transfirió desde la misma cuenta a la de una asociación de la que era administrador 420.000 euros" [Aukeratu] también entre 2008 y 2009 y pagó con cargo a la Cámara de la Propiedad gastos por importe de 34.681 euros, además de compras destinadas a la rehabilitación del edificio, adquisición del mobiliario y enseres incurriendo "en unos gastos totales de 1.815.584 euros". Y todo lo hizo fuera de los cometidos del "proceso de liquidación" en marcha y "actuando al margen de los órganos competentes para estas contrataciones y de cualquier procedimiento administrativo".

El hecho de que Jon Alonso haya admitido los hechos, devolviera en 2008 cerca de 50.000 euros de los 106.653 euros que le dio Gonzalo y, según el informe final de la Fiscalía, haya "contribuido con su confesión al esclarecimiento de los hechos", ha dejado a Gonzalo en una situación más que comprometida. Su abogado, el penalista Javier Beramendi, que ya se preguntó al principio de la vista oral si no se había producido un acuerdo entre el abogado defensor de Alonso y la Fiscalía a tenor de las declaraciones del acusado, este viernes comprobó sus sospechas al ver cómo Alonso conseguía una rebaja en las penas que, de hecho, le libran de la cárcel (dos años le piden ahora fiscal y la acusación en nombre del Gobierno vasco, frente a los cuatro que solicitaban ambos inicialmente como cooperador necesario en la malversación). "Había pacto cerrado en el que se debía implicar al señor Gonzalo", ha clamado Beramendi.

"La contabilidad de la Cámara era un caos"
El perito encargado por el Gobierno vasco para auditar la situación de la Cámara tras la liquidación, Jesús María Marín, ha ofrecido al tribunal de la Audiencia de Bizkaia un testimonio demoledor sobre las cuentas en la etapa de Gonzalo y Alonso, sobre todo a partir de 2007. "La contabilidad era un caos, no cuadraba nada", ha asegurado, al tiempo que cuestionaba el trabajo como contable de Alonso. "No tenía mucho conocimiento práctico de contabilidad", "aquello era una contabilidad caótica" y, en todo caso, había gastos que "no eran propios de un proceso de liquidación", ha sostenido Marín en su declaración este viernes.

A los 106.653 euros de la cámara que fueron a parar a las manos de Alonso, hay que sumar los 420.000 que fueron a la asociación Aukeratu para pagar la película 'Ander' y otros 34.600, que según el relato de la acusación en nombre del Ejecutivo vasco, sirvieron para pagos muy variados. Entre ellos, el agua, el gas y la luz de un piso de la cámara ocupado por el exportavoz de Ezker Batua-IU Serafín Llamas, que había sido realojado allí después de separarse de su pareja, el hermano de José María Gonzalo. O los gastos de un viaje a un festival de cine en Montevideo. U otros 28.700 euros en mobiliario para el edificio de la Cámara. Y todo ese movimiento de dinero fue ordenado y autorizado por José María Gonzalo, que ha sido definido por las acusaciones como una persona que se creía con libertad total para actuar en su cargo de liquidador de la Cámara de la Propiedad de manera "personalista", arbitraria, a "capricho" y "como si fuera el gestor de una empresa privada", en palabras utilizadas por el fiscal en su informe final. Ajeno a cualquier control. El propio consejero Madrazo reconoció en la vista que Gonzalo no tenía que darle cuenta sobre todo lo relacionado con los "fondos, patrimonio y personal" del proceso de liquidación.

El letrado del Gobierno vasco, que ejerce la acusación particular, Mikel Casas, ha hablado en su informe de "barra libre" para definir cómo se había empleado el dinero de la cuenta de la Cámara de la Propiedad y como se había actuado por parte de Gonzalo en todo el proceso de liquidación de dicha entidad. "La función que tenía Gonzalo no podía ser otra que la de liquidar la Cámara (...) Y nada legitima ni justifica el desmadre", apuntó. "Ese dinero ha desaparecido y Gonzalo no tenía capacidad para hacer lo que hizo", añadió Casas, para sostener su acusación de malversación de fondos públicos. "Los dos sabían [Gonzalo y Alonso] que se habían metido en un lío", del que el contable ha querido sacar la pata en el último momento admitiendo los hechos y pactando con las acusaciones.

Y, pese a todo, el abogado de Gonzalo ha puesto todo este relato en cuarentena en su alegato final. Javier Beramendi ha apuntado que su defendido tenía cobertura legal para actuar como lo hizo porque el decreto por el que se declaraba extintas a las cámaras le confería "todas las facultades de los órganos de Administración de las Cámaras". Ha negado en todo momento el carácter público de esos organismos, para cuestionar así la viabilidad los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y ha cuestionado que las órdenes de los pagos las realizara su defendido. "De los 40 cheques, 24 no se le pueden atribuir al señor Gonzalo", ha asegurado Beramendi.

En el turno final de palabra que el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia de Bizkaia ha concedido a los dos acusados ambos se han enzarzado en un cruce de acusaciones. Primero ha tomado la palabra José María Gonzalo, quien ha calificado de "falso e injusto" lo dicho por Jon Alonso, al tiempo que ha lamentado su "ensañamiento contra mí". Después se ha acercado al micrófono el contable, quien ha afirmado que "todo es verdad" y ha reconocido que "aceptar el dinero [los 106.000 euros] fue malo por mi parte". Confesó que tuvo una conversación antes del juicio en el que Gonzalo le dijo textualmente en relación a esa cantidad de dinero: "Ese es tu problema, a mí no me metas". Y sin mirar para atrás, donde se encontraba Gonzalo, ha concluido diciendo: "A mi sí que me duelen puñaladas traperas de este tipo".

El juicio ha quedado visto para sentencia.

miércoles, 3 de febrero de 2016

#hemeroteca #politica | Madrazo se desliga de la gestión de su exsubordinado en Bizkaia


Imagen: Deia / Txema Gonzalo y Jon Alonso
Madrazo se desliga de la gestión de su exsubordinado en Bizkaia.
Gonzalo Casal, principal acusado en la causa de la Cámara de la Propiedad, apela a su inocencia.
Javier Núñez | Deia, 2016-02-03
http://www.deia.com/2016/02/03/politica/euskadi/madrazo-se-desliga-de-la-gestion-de-su-exsubordinado-en-bizkaia

Javier Madrazo, exconsejero vasco de Vivienda y Asuntos Sociales, aseguró ayer ante la Sección Segunda de la Audiencia de Bizkaia desconocer las supuestas irregularidades cometidas por el ex delegado territorial de Bizkaia de Vivienda, José María Gonzalo Casal, cuando en febrero de 2006 fue designado para liquidar la Cámara de la Propiedad Urbana de este territorio. En el juicio iniciado ayer, la fiscalía acusa a Gonzalo Casal de malversación de fondos al atribuirle el gasto de 1,5 millones de euros en obras realizadas en la sede de la Cámara, en la calle Henao de la capital vizcaina, cuando su cometido era liquidar dicha sociedad. Asimismo, se le acusa de contratación de personal y de desviar fondos de la Cámara de la Propiedad para la financiación de la película Ander. Junto a Gonzalo Casal se sentó también en el banquillo de los acusados Jon Alonso Hornes, contable contratado por Gonzalo Casal, a quien se le acusa de apropiarse de 106.000 euros. Para Gonzalo Casal hay una petición fiscal 5 años y 9 meses de prisión, además de 9 años y medio de inhabilitación absoluta, mientras que Alonso Hornes se enfrenta a una pena de 4 años y 9 meses de cárcel y 9 años de inhabilitación absoluta.

En su declaración en calidad de testigo de la acusación, Madrazo aseguró que encomendó esta tarea a Gonzalo Casal en función de la “profesionalidad y eficacia” que había demostrado como delegado territorial de Vivienda. El exconsejero aseguró que no era su cometido estar al tanto de las obras realizadas en la sede de la Cámara de la Propiedad, así como de la contratación de personal, pero dejó claro que sí era consciente del mal estado en el que se encontraba el edificio, así como del “déficit de personal con el que debía enfrentarse”. No obstante, aseguró que en su función como consejero de Vivienda no constaba el estar al corriente de las obras.

Con respecto a la película ‘Ander’, Madrazo reconoció que había un acuerdo entre el Gobierno vasco y la asociación sin ánimo de lucro Aukeratu para la financiación del filme, y que su departamento aportó 60.000 euros para la financiación de la película, pero desconocía si se habían desviado fondos de la Cámara para este fin o que José María Gonzalo Casal figurara como productor ejecutivo de la película y que Jon Alonso fuera el ayudante de producción. Además, afirmó que en lo relacionado a fondos, patrimonio y personal, Gonzalo no rendía cuentas a su departamento sino a Hacienda, área que, según afirmó, “me consta que estaba informada”.

Obras necesarias
El principal acusado, Gonzalo Casal, negó todas las acusaciones que pesan sobre su persona. Con respecto a la contratación de Jon Alonso como contable, aseguró que cuando le encomendaron la labor de liquidar la Cámara de la Propiedad se encontró con una total falta de personal para acometer esta labor. Afirmó, asimismo, que conocía a Alonso Hornes “solo de vista” y tras entrevistarse con él le contrató primero para un periodo de pruebas y más tarde, una vez superado este periodo, para ejercer las labores de contable. A este respecto, al de contratación de personal de forma directa y sin publicidad, aseguró que la Cámara era una entidad privada y que, por tanto, no estaba sometida a un régimen de contratación pública.

Gonzalo Casal aseguró en su declaración que esperaba que el cometido que le habían encomendado, la liquidación de la Cámara de la Propiedad, se llevara a cabo en un breve periodo de tiempo, lo que sí ocurrió con las cámaras de Gipuzkoa y Araba, cuyo proceso de liquidación se acometió con diligencia, pero causas ajenas a su voluntad retrasaron el proceso en Bizkaia. Con respecto a las obras, aseguró que fueron “necesarias” porque en el edificio “había cables por el suelo, no disponía de medidas de seguridad ni de accesibilidad, ni casi de instalación para internet, a lo que había que añadir que el inmueble está considerado patrimonio cultural y hubo que restaurar algunos elementos”. Sobre la película Ander, Gonzalo Casal explicó que era un encargo del Gobierno vasco y que únicamente “se adelantó una cantidad” hasta que se cobraran las aportaciones de las distintas administraciones.

Un mandado
Por su parte, el otro acusado, Jon Alonso Hornes, aseguró en todo momento que él era un simple mandado que cumplía las órdenes de Gonzalo Casal, quien dijo que era el que manejaba todos los pagos y gastos. En su declaración, reconoció que ejercía labores de contable tanto para la Cámara de la Propiedad como para Aukeratu y por ello recibía una remuneración extra.

Así, según afirmó, Gonzalo Casal le abonó diversos ingresos, aparte de la nómina, al considerar que realizaba “trabajo extra sin remunerar”. Alonso reconoció haber recibido 106.000 euros, de los que afirmó que había devuelto la mitad. “Se lo comenté a una amiga y me dijo que no era normal los ingresos que me estaban dando, me pareció que la cosa se estaba desmadrando y devolví la mitad del dinero que me habían pagado de más, porque el resto ya me lo había gastado”, afirmó.

#hemeroteca #politica | Acusan al delegado de Vivienda con Madrazo de repartir pisos por amiguismo

Imagen: El Correo / Txema Gonzalo y Jon Alonso
Acusan al delegado de Vivienda con Madrazo de repartir pisos por amiguismo.
El juicio contra Txema Gonzalo y Jon Alonso por su gestión en la Cámara de la Propiedad descubre una supuesta red de complicidades políticas, personales y económicas.
David S. Olabarri | El Correo, 2016-02-03
http://www.elcorreo.com/bizkaia/politica/201602/03/acusan-delegado-vivienda-madrazo-20160202234752.html

El exportavoz de Ezker Batua (EB), Serafín Llamas, vivió durante una larga temporada de manera presuntamente irregular en uno de los pisos de la extinta Cámara de la Propiedad en Bilbao, que fue rehabilitado y amueblado con fondos del organismo a pesar de que en ese momento se encontraba ya en proceso de liquidación. ¿Por qué vivía en un edificio que había pasado a ser de titularidad pública? «Porque se había separado recientemente» de su pareja, el hermano de Txema Gonzalo, que era el exdelegado territorial de Vivienda en Bizkaia en la época en la que Javier Madrazo dirigía ese departamento, su compañero de filas en EB y, en último término, la persona que había recibido el encargo de liquidar la Cámara de la Propiedad Urbana de Bizkaia como corporación de derecho público -proceso iniciado en febrero de 2006- para integrar sus bienes en la Administración.

Esta fue una de las principales revelaciones que dejó ayer el inicio del juicio que se sigue en la Sección Segunda de la Audiencia de Bizkaia contra el propio Txema Gonzalo y contra Jon Alonso -un trabajador contratado por el primero- a raíz de las numerosas irregularidades de gestión detectadas por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP). Los testimonios recabados en la vista pública de ayer dejaron al descubierto una supuesta red de complicidades de carácter personal, político y económico que se tejieron al calor del proceso de liquidación de la Cámara y que fue la base de las supuestas irregularidades que se juzgan ahora.

La Fiscalía pide para Gonzalo 5 años y 9 meses de prisión -además de una inhabilitación absoluta por 9,5 años- por unos supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. En el caso de Alonso, que fue contratado como contable, el Ministerio Público pide 4 años y 9 meses de prisión -y 8 años de inhabilitación absoluta- por cooperación en la malversación.

Según la auditoría del Tribunal de Cuentas -adelantada por El Correo-, durante el proceso de liquidación se gastaron 4,3 millones de euros. Según sus cálculos, no deberían haberse desembolsado más de 1,7 millones ya que, sobre el papel, su función debía limitarse a realizar la gestiones oportunas para que el patrimonio de la entidad pasase directamente a engrosar las arcas de la Hacienda vasca. Sin embargo, durante su gestión se realizaron contrataciones sin respetar las normas de la función pública y se aprobaron «multitud de gastos e inversiones» que ahora, diez años después, han llevado a Gonzalo y Alonso al banquillo de los acusados. Entre los numerosos gastos que la acusación considera «ajenos al proceso de liquidación» se encuentran los 1,7 millones desembolsados para «rehabilitar» y «amueblar» un edificio de la calle Henao de Bilbao, el convenio suscrito con la asociación Aukeratu para financiar la película de temática gay ‘Ander’, un viaje a un festival de cine a Montevideo y la contratación de una agencia de detectives.

En este contexto, la declaración de Jon Alonso supuso un auténtico vuelco en el proceso. El extrabajador, que conocía de «vista» a Gonzalo, confesó haber cometido diversas irregularidades. Admitió que percibió en su cuenta corriente 106.000 euros de los fondos de la Cámara al margen de su nómina, que rondaba los 1.500 euros netos. Según dijo, estos pagos fueron autorizados por Gonzalo por los trabajos contables que realizó para Hegoak -una organización sin ánimo de lucro que trabaja por los gays y lesbianas-, para Aukeratu -la entidad que recibió el encargo de gestionar Berdindu, el servicio del Departamento vasco de Asuntos Sociales de apoyo a los homosexuales- y para la película ‘Ander’. El imputado aseguró que, «cuando las cosas empezaron a desmadrarse», pidió consejo a una amiga, que le dijo que aquellos pagos eran una «bomba», que eran «ilegales». Y decidió reintegrar a la Cámara «lo que tenía» en ese momento: unos 53.000 euros.

Desde Uruguay a Miribilla
El declarante aseguró que Gonzalo era quien «decidía todo» y el único que tenía «firma» para autorizar los pagos. También le responsabilizó de las contrataciones de personal de «amigos del partido» (EB) para trabajar en la Cámara. A preguntas de las acusaciones, Alonso confesó que Serafín Llamas residía en una de las viviendas y aseguró que Gonzalo invitó a venir a Bilbao a un ciudadano uruguayo con doble nacionalidad -J. A. García Casal- para trabajar en Berdindu y vivir en un piso del Gobierno vasco en el barrio de Miribilla. Las facturas de esta vivienda pública -dijo- también se abonaban con cargo a los fondos de la extinta Cámara de la Propiedad. Y afirmó que Madrazo «estaba al tanto» de lo que ocurría en la entidad.

Las confesiones de Alonso fueron de tal calibre que el letrado de Gonzalo preguntó si había llegado a algún pacto con las acusaciones para rebajar la pena. Txema Gonzalo, por su parte, aseguró que las obras en el inmueble fueron «totalmente necesarias» por las carencias que sufría y por la necesidad de trasladar allí parte de los servicios públicos que ofrecía su departamento. También dijo que envió un informe sobre la remodelación al Departamento de Hacienda -entonces dirigido por Idoia Zenarruzabeitia (PNV)- y que «en ningún momento se le notificó» que hubiera irregularidades. Sobre el hecho de que se fichase a seis personas «de forma directa y sin publicidad», el imputado aseguró que la Cámara era una entidad privada y, por tanto, no estaba sometida a las leyes de contratación pública. Además, aseguró desconocer cómo llegaron los 106.000 euros a la cuenta bancaria de Alonso y deslizó la responsabilidad sobre el otro imputado. Las declaraciones se retomarán el viernes.

Madrazo asegura que su exdelegado no debía informarle sobre las obras en la Cámara
El exconsejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, Javier Madrazo, insistió ayer en que Txema Gonzalo no le tenía que dar cuenta sobre los temas relacionados con los «fondos, patrimonio y personal» del proceso de liquidación, aunque sí conocía las obras de remodelación del edificio. Eso era -dijo- responsabilidad del Departamento de Hacienda. Madrazo explicó que sufrían «problemas por falta de personal» y dijo desconocer que se habían repartido pisos de forma irregular.