Aunque cada 31 de marzo se celebra el Día de la Visibilidad Trans, el de este 2021 no es como los demás. Tras un año en el foco mediático por la polémica ley trans, el colectivo denuncia que precisamente esta visibilidad ha comportado "niveles de odio nunca vistos en democracia", con un acoso especialmente intenso en redes sociales.
La aprobación de esta ley, cuyo borrador se ha convertido en un punto de fricción entre los socios del Gobierno, es la principal reivindicación de los colectivos trans. "No tenemos tiempo para seguir esperando" a que finalmente el texto salga adelante, explica a RTVE Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma Trans. "Llegamos 42 años tarde y cada minuto es tarde, porque cada minuto nos pueden dar una paliza", añade.
La legislación para erradicar la discriminación hacia este colectivo formaba parte del acuerdo de coalición de 2019 entre PSOE y Unidas Podemos, pero los dos partidos empezaron a diferir pronto en el contenido de la ley. El Ministerio de Igualdad difundió en febrero un borrador del texto legal que causó malestar en las filas socialistas, hasta el punto que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, denunció que desdibujaba "a las mujeres como sujeto político y jurídico, poniendo en riesgo los derechos, las políticas públicas de igualdad y los logros del movimiento feminista".
Ante el bloqueo, la Plataforma Trans elaboró un texto, prácticamente idéntico al borrador de Igualdad, que el pasado 17 de marzo presentaron seis partidos en el Congreso como proposición de ley. Cambrollé está convencida de que saldrá adelante y de que esta ley es "un proceso irreversible". Además del texto a nivel estatal, 12 comunidades tienen leyes dedicadas al colectivo.
La clave: la libre autodeterminación de género Con sus palabras, Calvo se refería a uno de los puntos más espinosos del texto, el reconocimiento de la identidad de género "libremente manifestada", según recoge literalmente la ley. Actualmente, y en las comunidades donde no rige una ley autonómica específica, si una persona trans quiere cambiar de sexo, debe presentar un informe psicológico que acredite la existencia de disforia de género y someterse a un tratamiento médico de hormonación durante dos años.
Cambrollé equipara este requisito a una "esterilización química forzosa", ya que "el tratamiento hormonal es una decisión personal, intransferible y libre y el estado no puede exigírselo a nadie".
Desde la asociación de familias de menores trans Chrysallis critican que la legislación actual, aprobada en 2007, está "totalmente obsoleta". Para poder cambiar su nombre en el DNI, una persona trans "requiere un informe de disforia de género cuando la disforia ya ha sido despatologizada" según afirma la presidenta de la organización, Ana Valenzuela. Este diagnóstico psiquiátrico considera un trastorno mental la discordancia entre la identidad de género y el sexo asignado al nacer, pero la Organización Mundial de la Salud descartó en 2018 que tal discordancia se trate de una enfermedad,
algo que avaló el pasado noviembre la Sociedad Española de Psiquiatría.Ahora, asociaciones como Chrysallis demandan que la legislación española se ponga al día con el criterio de la OMS y, además, como recoge el borrador, elimine el requisito de la mayoría de edad para poder cambiar legalmente de nombre y de sexo. "El sistema te está obligando a adaptarte a la norma establecida en cuanto a los estereotipos de género, con lo que las personas menores no tienen posibilidad de vivir conforme a su identidad de género", señala Valenzuela.
Del aborto y el matrimonio igualitario a la ley trans "Somos la última asignatura pendiente que tiene la democracia", afirma Cambrollé. La presidenta de la Plataforma Trans, que aglutina a los colectivos trans españoles, equipara la aprobación de la ley a la de otras como la del divorcio, la del aborto o la del matrimonio igualitario. "Se han dado grandes avances sociales y civiles que han hecho nuestra democracia un referente para otros países de Europa y de Latinoamérica", asegura, pero recuerda que "España tiene esa asignatura pendiente con las personas trans".
"Después de 43 años nos encontramos con una población que no tiene las mismas oportunidades para acceder a los derechos básicos", lamenta. Ante las críticas contra el borrador que preparó el Ministerio de Igualdad, Cambrollé responde que otras leyes, como la del aborto o la de la eutanasia, también vinieron acompañadas de "teorías apocalípticas".
La diferencia entre aquellas y el texto que se debate ahora es quién se oponía a la ley. Si con el matrimonio igualitario o la interrupción del embarazo la oposición vino del "sector ultracatólico" ahora las críticas las comparte un sector del feminismo, aunque subraya que "no difieren en nada" con los principios de partidos como Vox o asociaciones como Hazte Oír.
Edurne Correa, presidenta de la asociación DesperTRANS, considera que no hay realmente división dentro del feminismo, sino que "se ha inflado artificialmente el tema con el ánimo de dividir al movimiento, que en los últimos años llevaba una trayectoria ascendente con las huelgas y manifestaciones de los 8M". Cree que "la parte transexcluyente del feminismo es muy minoritaria"
Otros seis países europeos han aprobado leyes similares Frente al borrador de la ley trans se han alzado académicas feministas como Amelia Valcárcel o escritoras como Laura Freixas. Algunas de las voces críticas se han agrupado en la alianza Contra el Borrado de las Mujeres, que critica que "cualquier varón pueda ‘autodeterminarse’ mujer con su palabra como único trámite necesario", lo que pondría en peligro los derechos de las mujeres y las niñas basados en su sexo".
Cambrollé responde a estas críticas que "la ampliación de derechos a una población que no los tiene no supone quitárselos a quien los disfruta" y que la nueva legislación no cambia en espíritu respecto a la de 2007, que ya permitía el cambio registral de nombre y sexo, aunque condicionada al tratamiento hormonal.
Algunos de los argumentos que esgrimen las activistas contrarias a la ley es que con la autodeterminación de género algunos hombres podrían cambiarse de sexo para poder ir a cárceles femeninas o podrían entrar a baños o vestuarios de mujeres. "Son muchos los países que ya tienen estas leyes y no ha sucedido absolutamente nada", responde Valenzuela, que asegura que la inclusión de mujeres trans en espacios femeninos "ya está sucediendo y no ha habido ni una sola denuncia".
"Ninguna persona que conozca las discriminaciones y las violencias a las que se ve sometida una persona trans diría algo así", subraya, y añade que "es imposible que nadie se someta a todo esto porque diga ‘hoy me levanto y me apetece ir a un registro y solicitar este cambio'".
En Europa seis países exigen únicamente la voluntad personal para poder realizar un cambio de nombre y sexo, sin necesidad de informes psicológicos o tratamientos médicos: Dinamarca, Malta, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda y Portugal. Fuera del Viejo Continente, Argentina fue el primer país del mundo en no patologizar la identidad trans con una ley en 2012, algo que más tarde aprobaron otros Estados como Uruguay, donde el cambio registral es un trámite administrativo.
Los menores trans, víctimas del protagonismo mediático del colectivo Si el colectivo trans es uno de los más vulnerables socialmente, con tasas de paro de entre el 85 y el 90%, los menores viven aún más intensamente la discriminación, según denuncia Chrysallis. Dependiendo de la comunidad autónoma, niños y adolescentes "tienen asegurados unos derechos o no", señala Valenzuela.
Los menores trans se enfrentan a que no se reconozca su identidad de género en listados de clase o a llevar un uniforme que no le corresponde, además del acoso escolar, que se ha recrudecido durante este último año. "Nos estamos encontrando con ataques como hacía tiempo que no nos encontrábamos: agresiones verbales y físicas en patios de colegio o bajadas de pantalones y de faldas", enumera la presidenta de la asociación.
En consultas médicas y hospitales, tanto menores como adultos se encuentran con el "ataque a la intimidad que supone la tarjeta sanitaria no recoja su nombre. "Hay muchos menores trans que no quieren acudir a las consultas médicas", explica Valenzuela, ya que al escuchar su nombre registral y mostrar un aspecto que no concuerde con este nombre, “están expuestos a las miradas de la gente”.
También denuncia la discriminación en el ámbito deportivo, ya que "cuando están practicando el deporte que más les gusta y tienen que pasar a etapa federativa, no se les permite si no tienen cambiado el nombre y sexo en el DNI". Esto provoca, en muchos casos, que "abandonan esa práctica deportiva", alerta la responsable de Chrysallis.
La desigualdad de la pandemia Al margen de la ley, el Día de la Visibilidad Trans de este año viene marcado por otro hecho que ha trastocado profundamente la vida del colectivo, tanto o más que con el resto de la sociedad: la pandemia de coronavirus.
"En lo laboral a todo el mundo se le ha complicado, pero si tienes el estigma encima de ser una persona trans lo tienes mucho más difícil que el resto de la población", recalca Correa. Cambrollé habla de "apartheid laboral" incluso sin crisis. Según Médicos del Mundo, el 80 % de las mujeres trans no tienen acceso ni siquiera a una entrevista de trabajo y, de conseguirlo, sus posibilidades se reducen a empleos precarios.
Han sufrido especialmente las mujeres trans que se dedican a la prostitución, muchas de ellas migrantes según denuncia la presidenta de la Plataforma, que se han estado "arriesgando sus vidas porque no han podido acceder a ayudas públicas" y también lo han hecho los menores, en muchos casos con situaciones complicadas con sus familias.
"Vivir 24 horas con personas que no te quieren ha agudizado el estrés, la ansiedad y los intentos de suicidio en la población adolescente y juvenil", explica, y destaca que "las pandemias y las crisis afectan a toda la sociedad en general, pero a quien está mal desde el punto de partida lo pasa peor".
