“Me quedo en casa mirando al techo”. Geisha Collins Paul es una trabajadora sexual de 39 años que vive en Santo Domingo, en la República Dominicana. O, al menos, eso era antes. Desde que empezó el brote de covid-19, dejó de ejercer con regularidad. La pandemia ha supuesto un duro golpe para la mayoría de los quienes desempeñan una labor informal, pero para ella lo ha sido especialmente por una razón: el nombre que figura en su carnet de identidad es Ronny, no Geisha. Geisha es una mujer transexual.
En la República Dominicana, como en muchos países latinoamericanos, los transexuales libran una batalla diaria. Luchan por el acceso igualitario a los servicios sociales y la atención médica, contra la discriminación y la estigmatización social que, en una sociedad católica y conservadora, pueden ser considerables.
La situación sanitaria de los últimos dos años ha agravado las desigualdades, y este colectivo se enfrentan cada vez a más dificultades para encontrar un empleo y acceder a una ayuda financiera y a atención médica. Para ellos, la pandemia representa una “crisis dentro de la crisis”, concluye
un informe del Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (Cedostalc).
En el caso de Geisha, el número de sus clientes ha disminuido un 40%, pero
otras trabajadoras sexuales entrevistadas por France Press han perdido hasta el 80%. En Santo Domingo se mantiene el toque de queda nocturno desde el año pasado, y a los interesados les da vergüenza parar a las prostitutas a la luz del día.
La mujer muestra el punto del hombro donde recibió el impacto de un pedrusco mientras atraía a hombres en la acera. Las agresiones contra las transexuales no son excepcionales. “Nos tiran botellas y piedras”, denuncia. “Tenemos que escondernos como ratas”. Con todo, asegura que le gusta su trabajo: “Siempre me lo he pasado bien en la calle”. Al mismo tiempo, reconoce que consume drogas “para aguantar las noches”: éxtasis, marihuana y perico, el nombre en argot para la cocaína.
“Siempre he sido un marica”, explica Geisha mientras gesticula con las manos adornadas con largas uñas blancas artificiales. Cuando tenía 12 años, su madre la mandó a un colegio para niños con necesidades especiales. Allí, sus tutores intentaron modelar su identidad de género como un chico, por ejemplo, obligándola a realizar actividades tradicionalmente masculinas, como la carpintería. “En el colegio me torturaron durante 14 años”, recuerda. Al cabo de mucho tiempo se reconcilió con su familia, que aceptó su identidad femenina y su ocupación.
En la República Dominicana, la prostitución se encuentra en una zona de indefinición legal: no es ilegal, pero tampoco se considera un empleo regular. Por eso, las trabajadoras sexuales a menudo se encuentran con dificultades para acceder a servicios sociales y las subvenciones públicas.
Según una encuesta sobre las consecuencias de la covid-19 para la población LGBT del país sobre una muestra de 462 participantes, el 75% está en paro y el 98% no tiene acceso a las ayudas financieras del Gobierno. Ahora Geisha gana algo de dinero limpiando casas y también recibe apoyo de la organización
Transsa (Trans Siempre Amigas), donde trabaja como activista y militante.
Transsa es una organización que vela por los derechos de las personas transexuales y transgénero en la República Dominicana. Fue fundada hace 15 años y ofrece apoyo psicológico, médico y legal al colectivo. En respuesta a la crisis de la covid-19, logró registrar a unos 150 miembros de la comunidad LGTBI en el programa gubernamental Quedémonos en casa, que asigna 5.000 pesos dominicanos (unos 72 euros) mensuales para comprar comida.
Christian King, director ejecutivo de la ONG, confirma que la pandemia ha recrudecido la precariedad económica de sus afiliados. “La discriminación también ha empeorado”, añade. Además, la crisis sanitaria ha puesto de relieve los problemas a los que se enfrentan cuando solicitan documentos de identidad legales. Sin un carné, no solo no tienen derecho a las ayudas del Estado, sino que tampoco pueden recibir la vacuna contra el coronavirus. En la República Dominicana ha habido hasta el momento más de 350.000 casos y 4.000 muertes en una población de unos 10 millones, según la OMS.
Un estudio demográfico citado por Unaids calcula que alrededor de 9.400 personas transgénero viven en República Dominicana, aunque otros informes citan números diferentes. De ellas,
el 27,7% es seropositiva, un porcentaje elevado en comparación con el 0,8% de los dominicanos. Muchas trabajan en la industria del sexo, ya sea ocasional o regularmente, o lo han hecho en el pasado. Según King, aunque la prostitución sea la principal fuente de ingresos de la mayoría, para muchos no se trata de una elección profesional, sino de la única manera de ganarse la vida.
Aunque todavía
es escasa la información sobre el VIH como factor de riesgo para la covid-19, los seropositivos se consideran población de riesgo debido a su inmunodepresión. King explica que la pandemia no ha afectado al acceso de estos pacientes crónicos a los servicios médicos, principalmente porque prefieren recibir el tratamiento antirretroviral a través de organizaciones comunitarias y sin fines de lucro, no a través del sistema de salud pública. “Allí se sienten menos discriminados”, afirma. Sin embargo, el director de la ONG también asegura que muchos han experimentado dificultades a la hora de conseguir una cita médica, algo que necesitan periódicamente para controlar su carga viral. Y lo atribuyen a las medidas implementadas para contener el virus, aunque poco a poco la situación está volviendo a la normalidad. Aun así, la Red Dominicana de Personas Viviendo con VIH ha denunciado recientemente la existencia de una grave escasez de medicamentos antirretrovirales, en parte provocada por retrasos en el reparto debidos a la pandemia.
Ágatha Brooks, de 32 años, es una mujer negra transexual que no tiene documentación. Hace cinco años descubrió que era seropositiva y ahora dice que, en esta época de pandemia, se siente una privilegiada. Tiene un trabajo estable, y por eso su situación no se ha visto afectada. Brooks trabaja en el observatorio de derechos humanos de Transsa, donde presta apoyo quienes han sufrido violencia por motivos de género. Hace unos años, fue ella la ayudada. En 2019, la policía la agredió cuando volvía a casa de una fiesta de cumpleaños. “Me dieron una paliza en la puerta de mi casa”, recuerda. Antes de marcharse, los agentes le dijeron: “Sabemos dónde vives”. Ella no denunció los hechos.
Según King, el último año han descendido los casos notificados de violencia contra el colectivo LGTBI en la República Dominicana, seguramente como resultado del toque de queda nocturno. Aun así, un informe de Transsa afirma que, entre julio de 2019 y julio de 2020,
en el país se cometieron 11 asesinatos de odio LGTBI.
La violencia no es un problema exclusivo de la República Dominicana. Según Trans Murder Monitoring,
350 miembros de la comunidad transexual y transgénero fueron asesinadas entre octubre de 2019 y septiembre de 2020. De las víctimas con profesión conocida, el 62% eran trabajadoras sexuales. En total, entre 2008 y 2020 hubo 3.664 casos de asesinato registrados en 75 países. El documento afirma: “Los datos muestran una alarmante tendencia al incremento gradual de la tasa de crímenes entre 2008 y 2020”. Además, “a consecuencia de la covid-19 y el aumento del racismo y la brutalidad policial, la vida de las personas transexuales y transgénero corre peligro”.
En julio,
la Cámara de Diputados aprobó una modificación del Código Penal que elimina la orientación sexual y el género como dos motivos que conlleven un delito de discriminación. Según King, esto representa un paso atrás en la lucha por los derechos LGTBI en el país.
República Dominicana no tiene una ley sobre identidad de género. Transsa trabaja en esta dirección, pero el camino todavía es largo. “El Estado es muy conservador (...) y hay muchas injerencias de las diferentes iglesias” afirma King. Actualmente, las transexuales pueden cambiar su nombre legal en los documentos de identidad, pero solo por un decreto ejecutivo. Sin embargo, no pueden cambiar el género. De todas maneras, muchas no tienen documentación de ninguna clase. Brooks, por ejemplo, nació en Bahamas y se trasladó a la República Dominicana cuando tenía dos años. Debido a la dejadez de sus padres, dice, no tiene pasaporte dominicano ni bahameño. Como parte de su activismo, lucha por una ley de identidad de género que le permita declarar en su primer pasaporte el género que elija. Mientras tanto, toma píldoras anticonceptivas para que le crezca el pecho. Le gustaría someterse a una cirugía de reasignación de sexo, pero es demasiado cara para ella.
Para algunas, la decisión de no someterse a esta clase de intervención quirúrgica no obedece a motivos económicos. Franchesca Gabriella Montez, de 27 años, es Francisco en su documento de identidad. “Si cambiase el género, todavía me discriminarían más”, lamenta. “Me licencié como Franchesca”, dice mostrando con orgullo una foto en la que aparece con toga y bonete. Sin embargo, cuando consiguió un empleo en un centro de atención telefónica, le pidieron que se cortase el pelo y se vistiese como un hombre. Actualmente, trabaja limpiando casas en Santo Domingo. Gana unos 4.000 pesos (57 euros) al mes. “No es suficiente”, lamenta. Desde el punto de vista económico, la pandemia “es una época muy difícil”.
A los 14 años, Francisco fue violado por un hombre de su barrio. Su metamorfosis empezó dos años después. Para ella, Franchesca y Francisco son dos personalidades diferentes, “dos vidas en un mundo”. Francisco era un individuo solitario y aislado, víctima de acoso escolar, con un padre alcohólico y una madre que murió prematuramente. Cuando se convirtió en Franchesca, se dio la oportunidad de renacer. Nunca denunció a su violador. “Sigo viéndolo por el barrio, paseando con su familia”, cuenta la joven.
Al igual que Geisha y Ágatha, Franchesca no se siente aceptada por la sociedad dominicana. “La gente piensa que nosotras somos marcianas”, ironiza. “Pero todos somos iguales. Algún día, todos nos convertiremos en polvo”. Aunque hayan seguido caminos diferentes, las tres mujeres han convertido sus heridas en arte y activismo por los derechos LGTBI. En el documental Media Luna cuentan sus historias. Ágatha es poeta, y Franchesca está escribiendo un libro con el que le gustaría llevar esperanza a las víctimas del odio homófobo. “En mi libro hago que vean que hay oportunidades”, explica. “En medio de la oscuridad hay un rayo de luz”.
