#hemeroteca #violencia | La doble victimización de mujeres, niños y LGTB en el conflicto colombiano

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La doble victimización de mujeres, niños y LGTB en el conflicto colombiano.
En el contexto de un sangriento conflicto militar que dura más de medio siglo, las mujeres, los menores y los miembros de la comunidad LGTB han llevado la peor parte.
Nazaret Castro | esglobal, 2016-05-03
http://www.esglobal.org/la-doble-victimizacion-de-mujeres-ninos-y-lgtb-en-el-conflicto-colombiano/

Durante más de medio siglo Colombia ha vivido un contexto de conflicto armado en el que grupos paramilitares, guerrillas, fuerzas armadas y bandas de narcotraficantes han perpetrado secuestros, desplazamientos, muertes, desaparecidos, amenazas, hostigamiento a comunidades y todo tipo de crímenes contra la humanidad. Sin embargo, ha habido otra cara de esa violencia generalizada y sistemática que ha permanecido más invisibilidad: la violencia sexual contra las mujeres, niñas y niños.

Los cuerpos de las mujeres se han utilizado como un arma de guerra, como denunció un informe de Oxfam-Intermón. Aunque la estigmatización y el miedo han llevado a la mayoría de ellas a callar, poco a poco se ha ido desvelando cómo los diferentes actores armados han utilizado prácticas aberrantes, que van desde la violación hasta la obligación a prostituirse o los abortos forzados. El pico de esta violencia es probablemente el control de comunidades enteras por grupos paramilitares en la primera mitad de los años 2000, cuando en las zonas más afectadas por el conflicto, como el Cauca y los Montes de María, las mujeres fueron utilizadas como esclavas sexuales y obligadas a realizar las tareas domésticas.

“Dividieron a las familias. Si un paramilitar se interesaba por una mujer, la violaba y la obligaba a quedarse por la fuerza, o ella se iba para evitarle problemas a su marido. A muchas las han prostituido así. Y sigue pasando. Unas hablan, otras callan. Cuando salgan de prisión algunos de ellos, ¿cómo se sentirán esas mujeres cuando tengan que encontrarse frente a ellos en la calle?”, relata Pedro (nombre ficticio), vecino de una comunidad de Montes de María, un territorio muy afectado por la violencia paramilitar en la pasada década.

En una comunidad cercana, Carmen (nombre ficticio) narra su experiencia: “A las mujeres nos ha tocado la peor parte. Muchas fuimos víctimas de violencia sexual. Eso es un dolor profundo, un trauma que es físico y mental, que está muy adentro. Una siente que tuvo la culpa, que no vale nada”. Hablar es difícil: por el miedo a los victimarios, y también por el temor al rechazo y la estigmatización de la propia familia, de la comunidad; por eso, muchas optaron por marcharse a la ciudad a trabajar como empleadas domésticas. Poco a poco, algunas comienzan a hablar: “Hemos venido renaciendo con un proceso de mujeres, yo quisiera que todas pudieran, como yo, sentirse mejor, con ayuda de terapeutas, de psicológicos, con el bien que nos hace hablar”, explica Carmen. En estas comunidades destacan la labor de las organizaciones de base, pero cuestionan el papel del Estado: “No nos ha llegado un peso del presupuesto que, supuestamente, es para reparar a las víctimas”.

Infancias robadas

Las niñas y niños han sido y son objeto de formas de violencia no menos brutales. Un reciente informe de Oxfam y otras organizaciones denuncia que, de media, cada día 27 menores son abusados por actores armados. Sólo en 2012, se calcula que 10.800 niñas y 2.400 niños fueron víctimas de violencia sexual en el contexto del conflicto. Los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y Nariño registran las cifras más altas, si bien en otras regiones, como la Amazonía, se sabe que este tipo de violencia está generalizada, pero no se ha podido hacer un registro.

El subregistro y la invisibilización es un grave problema cuando hablamos de violencia contra las mujeres y menores en las zonas de conflicto. Como apunta Oxfam: “Los testimonios recabados y los relatos de las mujeres que habitan en zonas ocupadas por los distintos actores armados y víctimas del desplazamiento forzado indican que la violencia sexual es mucho más frecuente de lo que se cree, de lo que los medios de comunicación difunden y de lo que las estadísticas y los registros oficiales sugieren”.

Según el informe ‘Dejen de cazar a las niñas y niños’, de Oxfam, el Pacífico es una de las zonas del país donde, con mayor crudeza, tanto la guerrilla como los grupos paramilitares han ejercido abusos contra menores, que van desde su uso como botín de guerra hasta su reclutación a través de engaños, pasando por el proxenetismo. En el municipio de Tumaco, en el Pacífico sur, se han creado redes de explotación sexual comercial que administran los grupos paramilitares. Las niñas son llevadas de una a otra vereda (pedanía), una situación que tiende a normalizarse en un contexto de enorme precariedad y vulnerabilidad socioeconómica. Se estima que, entre 2008 y 2012, 328 niños y 238 niñas fueron víctimas de abuso sexual.

Contra la diferencia

Junto a las mujeres y los menores, el colectivo LGTB (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) ha sido también duramente golpeado por la guerra en Colombia. Más de 1.200 personas LGBT han sido víctimas del conflicto, y de ellos, 80 han sido asesinados, según la Unidad de Víctimas. En su informe 'Aniquilar la diferencia', el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) detalla las agresiones, torturas, asesinatos, violaciones, amenazas y diversas formas de violencia física y simbólica contra gays, lesbianas y transexuales por parte de los diferentes actores armados: las guerrillas han perseguido y amenazado a individuos por su orientación sexual, mientras que los paramilitares −en ocasiones, según el mismo informe, con apoyo de miembros de las Fuerzas Armadas− han emprendido verdaderos procesos de “limpieza social” a través de amenazas colectivas y agresiones públicas. Como en el tristemente célebre episodio vivido en una vereda de Montes de María, donde los paramilitares obligaron a homosexuales, ante la mirada de sus vecinos, a pelear sobre un ring de boxeo, a tener sexo entre ellos y a caminar desnudos durante horas. Los paramilitares llegaron a extremos brutales que incluyen sádicas torturas, violaciones, a veces con objetos, y en ocasiones, después de todo tipo de vejaciones, la muerte.

Una de las conclusiones del CNMH es que el conflicto armado no introduce la violencia homofóbica en las comunidades, pero sí la amplifica y crea cadenas de violencia que se mantienen hasta hoy. “Es muy parecido a lo que pasa con las mujeres: la guerra no inventa la violencia sexual, eso preexiste, pero sí la exacerba”, indicó Nancy Padra, una de las autoras del informe, en una entrevista con El Espectador. En su opinión, el actor armado impone un orden social heteronormativo como parte de un “proyecto intencionado y militar de exterminio” que va mucho más allá del prejuicio. Como en el caso de la violencia sexual contra las mujeres, la violencia contra quienes se apartan de la norma heteropatriarcal “no han sido acciones aisladas dentro del conflicto armado colombiano, sino que hacen parte de las lógicas de control y regulación de los cuerpos y la sexualidad”.

¿Qué va a pasar con la firma del acuerdo de paz? El problema de la violencia heterosexual no es tanto el actor armado como los imaginarios compartidos que legitiman esas violencias. Aunque el proceso de paz tenga éxito y las guerrillas que hoy violentan a los LGTB se desmovilicen, “el problema es que si persisten los discursos y las prácticas justificadoras ya no van a ser los guerrilleros quienes me violen, sino el vecino. Cambia el autor de la violencia, pero ésta no desaparece”, señala Nancy Padra.

Un segundo problema tiene que ver con la efectiva desmovilización de los actores armados. Los grupos paramilitares se desmovilizaron sobre el papel en 2006, pero, según llevan años alertando expertos como Carlos Andrés Prieto, coordinador del área Dinámicas del conflicto de la Fundación Ideas para la Paz, en muchos casos esos grupos desmovilizados se rearmaron y conformaron las llamadas bandas criminales (‘bacrim’), que siguen cometiendo abusos contra la población local, entre ellos, el reclutamiento forzado de niños y adolescentes, como asegura el informe ‘Las Bacrim y el crimen organizado en Colombia’, de Prieto.

DOCUMENTACIÓN
“Esta guerra nos ha impedido amar (nos)”: los estragos del conflicto en los LGBT.
Hoy el CNMH lanza el informe “Aniquilar la diferencia”. Las personas LGBT han tenido que negarse la posibilidad de amar públicamente a sus parejas por miedo a que las maten. Una estrategia impuesta por los actores armados que han establecido un orden social heterosexual con el beneplácito de las comunidades.
Pilar Cuartas Rodríguez | El Espectador, 2015-12-10
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/esta-guerra-nos-ha-impedido-amar-nos-los-estragos-del-c-articulo-604465
Nuevo lanzamiento: Aniquilar la diferencia.
Centro Nacional de Memoria Histórica [Colombia], 2015-12-10
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/aniquilar-la-diferencia
La homofobia de las Farc.
Más de 1.200 personas LGBT han sido víctimas del conflicto armado en Colombia, según la Unidad de Víctimas. Y el grupo guerrillero es uno de los actores responsables de esos hechos, que deja más de 80 muertos en todo el país.
Verdad Abierta, 2015-04-14
http://www.verdadabierta.com/violencia-sexual/5710-la-homofobia-de-las-farc

#hemeroteca #mujeres #poblacionrefugiada | El invisible calvario de ser mujer y refugiada

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El invisible calvario de ser mujer y refugiada.
A la hora de afrontar la crisis de los refugiados la Unión Europea no puede olvidarse de la perspectiva de género, de proteger la dignidad de las mujeres.
Eva Peruga Sales | esglobal, 2016-01-27
http://www.esglobal.org/el-invisible-calvario-de-ser-mujer-y-refugiada/

“Ayúdanos a restaurar nuestra dignidad”. Es una frase corta y directa escrita en un pequeño cartel por una refugiada en uno de los miles de centros de acogida en Europa. Dignidad es un término vinculado a libertad y a respeto, que estas mujeres pierden en su lugar de origen o en el camino de este El Dorado al que tal vez nunca llegarán. Y ese descenso a los infiernos por la doble condición de persona refugiada y de mujer tiene lugar bajo el manto de la invisibilidad. O de la falta de transparencia, si recurrimos a una de las expresiones fetiche de ahora, que se evidencia en la ausencia de datos sobre las circunstancias diarias de millares de refugiadas en territorio europeo.

Europa fracasa en la cobertura de los derechos mínimos de estas mujeres que son asaltadas, violadas, traficadas, prostituidas, esclavizadas, contagiadas con enfermedades mortales, desasistidas en las mínimas condiciones higiénicas y sanitarias, especialmente importantes las ginecológicas. El ejercicio de visibilizar la violencia contra las mujeres no puede someterse a interpretaciones coyunturales o intencionadas que, en realidad, perpetúan la dinámica de no situar ese abuso en el primer nivel de preocupación. En las refugiadas se reproduce, de hecho, la ocultación de la violencia que las europeas encajan en su día a día, según informes oficiales de la UE.

A pesar del silencio impuesto por las administraciones (de locales a supranacionales), vamos descubriendo la punta del iceberg a través de organizaciones sociales, de algún informe de la misma ONU y de unos pocos periodistas. La deriva es sencilla. Si no disponemos de cifras sobre las instalaciones sanitarias, duchas o lavabos, para mujeres, los asaltos perpetrados en ellas si no son seguras, las consecuencias de la separación o no de los lugares para dormir, las mujeres que llegan a Europa embarazadas por violaciones en el camino o cuántas sufren esta misma situación en los campos de acogida o en sus caminatas, el volumen y la periodicidad de compresas repartidas, de anticonceptivos, de matrimonios forzosos llevados a cabo también en ese tránsito, la atención a ellas y sus bebés, atención con los abortos. Si no contamos con esta información, ¿cómo se puede activar medidas de atención?

Datos oficiales tenemos solo los siguientes: de las personas llegadas por mar en el Mediterráneo en 2015, el 72% son hombres, el 13% son mujeres y el 15% son menores (niños y niñas). O que en uno de los campos de Múnich (Alemania), el 80% de sus moradores son hombres. De las más de 6.000 personas hacinadas en Calais (Francia), solo el 10% son féminas. Es sencillo imaginar en qué situación de vulnerabilidad se encuentra ese 10% en un lugar bautizado como La Jungla. Sólo recientemente se ha instado a poner baños y a contar a los menores solos en Calais. ¿No es territorio francés? Precisamente el aumento de la llegada de mujeres y menores sin compañía ha hecho sonar alguna alarma sobre la trata y el tráfico de personas en el gran maremágnum de los que huyen.

Sin la evidencia de los datos, no hay vergüenza ni temor. Miedo por cómo en un territorio que consideramos seguro, miles de mujeres sobreviven sin la cobertura de un Estado de derecho. Pocas son las que hablan porque, en realidad, no disponen de foros para hacerlo. Nos relata una afgana de 19 años que tuvo que buscar protección contra los intentos de violación de sus compañeros de camino casándose con el jefe del grupo, un hombre de más de 50 años. Otras mujeres se agrupan para protegerse de las agresiones que ocurren si están solas o el hombre que las acompaña parece débil. O la impotencia manifestada por la misma ONU y la policía local en la zona de Catania, donde combatir la prostitución de las refugiadas nigerianas resulta complejo, puesto que las mafias actúan desde el lugar de origen de estas. ¿Tampoco Sicilia es Europa? Y se impone la invisibilización. Hasta que… A raíz de los acosos y violaciones sufridos por alemanas en las pasadas fiestas navideñas, afloran situaciones ocultadas a la opinión pública. Situaciones que, en su origen, tienen como víctimas a las refugiadas y que en algunos países como Suecia intentan paliar con cursos para los inmigrantes sobre el respeto a las mujeres. Han sucedido casos de asalto y violación de alemanas en el exterior de los campos como este: en marzo de 2015, dos afganos solicitantes de asilo, de 19 y 20 años, fueron condenados a cinco años de cárcel por la “particularmente abominable” violación de una joven alemana de 21 años en Kirchheim, cerca de Stuttgart, en 2014. El pasado junio, una refugiada de 15 años en el centro de Habenhausen, un distrito del norte de Bremen, fue repetidamente violada por otros dos solicitantes de asilo. La instalación fue descrita como una casa de los horrores por la espiral de violencia entre bandas rivales de África y de Kosovo.

El caso de las refugiadas bien puede enmarcarse en la situación de ciudadanas de segunda experimentada por las mujeres en múltiples circunstancias de la vida aquí y allá donde fuere. La Unión Europa y los países que aspiran a ser miembros del club, como Macedonia, no cuentan con funcionarios especializados para atender las eventuales demandas de las refugiadas en cuanto pisan territorio europeo y los protocolos internacionales ni son suficientes ni se aplican correctamente cuando se trata de ofrecerles aquello que precisan de forma especial por ser mujeres. Al contrario, como sucedió con los abusos en Abú Graib, las mismas personas encargadas de su seguridad cometen los atropellos o toleran los perpetrados por refugiados. Tampoco la justicia se pone a disposición de ellas de tal manera que puedan denunciar las situaciones límite vividas en el camino hasta Europa, en su recorrido por ella o en los mal llamados refugios.

Paradigmático del horror es el campo macedonio de Gazi Baba, donde los abusos están documentados. A pesar de situaciones similares, no consta tampoco el impulso de ningún protocolo especial activado a raíz de la masiva llegada en 2015. No se recuerdan declaraciones de dirigentes de la UE en las cumbres de refugiados sobre esta particular vergüenza, ni llamada al orden alguna. Solo en el pasado 24 de noviembre con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la UE reclamó -en un comunicado- prestar ayuda a las refugiadas desde la perspectiva de género dado que algunas “huyen de la violencia de género en sus países de origen”. Cierto, pero hay mucho más. Todo lo que se conoce a través de las organizaciones sociales desplegadas en la asistencia a los refugiados y ante las cuales algunas de estas mujeres y chicas narran la punta del iceberg. Ellas tampoco saben que Europa está justo despertando ante la violencia ejercida contra sus ciudadanas. La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) alertó: una de cada tres europeas sufre violencia de género. El impactante informe, de 2014, saca a la luz una realidad. Y lo mismo sucede con los casos de violencia ejercidos por los varones refugiados. El mal uso que una parte de la población europea pueda hacer sobre la existencia de esos abusos no será nunca tan perjudicial como el dolor y el desamparo sufrido por las mujeres violentadas (refugiadas o no) derivado de ese silencio. El discurso a favor de la acogida de refugiados en Europa no puede construirse silenciando la violencia ejercida por algunos de ellos, de forma aplastante sobre las refugiadas.

¿A nadie le extraña que lleguen tantas mujeres embarazadas, con tantos críos pequeños o que haya multitud de alumbramientos al poco de alcanzar Europa? Hemos podido ver en directo en los últimos meses la forma en la que los refugiados llegan y pasan las fronteras. Cuántas preguntas olvidadas. Cuántas situaciones silenciadas. La violencia y la discriminación padecidas en su largo periplo les confieren perjuicios considerables en su calidad de refugiadas pero también como solicitantes de asilo. La perspectiva de género brilla casi por ausencia de tal manera que países como Gran Bretaña, Suecia, Alemania, Holanda han tenido que reconocer en su legislación ciertas formas de violencia o daños como formas de persecución y, en consecuencia, como motivo para darles asilo. ¿No lo es tener que casarte con tu violador u otra forma de boda forzosa como sucede en algunos países? ¿No lo es tampoco ser utilizada como un objeto por los diversos grupos en armas en Somalia?

A pesar de que algunas directivas de la Agencia de la ONU para los Refugiados, como la número 35, incluyen el género, en la interpretación de la Convención de los Refugiados, las experiencias de las mujeres han sido marginadas. El manual para la protección de las mujeres y las niñas, editado en 2008 por la UNHCR, es una buena iniciativa, pero aquí se pone sobre la mesa el cambio de los conceptos. En diferentes estudios sobre la importancia del género en el contexto de la solicitud de asilo se hacen reflexiones como la siguiente. Mientras la expresión abierta de una opinión política a través de medios convencionales como la participación en partidos políticos puede ser considerada como una base para el asilo político, formas menos convencionales de resistencia política, como la negativa a acatar leyes discriminatorias o seguir las reglas prescritas de conducta, a menudo se categorizan erróneamente como “conducta personal”. ¿Cuál sería, pues, la perspectiva para incorporar el tema de género? Establecer los miedos de la solicitante, si ha sufrido un daño grave, si ha existido un fallo de la protección del Estado y si sus experiencias están directamente relacionadas con uno de los motivos citados en la Convención. Si de una vez por todas Europa se atreve a afrontar con realismo la cuestión de las personas refugiadas, no se puede olvidar la dignidad de las mujeres.

#hemeroteca #violenciasexual | Violencia sexual, la estrategia para minar la resistencia étnica en Birmania

Imagen: esglobla / Kachin

Violencia sexual, la estrategia para minar la resistencia étnica en Birmania.
Pablo López Orosa | esglobal, 2016-01-04
http://www.esglobal.org/violencia-sexual-la-estrategia-para-minar-la-resistencia-etnica-en-birmania/

En los últimos años están aumentando las violaciones a mujeres y niñas a manos de militares birmanos en las áreas donde habitan las minorías kachin, shan y karen, entre otras, enfrentadas con el Gobierno desde hace décadas, según afirman activistas de derechos humanos del país. ¿Se trata de una nueva arma para acabar con las guerrillas y controlar una región rica en recursos naturales?

A Maran Lu Ra y a Tangbau Hkawn Nan Tsin, dos profesoras de etnia kachin de 20 y 21 años, las violaron en su casa de Shabuk Kawnghka, una remota aldea birmana en la frontera con China, una noche de enero al volver de una fiesta. Sus cuerpos aparecieron a la mañana siguiente con marcas de cuchilladas y fuertes golpes en la cabeza. Aunque la Policía acusó a un matrimonio local, nadie en el pueblo creyó su versión. Todos saben que detrás de estas violaciones se esconde una campaña del Ejército birmano para desgastar la resistencia kachin, la segunda guerrilla más poderosa del país.

Desde 2010, al menos 118 casos de violencia sexual han sido documentados en los dominios étnicos de Birmania, donde residen las minorías shan, kachin, karen, kokang, chin y rohingya, un dato que recoge sólo una porción de todos los abusos cometidos por las fuerzas militares. La cifra real es, a buen seguro, mucho más elevada. La mayoría de las mujeres prefieren no denunciar lo ocurrido dada la impunidad de facto con la que actúan los oficiales del Ejército y los altos costes judiciales del proceso.Mas, sobre todo, no denuncian para evitar el estigma social que persigue en Birmania a las víctimas de estas acciones.

La violencia sexual en los territorios étnicos de Birmania va asociada desde hace años a ofensivas militares del Ejército. “Cuando se acercan a nuestras tierras, los casos se suceden”, señala Moon Nay Li, portavoz de la Kachin Women´s Association of Thailand (KWAT). Así, mientras los políticos negocian un alto al fuego en la zona, los soldados del Tatmadaw (el Ejército birmano) hostigan a las mujeres kachin para mermar la resistencia civil. “Es una estrategia de contrainsurgencia”, asegura Women´s League for Burma, una entidad que aglutina a 13 trece organizaciones de mujeres, en un informe publicado recientemente.

En poco más de tres años, los militares han perpetrado violaciones múltiples, agresiones a ancianas y a niñas. “El 11 de noviembre de 2013 una menor de ocho años fue violada en la localidad de Hka Lum, en el estado Shan, por un soldado del 323 regimiento de infantería. La joven estaba cuidando de su hermana pequeña mientras sus padres trabajaban en un arrozal cercano, cuando el soldado entró en la vivienda. Una vez dentro, se abrió paso hasta la habitaciónn de la joven, lanzó a su hermana a la cama y la violó. Después, la amenazó en repetidas ocasiones con matarla si se lo contaba a alguien”, recoge el estudio If They Had Hope, They Would Speak.

“Se dan casos en las ciudades, pero principalmente tienen lugar en las aldeas”, afirma Htang Kai, coordinadora de la Kachin Legal Aid Network en Myitkyina. “El último ocurrió hace unos meses, cuando una anciana de 73 años sufrió un intento de violación en la aldea de Num Lang, cerca de Moe Mouk. Los vecinos impidieron que los autores, dos soldados del Ejército, perpetraran el abuso. Ella se quedó paralizada durante unos días, presa del terror y del miedo, ahora se ha ido a otra aldea. No tenía familia, menos mal que sus vecinos la protegieron”, relata la joven Htang desde su despacho en las afueras de la capital del estado Kachin.

Atacando a las mujeres, los militares birmanos tratan de desmoralizar y destruir el tejido social que soporta la resistencia de las minorías étnicas, sin su apoyo los guerrilleros no podrían mantener en el tiempo la lucha armada. Ellas crían a sus hijos y les proporcionan comida y cobijo. Sin ellas, la insurgencia sucumbiría en meses. Conscientes de esta realidad, los líderes del Tatmadaw han incorporado la violencia sexual a su estrategia para derrotar a los grupos étnicos rebeldes que se niegan a sumarse al alto al fuego firmado hace unos meses por el Gobierno del ex general Thein Sein y ocho pequeñas guerrillas étnicas. “La naturaleza generalizada y sistemática de las agresiones sexuales indica un patrón estructural” que podría ser considerado “potencialmente como crímenes contra la humanidad”, concluye Women´s League for Burma en su informe.

El dolor silenciado
En la aldea de Maina, a la orilla del gran río, el Irrawady, gobierna el silencio. A esta hora de la tarde, tras el almuerzo, el sol cae a plomo sobre la pequeña comunidad de desplazados kachin. Los adultos buscan el alivio de las sombras bajo el árbol, mientras media docena de críos corretean por la explanada pajiza que da acceso a la iglesia baptista. Sus 200 habitantes son conscientes de la violencia del Tatmadaw. La han sufrido, pero prefieren callar. “Será mejor que os vayáis, no es bueno ni para vosotros ni para nosotros”, nos advierte el líder la comunidad cuando intentamos charlar con una joven.

Nadie en Maina quiere tener más problemas como los militares. Temen sus represalias. En el asesinato de las profesoras de Shabuk Kawnghka, el líder del escuadrón amenazó con “reducir a cenizas” el pueblo si alguno de los aldeanos cuestionaba la versión oficial. Días después, el Ejército realizó una donación de casi 3.500 euros en memoria de las dos jóvenes. “En el caso de la anciana de Num Lang, tras el incidente, el capitán del batallón fue varias veces a su casa, casi acosándola con interrogatorios que se prolongaban hasta las 11 de la noche. Al final ha prometido investigar el caso”, comenta Htang con un indisimulado acento de decepción en sus palabras.

La Constitución, que otorga a los militares el control político del país, les protege también de la justicia: cualquier caso de violencia sexual, violación, tortura o abusos en ejercicio de sus labores es juzgado siempre por tribunales militares, lo que en la práctica les otorga una impunidad total. “Que el Ejército se someta a tribunales civiles es una de nuestras grandes reivindicaciones”, subraya la responsable de la Kachin Legal Aid Network.

Las pocas mujeres que, pese a las amenazas, se atreven a denunciar su caso se topan con un problema añadido: el coste desmesurado del proceso judicial. A los honorarios de los abogados se suma el coste de desplazarse en cada vista a Yangon o Naypyidaw. “Es muy caro, todos los gastos pueden suponer al final más de 1.000 dólares”, asegura Nay Li. Por este motivo, las organizaciones de derechos humanos llevan años exigiendo la creación de tribunales en las zonas tribales.

Pese a todo, el mayor obstáculo al que se enfrentan las víctimas es el propio estigma al que son sometidas por una sociedad patriarcal que tiene en la virginidad uno de sus valores fundamentales. “En muchos casos, como en los de violaciones, se culpa a las mujeres por sus vestidos, su comportamiento o sus horarios, pero no se hace así con los autores”, lamenta la portavoz de la Kachin Peace Network, Khon Ja. Muchas víctimas temen ser rechazadas por sus comunidades y evitan relacionarse con sus vecinos y familiares. “Se vuelven muy tímidas, se recluyen”, añade Nay Li.

La lucha por las minas de jade
En Myitkyina los menús de los restaurantes están escritos en chino. También la información de los hoteles, algunos carteles y muchos anuncios. La ciudad, capital del estado Kachin, es trilingüe: se escuchan conversaciones en idioma kachin, en birmano, pero, sobre todo, en mandarín. Son decenas los camiones que a diario cruzan las montañas hacia la frontera china cargados con metales preciosos. Llevan oro y plata, pero también cobre, hierro y plomo. Aunque, sin duda, su posesión más preciada es el jade, una piedra semipreciosa con la que los chinos agasajan a sus conquistas y decoran sus salones.

El comercio de jade en Birmania supera ya los 8.000 millones de dólares anuales, una cifra que seguirá subiendo en los próximos años. “El de kachin es el territorio de China en Birmania”, ironiza un joven taxista. El Gobierno birmano, supeditado a los intereses del Tatmadaw, quiere hacerse con el control absoluto del negocio: hasta ahora perciben los impuestos de las explotaciones legales, pero la mayor parte del jade se extrae en minas ilegales, con las que se financian las comunidades y la resistencia kachin. China, sin embargo, prefiere que el negocio siga funcionado como hasta ahora, por lo que, según muchos expertos, sigue alimentando la insurgencia. De hecho, tras el fracaso de las negociaciones de alto al fuego, al que el Kachin Independence Army (KIA), la segunda guerrilla más fuerte del país, con unos 10.000 hombres, declinó adherirse, Min Zaw Oo, uno de los negociadores del Myanmar Peace Center que coordina las conversaciones entre las minorías y el Gobierno, acusó al enviado especial chino de haber presionado a dos grupos rebeldes “claves” para no apoyar el acuerdo. “China siempre dice que quiere estabilidad. Por supuesto que desea estabilidad, pero al mismo tiempo quiere ejercer influencia sobre esos grupos a lo largo de la frontera”, aseguró Min Zaw Oo a Reuters.

Los dominios étnicos del norte son un territorio clave para el equilibrio político-económico del país: explotaciones mineras, infraestructuras hidroeléctricas y hasta un gasoducto que conecta China con las reservas de la costa oeste han sido construidos en los últimos años en los estados Shan, Kachin y Arakan. Todas estas inversiones fueron acompañadas de un potente despliegue militar que se ha traducido en un creciente número de “abusos de los derechos humanos” y en un desplome de la “seguridad de las mujeres”. “El uso de la violencia sexual está estrechamente ligado al control de los dominios étnicos ricos en recursos”, destaca el informe de Women´s League for Burma. “En todos los territorios de las minorías sucede lo mismo. Pasa con los karen, con los shan y con los kachin. Es una práctica sistemática. Usan la violencia sexual como arma”, sentencia Nay Li.

Está por ver si, tras el cambio de Gobierno que se avecina con la victoria de la National League for Democracy’s (NLD) liderada por la premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, en las históricas elecciones del pasado noviembre, el nuevo Ejecutivo birmano consigue convencer al Ejército para que ponga fin a la violencia sexual en el norte del país.

#hemeroteca #racismo | Hazaras, una etnia perseguida por todos

Imagen: esglobal | Mujer hazara

Hazaras, una etnia perseguida por todos.
La comunidad hazara ha sido históricamente acosada en Afganistán y en otros países de la región. Ahora se suma una mueva amenaza, el Estado Islámico.
Andrés Ortiz Moyano | esglobal, 2015-11-12
http://www.esglobal.org/hazaras-una-etnia-perseguida-por-todos/

Las calles de las ciudades afganas de Kabul y Gazni se han abarrotado en estos últimos días por manifestantes que exigen una mayor protección civil al Gobierno. El motivo: la decapitación de siete personas de la etnia hazara, mujeres y niños incluidos, por parte del Estado Islámico (EI) o Daesh en árabe. Las manifestaciones, que ha sumado a varios miles, han ofrecido un interesante panorama multicultural. La sensación de inseguridad en Afganistán es prácticamente crónica, pero las crecientes actividades del EI en territorio afgano parecen ser la gota que colma el vaso.

Desde el año pasado, los yihadistas han incrementado su actividad en el país centroasiático. No en vano, en el imaginario de Daesh, el país se incluiría dentro del califato en la vasta provincia de Jorasán (junto a India, Pakistán, Nepal, parte de China, Kazajistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán). Una actividad que se define, principalmente, en tres frentes: la captación de voluntarios afganos, el azote a los talibanes y la persecución de las minorías religiosas.

Efectivamente, al igual que otros territorios conquistados por los yihadistas, Afganistán suma ahora a su cotidiana combustión civil una amenaza creciente que afecta a uno de los conflictos más arraigados y enmarañados dentro de la sociedad. Sin embargo, no les está siendo fácil afianzarme en el territorio. La estrategia desde el año pasado ha sido similar a la ejecutada en Siria e Irak: intentar ganarle terreno al gobierno y al principal competidor (en este caso, los talibanes en vez de Al Qaeda, mientras se pacta con tribus neutrales). La presencia del EI es más poderosa en el sur, en la provincia de Zabul, pero en los últimos doce meses han sufrido más reveses que alegrías. Mención especial merece la muerte de su líder en la zona, Hafiz Mohammad Saeed, a manos de Estados Unidos. La propia captación de voluntarios está siendo más costosa que en otros territorios. Pero Daesh, si algo tiene, es capacidad de adaptación. Los servicios de inteligencia afganos alertan que el principal vivero de nuevos yihadistas no proviene de los ciudadanos jóvenes, sino de talibanes desencantados con sus líderes.

¿Quiénes son los hazaras?
La historia de esta comunidad es fiel reflejo de los contrastes étnicos y religiosos del mundo musulmán, en general, y de Afganistán, en particular. Mezcla de ancestros turcos y mongoles, se trata de uno de los grupos más numerosos del país (el 19% de la población, unos cuatro millones de personas). Existen igualmente comunidades importantes en Irán, Canadá y, sobre todo, Pakistán. Hablan principalmente en lengua persa (darí) y habitan en las provincias centrales de Afganistán (territorio que ellos llaman Hazarajat). No es un pueblo de recursos económicos y sus índices de desarrollo son particularmente bajos. Generalmente habitan las regiones más rurales y empobrecidas del centro del país, subsistiendo de la agricultura. Los que deciden probar suerte en la capital a menudo se ganan la vida con trabajos muy mal remunerados (conserjes, vigilancia, empleadas del hogar).

Debido a sus precarias condiciones sociales durante décadas, en las que incluso se les prohibió trabajar como funcionarios, entrar en la universidad o regentar sus propios negocios, los hazaras se han movilizado política y militarmente en varias ocasiones, protagonizando incluso rebeliones sangrientas. Su nutrida presencia en el epicentro multiétnico afgano, donde coexisten con otros grupos como los pastunes o los uzbecos, supone un polvorín para este tipo de conflictos civiles. Por ejemplo, en el cuatrienio comprendido entre 1978 y 1982, bajo el auspicio de Teherán y de algunos grupos comunistas del país, grupos de hazaras se alzaron en armas en varias ciudades de su Hazarajat. Aunque las revueltas fueron aplastadas por el gobierno central, el movimiento revolucionario derivó en una propuesta política por primera vez en la historia de la etnia.

Tradicionalmente han sido tratados como ciudadanos de segunda, sobre todo en el siglo XIX y principios del XX donde incluso se han registrado numerosos casos de esclavitud de hazaras. Una de las claves para entender esta situación se explica en el hecho de que, en su mayoría, son musulmanes chiíes en un país predominantemente suní. Resulta muy significativo que sus dos episodios de mayor esplendor civil hayan coincidido con las influencias iraníes en Afganistán en los 70 y 80 y con el derrocamiento de los talibanes en 2001. En la última década, los hazaras afganos, si bien siguen en una situación socioeconómica pobre, han mejorado sus condiciones, de ahí su temor a que Daesh los tenga en el punto de mira.

Persecuciones constantes
Los hazaras, en cualquier caso, son hoy en día víctimas de numerosos hostigamientos y acosos tanto en su tierra como fuera de Afganistán.

Los propios talibanes, durante su época de esplendor, han cometido múltiples atropellos. En 1993, por ejemplo, y con el apoyo logístico saudí, decenas de hazaras fueron asesinados y centenares desaparecieron (en la conocida como Operación Afshar). Más tarde, en 1998, cerca de 8.000 hazaras fueron masacrados en Mazar i Sharif. Estos son solo dos episodios, pero los ataques talibanes han sido una constante durante todo su gobierno (tanto es así que esta misma semana se han liberado varios hazaras secuestrados por un grupúsculo disidente talibán).

Otro de los puntos geográficos más calientes para esta comunidad es Pakistán (donde existe una población hazara de unos 700.000 miembros), concretamente en la provincia de Baluchistán. La situación es especialmente compleja ya que los grupos terroristas Sipah e Sahaba (extremistas suníes) y Lashkar e Jhangvi (la rama de Al Qaeda que asesinó en 2002 al periodista Daniel Pearl), matan, vejan y mutilan desde hace años a los hazaras. Han existido campañas del terror consistentes en el envío de misivas amenazantes y difusión de vídeos de ejecuciones. Activistas sociales hazaras denuncian que el propio gobierno de Karachi hace la vista gorda ante estas persecuciones. Pero las protestas son pólvora mojada, incluso cuando la propia Human Rights Watch ha denunciado lo mismo en multitud de ocasiones.

Abdul Hekmat, activista, señala: “El calvario de los hazara pasará inadvertido por el mundo mientras no aparezcan en los titulares de los medios de comunicación; lo que está ocurriendo en Quetta (Baluchistán) es un genocidio”. Solo en los últimos diez años se han contabilizado unos 120 ataques que se han cobrado más de 800 víctimas y 1.500 heridos, casi un tercio niños.

Incluso en Irán, donde habitan cerca de cuatro millones de hazaras en calidad de refugiados políticos (provenientes de Afganistán en su mayoría), la situación es también difícil. Según explica la página web Hazara People, “la mayoría de refugiados en Irán no tienen acceso a sus derechos más básicos. Son la minoría más discriminada con diferencia aun siendo chiíes. La principal razón es que sus rasgos son más asiáticos que arios, y la gente los confunde con afganos suníes”.

La situación general es, pues, terrible. Como consecuencia de ello, centenares de hazaras han aprovechado las últimas oleadas de refugiados en Europa. Actualmente, no es difícil encontrar familias con niños hazaras en Lesbos y otras islas griegas.

#hemeroteca #politica | El ascenso de la religión y el sectarismo en la política turca

Imagen: esglobal / Simpatizantes del partido AKP

El ascenso de la religión y el sectarismo en la política turca.
La inestabilidad del país en un vecindario con una profunda crisis puede derivar en la tormenta perfecta.
Francis Ghilès / Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia | esglobal, 2015-10-29
http://www.esglobal.org/el-ascenso-de-la-religion-y-el-sectarismo-en-la-politica-turca/

Recientemente, en la ciudad de Konya, situada en Anatolia central, unos hinchas turcos de fútbol se negaron a guardar un minuto de silencio en honor de las víctimas del atentado cometido unos días antes en Ankara, el más letal de la historia del país. Según explicó uno de los principales escritores turcos al diario The Financial Times, “cuando las selecciones nacionales de Turquía e Islandia, antes del partido de clasificación para la Eurocopa 2016, guardaron silencio en señal de respeto a los más de cien manifestantes fallecidos en el doble atentado suicida, se oyeron silbidos y abucheos entre los espectadores. Varios entonaron eslóganes ultranacionalistas en turco y gritaron “Allahu Akbar” (Dios es grande). La pena es un elemento de unión entre la gente, incluso en un país dividido, pero no en el caso de Turquía.

Después de 13 años de gobierno de su partido, el AKP, el mayor éxito del presidente turco. Recep Tayyip Erdoğan, es haber vuelto a colocar la religión en el centro del escenario político, y a lo grande. Erdogan no respeta la Constitución, que exige que su cargo esté por encima de la política cotidiana. Utiliza un lenguaje agresivo que, desde luego, satisface aproximadamente al 40% del electorado, sobre todo en la meseta central de Anatolia. El peligro es que Turquía está empezando a parecerse a varios países vecinos en los que las divisiones étnicas y el sectarismo hacen cada vez más difícil cualquier tipo de diálogo. La historia nos enseña, con casos como la política de limpieza de sangre en la España del siglo XVI, la persecución de los protestantes en la Francia de Luis XIV o las 15.000 nuevas iglesias ortodoxas que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha autorizado en Rusia desde 2000, que la instrumentalización de la religión, las sectas y las etnias suele acabar en llanto.

En Turquía, la política está cada vez más polarizada y es cada vez más sectaria, y no sólo respecto a los kurdos. Estamos viendo, igual que en varios países árabes de la región -entre ellos, Arabia Saudí-, una línea argumental supremacista de los suníes que irremediablemente agrava los ya imposibles problemas de Oriente Medio. El principal grupo de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), fundado por Mustafá Kemal Ataturk, es cada vez más restrictivo, y casi dos tercios de sus parlamentarios proceden de la minoría religiosa aleví. Al mismo tiempo, un informe reciente del Departamento de Estado de EE UU indica un aumento del antisemitismo, y este año las autoridades dispersaron con gases el desfile del Orgullo Gay de Estambul, el único de este tipo en la región. En lugar de ofrecer un modelo de cómo integrar la religión en un Estado moderno, los años de gobierno del AKP están llevando a un país que se consideraba el más adelantado de Oriente Medio hacia aguas desconocidas. La situación es aún peor si nos atenemos a la impresión de que la región está más a merced de los acontecimientos que nunca desde la caída del Imperio Otomano, hace casi un siglo.

Este peligro se añade a otros dos hechos preocupantes. La dimensión de la matanza en Ankara contribuye a la sensación general de que este atentado, como el que mató a 34 jóvenes activistas en un centro cultural kurdo de la frontera siria en el mes de julio, se debe en parte a un grave fallo de información y seguridad del Estado turco. No parece que el Gobierno esté investigando en serio estas atrocidades, y, como consecuencia, millones de personas no están nada seguras de contar con la protección que cualquier Estado moderno debe garantizar a sus ciudadanos. Hace más de 10 años que en Turquía no se resuelve de forma convincente ninguna de las grandes tramas terroristas ni se lleva con éxito a juicio a ninguno de los asesinos. No es extraño que, según una encuesta reciente, la opinión de más de la mitad del electorado sea que los comicios no son limpias ni fiables.

Es muy probable que el EI esté detrás de estos atentados, pero la existencia de una amenaza terrorista visible es conveniente para los cálculos del presidente Erdoğan. El rival de izquierdas del AKP, el Partido Democrático de los Pueblos (HDP), con raíces en el movimiento kurdo, recibió más del 10% de los votos en los comicios parlamentarios de junio, por lo que impidió que Erdogan contara con mayoría absoluta en la cámara e hiciera realidad su intención de reforzar la presidencia; en vez de intentar construir una coalición con el HDP o el CHP, el jefe del Estado convocó nuevas elecciones para el 1 de noviembre. Las voces discrepantes tienen cada vez más dificultades para hacerse oír, como se ve en el número de caricaturistas demandados y de periodistas encarcelados. El brazo armado de los insurgentes kurdos, el PKK, también parece resentirse de que el avance del HDP lo haya eclipsado.

Recep Tayyip Erdoğan lucha más contra el PKK que contra el Estado Islámico. Si el EI es el responsable de los crímenes recientes en Ankara y otros lugares de Turquía, eso indica que ha decidido seguir una política destructiva que quizá le resulte rentable. Sea cual sea su éxito, se lo deberá en gran parte al Gobierno cada vez más sectario, autoritario y corrupto de un hombre que en otro tiempo fue socio del ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero en la promoción de la Alianza de Civilizaciones. Si la inestabilidad creciente de Turquía se une a la crisis cada vez más profunda de la región, la tarea de los mediadores europeos internacionales no será fácil. Puede muy bien derivar en la ‘tormenta perfecta’.

#hemeroteca #derechos | ¿A dónde va a parar el dinero contra la trata de personas?

Imagen: esglobal

¿A dónde va a parar el dinero contra la trata de personas?
Se gastan más de 120 millones de dólares anuales en programas contra la esclavitud moderna, pero poco se sabe de su eficacia.
Laura Villadiego | esglobal, 2015-07-21
http://www.esglobal.org/a-donde-va-a-parar-el-dinero-contra-la-trata-de-personas/

El pasado mes de mayo, unos 7.000 migrantes procedentes de Bangladesh y Birmania – estos últimos mayoritariamente de la minoría musulmana rohingya – se quedaron atrapados en el Oceáno Índico tras ser abandonados por los traficantes de personas que les habían prometido una nueva vida en Malasia. Las portadas de medio mundo se llenaron con la historia de estos inmigrantes que, sin embargo, ya llevaban años tomando esta peligrosa ruta en el más absoluto silencio, a menudo con destino a macabros campos de concentración donde eran retenidos hasta que sus familias pagaban un rescate. No era un caso único. El tráfico y la trata de personas son un fenómeno que a menudo permanece en la sombra, pero es un lucrativo negocio que crece rápidamente y mueve unos 32.000 millones de dólares anuales (29.000 millones de euros), según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Según el Protocolo de Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, la trata es “el reclutamiento, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, bajo amenaza o por el uso de la fuerza u otra forma de coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o una posición de vulnerabilidad, o recibir pago o beneficios para conseguir que una persona tenga bajo su control a otra, para el propósito de explotación”. Por su parte, el tráfico de personas supone simplemente “la facilitación, el transporte o el intento de entrada ilegal de una persona o personas por las fronteras internacionales”, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Ambos son considerados crímenes internacionales y, a menudo, se dan la mano, pero mientras la trata supone una violación de los derechos humanos, el tráfico sólo supone la trasgresión de las leyes de inmigración de uno o varios países.

El interés de la comunidad internacional por la trata de personas y su consecuente esclavitud moderna, que comprende no solo la explotación sexual, sino también la laboral o la compra-venta de órganos, han aumentado durante los últimos años y en la actualidad los países de la OCDE, principalmente Estados Unidos, Noruega y Japón, destinan cada año unos 120 millones de dólares anuales a combatirlas, según la organización Walk Free. A esto hay que añadir los fondos privados que también se dedican a esta lucha, pero de los que no hay una cifra concreta.

Sin embargo, poco se sabe sobre este negocio que está rodeado de opacidad o sobre los fondos dedicados a su lucha. No existe siquiera un consenso sobre el número aproximado de víctimas, aunque la OIT estimó en 2005 que unos 2,4 millones de personas eran víctimas de estas redes, mientras que 21 millones son sometidas a condiciones análogas a la esclavitud. “No hemos dedicado el tiempo suficiente a recopilar investigaciones para saber exactamente qué se tiene que hacer. La ineficiencia se debe a que no hay suficiente información sobre cuál es el problema”, asegura Matt Friedman, experto en trata de personas y director ejecutivo del Mekong Club. “La trata de personas es un fenómeno muy clandestino. Las redes operan en secreto y cruzando fronteras, por lo que necesitas servicios de inteligencia muy buenos para luchar contra ellos”, afirma la tailandesa Saisuree Chutikul, también experta en tráfico de personas.

Más preocupante supone para muchos, sin embargo, que también las organizaciones y gobiernos que luchan contra la esclavitud moderna adolezcan de esta falta de transparencia. “Mucho dinero va a reuniones internacionales, a divulgación o a conferencias. En ocasiones nos hemos quejado de que esto parece un circo”, dice Suzanne Hoff, coordinadora de La Strada International, una red europea contra la trata de personas. En este sentido, no fue hasta 2008 que se puso en marcha la International Aid Transparency Initiative, un proyecto para incrementar la transparencia de la ayuda internacional – de la que la lucha contra la esclavitud moderna supone un 1% del total de los fondos- , pero la participación es voluntaria y el funcionamiento de su página web poco intuitivo.

La efectividad de los programas tampoco suele ser valorada, a pesar de que las cifras hablan de una eficacia muy limitada en la ayuda. Así tan sólo 40.000 víctimas de tratas fueron detectadas por los gobiernos – y no siempre ayudadas – entre 2010-2012, según el informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Crimen (UNODC en sus siglas en inglés). “Tenemos muy pocos ejemplos de programas super eficientes que ayuden a reducir la esclavitud humana”, asegura Matt Friedman, quien cree que la lucha contra la trata debería centrarse en trabajar con el sector privado ya que las organizaciones no siempre entienden el problema al que se enfrentan. “El sector privado entiende mejor el trabajo forzado que la sociedad civil y por ello están en una mejor posición para solucionarlo”, afirma Friedman.

Un dinero concentrado y dirigido por los donantes
A pesar de la falta de información, los especialistas han detectado una serie de lacras en los programas de lucha contra la trata de personas. La primera es que el dinero está muy concentrado en ciertas actividades, como el rescate de víctimas, mientras que otras, como la prevención o la reintegración de las mismas, son ignoradas. “Ponen más fondos en el rescate que en la prevención porque el primero es más vistoso y así pueden conseguir aún más donantes”, dice Saisuree Chitikul. “Tendría que ser una respuesta completa. Obviamente necesitamos prevención, perseguir [a los traficantes] y protección y reintegración [de las víctimas]”, explica Rebecca Surtees, antropóloga e investigadora del Instituto Nexus sobre derechos humanos de Estados Unidos. Pero los programas integrales, dice la especialista, a menudo son desechados por las organizaciones y los gobiernos porque su visión es casi siempre cortoplacista. “La reintegración es un proceso muy complejo. […] Pero tenemos que considerar el riesgo de no tener reintegración. Sin ella, continuarás teniendo a las mismas personas volviendo a las redes de tráfico”, afirma Surtees.

Por otra parte, el uso de los fondos está casi siempre controlado por la propia agenda de los donantes, que deciden los programas que deben ser financiados, siguiendo a menudo criterios más de imagen que de eficacia, dicen los expertos. “Entiendo que a menudo tienen su propio programa y sus propias instrucciones sobre lo que quieren subvencionar, pero el dinero debería ser destinado de forma más libre según las necesidades”, opina Suzanne Hoff de La Strada International.

Por último, las organizaciones y los gobiernos no tienen la suficiente flexibilidad para adaptarse a la rapidez con la que las redes de trata de personas cambian. “Los criminales siempre van por delante de la policía. Se adaptan muy fácilmente a los cambios”, dice Saisuree. Los traficantes modifican así, no sólo las rutas, sino también sus métodos. En el caso de los campos de traficantes encontrados en el sur de Tailandia y el norte de Malasia en el mes de mayo, por ejemplo, el desmantelamiento de las redes les llevó a desplazar los campos a barcos en alta mar que eran más difíciles de detectar por las autoridades. “Los traficantes no tienen restricciones de salarios o de contratos. Simplemente mutan cuando lo necesitan para poder conseguir todo el dinero que puedan”, afirma Matt Friedman.

La falta de datos dificulta saber si el problema está creciendo o si los esfuerzos resultan realmente efectivos. El aumento del número de refugiados, del que a menudo se nutren las redes de trata, hace sospechar, sin embargo, que cada vez más personas caen presas de este contrabando humano. “El problema de la trata es como un desastre [natural]. Pero es una catástrofe muy lenta y tenemos que encararla partiendo de esa base para poder ser flexibles y adaptarnos a las condiciones cambiantes”, concluye Friedman.

Y TAMBIÉN...
Cuatro historias que explican por qué India es uno de los peores países para las mujeres
Vanita, Laxmi, Suseelamma y Navaneetha tuvieron que huir para no sufrir abusos, matrimonios forzosos o violaciones, incluso por parte de sus familiares. Una encuesta realizada hace tres años entre 370 especialistas en temas de género apuntó que India es el peor país del G-20 para ser mujer. A pesar de ser un Estado democrático que les otorga los mismos derechos en la Constitución, las mujeres indias son discriminadas, maltratadas y utilizadas como mercancía.
Zigor Aldama | El Diario, 2015-07-23
http://www.eldiario.es/desalambre/gran-drama-nacer-mujer-India_0_411909058.html

#hemeroteca #homofobia | Homosexualidad en Oriente Medio: la región ‘no entiende’

Imagen: esglobal

Homosexualidad en Oriente Medio: la región ‘no entiende’
Itxaso Domínguez de Olazábal | esglobal, 2015-05-14
http://www.esglobal.org/homosexualidad-oriente-medio-la-region-no-entiende/

La discriminación de la comunidad de gay está fuertemente arraigada en la región, la represión por parte de los Estados y el rechazo social es grande, el activismo y la existencia de organizaciones que luchen por sus libertades se cuentan con los dedos de una mano. He aquí lo que implica ser homosexual en esta parte del mundo.

Hace ocho años, el ex presidente iraní Mahmud Ahmadinejad acaparó titulares con su discurso en la Universidad de Columbia: “en Irán, no tenemos homosexuales, al igual que tampoco los hay en su país [refiriéndose a Estados Unidos]”. Y aunque esto esté cambiando gracias, entre otros, a las terribles imágenes que nos llegaban desde Siria -en las que Daesh lanzaba a homosexuales de lo alto de una torre-, lo cierto es que no es común que abusos crónicos como los asesinatos sistemáticos en 2009 de cientos de hombres gays en Irak se vean denunciados por los medios de comunicación. Muchas de las actitudes actuales frente a la homosexualidad en la región recuerdan a las actitudes europeas de los siglos XIX e incluso XX, embebidas de celo religioso y roles estereotipados atribuidos a cada género. En Oriente Medio, las relaciones entre personas del mismo sexo eran en esos tiempos relativamente comunes y aceptadas. La comunidad era de hecho testigo y alentaba las relaciones sexuales entre hombres maduros y adolescentes como parte de un rito de pasaje hacia la “mayoría de edad”.

Durante los primeros siglos del islam, intelectuales como Ibn Hazm abordaban con total normalidad todos los temas sociales, incluyendo la homosexualidad, especificando que “el amor es amor, heterosexual éste o no”. Pero el colonialismo trajo consigo grandes dosis de mojigatería occidental y la homosexualidad se convirtió por asociación en un acto ilegal en todos los países árabes. Como no podía ser de otra forma, existen hoy teorías conspiratorias según las cuales la homosexualidad es un invento occidental y un instrumento de dominación colonial, siendo el objetivo de Occidente destruir la cultura de la región socavando sus creencias religiosas y sus costumbres más arraigadas. Se recurre en cierto modo a un “Orientalismo a la inversa”, que destaca la “otredad” de Occidente con el fin de resistir a la modernización y a cualquier atisbo de reforma.

Mezclar agua y aceite
En Oriente Medio, hablar de religión y homosexualidad es como mezclar agua con aceite. Puede uno topar con diferentes clasificaciones del concepto, que incluyen el homoerotismo, la homosexualidad y otras palabras que no encuentran traducción en nuestro idioma. En la gran mayoría de los casos se diferencia entre el miembro pasivo y el miembro activo de la pareja, y sólo se considera homosexual al primero. Del mismo modo, ocurre que muchos no consideran la homosexualidad femenina como un acto contrario a los dictados religiosos, precisamente por no existir penetración, a lo que se añade el que las esperanzas de las familias árabes tradicionales estén puestas en su descendencia masculina. Las relaciones eróticas entre mujeres son empequeñecidas como reemplazo temporal de los encuentros con hombres.

Resulta sin embargo curioso que en casi todos los casos la ley castigue a los que muestren conductas homosexuales en público, y no la práctica o la mera existencia de tendencias homosexuales. Como ocurre con muchas otras cosas prohibidas en las sociedades árabes, las apariencias son lo que importa. En este sentido, Rachid Ghannouchi, líder del partido Ennahda en Túnez, afirma en su nuevo libro, “Au sujet de l’Islam” (“Hablando del Islam”), “nosotros no la aprobamos [la homosexualidad], pero el islam no permite que se espié a la gente. Cada uno elige cómo llevar su vida y es responsable ante su creador”.

La homosexualidad tiende a ser vista ya sea como un comportamiento deliberadamente pérfido -son en ocasiones descritos como “shawaadh” (pervertidos)- o como un síntoma de enfermedad mental, y tratados en consecuencia. De hecho, en muchos países es socialmente aceptable que los hombres caminen de la mano y se saluden con efusivos besos en la mejilla: todo el mundo da por sentado que es imposible que exista entre ellos ninguna química sexual. Recae sobre la homosexualidad una condena de doble H: “hchouma” (vergüenza) y “haram” (pecado).

A la hora de condenar su conducta en la región, se acusa a los homosexuales de despreciar la religión, de ser subversivos y de violar las normas sociales por no encajar en los roles preestablecidos para los distintos géneros. Se recurre al islam como justificación de la detención, encarcelamiento y asesinato. La terminología en el idioma se ha ido adaptando y se distingue hoy entre “lutiyyun” (sodomita) y “mithliyyun al-jinsiyya” (homosexual). De hecho, “homosexual” puede ser traducido en árabe como referente al pueblo de Lot, Sodoma y Gomorra, lo que muchos consideran la base de la interpretación homófoba del Corán. Sin embargo no son pocos los académicos que afirman que el Corán no contiene pasajes que prohíban explícitamente la homosexualidad, sino que interpretar el Corán como antihomosexual se ha convertido en una tradición –“hadith”- inscrita en la legislación –“sharia”- y cultura de muchos países.

Caso por caso
Los países de la región tienden a diferir en su tratamiento de la homosexualidad. Israel es considerado una anomalía y la “gay parade” de Tel Aviv es una de las mayores reuniones de la comunidad LGBT a escala mundial. Israel legalizó las relaciones entre individuos del mismo sexo en 1988. Cuatro años más tarde se convirtió en el único Estado en prohibir la discriminación basada en la sexualidad. En este sentido, resulta trágico que el conflicto palestino-israelí suponga una complicación adicional a la hora de debatir sobre los derechos de los homosexuales en la región, donde sionismo y homosexualidad se convierten en dos caras del mismo enemigo. Israel es además signatario de la Convención de Refugiados de 1951 y reconoce a las parejas del mismo sexo el derecho de reagrupación familiar. No es este el caso de los palestinos gays, principalmente debido a temores de seguridad. Se da, sin embargo, la paradoja de que no son pocos los palestinos homosexuales que siguen huyendo a Israel. Y ello a pesar de que algunos se vean obligados para ello a trabajar para la inteligencia israelí a cambio de dinero o favores administrativos. En algunos países árabes las grandes ciudades permiten esconderse de familiares y amigos y vivir en el anonimato. No es el caso de los minúsculos territorios palestinos.

La homosexualidad es delito en muchos de los Estados de Oriente Medio y se castiga con la muerte en Sudán, Arabia Saudí, Yemen, Qatar, Kuwait e Irán. Los Estados más religiosos se escudan en una prohibición acérrima, que es en realidad una forma de hipocresía, convencidos de que pueden así reducir el número de afectados. Es conveniente para las autoridades negar que existe actividad homosexual alguna, y es conveniente para los ciudadanos gays (que entienden cómo funcionan las reglas) contribuir a la negación y mantener un perfil bajo. Cuando la negación ya no es una opción, sin embargo, las autoridades están obligadas a reaccionar, y la alternativa se plantea entre la tolerancia y la represión. En la práctica optan por una combinación de ambos, en forma de redadas espectaculares que finalizan con penas menores. Por la primera si el implicado pertenece a la élite. Es bien sabido que varios miembros de la familia real saudí son gays, y ninguno ha sido hasta ahora ahorcado en la plaza pública.

Aunque Bahréin fuera el único país musulmán en haber legalizado la homosexualidad en 1976, hoy en día la homosexualidad se considera sin embargo inmoral, y en 2011 alrededor de 200 hombres fueron arrestados -aunque no encarcelados- por participar en una fiesta homosexual. A pocos kilómetros de distancia, las cosas son más o menos iguales. El pasado año, Kuwait propuso implementar una prueba para “detectar” gays y prohibir su entrada en el país. En Omán es un secreto a voces que el sultán Qaboos ibn Said es homosexual, pero revelarlo no implicaría sino que el propio régimen se tambaleara. En Arabia Saudí la cifra es mayor de la que se piensa, pero también lo es la amenaza de castigo si la relación se ve destapada, tal y como señala Brian Whitaker en su libro “Unspeakable Love: Gay and Lesbian Life in the Middle East”. Recientemente, Francisco Carrión entrevistaba para El Mundo a un valiente director homosexual saudí que había decidido volver a rodar al “vientre de la bestia”.

Líbano se erige como paradoja de país árabe más liberal en el ámbito sexual en el que aún están en vigor leyes contra la sodomía, que sólo se hacen cumplir cuando los oficiales tienen otros fines represivos en mente. En Beirut se pueden encontrar artistas transexuales de renombre, un “bailarín del vientre” abiertamente gay (aunque su mamá no lo sepa), y un popular grupo cuya “vedette” es abiertamente gay –“Mashro’ Leila”-, todo celebrado por las masas, siempre y cuando no se trate de sus hijos. No es el caso en Trípoli -50 millas al norte de Beirut- u otras áreas conservadoras. Caso particular es también el de Irán, en donde la única razón por la que alguien puede gay es que es sobre-femenino o transexual. Y es por este motivo que la República Islámica subvenciona las operaciones de cambio de género

Marruecos –a cuyo Rey también se acusa de ser homosexual– es un país considerado durante mucho tiempo destino privilegiado de libertinaje para los extranjeros. Sin embargo, la homosexualidad sigue siendo delito, con penas de hasta tres años de prisión y multas por “actos lascivos o antinaturales con una persona del mismo sexo”. Puede que para los extranjeros el riesgo de arresto sea pequeño, pero es una historia completamente diferente para los marroquíes. En otros países, como Egipto, no existen leyes que prohíban la homosexualidad, pero ello no es óbice para que la comunidad sea reprimida sirviéndose de argumentos legales. Ello ocurrió cuando en 2001 fueron arrestados 60 hombres en el Queen Boat por “libertinaje”, o como cuando el pasado año fueron encarcelados todos los intervinientes en una boda homosexual supuestamente ficticia ampliamente difundida en Internet, entre otros muchos casos que se inscriben dentro de la agenda ultraconservadora del nuevo régimen. También se da el caso de países que no tienen leyes contra la homosexualidad pero sí leyes contra la sodomía, leyes que protegen el “orden público o la moral”, en virtud de las cuales se arresta, encarcela e incluso mata a homosexuales. De hecho, las leyes que hacen referencia a “prácticas sexuales legales” no incluyen terminología clara sobre lo que puede definirse como prácticas sexuales homosexuales entre hombres o entre mujeres.

Maltrato a todos los niveles
En una gran mayoría de supuestos, no resulta ni siquiera necesario para que haya condena que se presente prueba de que se han producido actos homosexuales, o de que se organicen procesos judiciales que respeten todas las garantías del procesado. La condena es así resultado de una “caza de brujas” de aquellos que son sospechosos de homosexualidad y se les obliga a hacer cumplir las leyes por medio de desapariciones, secuestros y asesinatos, o humillantes pruebas anales para “comprobar” si ha habido actividad homosexual. Los policías se hacen pasar por gays y se convierten en cebo, los vecinos se mudan en informantes, los seres queridos desaparecen en las calles, o acusaciones a veces infundadas obligan a muchos a huir. Las familias “excomulgan” a aquellos acusados de homosexualidad, para evitar que una profunda vergüenza caiga sobre ellas. Los asesinatos son muchas veces consecuencia de temores morales y ansiedades sociales acerca de los valores “tradicionales” y el cambio cultural. “Salir del armario” no es la solución cuando fuera de él no tienes seguridad alguna. Les quedan a muchos tres alternativas: el matrimonio de conveniencia, la soledad perpetua bajo el estigma del “don’t ask, don’t tell” o el suicidio.

La percepción generalizada es que la homosexualidad se ha convertido a la fuerza en algo repugnante para la mayoría de los ciudadanos de la región, que muchas veces simplemente se niegan a admitir que siquiera existe. No hace falta más que preguntar por los barrios más humildes de El Cairo, Amman o Trípoli. Es muy probable que, si una persona se declara homosexual, su interlocutor se niegue a considerar el hecho si la persona es de su agrado y, si no es así, encuentre la razón perfecta para no querer frecuentarle más. Aunque con salvedades, como que la situación socioeconómica dicta el grado de libertad. No es menos cierto que existe una mayor permisividad si los homosexuales se mueven en ciertos círculos: artes, entretenimiento, moda… El homosexual es psicológicamente incapaz de gestionar ningún tipo de asunto, tal y como destaca Alaa al Aswani en su novela “El Edificio Yacobián”, asimilando las objeciones a las esgrimidas por los conservadores en Kuwait para evitar que a las mujeres que se les permita votar o ser votadas: se trata de seres emocionalmente inestables. Y es que, al contrario de lo que ocurre con otros derechos, por ejemplo, los derechos de las mujeres, la prensa juega muchas veces un papel contraproducente en estos casos. Ante la falta de información veraz, no sólo el público, sino los propios periodistas están seriamente desinformados.

Una esperanza frustrada
La Primavera Árabe, que prometía dignidad y libertades, ha empeorado la situación de muchos homosexuales de la región. Puede que el surgimiento de regímenes islamistas reforzara actitudes ya conservadoras, pero los nuevos regímenes de tinte autoritario encontraron en la comunidad gay el chivo expiatorio perfecto. Para contrarrestar la influencia de los islamistas, han recurrido a encarnizadas persecuciones para erigirse en protectores del islam frente a los apóstatas del mal, o simplemente para desviar la atención pública de la situación económica o de asuntos igualmente acuciantes. También han sufrido las consecuencias de los levantamiento los refugiados o solicitantes de asilo, obligados a huir tanto de su país como de sus respectivas comunidades y enfrentados a una doble discriminación. Gays se convierten en objetivos del Estado, todos los bandos implicados en conflictos, y sus propias familias. Y eso si su solicitud es tramitada, caso mucho menos común de lo que pudiera pensarse en Occidente.

Cualquier rastro de activismo en este campo es difícil de localizar, y a menudo se ve restringido a Internet. Y aunque sea la Red el medio más popular para que los homosexuales contacten entre ellos, la Iniciativa OpenNet describe el bloqueo de los sitios web homosexuales como algo “generalizado” en la región. Era éste el caso de Gay Middle East (GME), con sede en Alemania y censurada a pesar de no difundir ningún tipo de material pornográfico. “Mithly” fue la primera revista gay del mundo árabe, editada por Kif Kif, la Asociación de Defensa de los LGBT marroquíes -que no por coincidencia encuentra su sede en Madrid- y nacida del esfuerzo de movilización tras el arresto de 40 homosexuales arrestados en 2004 en una fiesta privada en Tetuán. Al Fatiha, por su parte, es una organización de gays y lesbianas musulmanes que proporciona apoyo a los musulmanes que buscan reconciliar su fe con su identidad sexual. Sin embargo, tal y como afirma Sherine al Feki, autora de “Sex and the Citadel”: los “derechos de los homosexuales tienen que ser considerados derechos humanos, porque de lo contrario muchos verán a la comunidad LGBT como una categoría aparte que pueden desestimar”.

Destaca en esta reducida lista Helem, la primera organización de gays y lesbianas fundada en un país árabe, Líbano. Su nombre es acrónimo de “Himaya Lubnaniyya lil Mithliyyin” (Protección libanesa para homosexuales) y las iniciales también deletrean la palabra “sueño” en árabe. En su oficina cuelga un cartel que muestra imágenes de la guerra con un mensaje que reza: “no creo en un país donde es más aceptable ver a dos hombres portando armas que a dos hombres cogidos de la mano”.

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Morir de amor: ser homosexual en los países de Oriente Medio
Itxaso Domínguez de Olazábal | Sin Embargo, 2015-05-15
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