#hemeroteca #defensadelatierra #violencia | Condenan a exoficiales del ejército de Honduras y al ejecutivo de una empresa por el asesinato de Berta Cáceres

Imagen: El Diario / Berta Cáceres

Condenan a exoficiales del ejército de Honduras y al ejecutivo de una empresa por el asesinato de Berta Cáceres.
Siete de los ocho acusados han sido condenados por el asesinato de la defensora medioambiental, que ocurrió en marzo de 2016. La empresa DESA, cuyo ejecutivo Sergio Ramón Rodríguez está entre los condenados, encabezaba un proyecto hidroeléctrico en el oeste del país al que Cáceres se oponía. La familia denuncia que el veredicto "no satisface" sus "exigencias de justicia": "Las estructuras y las personas que dieron el dinero para que estos criminales asesinaran a Berta Cáceres están en libertad".
EFE | Desalambre, El Diario, 2018-11-30
https://www.eldiario.es/desalambre/Condenan-asesinato-ambientalista-Berta-Caceres_0_841315871.html

La justicia de Honduras ha declarado culpables de asesinato y tentativa de asesinato a siete de los ocho acusados por el crimen el 2 de marzo de 2016 de la ambientalista hondureña Berta Cáceres. La familia de la víctima denuncia que estos son solo los "autores materiales" del delito, y exige que la investigación continúe para juzgar a quienes "ordenaron" el crimen que acabó con la vida de la activista.

La pena que deberán pagar en prisión Mariano Díaz y Douglas Bustillo, exoficiales del Ejército de Honduras; Sergio Ramón Rodríguez, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte se conocerá el 10 de enero de 2019.

A uno de los acusados, Emerson Duarte, en cuya casa en la caribeña ciudad de La Ceiba fue hallada la pistola con la que fue asesinada Cáceres, se le absolvió de toda responsabilidad penal.

Tres de los siete acusados, Mariano Díaz, Douglas Bustillo y Sergio Ramón Rodríguez, este último ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), fueron condenados por el delito de asesinato.

La empresa DESA era la responsable de un proyecto hidroeléctrico en el oeste del país al que Berta Cáceres se oponía.

Los otros cuatro acusados, Elvin Rápalo, Henry Fernández, Eilson Duarte y Oscar Torres, fueron condenados por los delitos de asesinato, y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de un testigo protegido extranjero.

El fallo fue leído en presencia de los ocho acusados, quienes llegaron antes de las 16.00 hora local (22.00 GMT) a la sala del tribunal fuertemente custodiados.

"Tienen que castigar a los que pagaron para asesinarla"
La familia de Berta Cáceres y sus compañeros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares (COPINH, organización en la que batallaba la activista) denuncian que el veredicto "no satisface" sus "exigencias de justicia". "Las estructuras y las personas que dieron el dinero para que estos criminales asesinaran a Berta Cáceres están en libertad", han afirmado a través de un comunicado.

A la audiencia asistieron familiares de Cáceres encabezados por su madre, Austra Bertha Flores, abogados de la familia y miembros de COPINH, del que la ambientalista asesinada era su coordinadora general.

"No puedo decir que siento satisfacción, porque justicia a medias no es justicia, tienen que castigar a los verdaderos autores: a los que pagaron para que la asesinaran", dijo Berta Flores, madre de la líder indígena, a los periodistas tras conocer la sentencia.

Flores, de 85 años y quien también ha sido una defensora de los derechos de los indígenas y la preservación del medioambiente en Honduras, señaló que pese a que "estos bandidos van a la cárcel, a podrirse en la cárcel, a mi hija no la vuelvo a tener, no la vuelvo a besar, ni contemplar".

#hemeroteca #defensadelatierra | Honduras: La muerte de Berta Cáceres amplificó su lucha

Imagen: El País / Berta Cáceres

La muerte de Berta Cáceres amplificó su lucha.
El crimen no detuvo sino que extendió el mensaje de la ambientalista hondureña. En el segundo aniversario de su desaparición, su familia y los defensores de los derechos humanos denuncian la impunidad.
Patricia Peiró | Planeta Futuro, El País, 2018-03-02
https://elpais.com/elpais/2018/03/01/planeta_futuro/1519921324_580097.html

Tres balazos resonaron en la madrugada de ese dos de marzo de 2016. Después, el silencio inundó aquella casa de La Esperanza (Honduras), en la que vivía la que probablemente era la ambientalista más famosa de Centroamérica. Berta Cáceres acababa de ser asesinada a pesar del alto nivel de seguridad que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había obligado a proporcionarle. Era el Estado de Honduras el que debía protegerla. Cáceres se ganó la admiración y el odio que le llevaron a ese final al encabezar un movimiento para frenar la edificación de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque, sagrado para el pueblo de los lencas.

Una investigación elaborada por expertos internacionales y publicada a finales del año pasado concluyó que funcionarios estatales, empleados y extrabajadores de una hidroeléctrica planearon y ejecutaron el homicidio de la ambientalista. Ocho personas están presas como sospechosas de ser autores materiales del crimen, entre ellos empleados de la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), encargada de construir la represa que ella contribuyó a frenar.

Los parlamentarios opositores hondureños protestaron este miércoles en el Congreso Nacional de ese país con ramos de flores blancas y velas encendidas en su escritorio. Entre ellos se encontraba Olivia Zúniga Cáceres, hija de la ambientalista y miembro del Partido Libertad y Refundación, que no dudó en señalar a los que ellos considera los responsables del asesinato de su madre: "DESA asesinó a Berta Cáceres y esa concesión aún no se ha anulado". La política anunció la presentación de una moción para cancelar definitivamente la construcción de esa infraestructura y continuar así con la labor de su progenitora.

Cáceres era coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y contaba con una larguísima trayectoria de defensa de los pueblos indígenas a sus espaldas. Llegó a ganar el Goldman Enviromental Prize, ‘el Nobel verde’. Tenía cuatro hijos. Todo el mundo sabía que estaba amenazada de muerte por su actividad y cuando se produjo su asesinato decenas de países y personalidades públicas (desde el Vaticano hasta actores como Leonardo DiCaprio) condenaron en crimen y exigieron su resolución. En el momento de su homicidio, la acompañaba en la casa el ecologista mexicano Gustavo Castro, que se ha convertido en el único testigo del crimen.

Amnistía Internacional ha convocado para hoy un acto para recordar a la ambientalista y denunciar la impunidad del crimen. “Que no se haya resuelto el caso y que sus responsables no hayan rendido cuentas ante la justicia transmite el escalofriante mensaje de que se puede matar impunemente a quienes defienden los derechos humanos si estos se atreven a cuestionar a los poderosos en Honduras”, asegura Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, en un comunicado enviado por la organización.

Aunque los asesinos querían apagar la voz de Berta, lo cierto es que no lo lograron, sino que consiguieron que su lucha todavía se conociera más debido a la repercusión internacional del crimen. Hace unas semanas, su compañero en la defensa de los derechos humanos y uno de sus mejores amigos, el padre Melo, aseguraba en una entrevista con Planeta Futuro: "Tras la muerte de Berta, fuimos conscientes de que la muerte formaba parte de nuestra realidad. Si la han matado a ella, en cualquier momento me pueden matar a mí". El sacerdote jesuita recalcaba que su muerte supuso un impulso para todos aquello que la querían y que ahora deben seguir con su lucha.

El año pasado, la ONG Global Witness declaró que Honduras era el país más peligroso del mundo para quienes defienden los derechos medioambientales, y documentó el homicidio en ese país de más de 120 defensores y defensoras desde 2010, apunta Amnistía Internacional en su comunicado. El de Berta Cáceres es uno de ellos y todavía no hay nadie condenado. Esto no sorprende en un país en el que el 90% de los asesinatos no se resuelven, pero sí indigna, y muchos no están dispuestos a que este crimen quede en el olvido.

Y TAMBIÉN…
Por qué defender un río cuesta la vida.
Se cumplen dos años de la muerte de Berta Cáceres, asesinada por oponerse a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Su caso puso en evidencia la connivencia entre actores corporativos, financieros, estatales y paraestatales; así como la estrategia dirigida a eliminar cualquier oposición y resistencia, sin importar los medios utilizados para ello.
Miriam García-Torres | El Salto, 2018-03-01
https://www.elsaltodiario.com/saltamontes/por-que-defender-un-rio-cuesta-la-vida

#hemeroteca #defensadelatierra | La lucha contra el olvido de las mujeres de Berta Cáceres

Imagen: El País / Austra Bertha Flores y Olivia Zúñiga, madre e hija de Berta Cáceres

La lucha contra el olvido de las mujeres de Berta Cáceres.
La familia de la ambientalista hondureña asesinada hace año y medio batalla por perseguir a los autores intelectuales del crimen, en el que expertos internacionales implican a funcionarios del Estado.
Javier Lafuente | El País, 2017-11-09
https://elpais.com/internacional/2017/11/09/america/1510235803_537959.html

Tres isquemias obligaron a Mamá Berta a hacer lo que hubiese hecho en cualquier caso: mirar siempre de frente. En 84 años, esta mujer de pelo blanco y hablar fluido no ha concebido otra forma de seguir adelante. Como madre de 12 hijos, partera de más de 5.000 niños, maestra, alcaldesa, diputada… Siempre en un entorno patriarcal. Solo se vino abajo con el asesinato de su hija. Los meses que siguieron, se apagó. “Me doblegué”, atina a decir ella entre lágrimas, como quien pide perdón por haberse equivocado. “Fue una enfermedad del alma, no del cuerpo. Pero pensé que no debía echarme a morir”.

Austra Bertha Flores es la médula sobre la que se estructura la familia de Berta Cáceres, la ambientalista hondureña asesinada hace año. Sin la figura de Mamá Berta cuesta entender la personalidad de su hija y de algunas de sus nietas. No se la respeta, se la venera. “Mi mami nos enseñó a reconocer y valorar la valentía de nuestras abuelas, especialmente de Mamá Berta. Es la base de nuestra vida”. Olivia Zúñiga, una de las hijas de la activista, de 28 años, asegura que esa es la gran herencia que le dejó su madre. Por eso la madrugada del 3 de marzo de 2016, cuando una tía fue a buscarla apresurada a su casa y era incapaz de articular palabra, pensó que quien había muerto era Mamá Berta. Después, que al enterarse de la noticia, se moriría de un paro cardiaco. Al llegar a su casa, entre sollozos de rabia y tristeza, recuerda cómo su abuela no paraba de dar órdenes:

—Ya mataron a Bertita, pónganse a trabajar, usted haga esto, usted, vaya a por tamales. Traigan comida. Va a venir tanta gente que no va a gustar lo poco que tenemos.

Si algo sobraba era dolor. Aún se siente mucho en esta casa de La Esperanza, al oeste de Tegucigalpa, donde creció y vivió Berta Cáceres hasta pocos meses antes de ser asesinada. Entonces no había ni vigilancia policial ni las cámaras de seguridad que ahora reciben en el porche. La primera estancia, la improvisada sala de reuniones, está presidida por un altar con varios retratos de Berta Cáceres, una mesa con flores coloridas y una cerámica de un sapo, un regalo de la asesinada a su madre, enamorada de estos anfibios que pululan por el jardín interior, cerca de “la ratonera”, como Cáceres llamaba a su pequeña habitación, desde donde conspiró durante años y hoy repleta de los trastos de Olivia, que se mudó junto a su abuela hace unos meses, después de denunciar un atentado contra ella.

El dolor va mutando en miedo por mucho que la entereza trate de camuflarlo. Miedo sobre todo al olvido del asesinato de Berta Cáceres. A que su muerte se vuelva una más de tantas, inútil. “En Honduras hay una cultura de resignación por la muerte, tenemos que luchar contra eso”, admite Berta Zúñiga, la hija mediana, de 25 años. Solo así, asegura, podrán dar con las respuestas, por mucho que estén convencidas de ellas, a las preguntas que aún les atormentan.

Entre las certezas, la más clara es cómo mataron a Berta Cáceres. Dos hombres entraron pasadas las 23.40 del 2 de marzo en la nueva casa de la ambientalista, un pequeño inmueble verde a las afueras de La Esperanza, donde la tranquilidad que buscan los vecinos se convirtió en una trampa para ella. A esas horas de la noche, cualquiera puede caminar entre los matorrales sin tener que pasar por la garita de seguridad de la entrada, donde un hombre apenas se dedica a preguntar vagamente y levantar sin mucha reticencia la valla que da acceso a los caminos de las viviendas. La única seguridad en la casa de Cáceres era la red metálica que bordea el jardín. En una de las esquinas aún se ve los daños que dejaron los sicarios a su paso. De esa esquina a la entrada de la cocina apenas hay unos metros. Por ahí entraron. Uno fue a la habitación donde se encontraba Gustavo Castro, un ambientalista mexicano que se salvó de la ejecución de milagro. En la otra, descerrajaron a Berta Cáceres tres tiros en el abdomen.

Que la activista hondureña estaba amenazada no era un secreto para nadie. Su activismo y la lucha por los derechos de los indígenas lencas fue su 'modus vivendi'. Con su última batalla trató de frenar la presa de Agua Zarca, cuya construcción afecta al río Gualcarque, sagrado para los indígenas. Las protestas consiguieron que la constructora pública china Sinohydro abandonase el proyecto. Con él se quedó la hondureña Desarrollos Energéticos SA (DESA). El enfrentamiento entre la empresa y Cáceres era total.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había ordenado la protección de la ambientalista ante las constantes amenazas. Las autoridades hondureñas hicieron caso omiso. Pese a todo, pocos creían que la podían matar. Un año antes había recibido el Goldman Environmental Prize, el Nobel verde. “Pensé que podría servir para salvarla”, se resigna Mamá Berta. Premios aparte, su figura era demasiado reconocida como para ser aniquilada. Si la mataban, podían hacerlo con cualquiera. Y lo hicieron. “Porque sabían que no les pasaría nada”. Mamá Berta habla en plural, pero no se refiere a los ocho detenidos por el asesinato de su hija, entre ellos dos militares, uno en activo en el momento del crimen. La mención es por los autores intelectuales del asesinato, el gran reclamo de la familia y del que aún no se sabe nada en el proceso judicial que sigue abierto. Desde un primer momento han apuntado a la empresa y al Gobierno de Juan Orlando Hernández, del conservador Partido Nacional, que busca seguir en el poder —sería el primer presidente en ser reelegido— tras las elecciones del próximo 26 de noviembre.

Ante las sospechas de que el Estado obstaculizaría una investigación independiente, la familia de Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que dirigía la ambientalista, junto a varias organizaciones internacionales lograron la creación del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) para que estudiase el caso. Las conclusiones del informe, presentado la semana pasada, son demoledoras. Después de cuatro viajes a Honduras, más de 30 entrevistas a implicados y de acuerdo a algunas de las pruebas a las que han tenido acceso, el GAIPE constata la participación en el asesinato de Berta Cáceres de “numerosos trabajadores del Estado (policías, militares y funcionarios), así como de directores y empleados de DESA en la planeación, ejecución y encubrimiento". El documento, en el que se incluyen mensajes telefónicos que demuestran, según los expertos, las conexiones entre funcionarios y empleados de DESA, apunta también a la debilidad de la investigación del Ministerio Público: "Los agentes a cargo de la investigación no han seguido las normas (...) para procesar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables del asesinato de Cáceres y la tentativa de asesinato de Castro".

El informe es, sin embargo, papel mojado para la empresa. “Son interpretaciones de un grupo que no es serio y que tiene sesgo ideológico, están contaminando el proceso de investigación”, asegura Elsia Paz, presidenta de la Asociación Hondureña de Energía Renovable, a quien desde el proyecto de Agua Zarca remiten como una portavoz oficial. Además, considera que el asesinato de Cáceres no tiene nada que ver con su lucha ambiental y apunta a que la dotación del Nobel verde, de 170.000 dólares, sería el móvil del crimen: “Todo tema de dinero genera problemas”, incide Paz, que hace una defensa a ultranza del buen hacer de la empresa: “Lo que hacemos es generar empleo en comunidades pobres”.

El estudio de los expertos ha supuesto un bálsamo para la familia de Cáceres. Al menos a nivel internacional han logrado reavivar un caso que se evapora con los días en Honduras. Nadie olvida a Berta Cáceres, pero tampoco es un caso que marque la agenda. Los medios apenas se hicieron eco del estudio en uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales, cuestionados por organizaciones independientes. A tres semanas de las elecciones presidenciales, no es tampoco prioritario para los principales candidatos. Solo el líder opositor, Salvador Nasralla, de la Alianza en la que se encuentra el partido del expresidente Mel Zelaya, ha dicho que, en caso de ganar, perseguirán a quienes perpetraron el crimen. Las políticas que afectan al medioambiente han marcado las tres administraciones que surgieron del golpe de Estado de 2009. Durante los gobiernos de Micheletti, Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández se han otorgado más de 100 concesiones para la construcción de hidroeléctricas.

La impotencia de no avanzar más choca con los deseos y el ímpetu de las hijas de Berta Cáceres, no siempre en sintonía entre sí la forma de hacer política, de mantener viva la llama que prendió su madre. Pase lo que pase. “Ellas se pueden defender, lo llevan en la sangre”, dice orgullosa Mamá Berta. El Copinh lo dirige ahora Berta Zúñiga, quien aplica algo que en su día le enseñó su madre: “Hay que incomodar siempre que puedas hacerlo, con coherencia, que es lo que te da rectitud”. Olivia optó hace unos meses por sumergirse en la políticapartidista y aspira a salir diputada en las próximas elecciones por el partido Libre. La mayor de las hijas de Cáceres aún recuerda una conversación con su madre sobre las múltiples amenazas que había recibido:

—Si a mí me pasa algo, ustedes sigan su vida, ya hemos sufrido bastante.

—No, mami, si a usted la matan a mí me deja comprometida.

#hemeroteca #poblacionindigena | El legado del indígena Deskaheh

Imagen: El País / Deskaheh en la Sociedad de Naciones, Ginebra

El legado del indígena Deskaheh.
Hoy se celebra el décimo aniversario de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Muchos son los avances, pero también los retos.
Pamela Leiva Jacquelín (IWGIA) | El País, 2017-08-09
https://elpais.com/elpais/2017/08/07/planeta_futuro/1502124131_537260.html

En 1923, Deskaheh (nombre nativo de Levi General), líder cayuga de Canadá, se convirtió en el primer hombre del mundo en llevar su demanda por el reconocimiento de los derechos indígenas a la organización antecesora de las Naciones Unidas, la Sociedad de Naciones, con sede en Ginebra. Su petición era simple y clara: poder vivir bajo leyes indígenas en su territorio y profesar su propia fe. Aunque pasó más de un año en Europa, no fue atendido oficialmente y sus reclamos no fueron escuchados. Deskaheh murió en 1925 en Estados Unidos, después de que Canadá le negara su reingreso en el país.

Si bien ha pasado cerca de un siglo de estos acontecimientos, las respuestas nacionales que aún reciben los pueblos indígenas no difieren en gran medida del trato que recibió Deskaheh.

Algunos analistas apuntan que estamos siendo testigos de un siglo indígena. Este ‘momentum’ parece no ser solo una aspiración de aquellos que trabajamos por los derechos indígenas o una mera casualidad, sino que las estadísticas muestran a estos pueblos al frente de luchas globales clave para nuestro planeta.

De acuerdo con un informe de Global Witness, más de 100 defensores del medio ambiente han sido asesinados en lo que va de 2017 y las comunidades indígenas encabezan la lista, principalmente por su oposición a la expansión de las industrias extractivas. Solo en 2015, un tercio de los asesinatos relacionados con la defensa del territorio fueron líderes indígenas de América Latina. Esta escalada de violencia no es casual, ya que las áreas donde residen son las más ricas en biodiversidad.

Justamente, uno de los artículos más importantes de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que cumple hoy diez años, es el derecho colectivo e inalienable "a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma". Aquí se encuentra la batalla más grande. Sin importar las diferencias regionales, los pueblos indígenas son hoy amenazados por el avance incesante de megaproyectos de infraestructura, industrias extractivas y agricultura a gran escala. Todas estas actividades prometen un próspero futuro, pero generalmente acaban en desalojos forzados, criminalización de líderes y graves violaciones de derechos humanos. En nombre de la conservación y el desarrollo, los menos responsables son los más golpeados.

Un esfuerzo que forjó una declaración para más de 370 millones de personas
Resulta paradójico que una demanda con casi 100 años de antigüedad se haya convertido en el último corpus legislativo del derecho internacional. La Declaración necesitó de 20 años de discusión en la antigua Comisión de Derechos Humanos hasta convertirse en una realidad.

Sin lugar a dudas, este instrumento marcó un antes y un después en la vida de los pueblos indígenas. No les bastó con consagrarse como sujetos de derecho internacional, sino que por primera vez en la historia de las Naciones Unidas, los propios beneficiarios fueron los que negociaron y construyeron uno de los instrumentos de derechos humanos con más consenso internacional.

Hoy, la Declaración es la fuente de referencia legítima para demandar la obligación de los Estados. En este largo proceso, la tenacidad de las comunidades ha sido la clave para demandar lo que siempre se les ha negado: su derecho a participar en todas las decisiones que les conciernen.

A paso lento pero firme: una historia de participación y reconocimiento
Suele decirse que el cambio es impulsado desde los márgenes. La historia de cómo los pueblos indígenas han conquistado espacios dentro del sistema de las Naciones Unidas da cuenta de ello.

Fue con la efervescencia de la década de los 70 el siglo pasado cuando el movimiento indígena tomó un nuevo impulso y dejó en claro que su lucha no podía estar solo en manos de los Gobiernos nacionales. Gracias al apoyo de varias organizaciones internacionales como IWGIA (International Work Group for Indigenous Affairs), el sistema internacional de derechos humanos dio un salto trascendental: dejó atrás un enfoque integracionista y reconoció finalmente el paradigma de libre determinación colectiva.

En lo más básico, esto significó que los pueblos indígenas pudieran hablar, preparar documentos y hacer propuestas en la ONU. Desde ese momento, más organizaciones y líderes comunitarios comenzaron a participar en reuniones y estudios sobre sus derechos. El sentido de las discusiones cambió totalmente y dejo una huella a seguir para los defensores de los derechos humanos.

Pero la Declaración no ha sido la única victoria. El movimiento indígena consiguió su propio Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas (2000), su Relator Especial (2001), el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y su Conferencia Mundial (2014).

Este avance firme ha hecho posible que, en la última década, la condición jurídica de estos pueblos sea mejor entendida y aceptada por los Estados miembros y otros actores clave. Es también esperanzador ver que los países que votaron en contra de la Declaración –Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos–, han ido revisado sus posiciones y han declarado públicamente su apoyo. Otras tendencias positivas nos hacen pensar que estamos por el buen camino. El ascenso de Gobiernos indígenas autónomos en América Latina, disculpas oficiales y planes de reconciliación en Canadá, una general mayor participación política y una más amplia cobertura periodística dan aliento.

La ONU como trampolín para la batalla territorial
Forjar una declaración internacional ha sido más que una prueba de que los pueblos indígenas son capaces de unir esfuerzos globales para impulsar cambios democráticos. Esfuerzos que guían los pasos para una verdadera descolonización. Pero las batallas ganadas sobre el papel no garantizan cambios automáticos. La realidad cotidiana de las comunidades muestra que todavía se encuentran bajo grandes presiones. La reducción del espacio del activismo y la criminalización de sus protestas amenazan directamente sus modos de vida. El asesinato de Berta Cáceres ha sido, sin duda, una llamada de atención urgente sobre esta cruda realidad.

El requisito previo fundamental para que los pueblos indígenas puedan conservar su identidad y desarrollar su autonomía es el derecho a poder definir el alcance y dirección de las actividades de desarrollo dentro de sus territorios. ¿Qué hace falta entonces? Una Declaración es una responsabilidad universal que nos incluye a todos: Estados, organizaciones indígenas, instituciones financieras, el sector privado, entidades de conservación, academia, los medios y las ONG.

Mientras que la exploración y explotación de los recursos naturales continúe su expansión, los pueblos indígenas seguirán siendo los más afectados. La única acción para salvaguardar sus derechos es que los Estados entren en un verdadero diálogo multicultural para alcanzar negociaciones justas. Esto requiere de voluntad política, capacidad técnica y compromiso financiero para acometer reformas legales. Sin olvidar el objetivo con el que la declaración fue diseñada: la necesidad urgente de superar y reparar la negación histórica de derechos fundamentales.

Esta lucha no llama a hacer reales derechos especiales, sino derechos humanos inalienables como lo es ser dueños de nuestro propio destino. Hoy celebramos tener la Declaración como remedio y brújula que guía todos nuestros esfuerzos.

Pamela Leiva Jacquelín trabaja en la International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA).

#hemeroteca #violencia #defensadelatierra | Asesinada en Honduras otra dirigente ecologista, compañera de Berta Cáceres

Imagen: El País / Lesbia Yaneth Urquía

Asesinada en Honduras otra dirigente ecologista, compañera de Berta Cáceres.
114 activistas ambientales han muerto violentamente en una década en el país centroamericano.
J. M. Ahrens | El País, 2017-07-08
https://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/07/mexico/1467917902_092949.html

Honduras es un campo de muerte para los ecologistas. A los cuatro meses del asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres, otra dirigente de su organización ha caído. Es Lesbia Yaneth Urquía Urquía, de 49 años, madre de tres hijos. Su cadáver fue hallado en Mata Mula, cerca de un basurero de Marcala, a 100 kilómetros de Tegucigalpa. Un machetazo en el cráneo, según las primeras versiones, puso fin a su vida.

El crimen se suma a una larga fila de cruces. En el país centroamericano, según la organización Global Witness, han sido asesinados en poco más de una década 114 activistas ambientales. En la mayoría de los casos los homicidios quedaron impunes. Y las pocas veces que se llegó al final del túnel, las conclusiones fueron abismales. Así ocurrió con el caso de Berta Cáceres. La infatigable ecologista, premio Goldman Enviromental Prize (el Nobel verde), murió el pasado 2 de marzo de dos tiros en su casa de La Esperanza. Desde un principio las sospechas se dirigieron hacia la empresa DESA, responsable de la gigantesca presa de Agua Zarca, a la que Cáceres y su organización (COPINH) se oponían por vaciar el río Gualcarque, sagrado entre los indios.

La existencia de un testigo y la presión internacional facilitaron la resolución del crimen. En mayo pasado, fueron detenidos por el asesinato el gerente de DESA, su jefe de seguridad, un mayor del Ejército y dos sicarios.

En el caso de Lesbia la autoría es aún un misterio. La mujer fue secuestrada un día antes del hallazgo del cadáver. Había salido en bicicleta a hacer ejercicio y cuando fue descubierta, presentaba signos de un ataque con machete. Al igual que Cáceres, se había enfrentado a los proyectos hidráulicos que proliferan en Honduras. Entre ellos una obra vinculada a la presidenta de Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso, Gladys Aurora López, y su esposo.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), al que pertenecía la fallecida, responsabilizó de la muerte al Gobierno hondureño y apuntó directamente a la presidenta de Partido Nacional y su marido. “Ellos son fuente permanente de amenazas y conflictos por los proyectos hidroeléctricos en el departamento de La Paz”, señaló en un comunicado. Este periódico trató sin éxito de recabar la versión de López.

Fuentes policiales citadas por Reuters indicaron que el crimen de Urquía, propietaria de dos hoteles y un mercadito, podría enmarcarse en una disputa familiar o una extorsión. Los compañeros de la víctima rechazaron esta hipótesis y recordaron que con Berta Cáceres la policía también quiso atribuir el asesinato a la delincuencia común. En un país donde el 90% de los crímenes queda sin resolver, otra ecologista ha muerto y aún no hay detenidos.

#hemeroteca #inmemoriam | Asesinan a Berta Cáceres, líder hondureña contra la explotación medioambiental de las transnacionales

Imagen: El Diario / Berta Cáceres

Asesinan a Berta Cáceres, líder hondureña contra la explotación medioambiental de las transnacionales.
Berta Cáceres llevaba años luchando por los derechos indígenas y medioambientales y denunciando asesinatos y amenazas de activistas. "Es fácil que a uno lo maten en la lucha por el medio ambiente", decía en una entrevista a El Diario el pasado verano. La persecución de los defensores del medio ambiente es una constante en países donde empresas transnacionales extractivas, hidroeléctricas o del sector agroindustrial tienen intereses.
El Diario, 2016-03-03
http://www.eldiario.es/desalambre/Asesinan-Berta-Caceres-medioambiental-Honduras_0_490651434.html

Berta Cáceres, líder indígena hondureña, defensora de los derechos de la comunidad Ienca y de los movimientos campesinos, ha sido asesinada en la madrugada del jueves en un asalto a su casa en Intibucá, según confirma Europa Press. Cáceres denunciaba los abusos de empresas transnacionales en su país y mantenía su lucha a pesar de las constantes amenazas.

Berta compareció la semana pasada en una rueda de prensa para denunciar el asesinato de varios dirigentes de su comunidad indígena, así como las amenazas que ella misma sufría. Hace menos de un año, en una entrevista a El Diario, contaba la persecución a la que estaba sometida: "Los que rechazamos estos proyectos somos amenazados, amenazan nuestras vidas, nuestra integridad física y emocional, la de nuestras familias y comunidades enteras, nos quieren negar la existencia como pueblos originarios. Vivimos en un clima de impunidad y de nula administración de justicia".

A las amenazas por oponerse a proyectos de empresas transnacionales se añadía otro elemento de riesgo: ser mujer. "No es fácil ser mujer dirigiendo procesos de resistencias indígenas. En una sociedad increíblemente patriarcal las mujeres estamos muy expuestas, tenemos que enfrentar circunstancias de mucho riesgo, campañas machistas y misóginas. No es tanto la transnacional sino la agresión machista por todos lados. Esto es una de las cosas que más puede pesar para abandonar la lucha", describía Cáceres.

Pero ella no la abandonó. Continuó con su lucha desde la coordinación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), con el que consiguió echar de los territorios de la comunidad del Río Blanco a la mayor empresa constructora del mundo, la china Sinohydro. Por este, y otros logros, Berta recibió a finales de abril del año pasado el prestigioso premio Goldman, conocido como el Nobel del Medio Ambiente.

Aunque lo que le inspiraban no eran los premios, sino los principios. " Aquí, con reconocimientos o sin ellos, hemos luchado y lo vamos a seguir haciendo", afirmaba desde la ciudad hondureña de Tela. Era la primera hora de la mañana un jueves en el que Cáceres, junto a una delegación del COPINH, se había desplazado hasta el departamento de Atlántida, al norte del país, para acompañar a indígenas garífuna en un proceso judicial.

El acoso a activistas medioambientales
La persecución y violencia contra quienes defienden el medio ambiente es una constante en aquellos países donde empresas transnacionales extractivas, hidroeléctricas o del sector agroindustrial tienen intereses, muchas veces en connivencia con los poderes políticos y financieros.

Según el informe de Global Witness, en 2014 fueron asesinados 116 activistas medioambientales en 17 países, un 20% más que en 2013. Más de dos personas mueren cada semana en el mundo por defender sus tierras, sus ríos o sus bosques frente a la explotación. La investigación "¿Cuántos más?" señala a Honduras como el país más peligroso per cápita para estos activistas. El 40% de los asesinados son miembros de pueblos indígenas, como el lenca, al que pertenecía Berta Cáceres.

El uso ilícito de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado hondureño y la vinculación de miembros de la policía y el ejército en casos de intimidación, amenazas y supuestos asesinatos de defensores del medio ambiente, ha sido documentado por organizaciones como Human Rights Watch o Front Line Defenders .

Berta era víctima desde hacía mucho tiempo de este abuso poder que no consiguió silenciarla. Hasta hoy. "En este país impune, responsable de graves violaciones de derechos humanos, los que luchamos por la tierra, por el agua, por el territorio para la vida, para que no caiga en manos privadas y sea destruido, ponemos la vida en riesgo. Aquí es muy fácil que a uno lo maten. El coste que pagamos es muy alto. Pero lo más importante es que tenemos una fuerza que viene de nuestros ancestros, herencia de miles de años, de la que estamos orgullosos. Ese es nuestro alimento y nuestra convicción a la hora de luchar", decía el pasado verano.

DOCUMENTACIÓN
Las activistas denuncian un aumento de los ataques en Latinomérica.
El blanco principal son las defensoras de la tierra, como la asesinada Berta Cáceres.
María R. Sahuquillo | El País, 2016-03-04
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/04/actualidad/1457124587_443495.html
En memoria de Berta Cáceres: una mujer e indígena excepcional.
En este 4 de marzo, ella debería estar celebrando su 45 cumpleaños. Berta no respira más, pero su lucha vive y miles de 'Bertas' más se levantarán para defender los derechos humanos
Nancy Tapias Torrado | El País, 2016-03-04
http://elpais.com/elpais/2016/03/04/planeta_futuro/1457113234_162700.html
Berta Cáceres: “Es fácil que a uno lo maten en la lucha por el medio ambiente”.
Más de dos personas mueren cada semana en el mundo por defender el territorio, según Global Witness: 116 asesinatos en 17 países durante 2014. Berta Cáceres, Premio Goldman del Medio Ambiente, lideró una campaña para paralizar la construcción de una presa en Honduras y sufre constantes amenazas por defender esta causa.
Maribel Hernández | El Diario, 2015-06-04
http://www.eldiario.es/desalambre/medio_ambiente-honduras-defensores_0_395110842.html