#hemeroteca #homofobia | 20.000 euros de multa a una mujer por ofrecer terapias contra la homosexualidad en Internet

Imagen: El País / MADO 2019

20.000 euros de multa a una mujer por ofrecer terapias contra la homosexualidad en Internet.
La Comunidad de Madrid impone la primera sanción a una persona por infracción muy grave contra la ley de protección integral contra la LGTBifobia.
El País, 2019-09-17
https://elpais.com/ccaa/2019/09/17/madrid/1568728826_727993.html

La Comunidad de Madrid ha autorizado una multa de 20.001 euros a una mujer que promocionaba terapias contra la homosexualidad en Internet. Se trata de la primera sanción a una persona por infracción muy grave contra la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad en la Comunidad de Madrid. Rubén López, portavoz de la asociación Arcópoli, que interpuso la denuncia en 2016 contra la coach Elena Lorenzo, se ha mostrado satisfecho por lo que su colectivo considera "una sanción histórica y pionera".

La multa corresponde a un procedimiento sancionador resuelto este martes por el Consejo de Gobierno, según ha anunciado en la rueda de prensa posterior el vicepresidente, Ignacio Aguado, quien ha garantizado que no se va a dar "ni un paso atrás" en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI. Aguado, según recoge EFE, ha defendido que esta primera sanción "demuestra que lo que se ha firmado se cumple", ya que una de las 155 medidas del pacto de gobierno entre el PP y Cs es que el Ejecutivo regional no va a retroceder en materia de derechos y libertades del colectivo LGTBI y que las personas que atenten contra este colectivo podrán ser sancionadas.

Tras admitir que la mujer puede recurrir y tomar ahora la vía que considere más adecuada, el vicepresidente ha incidido en que esta sanción supone el "mensaje importante y necesario de que el Gobierno regional tomará cartas en el asunto cuando se violenten derechos y libertades de un colectivo que ha tardado mucho tiempo en conquistar" esos avances. También ha apuntado que en este momento hay otros expedientes en tramitación y que "en las próximas semanas o meses podrían llegar nuevas sanciones".

Rubén López se ha mostrado este martes satisfecho por lo que su colectivo considera como "una sanción histórica y pionera": "Estas terapias de curación son una práctica aberrante que pueden ser consideradas torturas psicológicas y que pueden llegar a inducir al suicidio a las personas que asisten con la esperanza de 'volverse heteros", ha señalado en un comunicado. López, que también es director del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, ha añadido que estas terapias "son impropias del siglo XXI en España y es vergonzante que partidos políticos como Vox estén a favor de que existan".

Arcópoli ha recordado que fueron ellos mismos quienes interpusieron una denuncia en agosto de 2016 tras ver la emisión de un programa en Cuatro donde se mostraba cómo la coach Elena Lorenzo supuestamente curaba a personas LGTBI. La asociación inició una investigación y presentó todos los contenidos de la web elenalorenzo.com como pruebas de sus presuntas terapias ante la Consejería de Política Social y Familia de la Comunidad de Madrid. La denuncia, que acusaba a Lorenzo de vulnerar el artículo 70.4 de la ley contra la LGTBIfobia, fue la primera de este tipo interpuesta ante el Gobierno regional.

"Durante estos tres años nos han ido llegando casos de anuncios que presuntamente realizaba esta coach para ofrecer servicios en la red social Grindr e incluso que cambiaba de lugar de residencia a Toledo, donde no hay ley LGTBi. Muchas personas se ponían en contacto con Arcópoli indignadas de estos anuncios que ofrecían los servicios de Elena Lorenzo", señala la asociación en el comunicado. "Pese a ser la mínima cantidad para las sanciones muy graves, es una sanción histórica y pionera ya que nunca antes en España se había interpuesto una multa por las terapias de curación a las personas LGTB", añade la organización, que tiene presentadas otras dos denuncias por estas pretendidas terapias de curación, al obispado de Alcalá y a la web www.esposiblelaesperanza.com.

Un proceso de tres años
El expediente que se ha resuelto este martes se inició en agosto de 2016 a raíz de un escrito que la asociación Arcópoli presentó en la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad para denunciar una presunta infracción administrativa derivada de la promoción a través de Internet de "terapias de curación de la homosexualidad".

La Secretaría General Técnica de la Consejería acordó abrir un periodo de información previa de carácter reservado con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto. Durante este proceso, en enero de 2017, tuvo entrada en el registro una nueva denuncia, formulada por dos particulares, que hacían también alusión a un posible delito por este tipo de supuestas terapias.

El 19 de marzo de 2019 la Secretaría General Técnica resolvió que los hechos denunciados podrían constituir una infracción administrativa muy grave, tal y como queda tipificado en el artículo 70.4.c) de la ley 3/2016 y un mes después el Consejo de Gobierno, competente en su caso para imponer la sanción, inició el procedimiento que ahora ha quedado resuelto. El proceso, por tanto, ha durado tres años. Desde la entrada en vigor de la ley para la protección del colectivo LGTBI es la primera vez que se interpone una multa de esta cantidad. Hasta el momento, el resto de procedimientos han derivado en 18 sanciones por infracciones leves con multas que oscilan entre los 200 y los 1.800 euros.

#hemeroteca #antidiscrimnacion | Una ley imprescindible

Imagen: Huffpost

Una ley imprescindible.
Rubén López Díaz | Huffpost, 2019-02-08
https://www.huffingtonpost.es/amp/aitor-bengoa/una-ley-imprescindible_a_23664228/

A mediados de la década anterior, los colectivos LGTB junto con otras ONGs de derechos humanos como las de lucha contra el racismo, la xenofobia, la discafobia (discriminación hacia personas con discapacidad o diversidad funcional) o el antigitanismo exigimos al Gobierno socialista que cumpliera los mandatos de la Unión Europea que José María Aznar había preferido ignorar con una chapuza en la ley de Acompañamiento de los presupuestos y presentase una ley de igualdad de trato. En 2011 finalmente y tras varias reuniones y debates que habíamos tenido con la Ministra Aido y después Pajín, se presentó el proyecto de Ley que al final quedó en agua de borrajas porque la legislatura se acabó de forma repentina.

Volvió el PP al gobierno y volvimos al páramo donde las iniciativas legales de ámbito social desaparecieron y la ley de Igualdad de Trato quedó ahí, al albur de que un nuevo gobierno con intereses sociales pudiera darle salida y una mayoría en el Congreso la aprobase finalmente. En febrero de 2017 el partido socialista volvía a la carga con esta ley aunque ha quedado sin tramitar prácticamente hasta ahora: 2 años. Ahora ha llegado a la comisión de igualdad del Congreso sin apenas titulares mediáticos ni repercusión social. Y es que ésta no es una ley de mayorías, sino una ley fundamental para defender los derechos de las minorías vulnerables, tal y como manda la UE desde sus primeras directivas contra la discriminación en 2000. Y la democracia no es tal si no tenemos dignidad todas las personas, independientemente de nuestra orientación sexual, identidad de género, edad, sexo, religión, origen étnico, diversidad funcional o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, tal como fija nuestra Constitución en los artículos 10 y 14.

Esta iniciativa es una herramienta fundamental en el derecho antidiscriminatorio, desarrollando los principios de la UE y la base de la Carta Fundamental de los Derechos Humanos. Es una ley transversal, que además desarrolla la directiva 2012/29/UE, en cuya redacción destacó la eurodiputada Teresa Jiménez Becerril, del PP. No es una ley partidista sino todo lo contrario: coadyuva a expandir la dignidad de toda la ciudadanía española independientemente de su ideología política. Y además es una ley por la que debido a su ausencia hemos sido reprendidos por el Consejo de Europa como el único país de la UE sin una ley de este estilo.

Y para ello nos da armas fundamentales en la lucha contra la intolerancia, el odio, la discriminación o el prejuicio. Es por ello que adentra en medidas y garantías en los campos del empleo, la educación, la sanidad, los servicios sociales, el acceso a bienes y servicios o la participación social y los medios de comunicación, cumpliendo plenamente el artículo 9.2 de nuestra Carta Magna que exige a los poderes públicos que remuevan los obstáculos para una igualdad y libertad plenas.

Pero no solo se queda en impulso en las competencias determinadas sino que establece obligaciones y sanciones, algo fundamental para que tenga efectividad esta ley. Así esta iniciativa complementa al Código Penal en momentos en los que no es necesario su actuación pero sí es importante una sanción institucional, que podría alcanzar cifras astronómicas para sanciones muy graves.

Y lo más destacado para quienes luchamos cada día contra la discriminación es la figura de la Autoridad para la Igualdad de Trato que esperamos como agua de mayo para ayudarnos en nuestra labor de defensa de la dignidad de los colectivos vulnerables que al ser en la gran mayoría formada por voluntariado, no llegamos fácilmente a las instituciones por lo que sería vital ese apoyo y ese impulso que podría dar esta figura; eso sí, la Autoridad no puede estar integrada en ningún Ministerio, sino ser una figura independiente del Gobierno de turno, porque si no, podría mostrarse cercano a la sensibilidad del gobierno que le nombra y no denunciar irregularidades que le comprometan. Es por eso que debe ser una figura similar a la defensoría del Pueblo o la Fiscalía General del Estado en su independencia respecto de los poderes del estado, para poder ser útil en su lucha contra la discriminación.

La fuerza nos la da la unión. Una ley que sea un mínimo común denominador de derechos y sanciones hacia quien viola la dignidad de un colectivo vulnerable sería casi imposible de derogar en función del gobierno de turno, un gobierno que pudiera tener tintes xenófobos, homófobos o antigitanos. Una ley así establece los cauces para luchar contra la discriminación, desgraciadamente aún muy presente en nuestra sociedad, por mucho que algunos partidos afirmen lo contrario. A los datos me remito cuando solo en la Comunidad de Madrid tenemos registrados desde el Observatorio más de 300 incidentes de odio hacia el colectivo LGTB.

Rubén López Díaz es director del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia.

#hemeroteca #lgtbifobia | Bolsonaro y el odio

Imagen: El País / El símbolo brasileño contra el odio de Jair Bolsonaro

Bolsonaro y el odio.
El candidato a la presidencia de Brasil lleva años haciendo declaraciones que deberían invalidarle para detentar un cargo institucional. Pero la 'LGTBfobia' no parece contar a la hora de votar.
Rubén López | Planeta Futuro, El País, 2018-10-26
https://elpais.com/elpais/2018/10/23/planeta_futuro/1540292061_305144.html

Brasil ha tenido la primera vuelta de las elecciones generales y el resultado causa conmoción en materia de derechos, con la victoria de Jair Bolsonaro con un 46% de los votos, pese a mostrar un absoluto desprecio a los derechos humanos a los que incluso llegó a considerar “estiércol” en una declaración.

Si con los derechos humanos en general muestra ese desprecio, con la igualdad LGTB el desdén es aún mayor. Bolsonaro lleva años haciendo declaraciones públicas que deberían poder invalidarle para detentar un cargo institucional. Sin embargo, la ‘LGTBfobia’ no parece contar a la hora de votar en el quinto mayor país del mundo por población. En 2014 el candidato llegó a afirmar: “Los homosexuales los son por consumo de drogas; solo una pequeña parte lo es por defecto de fábrica”. En 2011, en una entrevista publicada por la revista ‘Playboy’, afirmó que sería "incapaz de amar a un hijo homosexual" y que preferiría que un hijo gay "muriera en un accidente". En 2014 en una entrevista declaró: “¿Crímenes de homofobia? Mueren muchos más heterosexuales”. Además, acabó esa entrevista preguntándose: “¿Solo porque a alguien le guste poner el culo ya tiene que ser un semidiós y no puede llevarse una paliza?”.

Podríamos seguir, pero de nada serviría, puesto que ya casi la mitad del pueblo brasileño ha votado a favor de este homófobo y machista declarado, y la frase de “prefiero un homófobo a un ladrón” se escucha por las calles de Brasilia con suma facilidad. Pero es que la involución puede ser total en un país que ostenta el triste récord de asesinatos de personas LGTB de toda América.

El Grupo Gay de Bahía que lleva una década especializado en la lucha contra la LGTBfobia publicó el informe de 2017, donde recoge 445 personas asesinadas por ser LGTB. Esto implica un aumento del 30% con respecto al año anterior. De ellos casi la mitad son personas trans (179). Esto significa que cada 23 horas muere asesinada una persona LGTB en Brasil. Las ayudas a la lucha contra la LGTBfobia han sufrido una caída exponencial en los últimos años mientras las cifras no paraban de subir. Los gobiernos brasileños, lejos de realizar un plan de acción o elaborar una regulación imprescindible similar a la Ley Zamudio de Chile, se han ido desentendiendo de esta lacra y con la probable elección de Bolsonaro, la situación se va a recrudecer.

Si el presidente de Brasil saca a relucir su homofobia públicamente, la legitima en una gran parte. Esto hace un daño terrible a la sociedad ¿Exageramos? Unos días antes de las elecciones, una pareja de gais recibió el siguiente cántico cuando iba en el metro: “Cuidado, maricones, que Bolsonaro os va a matar”. Similares a este, se han recogido ya varios testimonios, como la pintada “tortilleras vais a morir”. El lunes, después de las elecciones, una mujer transexual tuvo que ser hospitalizada tras una paliza por parte de seguidores del candidato Bolsonaro. Hasta la ‘app’ de citas gais Grindr avisaba al conectarse del incremento de agresiones a personas LGTB tras la victoria del candidato abiertamente homófobo.

Y es que en esto consiste el discurso de odio. Lejos de ser libertad de expresión, las declaraciones de Bolsonaro en un país asediado por crímenes LGTBfóbicos los legitiman y normalizan la homofobia. Por eso esperemos que el pueblo brasileño no vote contra el 10% de la sociedad brasileira el 28 de octubre y la pesadilla con nombre de un exmilitar que defiende la dictadura sea solo un mal sueño en el avance de los derechos LGTB, que ha de ser imparable.

Mientras tanto, en España podemos aprender en cabeza ajena que los derechos conseguidos pueden ser reversibles. Por eso, desde FELGTB consideramos imprescindible la aprobación de la Ley de Igualdad LGTBI que lleva un año estancada en su tramitación en el Congreso de los Diputados. Una ley que emana del movimiento LGTBI, que es preventiva y que establece completas herramientas pedagógicas, así como garantías para preservar los derechos de todas las personas, independientemente de su orientación o características sexuales, su identidad o expresión de género o de la composición de sus familias.

Nos encontramos en un momento histórico en el que la inmensa mayoría del Parlamento está a favor de esta regulación y, sin embargo, intereses partidistas o de otras índoles están prevaleciendo a la necesidad de garantizar la dignidad y la seguridad de una buena parte de la población. ¿A qué están esperando nuestros políticos? ¿A que en España se viva una regresión similar a la que ahora sufre Brasil?

Rubén López es coordinador del área internacional de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB).

#hemeroteca #lgtbifobia | Donde no brilla el arcoíris

Imagen: El País

Donde no brilla el arcoíris.
Todavía hay ocho países en el mundo donde el castigo por tener relaciones homosexuales es de pena de muerte.
Rubén López | El País, 2018-07-05
https://elpais.com/elpais/2018/07/03/planeta_futuro/1530627180_507865.html

Hace 28 años, el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó del catálogo de enfermedades la homosexualidad (y, por ende, la bisexualidad). Sin embargo, la transexualidad ha sido considerada un trastorno mental hasta el pasado 18 de junio, cuando se publicó la nueva Clasificación Internacional de las Enfermedades, el CIE-11.

En las últimas décadas se ha avanzado a nivel institucional en Europa y en América a pasos rápidos para paliar la situación de discriminación y violencia por parte de los Estados que sufría el colectivo LGTBI en todos los países del mundo. Sin embargo, más de un tercio de los países siguen aplicando contundentemente la LGTBIfobia de Estado: hay ocho países en el mundo (Sudán, Sudán del Sur, Somalia, Irán, Mauritania, Arabia Saudí, Yemen y algunos Estados de Nigeria) donde el castigo por tener relaciones sexuales con una persona del mismo sexo es de pena de muerte, y en otros 72 puedes acabar en la cárcel desde unos pocos meses a cadena perpetua.

No todo son pasos hacia adelante en la legislación contra la LGTBIfobia. Hay que destacar que en la India, el segundo país más poblado del mundo, en 2009 se despenalizó la homosexualidad y en 2013 la Corte Suprema volvió a ilegalizarla. Hoy siguen sin revertir esta prohibición. Las Islas Bermudas se convirtieron en enero en el primer país del mundo donde el matrimonio entre personas del mismo sexo se prohíbe después de haber sido aprobado. En Portugal, el Jefe del Estado, Rebelo de Sousa, ha vetado una ley de identidad de género para la igualdad del colectivo trans presentada por el Gobierno y el Parlamento, complicando así su aprobación final.

Si examinamos la situación en el ámbito social (y no institucional) tenemos que denunciar un genocidio de personas trans en muchos países del mundo. Son asesinadas en Brasil o México. En América Latina ha habido 179 asesinatos por este motivo en 2017. Según el Grupo Gay de Bahía, desde 2015 han sido asesinadas 958 personas trans en el continente americano. En EEUU, la violencia homicida hacia el colectivo LGTBI se ha incrementado en un 86%, según NVCAP (National Victim Constitutional Amendment Passage), habiendo sido registradas hasta 52 víctimas mortales, más de la mitad de ellas eran trans. En Pakistán, esta cifra supera el medio centenar desde 2015. Estos datos son solo los que quedan registrados, los números absolutos los desconocemos, pero sabemos que estamos viendo solamente la punta del iceberg.

En la Unión Europea la situación hacia el colectivo LGTBI sigue siendo mucho mejor que en el resto del mundo, pero miramos con preocupación a tres países: República Checa, Polonia y Hungría. Todos con gobiernos muy conservadores, de recortes de libertades y con tintes claros contra el colectivo LGTBI.

En España repetimos la novena posición según la lista que realiza ILGA Europa, que valora la situación de los derechos LGTBI en el continente, debido a la inacción gubernamental en materia legislativa, donde encontramos que tanto la Ley de Igualdad LGTBI como la reforma de la ley trans de 2007 continúan siendo aplazadas mientras que países como Reino Unido, Malta o Bélgica siguen avanzando.

En nuestro país, la discriminación o la violencia institucional contra el colectivo LGTBI se han reducido considerablemente, sin embargo, la situación actual implica la necesidad de acciones de sensibilización y formación para combatir la discriminación y la violencia sociales. Los observatorios regionales que están proliferando dan cuenta de incidentes de odio casi diarios. El madrileño nos habla de que en 2017 hubo 321; el catalán cifra en 111 los incidentes, y el valenciano, en 79. Estos datos son simplemente los que les llegan a ellos y que solo se registran en tres Comunidades Autónomas y la ciudad de A Coruña.

Estos datos constatan que queda mucho camino por recorrer en nuestro país. En España seguimos mirando hacia atrás con el rabillo del ojo cuando vamos agarrados de la mano o nos damos un beso por la calle. En las zonas rurales la invisibilidad del colectivo LGTBI y la falta de referentes hacen que la situación se haga insoportable y nuestro colectivo emigre a las grandes ciudades. En el ámbito laboral, menos del 40% de las y los trabajadores siguen sin ser visibles por miedo al rechazo, a la burla o incluso al despido, y en las aulas y los estadios deportivos el insulto más coreado es el de “maricón”. Las personas transexuales y transgénero sufren discriminación, humillaciones y en ocasiones violencia de forma constante. Acabar con la lacra de la LGTBIfobia es una tarea de toda la sociedad y para ello hemos de incidir primordialmente en la educación en los valores de igualdad, libertad y justicia que exige la Constitución.

La aprobación de la Ley de Igualdad LGTBI, actualmente en trámite parlamentario y respaldada por la gran mayoría de la sociedad civil, debe ser una clara prioridad para el Gobierno de Pedro Sánchez. Apostar por la defensa de los derechos humanos de toda la sociedad no puede ser una opción.

Rubén López es coordinador de Internacional y Derechos Humanos de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB)