#hemeroteca #transfobia #terf | La filósofa socialista que alerta del "machismo terrible" de la ley Trans: "La 'T' se está comiendo la 'L' y la 'G'"

Libertad Digital / Amelia Valcárcel, presidenta de FeMeS //

La filósofa socialista que alerta del "machismo terrible" de la ley Trans: "La 'T' se está comiendo la 'L' y la 'G'".
Amelia Valcárcel, presidenta de las Feministas Socialistas, asegura que ésa es la verdadera "terapia de conversión", lo que desvirtúa el Orgullo LGTBI.
Sandra León | Libertad Digital, 2022-07-07
https://www.libertaddigital.com/espana/politica/2022-07-07/amelia-valcarcel-filosofa-socialista-alerta-machismo-terrible-ley-trans-la-t-del-orgullo-se-esta-comiendo-la-l-y-la-g-6913827/ 

En plena polémica por la ley Trans, la filósofa Amelia Valcárcel, presidenta de la Asociación Española de Feministas Socialistas (FeMeS), ha advertido este miércoles de que el texto aprobado por el Gobierno propicia "un nuevo machismo terrible". A su juicio, la normativa está llena de "equívocos" y es "un pozo de malas sorpresas tan grande que haríamos todos muy bien en pensárnosla". Se da la casualidad de que Valcárcel es, además, miembro del Consejo de Estado, que también ha arremetido duramente contra el proyecto de ley aprobado por el Gobierno.

Al igual que otras tantas feministas que, durante años, han venido apoyando la celebración del Orgullo LGTBI, Valcárcel lamenta que "la 'T' se está comiendo la 'L', la 'G' y todo lo que lleva alrededor". Unas declaraciones que coinciden precisamente con el pregón de las fiestas del Orgullo que este mismo miércoles arrancan oficialmente en la capital de España.

En este sentido, la socialista pone el ejemplo de una niña que, si es "un poco discordante" de lo que "la sociedad quiere que sea o piensa que debe ser", se la puede "hormonar", "rajar" y "meter un bisturí" para que se encaje en una nueva identidad trans. "¿Eso no es una terapia de conversión? -se pregunta indignada- Es mucho peor".

El argumento de las trans arrepentidas
Su conclusión es la misma a la que llegan muchas personas arrepentidas con su cambio de sexo, entre ellas Sandra Mercado, una conocida influencer a la que Libertad Digital ya entrevistó hace tiempo. "La transexualidad es homofobia, terapia de conversión para homosexuales", denunció abiertamente en una charla en la que reconocía que ni las hormonas ni las cirugías han conseguido acabar con su disforia de género, lo que le ha hecho replantearse todo.

"Después de leer mucho, me di cuenta de que la transexualidad era una estafa, de que realmente somos homosexuales atormentados por estereotipos sexistas y que el único camino para poder superar la disforia o llevarla lo mejor posible es aceptarme tal y como soy", explicaba abiertamente.

Estereotipos sexistas
Precisamente por eso, Sandra Mercado se dirige a los menores que hoy se plantean iniciar la transición para advertirles de que es probable que, en la mayor parte de los casos, no tengan ningún problema con su biología: "Si quieren lucir, vestirse y expresarse como quieran, que lo hagan, pero no por ello significa que son del sexo opuesto".

Se trata del mismo argumento al que se aferran las principales asociaciones feministas, que, desde el principio, han mostrado su rechazo a la ley impulsada por Irene Montero. "Que un niño juegue con muñecas no lo convierte en una niña. Que una niña juegue al futbol no la convierte en un niño. Y esos son los patrones que se están tomando para diagnosticar a las personas trans: que no cumplan los roles de género. ¿Dónde está aquí la igualdad?", se preguntaba en otra entrevista con LD Sonia Gómez, portavoz de la Confluencia Movimiento Feminista.

Una "ley mordaza"
El alegato de la filósofa Amelia Valcárcel se ha escuchado este miércoles en la inauguración de la XIX Escuela Feminista Rosario de Acuña de Gijón, dónde también se ha referido a la ley Trans como una "ley mordaza", por cuanto, según dice, prevé penas que no impone ningún juez, sino una autoridad administrativa, y que pueden alcanzar hasta 150.000 euros.

Además, la presidenta de la Asociación Española de Feministas Socialistas ha advertido del peligro que supone la nueva normativa, al invertir la carga de la prueba, lo que deja desprotegidos a todos los ciudadanos que, en un momento determinado, puedan entrar en conflicto con una persona trans. "Es un escenario malísimo al que tenemos que negarnos", ha insistido.

#hemeroteca #trans #transfobia | ‘Ley trans’: El Consejo de Estado plantea informes médicos para cambiar de sexo en el registro y aval judicial para los menores

Última Hora / Orgullo trans en el 28J de Palma de Mallorca //

‘Ley trans’: El Consejo de Estado plantea informes médicos para cambiar de sexo en el registro y aval judicial para los menores.
El dictamen del órgano consultivo, publicado en el ‘BOE’, respalda el anteproyecto de forma general aunque propone límites formales a la autodeterminación de género.
Isabel Valdés | El País, 2022-07-05
https://elpais.com/sociedad/2022-07-05/ley-trans-el-consejo-de-estado-plantea-informes-medicos-para-cambiar-de-sexo-en-el-registro-y-aval-judicial-para-los-menores.html 

La cuestión que generó los primeros debates entre los socios de Gobierno, la que ha abierto una brecha en parte del movimiento feminista, la que objetó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es una de las que también apunta el Consejo de Estado —el otro órgano consultivo, junto al CGPJ, por el que deben pasar los anteproyectos de ley— en el dictamen emitido para la norma: la autodeterminación de género, es decir, cambiar el sexo en el registro únicamente con la voluntad de la persona. Entre los cambios que propone, está incluir la “exigencia” de un informe médico o psicológico y el aval judicial para solicitar el cambio de sexo para todos los menores de edad.

El órgano consultivo presidido por la exvicepresidenta socialista María Teresa Fernández de la Vega emitió el dictamen el pasado 23 de junio —ya publicado en el Boletín Oficial del Estado—, es decir, cuatro días antes de que el anteproyecto llegase al Consejo de Ministros solo para ser remitido al Congreso de los Diputados, donde deberá darse el debate parlamentario. Y aunque respalda el objetivo del texto —“los fines perseguidos por el anteproyecto en lo que hace a la eliminación de la discriminación y garantizar y promover la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, es claramente coherente con los principios de igualdad formal y material y de protección de la dignidad de la persona, y con el marco constitucional, europeo e internacional”—, hace varias observaciones que, en gran parte, coinciden con las que ya hizo el CGPJ. Sobre todo en las referentes a cómo se debe proceder para poder hacer el cambio de sexo en el registro. En torno a esto, propone tres cambios.

Informe médico o psicológico. “La exigencia de tal informe médico o psicológico constituiría una garantía para el solicitante que debería ser mantenida en aras de la protección de la persona que libremente decide transitar de un sexo a otro”, especifica el dictamen. El órgano alega que la Justicia no ha considerado “que la exigencia de un diagnóstico médico o psicológico de la disforia de género vulnere los derechos fundamentales de la persona”, y añade que la legislación de la mayoría de los ordenamientos jurídicos del entorno — y en España, la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas—, hacen que ese informe previo sea necesario para el derecho a la rectificación en el registro.

Arguye también que esto está “en consonancia con lo dispuesto por el legislador en relación con otros hechos inscribibles en el Registro Civil”, como “el nacimiento o la defunción de la persona, cuya inscripción precisa la presentación de parte facultativo o certificado médico”. Y afirma que “en este contexto, no parece necesario ni proporcionado desvincular la rectificación registral de la mención relativa al sexo de todo elemento probatorio que acredite, de un modo u otro, cierta estabilidad en la identidad sexual libremente definida por la persona”.

Aval judicial para los menores de 18 años. Para el Consejo, “el expediente de jurisdicción voluntaria” es el cauce más idóneo para canalizar el derecho de los menores de edad” a cambiar el sexo en el registro. No le parece “acertada la afirmación de la memoria según la cual si se “condiciona[se] el cambio de sexo registral de mayores de 14 años a la obtención de aprobación judicial (...) no se estaría teniendo en cuenta la madurez de cada menor o su situación”.

El órgano afirma que, “al contrario, la flexibilidad con la que se ha concebido” esa herramienta —en la que el juez o jueza “comprobará, entre otros extremos, la madurez del menor para comprender y evaluar las consecuencias de su decisión”— hacen que sea un cauce “especialmente idóneo para valorar las circunstancias de cada caso concreto y, de esta forma, velar por el interés superior del menor, tal y como ha sido interpretado por nuestra jurisprudencia y doctrina constitucional”.

El Consejo se pregunta si con el sistema propuesto ahora mismo en el anteproyecto, “se va a favorecer que se tomen decisiones precipitadas, no asentadas en una situación estable de transexualidad, lo que, a la postre, podría terminar repercutiendo de forma negativa en el libre desarrollo de la personalidad del sujeto”. Y también apunta a países del entorno, en los que se “suele reconocer a los menores de edad legitimación para promover la rectificación de la mención registral relativa al sexo y, cuando lo hace, incluye cautelas tales como la exigencia de que hayan cumplido dieciséis años y posean suficiente discernimiento (Bélgica y Portugal), cuenten con un certificado médico de disforia de género (Noruega) o articulen su solicitud vía jurisdiccional (Irlanda y Malta)”.

Acotar los cambios en el registro. “En la medida en que se admite su rectificación sobre la base de la libre determinación sexual de la persona, se debería posibilitar la reversión de esta decisión”, dice el dictamen. Eso sí, con algunas acotaciones, “cautelas que garanticen una adecuada protección de otros bienes jurídicos concurrentes y el debido respeto a los principios de seguridad jurídica y de orden público, que, como se ha apuntado, precisan cierta estabilidad en la definición de la identidad sexual del sujeto”.

Alude, por ejemplo, al “transcurso de cierto periodo de tiempo entre la rectificación registral y su reversión —siendo el plazo de seis meses propuesto por la autoridad consultante insuficiente a estos efectos, al menos si se mantienen inalterados los demás elementos del sistema—, e imponer un límite cuantitativo —número de veces que una persona podrá instar—”. Y este último límite cuantitativo, añade, “debería” atender a la edad de quien lo solicite: “No parece razonable equiparar la situación del menor de edad —cuya identidad sexual está en proceso de construcción y puede, por consiguiente, ser objeto de alteración—, a la del mayor de edad”.

Estas modificaciones propuestas, que el Ministerio de Igualdad no incluyó en el paso por el Consejo de Ministros, podrían aún entrar en la nueva norma a través del debate parlamentario que deberá darse primero en el Congreso, y después en el Senado, antes de entrar en vigor.

#hemeroteca #medios #prostitucion | El Gobierno sigue el camino de Zapatero y no obliga a los medios a eliminar los anuncios de prostitución

Imagen: El Diario

El Gobierno sigue el camino de Zapatero y no obliga a los medios a eliminar los anuncios de prostitución.
Se ha limitado a "promocionar la suscripción de códigos de autorregulación" para los periódicos, que ingresan por este concepto unos 40 millones al año. El Consejo de Estado instó en 2011 al Estado a aprobar una ley que los eliminara. El actual Gobierno no lo ha hecho en su reciente Plan contra la Trata.
Marta Borraz | El Diario, 2015-10-10
http://www.eldiario.es/sociedad/Gobierno-medios-eliminar-anuncios-prostitucion_0_439206991.html

"Ojalá desaparecieran". Eso manifestó el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, respecto a los anuncios de prostitución que publica la prensa cuando presentó el "Plan contra la Trata con fines de explotación sexual de mujeres y niñas para el periodo 2015-2018" el 23 de septiembre. A pesar del interés que mostró en que este tipo de publicaciones sean eliminadas, el Gobierno se ha limitado a "promocionar la suscripción de códigos de autorregulación" por parte de las publicaciones.

Con ello, ha renunciado a prohibirlos expresamente, como ya hizo en su día el Gobierno de Zapatero, y lo ha dejado en manos de los propios medios, a pesar de lo que reivindican algunos de los colectivos que trabajan con mujeres víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual. De hecho, el Consejo de Estado emitió un informe en marzo de 2011 en el que se instaba al Estado a aprobar una ley específica que posibilitara la prohibición o "limitación severa", ya que la autorregulación "se ha demostrado insuficiente y baldía", concluía el documento.

Varias organizaciones defienden la eficacia de esta medida porque sostienen que detrás de los anuncios de prostitución, "se esconden, en la mayoría de los casos, mujeres que son forzadas y coaccionadas para ejercerla", asegura Rocío Nieto, presidenta de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP). Partiendo de esta premisa, este tipo de publicaciones alentan, a ojos de Ángeles Álvarez, portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, "una práctica que es delictiva". Pero lo cierto es que no existen datos fiables al respecto y la opinión está dividida.

Otras voces, como el colectivo Hetaira, consideran que "la gran parte de mujeres que se anuncian en esas páginas ejercen la prostitución de forma voluntaria", sostiene Cristina Garaizabal, una de sus fundadoras. Hace hincapié, además, en la "necesidad de separar prostitución voluntaria y trata con fines de explotación sexual". Una realidad que vulnera los derechos humanos de alrededor de 4,5 millones de personas cada año, la mayoría mujeres y niñas, según calcula la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

"Una medida vacía"
En la presentación del plan contra la trata, que el Gobierno ha tardado tres años en actualizar (hasta ahora usaba el de Zapatero, que finalizaba en 2012), Alfonso Alonso aseguró que el Ministerio negociará "con los medios" y "no contra" ellos. "Se ha considerado que es la medida más sensata para conseguir la erradicación de este tipo de anuncios, debemos sentarnos con ellos y negociar fórmulas", cuentan a eldiario.es fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Esas medidas ya fueron propuestas por el Consejo de Estado, a petición del Gobierno del PSOE, hace más de cuatro años. En su informe recomendaba que la prohibición no se llevara a cabo mediante el Código Penal, sino con "una norma legal distinta de la Ley General de Publicidad y que tuviera como objeto exclusivo la prohibición de la publicidad de prostitución". Un negocio con el que en 2007 (últimos datos disponibles), los medios ganaban 40 millones de euros al año, y al que renunciaron algunos como Público, La Razón o 20 Minutos.

El Consejo de Estado argumentaba para ello que los anuncios "contribuyen a que perviva la idea de la mujer como un mero objeto", pueden vulnerar los derechos de los menores porque los medios "cuentan con una presencia relativamente amplia y un acceso fácil sin restricciones de edad" y "pueden encubrir fenómenos vinculados a la trata de seres humanos".

A pesar de ello, el Gobierno no ha dado el paso y ha renunciado a su prohibición. En este sentido, tanto APRAMP como la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos a Mujeres coinciden en que la propuesta por el Gobierno "es una medida vacía de contenido" y lo que pretende el Partido Popular con ella "es eludir el tema", denuncia Sara Vicente, abogada y responsable del programa de prostitución de la comisión.

Los socialistas tampoco lo hicieron
"Es algo muy grave porque es frecuente que en estos anuncios el mismo teléfono se repita en varios diferentes", denuncia Vicente, "lo que evidencia que tras estas mujeres que aparentemente se publicitan a título individual hay una mafia". Sin embargo, los colectivos coinciden en que el Ejecutivo no ha querido prohibirlos porque "no quiere tener en contra a los medios de comunicación, que obtienen jugosos ingresos", de hecho, "el Gobierno socialista no lo hizo por la misma razón", explica la abogada.

En 2011, Bibiana Aído, entonces secretaria de Estado de Igualdad y antes ministra, impulsó una propuesta con el objetivo de acabar con estos anuncios para "proteger a las personas de la explotación sexual", pero finalmente acabó quedándose en nada. "El PSOE articuló el sistema contra la trata y no pudo poner en marcha todas las medidas, le tocaba avanzar al PP y no lo ha hecho", afirma la diputada Ángeles Álvarez, que apuesta por la prohibición, "en primer lugar, porque normalizan el acceso al cuerpo de otra persona por medio de dinero".

El debate está abierto. Para Garaizabal, el veto de los anuncios "corta el derecho de las mujeres a captar clientes, convierte en clandestino su trabajo e impone la doble moral imperante: que la prostitución no se vea, no se lea, pero sigue existiendo". Ya en 2011, el colectivo Hetaira mostró su disconformidad con la medida: "La trata es ilegal, ¿cuándo hemos visto que algo ilegal se anuncie?", se pregunta Garaizabal.