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sábado, 1 de julio de 2023

#hemeroteca #lgtbi #gaypitalismo | ¡La purpurina que explota!

El Salto / Marcha del Orgullo Vallekano, 2022-06-28 //

¡La purpurina que explota!

El MADO, el Orgullo oficial de Madrid, dejó en 2022 unos ingresos de 300 millones de euro y se calcula que las fiestas de este año dejarán hasta 108 millones de euros diarios, pero nuevamente a costa de empleos precarios y derechos laborales recortados.
Dimas Fernández · Activista en Orgullo Vallekano LGTBIAQ+ | El Salto, 2023-07-01
https://www.elsaltodiario.com/lgtbiq/MADO-purpurina-explota-precariedad-laboral

La organización del orgullo LGTBIAQ estatal de Madrid, ha sido acusada en muchas ocasiones de explotación laboral por parte de algunos de sus colaboradores que ven cómo no se respeta nada de lo prometido en cuanto a condiciones laborales (artistas, técnicos, personal de barras, seguridad...), salarios que no llegan nunca o muy tarde, condiciones que cambian en el último momento y mucha precariedad tapada por la purpurina y las banderas de colores.

El personal de los bares, clubs, discotecas, hoteles y de la multitud de comercios de Chueca tienen jornadas extenuantes durante el Orgullo, y en demasiadas ocasiones con una baja remuneración. Además, una gran mayoría es personal sin contrato laboral o por muy debajo de la realidad de su jornada. Muchas de estas personas recurren al uso de drogas para soportar las enormes jornadas laborales y calmantes para soportar el dolor, estas sustancias tienen efectos negativos en la salud física y mental, así como en su calidad de vida, el precio es muy alto para lo poco que se llevan del Orgulloso pastel. Estas situaciones suponen una grave contradicción con los valores de diversidad, inclusión y respeto que el Orgullo dice defender y promover, el capitalismo lo corrompe todo.

La explotación laboral en estos grandes eventos capitalistas, que dejan millones de euros en las ciudades (en las manos de muy pocas personas en realidad) se está generando con el esfuerzo de miles de salarios precarios y con la ilusión de muches artistas con ganas de ser reconocides, y esto se manifiesta de diversas formas: Jornadas extenuantes, condiciones inseguras, salarios inferiores al mínimo legal, contratos temporales o inexistentes, falta de protección social, represión sindical, discriminación por género, raza o nacionalidad, entre otras.

Muchos de estos trabajadores y trabajadoras son migrantes que buscan una oportunidad de mejorar sus vidas en Madrid, pero se encuentran con un sistema que los explota y les desecha pasado el Orgullo. Además, muchos de estos macro eventos se realizan con la colaboración de cientos de voluntaries que ofrecen su tiempo y su trabajo sin recibir ninguna remuneración ni reconocimiento, algo terriblemente injusto vistas las cifras millonarias que mueven.

El Orgullo estatal se ha convertido en una máquina devoradora de dinero que expulsa la lucha LGTBIAQ+ y añade la letra €. Las fiestas dejan más de 150 millones de euros a la ciudad de Madrid en unos eventos donde los empresarios tienen todo el control.

Según Juan Martín Boll, miembro de la organización del Orgullo en declaraciones para ‘El Mundo’, “las previsiones apuntan a que se van a superar los 300 millones de euros que dejó el evento en la ciudad durante el último desfile”. Y según La Asociación Hostelería Madrid, también para el periódico ‘El Mundo’, calcula que las fiestas del Orgullo dejarán en la capital un total de 108 millones de euros diarios durante el viernes y el sábado, los días más fuertes de la festividad.

Los hoteles son otros de los grandes beneficiados por el evento con una subida de precios en torno al 15 o 20%, asegura Borja Ancizu, director de Management de la cadena Room Mate, en el mismo diario. Nos preguntamos... ¿Los salarios del personal también han subido un 15%? Seguro que Las Kellys no opinan lo mismo.

Por todo esto, creo que es necesario denunciar y resistir a la explotación laboral en los grandes eventos capitalistas como MADO. En realidad, no son una celebración de la humanidad, sino una muestra más de su injusticia y su insostenibilidad, que nunca va a cesar en su empeño de crecer y devorar más capitalismo. Debemos exigir el respeto a los derechos laborales y ambientales, y promover formas alternativas de organización social que sean más horizontales, solidarias y ecológicas, como los orgullos críticos que se desarrollan en toda España teniendo en cuenta estas luchas transversales.

martes, 1 de marzo de 2022

#hemeroteca #mujeres #trabajo | La reforma laboral pasa de refilón por los sectores más feminizados (y precarizados)

El Salto / Territorio Doméstico //

La reforma laboral pasa de refilón por los sectores más feminizados (y precarizados).

Las trabajadoras del hogar, las camareras de piso o ‘kellys’, las empleadas de ayuda a domicilio, el sector de los cuidados o de la limpieza, son trabajos mayormente ejercidos por mujeres y estas trabajadoras no ven en el decreto de Yolanda Díaz mejoras en su vida. La temporalidad, la falta de control de cotizaciones, la imposibilidad para entrar en los hogares de los inspectores de trabajo o la salud laboral son muchas de las reivindicaciones que han quedado sin respuesta.
Laura L. Ruiz | El Salto, 2022-03-01
https://www.elsaltodiario.com/reforma-laboral/pasa-refilon-sectores-mas-feminizados-precarizados 

Los sectores más precarizados del país, que coinciden con los más feminizados, han visto cómo la nueva reforma laboral les ha pasado de refilón. Entre las mejoras destaca el fin de los contratos temporales sin justificación, pero tanto limpiadoras, cuidadoras como camareras de piso no confían en que sea suficiente para mejorar su día a día.

“Son muy comunes los contratos laborales eventuales y lo ideal es que cuando sean actividades permanentes pasen a contratos fijos. Pero seguiremos con la misma problemática que otros conflictos: no habrá ningún control, habrá contratadores más reacciones a hacer contratos fijos y, en este momento, se mezcla con la subida del salario mínimo. Por eso decimos que mientras los cuidados no estén dentro del sistema público, va a significar que la precariedad de este sector no se va a acabar, ni con la reforma laboral ni con la subida del Salario Mínimo Interprofesional, porque solo los privilegiados podrán pagar”. Así valoran desde Territorio Doméstico este cambio legislativo, que muy lejos les queda a las trabajadoras del hogar, ya que al no estar en el régimen general de trabajadores están fuera de muchos de los cambios.

Sin embargo, curiosamente, sus reivindicaciones no se alejan tanto de otras empleadas que sí que están bajo el paraguas del Estatuto de los Trabajadores pero que siguen estando discriminadas respecto a sectores más masculinizados. Es el caso de la brecha laboral en el sector de la limpieza. “El 95% de las trabajadoras somos mujeres y son trabajos que se vinculan con el sostenimiento de la vida pero que están invisibilizados”, explica Olaia Bilbao González, delegada sindical de las Trabajadoras de Limpieza en Lucha del sindicato LAB, que denuncia que muchas empleadas cobran menos que sus compañeros en trabajos que requieren desplazamientos, por ejemplo.

Aunque desde LAB reconocen que hay avances en la actual legislación, como la recuperación de la ultraactividad indefinida o los citados contratos temporales, defienden que el despido “casi libre” debería haber acabado. Bilbao González denuncia, además, que dentro de las limpiadoras hay situaciones muy distintas: “No tiene nada que ver trabajar en una empresa de servicios, en una compañía fija que de interna o por horas en el hogar. Para empezar, las limpiadoras del hogar no tienen un régimen autónomo, están en un régimen especial sin regularización de derechos, no tienen reconocida su salud laboral o el desempleo”.

A este respecto, recientemente se ha celebrado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la semana pasada que reconocía que era una discriminación relacionada con el género que las trabajadoras del hogar no tuvieran acceso a la prestación por desempleo. “Es un reconocimiento jurídico que nosotras y todas las asociaciones de trabajadoras llevamos años denunciando. Que un tribunal diga que es una discriminación directa a los derechos laborales de un colectivo entero tiene un gran valor. Esperamos que sea una palanca para reconocer la prestación por desempleo en este país”, desea, desde Territorio Doméstico, Natalia. Un derecho que, pese a ser un gran avance, podría llegar solo a dos tercios de las trabajadoras, ya que, según esta organización de empleadas domésticas, hasta un tercio de ellas estarían en la economía sumergidas.

Se trata de un derecho al empleo que, según señalan desde este colectivo, debe verse reforzado con una mayor indemnización en el despido y que ni la reforma laboral ni el régimen especial de las empleadas del hogar contemplan. “En este sector tenemos el desistimiento, un despido mucho más barato y sin prácticamente ninguna causa”, comenta Natalia. “Si las condiciones de despido —continúa— han bajado para todos, para las trabajadoras del hogar son 12 días por año trabajado y pueden ser despedidas de un momento para otro, en el mismo día, sin aviso. Esto para las trabajadoras internas es un gran problema, ya que se quedan sin empleo y sin vivienda en el mismo momento”.

Además del desempleo, las reivindicaciones de las trabajadoras del hogar pasan por ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que ayudaría a igualar los derechos de estas trabajadoras con el resto. “Somos las más precarias y te quedas sin nada si te despiden. Con papeles y sin papeles, te quedas desamparada”, explica Carolina García, portavoz de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Zaragoza, que pese a las ayudas excepcionales que se pusieron en marcha para el sector en pandemia, denuncian que siguen desamparadas.

Pone como ejemplo que el subsidio de las trabajadoras domésticas acabó al poco de los confinamientos, mientras que los ERTE siguen a día de hoy prorrogándose para muchos otros trabajadores. En respuesta, ellas pusieron en marcha una caja de resistencia que estuvo activa hasta el pasado mes de diciembre. Carolina García recuerda que de poco les sirvió en su momento o ahora ser reconocidas como trabajadoras esenciales: “Fue reconocido para que nosotras pudiéramos movernos al trabajo, pero nada más. Hubo incluso multas, por no tener papeles o porque había jefes que no querían firmarles el pase porque era reconocer que trabajaban en esa casa cuando no estaban dadas de alta. Si antes de la pandemia ya estaban encerradas mucho tiempo las internas, con la pandemia se ha asentado la reducción de tiempo libre, ahora es normal incluso que solo den un fin de semana al mes libre como algo normal”.

Desde esta organización aragonesa recuerdan que “además del racismo está el clasismo, porque aunque los empleadores no sean ricos, ellos saben que están en una posición mejor que nosotras, mujeres racializadas migrantes”. “Nosotras —comenta Elena Vidal Martín, trabajadora de ayuda a domicilio y secretaria general del sindicato OSAD— tenemos entre un 70 y un 80% de compañeras migrantes, la mayoría de Latinoamérica. Estas mujeres han tenido una situación laboral muy complicada y sin soporte familiar, por lo que te tienes que buscar la vida. Durante el covid algunas compañeras se tuvieron que unir para pedir un día libre sin retribuir cada semana para ocuparse de los hijos de todas e ir rotando”. “El 95% de las trabajadoras en limpieza son mujeres y son trabajos que se vinculan con el sostenimiento de la vida pero que están invisibilizados”, opina Olaia Bilbao, desde LAB, que considera que “el patriarcado se alía con el capitalismo porque les sale más barato precarizar el trabajo de las mujeres”.

Sin reconocimiento de las enfermedades laborales
Otra de las problemáticas que une a trabajadoras fuera y dentro del régimen general y que la reforma laboral no soluciona es su salud laboral. “La prevención de riesgos laborales es una de nuestras principales reivindicaciones”, explican a El Salto desde Territorio Doméstico. “Es evidente —continúan—la carga de trabajo que tienen, las enfermedades laborales, pero no tienen ningún tipo de protección. Hay una frase dentro del real decreto que dice que los empleadores son los responsables de la salud laboral, pero no hay controles porque la Inspección de Trabajo no puede entrar en el hogar privado”.

Una problemática que se extiende a otras actividades, como la ayuda a domicilio, que pese a tener reconocida la salud laboral en la teoría, en la práctica siguen sin contar con medios que la garanticen. Ningún inspector de trabajo asegura que haya grúas, que los baños estén adaptados o que no carguen con un peso excesivo en los domicilios de particulares. Incluso cuando la lesión se producen, nada les garantiza que se les reconozca como enfermedad profesional. “Cuando tenemos una lesión, se considera que puede ser solo por ser mujeres, no por ser trabajadoras de cuidados”, indica Elena Vidal, quien explica que, por ejemplo, en muchas mutuas se toman una hernia discal como una dolencia común a las mujeres por su biología sin tener en cuenta su trabajo e incluso, afecciones por movimientos repetitivos que sí que están consideradas en muchos empleos, en las mujeres siguen considerándose enfermedades comunes porque se lo han podido hacer limpiando sus propias casas.

“También tenemos un problema con el horario laboral, porque para tener 40 horas tenemos que estar disponibles de siete de la mañana a diez de la noche”, añade Vidal, que explica que no es posible por sus cargas familiares, “lo que nos obliga a estar con jornada parcial y no llegar a los 800 euros mensuales”. “En otros sectores menos feminizados sí que hay turnos, pero nosotras no”, termina. A esto se añade la reivindicación de municipalizar los servicios, explican desde OSAD, ya que a las trabajadoras solo les llega el 50% del dinero que gasta el Ayuntamiento de Madrid en el servicio, por ejemplo. También recuperar los servicios que daban más allá de limpiar, como el acompañamiento o la comida. “No permiten que tengas una confianza con el usuario, cuando lo notan te cambian de casa. Ya no tenemos una continuidad que permite detectar incluso empeoramientos en la salud del usuario”, denuncia.

La subcontratación también es un problema vital para las camareras de piso y el cambio de legislación de la ministra Díaz no ayuda en este sentido. “Esta reforma laboral a nosotras no nos beneficia en nada, nos perjudica más que la anterior, porque, además de seguir sufriendo el prestamismo laboral (cesión ilegal de trabajadoras), tenemos que aguantar que se legitime esa práctica y se imponga oficialmente el convenio de las subcontratas”, comenta Miriam de las Kellys de Barcelona. Entre las reivindicaciones que llevan a las calles también está el reconocimiento de la jubilación anticipada por el “penoso trabajo” que soportan, la protección en caso de embarazo, el blindaje de los convenios de hostelería frente a los multiservicios y más inspectores de trabajo, entre otras.

Cómo organizarse en la precariedad
Unas reivindicaciones que han cosechado éxito a costa de muchos sacrificios para organizarse, ya que a diferencia de otros sectores, las circunstancia de vida de estas mujeres no facilita su lucha. La precariedad, las cargas familiares, el aislamiento —como en el caso de las internas o de falta de implicación de las grandes centrales sindicales— son las barreras más comunes que pudieron verse en las II Jornadas por un feminismo sindicalista de La Laboratoria.

“En términos de organización, no tienen nada que ver. Las trabajadoras de limpieza que trabajamos en una empresa estamos en espacios de encuentro, compartimos experiencias, nos organizamos. Las limpiadoras en el hogar no tienen marco organizativo, están muy aisladas y su lucha está muy individualizada”, explica Olaia Bilbao. Carolina García destaca también la dificultad de muchas de sus compañeras para organizarse cuando están en un ámbito rural o cuando sus horarios son incompatibles con las actividades de organizaciones o sindicatos. También están las preocupaciones: el acoso sexual, las agresiones o la inseguridad jurídica por las leyes de migración. “Ellas —comenta Bilbao en referencia a sus compañeras extranjeras—están aún en una situación de mayor vulnerabilidad al no tener papeles, no tener redes, no tener acceso a la vivienda. Muchas no pueden tener una jornada completa y no tienen respaldo, por lo que se ven obligadas a aceptar peores condiciones y peores trabajos”.

Situaciones como estan han abocado a muchas a crear sus propias organizaciones y sindicatos. “Cuando iniciamos la asociación, no conocíamos sindicatos que estuvieran trabajando el tema de la limpieza o los cuidados”, comenta Carolina García, desde la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Zaragoza, que continúa: “Ahora lo hacen, pero no de forma central, porque no somos fuente de financiación porque muchas veces no podemos pagar las cuotas, no tenemos contratos estables, somos muchas migrantes y desconocemos cómo funcionan los sindicatos. Ahora conocemos sindicatos como CNT y CGT y, sobre todo, estamos haciendo red con otras asociaciones similares en otras ciudades”.

“Tiene que ver —opinan desde Territorio Doméstico— con la crisis sindical en general, que está cada vez más alejados de los sectores sobre todo más precarizados. Y luego está que las grandes centrales sindicales no han respondido con la fortaleza que se necesitaba a las reivindicación de trabajadoras; no se han sabido adaptar a las formas organizativas que las trabajadoras de hogar tienen, como el apoyo mutuo; y después porque donde se sienten más a gusto es entre iguales, creando vínculos, con espacios de empoderamiento colectivo”.

Elena Vidal concreta más: “En la Comunidad de Madrid el convenio de ayuda a domicilio fue aprobado por CC OO y UGT con una subida salarial del 0,5%, muy por debajo de la subida del IPC, dejándonos más empobrecidas. Cuando los sindicatos mayoritarios hacen esas cosas, la gente no quiere saber nada de ellos”.

Desde el colectivo de Kellys, ya extendidas por numerosas ciudades del Estado español, hablan de fortalezas a la hora de organizarse entre iguales. “Durante los últimos seis años hemos luchado, en las calles, en las plazas, hemos denunciado y señalado a los hoteles explotadores; hemos hablado con los gobiernos, instituciones para explicar nuestras malas condiciones laborales. Actualmente vivimos en un mundo de injusticias, pero a pesar de ello hemos ganado mucho”, explica Miriam. “Hemos recibido muchos palos y el sistema nos ha expulsado, pero nos ha servido para ser más fuertes e imaginar en qué otro mundo es posible”, comentan, en referencia a proyecto de turismo sostenible también con derechos laborales que ellas mismas están creando desde su propia Central de Reservas. El objetivo, crear “un mundo limpio desde cero donde reine el amor, la belleza”.

lunes, 10 de mayo de 2021

#hemeroteca #mujeres #feminismo | De Huelva a Marruecos: las feministas marroquíes alzan la voz

El País / Cuatro temporeras de la fresa defendidas por Women's Link

De Huelva a Marruecos: las feministas marroquíes alzan la voz.

Las mujeres originarias del país magrebí están en pie de guerra para lograr una igualdad efectiva dentro y fuera de sus fronteras. Este es un repaso a su situación y sus luchas, desde las laborales, como la de las temporeras de la fresa en Huelva, hasta las sexuales, reproductivas o políticas.
Carmen Blanco Grigelmo | Planeta Futuro, El País, 2021-05-10
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-10/de-huelva-a-marruecos-las-feministas-marroquies-alzan-la-voz.html 

“Fuimos seis mil mujeres a Mohammedia. Hacíamos cola, nos empujábamos. Era todo un espectáculo, impresionante. Si te daban la hoja verde es que lo habías conseguido. Nos reímos mucho. Y si lo piensas, luchamos por trabajar en la miseria. Y era la miseria la que hacía que nos fuéramos”. Así expresa Saida —nombre ficticio— su experiencia como jornalera del ‘oro rojo’ en uno de los testimonios recogidos por la investigadora Chadia Arab en su obra ‘Señoras de la Fresa’.

La miseria de la que habla Saida es lo que buscan los que emplean a estas jornaleras que acuden cada año a trabajar en los campos onubenses. El perfil es claro: divorciada o viuda y con hijos a cargo, rural y pobre. “Buscan mujeres vulnerables para poder explotarlas fácilmente. Se aprovechan de la enorme necesidad que tienen”, argumenta Ana Pinto, portavoz del grupo 'Jornaleras de Huelva en Lucha', que tienen en marcha varias iniciativas de mejora de las condiciones laborales en el campo. El sesgo de este proceso de selección tiene como objetivo garantizar el retorno de las trabajadoras tras la temporada: “Se busca que sean los sostenes de sus familias para que no se queden en España”, añade Pinto.

Como señala Arab en su investigación, estas migraciones circulares se inscriben dentro del programa Aenas, financiado por la UE. El objetivo del mismo es reducir las migraciones irregulares, pero también mejorar la situación económica de España y el país de origen. En cambio, tal y como apuntan los testimonios, investigaciones y colectivos que hacen trabajo directo, todos ganan menos las propias trabajadoras. “La explotación y los abusos son intrínsecos al trabajo aquí. Además, con la covid ha aumentado el miedo y las medidas de seguridad han sido insuficientes”, subraya Pinto.

En los campos de Huelva trabajan mujeres de distintas procedencias: Marruecos, Polonia, Rumanía y otros países de África. Sin embargo, las marroquíes están sometidas a unas condiciones de aislamiento específico: “Una de nuestras principales reivindicaciones es que se abran las cancelas de los tajos para que podamos entrar y comprobar que se respetan sus derechos o poner las denuncias correspondientes”, cuenta la portavoz. Además, a mediados de abril de este año, las temporeras se manifestaban en Casablanca porque, a pesar de tener contrato en origen y haber pagado su visado no pudieron trabajar en la fresa, siendo un ingreso esencial para cubrir sus necesidades más básicas.

Sobrevivir a la violencia sexual
En los últimos años, han hecho visibles varios casos de violencia sexual que han sufrido en el contexto laboral y que ha tenido graves consecuencias sobre sus vidas. En febrero se produjo uno de los juicios por la vulneración de derechos de cuatro temporeras marroquíes contra la empresa Agrícola El Bosque. De la defensa se ha encargado la organización Women’s Link desde 2018. Aintzane Márquez, una de las abogadas del caso, lamenta la decisión de la jueza al inadmitir la demanda laboral, un hecho que conoció la primera semana de marzo. “No se analizó con una perspectiva de género el contexto que permitió y propició las vulneraciones de derechos que sufrieron nuestras representadas”, denuncia Márquez. Especialmente le preocupa que a las denunciantes no se les haya vuelto a contratar los años siguientes y creen que no es casual: “Es un mensaje muy grave a otras: si denuncias, te quedas sin trabajo”, sentencia. Con otros procedimientos abiertos por acoso y abuso sexual y una petición de investigación ante la ONU, esta organización se mantiene optimista. “Creemos que tarde o temprano la justicia se impondrá y se producirá el cambio estructural que las organizaciones venimos demandando desde hace años”, concluye.

El impulso de la Primavera Árabe
Estas migraciones circulares también están íntimamente relacionadas con la situación de las mujeres en este país norteafricano. Rajae El Khamsi, socióloga e investigadora en el Instituto de Estudios Hispano-Lusos de la Universidad Mohammed V de Rabat, es experta en el movimiento feminista en Marruecos. El movimiento ha conseguido grandes logros en las últimas décadas, según detalla esta experta, aunque todavía queda camino para alcanzar la igualdad. “Se han puesto en marcha muchísimas políticas institucionales para fomentar el desarrollo local, apoyando el cooperativismo y el asociacionismo para mejorar la situación de las mujeres, pero queda mucho por hacer”, asegura.

El punto de inflexión en Marruecos tuvo lugar en 2011, después de las movilizaciones de la ‘Primavera Democrática’, como se suele conocer en el país magrebí. Fue un año marcado, como dice El Khamsi, por la promulgación de la nueva Constitución de 2011, que introdujo la paridad y la creación de instituciones encargadas de garantizarla.

El movimiento de mujeres en Marruecos, según El Khamsi, ha registrado muchos avances en las dos últimas décadas en materia de estatuto personal, participación política de las mujeres, etc. y aún sigue planteando varias reivindicaciones en relación con la lucha contra la violencia machista. En 2018 se aprobó la ley de violencia contra las mujeres: un logro que no ha sido fácil. La socióloga cuenta que ha costado seis años de negociación entre las instituciones públicas y las asociaciones de mujeres, pero la ley está lejos de recoger las demandas de las feministas. Como aclara la experta, la preocupación por el problema data de mucho antes de que saltara al debate público: “Las organizaciones de mujeres ya trabajaban antes con las víctimas haciendo acompañamiento y creando centros de acogida”, afirma.

Esta ley esperada desde hace años, como explica la investigadora, fue calificada como insuficiente por organizaciones como la Red de Primavera de la Dignidad o Human Rights Watch entre otras. Por eso, tras su aprobación multitud de organizaciones pidieron que retiraran el proyecto y exigieron una ley que aborde el problema de manera integral. “Las feministas consideran que siempre será insuficiente mientras no se base en una aproximación global de la violencia contra las mujeres en el espacio público y el privado, y en una definición completa de todas las formas de violencia conforme a los estándares internacionales”, expone El Khamsi.

Derechos sexuales y reproductivos
El derecho al aborto ha saltado a la escena internacional con las grandes movilizaciones que han recorrido parte de América Latina con el ejemplo victorioso de Argentina, pero también países de Europa como Polonia. En Marruecos también ha sido una de las prioridades del movimiento, aunque por ahora no se ha logrado la legalización en los términos que proponen las asociaciones. Este debate tuvo gran importancia en 2015, donde organizaciones como la Asociación Marroquí de Lucha contra los Abortos Clandestinos (AMLAC) denunciaron que en Marruecos se producen entre 600 y 800 abortos clandestinos diarios que ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres. Desde Primavera de la Dignidad están proponiendo mejoras en la ley del aborto actual, que solo contempla el supuesto en el que la vida de la mujer esté en riesgo. La detención de Hajar Raissouni, una periodista arrestada por interrumpir su embarazo en 2019, activó al movimiento para exigir modificar esta ley. A pesar de haber un proyecto sobre la mesa desde 2016, todavía no ha sido votado ni aprobado, por lo que no tiene ninguna vigencia.

Las feministas del norte de Marruecos también se unieron al clamor internacional de 'El violador eres tú', con su versión, Mi cuerpo mi libertad, en la que pedían mayor protección de los derechos sexuales. Asimismo, otras organizaciones como 'Fuera de la ley' han lanzado la campaña #STOP490. Su fin es lograr la derogación del artículo 490 del Código Penal que penaliza las relaciones extramatrimoniales, llegando incluso a sentenciar penas iguales o superiores a las que se imponen a violadores, tal y como expresan en sus redes sociales.

El último repunte
Para El Khamsi, el movimiento feminista atraviesa una oportunidad única en el país: “Es un buen escenario porque la Constitución del 2011 las ampara”, celebra. Además, este momento clave, ha tenido un nuevo repunte en las últimas semanas. La coalición de organizaciones 'Paridad Ahora' presentó a principios de febrero el resultado de una recogida de firmas de la campaña en la que piden paridad plena en el ámbito político e institucional, que dista mucho del panorama actual. La iniciativa surge meses antes de las elecciones que se celebrarán en septiembre de 2021. “Espero que el próximo gobierno las escuche y tenga a más mujeres en sus filas”, desea El Khamsi.

A pesar de la pandemia, el movimiento feminista sigue avanzando hacia la sociedad a la que aspira. Aunque las victorias tardan en llegar, ellas se han mostrado imparables y han comprobado que su lucha tiene resultados logrando cambios históricos que mejoran la vida de millones de mujeres.

miércoles, 31 de marzo de 2021

#hemeroteca #homofobia #derechoshumanos | Toni Kroos carga contra Catar por el Mundial 2022: de la homofobia a los abusos contra los trabajadores

El País / La selección alemana pide Derechos Humanos en Qatar

Toni Kroos carga contra Catar por el Mundial 2022: de la homofobia a los abusos contra los trabajadores.
EFE | El Desmarque, 2021-03-31

https://eldesmarque.com/madrid/real-madrid/noticias/214643-toni-kroos-carga-contra-catar-por-el-mundial-2022-de-la-homofobia-a-los-abusos-contra-trabajadores

El internacional alemán y jugador del Real Madrid Toni Kroos ha calificado de "inaceptables" las condiciones laborales vigentes en Catar, el país que albergará el Mundial de 2022 y que, según denuncia, no garantiza la seguridad de sus trabajadores.

"Los trabajadores inmigrantes están sometidos a jornadas sin descanso bajo tórridos 50 grados, sufren una alimentación insuficiente, sin agua potable y a temperaturas de locura", afirma el jugador, desde el podcast conjunto con su hermano Felix.

En esas condiciones, no hay ninguna garantía tampoco de seguridad para quienes trabajan para el torneo ni tampoco atención médica, prosigue Kroos, para quien la decisión de celebrar el mundial ahí "no fue buena".

El jugador madridista recuerda, además, que en Catar se persigue penalmente la homosexualidad y que se practica "cierta violencia" sobre los trabajadores.

"Todo eso son puntos absolutamente inaceptables", dice, aunque sin llegar a proponer un boicot a ese Mundial. "¿Serviría eso para mejorar las condiciones laborales? Creo que no", argumenta, para apuntar a la posibilidad de llamar la atención sobre esas situaciones aprovechando el torneo.

"El fútbol despierta siempre una atención extrema. Sea antes del torneo o durante éste", sugiere el jugador.

Los internacionales alemanes mostraron en los últimos partidos clasificatorios -contra Islandia y contra Rumanía- camisetas alusivas a los derechos humanos, a modo de pronunciamiento contra las vulneraciones y en consonancia con la Carta de Naciones Unidas.

Y TAMBIÉN…
Alemania se manifiesta y se pasea.

Los jugadores germanos reclaman derechos humanos para los trabajadores migrantes en Qatar antes de golear a Islandia.
Diego Torres | El País, 2021-03-25
https://elpais.com/deportes/2021-03-25/alemania-se-manifiesta-y-se-pasea.html

martes, 2 de febrero de 2021

#hemeroteca #mujeres #trabajo | La justicia obliga a readmitir a 25 'kellys' despedidas del Parador de Alcalá de Henares


La justicia obliga a readmitir a 25 'kellys' despedidas del Parador de Alcalá de Henares.

Paradores subcontrató a Eulen, que despidió a las empleadas al negarse a aplicar el convenio provincial de hostelería.
Carlos Molina | Cinco Días, 2021-02-02
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/02/02/companias/1612273836_529407.amp.html 

Nuevo triunfo de las camareras de piso en su guerra contra la precariedad. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado nulo el despido de 25 camareras de piso del Parador de Alcalá de Henares, notificado el pasado 16 de septiembre y condena a Eulen, la compañía a la que Paradores subcontrató el servicio, a que readmita a las trabajadoras y les abone los salarios que han dejado de percibir hasta la fecha de la sentencia, contra la que cabe recurso.

Eulen resultó adjudicataria en agosto de un contrato por parte de Paradores de España para la realización de los servicios de limpieza en los centros situados en la zona centro y sur de España, así como en Canarias. En el citado contrato, tal y como recalca CC OO en un comunicado, "se establece la obligación de subrogación del personal que desarrollaba su labor con la anterior empresa adjudicataria (Samic Iberia)". Una obligación que también conllevaba, tal y como habían firmado Paradores y sindicatos, que a las empleadas se les aplicara el convenio provincial de hostelería, que recoge mejores salarios y condiciones que las que oferta la empresa multiservicios.

Eulen se negó a aplicar el convenio provincial de hostelería y procedió a dar de baja a las 25 trabajadoras que prestaban su servicio en Alcalá de Henares. Ahora la justicia anula esos despidos y obliga a la readmisión. "Con independencia de que Paradores no ha sido condenada en esta ocasión, CC OO entiende que debe hacerse responsable de hacer cumplir sus propias normas laborales, sobre todo teniendo en cuenta que es una empresa de titularidad pública. En cualquier caso, no es demasiado tarde para que Paradores demuestre su responsabilidad para con su plantilla puesto que está en sus manos que estas trabajadoras se incorporen cuanto antes a su puesto de trabajo. Lo único que tiene que hacer es exigir a Eulen que no recurra la sentencia".

sábado, 14 de marzo de 2020

#hemeroteca #saludpublica #trabajodomestico | Las trabajadoras del hogar denuncian ser las olvidadas en la crisis del coronavirus

Imagen: Público / Rafaela Pimentel, de Territorio Doméstico
Las trabajadoras del hogar denuncian ser las olvidadas en la crisis del coronavirus.
¿Quién protege a las cuidadoras? Si esta pregunta estaba en el aire antes de la crisis del coronavirus, ahora se ha vuelto crítica. Mujeres sin derechos arriesgan su integridad y su trabajo para no perder el empleo.
Marisa Kohan | Público, 2020-03-14
https://www.publico.es/economia/trabajadoras-del-hogar-denuncian-olvidadas.html

Cuando María le dijo a sus empleadores que necesitaba unos días para poder cuidar a su hija de 11 años que desde el pasado miércoles se quedó en casa por el cierre de los colegios, la primera respuesta que recibió por parte su empleadora fue que se iba cuando más la necesitaban. Cuando su marido estaba en cuarentena por haber dado positivo por coronavirus y su hija en casa sin colegio. María (nombre ficticio) no sólo tiene miedo a perder esos días de trabajo, sino a perder el empleo.

Desde diversas asociaciones de trabajadoras del hogar y de los cuidados resaltan que si la situación de este colectivo ya era terrible (especialmente el de las internas que cuidan a adultos mayores), el contexto actual empeora aún más la situación.

"Han empezado a acudir a la asociación empleadas del hogar en régimen de internas cuyos empleadores les ha prohibido salir de sus hogares hasta que se levante la alerta", afirma Carolina Elías, presidenta de la Asociación Servicio Doméstico Activo (Sedoac). "Esto provoca en la población trabajadora, además de ansiedad y angustia, explotación laboral y la imposibilidad de poder hacer su propia conciliación", añade.

Uno de los problemas con las que realizan su trabajo como internas, apuntan desde la asociación, es que las horas de descanso y que se dedican a desconectar y salir, no se están considerando como horas de descanso y mucho menos se pagan como horas extras.

Las organizaciones del sector denuncian que, al menos un 30% de las trabajadoras del hogar y de los cuidados no están dadas de alta y recuerdan que si bien desde 2012 es obligatoria darlas de alta en la Seguridad Social, aún se hace en un sistema especial con un recorte de derechos y cotizaciones que las mantienen en una situación de tremenda precariedad. A diferencia del resto de trabajadores por cuenta ajena, no tienen derecho a seguro de desempleo, ni los mismos criterios de cálculos que el resto de trabajadores para cobrar las pensiones. Tampoco disponen de días propios y las inspecciones de condiciones laborales son inexistentes.

Muchas de ellas trabajan cuidando a personas mayores, como Amalia, que cuida a un matrimonio de avanzada edad. Afirma que ha tomado medidas para extremar la higiene y medidas de protección para no contagiar ni contagiarse. "Me lavo muy seguido las manos, me cambio de ropa al llegar, si uso transporte público intento tocar lo mínimo o usar guantes". Pero lamenta que, como colectivo que cuida a los más vulnerables, no han tenido ningún tipo de comunicado con indicaciones o protocolos, ni tampoco acceso a material básico como guantes, desinfectantes o mascarillas. "Hacemos nuestro trabajo con informaciones que circulan y tomamos las precauciones". Amalia que convive y cuida a sus dos nietas (de 4 y 14 años) afirma que ha "extremado las precauciones al máximo porque si no quién cuida de nosotras y nuestras familias?".

Para Rafaela Pimentel, portavoz de Territorio Doméstico, la situación de estas trabajadoras es dramática. "Ellas tienen miedo a perder su trabajo, por lo que acaban asumiendo tareas más allá de sus responsabilidades y que las pueden poner en riesgo por miedo a perder el empleo. Hay una situación de gran vulnerabilidad porque a ver cómo le dices a tus empleadores que te tienen que cuidar y que te vas a quedar en tu casa para que la persona mayor a la que cuidas no te contagie. No lo van a hacer porque necesitan el trabajo".

Peticiones al Gobierno
"No creo que se vayan a tomar más medidas" afirma Pimentel, en referencia a las que anunció el Gobierno esta semana, puesto que las prestaciones que decretó el Gobierno para las trabajadoras incluidas en el régimen general de la Seguridad Social, no aplican para las empleadas del hogar y de los cuidados.

Por eso, organizaciones como Sedoac reclama al Gobierno que las prestaciones que se han decretado o se decreten para las trabajadoras del régimen general también sean aplicadas a las trabajadoras del hogar y de los cuidados. Que si se establecen restricciones para el uso del transporte público se facilitan medios de desplazamiento gratuitos, puesto que es imposible para este colectivo desplazarse a cuidar en taxi.

Exigen, además, que se vigilen y pongan freno a las prácticas abusivas de las empresas de intermediación laboral y plataformas web, que ofrecen servicios con hasta un 50% de descuentos, que reducen el salario de las cuidadoras.

Por último reclaman que, al igual que el resto de las trabajadoras que cotizan a la seguridad social, puedan solicitar bajas por cuidado de menores y recibir exenciones fiscales como población especialmente afectada por el coronavirus.

Según los datos sobre condiciones de trabajo de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2018, en nuestro país hay 628.800 empleadores de trabajadoras del hogar, de las cuales 407.587 están afiliadas a la Seguridad Social. Si bien la diferencia en las cifras apunta a que existe un importante número de ellas que no cotizan ninguna de las horas trabajadas, esta cifra es difícil de calcular, puesto que, tal como apuntan desde el sindicato UGT, muchas están contabilizadas varias veces debido a que trabajan por horas o a tiempo parcial en más de un hogar.

viernes, 24 de enero de 2020

#hemeroteca #iglesia #violenciasexual | El Vaticano levanta el tabú sobre los abusos sexuales y laborales contra las monjas

Imagen: El País / Jorge Mario Bergoglio (c, de blanco) con un grupo de monjas en el Vaticano
El Vaticano levanta el tabú sobre los abusos sexuales y laborales contra las monjas.
La Iglesia creará una comisión para ayudar a las religiosas “quemadas” por el trabajo.
Lorena Pacho | El País, 2020-01-24
https://elpais.com/sociedad/2020/01/24/actualidad/1579875986_054823.html

Los abusos, tanto sexuales como de poder, cometidos contra las monjas en el seno de la Iglesia católica es un tema espinoso que el Vaticano aún no ha abordado plenamente, como sí ha hecho con los abusos sexuales a menores que han sacudido a la institución en las últimas décadas y han desatado una de sus mayores crisis. El suplemento mensual femenino del diario vaticano, L'Osservatore Romano se acerca en su próximo número de febrero -se publicará el 26 de enero- a las condiciones de vida de las religiosas en la Iglesia y ofrece una panorámica demoledora de los abusos y la explotación laboral que sufren las monjas. Constatan que se dan casos de agotamiento laboral y estrés postraumático, un tema que hasta ahora había sido tabú.

En una entrevista, el prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, el cardenal João Braz de Aviz, admite que a su dicasterio llegan informes de casos de abusos a religiosas por parte de sacerdotes y que se están investigando. Si las víctimas de este tipo de crímenes son religiosas o religiosos, las denuncias las gestiona este organismo de la Santa Sede, a diferencia de los abusos a menores o a adultos laicos o seminaristas, de los que se ocupa la Congregación para la Doctrina de la fe, con mayores competencias. Cuando se trata de monjas faltan reglas precisas que dicten cómo proceder y protocolos actualizados de prevención.

El purpurado responsable del ente que gestiona los conventos también muestra su preocupación porque “empiezan a aparecer casos de abuso sexual entre monjas”, un “fenómeno que ha permanecido más oculto”, pero que “tendrá que salir a la luz”. “En una congregación nos han señalado hasta nueve sucesos”, apunta. Y recuerda que el papa Francisco ha pedido “transparencia total” en los casos de violencia sexual sobre las monjas.

Braz de Aviz también saca a la palestra otras cuestiones punzantes como el abuso de autoridad o el abandono y repudio que sufren las religiosas cuando dejan el convento. “Cuando la autoridad se interpreta como poder y no como servicio se puede llegar a situaciones dolorosas. Creo que las personas que desempeñan funciones de liderazgo también deberían aprender a compartir la vida y todas las necesidades con la comunidad como cocinar o limpiar”, apunta el cardenal. Y explica también que en Roma, a petición del Pontífice argentino, existe una casa de acogida para exmonjas, que han decidido apartarse de la vida religiosa o que han sido expulsadas y no tienen recursos, sobre todo si son extranjeras. “Nos enfrentamos a personas heridas con las que tenemos que reconstruir la confianza; debemos cambiar la actitud de rechazo, la tentación de ignorar a estas personas, de decir ‘ya no es nuestro problema”, reivindica. Y señala que ha visto un caso en el que la exreligiosa se ha visto obligada a prostituirse para poder mantenerse después de colgar los hábitos.

La revista vaticana, que se llama Mujeres, mundo, Iglesia y que en el pasado también ha denunciado abusos y explotaciones a monjas, aborda además el problema del agotamiento laboral y el estrés postraumático que afecta a un gran número de religiosas, un tema tabú hasta el momento. El asunto se trató en el último encuentro de la Unión Internacional de Superiores Generales (UISG), que decidió establecer una comisión internacional de cuidado personal que durante los próximos tres años estudiará el fenómeno y propondrá medidas para resolverlo.

Vacaciones, paga y vivienda
Según explica a la publicación la monja australiana Maryanne Lounghry, psicóloga e investigadora del Boston College y la Universidad de Oxford, las religiosas, muchas afectadas por el llamado síndrome del trabajador quemado, esperan que, al igual que en los casos de abusos a menores, se establezcan unas “líneas guías” que delimiten sus obligaciones y sus derechos en sus lugares de trabajo. También reclaman algo que se parezca a un contrato de trabajo. “Cada religiosa tiene que tener una especie de código de conducta, una carta de acuerdo con el obispo o el párroco para poder decirle: 'Sabe, trabajé 38 horas esta semana o no puedo trabajar el domingo y vuelvo el lunes, necesito un día libre'. Un contrato de negociación te hace más fuerte”, añade Lounghry.

“Invertir en el bienestar de las monjas” y, por ejemplo, concederles “dos semanas de vacaciones, una paga, una situación de vivienda digna, acceso a internet” o “incluso un año sabático después de cinco años de trabajo” son otras de las cuestiones que necesitan regulación con urgencia. “Trabajar en la ambigüedad, sin ciertas reglas, puede hacer que me sienta intimidado, abusado, molestado”, señala la psicóloga.

El papa Francisco, que en su primera homilía del año lanzó un fuerte alegato contra la violencia que sufren las mujeres, dentro y fuera de la Iglesia, admitió el año pasado que existen casos de abusos a las monjas por parte de sacerdotes y obispos . “No es algo que todos hagan, pero hay sacerdotes y obispos que lo hicieron, y aún lo hacen”, dijo en el vuelo de regreso de su viaje a Emiratos Árabes Unidos. “¿Tenemos que hacer aún más? Sí. ¿Tenemos la voluntad? Sí. Pero es un camino que viene recorriéndose desde hace tiempo”, añadió.

Los abusos sexuales dentro de las congregaciones religiosas no son un fenómeno nuevo ni solo reciente. Comenzaron a denunciarse en los años noventa. En 1995 la religiosa Maura O'Donohue presentó un informe sobrecogedor que destapó un panorama desolador, sobre todo en África: casos de novicias violadas por sacerdotes; médicos de hospitales católicos que se ven asediados por curas que les llevaban “a monjas y otras jóvenes para abortar”; o superioras que denunciaron la situación y acabaron suspendidas. En los últimos años han salido a la luz casos en todo el mundo, que aún no han recibido respuesta.

lunes, 2 de diciembre de 2019

#hemeroteca #politica | Marruecos pone fin al contrabando con Ceuta y asfixia la ciudad

Imagen: El Confidencial / Porteadora en Melilla
Marruecos pone fin al contrabando con Ceuta y asfixia la ciudad.
Desde la ciudad, se exportaban anualmente mercancías por valor de 700 millones. Este comercio era uno de sus principales motores económicos.
Ignacio Cembrero | El Confidencial, 2019-12-02
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-12-02/marruecos-ceuta-contrabando-asfixia-ciudad_2359167/

Después de Melilla, Ceuta. Las autoridades de Marruecos han suspendido el contrabando a través de la frontera ceutí desde hace casi dos meses y varios indicios apuntan a que esa decisión es definitiva. Hace 17 meses, Rabat ya cerró, sin consultar a España, la aduana comercial en la frontera de Melilla, cuya apertura fue pactada en el tratado hispano-marroquí de Fez de 1866.

“Son muchos los síntomas de que Marruecos ha dado por concluido el fenómeno del porteo [contrabando tolerado]”, afirma Abdelmalik Mohamed, presidente de la Asociación Residentes en Ceuta. Sus palabras resumen una opinión generalizada en la ciudad autónoma, asfixiada económicamente por Rabat, que nunca quiso abrir una aduana comercial para que pudiera exportar legalmente a Marruecos.

“Ceuta se muere”, escribía este domingo, en la portada de 'El Faro de Ceuta', Carmen Echarri, su directora. “Lo hace poco a poco”, añadía. “Se va desfigurando. Se arrastra a base de puñaladas que abren heridas que nadie tapona. La suspensión del porteo (…) ha supuesto la puntilla a una situación gravísima. Se está ante un asunto de mayor envergadura que afecta a todos y que muestra ya sus primeras consecuencias en forma de despidos (...). Es una asfixia brutal”, concluía.

El contrabando o “comercio atípico”, como lo llaman los ceutíes, movía, sin embargo, un volumen mucho mayor de mercancías que las exportaciones legales de Melilla a Marruecos (47 millones de euros en 2017). Cuando era consejero de Hacienda de Ceuta, Guillermo Martínez Arcas (PP) calculó que las exportaciones de su ciudad a Marruecos ascendían a unos 700 millones de euros anuales, el equivalente de las ventas españolas de vino y aceite a EEUU.

El director general de Aduanas marroquí, Nabyl Lakhdar, daba, el miércoles pasado, una estimación muy parecida en el diario digital 'Medias 24': entre 565 y 754 millones. En total, según Lakhdar, la Hacienda marroquí deja de percibir anualmente entre 360 y 540 millones de euros en aranceles a causa del contrabando con las dos ciudades españolas. Aunque reconocen el perjuicio causado, expertos españoles consideran esta horquilla muy exagerada.

“Hay dos opciones: seguir conviviendo con este fenómeno con todo el daño que genera a nuestra economía, como así lo hemos hecho durante años, y destruir empleo en casa, o afirmar que el contrabando es una infracción, y pararlo”, añadía Lakhdar. El 'comercio atípico' es una competencia desleal para los que fabrican en Marruecos o importan legalmente mercancías a través de los puertos de Casablanca y Tánger. Un estudio encargado a una consultora por la agencia pública para el desarrollo de la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas (ARTTA) aportará pronto datos sobre el perjuicio que el contrabando causa a la economía marroquí.

El 'comercio atípico' era hasta ahora uno de los principales motores económicos de Ceuta, y lo sigue siendo de Melilla. Aunque solo genera unos centenares de puestos de trabajo —los 7.500 porteadores que acarrean los bultos son todos marroquíes—, el impuesto de importación (IPSI) de esas mercancías es una importante fuente de ingresos para la ciudad. Debía de proporcionar este año el 24,43% (71,6 millones) del presupuesto municipal. La recaudación se quedará por debajo, pero el Estado compensará la diferencia.

Rabat venía ya recortando desde hace meses los productos que podían entrar en Marruecos y prolongando los cierres de Tarajal II, la frontera por la que transita el contrabando con Ceuta, con motivo de las fiestas religiosas de ambos países o de las vacaciones veraniegas. También incrementó con nuevos aduaneros —medio centenar, según la prensa ceutí— sus efectivos en la frontera.

En primavera, la aduana marroquí prohibió la entrada de ropa, y el 7 de octubre hizo otro tanto con las almendras, al tiempo que anunció a la Delegación del Gobierno en Ceuta que los productos perecederos, sobre todo el atún y los lácteos, también iban a ser vetados. Manifestó, además, su intención de hacer un censo de porteadores para que solo aquellos en riesgo de pobreza pudieran seguir trabajando.

Los empresarios del polígono ceutí cercano a la frontera, en cuyas naves se almacenan las mercancías destinadas al contrabando, pidieron a la Delegación del Gobierno que solicitara a sus interlocutores marroquíes una moratoria para que pudieran dar salida a su 'stock'. Estos rechazaron la petición. Los patronos del polígono replicaron entonces cortando todo el contrabando. Estaban convencidos de que la protesta masiva de los porteadores obligaría a la aduana marroquí a abrir la mano, según fuentes conocedoras de los contactos que mantuvieron con la Delegación del Gobierno.

Unos 3.000 porteadores se han concentrado, según la estimación de la prensa ceutí, un par de veces del lado marroquí de la frontera bloqueándola por completo durante un par de horas. Eso es todo. “La tibieza de la movilización está incitando a Rabat a prolongar el cierre hasta que sea definitivo”, señala una fuente al tanto de las intenciones marroquíes. “Solo si se produjera una revuelta, la decisión de la aduana sería reversible”, vaticina.

El cierre definitivo goza de apoyos en la incipiente sociedad civil marroquí. Mohamed Benaissa, que preside desde Tetuán el Observatorio del Norte para los Derechos Humanos, lo ha pedido en más de una ocasión alegando el carácter “inhumano” del trabajo de los porteadores. En lo que va de año, han fallecido dos porteadoras del lado marroquí de la frontera y varias decenas han resultado levemente heridas.

En Castillejos (que los marroquíes llaman Fnideq), la aglomeración urbana marroquí de 78.000 habitantes pegada a Ceuta, la supresión del porteo se vive como una crisis. “Si se acaba con el contrabando, nadie saldrá ileso aquí”, comenta al teléfono un joven residente en España que ha regresado recientemente a la ciudad. “Es que no solo los porteadores, sino también los restauradores, los tenderos, los taxistas, etcétera son los que están siendo golpeados” por su suspensión, añade. “Y no solo en Castillejos sino también en Tetuán [380.000 habitantes], donde se vive en parte de ese negocio”, concluye. De Castillejos y sus alrededores salen además a diario unos 5.000 marroquíes, casi la mitad empleadas de hogar, a trabajar en Ceuta, la mayoría en negro.

Para Marruecos, acabar con el contrabando es una tarea ingente, y no solo porque la mayoría de los porteadores se irán al paro sin cobrar ningún subsidio. Para atenuar el impacto, Rabat estudia poner en marcha un plan de apoyo a las mujeres porteadoras, según Lakhdar. Gracias a este comercial ilegal, pero tolerado, cientos de aduaneros y policías redondean sus ingresos cobrando comisiones de los empresarios por hacer la vista gorda o dedicándose ellos mismo a trapichear a través de terceros, como señala un informe del Parlamento marroquí publicado el 9 de julio. Hace ya más de una década, el semanario 'Al Ayam' de Casablanca calculó que se embolsaban al año unos 90 millones de euros en 'propinas'.

Gran parte de este comercio se hace además en efectivo y en dírhams, lo que permite a Marruecos ahorrar divisas. Ceuta y Melilla son los dos únicos lugares del mundo donde se cotiza la moneda marroquí. El contrabando es, por último, uno de los cauces del blanqueo del dinero de la droga (resina de cannabis) que mueve a ambos lados del Estrecho de Gibraltar unos 10.750 millones de euros al año, según Naciones Unidas. Marruecos es el mayor exportador del mundo de ese estupefaciente.

En Melilla, el “comercio atípico por ahora no está interrumpido, aunque existe temor y un profundo malestar entre los empresarios que se dedican a él”, comenta Julio Liarte, que hasta hace 10 días era consejero de Hacienda de la ciudad. Allí, la delegación del Gobierno sí hizo, hace más de una década, una estimación de cuánto dinero movía y llegó a la conclusión de que ascendía a unos 450 millones de euros anuales, un cálculo que también coincide con el marroquí.

Para Melilla, el cierre unilateral por Rabat de la aduana comercial fue, el 1 de agosto de 2018, un enorme revés por el que el Gobierno español nunca formuló la menor queja, mientras que el ministro Josep Borrell hizo a los melillenses promesas incumplidas. Ahora se añade la amenaza de que, si la supresión del contrabando no causa demasiados problemas en Ceuta, las autoridades marroquíes harán otro tanto en la frontera melillense ahogando aún más a la ciudad autónoma.

Reconvertir a los porteadores, entre 3.000 y 5.000, que cruzan a diario la frontera de Melilla, según la estimación del Ministerio del Interior español, sería para Rabat todavía más difícil de hacer en los aledaños de Ceuta. La región de Tetuán y Tánger, que circunda Ceuta, es la que más se ha desarrollado en Marruecos durante los 20 años de reinado de Mohamed VI, por lo que las posibilidades de encontrar allí un trabajo de subsistencia son algo mayores que en Nador y Beni Enzar, las ciudades colindantes con Melilla.

Y TAMBIÉN…
Trampa mortal en la frontera entre España y Marruecos: "Es un pasillo de Guantánamo".
Avalanchas, asfixias, golpes y empujones. Así es el día a día de las mujeres porteadoras.
Rebeca Hortigüela | El Confidencial, 2019-07-20
https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2019-07-20/la-muertes-invisibles-del-comercio-en-la-frontera-de-espana-con-marruecos_2120735/

lunes, 16 de septiembre de 2019

#hemeroteca #trabajosexual | Ámsterdam estudia remodelar el Barrio Rojo

Imagen: El Salto
Ámsterdam estudia remodelar el Barrio Rojo.
El gobierno de la capital neerlandesa debate con vecinos, trabajadoras sexuales y empresarios qué hacer con el controvertido centro de la prostitución. La corriente abolicionista gana espacio y advierte de que la legalización no ha frenado el tráfico de personas.
Carles Planas Bou | El Salto, 2019-09-16
https://www.elsaltodiario.com/trabajo-sexual/amsterdam-estudia-remodelar-barrio-rojo

Las luces de neón del distrito rojo de Ámsterdam se van apagando: hace una década había hasta 500 ventanas; hoy, quedan unas 330. Según la ley, cada ciudad es autónoma para organizar su propia industria sexual y establecer licencias. La estrategia del anterior gobierno local de la capital neerlandesa, que impulsó el cierre de los escaparates en callejones —los más preciados por su privacidad— por considerar que daban amparo a actividades criminales explica la mengua estos ventanales.

La nueva alcaldesa de la ciudad, la ecologista Femke Halsema —elegida en junio de 2018—, se ha sumado al debate sobre qué hacer con el Barrio Rojo proponiendo varias medidas que van desde cerrarlo y abrir burdeles en otras zonas de la ciudad a ampliar los escaparates del barrio, pero manteniendo las cortinas de las ventanas cerradas para evitar que se conviertan en una atracción turística.

Los pasos que se han dado hasta ahora hacen pensar que el cambio es inevitable: en marzo de este año, el Ayuntamiento aprobó la prohibición de las visitas guiadas por esa área. Además, durante este verano, agentes municipales se han reunido con vecinos, trabajadoras autónomas y propietarios en un debate público sobre esas propuestas cuya resolución se votará a finales de año.

Con ello, el equipo del Gobierno local quiere “garantizar los derechos” de las prostitutas autónomas y combatir las actividades criminales asociadas a este mundo. La prostitución en burdeles se legalizó completamente en el año 2000 para combatir el tráfico sexual y el maltrato de las prostitutas, pero esa problemática sigue más que viva dos décadas después.

En 2017, las autoridades procesaron a 157 traficantes, 127 de los cuales fueron declarados culpables, más que en 2016. Aún así, esos datos pueden referirse a otro tipo de trata, como la que destina al sector agrícola a personas en régimen de semiesclavitud. También asistieron a menos víctimas, 952, algo que se achaca a la disminución de recursos destinados a combatir este problema, que han sido destinados a la vigilancia antiterrorista.

La falta de datos oficiales sobre la industria hace que el debate sea más complejo, pero las estimaciones del Gobierno y de las Naciones Unidas señalan que de las 30.000 trabajadoras sexuales que hay en todo el país hasta 3.000 mujeres podrían estar siendo forzadas a prostituirse cada año, muchas de ellas del este de Europa. De éstas, casi la mitad —unas 1.320— son menores. La situación es preocupante porque, en muchos casos, esas víctimas tienen poca visibilidad.

“Es un barrio antiguo, extremadamente caro, y para tener a gente rica y privilegiada deben desaparecer los burdeles y los escaparates”, lamenta Antje. A sus 53 años, esta enfermera nacida en la capital que optó hace media década por salir del hospital y ejercer de ‘escort’ para gente con discapacidades ve en las medidas de los últimos años una agenda oculta de gentrificación.

Trabajadoras que pagan impuestos
Es otro día gris y húmedo en Ámsterdam, pero cuando uno sale a la calle los grandes ventanales sin cortinas siguen mostrando la intimidad de sus habitantes. También en el concurrido Barrio Rojo, cuyos canales medievales serpentean entre las luces de neón de tiendas de juguetes eróticos, burdeles y locales donde operan, cada vez menos, las trabajadoras sexuales de la capital neerlandesa. Desde 2000, ofrecer servicios sexuales es legal, pero aún hoy ser trabajadora sexual en los Países Bajos es difícil.

El gobierno legalizó la prostitución a finales del siglo pasado. Aunque aceptada, la industria del sexo no tenía un sitio legal donde ejercerse, creando un absurdo parecido al que vive actualmente el mundo cannábico. En el año 2000 se puso fin a esa situación con la regulación de los burdeles: se convirtieron en negocios autorizados con licencias y, desde entonces, las prostitutas entraron al sistema, crearon su sindicato y pagan impuestos como otra trabajadora más. El turismo sexual es un jugoso negocio que actualmente aporta al país unos 100 millones de euros al año.

No obstante, su situación no es idílica. “Es horrible como hay gente de la calle que se ríe de ti, te saca fotos o te mira con pena como si fuese una víctima”, explica Kim, una socióloga estadounidense de 26 años que en 2016 se mudó a Ámsterdam para estudiar y que por curiosidad empezó a trabajar en las ventanas. “Exhausta”, tuvo que parar y ponerse a trabajar en un restaurante, pero al poco tiempo también lo abandonó, explica, por su “ambiente sexista”.

Por temor al qué dirán, Kim evitó compartir su realidad con su familia. Antje la entiende, pasó por lo mismo. “No estoy avergonzada de lo que hago, pero aún debo llevar una vida en paralelo”, asegura. A diferencia de otras, ella está registrada como autónoma de cuidado personal, no como prostituta, una situación que puede considerarse en cierto modo afortunada, ya que estar registrada como trabajadora sexual dificulta alquilar un piso, adquirir una hipoteca e incluso abrir una cuenta en un banco, como denuncia el sindicato de las trabajadores y trabajadoras sexuales PROUD. “Siguen siendo mal vistas”, remarcan. Legalización sí; aceptación, ya no tanto.

A pesar de ese estigma social, las trabajadoras sexuales también destacan los beneficios de un sistema que les permite “ser independientes”, aseguran, y tener un espacio legal con derechos. Hay quien opera como ‘escort’, quien trabaja por internet y quien lo hace en burdeles o en las ventanas del Barrio Rojo —en la calle sigue prohibido—. Esas ventanas se alquilan por tiempo y las prostitutas pueden decidir cuando, cómo y con qué clientes trabajan. Los servicios sexuales suelen pagarse a 50 euros, aunque cada trabajadora pone sus condiciones. “Me siento más segura y empoderada detrás de la ventana que como mujer andando por la calle”, señala Kim. Las ventanas cuentan con un espacio sanitario y un mecanismo de protección que, en caso extremo, las conecta con la policía.

Debate feminista
Dentro y fuera de los Países Bajos, la prostitución se ha convertido en uno de los temas que más divide al movimiento feminista. La corriente más presente en Ámsterdam es la regulacionista, que aboga por una legalización del trabajo sexual que dote de derechos a las prostitutas voluntarias para que ejerzan de manera digna y que persiga el tráfico. “Las mujeres siempre somos utilizadas como objetos”, asegura Kim. “Al menos en este trabajo yo tengo el control y establezco las condiciones”.

Aunque reconoce que no es un trabajo “que todo el mundo pueda y deba hacer”, la antropóloga cultural de la Universidad de Ámsterdam Marie-Louise Janssen ve en la prostitución regulada una “vuelta de tuerca al patriarcado” que permite a la mujer controlar su sexualidad sin paternalismos, y le reporta un salario para ser más independiente. “No es un modelo perfecto, pero al menos da a las chicas un entorno de seguridad jurídica”, explica. “Es ridículo pensar que todas las mujeres de las ventanas son esclavas”.

Sin embargo, otra corriente está haciéndose visible en la capital. Según la visión abolicionista, la prostitución es una institución patriarcal que fuerza a mujeres y niñas a ser explotadas sexualmente en beneficio de un proxeneta que las oprime y que condena a las más vulnerables perpetuando la desigualdad.

Así, a principios de abril, la asociación ‘Exxpose’ recabó 42.000 firmas para impulsar una ley que criminalice a los clientes que paguen por sexo con mujeres explotadas, siguiendo el modelo ya aplicado en los países nórdicos y en Francia, algo que ahora se debatirá en el Parlamento. “La prostitución es un círculo de abuso y violencia”, explica Natasja Bos, psicóloga y fundadora de esta iniciativa. “Si su legalización no sirvió para frenar el tráfico, ¿por qué no cambiamos de modelo?”. El debate sigue abierto.

domingo, 25 de agosto de 2019

#hemeroteca #turismo #mujeres #trabajo | A palos con la imagen de Ibiza

Imagen: El Salto / Protesta de Kellys en Ibiza
A palos con la imagen de Ibiza.
Elena González | Diario de Ibiza, 2019-08-25
https://www.diariodeibiza.es/opinion/2019/08/26/palos-imagen-eivissa/1087659.html

El narcoturismo. Los 'putiyates'. Las jóvenes exhibidas como trozos de carne de abusar y desechar. Los preservativos usados que jalonan el paseo de Platja d'en Bossa o flotan en s'Arenal. La arrogancia del lujo más hortera y chabacano. Los macarras de Ferrari rojo. Los 'alternativos' de fiestones ilegales en espacios naturales que espantan a las aves, tiran las colillas en el bosque, lo dejan todo lleno de mierda y arremeten con palos y piedras contra Guardia Civil y Policía cuando cumplen el deber de disolverlos. Su descaro y bravuconería. Los 'hooligans'. Los conductores hasta las cejas de coca. Los borrachos al volante. Los atropellos. Las víctimas de la droga. Los comas etílicos. Los muertos. Los zulos en alquiler. Las camas calientes. Los precios de extorsión. Las estafas. Los atascos. Las aguas verde sucio. La saturación de las playas. Los vertidos. Las facturas cinco estrellas por servicios mediocres. Los matones. El ejército de piratas e impresentables que hacen cada verano lo que les da la gana. La falta de respeto. La impunidad. Los plásticos en el mar, los vertederos del campo, la mugre en las calles. El hedor... Eso y más perjudica la imagen turística de Eivissa, pero la huelga de camareras de piso contra la sobrecarga de trabajo que las destroza y en defensa del derecho a la salud de todas ellas, las 'invisibles' de la industria hotelera, lo que ha proyectado en cambio al exterior es una admirable muestra de compromiso y valentía que, al menos a mí, me ha hecho sentir orgullosa de que estas hermosas mujeres sean mis convecinas. Entre tanta indecencia, ellas ofrecen hoy el mejor ejemplo de dignidad y coraje en esta castigada isla. Toda mi admiración.

Y TAMBIÉN…
Cientos de personas se manifiestan para apoyar la huelga de las Kellys de Ibiza.

Las camareras de piso de Ibiza y Formentera, convocadas por CGT, han parado durante 48 horas para pedir una regulación de su carga de trabajo, el reconocimiento de las enfermedades laborales relacionadas con su profesión y la jubilación anticipada.
Santi Donaire | El salto, 2019-08-26
https://www.elsaltodiario.com/laboral/cientos-personas-manifiestan-apoyar-huelga-kellys-ibiza

miércoles, 7 de agosto de 2019

#hemeroteca #tratadepersobas #esclavitud | Esclavas nicaragüenses para cuidar ancianos en Logroño

Imagen: El País
Esclavas nicaragüenses para cuidar ancianos en Logroño.
La Guardia Civil desmantela una red que traía mujeres a las que explotaba cuidando a dependientes.
María Sosa Troya | El País, 2019-08-07
https://elpais.com/sociedad/2019/08/07/actualidad/1565171090_785871.html

Mujeres nicaragüenses pobres, jóvenes y sin estudios, la mayoría con hijos a cargo. Un día se les acerca alguien que les promete un trabajo en España. Aceptan y, una vez en su nuevo destino, descubren el engaño. La Guardia Civil ha desmantelado una organización que había obligado a 50 mujeres a trabajar en el cuidado de ancianos, enfermos graves o dependientes, en condiciones de "esclavitud". Siete personas han sido detenidas. Habían ganado más de 750.000 euros a costa de someter a sus víctimas, muchas de las cuales trabajaban como internas y que estaban atemorizadas.

Los agentes detuvieron el pasado 28 de julio a siete personas, cuatro mujeres y tres varones, pertenecientes a la misma familia. Todos proceden de Nicaragua y tienen de 19 a 41 años. Solo dos residían en España de forma legal. Las cabecillas de la trama eran dos hermanas. Comenzaron a actuar en 2016, según un comunicado de la Guardia Civil. Actuaban de forma estructurada, organizada y jerarquizada. Sus bases de operaciones estaban establecidas en Logroño y Alfaro (La Rioja) y en Huesca. En las tres localidades disponían de viviendas.

La red captaba a las mujeres gracias a la colaboración de familiares directos que viven en Nicaragua. Ellos tenían la tarea de identificar a posibles víctimas. Les prometían un trabajo bien pagado en España. Si aceptaban, les compraban un billete de avión y les entregaban 1.000 euros en efectivo para justificar su estancia inicial. Llegaban con un visado de turista que las habilita para permanecer en el país durante 90 días. Una vez en su nuevo destino, les quitaban el pasaporte y el dinero que les habían dado y les comunicaban que tenían una deuda de 6.000 euros que debían saldar en un corto espacio de tiempo.

Pero esta cantidad no paraba de aumentar durante su estancia. Cuando las mujeres descansaban o se quedaban sin trabajo, la red las alojaba en sus viviendas y les cobraban por todos los servicios. En caso de no poder pagarlos, les prestaban dinero a un interés del 20%, lo que hacía que la deuda llegara a cifras astronómicas difíciles de saldar y las ataba aún más a la organización. La explotación era tal, que las cabecillas de la red solicitaban comida y ropa a organizaciones benéficas que ellas a su vez vendían a precios abusivos a las víctimas. Llegaron a exigir entre 20 y 30 euros por un comprimido de paracetamol.

La jefa de la red usurpaba la identidad de las víctimas para poner anuncios en portales de Internet y en redes sociales buscando trabajo como cuidadoras. Cuando cerraba el trato con los demandantes de estos servicios, enviaba a las víctimas. La mayoría trabajaba como internas. A final de mes, los empleadores les pagaban en negro y estas entregaban a la organización el 85% del sueldo como pago por la deuda que habían contraído y se quedaban el resto para tratar de subsistir en España.

El grupo sometía a las víctimas mediante constantes amenazas, intimidación, engaño y coacción, amedrentándolas con advertencias de las consecuencias a las que se enfrentarían sus familiares en Nicaragua, si llegaban a denunciar los hechos. usaban "prácticas mafiosas", según fuentes de la Guardia Civil. Ellas, atemorizadas por la posibilidad de que hicieran daño a sus familias en Nicaragua, guardaban silencio.

Hasta que a los agentes les llegó un aviso el pasado mayo en Alfaro. Entonces comenzaron la investigación que derivó en las detenciones. El primer arresto fue el de una de las cabecillas de la organización, en la terminal T4 del aeropuerto Adolfo Suárez - Madrid Barajas, cuando intentaba introducir en España a tres nuevas víctimas. El resto de las detenciones se llevaron a cabo de forma simultánea en La Rioja y en Huesca. En ambas provincias se practicaron cuatro registros domiciliarios. A todos los detenidos se les considera presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.

La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Calahorra (La Rioja), ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja, con la colaboración de sus homólogos de Navarra, Huesca y Tres Cantos, así como el Puesto Principal de Calahorra y la Unidad Cinológica Central.

domingo, 9 de junio de 2019

#hemeroteca #identidades | La base material de las identidades sociales

Imagen: El laberinto de la identidad
La base material de las identidades sociales.
Fernando Broncano | El laberinto de la identidad, 2019-06-09
https://laberintodelaidentidad.blogspot.com/2019/06/la-base-material-de-las-identidades.html

Esto no son sino apuntes para un texto que habrá de elaborarse con más cuidado y datos, pero he aquí el esbozo de los argumentos centrales:

Se ha extendido la convicción de que los nuevos movimientos sociales (se les suele calificar también de "identidades") son producto exclusivo de percepciones del mundo, de actitudes o preferencias que se opondrían a las posiciones sociales basadas en lo objetivo y material o, como se decía en el marxismo tradicional, en la "contradicción principal". Como una consecuencia, se suele estigmatizar a estos movimientos como mero producto de superficiales políticas del reconocimiento frente a las que estarían las políticas profundas de redistribución e igualdad. Se ha discutido que esta dicotomía de "reconocimiento-redistribución" esté bien formulada, y hay muchas razones para ello.

En primer lugar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de re-distribución? No obviamente solo de bienes básicos como suponía John Rawls en su Teoría de la Justicia. O por bienes básicos no podemos considerar ya únicamente alimentación, vivienda y cuidados de salud. Hay muchos otros que aparentemente tienen carácter inmaterial, aunque de hecho su base material sea muy real, como argumentaré más abajo. Todos ellos se resumen en posibilidades de proyectos y planes de vida personales, familiares o de comunidad cercana. Las posibilidades de futuro implican bienes como la seguridad, el ambiente de confianza, la situación en el mundo en términos de trabajo o de ocupación no alienante, de cuidados mutuos, de acceso al conocimiento y a los bienes culturales que se consideren que constituyen parte de una vida digna. En la redistribución, por ejemplo, está cada vez más incluida la sociedad de la información que por su propia naturaleza no tiene un carácter material, aunque no podría subsistir sin una base técnica: energética y material.

Quizás, lo paradójico y relevante es que en un mundo globalizado la redistribución de derechos al futuro, o de posibilidades de vida son cada vez más diversas. Aquello que hace que la vida merezca ser vivida depende cada vez más de diferencias de situación personal, biológica, social y cultural. Diferencias por culturas y países, entre ciudad y campo, de características de género y opción afectiva, de edad y condición física, de entorno territorial o urbano. Por ejemplo, pensar que un anciano en una residencia ya no necesita más porque se le alimente, cambien las sábanas y ocasionalmente se le suministren las pastillas contra la tensión, es algo equivocado. La redistribución es siempre redistribución de dignidad de la vida.

Pero veamos las cosas del lado de la diversidad. Los grandes movimientos sociales reivindicativos en el mundo contemporáneo son el feminismo, los movimientos raciales y étnicos, los movimientos ecológicos y los de reivindicación de formas de vida afectiva no represivas. Pero todos ellos tienen una importantísima base en la desigualdad social. Como han estudiado multitud de autoras, la "feminización" de amplias zonas del trabajo equivale directamente a una sobreexplotación de la mano de obra: los trabajos de cuidado y mantenimiento de la familia son trabajos no pagados sin los que sería imposible la reproducción social. Una parte de las reacciones de los varones que se viven con tanta ansiedad no son sino ansiedades que nacen de la pérdida del privilegio económico que nace de la explotación de la pareja oculta bajo las formas patriarcales. No es reconocimiento lo que se pide tantas veces, es redistribución. Por otra parte, un buen indicador de la degradación de las condiciones de trabajo es su grado de feminización. En el capitalismo salvaje del XIX mujeres y niños fueron incorporados a las minas. En el capitalismo del contenedor y la deslocalización contemporáneo, son las mujeres las que se incorporan como maquiladoras a las nuevas empresas de trabajo más rutinario y agotador. En el mundo urbano y metropolitano se feminizan los trabajos creativos mal pagados y precarios, las viejas profesiones de políticas públicas de enseñanza y sanidad. Los servicios de urgencias médicas están habitadas mayoritariamente por mujeres, así como los trabajos de enfermería y enseñanza primaria. En el caso de los movimientos antirracistas no es solo reconocimiento lo que está en juego. También y sobre todo es explotación en los salarios y en los trabajos disponibles. El oculto (o no tanto) racismo de nuestras sociedades se sostiene sobre prácticas de explotación sistemática de la fuerza de trabajo. La sociedad global que se desplaza hacia una creciente importancia del cuarto sector deja cada vez más brechas salariales y de trabajos basura (literalmente) para los que se demanda a capas de la población crecientemente racializadas. Los viejos sindicatos han sido ciegos cuando no colaboradores de la racialización de la explotación.

Y lo han sido también los viejos movimientos de izquierda que no entienden que los emigrantes defiendan su vida acudiendo a las iglesias evangelistas y aspirando a condiciones de mercado dignas, que les hacen muy sensibles a los argumentos del liberalismo. Me contaba un amigo que había invertido dinero y tiempo en una cooperativa en la que trabajaban en la cocina dos emigrantes que habían pasado por todo tipo de trabajos basura antes de llegar a ese puesto, en el que hacían un trabajo excelente. Cuando se proponía repartir por igual los beneficios, esas personas defendían que se hiciese con relación al trabajo realizado, no por una ideología cooperativa que les volvía a dañar. No entender por qué los argumentos liberales han entrado con tanta fuerza en los sectores más perdedores es una de las cegueras más habituales.

El movimiento ecologista se ha estigmatizado múltiples veces como un movimiento de clases medias urbanas bien educadas, pero es la expresión de una ansiedad muy real por la urgencia de un cambio radical de modelo productivo, reproductivo y de consumo. Es sorprendente a veces que las propuestas de lo que se denomina un "Green new deal" se desprecien afirmando que no son sino nuevas formas de capitalismo. El feminismo, la des-racialización y el ecologismo resumen hoy las principales políticas anticapitalistas que profundizan en políticas contra las formas más dañinas de explotación.

Diría cosas muy parecidas de los movimientos contra la discriminación por elecciones afectivas. Su base material es muy real y se aproxima mucho a lo que ocurre con el feminismo. Salir del armario significa en muchos trabajos directamente la expulsión y la "gay-ficación" de varios sectores (dependientes de tiendas de moda, peluquerías, etc..) no es un signo de identidad sino de explotación, lo mismo que las opciones de música, deporte o droga para los negros, gitanos y otras capas racializadas. No es identidad, es opresión y falta de posibilidades de vida.

Parecería que estoy dando la razón a quienes han argumentado contra la trampa de la diversidad, pero en realidad lo que estoy postulando es lo contrario. La diversidad habla de la diversidad de la opresión y explotación. La trampa está en usar el término "identidad" para estigmatizar la diversidad de las reclamaciones reduciéndolas todas al mínimo común denominador. Hay mucha teología política en este mantra: "tres sujetos una clase verdadera".

En las identidades cuenta, por supuesto, la conciencia, la subjetividad y el orgullo, pero lo que realmente cuenta es la diversidad de las bases materiales de la opresión y explotación.