Jorge Martín Pérez, Víctor M. Ramírez y Consuelo García del Cid con Inés Hernand //
La memoria democrática incorpora (al fin) la historia LGTBIQ+
La jornada ‘Orgullosamente libres’ reconoce la resistencia de lesbianas, gais, trans o bisexuales durante la dictadura franquista y reivindica su papel en la democratización de España
Pablo León | El País, 2026-01-14
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Los derechos LGTBIQ+ no han dejado de avanzar en España desde la muerte del dictador Francisco Franco, hace más de 50 años. Sin embargo, ese camino ha sido complejo. Los primeros pasos se dieron en diciembre de 1978, cuando se despenalizó la homosexualidad, un año después de que se convocara, en Barcelona, la primera manifestación en defensa de los derechos del colectivo. “La Ley de amnistía del 77 no contempló a los presos LGTBI+ y no fue hasta 1995 que se eliminó del Código Penal la persecución de la homosexualidad”, ha recordado el presentador y guionista Paco Tomás este miércoles durante el acto ‘Orgullosamente libres’, una reivindicación de la memoria democrática LGTBI+ impulsada por el ministerio de Igualdad y el comisionado de ‘España en libertad: 50 años’ y celebrada en el Ateneo de Madrid.
“Para las personas LGTBI+ la memoria es muy importante porque se nos ha negado. Durante décadas se ha creado un discurso hegemónico desde el heteropatriarcado en el que las personas LGTBI+ no existíamos”, ha continuado Tomás, que ha presentado el acto con la divulgadora Inés Hernand, y en el que han estado presentes los ministros Ana Redondo (Igualdad) y Ángel Victor Torres (Política territorial y Memoria democrática).
Durante el evento, que ha llenado el salón de actos del Ateneo, se ha recordado a las víctimas del Patronato de protección de la mujer, a las de la Colonia Penitenciaria de Tefía, en Fuerteventura, o la represión sufrida en el Pasaje Begoña, en Torremolinos.
“El Patronato de la mujer era peor que una cárcel, no teníamos derechos, ni siquiera la libertad para hablar unas con otras. Había un adoctrinamiento religioso constante, maltrato psicológico y explotación laboral”, ha relatado Consuelo García del Cid, quien fue internada en 1975, con 16 años, en un centro adscrito a esta institución, las Adoratrices de Madrid, en la calle del Padre Damián. “Cuando conseguí ser libre, juré a mis compañeras que contaría esta historia. Pero cuando hablaba del Patronato, nadie me creía. Tuve que probar su existencia”, ha dicho la también autora de varios libros sobre la institución, como ‘Las insurrectas del Patronato de Protección a la Mujer’ (Anantes).
Aunque había sido creado con anterioridad, el Patronato fue recuperado por el franquismo en 1941 (la esposa del dictador, Carmen Polo, era su presidenta honorífica). “Era un entramado de centros gestionados por congregaciones religiosas y dependiente del ministerio de Justicia franquista, cuya finalidad era encerrar sin juicio a cientos de adolescentes y mujeres jóvenes que no encajaban en el modelo femenino promovido por el franquismo y que eran consideradas peligrosas”, ha explicado la investigadora.
En esa categoría entraban feministas, lesbianas, madres solteras, huérfanas, mujeres abusadas... “Fue un genocidio lésbico. La institución contaba con dos psiquiátricos, donde llevaban a las mujeres ‘con conducta homosexual’, como decían. Y un centro maternal, en Madrid, donde se robaron cientos de bebés”, ha detallado García del Cid.
Para ella, la Transición olvidó a todas las mujeres recluidas por el Patronato: “Se siguió encerrando a mujeres. Esas chicas no le importábamos a nadie”. La institución perduró hasta 1985, cuando fue disuelto por el Gobierno de Felipe González (PSOE). Y no fue hasta el año pasado, que un Gobierno democrático reclamara el reconocimiento como víctimas del franquismo para todas las mujeres recluidas por esta institución represora.
Además, el pasado junio, la Confederación Española de Religiosos (CONFER) pidió perdón a las víctimas del Patronato en un acto público. “Durante décadas, muchas jóvenes y mujeres adultas fueron internadas en nuestros centros contra de su voluntad. Fueron privadas de libertad, se las hizo creer que su existencia estaba marcada por la culpa o la vergüenza”, expresaron las superioras provinciales de las Oblatas del Santísimo Redentor, las Terciarias Capuchinas de Nazaret y de las Adoratrices. “Eso no fue un perdón para nosotras. Nadie ha sido juzgado por esto”, ha incidido García del Cid.
Lugares de Memoria
Hasta la Ley de Memoria democrática de 2022, que sustituyó a la de Memoria histórica de 2007, no se reconoció a las personas LGTBI+ como víctimas del franquismo. La nueva norma instauró también la creación de Lugares de Memoria y este año se va a inaugurar el de la Colonia agrícola penitenciaria de Tefía, un campo de trabajo, principalmente para hombres homosexuales, en la isla canaria de Fuerteventura que operó entre 1954 y 1966. Allí estuvieron recluidas más de un centenar de personas.
“Los testimonios de los presos describen un régimen disciplinario muy duro, que incluía palizas, hambre, y maltrato, humillación”, ha descrito el investigador Víctor M. Ramírez, que lleva años rastreando los expedientes de Tefía. “Se convirtió en el principal centro de represión de las disidencias sexuales bajo el régimen franquista”.
El Código Penal de 1928, aprobado bajo la dictadura de Primo de Rivera, fue el primero en castigar la homosexualidad en España, al considerarla un delito de escándalo público. Aunque después el Gobierno de la República abolió esa norma, el franquismo desarrolló sus propias estructuras represoras.
La Ley de vagos y maleantes, originaria de 1933, fue enmendada en 1954 para incluir bajo su jurisdicción la homosexualidad. El mismo año que se inauguró la Colonia de Tefía: una de las condenas por homosexualidad era la reclusión en “instituciones especiales, con absoluta separación de los demás”. Este campo de concentración estuvo operando hasta 1966. Después, hubo dos centros de detención para hombres que tenían sexo con hombres: uno en Badajoz (para pasivos) y otro en Huelva (para activos).
“Son personas a las que únicamente se las perseguía por su orientación sexual y eran condenados por ello”, ha apuntado el también autor de la investigación ‘El expediente especial de invertidos. La represión de las disidencias sexo-genéricas en Canarias tras su inclusión en la Ley de Vagos y maleantes’. Esa norma fue modificada años después, en 1971, cuando entró en vigor la Ley de peligrosidad social con el foco en castigar “los actos de homosexualidad”.
Al amparo de esta nueva norma, la madrugada del 26 al 27 de junio del 71, una incursión policial aterrorizó el Pasaje Begoña de Torremolinos. Casi una década antes, en 1962, en ese pequeño callejón se había inaugurado el primer local gay de España. Más adelante llegarían más: abrieron hasta medio centenar.
“Cantando y bailando también se defendían derechos”, ha afirmado Jorge Martín Pérez García, presidente de la Asociación Pasaje Begoña. A comienzos de la década de los sesenta, Torremolinos ya era frecuentada por turistas internacionales en busca del sol y playa. La apuesta por el turismo como motor de desarrollo y fuente de divisas llevó al nacionalcatolicismo a mirar para otro lado al ambiente del Pasaje Begoña. Al menos por un tiempo.
En la ‘Gran Redada’ de 1971 fueron detenidas unas 300 personas, muchas de ellas de origen británico y alemán. La noticia apareció en el periódico inglés ‘The Sunday Times’ (‘Turistas retenidos en una redada en bares nocturnos en España’, titulaba al día siguiente de la incursión) o en el semanario germano ‘Der Spiegel’. ‘La Vanguardia’ también habló del asunto y lo describió como un plan gubernamental para “proteger a la población local del ataque de una forma de vida extranjera”.
“Ahí se visibilizaba la diversidad, se daba la opción de existir”, ha incidido Martín. De ahí que el Pasaje Begoña sea considerado cuna de los derechos y libertades LGTBI+ en España y que haya sido también catalogado como Lugar de Memoria.
Además, ha habido una mesa redonda en la que han contado su experiencia los activistas históricos por los derechos del colectivo Jordi Petit; Isabel Franc; y Manolita Chen, una de las primeras mujeres trans en ver reconocida su identidad en sus documentos oficiales e impulsora de la Fundación Manuela Saborido-Manolita Chen, que da apoyo y acogida a personas LGTBIQ+ vulnerables.
“Todos sois unos referentes absolutos, clave en la democratización de España”, ha remarcado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha clausurado el acto. Previamente, se ha reconocido con la medalla y la placa de promoción por la igualdad a Petit y al Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGG, el Frente de Liberación Gay de Cataluña), organización que en 1975 comenzó la lucha por los derechos, aunque su actividad llevaba desarrollándose en la clandestinidad desde un lustro antes. “Somos la entidad que siempre ha estado ahí y que nunca ha desfallecido”, han dicho los representantes de FAGG al recoger la placa: “Vamos a combatir el odio y el fascismo, al que no vamos a dejar pasar”.
