#hemeroteca #transfobia #terf | Lidia Falcón lleva a los tribunales a una activista trans por un mensaje que publicó en X

Manifestación por los derechos trans //

Lidia Falcón lleva a los tribunales a una activista trans por un mensaje que publicó en X
El abogado de la defensa considera gravísimo que de un tuit que no señala a nadie se entienda que hay incitación al odio. El Ministerio Fiscal califica los hechos como un delito leve de amenazas ya prescrito.
María Martínez Collado | Público, 2025-05-01
https://www.publico.es/politica/tribunales/lidia-falcon-lleva-tribunales-activista-trans-mensaje-publico-x.html 

El próximo 9 de mayo tendrá lugar un juicio oral en la Audiencia Provincial de Madrid que puede sentar precedentes. La fundadora del Partido Feminista, Lidia Falcón, ha denunciado a Diana Juan Cano, una mujer trans y activista por los derechos LGTBIQ+ y de las trabajadoras sexuales, por un supuesto delito de incitación al odio y otro de amenazas graves derivados de un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter) en enero de 2021. La denuncia tiene lugar en un momento de creciente erosión de los derechos de las personas trans, y bajo un repunte de discursos antiderechos.

El texto publicado por Cano fue el siguiente: "Una pistola y una bala y a esa que todas sabemos que lleva más de un año basando todo su activismo en acosar y violentar a las mujeres trans. Solo eso pido a 2021". El post obtuvo, según la defensa, siete "me gusta" y un retuit. La cuenta de Diana Juan Cano tenía unos 750 seguidores. A pesar de que el contenido "no citaba directamente a ninguna persona, no contenía etiquetas ni menciones, ni fue dirigido o remitido a la denunciante", Falcón se sintió aludida e interpuso la denuncia.

A partir de esa denuncia, el Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid abrió una causa penal y ahora la Audiencia Provincial ha decretado la apertura de juicio oral, para el que se solicita una pena de cinco años de prisión y una indemnización de 50.000 euros. El Ministerio Fiscal, por su parte, ha calificado los hechos como un delito leve de amenazas, ya prescrito.

Desde el entorno de la acusada se advierte de que este proceso "no es un caso aislado", sino que se enmarca en una tendencia que tiene que ver con "el uso del sistema penal por parte de figuras públicas y colectivos transexcluyentes para acallar a activistas trans y ‘queer’, especialmente a quienes visibilizan agresiones o critican públicamente el discurso del denominado 'feminismo radical' o TERF (acrónimo de feminista radical transexcluyente)". El escrito de defensa presentado por el letrado Saúl Castro, al que ha tenido acceso ‘Público’, sostiene que la publicación se produjo justamente en este contexto, en pleno debate político y cultural.

Castro sugiere que este tipo de denuncias buscan generar un efecto disuasorio, amparándose en delitos graves como el de odio para "silenciar lo que en realidad se trata de una crítica política". Se trata, asegura la defensa, de un fenómeno que ya se ha podido observar en países como Reino Unido, "donde los tribunales han sido empleados estratégicamente por grupos transexcluyentes para frenar avances legislativos y expulsar a las mujeres trans del espacio feminista". Un contexto especialmente relevante y candente en España, donde la aprobación de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans –conocida como ‘ley trans’– ha sido objeto de intensos ataques.

"Acostumbradas a que se nos use de chivo expiatorio"
Diana es una mujer muy activa dentro de la militancia trans y ‘queer’ en el ámbito valenciano. Lleva, de hecho, años implicada en iniciativas de apoyo mutuo, charlas formativas, actividades culturales y manifestaciones en defensa de los derechos LGTBIQ+, en especial los de las personas trans y las trabajadoras sexuales. Ha fundado proyectos como el grupo GAM Trans de València o la caja de resistencia "Reinonis", y ha participado en eventos en universidades, centros culturales y espacios autogestionados. Un perfil público que, sin embargo, tal y como explica su defensa, "dista mucho del de una figura mediática o que se pudiera entender como realmente influyente". Su activismo, sobre todo, ha estado centrado en lo local, en redes comunitarias y en contextos de luchas a pie de calle.

"En mi entorno estamos un poco acostumbradas a que se nos use de chivo expiatorio. Recibimos violencia por parte de estos estamentos constantemente, pero es que esta vez la cosa no se lo podía creer y, es más, yo sigo sin acabar de creérmelo... Es un tuit y, además, un tuit muy ambiguo, que no tiene un destinatario concreto y desde luego no citaba tampoco a nadie", relata Diana en conversación con este medio.

Lidia Falcón, por su parte, remonta el caso a los dos comunicados (uno del día 5 y otro del 8 de diciembre de 2019) en los que el Partido Feminista manifestó su total oposición a los derechos que reconocen y materializan las leyes trans. Unas publicaciones que fueron denunciadas por la Federación Plataforma Trans, pero que finalmente la Fiscalía Provincial de Madrid archivó en febrero de 2021. Al ser preguntada por ‘Público’, Falcón se refiere a Diana como "un tipejo que se ha dedicado a fastidiarme" y habla en los mismos términos de otras activistas y políticas trans que militan por la dignidad de la comunidad LGTBIQ+ y de las mujeres. Para Falcón, "vivimos en una dictadura": "Esto me pasaba continuamente con Franco", asevera. "Estos trans tienen bula, son impunes. Este ‘lobby’, esta secta mutante, tiene cada vez más influencia en varios sectores de la política, de la Justicia, de la sociedad", añade.

"Las mujeres que violentan y acosan a las mujeres trans no son un grupo que haya que proteger"
El letrado de Diana Juan Cano considera que "este procedimiento y manera de actuar por parte de los grupos antiderechos de las personas LGTBIQ+ no es casual. Me parece que esto pone de manifiesto que hay una iniciativa coordinada a todos los niveles y en todos los Estados que busca eliminar de la vida pública a las personas LGTBIQ+ y, concretamente, a las mujeres trans". "Es gravísimo que de un tuit que no señala a nadie se entienda que hay incitación al odio. Las mujeres que violentan y acosan a las mujeres trans no son un grupo que haya que proteger. Ese delito está para proteger a colectivos vulnerables y ellas no lo son", valora, y añade: "Si esta jurisprudencia se encaja y se dicta una sentencia condenatoria, luego habrá consignas feministas tradicionales también como ‘Machete al violador’ que también podrían ser penadas".

Castro insiste en que lo que le resulta "más llamativo" es que se trata de un tuit que "no se puede saber a quién va dirigido, porque durante el año 2020 hubo tantas mujeres que dedicaron todo su tiempo y toda su plataforma a acosar y a violentar a mujeres trans que es inidentificable".

#hemeroteca #transfobia #terf | Lidia Falcón pide cinco años de cárcel a una mujer trans por un tuit con siete likes que no menciona a la denunciante

Concentración en defensa de los derechos trans //

Lidia Falcón pide cinco años de cárcel a una mujer trans por un tuit con siete likes que no menciona a la denunciante
La activista antiderechos Lidia Falcón denunció a Diana Juan Cano en 2021 por un tuit que apenas tuvo repercusión. La acusación pide una pena de cinco años de prisión y 50.000 euros de indemnización. El caso pone en tensión el concepto de delito de odio y sirve como aviso a navegantes para activistas LGTBIQA+.
Patricia Reguero Ríos | El Salto, 2025-04-26
https://www.elsaltodiario.com/lgtbiq/mujer-trans-acusada-delito-odio-denuncia-lidia-falcon 

Diana Juan Cano, una mujer trans y activista defensora de los derechos LGTBI y de las trabajadoras sexuales, debe acudir el próximo 9 de mayo a la Audiencia Provincial de Madrid para responder ante la justicia por una denuncia de Lidia Falcón, feminista transexcluyente que la denunció en 2021.

La motivación de la denuncia es un tuit publicado el 11 de enero de 2021 que no menciona a Falcón: obtuvo solo siete likes y fue compartido una vez: “Una pistola, una bala y a esa que todas sabemos que lleva más de un año basando todo su activismo en acosar y violentar a mujeres trans. Solo eso le pido a 2021” es el contenido literal del tuit.

La acusación considera que este tuit puede ser constitutivo de un delito de amenazas graves agravado por discriminación por motivos ideológicos así como de un delito de incitación al odio, y solicita una pena de cinco años de prisión y 50.000 euros de indemnización. El Ministerio Fiscal, por el contrario, calificó los hechos como un delito leve de amenazas y ha solicitado que no se imponga pena alguna, al haber prescrito.

Se da la circunstancia de que en 2020 la Fiscalía Provincial de Madrid archivó una denuncia contra el Partido Feminista de España, que preside Falcón, por diversas afirmaciones que las organizaciones denunciantes consideraban constitutivas de un posible delito de odio. El archivo argumentaba que la denunciada “realizó las manifestaciones objeto de esta diligencia como exteriorización en contra de una ley [en referencia al proyecto de Ley Trans estatal] que, a su entender, desprotege a la mujer y a la infancia, en el marco de una crítica política y dirigida a todo el sector feminista”.

Instrumentalización del delito de odio
Saúl Castro Fernández, abogado especializado en derechos LGTBIQA+ y representante de la denunciada, expresa su preocupación por las implicaciones que tiene este caso. Castro cree que esta denuncia “pretende hacer pasar por grupo vulnerable y titular el derecho a la no discriminación a las personas que violentan o acosan a mujeres”. El fin del delito de odio, explica, es criminalizar discursos que presentan riesgos e incitan al odio contra colectivos históricamente vulnerables, y en este caso la persona en situación de vulnerabilidad es la denunciada, por lo que se pervierte el fin del delito de odio.

El artículo 510 del Código Penal, que delimita el delito de odio, castiga a quienes fomenten o inciten a la violencia contra un grupo o alguien que forme parte de un grupo “por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad”.

Un castigo a Diana supondría “que nuestros tribunales consideren que grupos violentos, antiderechos y contrarios a la diversidad puedan ser considerados un grupo vulnerable y protegido por los delitos de odio”. “Si se dicta una sentencia condenatoria se sentará un precedente gravísimo para los derechos de las personas LGTBI y para la lucha por los valores democráticos y constitucionales”, explica.

De esta forma, se pretende convertir en delito la crítica, lo que abre la puerta a usar la vía penal para silenciar a defensoras de los derechos LGTBI. “Este caso es la punta de lanza para que los grupos TERF comiencen a acudir a nuestros tribunales para silenciar y criminalizar al activismo LGTBI”, explica.

Castro también advierte de que entre las personas que van a declarar en el juicio están voces destacadas del discurso transexcluyente y que no tienen que ver con los hechos, lo que a su juicio “pone de manifiesto que esta causa pretende dar un reconocimiento y valorar un contexto general de tensión por la aprobación de la ley trans solo mediante las voces y declaraciones de testigos transexcluyentes”.

Por eso subraya la conveniencia de que al juicio del 9 de mayo, que se celebrará a las 9:30h, asistan medios de comunicación y organizaciones que puedan contribuir a garantizar la transparencia en el proceso.

Transfobia global
El juicio al que se enfrenar Diana se produce en un contexto global de incremento de los discursos antiderechos en el que el último episodio lo protagoniza la sentencia de Reino Unido que dicta que el único criterio para amparar a una mujer bajo la ley de igualdad es el del sexo consignado en el nacimiento basado en sus características sexuales externas.

A esta decisión se suma la cruzada antitrans de Donald Trump en EE UU o las políticas anrtiderechos de Javier Milei en Argentina. Pero los ataques no son solo simbólicos, el transfeminicidio de Sara Millerey en Colombia ha supuesto una confirmación de cómo los discursos de odio ponen en peligro la vida de las personas trans.

#hemeroteca #lgtbifobia #ideologiadeodio | Entonces, ¿soy libre de dejar de ser gay?

Participantes en una marcha del Orgullo Crítico //

Entonces, ¿soy libre de dejar de ser gay?
Saúl Castro | Público, 2024-07-26
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/85470/entonces-soy-libre-de-dejar-de-ser-gay/

El pasado 15 de julio de 2024, después de destapar la prensa que un profesor de inglés del colegio Madre Josefa de Alaquàs y director del Centro Diocesano de Orientación Familiar Mater Misericordiae de Valencia captaba y proponía terapias de conversión a sus alumnos de secundaria, amanecí con unas declaraciones repugnantes.

El obispo de Orihuela-Alicante, viejo conocido al que llevo años investigando, declaraba en su programa ‘Sexto Continente’ de Radio María que las personas LGTBI deben tener el derecho a recibir terapia de conversión.

Este necio dijo, sin que le temblara la voz, que "está permitido el cambio de sexo para quien lo desee, se pueden hormonar, se pueden hacer cirugías, pueden hacer lo que les dé la gana, pero en cambio se persigue legalmente a quien libremente trate de tener una supuesta terapia psicológica para revertir su tendencia homosexual. Es un liberticidio y lo primero que hay que hacer es reivindicar la libertad". Este discurso no es nuevo ni está circunscrito a la Iglesia católica. En noviembre de 2020, Vox defendía en el Congreso el derecho de las personas homosexuales de ir a un especialista para que, en libertad, eligieran su identidad y su orientación sexual. Un argumentario que siguen manteniendo en la actualidad.

Por tanto, ante estas osadas afirmaciones, yo me pregunto: Monseñor, ¿soy realmente libre de dejar de ser gay?

Para responder a esta pregunta, lo primero que hay que hacer es ver cómo está formulada. Libre, ¿en qué sentido? ¿De qué libertad estamos hablando? Entiendo que lo que quiere decir su ilustrísima es que si quiero dejar de ser gay, el Estado no solo no puede impedírmelo, sino que debería de permitir que se me ofrezca un acompañamiento para modificar voluntariamente mi orientación sexual.

Sin embargo, el primer escollo que encontramos ante esta cuestionable proposición es: ¿es esto posible?

La libertad de elección no opera frente a imposibles. Yo puedo querer aprender a volar y el señor Munilla puede decirme que, si sigo su itinerario –consistente en leer libros, no masturbarme, jugar al fútbol y tomarme unas pastillitas– lo lograré. Sin embargo, cuando me disponga a saltar de un sexto piso para comprobar si he rectificado mi incapacidad de volar, me estrellaré contra el suelo. Por tanto, no cabe libertad de elección donde esta no existe.

La cuestión sobre la eficacia de las terapias de conversión es algo que ha sido hartamente estudiado en la actualidad y un tema sobre el que existe consenso de todas las organizaciones de profesionales de la salud y de derechos humanos. Hoy en día, es imposible modificar la orientación sexual a voluntad siguiendo una terapia o proceso de acompañamiento. Todo ello independientemente de que, a lo largo de nuestra vida, podamos descubrir que sentimos atracción hacia personas de uno u otro género.

No lo digo yo, lo dice la Asociación Estadounidense de Psicología (o APA, en inglés). Concretamente, en su informe de 2009 sobre la eficacia y riesgos de las ‘terapias de conversión’, donde revisó todos los estudios empíricos producidos entre 1960 y 2007 que afirmaban que "revertir" la homosexualidad era posible –y que Munilla refiere en su intervención como bases científicas que avalan sus acompañamientos pastorales.

Sus conclusiones son abrumadoras y categóricas:

(1) Los únicos estudios que muestran, de forma limitada, la capacidad de reducir a corto plazo y en situaciones de laboratorio la atracción sexual por personas del mismo género son los procedimientos aversivos como los de electroshock.

(2) Las "terapias de conversión" no permiten desarrollar atracción sexual hacia el otro género en aquellos casos en que esta no existía, teniendo un efecto limitado en personas bisexuales, es decir, acentuando la atracción sexual hacia el otro género entre aquellos que ya la experimentaban.

(3) Ningún estudio que valida la eficacia de estos métodos de conversión sexual ha evaluado el bienestar y salud mental de las víctimas de estas prácticas, por lo que no se puede afirmar que su calidad de vida mejore tras ser sometidas a estas formas de violencia. En 2018, la APA reiteró, en un nuevo informe de seguimiento, que "no existe ninguna prueba sólida de que alguna intervención psicológica pueda modificar la orientación sexual de forma segura y confiable".

Por tanto, la respuesta al primer interrogante es no. No es posible cambiar ni modificar la orientación sexual a voluntad mediante ningún tipo de técnica o acompañamiento.

Luego, los charlatanes –como Munilla– que afirman que sí que lo es, además de estar mintiendo y engañando deliberadamente a sus víctimas, se están prevaliendo de este engaño –a saber, que pueden reparar una supuesta heterosexualidad verdadera– para conseguir su consentimiento a ser sometidas a unas prácticas salvajes, aberrantes y genocidas que no funcionan.

No puede existir libertad para someterse a terapia de conversión porque no se puede consentir libremente a las mismas, ya que, este consentimiento parte del engaño de que estas son posibles. Cosa que no son.

Pero, avancemos un paso más. Imaginemos que estas prácticas son posibles. El siguiente interrogante que se me plantea es: ¿son seguras? ¿acaso son unas prácticas inocuas? ¿o, por el contrario, generan daños graves e, incluso, irreversibles?

De nuevo, los estudios publicados enumeran una larga lista de nefastas y gravísimas consecuencias que hacen de las ‘terapias de conversión’ no solo un crimen atroz, sino un problema de salud pública. La exposición a terapias de conversión duplica la probabilidad de que las víctimas intenten suicidarse y aumenta, en misma medida, la ideación suicida a lo largo de la vida. También se correlaciona con una mayor aparición de cuadros depresivos y ansiosos, así como con el desarrollo de trastornos psicosociales. No solo eso, sino que los estudios señalan que los supervivientes presentan sentimientos severos de culpa, impotencia, falta de esperanza, vergüenza, retraimiento social, soledad, decepción, pérdida de autoestima y aumento del autoodio; pudiendo llegar a provocar cambios permanentes en la personalidad.

Estas consecuencias no solo afectan a su salud mental y física, sino que se ha publicado que afectan la dimensión familiar –odio hacia sus padres–, social –pérdida de amistades e incapacidad de forjar nuevas, así como aumento de adicciones–, afectiva –imposibilidad de trabar relaciones románticas–, sexual –tanto problemas en la intimidad y disfunción sexual, como la participación en conductas de alto riesgo sexual–, académica –disminución del rendimiento escolar–, económica –pérdida de oportunidades laborales y una menor capacidad adquisitiva– y religiosa –pérdida de fe y sensación de vacío existencial– de sus vidas. Todo esto es lo que ha llevado a Naciones Unidas a calificar cualquier intento –incluidos los supuesto acompañamientos religiosos– de modificar la orientación sexual de una persona como prácticas inherentemente discriminatorias, humillantes y denigrantes. A ello, yo le añado el calificativo de genocidas porque, lo que eventualmente buscan, es eliminarnos. Acabar con las personas LGTBI y con las características personales e individuales que nos definen.

En último lugar, me asalta una duda final: ¿Y si no fueran peligrosas? ¿Sería deseable un mundo que, en lugar de modificar sus políticas públicas para combatir la violencia estructural contra la diversidad, nos diera la opción de "dejar de ser LGTBI"?

Rotundamente no. Por lo menos, quizás, hasta que en dicho mundo distópico existiera el mismo número de personas cisheterosexuales que solicitaran ser sometidas a "terapia homosexualizante", que de personas LGTBI que optaran por dejar de serlo.

Si no fuera así, y solo se ofreciera la conversión a las personas LGTBI –como sucede en la actualidad–, ¿no estaríamos camuflando bajo el rótulo de libertad una política dirigida a "solucionar el problema" sin atajar las circunstancias estructurales que determinan que en una sociedad sea preferible ser cishetero a ser LGTBI? ¿Es esa una sociedad en la que sería deseable vivir?

Quiero decir, la LGTBIfobia no se puede combatir ofreciendo a las personas LGTBI la posibilidad de dejar de serlo, como si el problema fuera su identidad y no la existencia de un sistema que permite y no castiga las violencias que sufrimos. La sociedad utópica, a la que hemos de aspirar, es aquella que busque eliminar las prácticas e instituciones llevan a que las personas LGTBI, en algún momento de nuestras vidas, nos lleguemos a plantear que es mejor dejar de serlo.

Para Munilla, sin embargo, es claramente deseable una sociedad que permita –solo a los homosexuales, y no a la inversa– la posibilidad de dejar de serlo. Aun a costa del sufrimiento de niños y de adultos, a los que engaña con su discurso para confundir tortura con libertad y para reafirmarles en la idea de que es mejor vivir una vida atormentada pero heterosexual, que aceptarse y quererse a uno mismo tal y como es.

Saúl Castro. Abogado especializado en derechos humanos y derechos LGTBI

#libros #homofobia #lgtbifobia | Ni enfermos ni pecadores : la violencia silenciada de las «terapias de conversión» en España

Ni enfermos ni pecadores : la violencia silenciada de las «terapias de conversión» en España / Saúl Castro.
Barcelona: Ediciones B, 2022 [06-16].
416 p.
Serie: Sine Qua Non.
/ ES / Libros / ENS / España / Homofobia / Ideología de odio / LGTBIfobia / Terapias reparadoras / Violencia lgtbifóbica

‎ 📘 Ed. impresa: ISBN 9788466672511 / 21.90 €
📝 Cita APA-7: Castro, Saúl (2022). Ni enfermos ni pecadores: la violencia silenciada de las «terapias de conversión» en España. Ediciones B. 

✅ Rebiun: https://catalogo.rebiun.org/rebiun/record/Rebiun31784305

El libro que denuncia un fenómeno tan escandaloso como arraigado en España: las llamadas «terapias de conversión». Las «terapias de conversión» son esas prácticas pseudocientíficas -inútiles pero altamente peligrosas- que se han perpetrado en nuestro país desde distintas instancias, con la intención de engañar sobre la posibilidad de modificar o suprimir la expresión e identidad de género o la orientación sexual de las personas. El libro desvela la incidencia real de este fenómeno en España y la identidad de los perpetradores de estas terapias, así como sus redes de apoyo transnacional; da voz a las víctimas y denuncia la responsabilidad de las instituciones por su pasividad y negligencia y de los medios de comunicación, centrados en el amarillismo y en la búsqueda de titulares. También examina la situación legal de los afectados, las vías de lucha contra la impunidad y la razón por la que estas terapias no se han investigado hasta ahora.

«Espero remover conciencias, generar enfado y preocupación, y conseguir una llamada a la acción colectiva». Saúl Castro

😏 Saúl Castro es un abogado gallego especializado en derechos humanos, litigio estratégico y derechos LGTBIQ+. También es fundador y presidente de No Es Terapia, Asociación Española contra las Terapias de Conversión, así como voluntario en múltiples organizaciones LGTBIQ+. ‘Ni enfermos ni pecadores’ es el resultado de más de tres años de investigación realizada sobre las «terapias de conversión» en España, en los que ha estado en contacto directo con numerosas víctimas.