El estado de alarma y sus consecuencias más inmediatas ha puesto sobre la mesa la demanda de regularizar a las personas migrantes. La tensión entre una mirada desde la garantía de derechos humanos y otra utilitarista define el debate y las políticas.
Ayer, 14 de abril, 47 chabolas en Palos de la Frontera amanecían hechas ceniza y envueltas en olor a plástico quemado. Un incendio, se sospecha que intencionado, acababa con las viviendas, las pertenencias, la documentación de unos 200 jornaleros migrantes —la mayoría de ellos en situación irregular— que residen en el asentamiento más grande de la provincia de Huelva.
“Ahora se encuentran en una indefensión total”, contaba Antonio Abad, del Colectivo de Trabajadores Africanos, quien recordaba que no es la primera vez que arde este asentamiento de chabolas hechas con material totalmente inflamable: el pasado 14 de diciembre
otro incendio acabó con la vida de un joven marroquí. “Ya le hemos pedido repetidas veces a la subdelegación del gobierno instalaciones para estas personas”, advertía ayer el activista desde allí.
A primera hora de la tarde las previsiones no eran buenas: las demandas de una solución habitacional de emergencia no parecía haber encontrado respuesta. “Se han reunido el alcalde y la subdelegación del gobierno. Hay un centro de día cerca, de ACCEM que está cerrado por el estado de alarma. Han acordado reabrirlo, y a través del ropero municipal con prendas donadas, facilitar ropa a las personas afectadas”, comentaba Abad, quien aún no sabía si los residentes del asentamiento incendiado podrían pernoctar allí o en otra instalación y calificaba el centro de ACCEM como inadecuado para la pernocta, dado el escaso espacio, preguntándose por qué no hay un protocolo de emergencia para estos casos.
El Colectivo de Trabajadores Africanos pedía el pasado 3 de abril una regularización masiva para la campaña de la fresa. Que con el cierre de fronteras faltaban manos para trabajar en el sector agrícola era un hecho del que la patronal agrícola venía ya alertando. En respuesta a esta situación el gobierno aprobaba el pasado 7 de abril el decreto 13/2020. Entre otras medidas, el texto permite contratar a trabajadores migrantes con un permiso de trabajo que termine entre el 14 de marzo y el 30 de junio —se trataría pues de una prórroga a quienes estaban en situación regular antes del estado de alarma—, y a jóvenes extutelados en situación regular de entre 18 y 21 años.
“La regularización planteada en el decreto no va a solucionar nada,
no va alcanzar a más de un 1%. Una regularización de verdad podría permitir a la gente encontrar vivienda, un contrato de trabajo, salir de los asentamientos”. Abad defiende que la regularización sería favorable para toda la sociedad, sin embargo, la invisibilidad de estos trabajadores migrantes “no beneficia a nadie más que a este marco de explotación instalado en el campo y amparado por las administraciones, a través de la impunidad”.
El campo ha sido escenario de un paradigma utilitarista de la migración. El modelo de contratación en origen que cada año trae a miles de jornaleras desde Marruecos solo durante la temporada en el sector, da muestras año a año de esta concepción de la migración como mano de obra disociada de los derechos y necesidades de las personas. Para la abogada
Pastora Filigrana es esta visión utilitarista la que define el recién aprobado decreto.
“La población migrante sin papeles que forma parte de estas grandes bolsas de trabajadores que se van moviendo como temporeros en las diferentes campañas va a seguir ahí y la patronal va a seguir usando esa mano de obra para la recolección y para la producción”, señala Filigrana. Un colectivo que vive, describe, en una situación de profunda precariedad, sustituyendo jornaleros que faltan e incapaces de saber cuándo trabajarán o no. “La patronal siempre juega con esta mano de obra de reserva para abaratar salarios y para manejar la conflictividad social porque siempre hay alguien que está en una situación peor que puede hacer el mismo trabajo por menos dinero”, señala. El escenario está así muy lejos de la regularización que pedían los jornaleros, y esto tendrá consecuencias: “Va a seguir siendo un trabajo sumergido del que se va a beneficiar la patronal en un momento en el que también le va a venir bien no tener que pagar seguros sociales y ahorrar en gastos de salario”, considera la abogada.
Una campaña (todavía) sin respuesta
Ayer 14 de abril aún no había ninguna respuesta por parte de presidencia o los ministerios a la carta que un día antes 112 colectivos y organizaciones habían hecho llegar al gobierno exigiendo la regularización urgente de toda la población inmigrante en situación irregular en el Estado, una situación que afectaría a 600.000 personas en el país, según los números que manejan. Esto reportaba a El Salto Dolores Jacinto, integrante de AIPHYC (Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y los Cuidados) de València y una de las portavoces de la iniciativa que fue difundida en redes el mismo lunes, situando la demanda #RegulariciónYa en el trending topic.
“Las personas migrantes y racializadas vemos cómo, además de ser un colectivo que sufre en gran medida la precariedad, gran parte queda desprotegida y no son ni tan siquiera mencionados en los discursos del gobierno ni tampoco tenidos en cuenta en las medidas”, explica Jacinto. Es el caso de su colectivo, el de las empleadas del hogar: “No se pensó en las empleadas del hogar en las primeras medidas, y después, se abandonó a las empleadas sin papeles que se han quedado en un limbo y sin poder empezar a tramitar la documentación para regularizar su situación”.
Para Jacinto, además del acceso a recursos, lo que implica la demanda de regularización es el reconocimiento como personas, “como ciudadanas que residen en este país”. Mientras esperan una respuesta del gobierno, los 112 colectivos que han promovido la campaña se reunían telemáticamente la tarde de ayer para consensuar los pasos a seguir. Desde el inicio del estado de alarma, las redes antirracistas y pro derechos de las personas migrantes no han parado de organizarse y funcionar. La formación de un Comité de Emergencia Antirracista es muestra de ello.
Desde que empezara el estado de alarma los actores que se articulan en el movimiento antirracista han estado atentos a las agresiones xenófobas y los eventuales abusos de autoridad relacionados con la crisis sanitaria y social. En SOS Racismo Madrid, cuentan con una Oficina de Información y Denuncia. Aunque siguen trabajando, ahora que su local está cerrado, que hay menos gente en la calle, y que las personas tienen más miedo, ha bajado el número de incidentes registrado. El Comité de Emergencia Antirracista también recoge este tipo de denuncias.
Marita Zambrano, integrante de SOS Racismo, cuenta que la mayoría de denuncias que reciben en tiempos de normalidad tienen que ver con abusos policiales. “Mucha gente acude a nosotros porque les han multado o llevado al calabozo por desobediencia.
A través de la ley mordaza la policía tiene una figura que protege la autoridad lo que justifica por ejemplo las redadas por perfil racial”. Ahora, ante la masiva presencia de fuerzas de seguridad en las calles Zambrano apunta a que el miedo se habría incrementado. “En nombre de la seguridad se están vulnerando muchos derechos civiles de todas nosotras en general, pero se agrava cuando eres una persona racializada y mucho más si no tienes papeles”.
Para Zambrano ahora, más allá de la cuestión policial, lo que alarma a la gente son necesidades inmediatas que tiene que ver con el techo, la comida. “Se habla mucho de que no se va a dejar a nadie atrás y eso indigna más porque sabes que eso no es así, porque somos nosotras las que nos quedamos atrás en estas políticas sociales donde no nos toman en cuenta”.
La activista contrapone en este sentido la decisión que ha tomado Portugal —que regularizará a quienes habían solicitado el permiso de residencia antes del estado de alarma— con las medidas tomadas en España. A pesar de los límites, dice, el de Portugal “es un pequeño paso, sobre todo por el carácter de solidaridad que plantea detrás, porque lo han planteado con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos”, mientras en el estado español, “está la indignación que han generado las medidas del gobierno con la presentación del decreto 13/2020 que no tiene en cuenta la realidad de los migrantes. Son políticas totalmente utilitarias, mercantilistas, y completamente insolidarias”.
Portugal y no solo
“Regularización amplia y extraordinaria de todas las personas migrantes que viven en territorio español, independientemente de los requisitos que impone la Ley de Extranjería”. Esta es la primera demanda de la carta enviada al gobierno. El objetivo trasciende en gran medida la decisión tomada en Portugal. El decreto luso otorga la residencia a quienes la habían solicitado antes del estado de alarma. Organizaciones sociales daban la bienvenida a la iniciativa del gobierno, agradeciendo que sus demandas hayan sido escuchadas, sin embargo plantean dudas en cuanto a los procesos burocráticos y sobre todo destacan que será mucha gente la que se quedará afuera, todas aquellas personas que no han presentado documentación en el SEF (Servicio de Extranjeros y Fronteras), muchas de ellas desempleadas.
No hace falta salir del país para encontrar otros procesos de regularización extraordinaria. En 2001 bajo el gobierno de Jose María Aznar, y en 2005 bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero fueron miles las personas migrantes que obtuvieron la residencia a través de estos procesos, en épocas, eso sí, de crecimiento económico con demanda de mano de obra.
La regularización extraordinaria de 2005, la última, fue objeto de duras críticas por parte de la oposición, que apelaba continuamente al “efecto llamada” para señalar una causalidad entre el expediente de regulación y la creciente llegada de migrantes a las Islas Canarias. Esta regularización no solo se topó con la oposición conservadora nacional sino que el gobierno tuvo que afrontar las dudas de otros países del espacio Schengen,
Quince años después, el debate sobre la regularización de migrantes en plena crisis sanitaria y social sin precedentes va más allá de la península. El pasado 12 de abril, en Francia, 104 diputados firmaban una tribuna exigiendo medidas como las portuguesas. En Italia también se debate la regularización extraordinaria de miles de trabajadores invisibles.
Mediante una carta dirigida al Gobierno y una campaña en redes sociales, grupos antirracistas y proderechos de la población migrante urgen a regularizar la situación administrativa de todas las personas que se encuentran en el país. Los colectivos entienden que, en estado de alarma, la protección de toda la población pasa por su acceso a la ciudadanía.
El cierre de la frontera con Marruecos ha puesto en peligro la campaña de recogida del fruto rojo. Miles de jornaleros sin permiso de trabajo, que sobreviven en los asentamientos de Huelva reclaman a tres ministerios que lleven a cabo una regularización masiva.
