Sandra Herrero no recuerda con precisión cuántos años tenía cuando fue consciente de que era una chica, pero al echar la vista atrás, se ve a sí misma rezando por las noches para que aquella losa que sentía desapareciera. "Yo desde siempre sabía que algo iba mal, que algo no cuadraba, pero no tienes palabras para ello. Llega un día en que piensas que por mucho que reces, no va a cambiar", explica en conversación con elDiario.es. A punto de cumplir 23 años, Sandra vive en el madrileño municipio de Móstoles con sus padres, toca el saxofón y busca trabajo como realizadora audiovisual. Hace cuatro que logró cambiar el sexo masculino que figuraba en su DNI por el femenino, y adoptar su nuevo nombre: "Puede parecer una tontería, pero no hacerlo da lugar a situaciones duras".
Este proceso está actualmente en el centro de un duro debate en el seno del Gobierno y en el movimiento feminista. El borrador de Ley Trans elaborado por el Ministerio de Igualdad prevé eliminar los requisitos médicos para que las personas trans puedan modificar su mención en el Registro Civil con la única condición de su "declaración expresa". Actualmente es obligatorio tener un informe que les diagnostique disforia de género y haber estado dos años en tratamiento hormonal. Sin embargo, para el ala socialista del Gobierno, el texto aún debe trabajarse más en aras de la seguridad jurídica. La negociación amaga con enquistarse mientras desde la vicepresidencia primera de Carmen Calvo apuntan a que están estudiando la legislación europea para ofrecer una alternativa a los informes médicos y psicológicos.
Tal y como exige la ley actual, Sandra tuvo que presentar uno de estos diagnósticos. Lo habitual es que los hagan o bien psicólogos privados o los que ejercen en las Unidades de Identidad de Género (UIG), que son servicios integrados en hospitales en algunas comunidades. El de Sandra lo elaboró la psicóloga que la atendía desde los 13 años y a la que sus padres la habían llevado para tratar el malestar que sufría. Fechado a finales de 2016, el informe habla de ella en masculino y acredita que tiene un "trastorno de la identidad sexual". Con este documento y el resto exigidos, acudió a punto de cumplir los 19 años al Registro Civil de Móstoles para modificar sus datos.
El trámite administrativo fue, dice, un "calvario" que duró más de diez meses, debido a que se topó con una cascada de errores burocráticos que alargaron el proceso. Pero lo que "más humillante" le parece es haberse visto obligada a presentar el informe diagnóstico: "Yo tengo ansiedad porque me pegaban en el instituto, tengo asma y puedo tener problemas por ser persona,
pero no tengo una enfermedad por ser trans, que es lo que está diciendo este papel", cree la joven, que alude a que lo que buscan las personas trans con el cambio de sexo legal
"es el reconocimiento de lo que ya somos": "Tener que fingir algo que no eres por miedo es muy duro. He vivido un porrón de años luchando contra quien soy, pero hay un momento que no puedes más. Ahora estoy feliz", confiesa.
En su caso,
Maribel Torregrosa, que empezó a visibilizarse como la mujer que siempre había sentido que era pasados los 50 años, siguió todo su proceso, que empezó hace más de diez, en la UIG del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. La idea de este tipo de servicios es atender a las personas trans de manera integral y cuentan con equipos multidisciplinares formados por psicólogos, endocrinos, ginecólogos, cirujanos... Es allí donde a Maribel le hicieron el informe diagnóstico: "Me lo tomé como un mero trámite, un precio que había que pagar. ¿Acaso no sabía yo de sobra quién era?", cuenta. "En realidad sentía que había que cumplir unos estándares de género para poder pasar el filtro. Tuve compañeras que se vestían y maquillaban 'de mujer' en los servicios antes de entrar...", recuerda la mujer.
Laura Montanez Fernández, del Servicio de Endocrinología y Nutrición de la UIG del Ramón y Cajal, descarta que en el servicio se haga "un examen psicológico para 'demostrar' la identidad libremente manifestada" porque "creemos en una visión despatologizadora de las identidades". La unidad ha atendido desde 2007, año de su creación, a cerca de 2.000 personas; solo en 2020, comenzaron el proceso 220. Los informes que realizan, explica, son los exigidos por la ley actual y que pretende reformar la Ley Trans: uno médico "que certifica que la persona lleva dos años en tratamiento hormonal" y otro psicológico que acredita "disforia de género estable y persistente" y "la ausencia de psicopatología asociada".
Sobre si desde la UIG se considera que este tipo de requisitos deberían eliminarse, en consonancia con el borrador que propone Igualdad, la doctora concluye que se trata de algo "complejo". Alude a los estudios médicos que apuntan a que las personas trans que no tienen documentos que reconocen su identidad "presentan tasas de depresión, ideación suicida y ansiedad más elevadas que las que sí", tal y como ha reflejado
una investigación publicada en The Lancet el pasado marzo que entrevistó a 20.000 personas trans estadounidenses. Y en este sentido, prosigue, la norma vigente, la 3/2007, "condiciona al menos una espera de dos años que puede llegar a ser muy angustiosa para algunas personas, además de que no tiene en cuenta a las que no necesitan o no quieren iniciar el tratamiento hormonal por decisión propia".
Para un sector del feminismo, hacer depender la rectificación registral únicamente de la libre manifestación de la voluntad pondría en peligro "las posibilidades de hacer políticas públicas que combatan la discriminación por razón de sexo de las mujeres". Defienden una "certificación" por parte de profesionales de la salud, según esgrime la Alianza contra el Borrado de las Mujeres en una carta enviada a Carmen Calvo hace una semana. En verano, el PSOE, que en 2017 impulsó una reforma en el Congreso para reconocer la autodeterminación de género,
dio a conocer un argumentario en esta línea, que se mostraba contrario a "los posicionamientos que defienden que los sentimientos, expresiones y manifestaciones de la voluntad de la persona tienen automáticamente efectos jurídicos plenos".
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Imagen: El Diario / Mario Martín
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"Se crean dudas, confusiones, risas..." Mario Martín, un joven trans bilbaíno de 20 años, empezó a hormonarse hace casi dos y el pasado jueves pasó por el quirófano para someterse a lo que en términos médicos se denomina "masculinización de tórax" o eliminación de los pechos. A diferencia de Sandra y Maribel, aún no cumple con los requisitos para modificar el sexo legal en el Registro Civil, pero confiesa que es un paso que le genera "mucha controversia". "Es una letra distinta en el DNI, la verdad es que no me afecta emocionalmente porque yo sé quien soy, pero desgraciadamente no es solo una letra". No solo le genera incomodidad tener que presentar un diagnóstico, sino que califica de "barbaridad" que se obligue a la hormonación "porque hay muchísimas personas trans y no binarias que están contentas con su cuerpo y no quieren".
El cambio en la documentación oficial no suele ser para las personas trans un mero trámite. Desde la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) apuntan a que en ocasiones los plazos para adaptarla se alargan hasta los tres años, mientras que el Consejo de Europa ha pedido a los Estados que implementen mecanismos "rápidos, transparentes y accesibles". Y es que llevar un DNI, una tarjeta bancaria o un carnet de conducir que no se corresponde con su identidad suele abocar a las personas trans a situaciones incómodas, cuando no violentas, en su vida cotidiana, denuncia la FELGTB.
"Mientras no tienes tu documentación en regla, se sufre de muy distintas maneras. No te sientes una mujer de pleno derecho, recibes constantes miradas de desaprobación, se siguen dirigiendo a ti por un nombre que ya no reconoces, se crean dudas y confusiones, risas...", esgrime Maribel, que apunta también a un "elemento empoderador porque te hace sentir que formas parte de la sociedad". Sandra recuerda una de estas situaciones cuando aún no había hecho el cambio: "Dos agentes de Policía nos pidieron una vez a mis amigos y a mí el DNI para identificarnos, y claro, yo intenté explicarles que no se iban a creer que era el mío, pero uno de ellos empezó a preguntar que a ver de quién era ese documento. Le dije que era una persona trans y se dio la vuelta para comentárselo a su compañero riéndose. El mal trago no te lo quita nadie".
El cambio de nombre, sin diagnósticos Lo que sí ha hecho ya Mario, que estudia en Madrid un grado medio de Telecomunicaciones, es iniciar el trámite para modificar su nombre en el DNI y que refleje el que usa y por el que le conoce todo el mundo. A diferencia del sexo legal, el nombre se puede cambiar ya sin necesidad de aportar informes diagnósticos debido a una resolución de la Dirección de los Registros y del Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, que en 2018 lo ordenó "a la luz del estado actual de la ciencia" y después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejara de considerar la transexualidad una enfermedad para pasar a denominarla "condición", especifica la resolución. Sin embargo, a pesar de que entregó ya hace año y medio las pruebas del uso de su nombre [un recibo del gimnasio y una receta médica] en el Registro Civil, Mario sigue esperando: "No es nada agradable seguir manteniendo en el DNI uno que no utilizo para absolutamente nada", reflexiona.
En todo el proceso, Mario ha contado con el apoyo de su familia, sus amigos y su novia, pero no ha sido un camino fácil. "Nunca he tenido una apariencia muy femenina y eso en parte me ha facilitado a nivel personal esta transición, aunque socialmente me ha creado sufrimiento.
No era muy popular en el colegio, en donde algunos me llamaban 'marimacho'. Se metían conmigo y me preguntaban: ¿eh, pero tú qué eres, una chica o un chico?", recuerda. No obstante, afirma que entonces él no lo percibía como acoso. "No dramatizaba. Me daba la vuelta y pasaba de ellos", se sincera. Al llegar al instituto las cosas cambiaron porque la sociedad también había ido evolucionando y se rodeó de "un grupito pequeño de amigos" que siempre le han ayudado a integrarse "en el mundo y ambiente LGTBI", que le ha facilitado las cosas.
No obstante, le sigue costando que la gente se acostumbre a llamarle Mario. En el instituto fue a hablar con la jefa de estudios y con los profesores "uno a uno" para explicarles su nueva identidad. No todos respondieron igual. "Uno de los profesores jamás se dirigía a mí por mi nombre, cuando antes sí lo hacía. Yo se lo decía pero le daba igual. Me empezó a llamar por el apellido para no pronunciar 'Mario' y eso me creó mucha ansiedad".
Por ello, desde la Unidad de Identidad de Género del Ramón y Cajal, la doctora Montanez defiende el abordaje psicológico y la "labor de acompañamiento" que realizan "fundamentalmente" los profesionales de psicología del servicio. "Se ofrecen estrategias de afrontamiento ante determinadas situaciones, manejo de los altibajos emocionales durante la transición, trabajo con las familias y colegios... Es importante recordar que las personas trans sufren en muchas ocasiones situaciones de transfobia, discriminación o acoso, motivos por los que la atención psicológica es todavía más importante".
La decisión de someterse a la operación por la que pasó el pasado jueves, cuenta Mario, "no ha sido fácil" pero sí fruto de "una reflexión larga y sosegada". "Sé que mucha gente no lo entenderá pero me da igual. Soy Mario", insiste, satisfecho de llamarse por fin como se siente y de que se le conozca como él es, un joven trans.
Distintos modelos de atención Desde el Grupo de Identidad y Diferenciación Sexual de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) defienden un marco de atención especializada a las personas trans. Su coordinador, Antonio Becerra, no se opone a eliminar los requisitos médicos para hacer la rectificación registral, pero sí lamenta que, en ocasiones, "se esté intentando banalizar" el proceso de tránsito y hormonación. "Es algo complejo que requiere de especialización y no sé si ahora mismo en todo el debate se está contando con los profesionales", explica.
En este sentido, pone el foco en el caso de los menores. El borrador de Ley Trans prevé el acceso a bloqueadores hormonales al inicio de la pubertad, algo que por otro lado ya regulan varias comunidades. Y también incluye que los mayores de 16 años puedan dar su consentimiento para acceder a los tratamientos cruzados. Becerra alude a que "en ocasiones se frivoliza" en estos casos, con los que "hay que tener claro que su transexualidad tiene fundamento" y para ello "es necesaria una evaluación clínica, de la que hay mucha experiencia en las Unidades de Identidad de Género", explica el que fuera también coordinador de la UIG madrileña. "El tratamiento hormonal no es un juego, va a producir unos cambios importantes, por lo que hace falta una atención rigurosa y especializada", añade.
A este respecto, varios profesionales sanitarios que ejercen en UIG de distintos puntos de España publicaron a finales del año pasado un artículo en la Revista Española de Salud Pública en el que, entre otras cosas, defienden que haya una valoración previa para acceder al tratamiento con hormonas por parte de los profesionales de salud mental. Los sanitarios consideran que la actividad médica en este asunto no debe descentralizarse de estas unidades y muestran su preocupación por algunas cuestiones: entre ellas, los "conflictos de identidad en la infancia y la adolescencia" que, a su juicio, "no deberían ser inicialmente nominados ni tratados como transexualidad hasta ver su evolución". También nombran las "destransiciones" o los "casos de arrepentimiento".
Otro modelo de atención sanitaria alejado de las malas experiencias que entonces reportaban personas que habían pasado por la UIG del Hospital Clinic de Barcelona es el que, sin embargo, quiso poner en marcha la ginecóloga
Rosa Almirall en Catalunya. Tránsit, como se denomina el servicio, funciona desde 2012 desde una perspectiva "despatologizante" y basada en el acompañamiento, explica su impulsora. Su influencia ha ido creciendo con el paso de los años y ha llegado a atender a casi 4.000 personas, 700 de fuera de la comunidad. "No hay ninguna prueba médica ni psicológica que pueda valorar cuál es la identidad de género de una persona. Nadie lo sabe más que ella y a ella le pertenece", defiende la ginecóloga.
El equipo de Trànsit está formado por ginecólogas y psicólogos, entre otros profesionales, que trabajan "dando voz a la persona, que es la que define y decide quién es", apunta Almirall. "Nosotros aceptamos cualquier opción que nos dé, no cuestionamos ni juzgamos su identidad. Ella es experta en quién es y nosotras en acompañarla, dándole estrategias para socializarse en su entorno, información sobre tratamientos hormonales, sobre los cambios reversibles e irreversibles, las pautas, los efectos secundarios... Pero es la persona la que escoge, con toda la información, qué hacer con su identidad", resume la experta.
Sobre la idea de que sean estamentos médicos los que certifiquen la "situación estable de transexualidad" para cambiar el DNI, Almirall recela de las pruebas de verificación sobre la identidad y alude a que quizás un elemento podría ser que la voluntad se mantuviera al cabo de un tiempo. "Pero es que el sufrimiento que ha llevado esa persona durante ese año yendo con una documentación que no le pertenece es enorme. Son personas que inician el tratamiento hoy y empiezan a sufrir cambios físicos. Imagínate cómo podría ser tu vida si ahora mismo vas con un DNI contrario. Imagina buscar empleo, viajar, comprar... ¿Te lo imaginas? Pues eso es lo que les pasa a las personas trans".
