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lunes, 17 de abril de 2017

#hemeroteca #violencia | Ana María mató a Pilar tras 10 años de palizas: ¿es o no es violencia de género?

Ana María mató a Pilar tras 10 años de palizas: ¿es o no es violencia de género?.
Un cuchillo de sierra directo al corazón terminó con la vida de esta zaragozana de 57 años mientras su pareja, de 53, borracha, lo anunciaba a sus vecinos de madrugada.
David López Frías / Mario Díaz | El Español, 2017-04-17
http://www.elespanol.com/reportajes/20170416/208979386_0.html

"Llamad al 112, que la he matado".

Eso es lo que Ana María, una vallisoletana de 53 años y en evidente estado de embriaguez, les dijo a los vecinos de su bloque, en el 8 del Pasaje de San Bernat (Barcelona). Eran las 2:45 de la mañana del Domingo de Resurrección, cuando Ana María tocó a todos los timbres de su rellano. Quería avisar a sus vecinos de que había asesinado a Pilar, su pareja desde hacía una década.

Se trata de un suceso inusual: mujer que mata a su mujer. No estaban casadas pero eran pareja sentimental desde hacía una década. En España, se considera violencia de género aquella que se ejerce por los hombres contra las mujeres que hayan sido sus cónyugues o hayan estado unidos por relación afectiva. Si es una mujer la que agrede a un hombre en estas mismas circunstancias, se considera 'Violencia en el ámbito familiar'. ¿Qué pasa entonces cuando se trata de parejas del mismo sexo?

Una muerte que se veía venir
"A nadie le ha extrañado que acaben así. Llevaban 10 años de peleas", cuenta Toni, el vecino que encontró el cadáver de Pilar. "Yo estaba durmiendo con mi mujer. Poco antes de las 3 de la madrugada me despertó mi hermana para decirme que la vecina borracha había venido a avisar de que había matado a su novia. Salí de la cama tan deprisa que al principio me olvidé hasta de ponerme las zapatillas".

Cuando salió al rellano se encontró a Ana María, su vecina más conflictiva, tirada en el suelo. "Llevaba una tajada tremenda. Apenas podía mantenerse en pie". Mientras otros vecinos del bloque avisaban a los Mossos, Toni entraba en la casa de Ana María. Allí le esperaba el cuerpo agonizante de Pilar, la pareja sentimental de Ana María, una cocinera aragonesa muy menuda de 57 años. "Me la encontré en el comedor, arrodillada a los pies del sofá. Tenía la frente en el suelo y los brazos hacia atrás, en una posición muy antinatural", recuerda Toni.

"No había charco de sangre ni signos de violencia. Le levanté la cabeza y le pregunté qué le pasaba. Ella aún estaba viva y emitió un ronquido. El ronquido típico de las personas que se están muriendo", apunta Toni. Para entonces, la presunta asesina ya había logrado subir las escaleras y sentarse junto a ellos. Ella interpretó el ronquido de su pareja sentimental de otra forma: "Ronca porque está durmiendo", logró balbucear a Toni, casi sin poder articular palabra. "¿Pero entonces qué le pasa?", preguntó él. "Pues que la he apuñalado", contestó Ana María.

Toni miró al suelo y vio un cuchillo de sierra con una mancha roja. Incorporó el cuerpo moribundo de Pilar en el sofá y le levantó la camiseta: "A la altura del corazón tenía una rajita de no más de un centímetro. Era sólo una puñalada y no muy grande. Debió de ser un golpe muy seco", interpreta el vecino, que de inmediato dejó el cuerpo de Pilar junto al de su presunta asesina y salió del inmueble a buscar ayuda. Por las escaleras se cruzó con los Mossos d'Esquadra, que no pudieron hacer más que certificar la muerte de Pilar y detener a Ana María.

La extraña pareja
"Eran una pareja muy extraña y muy conflictiva", coinciden todos los residentes de este edificio del barrio del Raval de Barcelona. Corpulenta Ana María, muy menuda Pilar. Vallisoletana la primera y sin oficio conocido. Percibía una paga del Estado. Pilar era de Zaragoza y trabajaba esporádicamente de cocinera. Ambas tenían un grave problema con el alcohol. Todos en el barrio sabían que Ana pegaba a su pareja.

Serafín, el vecino que avisó a los Mossos d'Esquadra, lamenta el largo historial de peleas, escándalos y denuncias que protagonizaban sus vecinas del 2º-1º. "Cada semana teníamos que avisar a la Policía por los escándalos que montaban. Se insultaban, se gritaban, se amenazaban de muerte, se tiraban los muebles... y todo por la noche. No nos dejaban descansar. A mí una vez me intentó pegar con el extintor" relata Serafín.

La afición a la bebida de Ana María y Pilar llegó a extremos tan preocupantes que incluso intentaron montar una destilería ilegal en su casa. "Una vez las vi bajando un barril por las escaleras. Les pregunté qué era aquello y me dijeron que estaban haciendo vino en casa", cuenta Manuela, vecina del 1º de este bloque de protección oficial.

Las interminables borracheras de la pareja acababan siempre a golpes. "Ana María era mucho más corpulenta y le pegaba a Pilar, que siempre iba marcada", cuenta Toni, el vecino que encontró a Pilar agonizando. Tampoco era la primera vez que Ana María agarraba un cuchillo en plena borrachera: "Una vez salí al patio y estaban las dos en el balcón. Ana le había puesto a Pilar un cuchillo en el cuello. Aquella vez también vinieron los Mossos", asegura Manuela.

Les renovaron el contrato
"Habíamos hablado con ADIGSA, propietarios de los pisos públicos, para que las echasen. Que les buscasen un centro de rehabilitación o algo así. Los contratos de alquiler se renuevan cada diez años y ellas tenían muchas denuncias en contra. Pero resulta que hace diez meses las volvieron a renovar, sin tener en cuenta las quejas de los vecinos" señala Serafín.

La mañana del crimen ya habían tenido jarana. A las diez de la mañana salió Ana María a la calle, llamando a la Policía a gritos. Pero los vecinos no volvieron a escuchar jaleo durante todo el día. Tampoco por la noche. "Mira, hoy vamos a dormir", recuerda haber dicho Manuela ante la ausencia de golpes y gritos. Pero nada más lejos de la realidad. No había ruido porque Ana María había matado a Pilar. "Yo creo que la mató, luego se fue a beber y nos avisó cuando volvió", dice otra vecina. Pero el caso se encuentra bajo secreto judicial, por lo que no ha trascendido la hora en la que a Pilar la hirieron mortalmente.

¿Violencia de género?
Durante 10 años Ana María maltrató a Pilar. Una década de agresiones a la vista de todos, aunque nada pudo hacerse al no mediar denuncia alguna. Diez años que terminaron de golpe, con un cuchillo en su corazón, como un recordatorio macabro más de la violencia intragénero para asistir las reclamaciones de la comunidad LGTB, que considera que "la violencia doméstica o intragénero entre parejas de gays y lesbianas no puede seguir considerándose una violencia doméstica invisible y de segunda categoría".

"Exigimos las mismas medidas y recursos que actualmente son ofrecidos a las mujeres víctimas de violencia de género, ni más ni menos. [...] Es necesaria una ley que incluya las mismas medidas de protección y los mismos recursos que las administraciones ponen a disposición de las mujeres víctimas de sus parejas hombres (la actual Ley de Violencia de Género)", argumenta Paco Ramírez, presidente de Colegas, en el comunicado que ha enviado la asociación LGTBI. "¿Cuántas más muertes debe haber en el seno de las parejas LGTBI para que se haga algo? ¿Cuántas más quieren los políticos para ponerse a legislar y protegernos?", prosigue Ramírez.

En la actualidad, la violencia en el seno de las parejas gays y lesbianas se gestiona como violencia doméstica y no como violencia de género. Una diferencia sustancial, pues la ley de violencia de género (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género) hace referencia a la violencia física o piscológica que sufre la mujer en el seno de la pareja por parte del varón. En cambio, la ley que articula la violencia doméstica (Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica) se refiere a la violencia sufrida por cualquier integrante del mismo núcleo familiar que el agresor, ya sea el varón que sufre violencia por parte de su cónyuge, excónyuge, padres o hijos o la mujer que sufre violencia por parte de sus padres o sus hijos.

Tales diferencias, argumentan desde los colectivos LGTBI, perjudica a las parejas de gays, lesbianas y transexuales en la medida en que la violencia sufrida no queda registrada, no existe estadística alguna al respecto. Además, cualquier denuncia que presente una mujer por las agresiones físicas o psicológicas de su pareja también mujer no sólo no activa los protocolos de violencia de género sino que ni siquiera se tramita en los juzgados especializados de violencia de género, pues su cauce normal son los juzgados ordinarios. Además, las víctimas de la violencia en el seno de la pareja dentro del colectivo LGTBI no tienen los mismos beneficios que las víctimas amparadas por la Ley de la Violencia de Género.

Según los datos de un estudio de la Universidad Northwestern de Chicago (publicado en septiembre de 2014) entre un 25 y un 75% de las parejas homosexuales son víctimas de violencia doméstica, comparable y superior a los estudios que fijan un 25% de mujeres víctimas de violencia de género por parte de sus parejas masculinas. Datos que se acercan a los primeras cifras obtenidas por la asociación COGAM -Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid-, cuyo primer acercamiento a la violencia intragénero refleja que un 60% de las 900 personas encuestadas asegura conocer a alguien que ha sufrido violencia intragénero, en su mayoría violencia psicológica, mientras que un 30% de los encuestados reconoce incluso haberla ejercido.

La Organización Mundial de la Salud define 'género' como los roles que se cumplen, centrándose más en la conducta y las actitudes: "'Género' se refiere a las características socialmente construidas de las mujeres y los hombres, tales como normas, roles y relaciones de y entre grupos de mujeres y hombres". Una definición que debe ayudar a dar visibilidad al problema. "Así podremos contabilizar el fenómeno de forma aproximada y luchar contra él de forma efectiva”, en palabras de Paco Ramírez. 


Violencias de pareja de primera y de segunda.
Editorial | El Español, 2017-04-17

La muerte a cuchilladas de Pilar (57) a manos de su pareja sentimental, Ana María (53), la madrugada del domingo en el barrio del Raval en Barcelona nos obliga a abordar la aparente contradicción que supone luchar contra la violencia de género y, al mismo tiempo, negar a las parejas homosexuales la misma protección que asiste a las heterosexuales cuando sobre aquéllas se ceba esta lacra.

La obsesión por dar una connotación exclusivamente machista a la violencia en las relaciones de pareja da lugar a paradojas hirientes, empezando por el hecho de que el asesinato de Ana María quedará fuera de las estadísticas oficiales, en las que sólo se registran como violencia de género los asesinatos de mujeres perpetrados por hombres, mientras que se cataloga como “violencia doméstica o en el hogar” el resto de las registradas en el ámbito de las relaciones de pareja.

Desigualdades
El debate nominal es importante porque genera una suerte de violencias de primera y de segunda categoría -según sean heterosexuales, gays o transexuales- y ampara desigualdades en la activación de protocolos de protección de las víctimas y en las ayudas y prestaciones que reciben. Por ello, no es de extrañar que la asociación Colegas haya emitido un comunicado en el que alerta de la discriminación que sufren las víctimas de “violencia intragénero” y llama a superar la "invisibilidad" de este tipo de agresiones. De hecho, en España ni siquiera hay estadísticas sobre la violencia ejercida por hombres contra otros hombres, o de mujeres contra otras mujeres, en el ámbito familiar. Estudios elaborados en EEUU, Canadá y Australia -a los que alude este colectivo LGTB- demostrarían que hay más casos de violencia en el hogar en parejas homosexuales que heterosexuales.

Los estados más desarrollados han asumido la identificación automática entre violencia de género y machismo, lo que atañe a las políticas de erradicación de este fenómeno. No se puede negar que los comportamientos machistas, frecuentes en una cultura heteropatriarcal, invaden también las relaciones afectivas entre personas del mismo sexo. De hecho, conviene tener en cuenta el criterio de la Organización Mundial de la Salud, que aborda la identidad de género en función de los roles que adopta cada miembro de la pareja, en lugar de ceñirse al hecho biológico.

Código Penal 'de autor'
El problema es que escuchar al colectivo LGTB o adoptar la visión de la OMS respecto del género cuestiona muchos tabúes y obligaría a considerar todo lo relacionado con la violencia de género, empezando por un Código Penal de autor en el que se castiga con más pena la violencia en el hogar cuando la ejerce un hombre contra una mujer, que cuando la ejerce una mujer contra otra, o un hombre contra su pareja homosexual.

La muerte de Pilar a manos de Ana María ha puesto de manifiesto, de manera terrible, los fallos y desigualdades existentes en la lucha contra la violencia en el ámbito del hogar. Lo importante no debería ser abordar este fenómeno desde una visión más o menos sensible a las reivindicaciones de un colectivo, sino ser más eficaces en la protección de las víctimas para atajar una epidemia que suma ya la 24 muertes -incluyendo la de Ana María- en lo que llevamos de año. La delegada del Gobierno para la violencia de género y el Observatorio creado en el seno de la ley orgánica correspondiente deberían tomar la iniciativa y emitir cuanto antes sendos informes -artículos 29 y 30- que sirvieran al legislador para ampliar esa cobertura.



NOTA DE IGLU: Democracia real YA publicó en su Facebbok el enlace a esta noticia con este comentario: "Al final todo el mundo va a tener derecho a que le protejan en caso de que su pareja le maltrate, menos los hombres heterosexuales."

miércoles, 12 de abril de 2017

#hemeroteca #violenciaintragenero | El 30% de los homosexuales dice haber maltratado a su pareja

Imagen: Teinteresa / Protesta en Berga por una agresión homófoba
El 30% de los homosexuales dice haber maltratado a su pareja.
Teinteresa, 2017-04-12
http://www.teinteresa.es/espana/HOMOSEXUALES-DICE-MALTRATADO-PAREJA_0_1776422677.html

El colectivo LGTB de Madrid COGAM ha publicado este miércoles un estudio que afirma que el 30% de los homosexuales encuestados reconoce haber ejercido violencia hacia sus parejas del mismo sexo. Con estos datos, la organización alerta del elevado números de casos de “violencia intragénero”.

Se trata de una encuesta en la que han participado 900 personas de forma voluntaria, de las cuales unas 270 habrían reconocido abiertamente que han maltratado bien física o psicológicamente a su pareja. “Esto nos da un percepción de la situación que existe en esta realidad, aunque es necesario un estudio más en profundidad”, aseguró COGAM.

El estudio ha sido coordinado por investigadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) junto al colectivo LGTB. La solución a esta problemática pasa por una mayor concienciación social, según el 80% de los encuestados, por el acceso a las ayudas de profesionales (un 70%) y cambios en la legislación (50%).

Los datos recogidos se suman a los de la investigación del doctor Antonio Ortega López, en el que se destacaba que un 70% de los hombres gais reconocían haber sido víctimas de violencia dentro de sus parejas.

“Es necesario dar visibilidad a este tema para que las personas que lo vivan no tengan miedo al pedir ayuda, estamos para ayudarles”, dijo Isabel González Sáez, psicóloga responsable de la asesoría de Violencia en Parejas de COGAM. Y es que “se ve necesaria una actuación específica ante la violencia en parejas del mismo sexo”, concluyó esta organización.

martes, 26 de enero de 2016

#hemeroteca #esclavitud | La Policía concluye que el régimen de clausura anuló “la capacidad de pensar” de las monjas indias

Imagen: El Diario / Mercedarias
La Policía concluye que el régimen de clausura anuló “la capacidad de pensar” de las monjas indias.
Las tres religiosas que han dejado el convento de las Mercedarias de Santiago, y las dos que permanecen, declararon que la madre superiora amenazaba con la deportación a las que marcharan. Las cinco están convencidas de que dos compañeras que colgaron los hábitos hace unos años fueron privadas de su tarjeta de residencia y se les montó en un avión. El Arzobispado asegura que está abierto el proceso solicitado por dos monjas para abandonar y que ninguna pidió salir del convento mientras se resolvían los trámites.
Pedro Águeda | El Diario, 2016-01-26
http://www.eldiario.es/politica/Policia-condiciones-clausura-anularon-capacidad_0_477703321.html

Tres mujeres tomaron la decisión más importante de su vida el sábado en un despacho de los juzgados de Santiago de Compostela. Allí le contaron a otra mujer, la jueza Ana López-Suevos, que no querían volver al convento de clausura donde habían pasado toda su adolescencia y juventud. ¿Por qué después de 15 años abrían de golpe la puerta a una vida que apenas intuyen? La Policía cree que las condiciones en las que vivían en el convento habían “anulado la capacidad de pensar” de las tres mujeres indias.

La Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (UCRIF) tiene decenas de policías acostumbrados a entrar en prostíbulos con una orden judicial y acabar con esa forma de esclavitud contemporánea. Esta vez tuvieron que oír un relato muy distinto, el de una mujer india de 34 años que había dejado un convento de clausura después de estar 14 años y que había recibido una petición de auxilio de sus excompañeras a través de familiares.

"El origen de las mujeres de nacionalidad india, el posterior aislamiento del mundo exterior, la dureza cotidiana que se vive en el convento, la persistente labor de adoctrinamiento, el trabajo excesivo y, en su caso, la escasa alimentación, producen con toda seguridad un debilitamiento en las mujeres que anula la capacidad de pensar y valorar el medio en el que viven", recoge el informe redactado por la UCRIF de A Coruña, elaborado tras escuchar a la mujer que dejó el convento en 2014. Nyun -nombre ficticio, como el del resto de monjas- trabaja ahora en la casa de la mujer que se puso en contacto con la Policía.

Los agentes escriben que el relato de Nyun refleja una "alteración y control de la personalidad traducida en amenazas veladas". Explícitas o no, esas amenazas pasaban por advertir a las mujeres que su decisión de salir del convento implicaría la inmediata deportación a India y el rechazo de sus familias. Los testimonios recogidos por la Policía dos días después de concluir su informe coinciden por completo con el primer testimonio recabado. Tanto las tres monjas indias que han decidido colgar los hábitos como las dos que pidieron volver al convento tras declarar ponen en boca de la madre superiora la amenaza de la deportación.

"Las circunstancias expuestas, más allá de cuestiones referentes a disciplina e institucionalización, se plasman en conductas objetivas de prolongación, generalización y agotamiento del proceso de personalización de las mujeres", añade el informe policial, al que ha tenido acceso eldiario.es.

Pero más allá del supuesto control psicológico de unas mujeres que llegaron adolescentes a un convento de clausura desde otro continente están las "conductas que se presumen delictivas" contra ellas. A saber: "Amenazas veladas de ser deportadas si abandonan la congregación, imposibilidad material y circunstancial de escapar del convento, al ser privadas de su documentación personal, trabajos en el campo asimilados a la esclavitud…".

"Moldeamiento psíquico"
Todo ello, unido al "moldeamiento psíquico" practicado por las superioras a las monjas "hace presumir racionalmente que alguna de las monjas, aún considerando que los métodos del convento pueden ser ilícitos, asuman su situación", concluyen los policías. La Policía asegura que el convento solo tiene una puerta y dos juegos de llave en poder de dos superioras.

El Arzobispado de Santiago de Compostela reconoció este martes en una nota que dos monjas indias del convento de las Mercedarias iniciaron el pasado verano "un proceso de discernimiento, planteándose incluso la posibilidad de dejar la comunidad llegado el caso". Según su relato, se lo solicitaron formalmente a la madre superiora el 14 de enero y ésta dio curso a su solicitud.

Pero, según el Arzobispado, ninguna de ellas pidió dejar el convento mientras se resolvían los trámites. La nota dice que a partir de que completa la documentación, la Santa Sede tarda aproximadamente un mes en resolver. El Arzobispado asegura que acabó su parte del trabajo el 21 de enero, dos días antes de que la Policía se presentara en el convento.

La versión que las mujeres dieron a la jueza es otra. Dian aseguró en el juzgado que hace meses había trasladado a la madre María Luisa que quería irse a vivir con sus primas, otras exmonjas que viven en Granada, y que la superiora le contestó que si dejaba el convento "tendría que volver de inmediato a India". También le dijo que "iba a consultar si le daba la tarjeta [de residencia]". Algo cambió y, según Dian, hace dos semanas le volvió a decir a la madre María Luisa que quería irse. Esta vez, la única excusa que puso la superiora es que debía esperar a la dispensa papal.

En el caso de Rhany fue "hace meses" cuando le comentó a la madre superiora sus intenciones. "Ella le contestó que se marchara, que no estaban forzando a nadie. Le pidió a la madre superiora que le diera la tarjeta y le dijo que no se la daba, que si quería marchar que se iba directamente para la India y sin tarjeta", plasma el instructor de las diligencias del relato que hace. Kirei le había dicho a la superiora: "Madre, yo quiero marchar, si me das mi pasaporte…" Y la madre María Luisa, según el relato de la monja, le contestó: "Por ahora no pienses en esas cosas".

El Arzobispado habla de dos monjas con solicitudes para marchar y no de tres, y añade que ninguna pidió salir del convento mientras se cumplían los trámites. En la nota no resuelve que hubiera pasado si lo hubieran solicitado. Una de las tres monjas reconoció ante la juez que no llegó a solicitar la dispensa papal. Rhyan no lo hizo porque, según declaró, "aunque se la dieran, si no le daban la tarjeta [de residencia] tendría que irse a la India".

La Policía dice en su informe que, independientemente de la dispensa papal "u otras que se puedan articular canónicamente, la persona ha de disponer de la libertad para hacer libremente lo que desee, en el caso que nos ocupa, abandonar el establecimiento religioso". "En cualquier otro caso nos acercaríamos a movimientos religiosos de carácter sectario destructivo y concepciones dominantes en otros tiempos en lo referente a la disciplina e institucionalización", añade el informe de la UCRIF.

La versión de la amenaza de la deportación fue confirmada en el juzgado por las dos monjas indias que han decidido quedarse en el convento voluntariamente. Una de ellas aseguró que "las madres les decían que si tenían tarjeta podían vivir en España, pero que tenían que hablar con el obispo. Les decían que si no querían estar aquí [el convento] tenían que volver a India, porque ellas eran su responsabilidad y como las habían traído también las tenía que devolver". Rhany también aseguró que comenzó a pensar en dejar el convento hace cinco años, cuando su madre enfermó y no se le permitió viajar a verla.

Investigación sobre posibles deportadas
En su auto la jueza aprecia indicios de posibles delitos contra la integridad moral, detención ilegal, coacciones y amenazas. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia explicó este martes que la investigación tratará de determinar si, como narran las monjas, dos compañeras indias que decidieron dejar los hábitos en 2011 fueron metidas por la congregación en un avión y enviadas a la India sin su tarjeta de residencia.

La segunda monja que ha decidido quedarse en el convento declaró en sede judicial que le "consta" que la madre superiora no entregó su tarjeta de residencia a las compañeras que decidieron colgar los hábitos. Las cinco que prestaron declaración están convencidas de que fueron enviadas a India, cumpliéndose así la amenaza de la deportación para las que quisieran seguir su camino.

El Arzobispado alude en su comunicado a una monja que decidió colgar los hábitos hace "unos dos años" tras una estancia en India: "Se realizaron con toda celeridad los trámites internos canónicos de enclaustración y dispensa de votos que quedó concluido el 31 de marzo de 2015, firmando la interesada el rescripto emitido por la Santa Sede". Según esto, el trámite se habría prolongado durante un año.

Todas las monjas, añade, viajan cada siete años un total de dos meses a la India. Las dos religiosas que solicitaron formalmente irse lo habían hecho hace un año y medio, añade el Arzobispado. Kyurun asegura que sus familiares en India le han dicho que hay otras jóvenes en la misma situación en distintos conventos de España. Si lo saben es porque las familias de esas mujeres así se lo han trasladado a los suyos.

Las tres monjas que han dejado ahora el convento no aluden a la dureza de las condiciones de vida de la clausura para adoptar la decisión. Y eso, a pesar de que solo pueden hablar dos veces al año por teléfono con sus familias, su correspondencia es revisada por la madre superiora, así como las conversaciones telefónicas. Tampoco se quejan de tener que trabajar entre apenas una decena de religiosas un huerto de casi 4.000 metros cuadrados, ni del frío o los madrugones. Solo quieren empezar una vida nueva en España.

Y TAMBIÉN…
El juez archiva el caso de las tres monjas indias retenidas en un convento de Santiago.
Las tres religiosas habían denunciado coacciones y amenazas para que no abandonasen la orden de las Madres Mercedarias donde permanecían en clausura desde los años 90. La policía acudió a liberarlas el pasado enero con una orden judicial que alertaba de las condiciones de casi esclavitud que vivían intramuros.
José Precedo | El Diario, 2016-05-12
http://www.eldiario.es/politica/archiva-monjas-retenidas-convento-Santiago_0_515149520.html

miércoles, 25 de noviembre de 2015

#hemeroteca #violenciamachista | Condenado a tres años de cárcel un guardia civil que acosó a otra agente


Imagen: Vozpopuli
Condenado a tres años de cárcel un guardia civil que acosó a otra agente.
El Supremo establece que la gravedad de las lesiones psíquicas de la víctima deben considerarse un delito autónomo al de agresión sexual.
Reyes Rincón | El País, 2015-11-25
http://politica.elpais.com/politica/2015/11/25/actualidad/1448455413_728474.html

El Tribunal Supremo ha condenado a tres años de prisión a un guardia civil que acosó sexualmente a una compañera de un cuartel de Tres Cantos (Madrid) durante 14 meses, lo que le causó lesiones psíquicas de las que tardó en curar 925 días. La sentencia confirma el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid, que condenó al guardia, José María Muñoz Llano, a dos años de prisión por un delito de lesiones psíquicas en concurso con uno de acoso sexual y a otro año más por un delito de agresión sexual.

El alto tribunal considera probado que, en la primavera de 2010, la guardia entró un día en un almacén a recoger material y el acusado se le acercó por detrás, “le agarró fuertemente por la cintura hasta conseguir inmovilizarla y restregó sus genitales contra el cuerpo de ella”. Cuando la víctima logró zafarse, salió corriendo mientras él decía: “Le acabo de dar un meneo”. Ese es el episodio de agresión sexual por el que el Supremo condena al guardia a un año de cárcel. Pero el acoso había empezado mucho antes, en junio de 2009, apenas 15 días después de que la agente, que entonces tenía 26 años, entrara a trabajar en la Plana Mayor de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Madrid, ubicada en Tres Cantos.

El guardia acusado era miembro de la Guardia Civil desde 1995 y tenía cargo en esa unidad desde 1999. Según los jueces, desde junio de 2009 y hasta octubre de 2010, el agente se dirigía a la mujer con comentarios como: “Por qué no vienes conmigo a mi piscina, que yo estoy solo y tú tienes que estar muy bien en bikini”. La joven, en principio, intentó no darle importancia, pero el acoso fue en aumento con comentarios explícitamente sexuales. Como ella no aceptaba sus propuestas, él comenzó a tratarle despectivamente, criticando su forma de trabajar y dirigiéndose a ella con expresiones como “niña mojigata” y enfureciendo cuando ella le rechazaba.

La situación se prolongó hasta el 7 de octubre de 2010, cuando “tras un episodio de furia del acusado” hacia la víctima, la agente sufrió una crisis de ansiedad, fue atendida por el psicólogo de la Guardia Civil, que recomendó su baja laboral diagnosticar un cuadro ansioso-depresivo. Como consecuencia del acoso, la mujer sufrió lesiones psíquicas de las que tardó en curar dos años y medio. La secuela ansiosa-depresiva persiste, según los jueces.

La sentencia, de la que ha sido ponente Cándido Conde-Pumpido, establece una excepción en la doctrina fijada por el tribunal en un acuerdo de octubre de 2003. En ese acuerdo, el Supremo consideró que las lesiones psíquicas ocasionadas a la víctima de una agresión sexual ya han sido tenidas en cuenta al tipificar el delito y asignarle la pena, por lo que “ordinariamente” quedan incorporadas en el delito sexual.

Pero el tribunal cree que este acuerdo admite excepciones para supuestos en los que los resultados psíquicos de la agresión, abuso o acoso sexual, alcancen una naturaleza autónoma como resultado del delito de lesiones psíquicas, “adquiriendo una magnitud desproporcionada a la que puede haber sido tomada en cuenta al penalizar el acto contra la libertad sexual y merecedora de reproche penal específico”. El Supremo cree que esto es lo que sucede en el caso actual dada “la continuidad del acoso, su permanencia y reiteración a través de múltiples acciones, verbales e incluso físicas, el ámbito policial en el que se producía, pues la víctima era una joven guardia civil recién ingresada, en la parte inicial de su carrera, mientras que el condenado era un guardia muy experimentado, la gravedad y grosería que alcanzaron sus insinuaciones y requerimientos de favores sexuales”.

DOCUMENTACIÓN
Tres años de cárcel para un guardia civil por acosar «de forma continuada y grosera» a una compañera.

La chica tardó tres años en recuperarse de un hostigamiento «grave» que se prolongó durante 14 meses. La Sala señala que en este caso las lesiones psíquicas desbordaron las consecuencias propias del acoso.
N. V. | ABC, 2015-11-25

lunes, 23 de noviembre de 2015

#hemeroteca #violenciamachista | Nueve de cada diez adolescentes reconoce haber ejercido violencia psicológica sobre su pareja

Imagen: Público
Nueve de cada diez adolescentes reconoce haber ejercido violencia psicológica sobre su pareja.
El estudio realizado por la Universidad Internacional de Valencia refleja que entre el 92 y el 95% de los adolescentes manifiesta haber ejercido "alguna variante de violencia psicológica contra sus parejas" mientras que más de un 7% manifiesta haber perpetrado algún tipo de violencia física.
Europa Press | Público, 2015-11-23
http://www.publico.es/actualidad/nueve-diez-adolescentes-reconoce-haber.html

Un trabajo de investigación realizado por la Universidad Internacional de Valencia (VIU) refleja que nueve de cada diez adolescentes manifiesta haber ejercido algún tipo de violencia psicológica sobre su pareja y alerta del incremento de la violencia de género entre la población adolescente en los últimos años y de una presencia "mayor de la esperada" de este tipo de agresiones en las relaciones interpersonales de noviazgo.

Esta situación puede tener "graves consecuencias de tipo físico y emocional". Esta es una de las conclusiones del informe sobre 'La importancia de la prevención en la violencia de pareja' realizado por la doctora María Jesús Hernández Jiménez, profesora de Psicología y Coordinadora del Máster de Terapias de Tercera Generación en la VIU, con el objetivo de ofrecer desde un "punto de vista científico" una "amplia visión" sobre los factores que envuelven el fenómeno violento en edades tempranas.

"No es común pensar que los adolescentes sufren maltrato por parte de sus parejas, ya que este se asocia a personas adultas con más tiempo de relación y cargas familiares", señala el estudio, que recoge que aproximadamente un entre el 92 y el 95 por ciento de los adolescentes manifiesta haber ejercido "alguna variante de violencia psicológica contra sus parejas" mientras que más de un 7 por ciento manifiesta haber perpetrado algún tipo de violencia física.

El trabajo recoge que solo en 2013 se registraron unos 500 casos de mujeres menores de 18 años que fueron víctimas de violencia de género, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, cifra que responde a las víctimas con orden de protección o medidas cautelares. Así, más de 850 mujeres de entre 18 y 19 años denunciaron una situación de violencia de género y 3.186 tenía edades comprendidas entre los 20-24.

De los 30 a los 39
Sin embargo, sigue siendo el rango de edad entre los 30-39 en el que se registra una mayor incidencia de este tipo de violencia, con cifras que rozan las 10.000 mujeres. De esta manera, Hernández sostiene que la violencia en la adolescencia o en la juventud es "tan grave o más que la que se presenta en la vida adulta y, con frecuencia, es en el noviazgo cuando va forjándose los primeros síntomas de esta lacra".

El estudio recoge que la violencia en parejas adolescentes no ha recibido la misma atención que la desarrollada en parejas casadas o con convivencia estable y reclama un marco de actuación que controle este tipo de agresiones "desde todos los ámbitos implicados".

Por ello, el informe ahonda en la necesidad de implantar programas de prevención en todas las etapas de la adolescencia "que implique a familias y colegios, con el objetivo de promover la promoción de valores en defensa de los derechos humanos como la igualdad y el respeto, programas que funcionarán como factores protectores de la violencia de pareja".

Nuevo grupo de investigación emergente - VIU
Para manifestar su "compromiso en la lucha contra esta lacra social", la VIU ha creado un Grupo de Investigación Emergente - Universidad Internacional de Valencia (GIE-VIU) que se caracteriza por su carácter "interdisciplinar" (derecho, economía, psicología, tecnologías, humanidades y comunicación) y que tiene por objetivo el estudio de la violencia en la pareja y su reflejo en las redes sociales (RRSS).

Este es uno de los resultados que se expondrán este martes en la jornada 'Género, mujer y salud' que se celebrará en la VIU con el objetivo de "asumir un compromiso ético con los problemas sociales como la violencia de género".

De esta manera, la VIU señala que con los objetivos marcados por la normativa actual, "se debe trabajar en materia de igualdad en las políticas de salud, estableciendo estrategias y programas de salud que incluyan en su formulación, desarrollo y evaluación, las distintas necesidades de mujeres y hombres y, las medidas necesarias para abordarlas adecuadamente".